Rafael Correa

Catalina Botero compara acciones de Bukele con Correa en Ecuador

El llamado de Bukele a no comprar los periódicos que lo fiscalizan, los ataques cibernéticos y las marchas como la del miércoles son similares a las de Venezuela y Ecuador, dijo Botero.

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Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

19 febrero 2016 / LPG

La exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y galardonada el año pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Catalina Botero Marino conversó ayer con LA PRENSA GRÁFICA desde su natal Colombia, sobre el fraude informático del que este periódico, junto con El Diario de Hoy, ha sido víctima, en una red liderada por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.

La abogada consideró que ese hecho, la postura que al respecto ha adoptado el jefe municipal en los últimos meses y el llamado a no comprar ejemplares de ambos rotativos es un intento por silenciar a los medios de comunicación, similar a lo que ha ocurrido en países de América Latina como Venezuela y Ecuador, bajo los gobiernos de Nicolás Maduro y Rafael Correa, respectivamente.

¿Cómo analiza usted que un erigido líder de la izquierda, en este caso el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ataque a los medios de comunicación y en especial a LA PRENSA GRÁFICA, por publicar noticias relacionadas con contrataciones de familiares en su alcaldía?

De extraordinaria gravedad. Lo único que demuestra este caso es el talante (disposición natural del ánimo o manera de ser de una persona) antidemocrático de algunos funcionarios públicos, que en lugar de hacer una defensa democrática y argumentada, haga cuestionamientos del trabajo de la prensa en el ejercicio de su función, que no es la de halagar a los funcionarios públicos, sino controlar que no haya abusos de poder. Si el alcalde considera que algo es una desinformación, tiene todo el derecho de expresarlo; pero lo que no puede hacer un funcionario es utilizar, directa o indirectamente, los privilegios, las potestades y los recursos que tiene para silenciar la labor crítica de la prensa. La prensa no puede ser silenciada por funcionarios.

Según un peritaje que consta en el caso judicial, se contrató una empresa para crear una especie de “troll center” para crear cuentas falsas y desde ahí atacar a los medios de comunicación. ¿Cómo ve esta práctica?

Hoy en día mucha gente tiene acceso a las redes sociales para acceder a la discusión pública, porque son buenas herramientas para ello, pero cuando los gobernantes utilizan ese espacio democrático para distorsionarlo y ocuparlo para desinformación, pervierten el uso de las redes sociales, distorsionan el debate público, y si lo hacen con recursos públicos, es muy grave, porque además pueden estar ocupando de manera desviada estos recursos y no solo es corrupción, sino que es una violación y una distorsión de la libertad de expresión.

¿Hay otros casos de “troll center” que usted tenga conocimiento?

Hay denuncias muy graves sobre la utilización de ese tipo de mecanismos, el caso de Ecuador es el más conocido, en donde evidentemente hay un “troll center”, en donde las investigaciones han logrado identificar que las IP de los computadores están en oficinas estatales, de propiedad o de uso de estas oficinas estatales y que utilizan la misma estrategia, de pervertir estos espacios que por excelencia son democráticos. No solo hay violación de la libertad de expresión, no solo hay corrupción, no solo hay malversación de recursos públicos o uso indebido de estos recursos, sino, además, otro tipo de delitos, como los delitos cibernéticos.

En relación con lo anterior, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad al respecto?

A mí me parece que la Fiscalía debe estudiar esto muy seriamente. Yo creo que las autoridades tienen la obligación, no solo de empezar las investigaciones, sino de terminarlas y a definir, de conformidad con el debido proceso y con todas las garantías del debido proceso, si un funcionario público está involucrado en este tipo de hechos, y si está involucrado, pues debe sancionarlo con todo el rigor de la ley. Yo creo que las personas que apoyan a estos funcionarios públicos, que en algunos países son de izquierda, en otros países son de derecha y en otros son de centro, no importando la ideología que tengan o que persigan, estas personas tienen que saber que apoyar este tipo de comportamientos va en contra del proceso democrático de un país y va en contra de la libertad de prensa y de información.

La Fiscalía capturó a cuatro personas esta semana y está buscando a una más que es prófuga de la justicia. Ahora que la Fiscalía ha actuado, el alcalde señala que el fiscal está sirviendo a los medios. ¿Qué le parece esto?

Yo lo que creo es que la Fiscalía debe trabajar de una manera transparente, para que la gente pueda tener confianza de que lo que hace está fundado en el debido proceso y sobre todo que actúe sin temor. Es normal que los funcionarios públicos que están siendo cuestionados digan que es una persecución política, porque efectivamente en muchos de nuestros países han existido persecuciones políticas. La única manera de que esto se resuelva bien es que la Fiscalía haga una investigación seria, sin temor a lo que estos funcionarios públicos puedan hacer o dejar de hacer, porque al final del camino, al fiscal, a los fiscales y a las personas del ministerio público que están trabajando en esto, la sociedad les va a recompensar el trabajo que han hecho.

Sabemos que el alcalde está presionando a otros medios para que no publiquen este tipo de cosas. ¿Cree usted que el tema de la pauta publicitaria estaría siendo usado en este caso?

Cuando los funcionarios públicos tienen el talante antidemocrático, que no es que se defienda, sino que critican la labor de la prensa y tienden a deslegitimar toda la labor del periodismo, que tienden a estigmatizar a los medios de comunicación; esos casos, cuando los funcionarios tienen ese talante, suelen utilizar todos los mecanismos que tienen a su disposición para silenciar a los medios críticos. No me extrañaría que utilizara mecanismos como la publicidad oficial para ello. Los funcionarios no pueden premiar o castigar a los medios de comunicación con la publicidad oficial, en virtud de su línea editorial.

¿Qué se debe hacer en estos casos?

Si se está utilizando la publicidad oficial para premio o castigo o si se está presionando a los anunciantes privados para no anunciarse en los medios de comunicación, que es otra cosa que suele pasar, que administran la publicidad con criterios políticos, pero también se presiona a los anunciantes privados y se les dice que se les va a castigar o que se les va a mandar auditoría; estos casos los documentamos mucho para poder presentarlos ante un juez, como pasó en Argentina.

¿Qué es lo que sucedió en Argentina?

Con el anterior gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuyos ministros solían hacer este tipo de cosas, se documentó el caso; porque en casos como este que hay violación de la libertad de expresión hay que documentarlos y llevarlos ante los jueces, porque los jueces en Argentina condenaron al Gobierno por hacer eso. Yo creo que los medios, sean de izquierda o de derecha, los medios en general, deben resistir ese tipo de presión, porque tienen que saber que hay garantías que tarde o temprano llegan. Los funcionarios públicos no son dueños de los recursos ni del poder que ellos quieran ejercer como lo quieran ejercer.

Ayer (el miércoles) se concretó una manifestación que el alcalde había convocado para concentrarse frente a la Fiscalía y aprovechó para vestir una camiseta con una leyenda que instaba a no comprar los periódicos que le habían criticado. ¿Qué piensa de esto?

Es el típico comportamiento de Rafael Correa en Ecuador, es un comportamiento típico de un líder antidemocrático. Él no puede pedir que no compren los medios, la obligación de un funcionario, sea de izquierda o de derecha, no es la de desvirtuar las investigaciones que se hacen en su contra. Si él tiene razón y los argumentos suficientes, no tiene por qué llamar a nadie. Lo dicho es exactamente el comportamiento de Rafael Correa, un comportamiento que está llevando a que Ecuador sea considerado en este momento como uno de los países más autoritarios que hay en la región; así lo han dicho claramente los distintos órganos de protección de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de protección de derechos humanos.

En esa marcha estuvo el primer designado a la presidencia que es del partido FMLN, el partido político que llevó al poder al alcalde Nayib Bukele, y también se vio a otros funcionarios de Gobierno. ¿Esto también suele suceder en otros países de América Latina?

No, en América Latina no; eso suele suceder con frecuencia en Venezuela y en Ecuador, pero eso no sucede en otros países. Eso no sucede en Chile, eso no sucede en Brasil, eso no sucede nunca en Uruguay, que es un país de izquierda, por ejemplo. En Uruguay hay un gobierno de izquierda establecido en donde eso no pasaría nunca. Si hay una acusación contra un funcionario, el funcionario se defiende. Por eso es muy importante y que quede claro que esto no es un tema de derecha o de izquierda, de un gobierno o de la oposición, es un tema de quienes le apuestan a la democracia o no. Eso no pasaría nunca en la mayoría de países de la región, a excepción de Venezuela y Ecuador.

¿Qué puede generar o qué podría producirse que se quiera silenciar a la prensa?

El resultado de haber sofocado a la prensa lo estamos viendo en Venezuela. Ahí se acabaron los controles que hacía la prensa y la corrupción se tragó una bonanza que debería tener a los venezolanos en estos momentos con las más altas condiciones de vida y que los ha sumido en altos niveles de pobreza, tal vez lo más altos que puedan haber en la región y todo eso comenzó cuando comenzaron a sofocar a la prensa con controles, y sin estos la corrupción se tragó a ese país. Hoy en Venezuela la pobreza es inadmisible.

Cuando usted estuvo en El Salvador el año pasado dijo que los funcionarios corruptos temen a las primeras planas. ¿Eso sigue vigente para El Salvador hoy en día?

Sigue vigente en su país y en cualquier país del mundo. A lo que más le temen los funcionarios inescrupulosos es la prensa y por eso la silencian y a lo segundo que le temen son las investigaciones judiciales imparciales. Una prensa seria, inteligente, que haga las investigaciones que tiene que hacer y con un buen juicio independiente, es el terror de los funcionarios públicos, por eso lo primero que hacen en cualquier país, con cualquier ideología, es intentar silenciar a la prensa.

La conversación que incomoda al Señor Embajador. De César Ricaurte

El cierre de Fundamedios es una grave violación a los Derechos Humanos.

César Ricaurte es Director Ejecutivo de Fundamedios.

César Ricaurte es Director Ejecutivo de Fundamedios.

César Ricaurte, 24 sept. 2015 / EL PAIS

Fiel al estilo del Presidente Correa de rebatir cualquier verdad inconveniente que publique la prensa sobre las violaciones a Derechos Humanos en el Ecuador, el Embajador Miguel Calahorrano ha contestado a los artículos de este diario dónde se informa del abusivo cierre de la organización Fundamedios que monitorea, defiende y promueve la libertad de expresión en el Ecuador.

El objetivo del representante del Gobierno ecuatoriano es claro: confundir a la opinión pública española y cambiar de conversación: el cierre de Fundamedios ya no se trata de una gravísima violación a los derechos humanos, sino un acto legítimo del Gobierno en contra de una oscura organización de la sociedad civil que incumple sus estatutos y las leyes.

La realidad suele ser porfiada y se desliza por todos los costados aunque se intente detenerla con un par de cuartillas. El cierre de una organización defensora de un derecho fundamental como la libertad de expresión no es un hecho que se produzca habitualmente en una democracia. Todo lo contrario, algo así no se ha dado ni siquiera en países con situaciones tan deterioradas como Venezuela.

Por ello cinco relatores de sistemas internacionales de derechos humanos se pronunciaron de forma contundente al expresar “grave preocupación por las recientes medidas del Gobierno de Ecuador para disolver Fundamedios, una destacada organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y libertad de medios en ese país.” El grupo de expertos, tres de Naciones Unidas y dos de la OEA, abundan: “La disolución forzada de una asociación es una medida verdaderamente extrema que tan solo se puede justificar en los casos más excepcionales, bajo estricto cumplimiento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de estar vinculada al alcance de fines imperativos en una sociedad democrática”. Concluyen: “Sería de especial preocupación que el Estado adoptara cualquier resolución en este caso en violación de los estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, es la acción del gobierno la que tiene los ‘tintes políticos’ más fuertes”, subrayo el grupo, e indicó que “la razón fundamental citada para la disolución de Fundamedios podría ser utilizada para obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”.

Cabe recordar quienes son los relatores que firman el comunicado emitido el pasado jueves Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos; José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH; y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Este comunicado histórico, pues es la primera vez que cinco relatores se pronuncian con tal contundencia sobre un caso, nos sitúa en la verdadera conversación, la misma que el Gobierno ecuatoriano no quiere tener: el cierre de Fundamedios es una grave violación a Derechos Humanos fundamentales. En ese contexto, las afirmaciones del Embajador sobre nuestro trabajo son insostenibles y se constituyen como otro ladrillo más en el muro que el Gobierno ecuatoriano pretende construir alrededor de quienes discrepamos con algunas de sus políticas.

Solo basta ver el expediente que abrió la SECOM en nuestra contra. Se nos acusa de realizar “actividades políticas”. ¿Cuáles son estas?: 1. Nos negamos a dejar de emitir alertas sobre las violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador. 2. La actividad en nuestras redes sociales, especialmente por la difusión de análisis político, monitoreo de medios con noticias de medios locales sobre las marchas de protesta social, entre muchas otras, menciones de terceros a Fundamedios. ¿Actividad política por 54 tuits y tres menciones en Twitter? Hemos dicho que las acusaciones son delirantes y el prestigioso periodista peruano Ricardo Uceda las llamó “macondianas”.

El Embajador ratifica el ridículo y escribe: “Su posible participación política se habría evidenciado en las alertas y boletines que Fundamedios emite mediante su web y redes sociales, donde además habría publicitado los blogs políticos de opositores al Gobierno.” A confesión de parte…

El Embajador lo ratifica: a Fundamedios la intentan cerrar porque al Gobierno no le gusta lo que decimos, lo que denunciamos, los valores de libertad de pensamiento que cultivamos. Y valga un detalle, aquello que llaman “blogs políticos de opositores al Gobierno” son las columnas virtuales de los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández, reconocidos entre las mejores plumas de Ecuador y que quedaron sin espacio, sin voz y sin trabajo cuando por las políticas gubernamentales contra los medios privados y la aplicación de la Ley de Comunicación, Diario Hoy de Quito fue intervenido y cerrado por el Gobierno. ¿Puede haber mayor cinismo?

Más falacias a examinar. Se nos acusa de hacer política, cuando defendemos Derechos Humanos. La idea de fondo es que la política es algo que solo le pertenece al Gobierno y a su partido. Los demás ecuatorianos debemos abstenernos de tener opiniones políticas y la defensa de DDHH implica un grado de compromiso político. No partidista, por supuesto.

Es insólito que el Embajador del Gobierno ecuatoriano nos reclame por actos u omisiones que para él son actos políticos, pero que no consta en ninguna parte del expediente de disolución de la SECOM. Más insólito aún es cuando un Gobierno se toma la potestad de calificar qué acciones y omisiones de una ONG constituyen “acciones políticas”. ¿Se imaginan al Gobierno español tratando de cerrar organizaciones por los derechos de los migrantes porque alguna vez olvidaron o no pudieron defender a un refugiado que ahora es militante del PP? Inconcebible, ¿verdad? Y solo estoy dando un ejemplo sacado de la chistera. Pero triplemente insólito es que el Gobierno ecuatoriano no haya condenado ni una sola de las 1.318 agresiones contra la prensa que hemos registrado y reclame a una ONG por uno o dos casos. Cabría recordar que el Gobierno de un país, no una ONG, tiene la obligación de garantizar y proteger al trabajo periodístico.

Brevemente, voy a referirme, a los temas de financiamiento y a aquello de ser “informantes de la Embajada”. El financiamiento de Fundamedios es legal y legítimo. Nuestras fuentes son la cooperación internacional y son diversas tal como lo confirma una reciente infografía publicada en el diario oficial El Telégrafo. Hemos trabajado con USAID y con NED y ello no constituye delito ni tampoco tiene la connotación que se le quiere dar. Es más, decenas de funcionarios del Gobierno ecuatoriano han recibido este tipo de cooperación internacional: el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, el secretario particular del Presidente Correa, Omar Simon, el Fiscal General, Galo Chiriboga, el director de El Telégrafo, Orlando Pérez… Podemos seguir, que la lista es larga. ¿Todo ellos eran agentes de la CIA o tal vez esta cooperación no sea lo que dicen qué es? Para abundar, ¿Adivinen quién era el principal receptor de fondos de USAID? Exactamente: el Gobierno ecuatoriano.

Sobre aquello de informantes. Parece que las autoridades ecuatorianas tienen problemas con las traducciones desde el inglés. Los cables de la Embajada estadounidense revelados por Wikileaks hablan de un deterioro de la libertad de prensa en el Ecuador basados en los informes públicos emitidos por Fundamedios, probablemente alimentados por conversaciones de coctel con periodistas y directivos de medios. Nada oscuro, nada fuera de lo habitual. Nada que no sea más de la vieja propaganda ideológica para evadir respuestas. Toda la información que genera Fundamedios es pública. No tenemos acceso a información privilegiada o confidencial que pueda interesar a las agencias de inteligencia de ninguna parte. Nos encantaría que el Gobierno ecuatoriano también utilizara nuestra información, no para intentar cerrarnos sino para adoptar políticas de respeto y protección a la libertad de expresión y libertad de asociación.

El trabajo de Fundamedios es legal, legítimo y necesario para el Ecuador. El Gobierno debería protegerlo y respetarlo aunque las verdades que decimos le incomode.

Cabe recordarle al Señor Embajador Calahorrano que es el Embajador de un país, no de un partido político que eventualmente está en el Gobierno. Como ciudadano ecuatoriano, le pido que no utilice su cargo para sumarse al aparato de propaganda que se ha lanzado en nuestra contra. Se debe saber que localmente todos los días sufrimos notas difamatorias en los medios oficiales, 23 cadenas nacionales (mensajes que se obliga a emitir en todos los medos del país) solo en los últimos 15 días, centenares de amenazas e insultos en redes sociales por parte de trolls o fanáticos gobiernistas… Y a todo esto, debemos sumar hoy la acción de los embajadores.

Señor Embajador, lo invito a que tengamos la conversación que realmente importa, aunque esté llena de verdades incómodas para Usted y esa es, ¿cómo mejorar la situación de los Derechos Humanos fundamentales en Ecuador?

@FUNDAMEDIOS

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El Gobierno de Ecuador inicia el cierre de un observatorio de medios

La organización Fundamedios, establecida en 2006, ha denunciado intimidaciones a periodistas desde 2011.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en 2012. / JOSÉ JÁCOME (EFE)

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en 2012. / JOSÉ JÁCOME (EFE)

Soraya Constante, 10 sept. 2015 / EL PAIS

La Secretaría de Comunicación de Ecuador (Secom) inició este martes el proceso para cerrar la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (Fundamedios), una organización civil que trabaja desde 2006 por la libertad de expresión. Las autoridades argumentan que la fundación se ha alejado de sus estatutos por divulgar contenidos políticos como los blogs de opinión Estado de propaganda y Sentido Común. Los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández, quienes gestionan estos sitios web, ya habían sido atacados por el Gobierno en el extinto Diario Hoy.

El Decreto Ejecutivo 16, de 2013, otorga amplias potestades al presidente y sus ministros para intervenir en las organizaciones de la sociedad civil. La notificación le da a Fundamedios 10 días para presentar pruebas que contradigan la acusación. Mauricio Alarcón, abogado de la entidad, critica al titular de esa secretaría, Fernando Alvarado: “Él ya ha tomado una posición”, afirma, y sugiere que ya existe una determinación: “Se intenta montar un sainete solo para guardar ciertas formas”.

Fundamedios ya advirtió sobre un plan para cerrarla en 2014, cuando quedó bajo la tutela administrativa de la Secretaría de Comunicación. La organización denunció que desde 2011 la Secom había intentado desprestigiar su labor en al menos 20 cadenas nacionales y un centenar de notas periodísticas publicadas en los medios públicos. En algunas de ellas llegó a decir de los trabajadores de Fundamedios, la mayoría periodistas, que tenían “mala fe” y “mentalidad enferma”.

Presión creciente

Las Secom conminó en junio de este año a Fundamedios a cumplir con las normas de sus propios estatutos. La difusión de alertas, mensajes y ensayos evidenciaba, según el organismo oficial, “posiciones de carácter netamente político y atentatorias al desarrollo social que consta como objetivo general de esta organización”. Pese a esto, la fundación, que funciona con fondos internacionales, continuó su trabajo. Ha señalado, por ejemplo, que desde 2008 ha habido 1.305 agresiones contra periodistas y que ha llevado casos de vulneración de derechos humanos ante la CIDH.

César Ricaurte, director de la organización, indica que sus estatutos contemplan monitorear medios, capacitar periodistas y apoyar las iniciativas como los blogs de opinión que han sido cuestionados.

El papa Francisco llega a un Ecuador convulsionado

El Gobierno de Rafael Correa busca capitalizar políticamente la visita del Papa, ante el rechazo a sus medidas de ajuste.

Camisetas conmemorativas de la visita del Papa a Ecuador. / JUAN CEVALLOS (AFP)

Camisetas conmemorativas de la visita del Papa a Ecuador. / JUAN CEVALLOS (AFP)

Soraya Constant, 6 julio 2015 / EL PAIS

El Ecuador que recibe al Papa Francisco este 5 de julio no es solo aquel país que cuenta con un 81% de católicos —según el Instituto Nacional de Estadística y Censos—. El país andino vive una polarización acentuada por las recientes movilizaciones en contra del presidente Rafael Correa, que han durado casi un mes. Los intentos por gravar las herencias y la plusvalía extraordinaria de bienes inmuebles activaron a la población, y aunque el primer mandatario retiró temporalmente estos proyectos de Ley, el malestar ciudadano ha seguido en las calles. Un 45% de la ciudadanía —según datos de la encuestadora Cedatos, a junio— desaprueba la gestión del primer mandatario y en el ambiente están de vuelta demandas que han sido ignoradas por el régimen, como la derogación de las leyes de Justicia Laboral y de Aguas, el rechazo a las enmiendas constitucionales, que incluyen la reelección indefinida, el libre acceso a la universidad, la no criminalización de la protesta, entre otras.

La crispación de una parte de la población ha puesto en peligro la imagen de Ecuador que el presidente Correa quería vender al mundo durante la visita del Papa Francisco. Tan seguro estaba de su éxito como anfitrión que el pasado 2 de junio invitó a sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a la misa campal en Quito. Sin embargo, ahora se ha bajado el perfil a estas invitaciones y según Exteriores solo los presidentes de Honduras y Haití asistirán.

El discurso actual del Gobierno es que hay paz social. De hecho una de las canciones del régimen que en su coro decía “somos más, somos todos”, ahora dice “somos paz, somos todos”. El mensaje para los opositores, que han pedido en redes sociales abuchear al presidente en los actos masivos, es que no hagan quedar mal al país. “Si buscan hacerle daño al presidente, le harán daño a la patria”, dijo Correa la semana pasada durante la entrega de viviendas sociales en Quito. “Creo que la inmensa mayoría del país, el pueblo católico, rechazará cualquier intento de politización de la venida del papa Francisco”.

Pero la politización de la visita del Sumo Pontífice fue un hecho consumado antes por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Ecuador y su titular, Fernando Alvarado. Primero se dejó de lado el logo que presentó la Conferencia Episcopal con el lema: “A evangelizar con alegría” y se promocionó un logo en el que el rostro del Papa se funde con el logo multicolor de la Revolución Ciudadana. Además esta secretaría creó el sitio oficial de la visita y empezó a manejarlo de forma autónoma.

Cuando empezó el malestar en el país por los nuevos impuestos, la secretaría de Comunicación inició una campaña de gigantografías y vallas en las que exponía los mensajes del Papa. Quizá el más controversial fue el mensaje en el que Santo Padre aprobaba la redistribución de la riqueza, argumento principal para los nuevos impuestos. La Conferencia Episcopal tuvo que hacer una rueda de prensa para pedir que no se politizara la imagen del Papa. El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y arzobispo de Quito, Fausto Trávez, dijo que la visita “es para cultivar las virtudes de la gente y no para politizar su presencia”.

Para el consultor político Decio Machado, que fue asesor presidencial, los indicios por capitalizar políticamente la visita del Papa han sido varios. Primero, que el anuncio se hizo nada más empezar 2015, año duro para la economía nacional, que arrancaba con un precio del barril de petróleo a menos de 40 dólares, cuando las previsiones presupuestarias contaban con que se mantuviera en los 80. Luego, en abril, en vísperas de la marcha obrera del 1 de mayo, el presidente junto con la Conferencia Episcopal anunciaron los días concretos de la visita papal —del 5 al 8 de julio— y poco después el mandatario viajó a Roma para tener una audiencia privada con el Sumo Pontífice.

Para Machado existe una estrategia política para utilizar la figura del Papa ‘progre’ y reposicionar al presidente Correa a nivel regional, además de convertir la visita en un elemento de distensión en la arena política nacional. Pero ahora y ante las expresiones de descontento ciudadano, a la que se han apuntado políticos de oposición, el propio Gobierno está enrareciendo el ambiente con el supuesto golpe de Estado blando que transforma a los manifestantes en golpistas.

Ecuador: Amenazan con disolver observatorio de libertad de expresión Fundamedios

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) es una organización ecuadoriana de la sociedad civil creada en el 2007, cuya tarea principal es el apoyo a medios de comunicación y periodistas a través de su red de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión. El gobierno de Rafael Correa amaneza con disolver esta incómoda organización independiente. (SV)

FUNDAMEDIOS

Césarr Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios, y Mauricio Alarcón,, director de Proyectos de Fundamedios.

Nota de CLASES DE PERIODISMO, 25 junio 2015

Preocupa que la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) de Ecuador demande a la organización Fundamedios “a cumplir con la normativa jurídica vigente y con las normas de su propio estatuto” al considerar que sus “alertas, mensajes y ensayos” evidencian “posiciones de carácter netamente político y atentatorias al desarrollo social que consta como objetivo general de esta organización social”. De esta forma, amenaza con disolverla.

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) es una organización de la sociedad civil creada en 2007 cuya tarea principal es el apoyo a medios de comunicación y periodistas a través de su red de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión y así como asociación, proyectos, capacitaciones, talleres destinados a la reflexión en torno al oficio periodístico.

César Ricaurte, su director ejecutivo, explicó que desde 2007 la organización difunde alertas, un mecanismo que usan las organizaciones de DDHH en todo el mundo para denunciar violaciones a los derechos humanos. “Lo hemos hecho con absoluta rigurosidad, verificando la información. Hemos emitido más de 1.000 alertas”, afirmó. Y agregó: “Lo seguiremos haciendo en defensa de la libertad de expresión”.

La Secom acusa a Fundamedios de haberse “desviado claramente de sus fines estatutarios”.

En el oficio enviado a la ONG, se citan las causales de disolución establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 16 para amenazarlos por su “clara intención de erigirse como un actor político que busca generar suspicacias en la opinión pública sobre temas que no son de su competencia”. Se ordena, además, cumplir con “la prohibición de ejercer asuntos de carácter político, como expresamente lo dispone (…) su estatuto vigente”.

Fundamedios rechazó las acusaciones, que calificó de infundadas. “Reivindicamos que nuestro trabajo de monitoreo, defensa y promoción de la libertad de expresión es legítimo, legal y necesario para el país y no tiene ningún elemento extraño a las tareas que cumple cualquier organización con los objetivos que tiene la nuestra. Seguiremos cumpliendo con nuestras tareas institucionales con convicción y firmeza”, asegura la organización en un comunicado.

El director de Fundamedios afirmó que no es la primera amenaza. El pasado 16 de enero de 2014, la organización denunció su traspaso administrativo a la Secom, su principal agresor, y hacia varias semanas llegó otra carta de la Secom en la que solicitaba que no se use su logotipo en las publicaciones de Fundamedios en redes sociales. 

“Vamos a seguir emitiendo alertas le guste o no les guste a la Secom, así nos cierren. Seguiremos trabajando desde nuestras casas. Si vienen con la Policía a cerrar nuestras oficinas estaremos aquí, aquí nos van a encontrar”, concluyó Ricaurte.

Gobierno de Rafael Correa amenaza a ONG Fundamedios

Advierte con disolución de la organización, que ahora es controlada por la Secretaría Nacional de Comunicación de ese país.

Rafeal Correa: "“Ya escucho a esos odiadores disfrazados de periodistas, que el presidente insulta, injuria. ¡Mentira! Yo utilizo la ironía, el sarcasmo y eso a los mediocres les parece doble insulto”.

Rafeal Correa: ““Ya escucho a esos odiadores disfrazados de periodistas, que el presidente insulta, injuria. ¡Mentira! Yo utilizo la ironía, el sarcasmo y eso a los mediocres les parece doble insulto”.

Redacción/Efe/ACAN-Efe, 26 junio 2015 / LPG

La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) del Gobierno de Ecuador, presidido por Rafael Correa, “conminó” el martes pasado a la organización no gubernamental Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (Fundamedios) a apegarse a sus estatutos y dejar de interferir en asuntos de la política ecuatoriana, luego de que la secretaría observó, según sus parámetros, que esta organización está “manifestando, de forma categórica, posiciones de carácter netamente político y atentatorias al desarrollo social”.

Las razones que argumenta la Secom para conminar a Fundamedios son publicaciones en redes sociales como denuncias acerca de que un líder indígena fue agredido por un supuesto agente vestido de civil en medio de las protestas de oposición del 2 de junio anterior, así como la publicación de un comunicado en el que la organización da a conocer su opinión acerca del traspaso de fondos complementarios previsionales cerrados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

La Secom incluso llegó a advertir a Fundamedios sobre causales de disolución de las organizaciones en Ecuador por haber emitido estas publicaciones. Sin embargo, esas mismas causales de disolución de las organizaciones, contempladas en el artículo 26 del Decreto Ejecutivo 16, son condenadas por las mismas organizaciones sociales, que piden que se declare su ilegalidad constitucional.

“Cabe recordar que el pasado 16 de enero de 2014, la Secom pasó a ser el ente de control y regulación de Fundamedios. En rueda de prensa desarrollada el 27 de enero de ese mismo año, la organización ya advirtió que su control administrativo pasó a manos de su principal agresor”, se lee en un comunicado difundido ayer por César Ricaurte Pérez, el director ejecutivo de Fundamedios.

Ricaurte Pérez añadió: “Fundamedios rechaza las acusaciones sin fundamento y la clara amenaza del Gobierno. Reivindicamos que nuestro trabajo de monitoreo, defensa y promoción de la libertad de expresión es legítimo, legal y necesario para el país y no tiene ningún elemento extraño a las tareas que cumple cualquier organización de defensa de derechos humanos. Seguiremos cumpliendo con nuestras tareas institucionales con convicción y firmeza”.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, afirmó ayer que a los países de Latinoamérica les es difícil comprender que la libertad de expresión debe ser una política de Estado para lograr la convivencia democrática.

“La región está viviendo un momento bastante complejo en los últimos años con varios gobiernos que plantearon una polarización con los medios de comunicación. Si bien los gobernantes tienen el derecho a la libre expresión, también tienen el deber de generar un clima adecuado para su ejercicio”, expresó.

Lanza lamentó que en países como Venezuela y Ecuador se perciba un “clima de intolerancia” hacia los medios y voces críticas. “Hay preocupación por algunas regulaciones de contenidos en los medios de comunicación y aplicación de figuras vagas, abiertas, desproporcionadas e innecesarias en un sistema democrático como en la Ley de Comunicación de Ecuador”, aseguró.