Asamblea

Carta a los diputados: A los dóciles nadie los respeta. De Paolo Luers

19 febrero 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Si quieren conseguir que la sociedad les tenga confianza y respeto, comiencen a cumplir su mandato con dignidad.

Los que reclaman para ellos la representación del “pueblo”, porque acaban de ganar una elección presidencial, ahora quieren presionarlos a ustedes, los diputados, a que se subordinen a la “voluntad popular’ expresada el 3 de febrero.

Pero el órgano que por definición y mandato constitucional representa a todos los sectores de la sociedad es la Asamblea Legislativa, no la presidencia. Es por esto que el presidente, para las decisiones importantes, tiene que solicitar la aprobación de los parlamentarios.  

No le toca al presidente controlar la labor de la Asamblea. Es al revés: ustedes como  diputados tienen el mandato de controlar al Ejecutivo, a hacerle contrapeso, a limitarle mediante leyes el poder al presidente y su gobierno. Si la Asamblea no goza de respeto de la ciudadanía es porque no ejerce con coherencia este mandato. Los abusos de poder de los gobiernos, incluyendo la corrupción, solo son posibles cuando ustedes como parlamentarios no cumplen su responsabilidad.  

Hoy les quieren sugerir (no solo con argumentos y seducciones, sino también con amenzas y chantajes) que los diputados, para quedar bien con la “voluntad del pueblo”, tienen que someterse a la voluntad del presidente elegido por “el pueblo”.  

De esto se trata cuando el presidente electo, al mejor estilo Trump, les comunica mediante Twitter su exigencia de dedicar la mitad del préstamo aprobado para construir el nuevo edificio legislativo a la construcción de 50 escuelas y 14 bibliotecas. No es una solicitud, es una orden. O la cumplen o “el pueblo” los va a castigar. “El pueblo” decidió abrir un nuevo capítulo y ahora las reglas son diferentes…

Sospecho que la mayoría de los salvadoreños no comparte que sea necesario pagarle a la Asamblea un edificio digno y seguro. Gastar en escuelas siempre es más popular. Cualquier encuesta lo confirmaría. Pero ustedes no tienen su mandato vía encuestas. Ustedes están obligados a tomar decisiones correctas, sean o no populares.

Un presidente electo, que a esta altura ni siquiera tiene armado su equipo de transición y mucho menos su gabinete, ¿de dónde sacó cuánto debería costar el edificio para la Asamblea? ¿De dónde sacó el costo de 50 escuelas y 14 bibliotecas? ¿Acaso ya tiene listo todo el plan de inversión en infraestructura escolar para los 5 años de su gobierno, para saber que el primer paso son 50 escuelas y 14 bibliotecas? ¿Y por qué no apuesta al equipamiento de 20 salas de operación? Y la pregunta del millón: ¿Por qué el presidente, queriendo mostrar austeridad, no comienza en casa propia, en Casa Presidencial?

Es obvio que Bukele no sacó sus números de un esquema racional de prioridades, ni mucho menos de estudios financieros y de factibilidad. Los sacó de donde siempre saca sus nuevas ideas y sus proyectos: de la manga, de sus (normalmente muy atinados) cálculos de marketing político.

Por supuesto que hay que revisar bien el proyecto del edificio legislativo antes de ejecutarlo. ¿Realmente es irreparable el edificio? ¿Cuánto espacio necesita la Asamblea? ¿Cuál es el diseño adecuado? Deleguen esto a una comisión especial legislativa con asesoría de profesionales, no al presidente electo.

Para recuperar el respeto de la sociedad, actúen con dignidad. Lo peor que podrían hacer para ganar el respeto es comportarse dóciles ante el nuevo polo de poder. Nuestro parlamento necesita un edificio funcional, seguro y digno. Si esto no lo pueden defender ustedes, la gente tal vez aplaudiría al presidente electo por otro triunfo más, pero no a ustedes. A los dóciles nadie los respeta.

Saludos,

La política del “siempre ha sido así”. De Cristina López

17 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Existe un concepto en el estudio de las ciencias sociales llamado “dependencia del camino” o “path dependence” en inglés. Se refiere a las limitaciones que todas las decisiones tomadas anteriormente ejercen sobre las decisiones presentes. Para poner un ejemplo, la dolarización de 2001 puso al país en un camino del que, para bien o para mal, sería demasiado costoso salirse. La decisión tomada entonces, de adoptar el dólar como moneda de circulación legal, limita decisiones actuales, como la de imprimir moneda propia e influir en la política monetaria nacional. Sin embargo, también existe el peligro de pensar que todas las decisiones anteriores limitan irrevocablemente las decisiones presentes y paralizan la posibilidad de cambiar, y pensar así es peligroso porque impide imaginar alternativas. Se impone el costumbrismo y se continúan haciendo cosas sin pensar por qué, simplemente porque “siempre ha sido así”.

La política del “siempre ha sido así” es peligrosa porque atrofia la imaginación. Sin la capacidad de imaginar un futuro diferente es prácticamente imposible llevar una nación al desarrollo. Y hay tantas cosas que perpetuamos sin mayor intencionalidad simplemente porque no tenemos la audacia de cuestionar alternativas más prácticas. La semana pasada, una propuesta valiente del diputado no partidario Leonardo Bonilla puso en evidencia lo mucho que la política del “siempre ha sido así” domina nuestro quehacer nacional. Bonilla ha propuesto una reducción del número de diputados en la Asamblea Legislativa.

Sobran motivos para por lo menos considerar la propuesta: podría aumentarse la representatividad si eligiéramos representantes por distritos, habría mucha más cercanía con los constituyentes, generando mayores incentivos para la existencia de verdaderos mecanismos de rendición de cuentas. Fuera de eso, se abriría una oportunidad para la reducción de costos operativos e ineficiencias que imperan en la Asamblea. Y sin embargo, aparentemente basado en la política del “siempre ha sido así”, el mismísimo presidente de la Asamblea, Norman Quijano, demostró un desconocimiento deprimente del ordenamiento jurídico cuando descartó la propuesta de Bonilla sin argumento alguno, diciendo que el número de diputados estaba establecido por la Constitución y que por lo tanto, se necesitarían dos períodos legislativos para lograr una reforma así.

El error es entendible si viniera de un ciudadano común y corriente: no cualquiera se sabe de memoria los contenidos del Código Electoral, donde se establece el número de diputados, y se le perdonaría al ciudadano común y corriente haber olvidado la lección de estudios sociales donde se explica que las reformas legislativas apenas requieren 43 votos. Pero que el presidente de la Asamblea ponga en evidencia su falta de entendimiento de las razones por las que el cuerpo legislativo que dirige se conforma de una u otra manera, que no tenga claro qué procedimientos se requieren para cambiar dicha conformación, y aparte, no tenga verdaderas razones de peso por lo menos a considerar el debate, es equivalente a un contador o asesor financiero con dislexia numérica. ¿Cuántas alternativas estamos dejando engavetadas por el apego a la costumbre?

El desarrollo de nuestro país depende de que tengamos suficientes líderes con la audacia de imaginar diferentes maneras de hacer las cosas, dispuestos por lo menos a vender los pros y contras de sus ideas. No podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados distintos —si existe una justificación razonable para continuar con el mismo número de diputados que tenemos, que sea porque ha habido un debate al respecto intencional y razonado, y no solo porque “siempre ha sido así”.

@crislopezg

Pongan sus votos donde está su boca. Daniel Olmedo

6 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Fue el 29 de octubre de 2015. Los partidos FMLN, GANA y algunos diputados del PCN aprobaron la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana. Con esta se le gravó a usted con el tributo conocido popularmente como Impuesto a la Telefonía.

Todos los productos y servicios relacionados a las telecomunicaciones se gravaron con una alícuota de un 5 %. El objeto era fortalecer el financiamiento del Estado en materia de seguridad pública.

A finales de 2015 un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad contra ese tributo. La Sala de lo Constitucional mantuvo inerte esa demanda —como ocurrió con muchas otras de naturaleza tributaria. No fue hasta treinta meses después, el 30 de mayo de 2018, cuando apenas se admitió a trámite la demanda. Aún falta que ese proceso se sentencie.

La Sala no brindó en este caso la pronta y cumplida justicia que le obliga el artículo 182 ordinal 5o. de la Constitución. Mientras tanto usted, mes a mes, ha dejado de entregar a su familia una cantidad del dinero que gana para dárselo al Estado a través de esa contribución especial. Usted juzgará si tras estos años ha visto los resultados de ese sacrificio.

El pasado lunes el candidato presidencial Carlos Calleja, de la alianza ARENA, PCN y PDC, dijo: “Llegó la hora de tomar decisiones; en mi gobierno ya no vas a pagar el impuesto del 5 % a la telefonía; lo voy a eliminar”. Horas después el candidato presidencial Nayib Bukele, del partido GANA, dijo en un tuit: “¿ARENA va a hacer alguna propuesta o solo se va a quedar a copiar las nuestras? Tenemos más de un año de haber propuesto, varias veces, quitar el impuesto a la telefonía y a la tecnología”.

Los gringos tienen buenas frases. Una de ellas es: Put your money where your mouth is. En las campañas electorales suele haber mucha boca. Es normal, de eso se trata. Pero en este punto sería bueno exigirles a los candidatos presidenciales: Pongan sus votos donde está su boca.

Resulta que para derogar la Ley de la Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana no es necesario que ni el señor Calleja ni el señor Bukele lleguen a la Presidencia. El artículo 131 ordinal 5o. de la Constitución atribuye a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar leyes, y también la de derogarlas. La iniciativa para derogar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana la puede tener cualquier diputado de la Asamblea Legislativa, y para aprobar tal derogatoria bastarían 43 votos. GANA, ARENA, PCN y PDC los tienen.

Sí, es probable que el Presidente de la República vete el decreto que deroga esa ley. Pero resulta que GANA, ARENA, PCN y PDC suman 59 votos; y si a ellos se les suma el CD, que manifiesta apoyar a GANA en las próximas elecciones, alcanzarían 60. Para superar un veto presidencial se necesitan 56 votos, de manera que les sobran votos para derogar el “Impuesto a la Telefonía”.

Eso sí, en caso decidieran derogar ese tributo, deben cumplirse con los principios constitucionales que rigen el proceso de formación de ley. Esto significa, por ejemplo, cumplir con los principios de publicidad y deliberación. Hacerlo en un madrugón dejaría expuesta la derogatoria a una inconstitucionalidad por vicio de forma. Pero eso tampoco sería una excusa para dorarnos la píldora con una deliberación ad infinitum.

Candidatos, hoy que hablaron, si deciden no acompañar con acciones sus palabras, o si sus fracciones legislativas no les acompañan en una iniciativa así, los electores tendrán un insumo más para evaluar su honestidad y liderazgo. La pelota está en su cancha.

@dolmedosanchez


¿Somos tontos? De Humberto Sáenz Marinero

6 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

En el contexto del vergonzoso retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema, varias organizaciones han pasado de los tradicionales comunicados, editoriales, entrevistas y conferencias de prensa, a realizar otras actividades que no solo reiteran el descontento con la omisión legislativa, sino pretenden exigir directamente, y dejar claro qué es lo que de verdad está atrasando este proceso de elección.

Una legítima presión ciudadana que poco a poco ha comprendido la importancia de contar con un tribunal constitucional compuesto por personas honorables, capaces e independientes.

Precisamente ante una de esas varias manifestaciones, el expresidente de la Asamblea Legislativa, como ya es su costumbre, en lugar de hacer mea culpa, pedir perdón a los ciudadanos y proponerse enmendar, reacciona virulenta e irrespetuosamente, tildando de tontos a un grupo de personas, simplemente porque no comparte el mensaje que estas pregonan. Un despropósito más para su colección.

Dejando de lado el improperio del legislador, lo cierto es que ello nos debe llamar a la reflexión. Nosotros, por acción u omisión, por desconocimiento, ignorancia, desidia, comodidad o hasta complicidad, hemos permitido que en nuestro país los Órganos de Estado y principales instituciones estén copados de funcionarios que jamás tuvieron que haber tenido la oportunidad de representarnos o administrar nuestros impuestos. El caso del expresidente de la Asamblea es sin duda uno de los casos más emblemáticos y deshonrosos, pero como ese han existido y aún existen muchísimos más.

Hemos tolerado que nos insulten, que en nuestras narices distraigan fondos públicos para sus intereses o el de sus familiares, que pisoteen recurrentemente nuestros derechos, que nos impongan sus agendas sin consultarnos, que se enriquezcan exponencialmente sin pudor alguno, que no se preocupen por los más desamparados, que usen vilmente las instituciones, que las atiborren con sus amigos y parientes y que se burlen de nuestras legítimas exigencias ciudadanas. Lo peor es que lo hacen sin pudor alguno y con unos niveles de cinismo que a cualquier llevan a la exasperación.

Ante eso nos quejamos con nosotros mismos o con nuestro círculo más cercano, nos atrevemos a comentar alguna que otra cosa en redes sociales y con la excusa de ya estar haciendo suficiente porque se trabaja honradamente y se pagan los impuestos, nos escondemos en las típicas expresiones de… “ya es hora de que alguien haga algo”, “lo que pasa es que acá nadie hace nada”, “ojalá hiciéramos como en otros países”, etc.

Vemos y cuestionamos hacia todos lados, pero nunca nos vemos en el espejo. Buscamos que alguien más haga algo que nosotros mismos podríamos estar haciendo. Queremos que las cosas cambien pero seguimos sin entender que de alguna forma tenemos que involucrarnos, porque trabajar, no es suficiente.

En todo esto reconozco mi cuota de responsabilidad. Como lo he dicho en diferentes oportunidades, nuestra generación fue despreocupada, quizá conformista con el destino de nuestro país. Aplaudimos el cese del conflicto armado y eso nos pareció suficiente, sin darnos cuenta de los huracanes sociales y políticos que se estaban gestando en ese momento. Cuando jóvenes vimos pasar, dejamos hacer, nos desentendimos y hoy estamos pagando esas consecuencias.

Ojalá y los jóvenes de ahora no cometan ese mismo error; ojalá que los que tienen el privilegio de recibir educación universitaria comprendan que el hecho de permanecer en las aulas, desconectados y despreocupados de la realidad que les rodea, nos perjudica a todos; perjudica su futuro.

Quizá sí debemos preguntarnos si somos tontos. Pero no por manifestarnos y exigir, sino por no haberlo hecho antes, por haber esperado llegar al día 100 y no haberlo hecho desde el día 1, por habernos conformado con tan poco, por seguir apoyando a personajes que mancillan el quehacer legislativo, por aplaudir discursos populistas y mesiánicos, por premiar una mal entendida astucia política, por no usar más las instituciones, y en fin… por permitir que desde un curul se nos insulte.

Carta a los activistas de la Sociedad Civil: “¡Elijan bien!” versus “¡Elijan ya!”. De Paolo Luers

2 agosto 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados amigos:
Comparto la preocupación que todos ustedes expresan sobre el peligro que significa no tener Sala de lo Constitucional. Es grave. Pero pongámonos serios: Mucho más grave sería tener una mala Sala – electa a tiempo, pero incluyendo manzanas podridas.

La única manera que la Asamblea, con la matemática que tiene, hubiera podido elegir a tiempo era repartiendo cuotas: Te doy un magistrado de Sala, y de oferta dos suplentes…

Evitar esto fue la exigencia unánime de todas las organizaciones de la sociedad, que vigilan este proceso de elección de magistrados. Todos exigimos a los diputados que eligieran a los mejores, y no a los más cercanos a sus partidos.

Esta presión cayó principalmente sobre ARENA. Por una simple razón: Es el único partido que tiene capacidad de veto. Sin votos de ARENA no pueden elegir a ningún magistrado, aunque todos los demás se pusieran de acuerdo. Por esto hemos exigido a ARENA que usara su veto. Y todos, yo incluido, criticamos fuertemente a ARENA cuando sacó a luz su primera lista de elegibles, que inexplicablemente incluía a Carlos Pineda, director de Probidad, y Sonia de Madriz, titular de la Procuraduría General, ambos ampliamente cuestionados por todos nosotros – y con razón…

La presión funcionó. ARENA entendió que para evitar un serio desgaste político y electoral tenía que asumir la responsabilidad de garantizar que no hubiera chanchullo y que salieran electos solamente los candidatos más calificados, independientes e idóneos. Parece que Carlos Calleja al fin golpeó la mesa, porque sabía que el costo político de una mala elección lo iba a pagar él. ARENA depuró la lista de elegibles, y la que quedó coincide con las evaluaciones de los organismo independientes de vigilancia social.

El problema es que para elegir magistrados no son suficientes los votos que ARENA y sus aliados PCN y PDC que pueden sumar. Juntos con el diputado no partidario, quien propone a los mismos candidatos, llegan a 49 de los 56 votos que se necesitan. Nos guste o no, esto obliga a ARENA a negociar o con GANA o con el FMLN.

Hasta la fecha estos partidos no abandonaron su exigencia de tomar en cuenta a algunos de sus favoritos – que precisamente son candidatos que todos ustedes están vetando.

La única solución es: En estas negociaciones gradualmente eliminar a los no elegibles, y reducir la lista a los candidatos que cumplen todos los requisitos. Tanto GANA como el FMLN tienen en sus listas a varios candidatos que sí cumplen estos requisitos. Algunos de estos también son elegibles para ARENA y para la Sociedad Civil. Si cualquiera de los dos, el Frente o GANA, deja de insistir en los impresentables, la Asamblea puede elegir inmediatamente.

Lastimosamente, ARENA no ha sabido comunicar toda esta situación de empate. Tiene como voceros en este asunto a sus diputados con menos credibilidad y capacidad. Es por eso que ahora existe la situación absurda que el costo del retraso se lo cobran a ARENA – narrativa ágilmente construida por sus adversarios y algunos medios, como El Faro y Factum. Urge que Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, como fórmula presidencial de la coalición, asuman su liderazgo – y la responsabilidad de explicar la crisis y cómo solucionarla.

Nosotros, desde la sociedad civil y la opinión pública, deberíamos enfocar bien nuestra presión. La exigencia “¡Elijan bien!” tiene prioridad sobre la consigna “¡Elijan ya!” Si no, el “¡Elijan ya!” se convertirá en “Elijan como dé lugar” – y obtendremos un reparto de cuotas y una mala Sala.

Saludos y felices vacaciones,

Elijan bien. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

23 julio 2018 / El Diario de Hoy

En un punto muerto. Así fue descrito por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el proceso de elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Después de una semana de que se venció el plazo para hacer el nombramiento, El Salvador sigue sin un tribunal constitucional que resuelva las demandas de los ciudadanos cuando se le vulneran sus derechos constitucionales. No es poca cosa.

La preocupación por el proceso de elección tiene años sobre la mesa, producto de la amplia actividad judicial de los exmagistrados. Estemos de acuerdo o no con las resoluciones, la Sala de lo Constitucional dinamizó una justicia constitucional inerte. Después de nueve años de ver todo lo que se puede hacer desde la Sala y la Corte Plena, la silla de magistrado se volvió más apetecible. Para bien, si la que quiere llegar es una persona comprometida con el trabajo y la Constitución; para mal, si lo que quieren es favorecer intereses ajenos al Derecho.

Desde 2015, después de la última renovación de la Corte Suprema de Justicia, diversas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de abogados y ciudadanos externaron su preocupación sobre la finalización del periodo de Rodolfo González, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez. Siempre se ha dicho que necesitamos una Sala independiente de las presiones políticas que pretenden interferir en decisiones constitucionales trascendentales.

Tres años no les bastó a los diputados de la Asamblea Legislativa para elaborar un procedimiento mediante el cual se eligiese a los mejores candidatos. Llegamos al 15 de julio de 2018 y los partidos políticos se limitaron a poner en la mesa de la Comisión Política un listado de nombres por cada fracción, sacando un “listado de coincidencias”; pero dichos listados no establecen ninguna razón objetiva de por qué unos sí deben ser electos y otros no; o por qué unos nombres están en las primeras posiciones y otros al final. No deberían estar intercambiando listas, sino evaluando personas.

Muchos de los ahora diputados utilizaron la elección de funcionarios como tema de campaña para promover su responsabilidad con el Estado de Derecho y la ciudadanía. En campaña electoral se comprometieron a impulsar reformas internas con el fin de elegir a los mejores. Ahora que ya son diputados no los vemos ni para hacer ruido, mucho menos para revelar y transparentar a la ciudadanía la forma en la que se está llevando a cabo esta elección; esto únicamente lo ha hecho el diputado no partidario Leonardo Bonilla.

Diputados, no nos pidan confiar en su criterio cuando manejan todo a oscuras. No nos pidan conformarnos con su listado de coincidencias cuando la ciudadanía tiene años exigiendo que se estandarice un proceso de elección de funcionarios objetivo, transparente y justificado. No nos digan que todos están igualmente capacitados para ser magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando los que hemos seguido de cerca las etapas ante la Fedaes, Consejo Nacional de la Judicatura y Asamblea Legislativa, sabemos que no es así.

Lo que todos los partidos políticos deberían estar haciendo es levantar cara del vergonzoso intento de elección que hicieron el fin de semana antepasado, reivindicar sus promesas y elaborar un proceso objetivo y transparente que legitime a las personas que se elijan como magistrados. El partido ARENA, con la bancada más grande en la Asamblea Legislativa, debería estar liderando este proceso a base de propuestas. Y el resto partidos políticos deberían unirse a un esfuerzo del que salgan los mejores magistrados.

Si el principio básico en política es el temor al elector, tengan en cuenta que el costo político de una mala elección es grave. Y lo va a pagar en las elecciones de 2019 el partido que no esté dispuesto a hacer las cosas de la manera correcta; y en las elecciones de 2021 los diputados que se presten a elegir con base en cuotas y no en méritos. Están a tiempo para corregir la plana. Elijan bien.

La hora de la verdad para ARENA. De Manuel Hinds

Esta columna urgente saldrá hasta mañana lunes en El Diario de Hoy. Pero por la urgencia de que los dirigentes y diputados de ARENA lo lean hoy, antes de la plenaria para elegir a magistrados de la Corte Suprema, fue publicada on-line un día antes.

Hoy en la elección de magistrados está en juego la credibilidad de ARENA y su candidato. No se pueden equivocar. No pueden aceptar magistrados malos como ficha de una alianza electoral. Tienen que vetar al jefe de Probidad y a la Procuradora. Tienen que insistir en la elección de magistrados independientes, honrados y capaces. 

Paolo Luers

15 julio 2018 / El Diario de Hoy

¿Hacia donde va El Salvador?

Hay pocas veces en las que una acción marca la diferencia en la contestación a esta pregunta, y hoy estamos en uno de ellas. Hay pocas veces también en las que las acciones de un solo actor son determinantes. Hoy también estamos en una de ellas. La decisión es la del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de los cuales serán de la Sala de lo Constitucional. El actor decisivo es ARENA. Ningún magistrado puede ser electo sin los votos de ARENA. En esta decisión ARENA se está jugando la suerte del país, y la suya propia. Puede tener o un gran triunfo o un gran fracaso. Puede demostrar que su cambio es auténtico o que ha colapsado ante las presiones políticas. Nada en medio.

Es la decisión más importante de estos años, mucho más importante que la elección presidencial de 2019, porque, como se ha demostrado en los últimos años, el país puede aguantar pésimos gobiernos con muchos enemigos de la democracia y el imperio de la ley, siempre que tengamos una Corte Suprema y una Sala de lo Constitucional que haga respetar la ley y los derechos fundamentales del ciudadano. Eso, sin embargo, no es posible si tenemos un gran presidente pero una Corte que es corrupta o incompetente o dedicada a subvertir el orden constitucional.

Mucha gente interpreta esto en términos de inclinaciones hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso es un error. La clave está en términos de la integridad personal de los magistrados electos, y de su dedicación a respetar la constitución y los derechos que da a los ciudadanos. Hay personas que llenan estos requisitos, y otras que no los llenan, en la izquierda y en la derecha.

En los últimos años los medios de comunicación han estado llenos de las tragedias de Venezuela, primero, y desde hace un año, de Venezuela y Nicaragua, dos países que han entrado en una barrena de corrupción y violencia y muerte contra sus ciudadanos. En este momento decisivo del país debemos reflexionar en el vínculo que une la elección de los magistrados con la sangrienta represión que hay en esos países. Lo que está pasando allá pasó primero por la corrupción de sus cortes supremas de justicia, que luego se dedicaron a facilitar la toma del poder por parte de los tiranos que ahora reprimen a sus pueblos, y a justificar jurídicamente todo lo que hicieran—desde hacer trampa en las elecciones, hasta perseguir a los defensores de la democracia, hasta asesinar impunemente a los ciudadanos. Los medios que ocuparon estos tiranos para dominar la Corte no fueron ideologías sino los medios oscuros de la corrupción.

Lo que salga de esta elección pesará sobre los que hayan tomado la decisión por toda la historia del país—para bien o para mal. Y el peso será más grande sobre los hombros de ARENA y de los que dentro de ella la tomen. No habrá excusa que valga.

El daño de que se tomen decisiones equivocadas sería enorme, difícil de revertir. Después de mucho trabajo ARENA está logrando credibilidad en su lucha por renovarse y dejar atrás muchas cosas que decepcionaron a la población. Todo esto, incluyendo las posibilidades de ganar las elecciones de 2019, se irían al trasto si ARENA da sus votos para una Corte que se va a mover no para respetar los derechos de los ciudadanos sino para asegurar intereses oscuros. Mostraría que el poder real lo tiene el pasado, no el futuro.

No hay ninguna, ninguna razón que justifique desproteger a los ciudadanos.

Si, por el contrario, ARENA se asegura que la Corte sea una de lujo, que puede serlo, habrá demostrado que su renovación es real y que promete llevar al país a un futuro mucho mejor que su pasado—el rumbo hacia la democracia, el respeto a los derechos individuales y el desarrollo. Que el poder está con el futuro, no con el pasado.

Quiera Dios que ARENA esté a la altura de su compromiso histórico.

 

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