depuración

Fuera incompetentes y corruptos. De Erika Saldaña

13 mayo 2019 / EL DIARIO DE HOY

El Estado necesita una purga urgente. Han sido décadas donde el compadrazgo, tráfico de influencias, pago de favores, el desconocimiento y la falta de voluntad de hacer bien las cosas, ha sumergido a las instituciones en una vorágine de incompetencia y corrupción. Las personas que ocupan cargos y empleos públicos en muchas ocasiones no están capacitadas para hacerlo. El servicio público debe mejorar sustancialmente y para ello es necesario dejar a un lado a las personas que aportan poco o nada.

Hay que ser justos y reconocer que en el servicio público hay muchísima gente preparada y que hace muy bien su trabajo. Pero para nadie es secreto que las instituciones estatales también están plagadas de empleados que no cumplen con los requisitos para el cargo, que su ingreso se realizó de manera irregular o no realizan su trabajo con la debida diligencia.

Con el paso del tiempo hemos sido testigos que la planilla estatal crece con cada cambio de gobierno, pero la calidad de los servicios estatales no mejora. El tamaño de las instituciones estatales debería estar directamente relacionado con la población a la que sirven y con las actividades desarrolladas en su interior.

Una mejor calidad del recurso humano del Estado no solo implica establecer procesos de selección con base en el mérito o procesos de evaluación periódicos. El Estado necesita empezar por una depuración de sus filas, tanto de gente que no tiene las acreditaciones para el cargo, como los cargos repetitivos e innecesarios en las instituciones. No es posible que existan dos o tres trabajadores para las labores que puede realizar uno.

La depuración es urgente no solo sobre personas que no tienen las competencias o en relación a la supresión de plazas innecesarias. Uno de los asuntos más urgentes e ignorados por nuestros funcionarios es la depuración por un mal manejo de la labor pública y por casos de corrupción.

En los últimos años se han dado situaciones preocupantes donde han estado involucrados los mismos empleados de las instituciones; sin embargo, la labor interna de depuración ha sido escasa o nula. La falsa creencia de que la gente contratada por el Estado no puede ser removida del cargo hace que quienes dirigen las instituciones opten por obviar el tema.

La labor de depuración no ha sido realizada a pesar del conocimiento de casos graves. Por ejemplo, en la Policía Nacional Civil se han presentado casos de extrema gravedad como los indicios de ejecuciones extrajudiciales, el fallecimiento de la agente Carla Ayala o los casos que se han llevados a tribunales por la implantación de prueba falsa.

La Fiscalía General de la República tampoco ha dado una sacudida a su personal, a pesar de la red de corrupción que Luis Martínez probablemente implantó en los años de su gestión y que ahora lo tienen pagando la pena de cárcel. El exfiscal Douglas Meléndez no hizo mucho al respecto y ojalá el fiscal Raúl Melera sí le preste atención a ello.

En el Órgano Legislativo no han sido debidamente investigados los casos de personas que tienen un buen salario y no llegan a trabajar. Y como lo reportó este periódico, en los últimos diez años el Estado aumentó su planilla en 37,118 plazas entre el gobierno central, las empresas públicas y las instituciones descentralizadas. Estas y el resto de instituciones estatales deben ser investigadas.

La depuración al interior de las instituciones públicas es una tarea que no se puede postergar más. Implica mucho dinero comprometido que podría invertirse en ramas que lo necesitan, e incide en la calidad de vida de los ciudadanos. Los incompetentes y corruptos no pueden seguir viviendo del Estado.

España: Aguirre marca el camino a Rajoy de la inaplazable renovación del PP. Editorial de El Mundo

el mundoEditorial, 15 febrero 2016 / EL MUNDO

POR SORPRESA y mediante una rueda de prensa urgente, Esperanza Aguirre anunció ayer su dimisión del cargo de presidenta del PP de Madrid. Lo hizo, según dijo, para asumir su “responsabilidad política” después de que el juez instructor de la operación Púnica ordenara esta semana hasta cinco registros para investigar posibles pagos al PP madrileño. La renuncia es un gesto tan infrecuente en la política española que no cabe más que elogiar el paso dado por Aguirre. Por inusual pero, sobre todo, por la facultad que tiene de señalar el camino para la profunda regeneración que necesita el PP, tras perder 3,5 millones de votos en las últimas elecciones generales y ver su estructura gangrenada por la corrupción.

Aguirre, quien compareció el pasado viernes ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, no está bajo sospecha ni se halla encausada en ningún proceso. Su responsabilidad afecta a sus competencias en la estructura regional del PP, y de ahí que conserve su puesto de portavoz popular en el Ayuntamiento de la capital. Si en septiembre de 2012 renunció a la presidencia de la Comunidad de Madrid por motivos personales, ahora lo hace forzada por las investigaciones que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP en Madrid. En concreto, por la operación centrada en rastrear si el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, donó casi dos millones de euros al PP en distintos pagos al exgerente regional Beltrán Gutiérrez. Abonos que fueron anotados en su agenda por Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, en prisión desde octubre de 2014. Esto es lo que, de forma coherente, llevó ayer a Aguirre a admitir su responsabilidad “in eligendo” por elegir a Granados; e “in vigilando”, por considerar que “debería haber vigilado mejor”. Su salida fija un listón elevado en el PP. Primero porque deja en una situación insostenible a Rita Barberá, atrincherada en el aforamiento que le procura su acta de senadora, pese a la imputación de todos los ediles del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Y, segundo, porque agrava la situación de Rajoy, lastrado por su tacticismo a la hora de dilatar la renovación en su partido.

La crisis interna ahora mismo en el PP es una crisis de liderazgo porque el estallido de la corrupción, tanto en Madrid como en Valencia, le llega a Rajoy en el peor momento, tras haber cedido la iniciativa política a Pedro Sánchez en el trámite de investidura y cuando empieza a cundir el cuestionamiento interno sobre su idoneidad como candidato ante un eventual adelanto electoral.

“La gente quiere gestos”, exhortó ayer Aguirre, aunque ella siempre esquivó escándalos como el caso Gürtel -destapado en 2009- o el polémico ático de Ignacio González, revelado por EL MUNDO. Cuestionada sobre el futuro del líder de su partido, respondió que ha llegado la hora de los “sacrificios” y las “cesiones”. Es evidente que, extrapolando a Rajoy el rasero que ayer Aguirre se aplicó a sí misma, el presidente del PP debería dar un paso atrás para facilitar un acuerdo de amplia base entre PP, PSOE y Ciudadanos, tal como ha defendido este periódico durante las últimas semanas. Para ello es imprescindible que el presidente asuma que la corrupción en el PP no es cosa de garbanzos negros, sino una corrosión sistémica que cercena el proyecto político del centroderecha español. Rajoy, cuya honorabilidad personal no está en entredicho, no puede confundir el hecho de que el PP fuera el partido más votado el 20-D con un indulto a su tancredismo con la corrupción. El líder popular haría bien en impulsar una ineludible catarsis en el seno del Partido Popular. Sólo así podría desbloquearse la investidura y sólo así el PP allanaría el camino para recuperar la centralidad política sin atisbo de sombras.

La dimisión de Aguirre tiene la virtud, además, de focalizar la necesidad de actualizar los órganos de esta formación. Habilitar una gestora puede ser una solución transitoria para el PP de Madrid. Pero lo relevante es que, tal como pidió Aguirre, su sustitución concluya en un congreso abierto en el que los militantes puedan votar, una medida con la que coincidimos. La dirección del PP debe asimilar que la época de las decisiones a la búlgara ha periclitado y que, en consecuencia, necesita un cambio orgánico legitimado por sus bases.

En todo caso, lo que tendrá difícil el PP es encontrar a una dirigente de la talla política y la personalidad de Esperanza Aguirre. Políticamente tocada por su derrota en las últimas municipales, acumula una trayectoria de tres décadas que le ha llevado a ser la primera mujer presidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid. Siempre ha sobresalido por la defensa de sus principios liberales. Con independencia del juicio que puedan merecer sus ideas, nadie duda de su compromiso con un sustrato ideológico que, precisamente, debería ser la argamasa de un PP fuerte y renovado.