Cel-ENEL

Carta a Billy Sol Bang: La trampa de los corruptos a los decentes. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 27 enero 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimado Billy:
Pensaba que ya había dicho todo para expresarte mi respeto y cariño. Por ejemplo en una columna que publiqué en noviembre del año pasado: “Batalla Ganada”, comentando el segundo libro que publicaste, “Historia de una Infamia”. Pero el jueves pasado participé en el lanzamiento público de este libro – y resulta que queda mucho por decir.

logos MAS y EDHPrimero una queja: Me hiciste llorar. No fui el único que tuvo que batallar con sus lágrimas cuando vos hablaste. No por lástima. Lo que provocaste en tu discurso en el Museo de Arte Moderno fue ánimo. Ánimo de dignidad combativa, pero también de humildad y perdón, de alguien, a quien sus enemigos han aplicado, en varias ocasiones de su vida, la más cruel venganza: expropiación, balas, secuestro, y una mal intencionada persecución jurídica. Y vos exigiendo nada más y nada menos que la verdad, sin ánimo de venganza. De todos modos, los que te persiguieron ya están pagando: Luis Martínez y Saca en Mariona, Funes en un vergonzoso exilio, el FMLN ante una merecida derrota electoral.

Hablemos de la verdad.

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Me tocó el honor de participar, en el mismo evento, en un conversatorio para hablar del caso infame con el cual te querían destruir. Y me di cuenta que aunque la verdad es tan obvia, todavía estamos lejos de lograr desarmar la poderosa narrativa que Saca, Funes, el FMLN y el fiscal general Martínez han construido sobre la traición a la patria, de la cual te acusaron en su campaña de desprestigio.

Es obvio que los que traicionaron el interés nacional, no fueron vos y los otros 20 ex funcionarios que construyeron una política energética exitosa, sino sus acusadores, quienes convirtieron la CEL y la Geotérmica en su botín de corrupción. Pero aun luego de que ustedes quedaron absueltos y sus acusadores condenados, muchos siguen creyendo que algo terrible hicieron ustedes. Los corruptos han logrado que la gente crea Screen Shot 2018-01-26 at 9.47.30 PM.pngque todos los políticos y funcionarios son corruptos. Saca, Funes y Martínez ya podrán comprobar su inocencia, pero lograron crear la percepción popular que todos los demás también son ladrones.

Si la gente ya no cree en nadie, esto da al traste con la credibilidad de la política y del servicio público, cuando más necesitamos buenos políticos y funcionarios para salir del hoy donde los corruptos nos han hundido. Si no logramos desmontar esta trampa populista, los más pícaros y sinvergüenzas van a prevalecer…

Por esto es importante establecer la verdad en un caso tan emblemático como el tuyo, hasta que la gente entienda que fue una trampa que los corruptos tendieron a la gente decente y recta. Te pueden criticar por tus convicciones de empresario y arenero. Esto es parte legítima del debate político. Pero nadie te puede cuestionar como servidor público y como hombre. De esta generación de caballeros, que encima del mierderío político y humano han dado dignidad al servicio público, ya quedan pocos. Y no hay que permitir que los corruptos los logren enlodar para conseguir su objetivo: crear un vacío moral, en el cual todo se vale.

No hemos ganado esta batalla, falta mucho que hacer y decir, pero tu libro y tu discurso, que pronto difundiremos en video, son poderosas armas para seguir en esta lucha.

Gracias, Billy.

Te saluda

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Guillermo Sol Bang: “El Chaparral y expansión 5 de Noviembre no son rentables”

Guillermo Sol Bang

Juan José Morales, 28 septiembre 2016 / EDH

diario hoyDe forma directa y categórica, Guillermo Sol Bang sostiene que en el país, en los últimos diez años, se han tomado decisiones equivocadas sobre el sector energético que han afectado de forma directa a la población salvadoreña con lo que él llama “perversidad”, sin  priorizar el interés nacional y con un uso “político-partidario” de instituciones que deberían de ser independientes y técnicas en su labor.

Desde el incumplimiento del acuerdo con la empresa italiana Enel Green Power para desarrollar la geotermia en la administración del expresidente Antonio Saca, pasando por la construcción irregular y el pago de $108.5 millones por la presa El Chaparral, y terminando con los millonarios desembolsos para sostener litigios sin fundamento, son algunos de los puntos que señala Sol Bang.

El expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), entre 1993 y 2004, afirma que no es coherente seguir sin una política energética y con inversiones fallidas, poco rentables  y que generan perdidas irrecuperables.


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En esta entrevista con El Diario de Hoy, Sol Bang relaciona los proyectos irregulares que se han ejecutado en los últimos diez años en la autónoma, su alto nivel de gastos y la necesidad de hacer una profunda investigación para comprender la posible corrupción que se “institucionalizó” en CEL.

En su administración se desarrollaron los primeros estudios para tener una nueva presa en el país: la central hidroeléctrica El Chaparral. ¿Demostraron viabilidad y una relación costo-beneficio positiva para el desarrollo energético?

Nosotros teníamos claro que sobre el río Torola existía un gran potencial para desarrollar una nueva obra de energía, porque en casi 25 años CEL se había estancado al respecto por priorizar el tema de la geotermia. Los informes de prefactibilidad y factibilidad (elaborados por la empresa estadounidense Harza) decían que en esa zona del país habían hasta siete sitios para levantar una presa hidroeléctrica. Pero fue hasta en 2003 donde la Agencia de Cooperación de Japón (Jica) consideró que esta era una inversión marginal, que no era viable si sobrepasaba un costo de $140 millones, fue por eso que se archivó y se le siguió apostando al petróleo blanco de El Salvador, la geotermia.


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El proyecto se le adjudica a los italianos de Astaldi en 2007 por casi $220 millones y luego se les paga $108.5 en un polémico acuerdo de arreglo directo con irregularidades técnicas de por medio, ¿son estos hechos la prueba de que la obra nunca fue viable y que su margen de  rentabilidad era escaso?

 Sin duda que se siguió una ruta, al igual que como se hizo con la INE (Inversiones Energéticas, subsidiaria de CEL), para aprovechar estos contratos con otros intereses. Hoy se está hablando de que la obra costará $290 millones adicionales,  es un precio demasiado elevado para una presa hidroeléctrica sobre todo porque la tasa de retorno de la inversión es muy baja en el tiempo, los precios del petróleo en la actualidad han bajado a tal punto que los precios de la energía térmica (generada con bunker) y la que se genera con fuentes renovables (agua y vapor del subsuelo) están equiparados. Estos factores debilitan aún más la rentabilidad de El Chaparral, quisiera estar equivocado, pero los efectos negativos de estas malas decisiones se verán en el corto plazo y la CEL creo que ya los está experimentando.


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¿Hay que investigar ese entramado poco claro de adjudicaciones a empresas brasileñas para hacer los estudios en El Chaparral o construir obras  de la Expansión de la Presa 5 de Noviembre?

Para mi El Chaparral y la Expansión de la 5 de Noviembre ya no son rentables y por ello hay que aclarar todas las dudas que existan, esto incluye esos contratos a empresas muy cuestionadas en Brasil de participar en esquemas de corrupción. La investigación ya es algo que deberán de hacer las autoridades, no soy yo el que debe de decir como funcionan las instituciones como lo que viví cuando se me acusó injustamente en el caso CEL-Enel donde el expresidente Mauricio Funes financió a la Fiscalía General y le ordenaba cómo investigarme.


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¿Era la Expansión de la 5 de Noviembre, así como se diseñó, la mejor idea para ampliar la capacidad de esta central hidroeléctrica?

Considero que se debía de buscar otra forma de diseñar un plan de ampliación, nosotros a finales de los noventa hicimos una modernización de la central y luego se instalaron nuevas turbinas en la misma casa de máquinas, se hizo un primer esfuerzo que debía continuar en las siguientes administraciones. Lo preocupante acá es como un proyecto que originalmente no sobrepasaba los $135 millones se termina adjudicando en caso $190 millones vía contratación directa a una empresa brasileña que ha sido muy cuestionada, yo veo que esta obra va a la perdida, CEL no recuperará en cinco años ni la mitad de lo que invirtió pues generará potencia únicamente en breves momentos de la estación lluviosa, no habrá más energía  a pesar de la instalación de nuevos equipos.

¿Cómo corregir estos millonarios desembolsos? ¿Ve capacidad de hacer un análisis técnico alejado de la política o de la manipulación de las instituciones para intereses particulares?

De momento lo que deben de hacer las autoridades actuales de CEL es un profundo diagnóstico financiero de como El Chaparral y la Expansión golpearán las finanzas de la institución porque por malas decisiones tomadas en años anteriores el dinero se ha despilfarrado. Esto ha reducido la capacidad de inversión las subsidiarias como LaGeo de invertir en exploración de nuevos pozos, aunado a los millonarios pagos en abogados (ver nota aparte) los cuales solo construyeron casos y respondieron a agendas desde Casa Presidencial. Ambos proyectos deberían de ser suspendidos y ser declarados como perdidas para el país.

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No hay que dejar solo al expresidente Funes. Editorial CoLatino

Con esta reproducción de un editorial de CoLatino, Segunda Vuelta abre una sección nueva: Absurdidades. Hay planteamientos y noticias que no deben pasar desapercibidos, porque son expresión de una realidad: la pobreza intelectual de los propagandistas de este gobierno. Si solo salen en Colatino, la ciudadanía no se da cuenta – y tienen el derecho de conocer estas absurdidades.

Segunda Vuelta

17 agosto 2015 / COLATINO

El expresidente de la República, Mauricio Funes, denunció en su programa radial el jueves anterior, que los involucrados en el caso CEL-Enel se han estado reuniendo en la casa de un oligarca para planificar acciones jurídicas en su contra, por haber hecho público las irregularidades y la corrupción que permitiría a una transnacional apropiarse de la empresa LaGeo.

Sin lugar a dudas, las demandas que los involucrados en el caso CEl-Enel están preparando, es una acción revanchista de la oligarquía salvadoreña, por la valentía que tuvo el expresidente Funes, no solo de desbaratar el gobierno corporativo que ARENA montó en sus 20 años, para favorecer a la oligarquía, sino porque además, denunció la corrupción de los 20 años de gobiernos de ARENA.

Screen Shot 2015-08-17 at 1.41.30 PMLa acusación contra el expresidente arenero Francisco Flores, por la desviación de una millonaria ayuda del Gobierno y del pueblo de Taiwán, no hubiera sido posible sin esa valentía y decisión del exmandatario Funes por terminar la corrupción galopante en El Salvador.

Y fue gracias a esa valentía y compromiso patriótico del expresidente Funes, que no solo permitió llevar ante los tribunales a los responsables de ajustar leyes ilegales para que una transnacional se quedara con la mayoría accionaria de LaGeo, una empresa estatal, sino que gracias a esa denuncia, la transnacional vendió sus acciones al estado, y con ello, El Salvador rescató, para todos y todas las salvadoreñas la empresa estatal LaGeo.

LaGeo es nuevamente empresa estatal, pues el 99% de sus acciones pertenecen a la CEL, y con ello, garantiza que la producción de energía térmica abarate los precios de la energía eléctrica, y que sus utilidades sirvan para beneficiar al pueblo mediante el subsidio a la energía eléctrica.

Es decir, las acusaciones, así como la campaña de supuesta corrupción que la derecha empresarial, política y mediática mantienen contra el expresidente Funes, en un revanchismo por todo lo arriba enumerado.

Pero el Presidente Funes no está solo, el pueblo no lo dejará solo, porque su accionar sobre el caso Flores y Enel-Cel, fue en defensa de los intereses de la nación, de los intereses del pueblo.

Por eso es que, a Mauricio Funes no hay que dejarlo solo en las nuevas batallas que se avecinan, porque es la reacción de la oligarquía salvadoreña, por haberles quitado el negocio de incrementar sus capitales, mediante el manoseo de los activos del Estado.

A Funes, el pueblo debe agradecerle, porque desafió a la oligarquía y expuso ante el público, la vergonzante corrupción arenera, por sus negociaciones oscuras y anticonstitucionales.

Enel esperará cierre de juicio para concluir proceso CIADI

Aún queda pendiente un proceso civil de una resolución de un tribunal superior en El Salvador. Otro juicio penal quedó cerrado a principios de julio.

Sala de audiencias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) con sede en Washington

Sala de audiencias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) con sede en Washington

Tomás Guevara, 5 agosto 2015 / EDH

La empresa italiana Enel Green Power no retirará su demanda ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, mientras en El Salvador no se den por cerrados en su totalidad los procesos judiciales donde han sido procesados exfuncionarios y empleados de la empresa italiana.

Enel aceptará acudir al centro de arreglos en Washington, para cerrar el caso, cuando se haya cumplido en su totalidad el Acuerdo Marco, firmado en diciembre del año pasado, con el que se buscó el fin a la larga querella judicial contra la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

El abogado Luis Parada, del bufete Foley Hoag, que defiende a El Salvador en esta y otras querellas ante CIADI, aseguró que la empresa italiana ha dicho, a través de su representación legal en Washington, que espera ver cerrados en su totalidad los casos judiciales en El Salvador antes de aceptar el fin de la demanda en el CIADI.

Hasta antes de la firma de ese acuerdo había litigios activos tanto dentro como fuera de El Salvador por diferencias sobre el Acuerdo de Accionistas en el asocio público privado firmado en 2002 entre la empresa italiana y el gobierno salvadoreño para impulsar el desarrollo de la generación de energía geotérmica en el país.

La empresa italiana exigía el cumplimiento de una de las cláusulas del contrato que le permitían invertir otra millonaria suma de efectivo y con ello lograr la mayoría accionaria en el asocio con la entidad estatal.

“Los abogados de Enel han manifestado que quieren esperar a que concluyan todos los proceso judiciales abiertos en El Salvador; recordemos que todavía se está en espera de la apelación que hizo CEL ante la decisión del Juzgado Séptimo de Paz de aceptar el Acuerdo Marco y liberar así de responsabilidades a un grupo de personas señaladas”, comentó el abogado Parada.

Esa diligencia judicial surgió en un momento de tambaleo en cuanto al cumplimiento total del acuerdo negociado en Washington con el que la empresa italiana cedió -entre otros actos- vender las acciones que había comprado para el asocio público privado con el que se pretendió a principios de la década pasada explotar con alta tecnología el recurso geotérmico y así aumentar la producción de energía limpia en El Salvador.

La jueza Evelyn Jiménez aceptó el Acuerdo Marco como parte del arreglo extrajudicial en un caso donde eran sindicados un grupo de exfuncionarios de gobierno y exempleados de la compañía. Ellos fueron liberados de cargos.

Sin embargo, la CEL adujo luego que tenía derecho para mantener la demanda civil contra los supuestos implicados, entre ellos dos exempleados de Enel Green Power en el país.

La empresa estatal pretendía conseguir con un veredicto que con los bienes confiscados a los señalados poder recuperar el monto de $280 millones de dólares con los que compró las acciones de la empresa italiana pasa sacarla del asocio.

El abogado Luis Parada enfatizó que el otro caso en el Juzgado Séptimo de Instrucción donde había una demanda con responsabilidad civil y penal ya está cerrado, luego de una audiencia especial a principios de julio.

Pero agregó que mientras esté pendiente la resolución de la Cámara contra la apelación del Juzgado Séptimo de Paz, es en cierta medida comprensible la cautela de los abogados de Enel para aceptar el cierre del caso en el CIADI.

Cuestionan traslado de acciones de Cel a empresa

INE sin ser investigada aún

La termoeléctrica de Talnique, operada por INE

La termoeléctrica de Talnique, operada por INE

27 julio 2015 / EDH

La empresa Inversiones Energéticas (INE), a la que CEL le traspasó sus acciones en la empresa LaGeo, sigue sin ser fiscalizada ni investigada por ese hecho ni por los ingresos millonarios que tiene, pese a que la misma Fiscalía General de la República ha determinado que ese traspaso “adolece de nulidad”.

INE se fundó como contraparte o socio privado de Enel cuando en 2002 arrancó la explotación de la geotermia en el país. De allí que, por ser “privada”, no sea auditada por la Corte de Cuentas pese a que   se nutrió con las acciones de la CEL.

Quien mejor describe el papel de INE es la Universidad Centroamericana (UCA) en un reciente editorial:

“La negativa a que se diera el traslado de la mayoría de acciones a (la empresa italiana) ENEL tiene una motivación corrupta. Efectivamente, cuando el Gobierno se comprometió a traspasar acciones a la empresa italiana, a cambio de nuevas inversiones y tecnología, se fundó, casi simultáneamente, una empresa, Inversiones Energéticas, conocida como INE, que manejaba las acciones de LaGeo y por supuesto se quedaba con los dividendos que producían. El socio mayoritario de esta empresa era la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, más conocida como CEL. La constitución de INE dejaba en la práctica los dineros producidos por LaGeo en manos de la CEL y, a través de ella, en las del Gobierno de la República, todo sin control de la Corte de Cuentas.

“Ya desde la administración de Antonio Saca se decía que la CEL funcionaba como la caja chica del Gobierno. En efecto, la Comisión, como propietaria de la mayoría de acciones de INE, y esta de LaGeo, terminaba disponiendo de cantidades millonarias de dinero. LaGeo generaba ganancias netas de más de cien millones de dólares al año, que, más allá de auditorías externas privadas, no tenían más control que la voluntad última del Presidente de la República, a través de su gente de confianza en la CEL”.

En las conclusiones que recoge el informe de la Fiscalía sobre el caso CEL-Enel, de noviembre de 2013, se establece que la autónoma no tenía facultad para transferir sus acciones a INE, “razón por la cual este acto adolece de nulidad”, argumentó la Fiscalía en ese documento.
El Fiscal General, Luis Martínez, ha dicho que el Ministerio Público continuará con sus propias indagaciones hasta esclarecer los hechos.

También abogados advierten que ese traslado de acciones de una entidad estatal a una privada puede llegar a tipificarse como delito de “peculado”, el cual tiene una pena de cárcel desde los 6 hasta los 15 años.

Sin embargo, como dice la UCA, ni esa forma de operar  que detalla el editorial, ni el traslado de las acciones forman parte de algún expediente de investigación en las instituciones correspondientes.

La UCA cuestiona que “mientras se está juzgando a los que firmaron un contrato que era perfectamente legal en su momento (CEL-Enel), se olvida y elimina del debate un modo de administrar fondos públicos que se puede llamar corrupto. Y se puede porque, más allá de la legalidad o ilegalidad de la administración de INE y la CEL, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas…

“…El Gobierno del FMLN ha presumido siempre de ser menos corrupto que los de Arena. Pero en el caso que nos ocupa, continúa utilizando el modo anómalo de administrar las ganancias de LaGeo que inició la administración de Francisco Flores. Y llamamos corrupta a esa triangulación entre el Ejecutivo, la CEL, como entidad autónoma del Estado, e INE, como empresa privada, liberada en cuanto tal de toda supervisión de la Corte de Cuentas”, dice la UCA.

Podría haber “peculado”
El abogado Francisco Bertrand Galindo, ex asesor legal de Enel en El Salvador, opina que vale la pena investigar a INE, especialmente porque por el hecho de trasladar las acciones de la CEL a INE hace que esta empresa, jurídicamente, sea la accionista dueña de LaGeo y no CEL.
“Entonces, aquí tenemos un problema y es que la CEL transfiere bienes que estaban en su custodia a la custodia de un tercero, y la pregunta es en beneficio de quién, porque si fue en beneficio de la misma CEL puede que no haya mayor problema; pero si derivado de ese traslado otras personas han tenido beneficio de las utilidades de LaGeo y no la CEL, sino otras personas, ese hecho mezclado con el traslado de las acciones  sí puede llegar a configurar una acción delictiva”, afirma el abogado.

El jurista detalla que esa figura jurídica podría encajar en la que se conoce como “peculado”, es decir, el desvío de recursos del Estado a particulares.

“Se estaría configurando algo similar al peculado porque las acciones que estaban en cuidado de CEL fueron transferidas a otra persona jurídica, y si eso generó beneficio a otras personas que no es la CEL, entonces allí pudiera llegar a configurarse el peculado”, consideró, aunque enfatizó que hay que estudiar muy bien el caso.

Por ello es que señala que las autoridades deben investigar a fondo si hubo algo irregular o no y determinar si la transferencia de las acciones fue ilegal o no.

Bertrand Galindo apunta que “por alguna razón la Corte de Cuentas no está haciendo las auditorías que le corresponde hacer. Ese tipo de sociedades deberían ser debidamente certificadas de acuerdo al manejo de los fondos públicos”.

También el representante de Transparencia Internacional, capítulo El Salvador, Roberto Rubio, opina que la INE es “básicamente pública porque los fondos que maneja son públicos, y porque una mínima parte es privada, (aunque) se maneja como que fuera una empresa privada”.
Rubio dijo que se desnaturalizaron los propósitos ya que esos fondos públicos se manejen al margen de la Corte de Cuentas, “precisamente para tener discrecionalidad en el uso de esos fondos”.

El representante de Transparencia Internacional señaló que hay un cuerpo de ley que dice que la Corte de Cuentas está obligada a auditar todo fondo público, no solo las instituciones públicas.

“Es decir, que si la INE tiene un porcentaje mayoritariamente público de sus acciones, la Corte de Cuentas debería auditar esos fondos públicos”, insistió Rubio.

La Asamblea no quiso investigar
La Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad el año pasado de poner bajo la lupa el caso de INE, pero rehusó hacerlo.

En agosto de 2014, los diputados cerraron la comisión que investigaría varios contratos firmados por la CEL y en ese marco investigarían el traspaso de las acciones de la CELl a INE, valoradas en $186.8 millones en 2006, el presidente de la autónoma era Nicolás Salume, quien fue ratificado por el expresidente Mauricio Funes en 2009.

En aquel momento, diputados de ARENA criticaron que LaGeo e INE se negaran a brindar información sobre los fondos públicos manejados por la empresa que no eran sujetos a ninguna fiscalización.

Legisladores areneros destacaron en esa oportunidad que Julio Valdivieso, siendo director de LaGeo, mencionó que sólo en 2012 fueron $110 millones que se obtuvieron de utilidades. Sin embargo, desde entonces no se sabe cuánto recibe INE, afirmaron.

La Asamblea Legislativa dio por cerrada la comisión que investigaría también los contratos de la CEL, entre ellos el pago que terminó haciendo  la CEL en el gobierno del expresidente Funes de $108.5 millones por el hoyo de El Chaparral y la adjudicación de obras en la 5 de Noviembre.

“Qué fácil se abrió una comisión para que se investigara Cel-Enel y para que se investigara  a los funcionarios de ARENA; pero en el momento que se llegó a que se debía continuar y abrir nada menos lo que yo llamo la caja negra de Cel, ver un poco la INE, ver esa sociedad anónima donde se transfieren todas las utilidades de LaGeo, en ese momento la comisión de la Asamblea Legislativa se cierra y el FMLN no tiene ya ningún interés en continuar”, afirmó la diputada arenera, Ana Vilma de Escobar, el pasado 22 de julio durante la entrevista de TCS, Frente a Frente.

LaGeo: poca exploración e inversión en seis años

A pesar de los recientes anuncios no hay centrales geotérmicas proyectadas.

Estación de LaGeo en Tepetitán, San Vicente, ubicada en la zona del volcán Chichontepec, no está en funcionamiento. | Foto por Jorge Reyes

Estación de LaGeo en Tepetitán, San Vicente, ubicada en la zona del volcán Chichontepec, no está en funcionamiento. | Foto por Jorge Reyes

20 julio 2015 / EDH

Los números de LaGeo, la única empresa que explota el vapor del subsuelo para generar energía eléctrica en el país, son el reflejo de cómo la  subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ha reducido sus utilidades en los últimos dos años y que entre 2009 y 2015 solo se ha dedicado a la exploración de campos sin ampliar o modernizar las centrales existentes.

A esto hay que agregar que en dicho período LaGeo no realizó inversiones por el incumplimiento del gobierno de ejecutar dos sentencias de arbitraje internacional a favor de Enel Green Power, ahora exsocio estratégico de la empresa estatal que compró en diciembre de 2014, a través de su empresa matriz, Inversiones Energéticas S.A. de S.V. (INE), las acciones que tenía la firma italiana a un monto de $287.6 millones.

Los únicos anuncios que se han realizado son el de un pozo en el volcán de San Vicente  (SV-5A) en 2013y el recién inaugurado pozo de Chinameca, San Miguel,  (CHI-3) que se perforó gracias a estudios e investigaciones realizados por LaGeo en administraciones pasadas.

El actual presidente de CEL, David López, dijo días atrás que éste último proyecto se encuentra en la etapa de factibilidad, por lo que la construcción de una central que aproveche el recurso está en suspenso.

Se intentó consultar la posición de LaGeo pero remitió a la CEL, a la cual se le preguntó por escrito y telefónicamente, pero no respondieron.

Pero al consultar el documento que sirvió como respaldo para la  titularización de LaGeo en la Bolsa de Valores se revisó el estado de resultados de la empresa en los últimos cinco años. El dato más categórico es que a septiembre de 2014 no se registran datos de gastos de investigación y  desarrollo, aunque sí se consigna que la utilidad bruta fue de $175.05 millones, es decir, una caída de $9.7 millones en ingresos si se compara con el mismo mes de 2013 cuando registró $184.7 millones.

Estas cantidades provienen, sobre todo, de la venta de energía de LaGeo a los distribuidores, la cual se produce en los campos de Ahuchapán,  donde hay tres unidades generadoras, y de Berlín, en Usulután, con cuatro. Acá incluso existe la posibilidad de cambiar la Unidad 3, la cual fue una inversión hecha por Enel en 2007.

Según López, la turbina que tiene capacidad de generar hasta 44 megavatios (MW), gasta un 22% de vapor adicional y sustituirla implicará una inversión de $40 millones.

La ineficiencia de esta turbina fue, precisamente, el punto de una contrademanda interpuesta por CEL e INE contra Enel, como respuesta al inicio de un ligitio porque no se le permitió a Enel invertir y obtener la mayoría accionaria en LaGeo.

No obstante, el exgerente general de LaGeo, José Antonio Rodríguez, explicó  que la Unidad 3 consume más vapor que la Unidad 1 y 2 de Berlín, porque tiene una presión de entrada más baja.

Pese a ello, recordó que la Unidad 3 fue diseñada con una presión de entrada variable, es decir que si se quiere reducir el consumo de vapor solo es necesaria la instalación de equipos complementarios. “Es altamente eficiente”, añadió.

Otro dato relevante del mismo documento de la titularización es que la proyección de ingresos de LaGeo a 2029 es decreciente, es decir no refleja un aumento en las utilidades y que hay un estancamiento en los gastos de investigación y desarrollo de campos, pese a que en 2013 se anunció una inversión de $150 millones en San Vicente y otros $300 millones en Chinameca, según la CEL. Esos fodos servirían para perforar otros pozos e iniciar a largo plazo la construcción de dos nuevas plantas geotérmicas.

De acuerdo a los datos, la utilidad bruta prevista para 2015 es de $148.8 millones. Sin embargo para 2020 la cifra estimada es de $111.94 millones, $81.8 millones para 2025 y $61.8 millones para 2029, lo cual refleja una clara tendencia  a la baja cuando se cierre el período de titularización de flujos futuros.

Para calcular estos valores la agencia de calificación de riesgo Pacific Credit Rating  (PCR) estimó una reducción del precio promedio del petróleo de un 4%, una capacidad de generación constante y un crecimiento sólo del 3% de LaGeo. Por ello, se otorgó una calificación “AAA” a la emisión, es decir, no ve riesgos o problemas de pago por parte de LaGeo, aunque ésta no tenga cobertura soberana (del Estado).

Una fuente del sector energético, que solicitó no ser identificada, considera que los cálculos hechos para calificar la emisión de LaGeo no corresponden a la realidad del sector, sobre todo porque los precios del petróleo y todos sus derivados se han incrementado en los mercados internacionales, lo cual puede generar relativos aumentos en el costo de cada MW de energía generado.

“Cuando hicieron el cálculo para la titularización la previsión era favorable para la geotérmica, porque el precio del petróleo era muy bajo. Pero hoy la energía está en $100.21  por MW, no como los $158.76 que refleja la titularización. Ahí hay perdidas que deben de ser amortizadas por LaGeo”, explicó la fuente.

San Vicente abandonada
Luego de la presentación mediática hecha a finales de mayo de 2013 donde se abrió el pozo SV-5A, en el lugar no se encuentra ningún indicio de que se retome el proyecto, que según el ex presidente de LaGeo, Julio Valdivieso, tendría que generar 40 MW para 2019.

La perforación en el lugar, ubicado en el municipio de Tepetitán, en las faldas del volcán Chinchontepec, se realizó con maquinaria de la Perforadora Santa Bárbara entre octubre de 2012 y enero de 2013. Esta última es una empresa subsidiaria de LaGeo creada en diciembre de 2002 en la que nunca hubo participación de Enel.

Las únicas evidencias de posibles obras en el entorno del campo de San Vicente son los trabajos de terracería que se están realizando en terrenos aledaños para iniciar nuevas exploraciones de otros pozos, según se verificó.

La empresa dueña de la concesión de San Vicente (así como la de Chinameca), se llama San Vicente 7,  la cual adquirió la concesión en 2004. Esta es otra de las subsidiarias que tiene LaGeo, ya que es el único accionista, según explicó en su momento el exasesor legal de Enel, Francisco Bertrand.

LaGeo calculó, en 2013, ganancias operativas de hasta $37 millones con estos pozos de San Vicente, mientras que en Chinameca se calcularon $90 millones, aunque esto no aparece detallado en la titularización.

Por otra parte, este periódico ha revisado varios listados de la Unidad de Transacciones (UT)que demuestran variación entre los predespachos de energía y la inyección final en el mercado, lo cual obliga a encender las plantas generadoras a base de búnker, incluso en horas de bajo consumo.

“Eso refleja que hay problemas de incrustación en los pozos o que las máquinas ya no son eficientes, o falta más precisión en los mantenimientos”, explicó la fuente del sector energético.

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Perspectiva jurídica del caso CEL-ENEL. De Erika Saldaña

Muchas líneas han sido dedicadas al caso CEL-ENEL, en las que se han manifestado dos posturas distintas; por una parte, se ha señalado que el caso fue construido políticamente con el fin de criminalizar a una serie de funcionarios públicos que suscribieron diversos acuerdos en el marco de la Ley General de Electricidad, así como Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. Por otro lado, se ha exteriorizado que los mismos funcionarios establecieron acuerdos entre CEL y Enel Green Power con el fin de favorecer indebidamente a la sociedad italiana, acusándoles del delito de peculado.

erika saldaña

Erika Saldaña es colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 20 julio 2015 / EDH
Aparte de esta intensa polémica advertida en distintos medios, son pocas las referencias que se hacen a las consideraciones jurídicas del caso, aún teniendo en cuenta que el desarrollo de este se llevó a cabo en sede judicial y la motivación del juez podría sentar precedente para casos posteriores. El juez Séptimo de Instrucción señaló en el acta de audiencia preliminar que, con base en el artículo 235 de la Constitución y las leyes antes mencionadas, los funcionarios públicos involucrados estaban en la obligación de  privilegiar la Constitución y desconocer una ley por inconstitucional, bajo la advertencia de cometer un ilícito penal si no lo hacen. Es decir, debían realizar una especie de “inaplicabilidad administrativa” sobre las leyes que los regían.

Por una parte, el juez argumentó que el estatus de funcionario público “genera la obligación de analizar de manera integral la norma [a aplicar], a fin de no cumplir una disposición legal que contravenga lo dispuesto en la Constitución, bajo el argumento que la actuación realizada, está amparada en la ley”. A pesar que la inaplicabilidad de una ley solo ha sido expresamente prevista para el ámbito judicial (la cual está regulada en 185 de la Constitución y el título V de la Ley de Procedimientos Constitucionales), muchas voces en el ámbito académico discuten la posibilidad de realizar este control por parte de las autoridades administrativas. Ello teniendo como presupuesto la fuerza normativa de la Constitución y la responsabilidad de los funcionarios de “cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

Sin embargo, no existe ninguna normativa que establezca la forma en que debe realizarse una inaplicabilidad en sede administrativa y es probable que ni los mismos funcionarios sepan que tienen esa facultad. Dicho procedimiento no puede realizarse automáticamente y, como mínimo, debería cumplir con los siguientes requisitos: verificación de que no exista pronunciamiento de la Sala sobre la constitucionalidad de la ley; juicio de relevancia del acto normativo; realización de una interpretación conforme con la Constitución de la norma que se pretende inaplicar; control de constitucionalidad en sentido estricto; además, la decisión debe encontrarse lo suficientemente motivada, para minimizar la arbitrariedad.

También, lo lógico sería que la decisión de la autoridad administrativa se remitiera a la Sala de lo Constitucional para iniciar un proceso de inconstitucionalidad y unificar criterios. Lo anterior, debido a que la falta de revisión del control difuso de constitucionalidad (tanto en sede judicial como administrativa) generaría una anarquía jurídica, donde cada juez o funcionario administrativo impondría su particular interpretación de la Constitución, la cual podría variar indefinidamente en la aplicación de determinada consecuencia jurídica a ciudadanos en condición de igualdad.

Por otra parte, el juez manifiesta que la concesión para el derecho de explotación del recurso de los campos geotérmicos de Ahuachapán y Berlín debieron autorizarse por la Asamblea Legislativa, con fundamento en el artículo 120 de la Constitución y la sentencia de inconstitucionalidad 28-2008; sin embargo, los hechos cuestionados tuvieron lugar doce años antes de la declaratoria de inconstitucionalidad que sirve de fundamento. Este punto es discutible, ya que la ley surte sus efectos a partir de su entrada en vigencia, sin necesidad de un aval de constitucionalidad (a menos que exista una medida cautelar ordenada por la Sala), bajo la presunción que los legisladores reflejan la voluntad del pueblo mediante las leyes.

El debate sobre si el caso CEL-ENEL se trató de un juicio político debería ser superado con el análisis de las resoluciones judiciales que dieron lugar al mismo. Es necesario profundizar el análisis técnico sobre las decisiones emitidas por las entidades jurisdiccionales (judiciales o administrativas), pues las motivaciones de estas se constituyen como un parámetro objetivo de cómo está funcionando el sistema.

Una nueva oportunidad. De Eduardo Torres

En un país donde abruman las noticias negativas, el sobreseimiento definitivo a los implicados en el caso CEL-ENEL fue una excelente noticia.

Eduardo Torres, director editorial de El Diario de Hoy

Eduardo Torres, director editorial de El Diario de Hoy

Eduardo Torres, 7 julio 2015 / EDH

Distintas voces, con amplia representatividad y credibilidad en el seno de nuestra sociedad, se pronunciaron haciendo ver que más que un caso delictivo este fue un caso de tinte político impulsado desde las alturas del poder . Y el mensaje que al final quedó es que no se vale ningún tipo de prácticas que huelan a persecución política. Esta fue la razón por la que en los momentos cruciales del “proceso” se formó tan amplia coalición en defensa de la institucionalidad.

Hay que decir que el actual gobierno heredó el caso y desde un principio mostró interés en buscar la mejor salida posible al enredo, lo cual llevó al acuerdo de diciembre en el CIADI, en Washington, y a que el Presidente de la República declarara este sábado, al día siguiente del sobreseimiento definitivo, que CEL cumplirá con la resolución judicial. Desconozco cuál fue la “línea partidaria” –o la línea de alguna línea si es que existe– en el caso durante el último año, ya que algunos de los voceros en contra de los sobreseídos han sido siempre percibidos con cercanía al partido en el poder, mientras otros parecen más responder a expresidentes.

Pasar la página, eso es lo que ahora requiere el país y la amplia coalición que alzó su voz ante la posibilidad de que se culminara un atropello mayor hacia los implicados, si se llegaba hasta la vista pública. Y realmente se trató de una amplia coalición de convicción democrática que surgió en defensa de la institucionalidad, como sucedió tras el decreto 743, cuando se trató de amarrar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, o cuando se buscó que interviniera acá “la Corte de Managua” –y lo menciono porque transcurridos algunos años desde esas bochornosas acciones siguen los vilipendios hacia la Sala–. Se agradece a los representantes diplomáticos que se pronuncian tanto pública como privadamente en apoyo a nuestra institucionalidad.

Compleja y profunda es la problemática que como nación vivimos. Solventado el caso CEL-ENEL, factor divisivo por naturaleza, el oficialismo debería actuar, como dijo la semana pasada que hará para la elección de magistrados de la Corte Suprema, negociar con la oposición. Negociar sobre la mesa debería, como práctica democrática, ser lo más normal del mundo, siendo a su vez consecuente con la voluntad de los votantes expresada en las urnas. Para eso existen los pesos y contra pesos –”check and balances”– en el sistema democrático, el cual, como expresó Churchill, podrá ser el peor sistema creado por el hombre con excepción de todos los demás sistemas políticos existentes. Convivir pacíficamente, además, fue a lo que nos comprometimos como sociedad con la firma de los acuerdos de paz.

El Salvador necesita y merece la búsqueda sincera de acuerdos de nación, que faciliten políticas públicas con amplio respaldo para intentar gradualmente ir resolviendo los problemas que más nos afectan a los salvadoreños. Con lograr entendimientos, por básicos que sean en el área de la seguridad pública, las finanzas del Estado e institucionalidad, empezaríamos a caminar mejor, a recuperar la esperanza sobre la desesperanza imperante, que hace que allá donde las necesidades se vuelven más grandes piensen en la opción de emigrar, sin importar los riesgos, casi que como única opción existente.

Alianza para la prosperidad para el Triángulo Norte, Fomilenio II… los proyectos están ahí. Aprovechemos esta nueva oportunidad post caso CEL-ENEL, El Salvador lo requiere.

Director Editorial de EL DIARIO DE HOY.

Procesados en caso CEL-Enel quedan libres de cargos

Exfuncionarios procesados fueron exonerados de cargos penales y civiles por acuerdo marco y prescripción del caso.

Los abogados de los ocho exfuncionarios procesados expresaron que se había hecho justicia a favor de sus defendidos. foto edh / omar carbonero

Los abogados de los ocho exfuncionarios procesados expresaron que se había hecho justicia a favor de sus defendidos. foto edh / omar carbonero

David Marroquín, 4 julio 2015 / EDH

El caso CEL- Enel ha quedado cerrado en su totalidad.

Ayer, el Tribunal Cuarto de Sentencia no puso reparos para exonerar de cargos penales y civiles a los ocho exfuncionarios que eran procesados por supuestas irregularidades en el proceso de selección de la empresa italiana Enel Green Power como socio estratégico para la explotación geotérmica.

La decisión colegiada de los tres jueces del referido Tribunal fue tomada en una audiencia especial que la Fiscalía y la defensa de los acusados habían solicitado el 11 de junio pasado, para definir la responsabilidad civil (indemnización por supuestos daños y perjuicios a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Además, la defensa solicitó que se cambiara a los acusados el delito de peculado (desvío de bienes públicos) a peculado culposo, porque no hubo intención de causarle daño al patrimonio del Estado.

Dos de los jueces accedieron a esta última petición de los abogados de los ocho procesados, la cual fue avalada por la Fiscalía General.

“No vemos que terceras personas se hayan enriquecido por culpa de los exfuncionarios ahora procesados y que estuvieron en ese proceso de negociación de buscar un socio estratégico”, dijo Manuel Turcios, el juez que presidió la audiencia especial.

El abogado Luis Edgar Morales Joya explicó que las actuaciones de los exfuncionarios procesados están sustentadas con lo que les mandaba la Ley General de Electricidad que fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

La referida ley, según Morales Joya, facultaba a los funcionarios a crear sociedades anónimas de capital variable para mejorar la productividad energética por parte de CEL.

A lo anterior se le sumaba que la autónoma iba camino a la quiebra y necesitaba capital para poder pagar todas sus deudas. “Cuando Enel se incorpora a Gesal y luego LaGeo, lo hace con la emisión de nuevas acciones y CEL mantuvo su capital, nunca CEL autorizó un desprendimiento de su patrimonio, ni tampoco hubo traspaso de bienes del Estado a Enel “, dijo Morales Joya.

Sostuvo además que los ahora sobreseídos tomaron decisiones basadas en recomendaciones técnicas, legales y constitucionales que les hicieron sus asesores.

Como el delito de peculado culposo ya había prescrito (expirado el tiempo para iniciar un proceso judicial), el tribunal no tuvo otra opción que liberar de cargos penales de forma definitiva a los ocho procesados.

Cumplen con acuerdo

El Fiscal General, Luis Martínez, quien participó en la audiencia especial, le reiteró al tribunal que el Ministerio Público renunciaba a la acción civil para los ocho procesados, porque así había acordado el Estado de El Salvador con la empresa Enel en diciembre pasado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) en Washington, Estados Unidos.

Enel abrió el proceso en el Ciadi el año anterior después que las autoridades salvadoreñas abrieran una causa penal y civil contra la firma italiana, sus ejecutivos y los exfuncionarios salvadoreños.

Martínez recordó que la demanda en contra de El Salvador se encuentra en suspenso en el referido centro de mediación internacional hasta que se cumpla totalmente el acuerdo marco en su totalidad o, de lo contrario, el Estado salvadoreño se arriesga a que la empresa italiana vuelva a reactivar la demanda.

“Es una medida urgente para que El Salvador pueda acudir al Ciadi a cerrar el caso, luego de haber cumplido con el acuerdo marco”, dijo Martínez (Nota aparte).

El 6 de junio pasado se cumplió el plazo de 180 días que tenían las partes, Estado de El Salvador y Enel Green Power, para cumplir con todos los compromisos pactados en el referido acuerdo, entre estos que todos los procesados en los tribunales de justicia salvadoreños sean exonerados de la responsabilidad civil.

“Es un compromiso de país, es un compromiso de Estado, que el Fiscal General está en la obligación de hacer cumplir el acuerdo marco para acudir al Ciadi a cerrar el litigio internacional”, les dijo Martínez a los tres jueces que integran el referido tribunal.

Los abogados defensores encabezados por Edgar Morales Joya, quien defendió al expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, secundaron la petición de exonerar de la acción civil a sus defendidos.

“Este acuerdo fue firmado por el Fiscal General en representación del Estado de El Salvador”, dijo Morales Joya al respaldar la petición hecha por el fiscal Martínez.

Cesan restricciones y embargos

Tras dar a conocer el fallo, el Tribunal de Sentencia decidió levantar las medidas restrictivas que tenían los procesados y además ordenará que se levanten los embargos de los bienes y cuentas bancarias de los mismos.

El fiscal Martínez sostuvo que en ningún momento se puede considerar que hubo impunidad en este caso por el hecho de que “fueron sometidos a un proceso judicial y los jueces han resuelto, y los fallos de los jueces deben respetarse. Nosotros no somos perseguidores, ni inquisidores ni andamos buscando venganza”.

Una de las jueces votó en contra del cambio del delito de peculado a peculado culposo, porque, según destacó, ni siquiera se había establecido que hubiera delito.

“Se ha declarado un hecho culposo (no intencional) cuando no se ha definido si hay delito. Se ha declarado sobreseimiento definitivo por prescripción (liberación de cargos por expiración de la persecución del delito) sin definirse si las personas son responsables… eso es contrario a lo que señala el artículo 11 de la Constitución de la República”, dijo la jueza.

Sin embargo, la jueza estuvo de acuerdo en la extinción de la responsabilidad civil con base en el acuerdo marco firmado por el Estado salvadoreño con Enel Green Power.

De esa manera acabó en El Salvador el proceso penal contra ocho exfuncionarios relacionados con la firma del contrato con Enel para la explotación de energía geotérmica en el país.

El proceso penal se abrió después que arrancara una batería de al menos 35 programas y cadenas de radio y televisión del expresidente Funes, quien alegaba que había habido corrupción en la suscripción del contrato.

La defensa alegó durante el proceso que los acusados firmaron un contrato con la empresa italiana Enel basados en la Ley General de Electricidad, por lo que no había ningún delito que perseguir.

Pero, principalmente, el caso no tuvo razón de ser después que el Estado de El Salvador llegara a un arreglo con Enel y comprara las acciones de la compañía en LaGeo, con lo cual quedó claro que si esta transacción fue legal, también lo fue el contrato inicial.

Fallo pone fin a litigio con Enel.
Tribunal sobresee a ocho acusados en caso CEL-Enel

Fiscal general dijo que la resolución le permite presentarse al CIADI a ponerle fin al litigio con Enel. Tribunal sobreseyó luego de acceder a cambiar delito por el cual eran procesados ocho exfuncionarios.

Naj0407-CasoCELENEL-File03-1 Jessica Ávalos, 4 Julio 2015 / LPG

Los ocho procesados del caso CEL-Enel están libres de cargos desde ayer. Fueron sobreseídos definitivamente por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, en una audiencia que rompió con varias convenciones, una audiencia en la que fue el mismo fiscal general de la República, Luis Martínez, quien se sentó frente al estrado de los jueces y de su propia voz pidió que se le diera cumplimiento al Acuerdo Marco firmado con Enel para ponerle fin a un litigio comercial. La de ayer fue una audiencia en la que, a diferencia de muchas otras, tanto Fiscalía como defensa salieron satisfechas con el veredicto.

“Lo importante es que estamos cumpliendo lo que se acordó el 6 de diciembre en el CIADI… Que nadie se equivoque y que nadie los equivoque porque sabemos que va a haber gente pusilánime criticando, pero esto lo hemos hecho de frente, de cara a la población”, dijo el fiscal general, tras conocer la decisión anunciada por el juez Manuel Edgardo Turcios.

La Fiscalía, según Martínez, se presentará la próxima semana al CIADI, un centro de arreglos del Banco Mundial, a ponerle punto final a un conflicto que se intensificó desde 2008, cuando el Estado salvadoreño impidió que Enel se convirtiera en el socio mayoritario en LaGeo.

Los ocho exfuncionarios de Gobierno habían sido acusados de haber favorecido a Enel para que progresivamente se hicieran del control de LaGeo.

Édgar Morales Joya, uno de los defensores, dijo que la resolución demuestra que “fueron actuaciones de funcionarios en el marco de la ley, esa es una de las situaciones que ha establecido el tribunal para decidir. Asimismo el Estado salvadoreño ha llegado a un acuerdo y es otra de las circunstancias que el tribunal ha tomado en cuenta”.

El Tribunal Cuarto de Sentencia accedió a las dos peticiones que le hicieron en la audiencia especial: a petición de la defensa y la Fiscalía, liberó de cargos civiles a los ocho; y a petición de la defensa, y con la anuencia de la Fiscalía, cambió el tipo de delito por el cual estaban siendo procesados.

Fue ese cambio de tipificación de delito (de peculado doloso a peculado culposo) lo que dio paso al sobreseimiento definitivo, ya que el tribunal declaró la prescripción del peculado culposo, es decir, estableció que se había agotado el tiempo para juzgarlos por ese delito. Los procesados Guillermo Sol Bang (expresidente de CEL), Miguel Lacayo (exministro de Economía), Pedro Escalón, Thomas Hawk, Carlos Chavarría, Jorge Simán, Julio Olano y Ricardo Palomo.

El fiscal dijo que “de ninguna manera” el caso queda en la impunidad porque “fueron sometidos a un proceso judicial y los jueces han resuelto, y los jueces sus fallos deben respetarse y nosotros lo hemos pedido, no somos perseguidores, inquisidores”.

La audiencia especial inició a las 9:31 de la mañana. Desde el principio, la Fiscalía planteó a los jueces que el proceso judicial mantenía en suspenso el acuerdo alcanzado con Enel en Washington. “Estamos claros que a lo largo de todo este proceso se generó desaliento para las inversiones. Conscientes de eso, buscamos soluciones a grandes problemas”, dijo el fiscal durante la audiencia.

“No podemos hablar de una intención dolosa de una persona que publicita todas sus acciones”, argumentó Morales Joya, respecto al proceso que siguieron los exfuncionarios para buscar a un socio estratégico para la explotación de energía geotérmica.

Ángel Samuel Torres Rojas, el abogado que estaba en representación de INE, subsidiaria de CEL, no puso objeciones a ninguna de las dos peticiones.

Personeros de la embajada de Estados Unidos en el país permanecieron durante la audiencia como oyentes. También asistieron los diputados Ana Vilma de Escobar y Johnny Wright Sol. El caso, dijo Morales Joya, al final de la tarde, “por lo menos de parte de la Fiscalía y por parte de la defensa está cerrado”.

Fusades pide respetar el acuerdo Marco caso CEl-Enel

Hoy, viernes 3 de julio, se celebra la audiencia especial en el caso CEL-ENEL, donde la justicia salvadoreña, la fiscalâ y CEL tienen la oportunidad de desistir de la persecución de los ex-funcionarios, antes de que este caso de justicia política haga daña irreparable al país. (SEGUNDA VUELTA)

Los abogados de los involucrados en el caso CEL-Enel esperan cerrar el caso hoy en los tribunales. Foto EDH / ARCHIVO

Los abogados de los involucrados en el caso CEL-Enel esperan cerrar el caso hoy en los tribunales. Foto EDH / ARCHIVO

Jaime García, 3 julio 2015 / EDH

El Tribunal Cuarto de Sentencia celebrará hoy una audiencia especial sobre las obligaciones que asumió el Estado de El Salvador al firmar el Acuerdo Marco con la empresa Enel para acabar con un litigio de más de una década.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) llamó ayer a que el Estado salvadoreño cumpla con lo acordado en diciembre con la compañía italiana, incluyendo la exoneración de un proceso civil para los involucrados, tanto de la firma como exfuncionarios.

“El acuerdo es vinculante (de obligatorio cumplimiento). La forma en que se resuelva este caso será un precedente importante para el país, ya que es necesario revertir el daño que se ha hecho a la imagen de El Salvador por el incumplimiento de acuerdos adquiridos por el Estado y la politización del caso. Se espera de las distintas autoridades que cumplan con su rol constitucional de ser verdaderos garantes del Estado de derecho y del respeto a la Constitución”, expresa Fusades en un comunicado.

La Fiscalía ha pedido al referido tribunal que haga la audiencia especial para exponer que el país corre serios riesgos de que la empresa italiana Enel vuelva a abrir el arbitraje internacional si no cumple con el Acuerdo Marco que suscribieron en diciembre pasado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.

Al Ministerio Público le urge definir esa situación en vista de que las autoridades de CEL, pese al acuerdo, dicen que se reservan el derecho de activar la parte civil o proceso para cobro de indemnización por supuestos daños y perjuicios.

EDH20150702NEG039P

Fusades recuerda que al poner fin al conflicto, el Acuerdo Marco suscrito en Washington establece en su artículo 3 que se pone fin a la acción civil en el caso.

“Las partes (el Estado salvadoreño y Enel) han acordado como condición no suspensiva de los efectos del Acuerdo Marco, la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil del delito que involucra a Enel Green Power (EGP) y Enel Green Power El Salvador en los procesos penales números 171-A-2-13 en el Juzgado Séptimo de Paz y 133-2013-12 en el Juzgado Séptimo de Instrucción, ambos de San Salvador, que se hará extensiva a todas las personas naturales que tienen calidad de imputados en los mismos…”, consigna el acuerdo, citado por Fusades.

La entidad privada cuestiona que, pese al arreglo al que se llegó y a que el referido artículo del acuerdo deja claro que se extingue la acción civil para todos los involucrados que tienen calidad de imputados en el proceso, personeros del gobierno insistan en procesarlos civilmente.

La defensa del caso ha recordado que el mismo presidente de la CEL, David López Villafuerte, firmó finiquitos o solvencias para eximir la acción civil.

“Resulta contradictorio que funcionarios del Gobierno continúen cuestionando el caso, el cual se ha llevado para resolverse hasta el Tribunal Cuarto de Sentencia”, critica la entidad.

Para Fusades es de vital importancia cumplir lo acordado y las leyes de El Salvador.

“Es importante que en este proceso penal priven únicamente los criterios técnicos y jurídicos, y que las resoluciones se emitan con base en la ley y el estricto apego a la Constitución, ya que son evidentes los débiles argumentos del caso, al imputar a los acusados un delito ante actuaciones que se hicieron en base a la ley vigente que en esa fecha no había sido declarada inconstitucional”, explica la fundación empresarial.

La posición de Fusades es coincidente con la del Fiscal General, Luis Martínez, quien acudirá a la audiencia especial para hacer el pedido al Tribunal Cuarto de Sentencia que cumpla con el Acuerdo Marco.

Martínez afirmó recientemente que en la audiencia esperan poner punto final al caso y así acudir al CIADI a darlo por cerrado formalmente.

UCA: un caso con fines políticos

La defensa ha argumentado que los ocho acusados de promover el asocio con Enel han pasado procesados más de un año sin que se les compruebe delito alguno.

CEL contrató un asocio con Enel en 2002 para la explotación de energía geotérmica, pero cuatro años después hubo diferencias entre ambas por la mayoría accionaria, de tal manera que la empresa italiana recurrió a tribunales internacionales para demandar a El Salvador.

Tras una ofensiva emprendida por el expresidente Mauricio Funes, que incluyó una batería de al menos 35 programas en cadenas de radio y televisión, así como conferencias de prensa según la defensa, se inició un proceso penal contra los exfuncionarios que promovieron el asocio con Enel en 2002 amparados en la Ley General de Electricidad.

De allí que los acusados y sus abogados hayan determinado que más bien se trató de un claro caso de persecución política del previo y presente gobierno contra exfuncionarios de la anterior administración de ARENA.

El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andréu Oliva, declaró en una entrevista de televisión que el caso se manejó con fines políticos, pues no hay manera de demostrar que cometieron delito alguno las personas acusadas.

Para él, está claro que el caso Cel-Enel se armó, no con fines de combatir la corrupción, sino para recuperar la empresa LaGeo para el Estado, sobre todo porque había un año electoral y de esa manera se desprestigiaba al opositor partido ARENA.

“No diría yo que es una persecución política, sino que el caso se monta para obtener fines políticos como es la recuperación de la empresa y presentar al partido ARENA y a sus funcionarios como corruptos”, explicó el rector.

Anteriormente la UCA, mediante un editorial, señaló que “hoy en día, y después de la venta de acciones del Estado a la compañía italiana Enel, no puede dudarse ya de que es político el caso que se mantiene contra quienes autorizaron o firmaron el contrato de privatización progresiva de la empresa estatal LaGeo”.

En su editorial, la UCA señala que “el gobierno de Mauricio Funes comenzó a fabricar un caso en el que, entre otras cosas, se hablaba de violaciones constitucionales y de daños graves al Estado salvadoreño. Y así nació la acusación en la que los jueces dicen que el contrato era legal y que, por tanto, quienes lo autorizaron o firmaron no violaron las leyes del momento”.

ARENA: contrato fue legal

Por su parte, ARENA en un comunicado sostiene que el asocio CEL-Enel no fue lesivo al Estado salvadoreño y que aumentó la generación de energía geotérmica.

“El desarrollo del caso en los últimos meses, ha demostrado que el contrato CEL-Enel fue completamente legal y apegado al mandato de la Ley General de Electricidad, tal y como lo han manifestado prestigiosos abogados, universidades, gremiales empresariales, columnistas y juristas”, sostuvo ARENA.

En una entrevista televisiva, el exdiputado de ARENA por San Salvador Mario Valiente consideró que lo grave en el caso es la imagen negativa que se proyecta hacia el exterior.

Esto, debido al trato que se le dio a un socio estratégico como era Enel Green Power, que es toda una potencia en generación de energía geotérmica y otras fuentes en el mundo.

“Cuando viene alguien a El Salvador, hace un contrato totalmente legal, los resultados son totalmente positivos para el país, no hay en absoluto ningún lucro de parte de los funcionarios… al final van a tener que reconocerlo las autoridades judiciales de El Salvador”, consideró Valiente.

Rolando Alvarenga Argueta, diputado suplente de San Salvador, consideró que el caso es una persecución política.

Explicó que se había dicho que era ilegal y eso fue desmentido, que era lesivo al país y quedó demostrado lo contrario, ya que la energía fue más barata y además le dieron dividendos al Estado, y por último se dijo que era “oscuro”, lo cual se descartó ya que se hizo una licitación pública internacional.