Ecuador

La conversación que incomoda al Señor Embajador. De César Ricaurte

El cierre de Fundamedios es una grave violación a los Derechos Humanos.

César Ricaurte es Director Ejecutivo de Fundamedios.

César Ricaurte es Director Ejecutivo de Fundamedios.

César Ricaurte, 24 sept. 2015 / EL PAIS

Fiel al estilo del Presidente Correa de rebatir cualquier verdad inconveniente que publique la prensa sobre las violaciones a Derechos Humanos en el Ecuador, el Embajador Miguel Calahorrano ha contestado a los artículos de este diario dónde se informa del abusivo cierre de la organización Fundamedios que monitorea, defiende y promueve la libertad de expresión en el Ecuador.

El objetivo del representante del Gobierno ecuatoriano es claro: confundir a la opinión pública española y cambiar de conversación: el cierre de Fundamedios ya no se trata de una gravísima violación a los derechos humanos, sino un acto legítimo del Gobierno en contra de una oscura organización de la sociedad civil que incumple sus estatutos y las leyes.

La realidad suele ser porfiada y se desliza por todos los costados aunque se intente detenerla con un par de cuartillas. El cierre de una organización defensora de un derecho fundamental como la libertad de expresión no es un hecho que se produzca habitualmente en una democracia. Todo lo contrario, algo así no se ha dado ni siquiera en países con situaciones tan deterioradas como Venezuela.

Por ello cinco relatores de sistemas internacionales de derechos humanos se pronunciaron de forma contundente al expresar “grave preocupación por las recientes medidas del Gobierno de Ecuador para disolver Fundamedios, una destacada organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y libertad de medios en ese país.” El grupo de expertos, tres de Naciones Unidas y dos de la OEA, abundan: “La disolución forzada de una asociación es una medida verdaderamente extrema que tan solo se puede justificar en los casos más excepcionales, bajo estricto cumplimiento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de estar vinculada al alcance de fines imperativos en una sociedad democrática”. Concluyen: “Sería de especial preocupación que el Estado adoptara cualquier resolución en este caso en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, es la acción del gobierno la que tiene los ‘tintes políticos’ más fuertes”, subrayo el grupo, e indicó que “la razón fundamental citada para la disolución de Fundamedios podría ser utilizada para obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”.

Cabe recordar quienes son los relatores que firman el comunicado emitido el pasado jueves Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos; José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH; y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Este comunicado histórico, pues es la primera vez que cinco relatores se pronuncian con tal contundencia sobre un caso, nos sitúa en la verdadera conversación, la misma que el Gobierno ecuatoriano no quiere tener: el cierre de Fundamedios es una grave violación a Derechos Humanos fundamentales. En ese contexto, las afirmaciones del Embajador sobre nuestro trabajo son insostenibles y se constituyen como otro ladrillo más en el muro que el Gobierno ecuatoriano pretende construir alrededor de quienes discrepamos con algunas de sus políticas.

Solo basta ver el expediente que abrió la SECOM en nuestra contra. Se nos acusa de realizar “actividades políticas”. ¿Cuáles son estas?: 1. Nos negamos a dejar de emitir alertas sobre las violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador. 2. La actividad en nuestras redes sociales, especialmente por la difusión de análisis político, monitoreo de medios con noticias de medios locales sobre las marchas de protesta social, entre muchas otras, menciones de terceros a Fundamedios. ¿Actividad política por 54 tuits y tres menciones en Twitter? Hemos dicho que las acusaciones son delirantes y el prestigioso periodista peruano Ricardo Uceda las llamó “macondianas”.

El Embajador ratifica el ridículo y escribe: “Su posible participación política se habría evidenciado en las alertas y boletines que Fundamedios emite mediante su web y redes sociales, donde además habría publicitado los blogs políticos de opositores al Gobierno.” A confesión de parte…

El Embajador lo ratifica: a Fundamedios la intentan cerrar porque al Gobierno no le gusta lo que decimos, lo que denunciamos, los valores de libertad de pensamiento que cultivamos. Y valga un detalle, aquello que llaman “blogs políticos de opositores al Gobierno” son las columnas virtuales de los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández, reconocidos entre las mejores plumas de Ecuador y que quedaron sin espacio, sin voz y sin trabajo cuando por las políticas gubernamentales contra los medios privados y la aplicación de la Ley de Comunicación, Diario Hoy de Quito fue intervenido y cerrado por el Gobierno. ¿Puede haber mayor cinismo?

Más falacias a examinar. Se nos acusa de hacer política, cuando defendemos Derechos Humanos. La idea de fondo es que la política es algo que solo le pertenece al Gobierno y a su partido. Los demás ecuatorianos debemos abstenernos de tener opiniones políticas y la defensa de DDHH implica un grado de compromiso político. No partidista, por supuesto.

Es insólito que el Embajador del Gobierno ecuatoriano nos reclame por actos u omisiones que para él son actos políticos, pero que no consta en ninguna parte del expediente de disolución de la SECOM. Más insólito aún es cuando un Gobierno se toma la potestad de calificar qué acciones y omisiones de una ONG constituyen “acciones políticas”. ¿Se imaginan al Gobierno español tratando de cerrar organizaciones por los derechos de los migrantes porque alguna vez olvidaron o no pudieron defender a un refugiado que ahora es militante del PP? Inconcebible, ¿verdad? Y solo estoy dando un ejemplo sacado de la chistera. Pero triplemente insólito es que el Gobierno ecuatoriano no haya condenado ni una sola de las 1.318 agresiones contra la prensa que hemos registrado y reclame a una ONG por uno o dos casos. Cabría recordar que el Gobierno de un país, no una ONG, tiene la obligación de garantizar y proteger al trabajo periodístico.

Brevemente, voy a referirme, a los temas de financiamiento y a aquello de ser “informantes de la Embajada”. El financiamiento de Fundamedios es legal y legítimo. Nuestras fuentes son la cooperación internacional y son diversas tal como lo confirma una reciente infografía publicada en el diario oficial El Telégrafo. Hemos trabajado con USAID y con NED y ello no constituye delito ni tampoco tiene la connotación que se le quiere dar. Es más, decenas de funcionarios del Gobierno ecuatoriano han recibido este tipo de cooperación internacional: el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, el secretario particular del Presidente Correa, Omar Simon, el Fiscal General, Galo Chiriboga, el director de El Telégrafo, Orlando Pérez… Podemos seguir, que la lista es larga. ¿Todo ellos eran agentes de la CIA o tal vez esta cooperación no sea lo que dicen qué es? Para abundar, ¿Adivinen quién era el principal receptor de fondos de USAID? Exactamente: el Gobierno ecuatoriano.

Sobre aquello de informantes. Parece que las autoridades ecuatorianas tienen problemas con las traducciones desde el inglés. Los cables de la Embajada estadounidense revelados por Wikileaks hablan de un deterioro de la libertad de prensa en el Ecuador basados en los informes públicos emitidos por Fundamedios, probablemente alimentados por conversaciones de coctel con periodistas y directivos de medios. Nada oscuro, nada fuera de lo habitual. Nada que no sea más de la vieja propaganda ideológica para evadir respuestas. Toda la información que genera Fundamedios es pública. No tenemos acceso a información privilegiada o confidencial que pueda interesar a las agencias de inteligencia de ninguna parte. Nos encantaría que el Gobierno ecuatoriano también utilizara nuestra información, no para intentar cerrarnos sino para adoptar políticas de respeto y protección a la libertad de expresión y libertad de asociación.

El trabajo de Fundamedios es legal, legítimo y necesario para el Ecuador. El Gobierno debería protegerlo y respetarlo aunque las verdades que decimos le incomode.

Cabe recordarle al Señor Embajador Calahorrano que es el Embajador de un país, no de un partido político que eventualmente está en el Gobierno. Como ciudadano ecuatoriano, le pido que no utilice su cargo para sumarse al aparato de propaganda que se ha lanzado en nuestra contra. Se debe saber que localmente todos los días sufrimos notas difamatorias en los medios oficiales, 23 cadenas nacionales (mensajes que se obliga a emitir en todos los medos del país) solo en los últimos 15 días, centenares de amenazas e insultos en redes sociales por parte de trolls o fanáticos gobiernistas… Y a todo esto, debemos sumar hoy la acción de los embajadores.

Señor Embajador, lo invito a que tengamos la conversación que realmente importa, aunque esté llena de verdades incómodas para Usted y esa es, ¿cómo mejorar la situación de los Derechos Humanos fundamentales en Ecuador?

@FUNDAMEDIOS

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El Gobierno de Ecuador inicia el cierre de un observatorio de medios

La organización Fundamedios, establecida en 2006, ha denunciado intimidaciones a periodistas desde 2011.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en 2012. / JOSÉ JÁCOME (EFE)

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en 2012. / JOSÉ JÁCOME (EFE)

Soraya Constante, 10 sept. 2015 / EL PAIS

La Secretaría de Comunicación de Ecuador (Secom) inició este martes el proceso para cerrar la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (Fundamedios), una organización civil que trabaja desde 2006 por la libertad de expresión. Las autoridades argumentan que la fundación se ha alejado de sus estatutos por divulgar contenidos políticos como los blogs de opinión Estado de propaganda y Sentido Común. Los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández, quienes gestionan estos sitios web, ya habían sido atacados por el Gobierno en el extinto Diario Hoy.

El Decreto Ejecutivo 16, de 2013, otorga amplias potestades al presidente y sus ministros para intervenir en las organizaciones de la sociedad civil. La notificación le da a Fundamedios 10 días para presentar pruebas que contradigan la acusación. Mauricio Alarcón, abogado de la entidad, critica al titular de esa secretaría, Fernando Alvarado: “Él ya ha tomado una posición”, afirma, y sugiere que ya existe una determinación: “Se intenta montar un sainete solo para guardar ciertas formas”.

Fundamedios ya advirtió sobre un plan para cerrarla en 2014, cuando quedó bajo la tutela administrativa de la Secretaría de Comunicación. La organización denunció que desde 2011 la Secom había intentado desprestigiar su labor en al menos 20 cadenas nacionales y un centenar de notas periodísticas publicadas en los medios públicos. En algunas de ellas llegó a decir de los trabajadores de Fundamedios, la mayoría periodistas, que tenían “mala fe” y “mentalidad enferma”.

Presión creciente

Las Secom conminó en junio de este año a Fundamedios a cumplir con las normas de sus propios estatutos. La difusión de alertas, mensajes y ensayos evidenciaba, según el organismo oficial, “posiciones de carácter netamente político y atentatorias al desarrollo social que consta como objetivo general de esta organización”. Pese a esto, la fundación, que funciona con fondos internacionales, continuó su trabajo. Ha señalado, por ejemplo, que desde 2008 ha habido 1.305 agresiones contra periodistas y que ha llevado casos de vulneración de derechos humanos ante la CIDH.

César Ricaurte, director de la organización, indica que sus estatutos contemplan monitorear medios, capacitar periodistas y apoyar las iniciativas como los blogs de opinión que han sido cuestionados.

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El papa Francisco llega a un Ecuador convulsionado

El Gobierno de Rafael Correa busca capitalizar políticamente la visita del Papa, ante el rechazo a sus medidas de ajuste.

Camisetas conmemorativas de la visita del Papa a Ecuador. / JUAN CEVALLOS (AFP)

Camisetas conmemorativas de la visita del Papa a Ecuador. / JUAN CEVALLOS (AFP)

Soraya Constant, 6 julio 2015 / EL PAIS

El Ecuador que recibe al Papa Francisco este 5 de julio no es solo aquel país que cuenta con un 81% de católicos —según el Instituto Nacional de Estadística y Censos—. El país andino vive una polarización acentuada por las recientes movilizaciones en contra del presidente Rafael Correa, que han durado casi un mes. Los intentos por gravar las herencias y la plusvalía extraordinaria de bienes inmuebles activaron a la población, y aunque el primer mandatario retiró temporalmente estos proyectos de Ley, el malestar ciudadano ha seguido en las calles. Un 45% de la ciudadanía —según datos de la encuestadora Cedatos, a junio— desaprueba la gestión del primer mandatario y en el ambiente están de vuelta demandas que han sido ignoradas por el régimen, como la derogación de las leyes de Justicia Laboral y de Aguas, el rechazo a las enmiendas constitucionales, que incluyen la reelección indefinida, el libre acceso a la universidad, la no criminalización de la protesta, entre otras.

La crispación de una parte de la población ha puesto en peligro la imagen de Ecuador que el presidente Correa quería vender al mundo durante la visita del Papa Francisco. Tan seguro estaba de su éxito como anfitrión que el pasado 2 de junio invitó a sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a la misa campal en Quito. Sin embargo, ahora se ha bajado el perfil a estas invitaciones y según Exteriores solo los presidentes de Honduras y Haití asistirán.

El discurso actual del Gobierno es que hay paz social. De hecho una de las canciones del régimen que en su coro decía “somos más, somos todos”, ahora dice “somos paz, somos todos”. El mensaje para los opositores, que han pedido en redes sociales abuchear al presidente en los actos masivos, es que no hagan quedar mal al país. “Si buscan hacerle daño al presidente, le harán daño a la patria”, dijo Correa la semana pasada durante la entrega de viviendas sociales en Quito. “Creo que la inmensa mayoría del país, el pueblo católico, rechazará cualquier intento de politización de la venida del papa Francisco”.

Pero la politización de la visita del Sumo Pontífice fue un hecho consumado antes por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Ecuador y su titular, Fernando Alvarado. Primero se dejó de lado el logo que presentó la Conferencia Episcopal con el lema: “A evangelizar con alegría” y se promocionó un logo en el que el rostro del Papa se funde con el logo multicolor de la Revolución Ciudadana. Además esta secretaría creó el sitio oficial de la visita y empezó a manejarlo de forma autónoma.

Cuando empezó el malestar en el país por los nuevos impuestos, la secretaría de Comunicación inició una campaña de gigantografías y vallas en las que exponía los mensajes del Papa. Quizá el más controversial fue el mensaje en el que Santo Padre aprobaba la redistribución de la riqueza, argumento principal para los nuevos impuestos. La Conferencia Episcopal tuvo que hacer una rueda de prensa para pedir que no se politizara la imagen del Papa. El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y arzobispo de Quito, Fausto Trávez, dijo que la visita “es para cultivar las virtudes de la gente y no para politizar su presencia”.

Para el consultor político Decio Machado, que fue asesor presidencial, los indicios por capitalizar políticamente la visita del Papa han sido varios. Primero, que el anuncio se hizo nada más empezar 2015, año duro para la economía nacional, que arrancaba con un precio del barril de petróleo a menos de 40 dólares, cuando las previsiones presupuestarias contaban con que se mantuviera en los 80. Luego, en abril, en vísperas de la marcha obrera del 1 de mayo, el presidente junto con la Conferencia Episcopal anunciaron los días concretos de la visita papal —del 5 al 8 de julio— y poco después el mandatario viajó a Roma para tener una audiencia privada con el Sumo Pontífice.

Para Machado existe una estrategia política para utilizar la figura del Papa ‘progre’ y reposicionar al presidente Correa a nivel regional, además de convertir la visita en un elemento de distensión en la arena política nacional. Pero ahora y ante las expresiones de descontento ciudadano, a la que se han apuntado políticos de oposición, el propio Gobierno está enrareciendo el ambiente con el supuesto golpe de Estado blando que transforma a los manifestantes en golpistas.