Asamblea

Sus primeras tres tareas, diputados. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

15 mayo 2018 / El Diario de Hoy

Diputados, pasado el desencanto ciudadano inicial con el resultado de las discusiones sobre el número de miembros de Junta Directiva y la composición de las comisiones legislativas, llegó el momento de tomar decisiones trascendentales, decisiones que definirán ante nosotros cuál es el rumbo que ustedes pretenden adoptar durante su gestión legislativa.

Son tres sus tareas iniciales, dichas en orden cronológico: a) la aprobación de reformas al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para tener un mejor y más transparente proceso de elecciones de segundo grado; b) la elección de cinco magistrados propietarios y cinco magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia; y c) la aprobación de una nueva ley de servicio público.

La primera de las tareas bien se pudo haber cumplido durante la anterior legislatura, y la verdad es que no está del todo claro qué fue lo que lo impidió. Ahora les toca a ustedes hacer eco de una propuesta ciudadana que, se mire por donde se mire, mejoraría sustancialmente el proceso de elección de funcionarios.

Ustedes ya tienen en sus manos –con iniciativa de ley– una propuesta por la que se establece un procedimiento democrático, transparente y eficiente que va desde la convocatoria con un perfil predefinido de los candidatos, la acreditación de requisitos materiales y aspectos cualitativos, una fase de participación ciudadana, el desarrollo de verdaderas entrevistas, la ponderación de todos los candidatos, el auxilio o asistencia técnica, los debates públicos, la elaboración y entrega del dictamen de la comisión, hasta la votación nominal y pública.

Aprobar esas reformas les permitirá cumplir con lo que les ha estado costando cumplir y evitar que la Sala de lo Constitucional les esté corrigiendo más planas. Además, nos permitirá a todos contar con un procedimiento que incorpora estándares internacionales tan necesarios en este tipo de procesos.

La segunda de las tareas es la mejor oportunidad que tienen para demostrarnos que están comprometidos con el Estado de Derecho y la separación de poderes. Su mayor o menor vocación democrática quedará en evidencia si ustedes eligen magistrados independientes, con el mérito, experiencia y preparación que requiere el ejercicio de las más altas magistraturas.

Algunos de ustedes pidieron al gremio de abogados y al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que hicieran bien su trabajo y que, en sus respectivos procesos de elección, realizaran una verdadera depuración de aspirantes, de forma tal que al llegar a la etapa legislativa, los diputados tuvieran mejores alternativas para su elección.

No es factible afirmar que esas primeras etapas salieron completamente bien, sobre todo porque hay asociaciones de abogados que han perdido de vista la responsabilidad constitucional y los principios gremialistas, dejándose absorber por intereses político partidarios, que en sí mismo no deben ser satanizados, pero que de la actividad gremial deben ser completamente expulsados. Y porque en el CNJ si bien se dieron pasos importantes, sobre todo en materia de estructura del proceso y transparencia, la etapa final del proceso no tuvo la claridad que se esperaba ni la profundidad de deliberaciones que el proceso ameritaba.

Pero aún con mucho camino que recorrer, varias asociaciones de abogados, el gremio en general y el CNJ, se ocuparon y preocuparon por comenzar a devolver la credibilidad a este proceso y por llevarles a ustedes, los diputados, un listado de profesionales más depurado.

Se colaron varios que no deberían estar en ese listado, pero esos varios han quedado completamente en evidencia y es seguro que si ustedes quieren hacer bien su tarea, los colados no serán considerados en ningún momento. Así que descartando a quienes ostensiblemente no pueden ejercer el cargo de magistrados, les corresponde ahora a ustedes elegir a los mejores. Por primera vez en mucho tiempo, sorpréndannos de verdad con una elección que tengamos que aplaudir.

Por último, no le den muchas vueltas a la imperativa necesidad de profesionalizar el servicio público. No es posible que cada vez que cambie la presidencia en la Asamblea Legislativa o cada vez que en cualquier institución pública cambie su titular, nos tengamos que estar enterando de contrataciones injustificadas, de salarios que no guardan correspondencia con las responsabilidades asignadas y de reparto de plazas entre personas que no tienen ni la decencia de fingir que las ocupan.

También tienen en sus manos una contribución de sociedad civil que varios de ustedes públicamente dijeron que apoyarían. Aprueben una nueva Ley de servicio público y propicien con ello que poco a poco comencemos a tener mejores funcionarios y empleados públicos que no dependan del mandatario de turno, sino de su capacidad de gestión, administración y ejecución.

Ahí tienen tres tareas cuyo cumplimiento solo dependen de ustedes. Háganlas.

@hsaenzm

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Desafíos para la Asamblea Legislativa 2018-2021. De Claudia Umaña

5 mayo 2018 / El Diario de Hoy

El pasado 1 de mayo tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa y se abren una serie de oportunidades para continuar con el progreso del país; sin embargo, si no se hacen bien las cosas también se vislumbran riesgos que debemos tener en mente.

Lo que ya sucedió. En cuanto al tamaño de la Asamblea, lamentamos profundamente que no se haya escuchado el llamado de la ciudadanía por una Junta Directiva compuesta de siete integrantes. Al hacer una comparación con la Cámara Baja del Congreso alemán, cuya junta directiva cuenta con seis miembros, o en Guatemala, que con 158 congresistas tienen una junta directiva de nueve miembros, llegamos a la triste conclusión de que el caso salvadoreño está desprovisto de criterios de austeridad y ninguna relación costo beneficio.

La fundación DTJ promovió una campaña en la que solicitaba una Asamblea Legislativa que estuviera más cercana a la ciudadanía y que los discursos de austeridad se tradujeran en acciones. La forma en que está compuesta esta Junta Directiva deja mucho que desear, pues no se ha producido una medida específica de transparencia, efectividad y racionalidad, a pesar que estamos en un país con graves problemas en el déficit fiscal. Este órgano del Estado continúa con muchos niveles de opacidad, como por ejemplo: una serie de beneficios injustificados que incluyen innumerables asesores, bonificaciones, etc. Por eso, cuando más adelante se hagan encuestas de opinión a los ciudadanos sobre sus gobernantes, recordemos este caso como uno de los tantos que desencantan y decepcionan.

Lo que falta. Acordar una agenda de desarrollo para el país que además incluya elementos para el fortalecimiento de la institucionalidad. En ese sentido, vale la pena resaltar que se deben de acordar reformas a la Ley de Asocios Público Privados para volverla más eficiente y atractiva a los inversionistas y mejorar el nivel regulatorio para reducir la burocracia; aprobar la Ley de la Función Pública, pues no podemos continuar con la dinámica que trabajar en el Estado es una especie de botín para amigos y favores políticos.

Lo inmediato. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realizará en el próximo mes y en el seno de la Asamblea habrá una negociación muy relevante acerca de que los candidatos sean los idóneos, comprometidos e independientes. Un paso previo y fundamental es la revisión del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, para fortalecer los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, con lo cual se verá el ánimo de negociar bajo reglas de transparencia. Como Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentamos a la anterior legislatura un proyecto de reforma a dicho Reglamento y esperamos que este pueda ser retomado por la nueva legislatura. No solo bastará que reciban los listados que les envíe el Consejo Nacional de la Judicatura esperando que allí se hayan realizado las depuraciones necesarias, sino que también es necesario que se empiecen a generar las condiciones para un proceso transparente de evaluación de los perfiles de candidatos con la intervención de la sociedad civil, a través de una mejora en la calidad de las entrevistas que se harán a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo peor que podría suceder es que este proceso se vaya a dar a espaldas de la ciudadanía y que no se haga una evaluación en profundidad que permita analizar por qué un candidato ha sido seleccionado sobre otro. Los cuerpos colegiados deben poder decidir de forma motivada y documentada.

Desde ya exigimos que la elección no se vaya a dar por cuoteos partidarios sino que sea basada en mérito, en calidad de los profesionales, en su compromiso con una justicia independiente y el servicio a la ciudadanía.

 

“Clases de democracia”. De Ricardo Avelar

19 abril 2018 / El Diario de Hoy

El 6 de enero de este año, en medio de la campaña para las legislativas y municipales, un joven candidato a diputación por el partido ARENA afirmó que había recibido presiones de líderes de su partido por algunas posturas críticas. Sin embargo, no reveló quiénes habían sido estas personas.

Desde que hizo pública esta denuncia, por diferentes vías se le pidió aclarar la identidad de estas personas. No lo hizo. Y el 9 de enero, en este mismo medio publiqué una columna en la que exponía cómo no basta con ser (y mercadearse como) joven, si no estás dispuesto a cambiar algunas prácticas de la política tradicional en El Salvador.

En concreto, si vas a hacer acusaciones, promesas o discursos al aire, pero no estás dispuesto a encarar preguntas de la ciudadanía, no estás mostrando algo diferente. Y ese fue el tema central de mi columna. Invitarle a que aclarara, precisara y acaso mostrara una correspondencia entre el mercadeo de su “frescura política” y su ejecución. Y tampoco lo hizo. Y tras los comicios, no resultó electo, aunque no me consta que sea a raíz de no haberse distanciado de “lo de siempre”.

Pues bien, esas elecciones son historia y estamos a las puertas de que se instale una nueva legislatura. Y como es usual, junto a una nueva conformación de diputados se acerca también la negociación sobre la próxima Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, una estructura codiciada por los partidos por sus beneficios tanto en dinero y especies como por su poder político y administrativo.

Esta directiva lleva varios periodos de tener una cuestionada legitimidad. Primero, pues la presidencia parece haberse convertido en un incentivo para mantener partidos “bisagras” leales al oficialismo. Segundo, porque se aprueban bonos, regalos y hasta onerosas fiestas en tiempos de vacas flacas en las finanzas públicas. Y además porque desde ahí se puede tener en las sombras las contrataciones de activistas, amigos y familiares que engrosan las filas de las bancadas y el personal administrativo.

Por ello, 2018 es una oportunidad de oro para que los diputados demuestren actitudes diferentes. Para que se comprometan con transparencia y uso racional de los fondos. Para que admitan públicamente que las elecciones del 4 de marzo fueron un mensaje de que la población se está hartando de las prácticas corruptas y opacas de siempre. Pero parece que no lo están haciendo.

El 7 de abril de este año, uno de los diputados más votados, René Portillo Cuadra, reaccionó a un tuit del periodista y columnista de este medio, Paolo Lüers. Ante una invitación de Lüers a reducir el número de directivos (actualmente 14), el legislador tricolor contestó: “Es importante reducir el número de directivos, pero más importante es suprimir los beneficios”.

¡He ahí un compromiso! O al menos eso podría pensar uno. En vista de que Portillo Cuadra sentó las bases para una promesa más o menos concreta (reducción de beneficios), decidí lanzarle una pregunta en esa red social: “¿Está dispuesto a comprometerse públicamente con ambos (reducción de directivos y de beneficios)? Y si es así, ¿votaría en contra de un protocolo de entendimiento que no incluya ni reducción de directivos ni beneficios, aun si su partido lo respalda?”.

Con esto, pretendía que el diputado ampliara (como lo hice en enero con Abraham Soto) y que a la población le quede más clara su postura. Esperé una respuesta concreta de su parte, pero esta no llegó. Y bueno, tampoco puedo asumir que soy el tuitero más viral y quizá mi cuestionamiento se perdió entre otros tantos mensajes que el diputado recibe, por lo que aprovecho este espacio para lanzarle nuevamente la pregunta: ¿Se compromete a una reducción de directivos y beneficios? ¿Votaría diferente a su partido si este no asume estas reducciones? ¿Lo denunciaría públicamente?

Hace pocos días, el precandidato presidencial Javier Simán aseguró que ARENA está dando “clases de democracia” al resto de partidos en su proceso interno. Maticemos: puede que sean el partido con la mayor apertura para designar a su candidato, pero si sus líderes y diputados no encaran a la población, servirán de muy poco estas clases.

El balón está en su cancha, diputado Portillo Cuadra. ¿Responderá?

@docAvelar

Carta a los diputados: Dieron cheques en blanco y oxígeno a un gobierno fracasado. De Paolo Luers

Paolo Luers, 10 abril 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimados:
¡Qué espectáculo más vergonzoso puso en escena la Asamblea saliente con la nueva prórroga de las “medidas extraordinarias”!

No me dirijo a los diputados del FMLN y de GANA que defienden estas medidas de Estado de Excepción, unos porque saben que en ellas descansa el funcionamiento de las políticas de seguridad de su gobierno (o sea saben que sin las medidas extraordinarias se quedan sin política); otros porque están de acuerdo, como Guillermo Gallegos, con cualquier medida, por más inconstitucional e inoperante que sea, que convierta las cárceles en un infierno.

Con estos diputados no vale la pena argumentar.

Hablo con los otros (que me consta que son muchos en ARENA y el PCN), que saben que estas medidas a) riñen con la legalidad, con convenios internacionales y con los Derechos Humanos; y b) en dos años no han mostrado ser capaces de disminuir la delincuencia. Pero a pesar de saberlo -e incluso en el debate expresarlo con claridad-, no votaron en contra de una prórroga de 6 meses más. Esto es cobardía.

Las medidas o son legales o no lo son. O son efectivas o no lo son. Si no son ni legales ni efectivos, ¿cómo justificar prorrogarlas, aunque sea para 6 meses? Ustedes mismos reconocen que acaban de aprobar (o por lo menos no votaron en contra) un decreto que ustedes mismos dijeron que riñe con el Estado de Derecho.

Un solo diputado de los 84 votó en contra, obedeciendo a su conciencia y su apego a la legalidad: Johnny Wright Sol. Y este diputado ya no va a estar en la Asamblea que asumirá el 1 de mayo. Muchos de ustedes deben estar felices que este “disidente” ya no estará, porque siempre los pone en situaciones incómodas con su coraje y apego a sus principios.

El argumento que usan para justificar su cobardía es muy flojo: Que no había suficiente tiempo para analizar bien, medida por medida concreta, para decidir cuáles pueden convertirse en ley permanente; cuáles hay que reformular para evitar abusos; y cuáles es justificable mantenerlas temporalmente. Con este argumento, la fracción de ARENA pidió que solo se diera una prórroga de 3 meses, aunque terminaron aceptando el chantaje del gobierno y aceptaron una prórroga de 6 meses.

Pero ustedes han tenido dos años para analizar las medidas y proponer soluciones alternativas que no riñen con la Constitución y los Derechos Humanos. ¿Se han dormido los 2 años, a pesar de que varias instancias de Naciones Unidas les han solicitado una revisión y reforma exhausta del decreto que dio vida a las “medidas extraordinarias”? Entonces, ¿con qué cara dicen que necesitan 3 meses más?

Acaban de darles nuevamente, por 6 meses, un cheque en blanco al gabinete de seguridad para continuar con políticas fracasadas. Acaban de darle oxígeno a un gobierno que trata de ganar puntos con medidas populistas de mano dura. Felicidades.

Por tercera vez aprobaron un decreto que contiene artículos que le dan al gobierno el poder de hacer lo que estime conveniente, suspender derechos por el tiempo que estime necesario, en los penales que decida, sin ninguna supervisión judicial. Esto dice el decreto que ustedes dejaron pasar nuevamente, porque no tienen el valor de rechazar el chantaje del gobierno, por miedo al supuesto “clamor popular”. Y como todo esto es una papa caliente, la pasaron a la nueva Asamblea…

Repito: un espectáculo vergonzoso.
Saludos molestos,

 

 

 

 

Manos sucias. De Erika Saldaña

Es indignante la forma de actuar de los diputados. Así, como quien dice, aquí mando yo y las cosas se hacen como yo digo. Con matonería e indiferencia a lo que piense y diga la ciudadanía.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 24 julio 2017 / EDH

A los diputados se les olvidó una vez más la ciudadanía. En secreto, a puerta cerrada y sin mayor discusión pública, aprobaron las reformas a la Ley de Extinción de Dominio y al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Así, en menos de una hora, debilitaron una ley que ayuda a combatir la corrupción y crimen organizado y aprobaron subir a 50 % el techo de lo que las AFP están obligadas a prestarle al gobierno; o sea, otra vez van a meter mano en nuestro dinero de pensiones.

EDH logVamos por partes. Hicieron varias reformas a Ley de Extinción de Dominio y quitaron elementos importantes de esta normativa que hará que la Fiscalía la tenga cuesta arriba en la incautación de propiedades que se sospeche son de origen ilícito. Las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, lejos de fortalecer el trabajo contra la impunidad, amarra a la FGR en el impulso de estos casos; se le resta autonomía al proceso y se incluyen tiempos de prescripción inusuales para leyes de este tipo. La FGR solo tendrá un año para investigar y si no logra esclarecer el caso en ese tiempo se ordenará darlo por cerrado con efectos de cosa juzgada. Increíble, inédito y sospechoso. ¿Qué intereses están defendiendo los diputados? Pareciera que quieren que las investigaciones se hagan contrareloj y así incrementar posibilidad de que estas no progresen.

Con la decisión de aumentar del 45 % al 50 % la cantidad de fondos que las AFP están obligadas a comprar en certificados al Gobierno, lo que han hecho es retrasar la discusión sobre una reforma integral al sistema de pensiones. Es decir, tiraron el problema hacia adelante y que sea otro Gobierno y otra Asamblea quienes lo resuelvan. Mientras eso sucede los ahorros de los trabajadores pierden rentabilidad, ya que el fideicomiso obliga a la compra de deuda gubernamental que paga intereses bajísimos; podríamos tener más rentabilidad si ese dinero se invirtiera en otros mercados. Esta reforma le da unos 500 millones de dólares más al Gobierno, los cuales aplacarían el problema de pago unos 18 meses. El 2018 será año preelectoral y nadie querrá asumir el costo político de una reforma necesaria; probablemente tampoco se produzca la reforma y se tire la pelota nuevamente a 2019.

Sumémosle a lo anterior: es indignante la forma de actuar de los diputados. Así, como quien dice, aquí mando yo y las cosas se hacen como yo digo. Con matonería e indiferencia a lo que piense y diga la ciudadanía. En menos de una hora se cambió la agenda, se solicitó dispensa de trámite, se leyeron y se aprobaron las reformas. Así, como si nada, los diputados mostraron que no les interesa que una reforma sea discutida amplia y técnicamente; y que tampoco les importa lo que usted y yo pensamos.

Del FMLN hay cosas que no sorprenden ni extrañan. El incuestionable temor reverencial de sus diputados hacia la cúpula no les permite votar de otra forma que no sea en bloque, sin mayor discusión y sin posibilidad de disentir. Tampoco extraña que sus simpatizantes no cuestionen sus decisiones, pues ya se acostumbraron a consentir lo que el partido decida; todavía hay personas que le creen a la cúpula cualquier cosa, porque tienen en la cabeza que el enemigo siempre es la derecha oligárquica y no las malas decisiones que toman como partido.

¿Y ARENA como oposición? Creo que es más eficiente una piedra. No votaron, no pidieron la palabra y no dijeron absolutamente nada de las reformas. En otras ocasiones le han dado de golpes a sus curules, han llevado megáfonos y han hecho todo lo posible por hacerse escuchar. Esta vez, al no oponerse a las propuestas, implícitamente aceptaron su contenido. Al no votar demostraron su indiferencia a la opinión pública y el poco respeto que le tienen a la inteligencia de sus votantes; ni siquiera se tomaron la molestia de pedir la palabra para oponerse a la votación. Así no se hace oposición; renunciaron a representar a los indignados por las reformas y a los que votaron por ellos.

Estas reformas de la Ley de Extinción de Dominio y al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales ahora van al escritorio del presidente. Por acción u omisión, los diputados ya tienen las manos sucias. Señor presidente, no se ensucie las suyas. Vételas.

Fondos públicos que nadie controla. De Humberto Sáenz Marinero

Se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen por qué es que se ha elegido a esas entidades.

Humberto_Saenz_MarineroHumberto Sáenz Marinero, 3 enero 2017 / EDH

Poco a poco nos hemos ido enterando de una práctica que se ha venido enquistando en la Asamblea Legislativa; una de esas tantas malas prácticas que no puede continuar acuerpándose en el insensato argumento de que “eso siempre se ha hecho así y nadie ha dicho nada”.

La Asamblea Legislativa ha venido incluyendo en su presupuesto una millonaria partida que está destinada a financiar supuestas actividades de asociaciones, fundaciones y universidades. Parto por señalar que estoy convencido de que, en algunos de esos casos, las entidades que han recibido los fondos públicos han hecho un adecuado uso de ellos y que los fines son loables; pero no es ese el punto.

diario hoyEl punto es en realidad más sencillo y pasa por preguntarse ¿por qué la Asamblea Legislativa tiene que estar realizando estas donaciones? Personalmente no encuentro ninguna justificación ni habilitación legal para que sea este el mecanismo a utilizar para destinar fondos públicos a entidades privadas, pero asumiendo – sin conceder – que alguna justificación existe, no cabe duda que el procedimiento de asignación de fondos públicos debe realizarse dentro de un proceso completamente transparente y estructurado de manera tal, que se elimine la discrecionalidad con la que hasta la fecha se han venido repartiendo esos fondos.

A la fecha, se han asignado cantidades importantes de dinero a entidades con evidentes vínculos formales y reales con algunos de los legisladores, sin que estos expliquen a la ciudadanía por qué es que se ha elegido precisamente a esas entidades y no a otras.

Con lo poco que ya conocemos, los conflictos de interés saltan a la vista y vuelven ostensible el hecho de que este mecanismo alienta el clientelismo político, resta independencia a los destinatarios de los fondos y genera especulaciones adicionales en el delicado tema del financiamiento de los partidos políticos.

Todavía más grave, la Asamblea Legislativa no ejerce ningún tipo de control sobre los fondos así repartidos, llegando hasta el colmo de que algunos diputados han dicho que ni siquiera sabían de su existencia, a pesar de que lo han venido aprobando año con año.  Que no conozcan ni lo que aprueban dice mucho del trabajo legislativo.

Insisto en que no encuentro justificación ni habilitación legal para que la Asamblea esté repartiendo estos fondos, pero, como mínimo, si la intención es continuar con esa práctica, tal actividad debería pasar por una licitación o concurso que permita una mejor asignación de estos. Con claros términos de referencia, las entidades que requieren de financiamiento público, tendrían que explicar con detalle por qué requieren de esas cantidades de dinero, cuáles serán las actividades para las que destinarán las mismas y cuáles serán los resultados medibles que se esperan.
Y con claros términos de referencia, la Asamblea Legislativa tendría que tomar sus decisiones apegadas completamente a ellos dejando de lado preferencias partidarias o compromisos políticos.

En todo eso asusta que la Corte de Cuentas de la República se haya mantenido completamente omisa todos estos años, y que no haya sido sino hasta ahora que reaccionen ante el pedido de fiscalización hecho por representantes de Acción Ciudadana.

Hemos escuchado de algunas propuestas que pretenden introducir reformas legislativas para que la Corte de Cuentas audite estos fondos; pero lo cierto es que la normativa actual ya establece esa facultad que incluso deviene en una obligación. Es nuestra Constitución la que impone a la Corte de Cuentas la obligación de vigilar la erogación de los fondos públicos, así como la fiscalización de la gestión económica de cualquier entidad que reciba fondos del Estado, con lo cual no hay necesidad de esperar una reforma legislativa para que la Corte de Cuentas haga lo que le corresponde hacer.

¿Qué es lo que están haciendo estas entidades? ¿De verdad están realizando obras de beneficio para las comunidades? ¿A quién le rinden cuentas? ¿A quién le informan si lograron cumplir con sus objetivos? ¿Quiénes trabajan en esas entidades y qué vínculos tienen con sus donantes? Son preguntas cuya respuesta no conocemos porque las instituciones que deben vigilar, no lo han hecho.

Como en muchos otros problemas que aquejan a nuestro país, en este caso ha tenido que ser la sociedad civil y el periodismo investigativo los que han tenido que suplir las deficiencias y desidia institucional, pero aún es tiempo para que los funcionarios que se encuentran al frente de la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y Tribunal de Ética Gubernamental sancionen y corrijan este yerro que se viene cometiendo desde hace varios años. Les estamos esperando.

Asamblea regala medio millón de dólares a asociación de esposa de Guillermo Gallegos. El Faro

La Asamblea Legislativa que ahora preside Guillermo Gallegos concedió en los últimos dos años 550 mil dólares del presupuesto general de la nación a una asociación fundada por la esposa del legislador. APDEMES, actualmente presidida por una asesora de Gallegos, se benefició de un mecanismo discrecional de asignación de recursos en el que él mismo participó con su voto. La asociación asegura que ha usado el dinero en un programa de prevención de violencia en siete municipios, pero las siete municipalidades dicen nunca haber sabido nada de dicho programa.

Guillermo Gallegos ingresa al edificio de la Asamblea Legislativa en su primer día como presidente del órgano legislativo, en cumplimiento a un pacto firmado al inicio de la legislatura 2015-2018 con el FMLN, y en el que ambos partidos se repartieron medio término. Gallegos sustituye en el cargo a Lorena Peña, y presidirá en los próximos 18 meses. 8 de noviembre del 2016. Foto: Fred Ramos

Guillermo Gallegos ingresa al edificio de la Asamblea Legislativa en su primer día como presidente del órgano legislativo, en cumplimiento a un pacto firmado al inicio de la legislatura 2015-2018 con el FMLN, y en el que ambos partidos se repartieron medio término. Gallegos sustituye en el cargo a Lorena Peña, y presidirá en los próximos 18 meses. 8 de noviembre del 2016. Foto: Fred Ramos

Daniel Valencia, Gabriel Labrador, Jimmy Alvarado, Sergio Arauz y Nelson Rauda, 29 noviembre 2016 / EL FARO

El pasado 4 de octubre de 2016, Julia Nora Romero de Gallegos, esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, logró que un pickup que había sido comprado con fondos públicos pasara oficialmente a sus manos. El vehículo había sido importado en 2010, nuevo, con un precio de 19 mil 703 dólares. El 15 de enero de 2015, cinco años más tarde, la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), fundada por ella, había pagado por el vehículo más del doble de ese precio.El diputado Gallegos, que es fundador del partido Gana, ayudó a que el Estado entregara entre 2015 y 2016 más de medio millón de dólares a APDEMES, una asociación fundada en 2008 por la cual han desfilado, además de su esposa, un puñado de amigos y asesores de Gallegos, fundadores del partido Gana y candidatas a diputadas del partido naranja. Julia de Gallegos es actualmente vicepresidenta de la junta directiva.El presidente de la Asamblea afirma que desconocía que su esposa y sus asesores estaban detrás de esta asociación, que argumenta que recibió esos fondos públicos para desarrollar trabajos de prevención de violencia en siete municipalidades de El Salvador. Ninguna de esas siete alcaldías dice haber visto o tener constancia del trabajo de APDEMES.El 20 de noviembre de 2014, APDEMES fue incluida en el dictamen 359 que dio vida al presupuesto general del año 2015. Se trataba de una práctica habitual: la Comisión de Hacienda incluye cada año en el presupuesto partidas de fondos para que se entreguen de forma directa a organizaciones privadas, y da forma legal a esa práctica al votar en plenaria el presupuesto, puesto que este se convierte automáticamente en Ley de la República. No hay convocatoria pública previa. No hay reglamento que avale esa asignación de fondos ni requisitos técnicos por escrito que regulen a quién se otorga ese dinero.En ese reparto discrecional de fondos públicos, Gallegos firmó y votó por ese dictamen en el que la Asamblea ordenó al Ministerio de Hacienda que entregara dinero a APDEMES a través de una partida diseñada para entidades privadas. La asignación aprobada esa vez fue de 250 mil dólares. Dos meses más tarde Ana Dolly Valiente, asesora del diputado Gallegos y a la vez actual presidenta de la junta directiva de la asociación, utilizó parte de esos fondos, 45 mil 500 dólares, para comprar un pickup Hilux año 2010, 4×4, doble cabina, gris claro, según consta en un informe presentado por APDEMES al Ministerio de Hacienda en diciembre de 2015.

Consultada por El Faro, la presidenta de APDEMES dice que el pickup era necesario “para mover gente” y ejecutar siete proyectos de prevención de la violencia en siete municipios del departamento de San Salvador. El pasado 10 de octubre, el pickup pasó a manos de la esposa del presidente de la Asamblea. Sobre el cambio de propietario, la presidenta de la asociación y asesora de Gallegos dice no estar informada. Cuando se le pregunta por qué compró el pickup a un precio que duplicaba el que el vehículo tenía cuando se importó nuevo, lo que responde es que agradece que se le ilustre sobre los precios de mercado de los automotores.

—Aquí lo que hay es un desconocimiento mío, vea, que pude haberme comprado uno nuevo… Mire, usted me está ilustrando.

—¿Y por qué el vehículo ya no está a nombre de APDEMES?

—Voy a tener que preguntarle al contador por qué. Esta información me sirve.

—¿Usted compró el vehículo y no sabe por qué no está a nombre de la asociación?

—Es que no me cuidé de hacer las debidas transferencias. Pero es algo que ahorita mismo se puede corregir.

El Faro entrevistó a siete diputados de la Comisión de Hacienda y a tres asesores de comisiones de trabajo de la Asamblea; revisó documentos oficiales de la Asamblea, de los ministerios de Hacienda y Gobernación, del Registro Público de Vehículos, del Centro Nacional de Registros y del Tribunal Supremo Electoral. Este periódico visitó además los siete municipios en los que APDEMES asegura haber realizado proyectos de prevención de la violencia, y habló con cuatro coordinadores de proyectos de prevención, con dos alcaldes y obtuvo siete respuestas oficiales vía ley de acceso a la información. En esos municipios no hay ningún rastro del trabajo de APDEMES.

El presidente de la Asamblea, que tomó el cargo el 8 de noviembre pasado, asegura que él no hizo ninguna solicitud en favor de APDEMES, y que si votó en la Comisión de Hacienda a favor de esos desembolsos, y en plenaria para ratificarlos, fue porque él no estaba informado de que su esposa perteneciera a dicha organización.

Sin información que diera certezas sobre el uso del primer cuarto de millón de dólares, APDEMES regresó a la Asamblea a finales de 2015 a solicitar más dinero. El 26 de noviembre de ese año la Comisión de Hacienda, de la cual Gallegos era vocal, le aprobó un segundo desembolso, pero esta vez incrementado hasta los 300 mil dólares. La asignación de fondos de nuevo fue ordenada a través del presupuesto del Ministerio de Hacienda, y Gallegos, de nuevo, firmó a favor el dictamen y votó a favor en el pleno.

 

El primer desembolso para la asociación ocurrió el 27 de enero de 2015, casi dos semanas después de que Ana Dolly Valiente comprara un vehículo usado a precio de nuevo por 45 mil dólares. Cheque obtenido del Ministerio de Hacienda mediante la ley de acceso a la información pública. 

El primer desembolso para la asociación ocurrió el 27 de enero de 2015, casi dos semanas después de que Ana Dolly Valiente comprara un vehículo usado a precio de nuevo por 45 mil dólares. Cheque obtenido del Ministerio de Hacienda mediante la ley de acceso a la información pública.

Fundadores de Gana, fundadores de APDEMES

El 29 de octubre de 2008, Julia Nora Romero de Gallegos fundó APDEMES junto a tres empleados de la Asamblea Legislativa: Mario Itamar Escobar Escobar, asesor de Gallegos -que en aquellos días era jefe de fracción del partido Arena-; José Luis Duque, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) de la Asamblea; y Daysi Girón, la tercera al mando en la UACI dirigida por Duque. Entre los fundadores también figuró la esposa del jefe de la UACI, Sandra Esther Ventura de Duque. El acta de fundación fue firmada ante los oficios de otra empleada de la UACI en la Asamblea, la notaria Liliana María Valladares.

“Siempre hemos tenido un fin en común: beneficiar y fortalecer municipalidades, pues ahí creemos que está el desarrollo económico”, responde Duque cuando se le pregunta cómo idearon el surgimiento de la asociación, junto a la esposa de su jefe.

En la primera junta directiva, Duque asumió como presidente y la esposa de Gallegos como vicepresidenta. Cinco meses después, ya en 2009, la esposa de Gallegos vendió a los esposos Duque un palco y un estacionamiento en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Desde hace siete años, según se recoge en los servicios clasificados de venta de propiedades, los precios de esos palcos han oscilado entre los 15 mil y los 45 mil dólares, dependiendo de la ubicación y del número de asientos. Los esposos Duque obtuvieron el palco 449, sexto piso, zona norte –junto al parqueo H465- por 1,312 dólares, según el Registro de Propiedades.

Cuando se le pregunta a Duque el origen de la relación entre él y los esposos Gallegos, responde: “Esos son asuntos personales”. Cuando se le pregunta al diputado Gallegos si Duque es su amigo, responde: “Tengo 16 años de ser diputado en la Asamblea y he logrado crear amistad con algunos empleados”.

Entre 2008 y 2014, APDEMES reportó a Gobernación su inscripción como asociación, pero nada más. Contrario a lo que dispone la ley, no presentó balances ni actualizaciones de su junta directiva.

El 18 de octubre de 2014, un mes antes de que obtuviera su primer cuarto de millón de dólares en la Asamblea, Ana Dolly Valiente, la otra asesora de Gallegos, fue elegida como nueva presidenta de APDEMES. Esa acta sí fue inscrita en Gobernación, el 12 de enero de 2015, tres días antes de la compra del pickup año 2010. En esa junta directiva Julia Nora Romero de Gallegos repitió como vicepresidenta y el asesor de Gallegos Itamar Escobar repitió como vocal. Entraron como nuevos integrantes la secretaria de la asociación, Sonia Maritza López Alvarado, y el tesorero Juan Carlos Cerón Flores.

Las cinco personas tienen la etiqueta de Gana. En enero de 2010, Julia de Gallegos, Itamar Escobar y Juan Carlos Cerón Flores se convirtieron, junto a Gallegos, en miembros fundadores del partido, según consta en el acta de fundación inscrita ante el Tribunal Suprema Electoral. En 2012, Sonia Maritza López Alvarado y Ana Dolly Valiente fueron candidatas a diputadas de Gana, pero ninguna ganó el escaño.

 

El jefe de la UACI, Duque, asegura que junto a su esposa renunciaron a la asociación en 2014, cuando fue nombrada la nueva directiva, y que él no tuvo nada que ver con la petición de fondos de APDEMES a la Asamblea. Afirma que la hizo la directiva sucesora. “Nosotros nos retiramos. No he administrado esos fondos. Estoy casi 100 % seguro de que nuestro presidente (Gallegos) ni cuenta se daba de esto, de que había una oenegé”, dice Duque.

Duque dio una entrevista a El faro acompañado por sus asesoras, por la fundadora de APDEMES Daysi Girón, y por la notaria ante quien fue fundada la asociación, Liliana María Valladares. Cuando se le preguntó en qué fecha renunció dice no recordarlo. Daysi Girón también dice que se desvinculó de la asociación en 2014, y que tiene consigo las cartas de renuncia que lo prueban. Sin embargo, al siguiente año, en enero de 2015, fue Daysi Girón quien tramitó ante Gobernación la inscripción de la nueva junta directiva.

Hasta noviembre de 2016, Gobernación no tiene registro de la desvinculación de los fundadores, incluida la esposa del presidente de la Asamblea. “La vicepresidenta… esa persona que usted me dice, ya no está en la asociación”, dijo Ana Dolly Valiente el martes 8 de noviembre cuando se le preguntó por Julia Nora Romero de Gallegos. Pidió una semana de plazo para mostrar la documentación que probaba el retiro de la esposa de Gallegos. Vencido el plazo, El Faro le hizo ver que, lejos de retirarse, Julia Nora Romero de Gallegos fue nombrada vicepresidenta de APDEMES para el período del 18 de octubre de 2014 al 18 de octubre de 2017. Sobre la documentación que podría probar lo contrario, Valiente se excusó por no presentarla: “Se ha perdido el libro de actas. Me han dicho que se extravió. Es de las cosas que cuando asumí como presidenta intenté cambiar”, dijo.

A pesar de estas anomalías, a APDEMES no le ha ido mal ante la Asamblea Legislativa, que cada año presenta a Hacienda una lista de organizaciones privadas que recibirán fondos públicos. Según la Ley de Fundaciones y Asociaciones sin Fines de Lucro, APDEMES debía mantener registros actualizados ante Gobernación. En 2014, cuando la Asamblea Legislativa la incorporó en el presupuesto para otorgarle un cuarto de millón de dólares, APDEMES no había presentado a Gobernación ni siquiera su información contable correspondiente a 2009. El 8 de junio de 2015, siete meses después de recibir el beneficio legislativo, entregó de una vez la información de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Negociaciones bajo la mesa

La decisión de qué institución particular recibirá fondos públicos es, en esencia, de los diputados, no del Ministerio de Hacienda.

El 20 noviembre de 2014, la Comisión de Hacienda, de la cual el diputado Gallegos es vocal, aprobó el dictamen 359 que contenía la ley del presupuesto general para el año 2015. La Asamblea repartió 24.2 millones de dólares entre una larga lista de beneficiarios privados, entre los cuales se coló APDEMES con 250 mil dólares. El dinero salió de recortes que se hicieron a las partidas del Ministerio de Hacienda y del Órgano Judicial.

El segundo cheque para la asociación fundada por la esposa del diputado Gallegos también fue entregado a la actual presidenta de la junta directiva de Apdemes, Ana Dolly Valiente, asesora del diputado Gallegos. Fuente: cheque entregado por el Ministerio de Hacienda a través de la ley de acceso a la información pública. 

El segundo cheque para la asociación fundada por la esposa del diputado Gallegos también fue entregado a la actual presidenta de la junta directiva de Apdemes, Ana Dolly Valiente, asesora del diputado Gallegos. Fuente: cheque entregado por el Ministerio de Hacienda a través de la ley de acceso a la información pública.

Un asesor técnico al servicio de la Asamblea que conoce del proceso para decidir qué personas jurídicas privadas recibirán fondos públicos, dice que en la mayoría de casos –“no de todas las instituciones”- las negociaciones tienen detrás un interés personal de los diputados y que los votos para aprobar el presupuesto general de la nación, de interés máximo para el partido en el gobierno, son una moneda de cambio. “¿Por qué se aprueba a última hora ese dictamen, en el que van incluidas esas asociaciones?”, se pregunta. “Porque ahí se resuelve esta ecuación: ‘resolveme este problemote (votos para el presupuesto general) y yo te resuelvo este problemita (votos para la asociación de tu preferencia)’”.

Tres técnicos de la Asamblea que accedieron a hablar con El Faro bajo condición de anonimato plantean estos requisitos para que las asociaciones que llegan a pedir fondos sean tomadas en cuenta. La primera es que la petición de fondos conste en una carta. La segunda, que esa carta termine en manos de la presidencia de la Comisión de Hacienda. Pero para que esto último ocurra hace falta andar uno de tres caminos posibles: que la carta llegue como correspondencia oficial a la Asamblea, lo que precisa del apoyo de uno o varios diputados, o que la moción sea de una bancada legislativa ante la comisión, o que un diputado haga la petición ante la comisión. Eso, sin embargo, no garantiza nada: es fundamental que un legislador hable al oído de la presidencia de la comisión para que esta incluya a la organización apadrinada en una lista elaborada, aseguran los técnicos, de forma discrecional. “La lista se completa fuera de la comisión entre los interesados y el presidente de la comisión. El Ministerio de Hacienda ni siquiera es consultado, solo informado de que así van esos repartos”, dice uno de los técnicos.

Los tres técnicos coinciden, además, en que nadie revisa estatutos, juntas directivas, y mucho menos una carpeta técnica de los proyectos para los cuales se pide dinero. “¿Una revisión de qué?”, pregunta uno de ellos. “¿Se imagina todos los cálculos que se deben hacer para cuadrar todo el presupuesto del Estado? Y más aún cuando esa lista se define hasta último momento. ¿Usted cree que va a dar tiempo para salir corriendo a ver si la documentación está en regla?”

En el dictamen para la Ley de presupuesto de 2015, la Comisión de Hacienda dispuso que la entrega de fondos a APDEMES se canalizara por medio del Ministerio de Hacienda. El Faro pidió al Ministerio que entregara copia de las solicitudes de fondos públicos para APDEMES, y obtuvo respuesta el 22 de septiembre de 2016: Hacienda nunca recibió por escrito peticiones de fondos ni sometió a consideración de la Asamblea apoyo para APDEMES. La Dirección General de Presupuesto y los departamentos de Presupuesto y Tesorería Institucional coincidieron en que carecían de peticiones por parte de APDEMES.

Gallegos dice que no sabía de su esposa

¿Cómo llegó a pedir dinero APDEMES a la Asamblea? Ana Dolly Valiente responde que en su calidad de presidenta de la asociación recibió la orden de tramitar ayuda ante la Comisión de Hacienda. “Hay lineamientos que yo sigo, y ese fue uno de ellos: que para contar con ayuda del gobierno teníamos que seguir ese conducto”, dice. Valiente niega que Gallegos haya sido quien intercedió ante la comisión para que APDEMES recibiera los recursos. “No, para nada…”

¿Cómo se puede colar a los diputados de la Comisión de Hacienda una asociación que tiene un cordón umbilical legislativo como el de APDEMES y obtener fondos públicos tramitados por los diputados? El Faro consultó a algunos legisladores y estos sacaron balones de su cancha para lanzarlos al campo de los asesores técnicos de la comisión:

—Yo no lo sabía –dice el diputado pecenista Francisco Merino, uno de los legisladores de la Comisión de Hacienda que firmaron el dictamen.

—Me cuesta creerle que ningún diputado se dio cuenta de esto.

—Si me dices “¿Los engancharon?” yo no tengo pena en decir sí, me engancharon. Lo que sí te quiero decir es que si me demostrás que me engancharon, yo voy en contra de los técnicos.

—¿Ve una irregularidad en este caso?

—Cuando alguien tiene pruebas, si es delito se tiene que ir a la Fiscalía, no a la Asamblea. El camino correcto es Fiscalía porque es un hecho consumado.

El diputado Rolando Mata, del FMLN, también apunta a los asesores técnicos.

—¿Los diputados no alcanzan a ver qué es lo que están firmando y a quién le están dando plata de los contribuyentes? –le preguntó El Faro.

—No es que no alcanzamos. Sencillamente, son los técnicos asignados a la comisión los que se encargan de revisar la legalidad de todos los acuerdos.

—¿Quiere que le crea que unos técnicos, subalternos de diputados, le metieron gol a la Comisión?

—Por eso le digo: si usted afirma eso podría ser… Sería bueno conocer los resultados para corregirlos.

El diputado Guillermo Gallegos, que conducirá la Asamblea hasta el 30 de abril de 2018, ha prometido que bajo su administración recortará gastos en la institución y que la transparentará.

El político de Gana respondió poco antes de asumir la presidencia del Órgano Legislativo, que no sabía si hubo una petición directa hacia él para interceder por APDEMES, y que tampoco sabía si él firmó el dictamen para otorgarle fondos públicos. “Se hace la solicitud directamente a la Comisión de Hacienda, y en todo caso a la presidenta Lorena Peña. Yo no firmo ni solicito nada directamente y es la comisión en conjunto la que asigna los fondos”.

Cuando El Faro le preguntó sobre la relación de su esposa con una asociación que, con votos suyos, ha recibido 550 mil dólares de fondos públicos en los últimos dos años, alega que ignoraba esa relación.

—No estoy al tanto de si mi esposa pertenece a esta asociación. Como abogada pertenece a diferentes asociaciones, gremios, y participa en diferentes actividades. Tendría que consultar con mi esposa si ella pertenece a esta asociación.

—¿Cómo se le puede pasar por alto que va a firmar un dictamen que favorece a una asociación fundada por su esposa?

—Nosotros no recibimos las juntas directivas de las asociaciones. Solo mandamos a pedir que estén inscritas y que aparezcan en el Diario Oficial. Al final, quien nos da esa información de que está legal es el técnico jurídico.

—Su asesora legislativa también está en la asociación.

—No sé. Desconozco de esa asociación. Primera vez que escucho de ella.

—Ana Dolly Valiente es la presidenta de la asociación.

—Ella trabaja conmigo, pero desconozco. Mi esposa y ella son abogadas y desconozco si tienen una asociación.

—Es extraño, diputado, que diga que desconoce que su esposa y su asesora…

—Es que no puedo saber. Y solo digo la verdad: desconozco, no sé si ellas tienen está asociación.

El artículo 27 del reglamento de la Asamblea establece que está prohibido para un diputado “participar en la toma de decisiones, cuando exista interés directo para él o para sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Gallegos considera que no ha habido ninguna ilegalidad en la asignación ni en el proceso para otorgar fondos públicos a APDEMES.

En 2015, la asociación recibió un cuarto de millón de dólares vía presupuesto general de la nación. En el presupuesto general de la nación 2016, el diputado Gallegos y la Comisión de Hacienda de la Asamblea autorizaron otros 300 mil dólares para Apdemes. De estos, Hacienda reporta la entrega de $100 mil a favor de Apdemes. 

En 2015, la asociación recibió un cuarto de millón de dólares vía presupuesto general de la nación. En el presupuesto general de la nación 2016, el diputado Gallegos y la Comisión de Hacienda de la Asamblea autorizaron otros 300 mil dólares para Apdemes. De estos, Hacienda reporta la entrega de 0 mil a favor de Apdemes.

El Faro consultó los expedientes que contienen las leyes de presupuesto de la nación de 2015 y 2016. APDEMES está entre las numerosas asociaciones beneficiadas de las que no consta petición alguna ante la Asamblea Legislativa, pero en otros casos sí consta el trámite. Por ejemplo, a través del ramo de Educación, los diputados otorgaron 382 mil dólares para la Fundación Padre Arrupe, que con 20 años de servicio pidió fondos para sostener un proyecto de becas para 850 estudiantes de escasos recursos. Esta Fundación envió su petición el 14 agosto de 2014, y en su expediente presentó cartas de apoyo de cuatro alcaldías y más de mil firmas de respaldo de padres de familia.

La diputada Lorena Peña explicó a El Faro que la ausencia del expediente de APDEMES es un descuido, pero que ella sí tiene toda la documentación en sus archivos, y pidió que se le busque posteriormente para entregarla. “Todo eso tiene respaldo y se vota públicamente”, dijo Peña. “Y si se vota públicamente es para que todo mundo sepa. Se va en el dictamen con nombre y apellido”.

—¿El diputado Gallegos tramitó esa solicitud?

—No recuerdo, pero podemos verlo en un futuro.

Cuando se le preguntó cómo fue posible que la comisión votara a favor de una asociación vinculada a Gallegos, ella respondió que no encontró ninguna inhabilitación legal. “Cuando tuve a la vista la junta directiva no había ningún lazo de consanguinidad ni de afinidad con ningún directivo”.

—La esposa del diputado Gallegos aparece como vicepresidenta.

—Hay un equipo que revisa y a lo mejor ellos no cachan. Yo no sé cómo se llama la esposa del diputado Gallegos.

—En la municipalidades en las que APDEMES dice haber trabajado no hay rastros de sus proyectos. Con el dinero de 2015 APDEMES compró un vehículo a precio inflado y este terminó luego en poder de la esposa del diputado Gallegos. Agreguemos que el Ministerio de Hacienda no ha fiscalizado las liquidaciones que hizo APDEMES.

—No me consta lo que usted me dice, pero cada ministerio debe ser más estricto a la hora de pedir las liquidaciones.

—¿No debería ser más estricta la comisión: ‘Enseñame lo que decís que vas a hacer, en qué gastaste lo que te dí, para que yo como diputado pueda tomar una mejor decisión’?. Es decir: ¿cuáles son los criterios para decirle sí a unas y no a otras?

—Sí, ahí algo nos ha faltado, porque eso que usted me está diciendo, de ser cierto, es complicado. Porque no es así la cosa, pues. Yo puedo entender que digan que se rebuscaron y por eso una escuelita tuvo techo, vaya. A eso no le veo problema. Pero sí miraría problema si las cosas no se hacen. O sea que ahí como que algo sí nos falta.

—¿Qué falta?

—Deben ser perfeccionados los mecanismos de asignación. A lo mejor va haber que poner un requisito de liquidación, quizá va a ser necesario un reglamento como el que hay para las exoneraciones de impuestos. Algo se me va a ocurrir para este presupuesto (2017).

—¿Eso eliminaría la discrecionalidad con la que parece que han estado estado asignando estos fondos?

—No es que se vaya a hacer para que no parezca una decisión discrecional, eso ayudaría a que el destino de los fondos se cumpla.

—El reglamento de la Asamblea establece una prohibición a los diputados: que no pueden participar en decisiones que les favorezcan o que favorezcan a parientes cercanos, y el diputado Gallegos apoyó el dictamen para favorecer a APDEMES. ¿Este caso debe ser investigado?

—En dado caso ocurriera un beneficio familiar, pero hasta ahora no había computado ningún beneficio familiar… Tenemos una comisión de ética que es la que revisa esos casos.

El dictamen 359, que contenía un cuarto de millón para la APDEMES fue elevado a votación en el pleno en la tarde del 20 de noviembre de 2014, el mismo día en que salió de la Comisión de Hacienda. El dictamen fue aprobado con 49 votos, y el primer diputado en pedir la palabra después de la votación fue el entonces vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos. Encendió su micrófono y, emocionado, dijo: “¡Misión cumplida, El Salvador!”

Cero rastros en siete municipios

El jueves 3 de diciembre de 2015, más de un año después de haber sido favorecida por la Asamblea con medio millón de dólares, APDEMES rindió cuentas ante el Ministerio de Hacienda. Pero rendir cuentas, en realidad, es demasiado decir. En una nota publicada en la página oficial del Ministerio, el 3 de diciembre de 2015, se cuenta que “En el caso de APDEMES, realizaron programas de prevención contra la violencia en siete municipios de San Salvador”.

La historia de esos programas de prevención contra la violencia de los que habla APDEMES comenzó así: once meses antes de la rendición de cuentas, en una carta fechada el 13 de enero de 2015 y dirigida a la Dirección Financiera, Ana Dolly Valiente solicitó en nombre de la asociación los 250 mil dólares otorgados mediante el dictamen 359 y el decreto legislativo número 866 del 20 de noviembre de 2014.

Dos días más tarde, el 15 de enero de 2015, Ana Dolly Valiente firmó ante un notario la compraventa por 45,500 dólares de un pickup Hilux gris claro a un precio dos veces arriba del precio original. Para entonces, APDEMES aún no había recibido el desembolso de Hacienda.

Guillermo Gallegos junto al presidente Salvador Sánchez Cerén durante la sesión solemne en la que fue juramentado como nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Salón Azul del órgano legislativo. 10/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

Guillermo Gallegos junto al presidente Salvador Sánchez Cerén durante la sesión solemne en la que fue juramentado como nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Salón Azul del órgano legislativo. 10/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

La Dirección Financiera de Hacienda libró a favor de APDEMES un cheque por 125 mil dólares del estatal Banco Hipotecario el 27 de enero de 2015. Dado que la compraventa ocurrió 12 días antes antes de haber recibido el primer desembolso, El Faro preguntó a Ana Dolly Valiente con qué fondos adquirió Apdemes ese vehículo, pero ella insiste que se pagó con los fondos públicos otorgados por ese ministerio. “Hay un respaldo, pues. (El precio) lo analizamos en una junta directiva, ¿verdad’. Recuerde que solo soy representante, y son acuerdos que se toman”. El 20 de febrero, Hacienda libró un segundo cheque por 50 mil por medio del mismo banco; y un mes después libró un tercer cheque por 75 mil dólares. Todos fueron emitidos en favor de Ana Dolly Valiente.

Desde finales de 2008, APDEMES ha dado tres direcciones de sus oficinas. En 2015 y 2016, Apdemes dijo a Hacienda que el lugar de contacto con la Asociación era una pequeña oficina en un edificio de la 29 avenida norte, cerca de la “colonia médica”, en la capital. El Faro visitó el lugar pero ahí no hay rastros de la asociación. “Es que ya no estamos ahí”, dice la presidenta, que se niega a revelar la nueva ubicación. El Faro visitó la primera dirección postal de la asociación y resulta que esta es la casa de habitación del jefe de la UACI. En 2015, APDEMES dejó pistas de una dirección más, en la residencial Altamira, pero en ella tampoco hay rastros de ninguna asociación. El contrato de arrendamiento de esa casa forma parte de los documentos que Ana Dolly Valiente presentó a Hacienda.

Entre la información con que APDEMES liquidó a Hacienda los fondos recibidos hay unos miles de dólares respaldados con recibos simples en concepto de pago de viáticos. Ese informe es una carpeta titulada “APDEMES Informe 2015”, en la cual la asociación explica que llevó a cabo un “programa de prevención contra la violencia en los municipios de Apopa, Ciudad Delgado, Ilopango, Mejicanos, San Marcos, San Salvador y Soyapango”. Según la asociación, 175 mil dólares fueron destinados a la implementación de ese programa, pero en el informe presentado a Hacienda no hay más detalles.

El Faro consultó a Ana Dolly Valiente por qué en el informe no hay detalles sobre el programa ejecutado presuntamente en siete municipios. “A ver, a ver: fíjese que es un informe oficial, y si usted no le da credibilidad a algo oficial, de veras que yo ya ahí estoy fuera de todo eso…”

Este periódico consultó a las alcaldías de San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, San Marcos, Apopa, Soyapango e Ilopango si entre enero de 2015 y septiembre de 2016 colaboraron con APDEMES o si al menos supieron de programas de prevención de la violencia ejecutados por APDEMES. Las consultas se hicieron con dos alcaldes y con cuatro coordinadores de programas de prevención, y por medio de peticiones a las unidades de acceso a la información de dichas alcaldías. En todos los casos la respuesta fue negativa.

“Primera vez que la oigo mencionar. Aquí en San Marcos nunca ha venido a ofrecer ningún tipo de coordinación o acuerdo”, dijo el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes.

En el caso de Ciudad Delgado, municipio en el que inició el programa de prevención del gobierno nacional El Salvador Seguro, la respuesta fue tajante. Leticia de Oviedo es la coordinadora de la mesa de prevención.

—¿APDEMES? —se preguntó.

—Sí. Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador.

Oviedo, que había interrumpido una sesión de la mesa de prevención de la violencia del municipio para responder las preguntas, intentó encontrar en las caras de sus compañeros de mesa alguna pista. Varios movieron la cabeza de un lado a otro, en señal de negación.

—Esa entidad no existe en este consejo de prevención —sentenció.

—¿Pero puede ser que haya trabajado o esté trabajando por su propia cuenta, sin coordinación con esta mesa?

—Todos los que estamos aquí sabemos qué se está haciendo y qué no se está haciendo en las comunidades del municipio. Si esa organización no está en esta mesa, es porque su trabajo no existe.

En el vecino municipio de Apopa, el alcalde interino, Santiago Zelaya, también dijo que no es posible que APDEMES hubiera hecho algún trabajo en el lugar y que él no estuviera al tanto. “Aquí no los he oído mencionar. Ya tuviera algún conocimiento”.

El jefe de prevención de la violencia de la comuna, Ricardo González, lleva cuatro años en el cargo y dijo que jamás ha escuchado de APDEMES. “Me parece un poco raro porque nos está llamando el gobierno central a que toda institución, toda oenegé, sector organizado de la sociedad, la comunidad, el municipio, se unan en este esfuerzo del plan El Salvador Seguro; y si hay una oenegé que recibe fondos del gobierno y no aparece, no se suma a este plan, entonces el rumbo de estos fondos es contrario a lo que están manifestando”.

El Faro pidió a Ana Dolly Valiente que explicara cuáles fueron los trabajos de prevención de la violencia y cómo fueron desarrollados.

—¿Ustedes hicieron proyectos de prevención de la violencia sin el apoyo de las alcaldías?

—En ningún momento se gestionó en alcaldías porque si yo no respondo a las alcaldías, sino que es un proyecto precisamente para tratar de ayudar un tanto a este problema con los muchachos, ¿no?

—En las municipalidades nadie tiene conocimiento del trabajo de la asociación.

-Sí, tiene razón usted porque uno de los puntos que se tocó en junta directiva como asociación era buscar personalmente a los líderes comunitarios, y con ellos desarrollar el trabajo porque la experiencia indica que se demora, no nos contestan las alcaldías…

—O sea que encontraron siete liderazgos locales en cada uno de los siete municipios.

—Sí.

—¿Me puede brindar el contacto con cada uno de ellos?

—Mire, déjeme… pero es que eso bien complicado lo que me está pidiendo… y no es por otra cosa… sabe… aun nosotros para llegar a esos municipios, créame que no decimos ni quiénes son… la ayuda está. Es difícil, mire… hasta en los centros escolares, porque vaya… como defensa de territorio, usted no ignora la inseguridad y el problema de pandillas que tenemos… Y sabe, hay que hallarle hasta la forma como para poder sentar a un muchacho y explicarle, por ejemplo, la Lepina (Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia), explicarles principios morales…

—Precisamente por lo delicado de la situación, ¿no cree que sale mejor coordinar con las alcaldías?

—No, fíjese que no, no, no…

—¿Esa es toda la información que pueden brindar?

—Le repito, para llegar nosotros a las municipalidades, créame, tenemos que ser muy creativos.

El Faro solicitó el 15 de noviembre a la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda que tramitara una entrevista con el ministro Carlos Cáceres o con un designado del ministro, para preguntarle por qué Hacienda ha otorgado dos años consecutivos fondos a APDEMES sin auditar su ejecución. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.

***

El 26 de noviembre de 2015, la Comisión de Hacienda votó a favor del dictamen 78 que contenía la Ley del Presupuesto para el año 2016. a APDEMES se le asignaron 300 mil dólares. El dictamen, de nuevo, fue aprobado por Lorena Peña, Norma Guevara y Rolando Mata por el FMLN; Francisco Merino y Mario Ponce, por el PCN, y Guillermo Gallegos, por Gana.

Tres meses más tarde, en una carta fechada el 15 de febrero de 2016 y dirigida a la Dirección Financiera del Ministerio de Hacienda, Ana Dolly Valiente solicitó el desembolso de los 300 mil dólares. Hasta abril de 2016, Hacienda da cuentas de un pago parcial de 100 mil dólares a favor de APDEMES.

***

El martes 8 de noviembre, el diputado Guillermo Gallegos asumió como nuevo presidente de la Asamblea. Por la noche, asistió a una gala de la embajada de Estados Unidos, con motivo de las elecciones en el país norteamericano. Cerca de las 8 de la noche llegó a la fiesta Julia Nora Romero de Gallegos, su esposa. El Faro intentó hablar con ella, pero el diputado impidió que se le hicieran preguntas.

—No, ya no, suficiente –dijo Gallegos.

—Diputado, pero usted mismo nos dijo que le preguntemos a ella.

—No, ya no, por favor. Por favor, ya. Suficiente.

 

*Con reportes de Fátima Peña

Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, junto a su esposa Julia Nora Romero de Gallegos, durante un acto religioso relizado frente al edificio de la Asamblea Legislativa el día de su juramentación. Dos días antes de este acto, Gallegos pidió que se le preguntara a su esposa sobre APDEMES. Cuando El Faro intentó abordarla, en un evento de la Embajada de Estados Unidos, Gallegos impidió que se le hicieran preguntas.

Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, junto a su esposa Julia Nora Romero de Gallegos, durante un acto religioso relizado frente al edificio de la Asamblea Legislativa el día de su juramentación. Dos días antes de este acto, Gallegos pidió que se le preguntara a su esposa sobre APDEMES. Cuando El Faro intentó abordarla, en un evento de la Embajada de Estados Unidos, Gallegos impidió que se le hicieran preguntas. “Suficiente”, dijo. 10/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña