Mes: mayo 2018

Respuesta a Maduro. De Jorge Castaneda

Sorprende el silencio de Manuel López Obrador ante el régimen político venezolano.

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

1 junio 2018 / El País

Las elecciones en Venezuela resultaron un poco mejor de lo previsto. Fue tanto el fraude que ni siquiera Henry Falcón, el candidato opositor palero,pudo avalarlas. La participación sí fue mucho menor que la histórica —como deseaba la oposición— y Falcón se vio obligado a desconocer los resultados y pedir nuevos comicios. Fracasó la maniobra de Nicolás Maduro de llamar al día siguiente a un diálogo nacional, al que hubiera acudido Falcón, y menos aún de formar un gobierno de unidad nacional con él y otros opositores a modo.

El régimen sobrevivió a la tormenta y se apresta, en medio de una crisis económica, humana, de abastecimiento y de violencia sin parangón en la historia moderna de América Latina, a permanecer seis años más en el poder. Lo hará, según el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aprobando una nueva Constitución que instalará una dictadura siguiendo el modelo cubano, acabando con lo poco que queda de la vieja democracia venezolana.

La comunidad internacional, a su vez, condenó las elecciones, desconoció los resultados y, según los países, inició o endureció las sanciones contra Maduro y sus colaboradores. En particular el Grupo de Lima, compuesto por 14 países, entre ellos México, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Perú, llamó a sus integrantes a aplicar o a intensificar medidas de suspensión de relaciones militares, culturales, financieras y comerciales con Venezuela, y a preparar una resolución de mayor dureza para la próxima asamblea anual de la OEA, en Washington, dentro de dos semanas.

El régimen sobrevivió a la tormenta y se apresta,
en medio de una crisis económica, humanitaria,
de abastecimiento y de violencia sin parangón

En plena campaña presidencial en México, el tema no parece atraer demasiada atención. Extrañamente, en el segundo debate presidencial, realizado en la ciudad fronteriza de Tijuana, dedicado al tema México en el mundo, el mismo día de las elecciones en Venezuela, los moderadores no consideraron útil o necesario interrogar a los aspirantes sobre su postura ante los comicios venezolanos, ni sobre la crisis de aquel país en general. Se hubieran llevado una sorpresa, y hubieran ayudado a ilustrar al electorado mexicano sobre una paradoja más que envuelve al puntero de la contienda, el candidato del partido llamado Morena, Andrés Manuel López Obrador.

La sorpresa: los otros candidatos —Ricardo Anaya, de Por México al Frente, y José Antonio Meade, del PRI— sostienen la misma posición, a saber, básicamente la del Grupo de Lima: desconocimiento de los resultados por inexistencia de las condiciones mínimas necesarias, de acuerdo con criterios internacionales, suspensión de toda la cooperación con Maduro, llamada a consultas de los embajadores en Caracas, sanciones crecientes contra la dictadura. López Obrador, por su parte, mantiene en todos los foros su silencio tradicional, pero sus voceros o bien invocan el consabido y llevado y traído principio de no intervención, o bien confiesan que no han discutido el tema o no responden a la pregunta salvo para decir que AMLO no conoce a Nicolás Maduro. La paradoja: el tema incomoda enormemente a Morena y a AMLO, y no saben dónde esconderse cuando surge.

En efecto, se les abren dos caminos. O bien critican y denuncian el fraude, el autoritarismo, el exilio forzado y la corrupción del chavismo, en cuyo caso brincan sus huestes internas: la ultra-izquierda, los sectores castrófilos en Morena o los que reciben dinero de Venezuela (el llamado Partido del Trabajo), y corren el riesgo de que Caracas revele secretos inconfesables de la elección de 2006, en la que también contendió López Obrador y perdió. O bien defienden al régimen dictatorial, escudándose tras una vergonzosa no intervención, y aparecen ante sectores clave del electorado como cómplices del autoritarismo y el fraude. Mejor se callan. Pero si se les arrincona, trastabillan o cascabelean.

Por una de dos razones. Ya sea porque simplemente no saben qué decir, y piensan, tal vez con razón, que el silencio no será reprobado por una opinión pública mexicana indiferente. No pagan costo alguno por contestar con lugares comunes o balbuceos. O tal vez callan, porque existe una verdadera afinidad o cercanía de Morena y AMLO con la experiencia chavista, en todas sus versiones, y no quieren criticar o deslindarse de un aliado y, sobre todo, de un modelo, cuyo fracaso es culpa del imperio, no de los errores y excesos garrafales que ha cometido.

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La Ópera Bufa populista. Columna Transversal de Paolo Luers

Roma, 1 junio 2018 / El Diario de Hoy

Hace una semana escribí, en una carta desde Roma, que “todo indica que cuando se publique esta carta, Italia tendrá un gobierno.” Me equivoqué, como todos los comentaristas. Nadie tomó en cuenta la postura del presidente italiano, Sergio Mattarella – y la posibilidad que este señor de 76 años y convencido defensor de la integración europea podría negarse a permitir que una precaria coalición de populistas de derecha e izquierda ponga en riesgo la estabilidad de Italia y su futuro dentro de la Unión Euro.

Pero Mattarella vetó el gabinete que le presentaron. Obviamente tiene la obligación de encargar la formación del gobierno a la persona nombrada por una coalición que ganó mayoría parlamentaria. La Constitución no le permite vetar el programa de gobierno presentado por la coalición entre M5S (‘5 Stelle’, Cinco Estrellas, el movimiento anti establishment, anti político, anti partidos, anti austeridad y anti europeo fundado en 2009 por el cómico Beppo Grillo y que fue apoyado por muchos sectores de una izquierda que se sentía defraudada por sus partidos) y la ‘La Lega’ (el partido nacido del movimiento separatista del Norte de Italia, de carácter nacionalista, xenofóbico y anti europeo). Pero el presidente insistió que sus facultades constitucionales sí le permiten vetar a a un ministro propuesto – e hizo uso de esta facultad: Vetó la pieza clave de esta coalición, al economista Paolo Savona, feroz adversario de la moneda única europea y de los ‘dictados de austeridad’ que según él Alemania y la burocracia europea de Bruselas imponen a Italia.

La coalición de los movimientos populistas había puesto a Savona a escribir la parte de su programa de gobierno sobre economía, política fiscal y política europea. Y consecuentemente insistieron que él asumiera el poderoso ministerio de Finanzas y Economía, decisión que inmediatamente causó alarma en Berlin, Paris y Bruselas – y en Quirinale, el palazzo presidencial.

Nombrar como ministro clave a un hombre que quiere sacar Italia del Euro y de los convenios europeos que limiten el déficit fiscal de sus estados miembros, es el punto de coincidencia entre los dos movimientos populistas que ganaron las elecciones italianas de marzo 2018: ‘M5S’ es anti-europeo por ser anti-establishment y anti-austeridad, y ‘La Lega’ es anti-europeo por nacionalista y xenofóbico.

El presidente italiano, normalmente una figura más ceremoniosa que política, con autoridad moral y simbólico más que político, se vio en un dilema: Por una parte tiene que reconocer la voluntad popular expresada en elecciones, que dio a los movimientos populistas el mandato a gobernar; por otra parte, como presidente tiene que proteger la estabilidad de Italia que razonablemente no puede visualizar en conflicto con la integración europea.

Su decisión de vetar al ministro de Finanzas por su agresivo discurso anti-europeo y sobre todo anti-alemán no nace de la intención de bloquear la colación populista, sino de mandarles un mensaje de moderar su programa anti-europeo y anti-austeridad. Pero ‘M5S’ como ‘La Lega’ convirtieron el nombramiento de Savona, que representa su principal punto de coincidencia ideológica, en punto de honor. Ante el veto del presidente, desistieron a formar gobierno y piden nuevas elecciones, seguros a ganarlas.

Muchos critican al presidente. Unos lo presentan como el representante de la ‘casta política’ que ‘no quiere permitir los cambios políticos que el pueblo pide’; otros comparten su posición pro-europea, pero señalan que su veto victimiza y fortalece a los populistas de derecho e izquierda. Opinan que hubiera sido mejor dejar a esta coalición formar su gobierno, especuando que pronto fracasaría por sus propios contradicciones e incapacidades. En este caso irían a elecciones no como victimas, sino como fracasados.

Y los pupulistas ahora tienen un argumento muy potente: “En Italia han juramentado como ministros a mafiosos y corruptos, y ahora vetan a alguien que se quiere enfrentar a la partidocracia…

Mi reflexión: El presidente tiene toda la razón, pero a veces puede ser un error hacer lo correcto…

El presidente encargó a un tecnócrata independiente, experto de finanzas internacionales, a formar un ‘gobierno técnico’, para administrar la crisis y convocar nuevas elecciones en 2019. Este gobierno no gozaría de ningún respaldo parlamentario y podría hacer muy poco para garantizar la estabilidad de Italia. No podría impulsar ninguna política nueva. También existe todavía la posibilidad de que la coalición populista haga otro intento de formar gobierno, sacrificando al hombre de la discordia. De todos modos, cualquier gobierno que se forme sería transicional, e Italia enfrentará nuevas elecciones, probablemente muy pronto.

Estas elecciones se convertirán en un plebiscito sobre el futuro de Italia en Europa, y también sobre el sistema partidario del país. El gran problema: En Italia, aparte del presidente que está muy solo y no puede ser protagonista electoral, no hay ningún líder capaz de defender el sistema y la idea de la integración, y mucho menos de confrontar al populismo. No hay ningún Macron, como en Francia, ni Albert Rivera, como en España, ni Angela Merkel, como en Alemania. La centroderecha se ha rendido ante los populistas. La extrema derecha mafiosa de Berlusconi está dispuesta de pactar con ellos para protegerse. Y la centroizquierda está atomizada.

No se ve solución fácil para Italia.

 

Lea la carta de Paolo Luers desde Roma: L’Opera Buffa

Un Gobierno inviable. Editorial de El País

La moción desalojará a Rajoy, pero no generará más estabilidad política.

Pedro Sánchez del PSOE y Pablo Iglesias de PODEMOS durante el debate sobre la moción de remover a Rajoy del gobierno.

1 junio 2018 / Editorial de EL PAIS

La resistencia de Mariano Rajoy a dimitir —aún queda formalmente tiempo para que lo haga y apelamos enfáticamente a su responsabilidad para que responda en ese sentido— ha dejado al Congreso de los Diputados atrapado entre dos tiempos y requerimientos difíciles de conciliar entre sí.

Por un lado, un indiscutible imperativo ético obliga a desalojar al presidente de La Moncloa —que se despide insultando al Parlamento y a los votantes con su ausencia en la sesión vespertina y abrir un nuevo tiempo que dignifique la política y las instituciones democráticas lejos de la corrupción generalizada del PP. Por otro, si la Cámara censura con éxito al Gobierno, el tiempo de la urgencia ética deberá dar paso al tiempo normal de la política bajo otro Gobierno, que debería contar con un programa y apoyos parlamentarios que proporcionen estabilidad política y económica en un momento especialmente delicado. Desafortunadamente, no va a ser así.

El rechazo de uno a dimitir y del otro a ir a las urnas e
s un elemento adicional a la crisis

Como se constató este jueves en el hemiciclo, ni el presidente del Gobierno puede continuar ni el líder de la oposición tiene la capacidad política de liderar un Ejecutivo estable y coherente. La gobernabilidad de España está a punto de pasar de las manos de un líder, Mariano Rajoy, culpable de esta crisis institucional por su incapacidad para afrontar su responsabilidad política, a otro, Pedro Sánchez, que rechaza acudir a la ciudadanía para obtener un mandato claro para seguir adelante. Con su rechazo a convocar a las urnas para solventar esta grave crisis, los líderes de los dos partidos que han gobernado la democracia muestran que no tienen confianza en sí mismos ni en sus votantes para que renueven el apoyo que en otros tiempos les dieron. El rechazo de uno a dimitir tras haber perdido la mayoría y del otro a ir a las urnas para tener una mayoría estable se convierte así en un elemento adicional de la crisis del sistema democrático en el que la política se ha instalado desde 2015. Con su proceder, tanto uno como otro pretenden evitar el castigo de sus votantes en las urnas, aunque cabe preguntarse si a la larga no lo agravarán. Esto es lo más probable.

Asistimos, en realidad, al duelo entre dos políticos sin futuro; al último impulso, quizá, de dos dirigentes de dos partidos que se agarran desesperadamente entre sí ante el viento que los arrastra. Uno y otro parecían calcular si es mejor o peor apurar unos cuantos meses en La Moncloa para pilotar así en mejores condiciones las próximas elecciones. Entendemos que, no importa cuál de los dos pilote, ambos conducen la nave hacia un destino fatal. En ningún momento en el duelo Sánchez-Rajoy parecía adivinarse la menor preocupación por los intereses ciudadanos.

Intentar gobernar con unos apoyos
contraproducentes es una imprudencia

Mucho nos tememos que la crisis del sistema, ya grave, se agudizará si Sánchez logra su empeño de instalarse y permanecer en el Gobierno con el magro apoyo que proporciona un núcleo estable de 84 diputados que solo de forma excepcional ha logrado sumar una mayoría absoluta para lograr su investidura. Gobernar un país que afronta retos políticos, económicos, sociales y territoriales de indudable calibre con un apoyo tan exiguo sin duda generará inestabilidad, y con ello contribuirá a deteriorar la confianza en las instituciones.

Prueba de la artificialidad e inviabilidad del Gobierno que se propone es el programa que presentó Sánchez en el Congreso, que incluye la pretensión de gobernar con los Presupuestos Generales recién aprobados por el PP, al que aspira a desalojar, y que fueron motivo de una enmienda a la totalidad de su partido por su carácter supuestamente antisocial y regresivo. O el empeño en sacar adelante una importantísima agenda legislativa en materia económica y social desde un Gobierno monocolor que, con 84 diputados, representaría el 24% de los escaños de la Cámara.

Más preocupa si cabe el deseo expresado por el candidato de “tender puentes” y “dialogar” con las fuerzas independentistas catalanas cuando se sabe que ese diálogo —como dejó muy claro Tardà y ratificó después Iglesias— solo puede versar sobre el cómo y el cuándo se celebrará una consulta sobre la independencia de Cataluña. Hay que recordar que el bloque constitucional formado por el PP, el PSOE y Ciudadanos que ha gestionado la respuesta a la crisis catalana y la aplicación del artículo 155 ha contado con 254 escaños, esto es el 72% de la Cámara. Sin embargo, con sus 84 escaños, el PSOE será minoritario en la coalición de 180 diputados con la que pretende gobernar, pues todos los partidos que le apoyan (Unidos Podemos, Bildu, ERC, PDeCAT y PNV) son partidarios, de una forma o de otra, del derecho a decidir, eufemismo de un derecho a la autodeterminación que no cabe en la Constitución. ¿Puede aspirar Sánchez a gestionar la crisis catalana siendo minoría dentro de su propia coalición parlamentaria y siendo minoría dentro del bloque constitucional? Difícilmente.

Desalojar a Rajoy, insistimos, es un imperativo. Intentar gobernar sin apoyos o, peor, con unos apoyos contraproducentes, una imprudencia. Tal y como hemos sostenido, en aras de evitar la inestabilidad y la deslegitimación del sistema democrático, apelamos a una pronta convocatoria a las urnas en fecha pactada por todos los grupos parlamentarios que quieran garantizar la estabilidad y la gobernabilidad y que piensen que la solución más eficaz y más democrática es dar la voz a los ciudadanos.

Votar en el infierno. De Jorge Volpi

La elección se ha transformado en un plebiscito entre la continuidad del régimen o un salto hacia algo que aún no se conoce muy bien. Ninguno de los dos favoritos en las encuestas se muestra con las ideas para transformar un país que se desangra.

Jorge Volpi, escritor mexicano

31 mayo 2018 / EL PAIS

Más de 200.000 muertos en doce años, un número incierto de desaparecidos, superior sin duda a los 70.000, y cientos de miles de desplazados: este es el resultado de la guerra contra el narco, lanzada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006 y continuada por Enrique Peña Nieto, sin reconocerlo abiertamente, hasta nuestros días. A estas escalofriantes cifras, propias de una guerra civil, hay que añadir una corrupción que cimbra todos los niveles de nuestra vida pública —una decena de gobernadores se hallan presos o prófugos—, una desigualdad obscena y un sistema de justicia en bancarrota, en donde solo el 3% de los delitos se denuncia y, de esta cifra, apenas el 10% culmina en una sentencia firme (por lo general, condenatoria)

Estas son las penosas cuentas que puede ofrecer al día de hoy la renqueante democracia mexicana, establecida —al menos de forma simbólica— en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox, el primer presidente de la oposición en casi setenta años. Las cuentas, pues, de los Gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ambos provistos, al menos en este ciclo, con una ideología de centro-derecha casi intercambiable. Que sus enemigos más encarnizados, como Andrés Manuel López Obrador (mejor conocido como AMLO o El Peje), los asimilen bajo la etiqueta de PRIAN —o, más burdamente, como la mafia en el poder—, no responde por tanto a un capricho, sino a una serie de políticas comunes que nos ha llevado a habitar un cementerio, a carecer de toda confianza hacia nuestros gobernantes y nuestras instituciones y a mantener uno de los coeficientes GINI —el índice internacional de desigualdad— más altos del planeta.

A nadie debería sorprender, pues que las elecciones de este año se aboquen a imponer un doble voto de castigo contra el PAN y el PRI, la criatura bicéfala que ha arrastrado a México a un caos semejante. Cualquier candidato capaz de asumir una drástica condena al statu quo encontraría un eco natural entre la mayor parte de los votantes. Porque, aunque todos los candidatos se esfuercen por negarlo, México no es un país normal, sino un país en ruinas que, gracias al auge económico y la pujanza de las grandes urbes, se disfraza de potencia emergente. Quien no se dé cuenta de que la rabia y la desconfianza son los principales motores ciudadanos en este 2018 en realidad no conoce al país, sino el espejismo esculpido por los medios oficiales.

López Obrador ha tenido la sagacidad de ocultar
sus vertientes más radicales

ENRIQUE FLORES

Más allá de sus numerosos defectos, lo cierto es que AMLO fue el único en darse cuenta de este fenómeno a fuerza de participar en tres elecciones sucesivas y de haber recorrido hasta las comarcas más apartadas de nuestro territorio. Si en 2006 perdió la elección por la mínima —o fue víctima de un fraude—, y en 2012 los ciudadanos decidieron castigar la desastrosa administración de Felipe Calderón concediéndole una nueva oportunidad al PRI, ahora no queda otra alternativa excepto probar la opción que México no ha experimentado hasta ahora o dejar el país en manos de los mismos responsables de la catástrofe. Con esta estrategia en mente, el candidato del Movimiento de Renovación Nacional (Morena: un guiño más a un país tan clasista como racista), ha sabido leer como nadie el tiempo mexicano de nuestra época.

La elección se ha transformado, así, en un plebiscito entre la continuidad del régimen o un salto hacia algo que aún no se conoce muy bien, pero que representa la negación de estos 18 años de infortunio. Con el profundo malestar puesto en su favor, AMLO ha tenido en esta ocasión la sagacidad de ocultar sus vertientes más radicales —poco parece quedar del furibundo opositor que tomó el paseo de la Reforma o se impuso una banda presidencial alternativa en 2006— y la paciencia para construir una alianza en la que caben desde militantes radicales hasta evangélicos ultraconservadores, y donde han encontrado techo panistas y priistas desencantados, defensores de Maduro o de Kim Jong-un y, en una posición preeminente en la campaña, la hija del líder histórico de la derecha empresarial, Manuel J. Clouthier. Ello no quiere decir que a veces no resurja el líder dogmático y autoritario —insiste en que su solo triunfo bastará para limpiar el país—, pero por ahora prefiere mostrarse tolerante, abierto y, en casos extremos, dotado de un extravagante sentido del humor.

En este escenario, AMLO impuso como punto nodal de su agenda —de la agenda— el combate a la corrupción, y las erráticas estrategias de sus rivales no han hecho sino beneficiarlo. Mientras la mitad de la campaña José Antonio Meade y Ricardo Anaya se enzarzaron en una pelea por demostrar cuál de ellos o de sus partidos era el más corrupto —el candidato del PRI apoyado por la Procuraduría General de la República en un típico uso faccioso de las instituciones del Estado—, el líder de Morena continuaba siendo visto como el único político intachable. Se entiende en este contexto que el presidente Peña Nieto eligiera como candidato del PRI a un independiente con fama de honesto, pero al final resultó la peor idea posible: alguien sin carisma y sin consenso entre las bases que, para colmo, debe cargar a cuestas con la marca infamante del partido de la corrupción.

Meade y Anaya se enzarzaron en una pelea por demostrar
cuál de ellos era el más corrupto

El sentido actual de las encuestas, que colocan a AMLO entre 15 y 25 puntos de Anaya, y a su vez a este a 10 de Meade, refleja con nitidez los errores del PAN —aliado para esta elección con lo que queda de la izquierda tradicional del PRD— y del PRI. Como sea, no es esta una elección ideológica: por primera vez se vota por tres candidatos conservadores, que van de la visión social anticuada de AMLO a la derecha católica de Meade —y a la ultraderecha de su candidato a la Ciudad de México—, con Anaya como paradójico pivote.

A pocas semanas de las elecciones del 1 de julio, nada parecería ser capaz de enturbiar esta fotografía. Anaya se ha erigido en el único rival viable de López Obrador —de confirmarse el resultado, sería acaso el fin del PRI como lo conocemos—, pero sus dotes oratorias y su juventud no han acabado de calar en grandes sectores del país, y su incapacidad para distinguirse del régimen previo, llegando a flirtear incluso con una alianza tácita con el PRI, y su sobreactuación en el último debate no le ha permitido crecer en las encuestas.

La campaña se ha revelado apática y carente de ideas, con tres candidatos que, por razones opuestas, no ha afrontado el mayor problema del país —esa violencia ciega y esa impunidad para criminales y políticos corruptos que nos convierte en un Estado fallido—, negándose a considerar la legalización de las drogas y olvidando por completo la necesaria construcción de un sistema de justicia confiable, eficaz e independiente: la única receta posible para salir de la catástrofe humanitaria en que nos hallamos sumidos.

Carta al presidente de CEL: ¿Y el Chaparral? De Paolo Luers

31 mayo 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimado David López:
Se va a recordar que le entrevisté en enero del 2017, y que uno de los temas fue la construcción de la presa El Chaparral. Hablamos de los costos que se estaban disparando de 140 millones a un aproximado de 400 millones de dólares. Discutimos si con este costo El Chaparral todavía era una inversión rentable, y usted me dijo que aunque costara 1000 millones, una inversión del Estado siempre es rentable, porque no se calcula con la lógica de la ganancia capitalista… Y hablamos de los tiempos. Cito:

Así como está el proyecto de El Chaparral, ¿cuándo va a comenzar a operar?
Tenemos la orden que en el primer trimestre del 2018 se tiene que terminar, para poder empezar a recibir las primeras lluvias de junio 2018 y ya empezar a generar en esa época.

¿En 1 año y 2 meses? ¿Eso es factible?
Sí, le estamos metiendo todo.

Pero queda pendiente comprar tierras, preparar terrenos…
Ya está todo.

Voy a guardar esa frase, le voy a buscar en junio del 2018 y preguntarle que pasó.
Exacto.

Sigo escéptico. Me encantaría que usted tuviera razón…
Te invito que vayamos a El Chaparral.

Bueno, mañana tenemos el 1 de junio 2018. Usted todavía es presidente de CEL. La construcción de El Chaparral todavía no está concluida. Y sobre los costos, que usted me dijo que tenían como límite 400 millones, tenemos ratos de no escuchar ni una palabra.

Es tiempo que acepte su invitación que vayamos juntos al Chaparral para ver qué pasa. Off te record me dijo: Vamos en helicóptero. No importa, yo puedo ir en carro…

Leyendo nuevamente la entrevista, me fijo que usted nunca dijo: “El Chaparral va a estar listo en marzo y operando en junio del 2018.” Usted dijo: “Tenemos la orden…”

Entiendo que el único que puede dar órdenes al presidente de CEL es el presidente de la República. Entonces, lo que le voy a preguntar cuando vayamos al Chaparral será: ¿Dio el presidente Sánchez Cerén una orden equivocada? Si fue así, ¿quién lo asesoró y cuál fue el consejo de CEL? ¿O fue la CEL incapaz de cumplir con una orden racional? Y una última pregunta: ¿Alargándose el proyecto, vamos a descubrir que no solo los plazos no eran realistas, sino tampoco los costos proyectados, o sea el límite de 400 millones?

Al solo regresar al país en junio, me voy a poner en contacto con su oficina de prensa para que cuadremos el viaje y la nueva entrevista.

Con cordiales saludos desde Roma,

La entrevista a David López:
Parte 1: “Las anteriores administraciones no tomaron las decisiones adecuadas”
Parte 2: “Como persona de izquierda, no estoy de acuerdo con la descentralización de CEL”
Parte 3: La negociación de la CEL con Odebrecht

Una nota que acompañó la entrevista:
El legado para los siguientes gobiernos es una gran hipoteca

El huesped. De Ricardo Avelar

30 mayo 2018 / El Diario de Hoy

Después de unos problemas en casa, se marchó. Casi de puntillas, evitando ser visto y escuchado. Así llegó donde su amigo, quien sin cuestionar sus motivos le abrió las puertas. Así se convirtió en el Huésped.

El Huésped se mudó a un nuevo vecindario. No tan diferente al suyo, pero con algunas peculiaridades.

Con el tiempo, el Huésped fue notando el recelo de sus vecinos y es que en barrios como estos las noticias corren rápido y quienes le rodeaban empezaron a preguntarse por qué, de un día para otro, este personaje había aparecido en sus vidas. Y no apareció silencioso ni sutil. Su entrada se dio con pompa, pues su amigo el Anfitrión le ofreció todas las facilidades posibles y se aseguró que el respaldo a la presencia del nuevo elemento se notara. No había necesidad de esparcir rumores. El vecindario completo sabía casi a ciencia cierta de dónde venía el Huésped y por qué se mudó.

Pese a que el barrio miraba con molestia al nuevo inquilino y algunos de los locales le cuestionaban su presencia si lo cruzaban en el supermercado o sus constantes viajes al autolavado, tenían otros problemas que afrontar y es que este nuevo vecindario vivió siempre una tensa calma.

Una de las razones que despertó las sospechas y el recelo de los vecinos fue, precisamente, que el Anfitrión del Huésped era el líder de la directiva de este barrio. Como tal, tenía el poder de tomar decisiones que afectaban a todos y en la mayoría de ocasiones, poco le importaba lo que quisieran sus pares. Se rumoraba que había hecho trampas con el dinero de los condóminos para agrandar su riqueza. Contrató un aparato de guardias que vigilaba constantemente a los vecinos y disuadía cualquier crítica a su gestión al frente del barrio. Acosaba a los vecindarios aledaños, tenía tratos oscuros con otras comunas más lejanas cuyos liderazgos eran cuestionables y en una ocasión mandó a redecorar los parques de su localidad con unos armatostes horrendos que simulaban ser árboles. Y es que además de principios cuestionables, el anfitrión tenía mal gusto. Ante todo esto, por cierto, el Huésped guardó silencio porque no se muerde la mano que te da asil… residencia temporal, perdón.

Un día, el vaso de la paciencia de los vecinos se derramó. Desde hacía tiempo, los miembros de esta localidad ahorraban parte de sus ingresos en un esquema controlado por la Directiva. Y cuando esta última quiso hacer cambios, el descontento se hizo notar rápidamente. Los condóminos rápidamente demandaron cambios del líder de esta directiva y este, lejos de escuchar, hizo que sus guardias silenciaran las protestas.

Cuando los más jóvenes del vecindario salieron a quejarse pues les estaban robando el prospecto de un futuro digno, se encontraron con fuerza bruta. Aquellos que se dedicaban a llevar las noticias de lo que sucedía a todos los rincones del barrio también fueron reprimidos. La lista de amigos del líder empezó a derrumbarse, a medida se evidenciaban sus prácticas poco transparentes y la barbarie de su mandato. Y un día, hasta tumbaron los armatostes horribles con los que había decorado los parques.

En medio del caos, hubo alguien que inicialmente guardó silencio y luego, cínicamente, salió en defensa de la descarada directiva: el Huésped. Y es que el Huésped no es tonto. Sabe que el regreso a su antiguo barrio lo pone en riesgo. Sabe que la gente sabe muchas cosas. Sabe, también, que permanecer donde cómodamente le hospedan requiere complicidad y defensa, requiere hacer apologías cínicas de cosas que antes, cuando más joven, solía criticar.

El Huésped confirma con su defensa a la directiva que ni aquí ni allá fue un tipo confiable. Por lo contrario, deja entrever el tipo de amigos de los que se rodea. Amigos sin escrúpulos, que odian ser cuestionados, que no titubean antes de callar a quienes les hacen preguntas, que no sienten pena por reprimir.

Y no, no se espera que el Huésped cambie. Por el contrario, seguirá defendiendo a su Anfitrión. El problema es que el Anfitrión ya no puede garantizar su pertenencia, pues el barrio ha despertado y muchos lo quieren fuera. Y sin él al mando, el Huésped está en riesgo de volver a casa, donde algunos le esperan ansioso (para llevarlo a la justicia).

@docAvelar

Traslados inconstitucionales. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

28 mayo 2018 / El Diario de Hoy

En los últimos años se han escrito ríos de tinta sobre las cualidades que deben poseer los magistrados que la Asamblea Legislativa está próxima a elegir. Y no es para menos, la Sala de lo Constitucional se ha convertido en un bastión fundamental de la institucionalidad del país, a quien poco han importado si las decisiones afectan a la derecha o a la izquierda, sino que han tratado de hacer valer los principios y derechos que contiene la Constitución. Nos agraden o no las decisiones que tomen, los magistrados actuales nos han dejado como legado experimentar que es cierto aquello de que “el poder (de la Constitución) frena al poder político”.

Dada la trascendencia que ha tomado el trabajo de la Sala, ahora la silla de magistrado tiene más valor. Mucho se ha dicho que estas personas no deben tener vínculos con partidos políticos y que deben contar con sobrada experiencia y capacidad para desempeñarse en el cargo. Sin embargo, hay un requisito establecido en la jurisprudencia constitucional del que se habla poco: los magistrados de otras Salas no pueden ser trasladados hacia la Sala de lo Constitucional.

Hay que tener el panorama completo y poner sobre la mesa la relevancia del tema. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos para un periodo de nueve años con una renovación periódica de personas cada tres años, y la Ley Orgánica Judicial dice que cada año será la Corte en pleno la que determinará en cuál Sala se ubicará cada magistrado. Pero para la Sala de lo Constitucional hay una consideración especial: es la Constitución la que dice que los magistrados constitucionales serán nombrados por la Asamblea por nueve años.

Esto fue incumplido por la Asamblea Legislativa en el año 2006, cuando se trasladaron a dos magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de la Corte hacia la Sala de lo Constitucional. Así generó un problema que por el momento los legisladores no han encontrado solución: ahora la Sala de lo Constitucional cambia drásticamente su conformación cada nueve años, renovando a cuatro de sus cinco integrantes, tres años después se renueva uno y en los siguientes tres años ninguno. Antes de ello, la renovación se realizaba de manera escalonada con dos magistrados nuevos los primeros tres años de funcionamiento, dos los siguiente tres años y un magistrado tres años después, completando cada uno el ciclo de nueve años.

El sentido de un nombramiento tan largo en una misma Sala no es más que la estabilidad en el tiempo de los criterios con los que se resuelven los casos, pues nos asegura que éstos no cambiarán injustificadamente por cada magistrado de turno. Además, esta regla también tiene como fin evitar que la silla de magistrado en la Sala de lo Constitucional se convierta, cada tres años, en moneda de cambio, en premio para algunas personas que logren “agradar” al poder político, o que el traslado signifique “el castigo” para otras, como pasó con el magistrado Belarmino Jaime.

Si nos ponemos a hacer memoria, en 2012 la Asamblea Legislativa intentó trasladar al magistrado Jaime cuando terminó su periodo de presidente del Órgano Judicial y la Sala de lo Constitucional; en una sentencia de inconstitucionalidad la Sala consideró que esa acción era una intromisión inconstitucional hacia la forma como se compone el tribunal encargado de defender la Constitución en El Salvador y cuyos miembros fueron nombrados por la misma Asamblea para un periodo determinado.

Ya los diputados en la Asamblea Legislativa tienen claro que deben elegir a personas competentes que no tengan vínculos partidarios; calificadas y capacitadas, porque en la Sala se tratan temas complejos y que requieren de un conocimiento integral y desarrollado; y, que no pertenezcan a partidos, ya que la no vinculación partidaria es una garantía que a los magistrados no les tiemble el pulso al momento de enfrentarse a decisiones que pueden afectar a la clase política, como ha pasado en los últimos nueve años. Diputados, además de estos dos requisitos, también tomen en cuenta que los nombramientos son por nueve años y no pueden trasladar magistrados de otras Salas; la Sala de lo Constitucional no es moneda de cambio. Los estaremos observando.