Carta a los diputados: A los dóciles nadie los respeta. De Paolo Luers

19 febrero 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Si quieren conseguir que la sociedad les tenga confianza y respeto, comiencen a cumplir su mandato con dignidad.

Los que reclaman para ellos la representación del “pueblo”, porque acaban de ganar una elección presidencial, ahora quieren presionarlos a ustedes, los diputados, a que se subordinen a la “voluntad popular’ expresada el 3 de febrero.

Pero el órgano que por definición y mandato constitucional representa a todos los sectores de la sociedad es la Asamblea Legislativa, no la presidencia. Es por esto que el presidente, para las decisiones importantes, tiene que solicitar la aprobación de los parlamentarios.  

No le toca al presidente controlar la labor de la Asamblea. Es al revés: ustedes como  diputados tienen el mandato de controlar al Ejecutivo, a hacerle contrapeso, a limitarle mediante leyes el poder al presidente y su gobierno. Si la Asamblea no goza de respeto de la ciudadanía es porque no ejerce con coherencia este mandato. Los abusos de poder de los gobiernos, incluyendo la corrupción, solo son posibles cuando ustedes como parlamentarios no cumplen su responsabilidad.  

Hoy les quieren sugerir (no solo con argumentos y seducciones, sino también con amenzas y chantajes) que los diputados, para quedar bien con la “voluntad del pueblo”, tienen que someterse a la voluntad del presidente elegido por “el pueblo”.  

De esto se trata cuando el presidente electo, al mejor estilo Trump, les comunica mediante Twitter su exigencia de dedicar la mitad del préstamo aprobado para construir el nuevo edificio legislativo a la construcción de 50 escuelas y 14 bibliotecas. No es una solicitud, es una orden. O la cumplen o “el pueblo” los va a castigar. “El pueblo” decidió abrir un nuevo capítulo y ahora las reglas son diferentes…

Sospecho que la mayoría de los salvadoreños no comparte que sea necesario pagarle a la Asamblea un edificio digno y seguro. Gastar en escuelas siempre es más popular. Cualquier encuesta lo confirmaría. Pero ustedes no tienen su mandato vía encuestas. Ustedes están obligados a tomar decisiones correctas, sean o no populares.

Un presidente electo, que a esta altura ni siquiera tiene armado su equipo de transición y mucho menos su gabinete, ¿de dónde sacó cuánto debería costar el edificio para la Asamblea? ¿De dónde sacó el costo de 50 escuelas y 14 bibliotecas? ¿Acaso ya tiene listo todo el plan de inversión en infraestructura escolar para los 5 años de su gobierno, para saber que el primer paso son 50 escuelas y 14 bibliotecas? ¿Y por qué no apuesta al equipamiento de 20 salas de operación? Y la pregunta del millón: ¿Por qué el presidente, queriendo mostrar austeridad, no comienza en casa propia, en Casa Presidencial?

Es obvio que Bukele no sacó sus números de un esquema racional de prioridades, ni mucho menos de estudios financieros y de factibilidad. Los sacó de donde siempre saca sus nuevas ideas y sus proyectos: de la manga, de sus (normalmente muy atinados) cálculos de marketing político.

Por supuesto que hay que revisar bien el proyecto del edificio legislativo antes de ejecutarlo. ¿Realmente es irreparable el edificio? ¿Cuánto espacio necesita la Asamblea? ¿Cuál es el diseño adecuado? Deleguen esto a una comisión especial legislativa con asesoría de profesionales, no al presidente electo.

Para recuperar el respeto de la sociedad, actúen con dignidad. Lo peor que podrían hacer para ganar el respeto es comportarse dóciles ante el nuevo polo de poder. Nuestro parlamento necesita un edificio funcional, seguro y digno. Si esto no lo pueden defender ustedes, la gente tal vez aplaudiría al presidente electo por otro triunfo más, pero no a ustedes. A los dóciles nadie los respeta.

Saludos,

La política del “siempre ha sido así”. De Cristina López

17 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Existe un concepto en el estudio de las ciencias sociales llamado “dependencia del camino” o “path dependence” en inglés. Se refiere a las limitaciones que todas las decisiones tomadas anteriormente ejercen sobre las decisiones presentes. Para poner un ejemplo, la dolarización de 2001 puso al país en un camino del que, para bien o para mal, sería demasiado costoso salirse. La decisión tomada entonces, de adoptar el dólar como moneda de circulación legal, limita decisiones actuales, como la de imprimir moneda propia e influir en la política monetaria nacional. Sin embargo, también existe el peligro de pensar que todas las decisiones anteriores limitan irrevocablemente las decisiones presentes y paralizan la posibilidad de cambiar, y pensar así es peligroso porque impide imaginar alternativas. Se impone el costumbrismo y se continúan haciendo cosas sin pensar por qué, simplemente porque “siempre ha sido así”.

La política del “siempre ha sido así” es peligrosa porque atrofia la imaginación. Sin la capacidad de imaginar un futuro diferente es prácticamente imposible llevar una nación al desarrollo. Y hay tantas cosas que perpetuamos sin mayor intencionalidad simplemente porque no tenemos la audacia de cuestionar alternativas más prácticas. La semana pasada, una propuesta valiente del diputado no partidario Leonardo Bonilla puso en evidencia lo mucho que la política del “siempre ha sido así” domina nuestro quehacer nacional. Bonilla ha propuesto una reducción del número de diputados en la Asamblea Legislativa.

Sobran motivos para por lo menos considerar la propuesta: podría aumentarse la representatividad si eligiéramos representantes por distritos, habría mucha más cercanía con los constituyentes, generando mayores incentivos para la existencia de verdaderos mecanismos de rendición de cuentas. Fuera de eso, se abriría una oportunidad para la reducción de costos operativos e ineficiencias que imperan en la Asamblea. Y sin embargo, aparentemente basado en la política del “siempre ha sido así”, el mismísimo presidente de la Asamblea, Norman Quijano, demostró un desconocimiento deprimente del ordenamiento jurídico cuando descartó la propuesta de Bonilla sin argumento alguno, diciendo que el número de diputados estaba establecido por la Constitución y que por lo tanto, se necesitarían dos períodos legislativos para lograr una reforma así.

El error es entendible si viniera de un ciudadano común y corriente: no cualquiera se sabe de memoria los contenidos del Código Electoral, donde se establece el número de diputados, y se le perdonaría al ciudadano común y corriente haber olvidado la lección de estudios sociales donde se explica que las reformas legislativas apenas requieren 43 votos. Pero que el presidente de la Asamblea ponga en evidencia su falta de entendimiento de las razones por las que el cuerpo legislativo que dirige se conforma de una u otra manera, que no tenga claro qué procedimientos se requieren para cambiar dicha conformación, y aparte, no tenga verdaderas razones de peso por lo menos a considerar el debate, es equivalente a un contador o asesor financiero con dislexia numérica. ¿Cuántas alternativas estamos dejando engavetadas por el apego a la costumbre?

El desarrollo de nuestro país depende de que tengamos suficientes líderes con la audacia de imaginar diferentes maneras de hacer las cosas, dispuestos por lo menos a vender los pros y contras de sus ideas. No podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados distintos —si existe una justificación razonable para continuar con el mismo número de diputados que tenemos, que sea porque ha habido un debate al respecto intencional y razonado, y no solo porque “siempre ha sido así”.

@crislopezg

Pongan sus votos donde está su boca. Daniel Olmedo

6 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Fue el 29 de octubre de 2015. Los partidos FMLN, GANA y algunos diputados del PCN aprobaron la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana. Con esta se le gravó a usted con el tributo conocido popularmente como Impuesto a la Telefonía.

Todos los productos y servicios relacionados a las telecomunicaciones se gravaron con una alícuota de un 5 %. El objeto era fortalecer el financiamiento del Estado en materia de seguridad pública.

A finales de 2015 un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad contra ese tributo. La Sala de lo Constitucional mantuvo inerte esa demanda —como ocurrió con muchas otras de naturaleza tributaria. No fue hasta treinta meses después, el 30 de mayo de 2018, cuando apenas se admitió a trámite la demanda. Aún falta que ese proceso se sentencie.

La Sala no brindó en este caso la pronta y cumplida justicia que le obliga el artículo 182 ordinal 5o. de la Constitución. Mientras tanto usted, mes a mes, ha dejado de entregar a su familia una cantidad del dinero que gana para dárselo al Estado a través de esa contribución especial. Usted juzgará si tras estos años ha visto los resultados de ese sacrificio.

El pasado lunes el candidato presidencial Carlos Calleja, de la alianza ARENA, PCN y PDC, dijo: “Llegó la hora de tomar decisiones; en mi gobierno ya no vas a pagar el impuesto del 5 % a la telefonía; lo voy a eliminar”. Horas después el candidato presidencial Nayib Bukele, del partido GANA, dijo en un tuit: “¿ARENA va a hacer alguna propuesta o solo se va a quedar a copiar las nuestras? Tenemos más de un año de haber propuesto, varias veces, quitar el impuesto a la telefonía y a la tecnología”.

Los gringos tienen buenas frases. Una de ellas es: Put your money where your mouth is. En las campañas electorales suele haber mucha boca. Es normal, de eso se trata. Pero en este punto sería bueno exigirles a los candidatos presidenciales: Pongan sus votos donde está su boca.

Resulta que para derogar la Ley de la Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana no es necesario que ni el señor Calleja ni el señor Bukele lleguen a la Presidencia. El artículo 131 ordinal 5o. de la Constitución atribuye a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar leyes, y también la de derogarlas. La iniciativa para derogar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana la puede tener cualquier diputado de la Asamblea Legislativa, y para aprobar tal derogatoria bastarían 43 votos. GANA, ARENA, PCN y PDC los tienen.

Sí, es probable que el Presidente de la República vete el decreto que deroga esa ley. Pero resulta que GANA, ARENA, PCN y PDC suman 59 votos; y si a ellos se les suma el CD, que manifiesta apoyar a GANA en las próximas elecciones, alcanzarían 60. Para superar un veto presidencial se necesitan 56 votos, de manera que les sobran votos para derogar el “Impuesto a la Telefonía”.

Eso sí, en caso decidieran derogar ese tributo, deben cumplirse con los principios constitucionales que rigen el proceso de formación de ley. Esto significa, por ejemplo, cumplir con los principios de publicidad y deliberación. Hacerlo en un madrugón dejaría expuesta la derogatoria a una inconstitucionalidad por vicio de forma. Pero eso tampoco sería una excusa para dorarnos la píldora con una deliberación ad infinitum.

Candidatos, hoy que hablaron, si deciden no acompañar con acciones sus palabras, o si sus fracciones legislativas no les acompañan en una iniciativa así, los electores tendrán un insumo más para evaluar su honestidad y liderazgo. La pelota está en su cancha.

@dolmedosanchez

¿Somos tontos? De Humberto Sáenz Marinero

6 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

En el contexto del vergonzoso retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema, varias organizaciones han pasado de los tradicionales comunicados, editoriales, entrevistas y conferencias de prensa, a realizar otras actividades que no solo reiteran el descontento con la omisión legislativa, sino pretenden exigir directamente, y dejar claro qué es lo que de verdad está atrasando este proceso de elección.

Una legítima presión ciudadana que poco a poco ha comprendido la importancia de contar con un tribunal constitucional compuesto por personas honorables, capaces e independientes.

Precisamente ante una de esas varias manifestaciones, el expresidente de la Asamblea Legislativa, como ya es su costumbre, en lugar de hacer mea culpa, pedir perdón a los ciudadanos y proponerse enmendar, reacciona virulenta e irrespetuosamente, tildando de tontos a un grupo de personas, simplemente porque no comparte el mensaje que estas pregonan. Un despropósito más para su colección.

Dejando de lado el improperio del legislador, lo cierto es que ello nos debe llamar a la reflexión. Nosotros, por acción u omisión, por desconocimiento, ignorancia, desidia, comodidad o hasta complicidad, hemos permitido que en nuestro país los Órganos de Estado y principales instituciones estén copados de funcionarios que jamás tuvieron que haber tenido la oportunidad de representarnos o administrar nuestros impuestos. El caso del expresidente de la Asamblea es sin duda uno de los casos más emblemáticos y deshonrosos, pero como ese han existido y aún existen muchísimos más.

Hemos tolerado que nos insulten, que en nuestras narices distraigan fondos públicos para sus intereses o el de sus familiares, que pisoteen recurrentemente nuestros derechos, que nos impongan sus agendas sin consultarnos, que se enriquezcan exponencialmente sin pudor alguno, que no se preocupen por los más desamparados, que usen vilmente las instituciones, que las atiborren con sus amigos y parientes y que se burlen de nuestras legítimas exigencias ciudadanas. Lo peor es que lo hacen sin pudor alguno y con unos niveles de cinismo que a cualquier llevan a la exasperación.

Ante eso nos quejamos con nosotros mismos o con nuestro círculo más cercano, nos atrevemos a comentar alguna que otra cosa en redes sociales y con la excusa de ya estar haciendo suficiente porque se trabaja honradamente y se pagan los impuestos, nos escondemos en las típicas expresiones de… “ya es hora de que alguien haga algo”, “lo que pasa es que acá nadie hace nada”, “ojalá hiciéramos como en otros países”, etc.

Vemos y cuestionamos hacia todos lados, pero nunca nos vemos en el espejo. Buscamos que alguien más haga algo que nosotros mismos podríamos estar haciendo. Queremos que las cosas cambien pero seguimos sin entender que de alguna forma tenemos que involucrarnos, porque trabajar, no es suficiente.

En todo esto reconozco mi cuota de responsabilidad. Como lo he dicho en diferentes oportunidades, nuestra generación fue despreocupada, quizá conformista con el destino de nuestro país. Aplaudimos el cese del conflicto armado y eso nos pareció suficiente, sin darnos cuenta de los huracanes sociales y políticos que se estaban gestando en ese momento. Cuando jóvenes vimos pasar, dejamos hacer, nos desentendimos y hoy estamos pagando esas consecuencias.

Ojalá y los jóvenes de ahora no cometan ese mismo error; ojalá que los que tienen el privilegio de recibir educación universitaria comprendan que el hecho de permanecer en las aulas, desconectados y despreocupados de la realidad que les rodea, nos perjudica a todos; perjudica su futuro.

Quizá sí debemos preguntarnos si somos tontos. Pero no por manifestarnos y exigir, sino por no haberlo hecho antes, por haber esperado llegar al día 100 y no haberlo hecho desde el día 1, por habernos conformado con tan poco, por seguir apoyando a personajes que mancillan el quehacer legislativo, por aplaudir discursos populistas y mesiánicos, por premiar una mal entendida astucia política, por no usar más las instituciones, y en fin… por permitir que desde un curul se nos insulte.

Carta a los activistas de la Sociedad Civil: “¡Elijan bien!” versus “¡Elijan ya!”. De Paolo Luers

2 agosto 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados amigos:
Comparto la preocupación que todos ustedes expresan sobre el peligro que significa no tener Sala de lo Constitucional. Es grave. Pero pongámonos serios: Mucho más grave sería tener una mala Sala – electa a tiempo, pero incluyendo manzanas podridas.

La única manera que la Asamblea, con la matemática que tiene, hubiera podido elegir a tiempo era repartiendo cuotas: Te doy un magistrado de Sala, y de oferta dos suplentes…

Evitar esto fue la exigencia unánime de todas las organizaciones de la sociedad, que vigilan este proceso de elección de magistrados. Todos exigimos a los diputados que eligieran a los mejores, y no a los más cercanos a sus partidos.

Esta presión cayó principalmente sobre ARENA. Por una simple razón: Es el único partido que tiene capacidad de veto. Sin votos de ARENA no pueden elegir a ningún magistrado, aunque todos los demás se pusieran de acuerdo. Por esto hemos exigido a ARENA que usara su veto. Y todos, yo incluido, criticamos fuertemente a ARENA cuando sacó a luz su primera lista de elegibles, que inexplicablemente incluía a Carlos Pineda, director de Probidad, y Sonia de Madriz, titular de la Procuraduría General, ambos ampliamente cuestionados por todos nosotros – y con razón…

La presión funcionó. ARENA entendió que para evitar un serio desgaste político y electoral tenía que asumir la responsabilidad de garantizar que no hubiera chanchullo y que salieran electos solamente los candidatos más calificados, independientes e idóneos. Parece que Carlos Calleja al fin golpeó la mesa, porque sabía que el costo político de una mala elección lo iba a pagar él. ARENA depuró la lista de elegibles, y la que quedó coincide con las evaluaciones de los organismo independientes de vigilancia social.

El problema es que para elegir magistrados no son suficientes los votos que ARENA y sus aliados PCN y PDC que pueden sumar. Juntos con el diputado no partidario, quien propone a los mismos candidatos, llegan a 49 de los 56 votos que se necesitan. Nos guste o no, esto obliga a ARENA a negociar o con GANA o con el FMLN.

Hasta la fecha estos partidos no abandonaron su exigencia de tomar en cuenta a algunos de sus favoritos – que precisamente son candidatos que todos ustedes están vetando.

La única solución es: En estas negociaciones gradualmente eliminar a los no elegibles, y reducir la lista a los candidatos que cumplen todos los requisitos. Tanto GANA como el FMLN tienen en sus listas a varios candidatos que sí cumplen estos requisitos. Algunos de estos también son elegibles para ARENA y para la Sociedad Civil. Si cualquiera de los dos, el Frente o GANA, deja de insistir en los impresentables, la Asamblea puede elegir inmediatamente.

Lastimosamente, ARENA no ha sabido comunicar toda esta situación de empate. Tiene como voceros en este asunto a sus diputados con menos credibilidad y capacidad. Es por eso que ahora existe la situación absurda que el costo del retraso se lo cobran a ARENA – narrativa ágilmente construida por sus adversarios y algunos medios, como El Faro y Factum. Urge que Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, como fórmula presidencial de la coalición, asuman su liderazgo – y la responsabilidad de explicar la crisis y cómo solucionarla.

Nosotros, desde la sociedad civil y la opinión pública, deberíamos enfocar bien nuestra presión. La exigencia “¡Elijan bien!” tiene prioridad sobre la consigna “¡Elijan ya!” Si no, el “¡Elijan ya!” se convertirá en “Elijan como dé lugar” – y obtendremos un reparto de cuotas y una mala Sala.

Saludos y felices vacaciones,

Elijan bien. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

23 julio 2018 / El Diario de Hoy

En un punto muerto. Así fue descrito por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el proceso de elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Después de una semana de que se venció el plazo para hacer el nombramiento, El Salvador sigue sin un tribunal constitucional que resuelva las demandas de los ciudadanos cuando se le vulneran sus derechos constitucionales. No es poca cosa.

La preocupación por el proceso de elección tiene años sobre la mesa, producto de la amplia actividad judicial de los exmagistrados. Estemos de acuerdo o no con las resoluciones, la Sala de lo Constitucional dinamizó una justicia constitucional inerte. Después de nueve años de ver todo lo que se puede hacer desde la Sala y la Corte Plena, la silla de magistrado se volvió más apetecible. Para bien, si la que quiere llegar es una persona comprometida con el trabajo y la Constitución; para mal, si lo que quieren es favorecer intereses ajenos al Derecho.

Desde 2015, después de la última renovación de la Corte Suprema de Justicia, diversas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de abogados y ciudadanos externaron su preocupación sobre la finalización del periodo de Rodolfo González, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez. Siempre se ha dicho que necesitamos una Sala independiente de las presiones políticas que pretenden interferir en decisiones constitucionales trascendentales.

Tres años no les bastó a los diputados de la Asamblea Legislativa para elaborar un procedimiento mediante el cual se eligiese a los mejores candidatos. Llegamos al 15 de julio de 2018 y los partidos políticos se limitaron a poner en la mesa de la Comisión Política un listado de nombres por cada fracción, sacando un “listado de coincidencias”; pero dichos listados no establecen ninguna razón objetiva de por qué unos sí deben ser electos y otros no; o por qué unos nombres están en las primeras posiciones y otros al final. No deberían estar intercambiando listas, sino evaluando personas.

Muchos de los ahora diputados utilizaron la elección de funcionarios como tema de campaña para promover su responsabilidad con el Estado de Derecho y la ciudadanía. En campaña electoral se comprometieron a impulsar reformas internas con el fin de elegir a los mejores. Ahora que ya son diputados no los vemos ni para hacer ruido, mucho menos para revelar y transparentar a la ciudadanía la forma en la que se está llevando a cabo esta elección; esto únicamente lo ha hecho el diputado no partidario Leonardo Bonilla.

Diputados, no nos pidan confiar en su criterio cuando manejan todo a oscuras. No nos pidan conformarnos con su listado de coincidencias cuando la ciudadanía tiene años exigiendo que se estandarice un proceso de elección de funcionarios objetivo, transparente y justificado. No nos digan que todos están igualmente capacitados para ser magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando los que hemos seguido de cerca las etapas ante la Fedaes, Consejo Nacional de la Judicatura y Asamblea Legislativa, sabemos que no es así.

Lo que todos los partidos políticos deberían estar haciendo es levantar cara del vergonzoso intento de elección que hicieron el fin de semana antepasado, reivindicar sus promesas y elaborar un proceso objetivo y transparente que legitime a las personas que se elijan como magistrados. El partido ARENA, con la bancada más grande en la Asamblea Legislativa, debería estar liderando este proceso a base de propuestas. Y el resto partidos políticos deberían unirse a un esfuerzo del que salgan los mejores magistrados.

Si el principio básico en política es el temor al elector, tengan en cuenta que el costo político de una mala elección es grave. Y lo va a pagar en las elecciones de 2019 el partido que no esté dispuesto a hacer las cosas de la manera correcta; y en las elecciones de 2021 los diputados que se presten a elegir con base en cuotas y no en méritos. Están a tiempo para corregir la plana. Elijan bien.

La hora de la verdad para ARENA. De Manuel Hinds

Esta columna urgente saldrá hasta mañana lunes en El Diario de Hoy. Pero por la urgencia de que los dirigentes y diputados de ARENA lo lean hoy, antes de la plenaria para elegir a magistrados de la Corte Suprema, fue publicada on-line un día antes.

Hoy en la elección de magistrados está en juego la credibilidad de ARENA y su candidato. No se pueden equivocar. No pueden aceptar magistrados malos como ficha de una alianza electoral. Tienen que vetar al jefe de Probidad y a la Procuradora. Tienen que insistir en la elección de magistrados independientes, honrados y capaces. 

Paolo Luers

15 julio 2018 / El Diario de Hoy

¿Hacia donde va El Salvador?

Hay pocas veces en las que una acción marca la diferencia en la contestación a esta pregunta, y hoy estamos en uno de ellas. Hay pocas veces también en las que las acciones de un solo actor son determinantes. Hoy también estamos en una de ellas. La decisión es la del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de los cuales serán de la Sala de lo Constitucional. El actor decisivo es ARENA. Ningún magistrado puede ser electo sin los votos de ARENA. En esta decisión ARENA se está jugando la suerte del país, y la suya propia. Puede tener o un gran triunfo o un gran fracaso. Puede demostrar que su cambio es auténtico o que ha colapsado ante las presiones políticas. Nada en medio.

Es la decisión más importante de estos años, mucho más importante que la elección presidencial de 2019, porque, como se ha demostrado en los últimos años, el país puede aguantar pésimos gobiernos con muchos enemigos de la democracia y el imperio de la ley, siempre que tengamos una Corte Suprema y una Sala de lo Constitucional que haga respetar la ley y los derechos fundamentales del ciudadano. Eso, sin embargo, no es posible si tenemos un gran presidente pero una Corte que es corrupta o incompetente o dedicada a subvertir el orden constitucional.

Mucha gente interpreta esto en términos de inclinaciones hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso es un error. La clave está en términos de la integridad personal de los magistrados electos, y de su dedicación a respetar la constitución y los derechos que da a los ciudadanos. Hay personas que llenan estos requisitos, y otras que no los llenan, en la izquierda y en la derecha.

En los últimos años los medios de comunicación han estado llenos de las tragedias de Venezuela, primero, y desde hace un año, de Venezuela y Nicaragua, dos países que han entrado en una barrena de corrupción y violencia y muerte contra sus ciudadanos. En este momento decisivo del país debemos reflexionar en el vínculo que une la elección de los magistrados con la sangrienta represión que hay en esos países. Lo que está pasando allá pasó primero por la corrupción de sus cortes supremas de justicia, que luego se dedicaron a facilitar la toma del poder por parte de los tiranos que ahora reprimen a sus pueblos, y a justificar jurídicamente todo lo que hicieran—desde hacer trampa en las elecciones, hasta perseguir a los defensores de la democracia, hasta asesinar impunemente a los ciudadanos. Los medios que ocuparon estos tiranos para dominar la Corte no fueron ideologías sino los medios oscuros de la corrupción.

Lo que salga de esta elección pesará sobre los que hayan tomado la decisión por toda la historia del país—para bien o para mal. Y el peso será más grande sobre los hombros de ARENA y de los que dentro de ella la tomen. No habrá excusa que valga.

El daño de que se tomen decisiones equivocadas sería enorme, difícil de revertir. Después de mucho trabajo ARENA está logrando credibilidad en su lucha por renovarse y dejar atrás muchas cosas que decepcionaron a la población. Todo esto, incluyendo las posibilidades de ganar las elecciones de 2019, se irían al trasto si ARENA da sus votos para una Corte que se va a mover no para respetar los derechos de los ciudadanos sino para asegurar intereses oscuros. Mostraría que el poder real lo tiene el pasado, no el futuro.

No hay ninguna, ninguna razón que justifique desproteger a los ciudadanos.

Si, por el contrario, ARENA se asegura que la Corte sea una de lujo, que puede serlo, habrá demostrado que su renovación es real y que promete llevar al país a un futuro mucho mejor que su pasado—el rumbo hacia la democracia, el respeto a los derechos individuales y el desarrollo. Que el poder está con el futuro, no con el pasado.

Quiera Dios que ARENA esté a la altura de su compromiso histórico.

 

Lea también:
Carta a los que eligen magistrados: Aquí la lista de los buenos.
De Paolo Luers

Los malditos plazos. Columna Transversal de Paolo Luers

Normalmente, lo que se hace en carrera y al último momento, sale mal. En la vida y e política. La diferencia es: Si un ciudadano deja pasar el plazo para declarar el IVA o para renovar la matrícula de su carro, el único perjudicado es él mismo: Le cae una multa. Pero si es el Estado o un partido, los perjudicados son el país o la democracia.

13 julio 2018 / El Diario de Hoy

Vivimos en una sociedad que siempre está en guerra con los plazos, empezando con los ciudadanos. Solemos cumplir con nuestras obligaciones al último día ó ya vencido el plazo, esperando que no tenga consecuencias.

Más grave aun cuando esto pasa en política y la vida institucional. ¿Por qué la Asamblea Legislativa deja la elección de los nuevos magistrados hasta el último fin de semana, cuando desde hace 9 años se sabía que el mandato de los magistrados salientes termina el domingo 15 de julio? ¿Qué necesidad había de programar todo el proceso de selección de los futuros magistrados de la manera que el informe sobre las entrevistas de los candidatos se entregara a la Comisión Política de la Asamblea hasta el miércoles 11 de julio, dejando solo un día para su análisis, antes de que el asunto llegue a la Plenaria que tiene que efectuar la elección? Ninguna razón aceptable. Todo el proceso está mal diseñado – o por indiferencia o con mala intención. Con este calendario apretado es humanamente imposible que los miembros de la Comisión Política tomen una decisión informada, basada en análisis y debate, sobre quienes de los 30 candidatos son los más idóneos. Ni hablar de los 84 diputados que al final tendrán que elegir.

¿Cuál es la consecuencia? Si los diputados de la Comisión Política y de la Plenaria no están en capacidad de tomar una decisión informada, ¿en base de qué van a votar? No les quedara otra que acatar la línea de sus respectivas dirigencias, dependiendo de las negociaciones que estas hayan tenido entre ellas.

Es triste: O habrá una elección a tiempo, pero no informada, o los diputados se van a tomar más tiempo, y a partir de lunes 16 de julio el país no tendrá Sala de lo Constitucional.

Otro ejemplo del mal manejo de los plazos, incluyendo los plazos fatales, es la fecha tope para inscribir coaliciones para la elección presidencial de febrero 2019. Este plazo vence el 7 de agosto. Una fecha que todo el mundo conoce desde más de un año, cuando se definió el calendario electoral. Las fuerzas políticas principales están considerando y negociando coaliciones con otros partidos. ARENA quiere ir en coalición con el PCN y el PDC, pero también tiene pláticas con GANA. El Frente quiere ir con GANA, pero como esta novia también baila con otros galanes (ARENA y Nuevas Ideas), tampoco descarta proponer a Bukele. Bukele se comprometió con el CD, pero como no sabe si esta novia tendrá permiso, también quiere amarrar con GANA.

En las tres semanas que quedan, no hay forma que lo que parece telenovela de Televisa se desenrede de una manera democrática, transparente, tomando las decisiones tan estratégicas de manera participativa, de cara a las militancias de los partidos. Una buena mañana, las bases del FMLN, de GANA y de Nuevas Ideas se van a desayunar en los periódicos con quienes han terminado de pactar sus líderes y qué canción les va a tocar cantar en la campaña. Se van a preguntar de dónde salió el vicepresidente que tendrán que apoyar, y qué ha pasado con el proyecto político que discutieron durante meses y que de repente incluye propuestas que antes les dijeron que eran inaceptables.

La coalición de derecha parece un poco más avanzada, y si las dirigencias operan bien, todavía habrá tiempo, aunque apretado, para hacer las bases partícipes de los grandes acuerdos que darán sostenibilidad a un proyecto conjunto. Pero de todos modos no había necesidad de sacrificar la transparencia y la participación democrática con un calendario tan apretado.

Hay que entender que cuando el plazo legal es el 7 de agosto, nadie está obligado de ratificar los acuerdos de coalición el día 6 pasada la medianoche, obviando cualquier proceso interna, ni hablar consulta ciudadana. O en el caso de la elección de magistrados, si la fecha fatal es la medianoche del día domingo 15 de julio, no hubiera sido inconstitucional comenzar las deliberaciones en la Asamblea dos semanas antes, dejando tiempo para debates, aportes de la sociedad civil, análisis, construcción de criterios comunes y, al ser necesario, entrevistas adicionales a los candidatos.

Normalmente, lo que se hace en carrera y al último momento, sale mal. En la vida y e política. La diferencia es: Si un ciudadano deja pasar el plazo para declarar el IVA o para renovar la matrícula de su carro, el único perjudicado es él mismo: Le cae una multa. Pero si es el Estado o un partido, los perjudicados son el país o la democracia.

Incomodidades mundialistas. De Cristina López

Los funcionarios públicos de hoy, si quieren librarse del escrutinio y preservar el respeto de la opinión pública, también deben parecerlo con sus actos públicos y privados. Intachables. Y esto ya lo entendió Calleja. A ver si lo entiende el resto de su partido, que con pleno conocimiento de la investigación de probidad, no escatimó en nombrar a Reyes jefe de bancada.

24 junio 2018 / El Diario de Hoy

Mucho se ha comentado sobre la situación del diputado mundialista, pero no está de más resaltar lo obvio: ¡qué mala suerte la del pobre diputado Carlos Reyes! Imagínense si, como declaró Reyes en forma de justificación, “desde Niño” (la mayúscula arbitraria es de él) su sueño hubiera sido “poder ir a los mundiales” y de todas las posibles situaciones geográficas dentro de un estadio con capacidades masivas, encontrarse justo detrás de uno de los pocos mexicanos presentes con posibilidades reales de volver viral un video tipo selfie: un youtuber. En el video aparece en toda su gloria la cara diputadil de Reyes cumpliendo su sueño infantil, y la ciudadanía salvadoreña, como quien juega “buscando a Waldo” rápidamente se encargó de encontrarlo.

Si hubiera tenido mejor suerte, el diputado habría vuelto a la Asamblea, repartido los recuerditos rusos comprados y sin mayor pena ni gloria (pues tampoco se le conoce en su paso por la Asamblea por su ejemplar productividad legislativa o por personalmente impulsar legislación innovadora y transformativa), se habría reincorporado a sus labores tras haber gozado de la Copa Mundial masculina con pleno goce de sueldo. Fue hasta que las quejas de lo mal que se veía la situación fueron amplificadas por el candidato presidencial arenero Carlos Calleja que a regañadientes, Reyes pidió disculpas a “quiénes haya incomodado” y resignado, aceptó se le descontaran los días no devengados en su puesto de elección pública.

Tomando como base su disculpa, el diputado Reyes, además de mala suerte, parece también tener o poca perspicacia o poca maestría del significado común de las palabras. A ver: incomodidad es lo que uno siente cuando le toca el asiento de en medio en un avión abarrotado, o los nervios de encontrarse cara a cara con alguna persona que se intentaba evitar. Lo que sentimos quienes rechazamos la visión de Reyes disfrutando de Rusia 2018 no fue incomodidad: fue indignación y rabia.

Digo también, con base en su disculpa, que puede que le falte perspicacia a Reyes porque pareció no entender que no es su toma de vacaciones necesariamente el aspecto criticable. No hace falta ser abogado para saber que las vacaciones pagadas son un derecho laboral y que en su calidad de empleado, Reyes las tiene. Lo que vuelve su gira mundialista una crisis de relaciones públicas y un autogol político es el contexto personal del diputado. Reyes es uno de los 29 integrantes de la lista de funcionarios investigados por Probidad por sospecha de posible enriquecimiento ilícito.

Como recordatorio: en 3 años el patrimonio de Reyes creció de 850 mil dólares a más de millón y medio de dólares mientras servía en la Asamblea y gozaba de sueldo de diputado, un crecimiento que Reyes adjudicó a una presunta milagrosa plusvalía de sus propiedades. Por supuesto que aparecer en la lista de investigados por Probidad no condena a nadie y que como ciudadano a Reyes le asiste la presunción de inocencia. Pero a menos que Reyes viva debajo de una piedra, se habrá dado cuenta de que últimamente la paciencia de la población salvadoreña en lo que a manejo de fondos del estado y abuso de poder para enriquecimiento personal se refiere, está cortísima, por obra y gracia de varios exfuncionarios, varios de ellos miembros del mismo partido que Reyes.

La ciudadanía no va a tolerar más saqueos, por insignificantes que sean en comparación a los que se sospecha llevaron a cabo Saca y Funes. Lo que esto significa es que ya no es suficiente solamente ser honrado en lo más íntimo de sus corazones, los funcionarios públicos de hoy, si quieren librarse del escrutinio y preservar el respeto de la opinión pública, también deben parecerlo con sus actos públicos y privados. Intachables. Y esto ya lo entendió Calleja. A ver si lo entiende el resto de su partido, que con pleno conocimiento de la investigación de probidad, no escatimó en nombrar a Reyes jefe de bancada.

@crislopezg

El populismo de la fe. De Cristina López

27 mayo 2018 / El Diario de Hoy

El jueves pasado, los diputados electos el 4 de marzo llevaron a cabo la primera sesión plenaria ordinaria. Lo que hizo ruido y dio material para discutir no fueron necesariamente los pensados dictámenes ni el elevado nivel de debate parlamentario, sino el hecho de que la plenaria contó también con la visita de la imagen de la Virgen de Fátima. El departamento de comunicaciones de la Asamblea se encargó de publicitar la devoción del diputado Norman Quijano, que en su calidad de presidente de la Asamblea le dio la bienvenida a la imagen y a sus custodios y participó en la procesión y eucaristía. No estuve ahí, pero en redes sociales sobraban las fotos.

Inmediatamente se desató el debate y uno de los argumentos más repetidos y válidos fue el que cuestionaba la celebración de un acto religioso dentro de un órgano gubernamental perteneciente a un Estado laico democrático. Debates así hacen que me entre la nostalgia por los años universitarios y las clases de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, con los cuadernos y códigos manchados de plumón. A ver, no les falta razón a los fervientes propulsores del republicanismo laicista en el sentido que, si bien nuestra Constitución no dice específicamente que el Estado es laico, lo manifiesta de manera clara e implícita a lo largo del texto y lo refuerza con legislación secundaria. Aparte, lo confirmó una sentencia judicial en 2008. Y cuando la Constitución declara que la soberanía del Estado deviene del pueblo y regula las garantías ciudadanas hace al electorado el ente mandante y no a iglesia alguna.

La visita de la imagen de la Virgen a la Asamblea no violentó necesariamente esta laicidad desde el punto de vista legal. Lo que sí constituyó, en mi opinión particular, fue una manifestación más del populismo religioso con el que nuestros gobernantes explotan las creencias y fervor de gran parte del electorado. Y es una estrategia tan vieja como el hambre en nuestro país, porque se sirve de que por lo menos desde el punto de vista cultural, El Salvador ha sido históricamente eminentemente católico. Es a sabiendas de eso que muchos candidatos, incluso algunos que no se persignan desde su primera comunión, hacen de la misa una parada clave en sus giras proselitistas, siempre acompañados de las cámaras.

Y de la explotación de la fe con fines proselitistas no tiene el monopolio ninguno de los partidos. En un acto de descaradísimo cinismo fue nuestro expresidente efemelenista, el asilado, el que abusó de la imagen del Beato Monseñor Romero para hacer campaña. A la hora de gobernar, ni a la hora de parrandear en Miami, en poco se veía la influencia romerista. Pero es que esa no era la intención, claramente.

En un par de años, si las tendencias se mantienen, esta estrategia política probablemente cambiará y no será la Virgen la que visite ni serán las misas lo que exploten los políticos, sino más bien los cultos evangélicos. Datos de 2017 demostraron que en El Salvador, la población evangélica va en aumento, al igual que la población no creyente. Según La Prensa Gráfica, “el 45 % … dice profesar la religión católica, mientras que el 35 % asegura ser de religión evangélica. El 17 % dijo no tener ninguna preferencia religiosa, mientras que el 2 % dijo que opta por una religión diferente a las mencionadas anteriormente”.

El tema no es necesariamente si llevando a la Virgen o no, representan a cabalidad las creencias de la población. Lo problemático es el proselitismo implícito y la explotación de los signos religiosos en el ámbito legislativo. El asqueroso propósito al final, y dispensen el cinismo, es disfrazar de devoto y moral decisiones gubernamentales que tienen consecuencias profundamente injustas para tantos individuos que siguen mereciendo representación legislativa y protección estatal, con independencia de la fe que profesen o de si se congregan o no. Lo ideal, para no incurrir en el irrespeto de explotar símbolos que son sagrados para tantos salvadoreños y evitar disfrazar de sacro lo injusto, es darle a cada cosa su lugar. A la Asamblea que vayan a trabajar por el país. Y a venerar en lo privado, a pesar de que sea menos atractivo para tantos políticos, pues en lo privado no hay fotos.

@crislopezg