Editorial El Mundo

Somos un periódico, hemos cumplido con nuestra obligación. Editorial de El Mundo

el mundoEditorial, 5 diciembre 2016 / EL MUNDO

El director de EL MUNDO recibió hace 10 días un auto judicial en el que se le prohibía publicar cualquier información relativa a documentos supuestamente hackeados hace meses a la sociedad Senn Ferrero Asociados. El auto tenía un fundamento jurídico que no negamos, como tampoco tenemos dudas sobre las buenas intenciones del juez que lo dictó.

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Pero hay tres hechos muy relevantes que el magistrado no podía conocer. El primero es que lo que Senn Ferrero intentaba proteger no es la intimidad de sus clientes, sino sus propias prácticas que consisten en asesorar a presuntos evasores fiscales como Ronaldo, Mourinho y otras figuras del mundo del fútbol. Todo indica que esta empresa ha puesto sus conocimientos al servicio de una vasta trama de elusión fiscal. Tales comportamientos no deberían quedar impunes, pero, en cualquier caso, son inmorales e injustificables. Por eso, Senn Ferrero tenía interés en que no se publicaran esos secretos.

Hay que subrayar que nuestro periódico, a instancias de Der Spiegel, que cumplía una obligación legal, envió un cuestionario a Senn Ferrero, que, en lugar de responder y dar explicaciones, se fue al juzgado para intentar amordazarnos.

El segundo hecho relevante es que el juez no conocía que la exclusiva que preparaba nuestro periódico era la revelación de que estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo y otros jugadores de gran notoriedad pública eran los beneficiarios de una presunta red de fraude a gran escala, basada en la utilización de sociedades en paraísos fiscales. Que el delantero blanco diga ahora que está al corriente de sus pagos es una tomadura de pelo.

Y el tercero de los hechos relevantes es que nuestro periódico no podía revelar ningún secreto porque, a las nueve de la noche del viernes pasado, una decena de medios europeos colgaba en sus webs la misma información que aquí no era posible hacer pública. Si EL MUNDO no hubiera difundido nada, el resultado habría sido idéntico porque Der Spiegel o el Sunday Times, nuestros socios en el consorcio, tienen además ediciones que llegan a millones de lectores.

Todo ello es innecesario de argumentar porque lo único relevante en este asunto es que nuestro periódico está amparado por la jurisprudencia para dar a conocer informaciones relevantes y de interés público, lo que prima sobre una posible vulneración de la privacidad. De no haber publicado esta investigación que ha durado siete meses, y en la que han participado 60 periodistas de 12 países, habríamos sido encubridores de una trama delictiva.

Hay un precedente de libro que nos ampara: el caso Falciani. La Audiencia Nacional denegó su extradición y los datos sustraídos a la banca suiza fueron utilizados por Hacienda para perseguir a los defraudadores. De aplicar la lógica del auto judicial, el magistrado debería incriminar al secretario de Estado de Hacienda que se aprovechó de datos robados para actuar contra los evasores.

Hay otros motivos para defender que este auto no puede ser aplicado. Pero baste decir que sería un escándalo que el juez castigara al director de este periódico por cumplir con su obligación y que los delitos cometidos quedaran impunes. Contra quienes tiene que actuar la Justicia es contra personas que presumiblemente han evadido decenas de millones de euros durante un largo periodo de tiempo.

Esto es también muy sustancial porque no es tolerable que en unos momentos de grave crisis social, en un contexto en el que las arcas públicas no pueden atender necesidades básicas, un grupo de deportistas millonarios monte una compleja ingeniería para no pagar sus impuestos. Y resulta también incomprensible que una minoría fanática les justifique y les ampare en contra de la actuación de Hacienda y de los tribunales, como ha sucedido con el caso Messi.

Nuestros compañeros del consorcio han manifestado su incredulidad ante el hecho de que un juez pueda actuar contra el periódico, máxime tras el gran impacto de la noticia en todo el continente. Dicen que resulta imposible en una democracia de Europa. Pero, desgraciadamente, no lo es. Confiamos en que la Justicia actúe con equidad y castigue no al que denuncia el delito sino al que lo ha cometido.

Vea: Football Leaks

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España: Aguirre marca el camino a Rajoy de la inaplazable renovación del PP. Editorial de El Mundo

el mundoEditorial, 15 febrero 2016 / EL MUNDO

POR SORPRESA y mediante una rueda de prensa urgente, Esperanza Aguirre anunció ayer su dimisión del cargo de presidenta del PP de Madrid. Lo hizo, según dijo, para asumir su “responsabilidad política” después de que el juez instructor de la operación Púnica ordenara esta semana hasta cinco registros para investigar posibles pagos al PP madrileño. La renuncia es un gesto tan infrecuente en la política española que no cabe más que elogiar el paso dado por Aguirre. Por inusual pero, sobre todo, por la facultad que tiene de señalar el camino para la profunda regeneración que necesita el PP, tras perder 3,5 millones de votos en las últimas elecciones generales y ver su estructura gangrenada por la corrupción.

Aguirre, quien compareció el pasado viernes ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, no está bajo sospecha ni se halla encausada en ningún proceso. Su responsabilidad afecta a sus competencias en la estructura regional del PP, y de ahí que conserve su puesto de portavoz popular en el Ayuntamiento de la capital. Si en septiembre de 2012 renunció a la presidencia de la Comunidad de Madrid por motivos personales, ahora lo hace forzada por las investigaciones que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP en Madrid. En concreto, por la operación centrada en rastrear si el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, donó casi dos millones de euros al PP en distintos pagos al exgerente regional Beltrán Gutiérrez. Abonos que fueron anotados en su agenda por Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, en prisión desde octubre de 2014. Esto es lo que, de forma coherente, llevó ayer a Aguirre a admitir su responsabilidad “in eligendo” por elegir a Granados; e “in vigilando”, por considerar que “debería haber vigilado mejor”. Su salida fija un listón elevado en el PP. Primero porque deja en una situación insostenible a Rita Barberá, atrincherada en el aforamiento que le procura su acta de senadora, pese a la imputación de todos los ediles del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Y, segundo, porque agrava la situación de Rajoy, lastrado por su tacticismo a la hora de dilatar la renovación en su partido.

La crisis interna ahora mismo en el PP es una crisis de liderazgo porque el estallido de la corrupción, tanto en Madrid como en Valencia, le llega a Rajoy en el peor momento, tras haber cedido la iniciativa política a Pedro Sánchez en el trámite de investidura y cuando empieza a cundir el cuestionamiento interno sobre su idoneidad como candidato ante un eventual adelanto electoral.

“La gente quiere gestos”, exhortó ayer Aguirre, aunque ella siempre esquivó escándalos como el caso Gürtel -destapado en 2009- o el polémico ático de Ignacio González, revelado por EL MUNDO. Cuestionada sobre el futuro del líder de su partido, respondió que ha llegado la hora de los “sacrificios” y las “cesiones”. Es evidente que, extrapolando a Rajoy el rasero que ayer Aguirre se aplicó a sí misma, el presidente del PP debería dar un paso atrás para facilitar un acuerdo de amplia base entre PP, PSOE y Ciudadanos, tal como ha defendido este periódico durante las últimas semanas. Para ello es imprescindible que el presidente asuma que la corrupción en el PP no es cosa de garbanzos negros, sino una corrosión sistémica que cercena el proyecto político del centroderecha español. Rajoy, cuya honorabilidad personal no está en entredicho, no puede confundir el hecho de que el PP fuera el partido más votado el 20-D con un indulto a su tancredismo con la corrupción. El líder popular haría bien en impulsar una ineludible catarsis en el seno del Partido Popular. Sólo así podría desbloquearse la investidura y sólo así el PP allanaría el camino para recuperar la centralidad política sin atisbo de sombras.

La dimisión de Aguirre tiene la virtud, además, de focalizar la necesidad de actualizar los órganos de esta formación. Habilitar una gestora puede ser una solución transitoria para el PP de Madrid. Pero lo relevante es que, tal como pidió Aguirre, su sustitución concluya en un congreso abierto en el que los militantes puedan votar, una medida con la que coincidimos. La dirección del PP debe asimilar que la época de las decisiones a la búlgara ha periclitado y que, en consecuencia, necesita un cambio orgánico legitimado por sus bases.

En todo caso, lo que tendrá difícil el PP es encontrar a una dirigente de la talla política y la personalidad de Esperanza Aguirre. Políticamente tocada por su derrota en las últimas municipales, acumula una trayectoria de tres décadas que le ha llevado a ser la primera mujer presidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid. Siempre ha sobresalido por la defensa de sus principios liberales. Con independencia del juicio que puedan merecer sus ideas, nadie duda de su compromiso con un sustrato ideológico que, precisamente, debería ser la argamasa de un PP fuerte y renovado.