Exfuncionarios procesados fueron exonerados de cargos penales y civiles por acuerdo marco y prescripción del caso.
Los abogados de los ocho exfuncionarios procesados expresaron que se había hecho justicia a favor de sus defendidos. foto edh / omar carbonero
David Marroquín, 4 julio 2015 / EDH
El caso CEL- Enel ha quedado cerrado en su totalidad.
Ayer, el Tribunal Cuarto de Sentencia no puso reparos para exonerar de cargos penales y civiles a los ocho exfuncionarios que eran procesados por supuestas irregularidades en el proceso de selección de la empresa italiana Enel Green Power como socio estratégico para la explotación geotérmica.
La decisión colegiada de los tres jueces del referido Tribunal fue tomada en una audiencia especial que la Fiscalía y la defensa de los acusados habían solicitado el 11 de junio pasado, para definir la responsabilidad civil (indemnización por supuestos daños y perjuicios a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Además, la defensa solicitó que se cambiara a los acusados el delito de peculado (desvío de bienes públicos) a peculado culposo, porque no hubo intención de causarle daño al patrimonio del Estado.
Dos de los jueces accedieron a esta última petición de los abogados de los ocho procesados, la cual fue avalada por la Fiscalía General.
«No vemos que terceras personas se hayan enriquecido por culpa de los exfuncionarios ahora procesados y que estuvieron en ese proceso de negociación de buscar un socio estratégico», dijo Manuel Turcios, el juez que presidió la audiencia especial.
El abogado Luis Edgar Morales Joya explicó que las actuaciones de los exfuncionarios procesados están sustentadas con lo que les mandaba la Ley General de Electricidad que fue aprobada por la Asamblea Legislativa.
La referida ley, según Morales Joya, facultaba a los funcionarios a crear sociedades anónimas de capital variable para mejorar la productividad energética por parte de CEL.
A lo anterior se le sumaba que la autónoma iba camino a la quiebra y necesitaba capital para poder pagar todas sus deudas. «Cuando Enel se incorpora a Gesal y luego LaGeo, lo hace con la emisión de nuevas acciones y CEL mantuvo su capital, nunca CEL autorizó un desprendimiento de su patrimonio, ni tampoco hubo traspaso de bienes del Estado a Enel «, dijo Morales Joya.
Sostuvo además que los ahora sobreseídos tomaron decisiones basadas en recomendaciones técnicas, legales y constitucionales que les hicieron sus asesores.
Como el delito de peculado culposo ya había prescrito (expirado el tiempo para iniciar un proceso judicial), el tribunal no tuvo otra opción que liberar de cargos penales de forma definitiva a los ocho procesados.
Cumplen con acuerdo
El Fiscal General, Luis Martínez, quien participó en la audiencia especial, le reiteró al tribunal que el Ministerio Público renunciaba a la acción civil para los ocho procesados, porque así había acordado el Estado de El Salvador con la empresa Enel en diciembre pasado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) en Washington, Estados Unidos.
Enel abrió el proceso en el Ciadi el año anterior después que las autoridades salvadoreñas abrieran una causa penal y civil contra la firma italiana, sus ejecutivos y los exfuncionarios salvadoreños.
Martínez recordó que la demanda en contra de El Salvador se encuentra en suspenso en el referido centro de mediación internacional hasta que se cumpla totalmente el acuerdo marco en su totalidad o, de lo contrario, el Estado salvadoreño se arriesga a que la empresa italiana vuelva a reactivar la demanda.
«Es una medida urgente para que El Salvador pueda acudir al Ciadi a cerrar el caso, luego de haber cumplido con el acuerdo marco», dijo Martínez (Nota aparte).
El 6 de junio pasado se cumplió el plazo de 180 días que tenían las partes, Estado de El Salvador y Enel Green Power, para cumplir con todos los compromisos pactados en el referido acuerdo, entre estos que todos los procesados en los tribunales de justicia salvadoreños sean exonerados de la responsabilidad civil.
«Es un compromiso de país, es un compromiso de Estado, que el Fiscal General está en la obligación de hacer cumplir el acuerdo marco para acudir al Ciadi a cerrar el litigio internacional», les dijo Martínez a los tres jueces que integran el referido tribunal.
Los abogados defensores encabezados por Edgar Morales Joya, quien defendió al expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, secundaron la petición de exonerar de la acción civil a sus defendidos.
«Este acuerdo fue firmado por el Fiscal General en representación del Estado de El Salvador», dijo Morales Joya al respaldar la petición hecha por el fiscal Martínez.
Cesan restricciones y embargos
Tras dar a conocer el fallo, el Tribunal de Sentencia decidió levantar las medidas restrictivas que tenían los procesados y además ordenará que se levanten los embargos de los bienes y cuentas bancarias de los mismos.
El fiscal Martínez sostuvo que en ningún momento se puede considerar que hubo impunidad en este caso por el hecho de que «fueron sometidos a un proceso judicial y los jueces han resuelto, y los fallos de los jueces deben respetarse. Nosotros no somos perseguidores, ni inquisidores ni andamos buscando venganza».
Una de las jueces votó en contra del cambio del delito de peculado a peculado culposo, porque, según destacó, ni siquiera se había establecido que hubiera delito.
«Se ha declarado un hecho culposo (no intencional) cuando no se ha definido si hay delito. Se ha declarado sobreseimiento definitivo por prescripción (liberación de cargos por expiración de la persecución del delito) sin definirse si las personas son responsables… eso es contrario a lo que señala el artículo 11 de la Constitución de la República», dijo la jueza.
Sin embargo, la jueza estuvo de acuerdo en la extinción de la responsabilidad civil con base en el acuerdo marco firmado por el Estado salvadoreño con Enel Green Power.
De esa manera acabó en El Salvador el proceso penal contra ocho exfuncionarios relacionados con la firma del contrato con Enel para la explotación de energía geotérmica en el país.
El proceso penal se abrió después que arrancara una batería de al menos 35 programas y cadenas de radio y televisión del expresidente Funes, quien alegaba que había habido corrupción en la suscripción del contrato.
La defensa alegó durante el proceso que los acusados firmaron un contrato con la empresa italiana Enel basados en la Ley General de Electricidad, por lo que no había ningún delito que perseguir.
Pero, principalmente, el caso no tuvo razón de ser después que el Estado de El Salvador llegara a un arreglo con Enel y comprara las acciones de la compañía en LaGeo, con lo cual quedó claro que si esta transacción fue legal, también lo fue el contrato inicial.
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Jessica Ávalos, 4 Julio 2015 / LPG
Los ocho procesados del caso CEL-Enel están libres de cargos desde ayer. Fueron sobreseídos definitivamente por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, en una audiencia que rompió con varias convenciones, una audiencia en la que fue el mismo fiscal general de la República, Luis Martínez, quien se sentó frente al estrado de los jueces y de su propia voz pidió que se le diera cumplimiento al Acuerdo Marco firmado con Enel para ponerle fin a un litigio comercial. La de ayer fue una audiencia en la que, a diferencia de muchas otras, tanto Fiscalía como defensa salieron satisfechas con el veredicto.
“Lo importante es que estamos cumpliendo lo que se acordó el 6 de diciembre en el CIADI… Que nadie se equivoque y que nadie los equivoque porque sabemos que va a haber gente pusilánime criticando, pero esto lo hemos hecho de frente, de cara a la población”, dijo el fiscal general, tras conocer la decisión anunciada por el juez Manuel Edgardo Turcios.
La Fiscalía, según Martínez, se presentará la próxima semana al CIADI, un centro de arreglos del Banco Mundial, a ponerle punto final a un conflicto que se intensificó desde 2008, cuando el Estado salvadoreño impidió que Enel se convirtiera en el socio mayoritario en LaGeo.
Los ocho exfuncionarios de Gobierno habían sido acusados de haber favorecido a Enel para que progresivamente se hicieran del control de LaGeo.
Édgar Morales Joya, uno de los defensores, dijo que la resolución demuestra que “fueron actuaciones de funcionarios en el marco de la ley, esa es una de las situaciones que ha establecido el tribunal para decidir. Asimismo el Estado salvadoreño ha llegado a un acuerdo y es otra de las circunstancias que el tribunal ha tomado en cuenta”.
El Tribunal Cuarto de Sentencia accedió a las dos peticiones que le hicieron en la audiencia especial: a petición de la defensa y la Fiscalía, liberó de cargos civiles a los ocho; y a petición de la defensa, y con la anuencia de la Fiscalía, cambió el tipo de delito por el cual estaban siendo procesados.
Fue ese cambio de tipificación de delito (de peculado doloso a peculado culposo) lo que dio paso al sobreseimiento definitivo, ya que el tribunal declaró la prescripción del peculado culposo, es decir, estableció que se había agotado el tiempo para juzgarlos por ese delito. Los procesados Guillermo Sol Bang (expresidente de CEL), Miguel Lacayo (exministro de Economía), Pedro Escalón, Thomas Hawk, Carlos Chavarría, Jorge Simán, Julio Olano y Ricardo Palomo.
El fiscal dijo que “de ninguna manera” el caso queda en la impunidad porque “fueron sometidos a un proceso judicial y los jueces han resuelto, y los jueces sus fallos deben respetarse y nosotros lo hemos pedido, no somos perseguidores, inquisidores”.
La audiencia especial inició a las 9:31 de la mañana. Desde el principio, la Fiscalía planteó a los jueces que el proceso judicial mantenía en suspenso el acuerdo alcanzado con Enel en Washington. “Estamos claros que a lo largo de todo este proceso se generó desaliento para las inversiones. Conscientes de eso, buscamos soluciones a grandes problemas”, dijo el fiscal durante la audiencia.
“No podemos hablar de una intención dolosa de una persona que publicita todas sus acciones”, argumentó Morales Joya, respecto al proceso que siguieron los exfuncionarios para buscar a un socio estratégico para la explotación de energía geotérmica.
Ángel Samuel Torres Rojas, el abogado que estaba en representación de INE, subsidiaria de CEL, no puso objeciones a ninguna de las dos peticiones.
Personeros de la embajada de Estados Unidos en el país permanecieron durante la audiencia como oyentes. También asistieron los diputados Ana Vilma de Escobar y Johnny Wright Sol. El caso, dijo Morales Joya, al final de la tarde, “por lo menos de parte de la Fiscalía y por parte de la defensa está cerrado”.
Paolo Luers, 27 enero 2018 / MAS! y El Diario de Hoy
Primero una queja: Me hiciste llorar. No fui el único que tuvo que batallar con sus lágrimas cuando vos hablaste. No por lástima. Lo que provocaste en tu discurso en el Museo de Arte Moderno fue ánimo. Ánimo de dignidad combativa, pero también de humildad y perdón, de alguien, a quien sus enemigos han aplicado, en varias ocasiones de su vida, la más cruel venganza: expropiación, balas, secuestro, y una mal intencionada persecución jurídica. Y vos exigiendo nada más y nada menos que la verdad, sin ánimo de venganza. De todos modos, los que te persiguieron ya están pagando: Luis Martínez y Saca en Mariona, Funes en un vergonzoso exilio, el FMLN ante una merecida derrota electoral.
que todos los políticos y funcionarios son corruptos. Saca, Funes y Martínez ya podrán comprobar su inocencia, pero lograron crear la percepción popular que todos los demás también son ladrones.
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