CEL

Guillermo Sol Bang: “El Chaparral y expansión 5 de Noviembre no son rentables”

Guillermo Sol Bang

Juan José Morales, 28 septiembre 2016 / EDH

diario hoyDe forma directa y categórica, Guillermo Sol Bang sostiene que en el país, en los últimos diez años, se han tomado decisiones equivocadas sobre el sector energético que han afectado de forma directa a la población salvadoreña con lo que él llama “perversidad”, sin  priorizar el interés nacional y con un uso “político-partidario” de instituciones que deberían de ser independientes y técnicas en su labor.

Desde el incumplimiento del acuerdo con la empresa italiana Enel Green Power para desarrollar la geotermia en la administración del expresidente Antonio Saca, pasando por la construcción irregular y el pago de $108.5 millones por la presa El Chaparral, y terminando con los millonarios desembolsos para sostener litigios sin fundamento, son algunos de los puntos que señala Sol Bang.

El expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), entre 1993 y 2004, afirma que no es coherente seguir sin una política energética y con inversiones fallidas, poco rentables  y que generan perdidas irrecuperables.


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En esta entrevista con El Diario de Hoy, Sol Bang relaciona los proyectos irregulares que se han ejecutado en los últimos diez años en la autónoma, su alto nivel de gastos y la necesidad de hacer una profunda investigación para comprender la posible corrupción que se “institucionalizó” en CEL.

En su administración se desarrollaron los primeros estudios para tener una nueva presa en el país: la central hidroeléctrica El Chaparral. ¿Demostraron viabilidad y una relación costo-beneficio positiva para el desarrollo energético?

Nosotros teníamos claro que sobre el río Torola existía un gran potencial para desarrollar una nueva obra de energía, porque en casi 25 años CEL se había estancado al respecto por priorizar el tema de la geotermia. Los informes de prefactibilidad y factibilidad (elaborados por la empresa estadounidense Harza) decían que en esa zona del país habían hasta siete sitios para levantar una presa hidroeléctrica. Pero fue hasta en 2003 donde la Agencia de Cooperación de Japón (Jica) consideró que esta era una inversión marginal, que no era viable si sobrepasaba un costo de $140 millones, fue por eso que se archivó y se le siguió apostando al petróleo blanco de El Salvador, la geotermia.


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El proyecto se le adjudica a los italianos de Astaldi en 2007 por casi $220 millones y luego se les paga $108.5 en un polémico acuerdo de arreglo directo con irregularidades técnicas de por medio, ¿son estos hechos la prueba de que la obra nunca fue viable y que su margen de  rentabilidad era escaso?

 Sin duda que se siguió una ruta, al igual que como se hizo con la INE (Inversiones Energéticas, subsidiaria de CEL), para aprovechar estos contratos con otros intereses. Hoy se está hablando de que la obra costará $290 millones adicionales,  es un precio demasiado elevado para una presa hidroeléctrica sobre todo porque la tasa de retorno de la inversión es muy baja en el tiempo, los precios del petróleo en la actualidad han bajado a tal punto que los precios de la energía térmica (generada con bunker) y la que se genera con fuentes renovables (agua y vapor del subsuelo) están equiparados. Estos factores debilitan aún más la rentabilidad de El Chaparral, quisiera estar equivocado, pero los efectos negativos de estas malas decisiones se verán en el corto plazo y la CEL creo que ya los está experimentando.


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¿Hay que investigar ese entramado poco claro de adjudicaciones a empresas brasileñas para hacer los estudios en El Chaparral o construir obras  de la Expansión de la Presa 5 de Noviembre?

Para mi El Chaparral y la Expansión de la 5 de Noviembre ya no son rentables y por ello hay que aclarar todas las dudas que existan, esto incluye esos contratos a empresas muy cuestionadas en Brasil de participar en esquemas de corrupción. La investigación ya es algo que deberán de hacer las autoridades, no soy yo el que debe de decir como funcionan las instituciones como lo que viví cuando se me acusó injustamente en el caso CEL-Enel donde el expresidente Mauricio Funes financió a la Fiscalía General y le ordenaba cómo investigarme.


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¿Era la Expansión de la 5 de Noviembre, así como se diseñó, la mejor idea para ampliar la capacidad de esta central hidroeléctrica?

Considero que se debía de buscar otra forma de diseñar un plan de ampliación, nosotros a finales de los noventa hicimos una modernización de la central y luego se instalaron nuevas turbinas en la misma casa de máquinas, se hizo un primer esfuerzo que debía continuar en las siguientes administraciones. Lo preocupante acá es como un proyecto que originalmente no sobrepasaba los $135 millones se termina adjudicando en caso $190 millones vía contratación directa a una empresa brasileña que ha sido muy cuestionada, yo veo que esta obra va a la perdida, CEL no recuperará en cinco años ni la mitad de lo que invirtió pues generará potencia únicamente en breves momentos de la estación lluviosa, no habrá más energía  a pesar de la instalación de nuevos equipos.

¿Cómo corregir estos millonarios desembolsos? ¿Ve capacidad de hacer un análisis técnico alejado de la política o de la manipulación de las instituciones para intereses particulares?

De momento lo que deben de hacer las autoridades actuales de CEL es un profundo diagnóstico financiero de como El Chaparral y la Expansión golpearán las finanzas de la institución porque por malas decisiones tomadas en años anteriores el dinero se ha despilfarrado. Esto ha reducido la capacidad de inversión las subsidiarias como LaGeo de invertir en exploración de nuevos pozos, aunado a los millonarios pagos en abogados (ver nota aparte) los cuales solo construyeron casos y respondieron a agendas desde Casa Presidencial. Ambos proyectos deberían de ser suspendidos y ser declarados como perdidas para el país.

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Fiscal reactiva la investigación de caso represa El Chaparral

Dice el fiscal general que el caso Chaparral “no había sido bien depurado; lo que hemos hecho es volver a reactivar la investigación”, que lo encontró “engavetado”. Por esto pasó varios meses sin moverlo. Sin embargo, otros casos “engavetados”, como el de la tregua y el otro contra el general Atilio Benítez, simplemente los sacó de la gaveta, sin depurarlos, sin enrobustecerlos, y los presentó, a pesar de graves inconsistencias. Había que preguntar al fiscal general con qué criterios políticos mueve algunos casos con gran celeridad y despliegue mediático, mientras que otros, como los casos contra los expresidentes Funes y Saca y el del Chaparral van al paso de tortuga.

Segunda Vuelta

Plenaria Informes

El Fiscal Douglas Meléndez dijo ayer que el caso no había sido “depurado”, que a raíz de eso han tenido que “reactivarlo”. 

, 1 julio 2016 / EDH

diario hoyDesde 2013 que la Fiscalía General de la República inició la investigación sobre las “irregularidades” en la construcción de la presa El Chaparral, hasta la fecha los avances en el proceso judicial han sido casi nulos, pese a que documentos que firmó la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con la empresa italiana Astaldi demuestran que el gobierno pagó $108.5 millones por obras inconclusas en la represa.

La autónoma había convenido originalmente con la empresa italiana el pago de $219 millones para la construcción de la represa; sin embargo, tras un arreglo directo el gobierno de Mauricio Funes le canceló a Astaldi $108.5 millones, pese a que los trabajos sólo reflejaban un 29% de avance. Es decir que la empresa recibió un pago como si hubiera ejecutado el 50% de la obra.

En su momento, tanto el expresidente Funes como el expresidente de CEL, Leopoldo Samour, justificaron el “arreglo directo” para evitar que el Estado pagará más al enfrentarse a un arbitraje internacional.

Tras ese millonario pago a Astaldi por trabajos no ejecutados, ahora el gobierno de Salvador Sánchez Cerén pretende llevar dinero a las arcas de CEL a costa de cargarle a la población el 13% más a la tarifa de la energía eléctrica, lo cual varios sectores consideran un “impuesto disfrazado” que será aplicado a partir del 15 de este mes.

Sobre el caso de la presa El Chaparral, el Fiscal General Douglas Meléndez, lamentó ayer que el proceso ha carecido de solidez en la indagación y que a raíz de eso el Ministerio Público ha tenido que “reactivar” la investigación, ya que prácticamente han tenido que iniciar con el análisis de “miles y miles de papeles” que revelan los pormenores del caso.

“La investigación de El Chaparral, lamentablemente, no había sido bien depurado el caso; lo que hemos hecho es volver a reactivar la investigación”, aseveró Meléndez ayer, luego de dar su informe anual de labores en la Asamblea Legislativa.

Meléndez expresó que tras ahondar más en los documentos que están en poder de la Fiscalía desde hace tres años, el caso se encuentra en su etapa de investigación “más álgida”.

Es más, fuentes cercanas a la Fiscalía expresaron a este periódico que en dos meses el Ministerio Público podría tener una resolución final sobre el proceso.

Para descubrir lo que realmente pasó con la construcción de la represa El Chaparral y con base en las primeras hipótesis que se han manejado, la Fiscalía lleva la indagación en dos vías: si se han dado “actos administrativos irregulares o han existido actos de corrupción. Esto estamos haciendo”, afirmó Meléndez.

Hace casi dos meses el Fiscal explicó que el proceso judicial lo encontró “engavetado”.

“Este caso de El Chaparral es uno en los que estamos trabajando ahorita y que hemos reabierto, porque estaba archivado”, afirmó en abril pasado.

Meléndez asumió el cargo en la Fiscalía en enero del presente año y su antecesor Luis Martínez se fue y no logró concluir con la investigación.

También en abril la Fiscalía recibió en esa fecha una nueva denuncia contra el expresidente Funes por avalar el pago de $108.5 millones a Astaldi por trabajos que no fueron concluidos.

En ese entonces, el abogado que lo denunció, Ricardo Ernesto Núñez, argumentó que Funes podría haber cometido los delitos de “enriquecimiento ilícito, desvío de fondos del Estado, peculado por culpa, malversación, y negociaciones ilícitas”, entre otros ilícitos.

Además, en febrero de este año, los exdiputados de ARENA, Mario Valiente (ya fallecido) y Mariella Peña Pinto presentaron una denuncia en la Fiscalía General en contra del expresidente Mauricio Funes por el mismo caso de la presa.

En la denuncia, los exlegisladores tricolores pidieron a la Fiscalía investigar al exmandatario por supuestamente haber avalado el pago de $108.5 millones a la empresa Astaldi, pese a que esta dejó abandonada la obra.

El proyecto de El Chaparral en Carolina, San Miguel, fue adjudicado durante el gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009) a la empresa italiana Astaldi, la cual dejó los trabajos a medias en 2010 durante el mandato de Funes alegando “imprevistos imprevisibles” como el desplazamiento del terreno.

Corte de Cuentas cuestionó

En un borrador de auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República, a la cual tuvo acceso El Diario de Hoy en su oportunidad, emitido el 16 de diciembre de 2014, los técnicos de la Corte cuestionaron los términos de pago acordados en el arreglo directo entre CEL y Astaldi en 2012.

“No podemos avalar lo expresado por él (funcionario de CEL) sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30 %”, sentenciaron los auditores en su informe del examen especial a la ejecución del contrato entre la autonóma y la empresa italiana.

Los auditores se basaron en su informe en que durante su investigación “no se encontró evidencia documental que respaldara dicho monto que sirvió de base para la negociación del arreglo directo determinado por la Junta Directiva en relación a la liquidación del contrato”, dice el borrador.

En un campo pagado en los periódicos, en 2012, CEL aseguró que el avance de la obra en El Chaparral era de 38 %.

Los auditores además dijeron que previo al arreglo directo, la CEL ya había pagado a Astaldi el 9 % del contrato por el “único evento finalizado”, es decir, la terminación del desvío y control del Río Torola, que equivalió a $19 millones 727 mil 793. Pero que en el arreglo directo se partió del valor base de $85 millones, de los cuales ya le habían cancelado $79.8 millones.

Pero en el informe final la Corte de Cuentas se desdijo y resolvió que exfuncionarios de CEL habían subsanado todas las irregularidades detectadas en un inicio por los auditores.

Banco de Desarrollo alemán frena préstamos a CEL. EL FARO y EDH

El banco alemán KFW, uno de los financistas del proyecto de ampliación de la presa 5 de noviembre, le ha congelado a la CEL desembolsos que rondan losel faro $33 millones porque ve señales negativas en la velocidad con que se endeuda la autónoma, en las ganancias que reporta y en la viabilidad financiera a futuro. El KFW teme que la CEL no pueda pagarle los créditos y alerta que la autónoma adeuda cerca de $7 millones a los proveedors de la presa 5 de noviembre.

El 2 de septiembre de 2015, la ampliación de la presa hidroeléctrica 5 de noviembre tenía un 62 % del avance. La obra se encuentra en el sitio "La chorrera del Guayabo", entre los departamentos de Cabañas y Chalatenango. Su inauguración está prevista para agosto de 2016 y la obra duplicará la producción de energía de la presa. Foto: El Faro/ Nelson Rauda. - See more at: http://www.elfaro.net/es/201606/el_salvador/18657/Banco-de-Desarrollo-alem%C3%A1n-frena-pr%C3%A9stamos-a-CEL-por-temor-a-que-no-pueda-pagarle.htm#sthash.RqcJqxAw.dpuf

El 2 de septiembre de 2015, la ampliación de la presa hidroeléctrica 5 de noviembre tenía un 62 % del avance. La obra se encuentra en el sitio “La chorrera del Guayabo”, entre los departamentos de Cabañas y Chalatenango. Su inauguración está prevista para agosto de 2016 y la obra duplicará la producción de energía de la presa. Foto: El Faro/ Nelson Rauda.

Nelson Rauda, 1 junio 2016 / EL FARO

El KFW Bankengruppe, el Banco de Desarrollo de Alemania, le ha congelado a la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) el desembolso de fondos para dos préstamos que ascienden a $33 millones de dólares. Una tercera parte de esos fondos pone en peligro la culminación del proyecto de expansión de la presa 5 de noviembre, que actualmente se construye entre los municipios de Chalatenango y Cabañas.

En una carta fechada el 27 de abril de 2016 y dirigida al Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana -con copia al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el presidente de la CEL, David López Villafuerte y el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda- se perfila a la autónoma como una institución incapaz de cumplir con sus pagos y sus acuerdos crediticios ante organismos de financiamiento internacional. ¿La razón? El KFW suena las alarmas por el uso de la política gubernamental de subsidios de la CEL y por el nivel de endeudamiento que ha alcanzado la autónoma en los últimos años, en el que se incluyen $7 millones a los proveedores del proyecto de ampliación de la presa 5 de Noviembre.

Desde el 29 de octubre de 2012, el KFW acordó cinco préstamos con El Salvador. Uno de ellos para un proyecto insignia de los dos gobiernos del FMLN, en términos de generación de energía. Es la presa 5 de Noviembre, inaugurada el 21 de junio de 1954, con una capacidad instalada para generar 81.4 megavatios, de acuerdo con CEL. Para garantizar el buen desempeño del crédito, la autónoma se comprometió con el KFW a mantenerse dentro de ciertos parámetros financieros.  En la carta queda constancia que ni la CEL ni el gobierno de El Salvador pudieron cumplir con las exigencias suscritas en el contrato. Al salirse del margen, el banco pidió acciones concretas a la CEL. Pero ante la falta de propuestas, el banco decidió cerrar el grifo cuando el proyecto de la 5 de Noviembre se encuentra en la recta final, a más de un 90% de ejecución.

Una fuente enterada del impasse entre el banco, la autónoma y el gobierno del FMLN dijo a El Faro que aproximadamente faltan por desembolsar $11.5 millones del monto total financiado por el KFW para la presa 5 de noviembre. El otro préstamo congelado por el banco alemán es de 22 millones de dólares y corresponde a la construcción de la planta solar -productora de energía fotovoltaica- 15 de Septiembre, una obra que actualmente no se está ejecutando.

La carta del KFW está firmada por el gerente de proyectos del KFW, Oliver Polleti, y por el jefe de División, Michael Evers. En la misiva, el KFW informa que desde el 7 de abril se han congelado los fondos de los préstamos. “Una violación de los indicadores financieros tiene como consecuencia la suspensión de los desembolsos para los proyectos y se pone en peligro el desarrollo de los mismos”, le dice el banco al gobierno salvadoreño en la correspondencia.

El KFW le reclama a la CEL el incumplimiento de dos indicadores económicos. El primero es el monto máximo para aportes al Fondo de Inversión en Electricidad y Telefonía (FINET), que se refiere a la cantidad que aporta CEL para pagar los subsidios de energía eléctrica. En otras palabras, el banco alemán cuestiona la cantidad que CEL está orientando al fondo de subsidios.

El FINET fue creado en 1998 y uno de sus propósitos es “subsidiar el consumo de energía eléctrica y los servicios de telefonía en áreas rurales y de bajos ingresos (…) y el consumo de energía eléctrica residencial”. Además, el FINET también se usa para subsidiar la energía eléctrica que utilizan ANDA -la autónoma encargada del agua en El Salvador- para proyectos de bombeo y rebombeo de agua en zonas rurales. Lorenzana -hoy secretario técnico- fue uno de los diputados que firmó la iniciativa de ley para crear ese fondo.

Casi la mitad de los gastos de CEL en 2014 se destinó a los subsidios, de acuerdo con un estado de resultados de enero a agosto de 2014. La cantidad era de $117. 4 millones, el 48 % de lo que gastó la autónoma en ese periodo. Según el estado de rendimiento económico, ese año CEL destinó $177.74 millones a transferencias otorgadas, el rubro en que se ubican los subsidios según un exdirectivo de CEL que accedió a hablar con El Faro con la condición de no publicar su nombre. El año pasado, esa cantidad experimentó una reducción de $50 millones, pero aún representó el 43.5 % de los gastos de CEL.

El KFW está claro en que ese ritmo de aportes a subsidios no es sostenible. “Reiteramos nuestra solicitud para que la política nacional de subsidio al consumo de energía eléctrica no afecte las obligaciones financieras y los compromisos contractuales de CEL dado que a la fecha están generando grandes dificultades para el desarrollo de los proyectos y podría tener como consecuencia la rescisión de los contratos del préstamo”, dice una sección de la correspondencia. Es decir, que los alemanes demandan cambios de parte de El Salvador porque advierten peligro de que, con el lastre económico de los subsidios, CEL no pueda pagar los préstamos.

La advertencia sobre lo imposible que es para El Salvador mantener su política de subsidios tal como está viene de tiempo atrás. En febrero de 2012, una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) “alentó a las autoridades a reforzar el control del gasto corriente y racionalizar los subsidios para alcanzar sus metas fiscales”, según un reporte de la agencia Reuters.

Los alemanes también han repetido su alarma. De hecho, esta es la tercera vez que CEL incumple esta condición del préstamo. En una carta del 20 de marzo de 2015, a la que El Faro también tuvo acceso, el KFW menciona que el indicador FINET ya se había incumplido para el 30 de junio de 2013. Ese incumplimiento volvió a suceder el 30 de septiembre de 2014. Dos meses después, el 20 de noviembre de 2014, CEL pidió a sus acreedores germanos un permiso temporal para incumplir ese indicador. El permiso se llama, en jerga financiera, ‘waiver’, y el KFW lo concedió durante un año. CEL prometió que en ese año arreglaría el problema, porque tenía prevista una “importante recuperación en la liquidez financiera”, según se consigna en la misiva.

Evidentemente, eso no ocurrió y por ello se agotó la paciencia del banco. Ahora, con los desembolsos congelados, esperan una solución definitiva del gobierno salvadoreño. Sin embargo, el pasado 24 de mayo, a sabiendas de esta sanción, el secretario Lorenzana enumeró los subsidios a la energía entre los logros que destaca el gobierno, en esto días en que publicita el segundo aniversario del presidente Sánchez Cerén.

“El subsidio de energía eléctrica se mantuvo a más de un millón de personas y como ustedes saben ha habido una reducción significativa en el precio de la energía eléctrica que en el año fiscal llega a 49.2 %”, dijo Lorenzana.

La ampliación de la Central 5 de Noviembre es clave para este gobierno. CEL ha anunciado que la obra agregará 80 megavatios (MW) adicionales de producción, para casi duplicar los 99 MW que genera actualmente la presa. Esa mejora será suficiente para cubrir la demanda de energía de unos 110 mil hogares, según los cálculos del gobierno. Además permitirá reducir “un aproximado de 93 mil toneladas de dióxido de carbono al año por uso de combustibles fósiles, otro método para obtener energía eléctrica”, de acuerdo con Cancillería.

Este periódico preguntó al Consejo Nacional de Energía (CNE), que pasaría si las obras en la 5 de Noviembre no se pueden terminar por los problemas económicos de CEL. La unidad de comunicaciones del CNE -una institución que también integra Lorenzana junto a otros funcionarios como el ministro de Economía- respondió que “Actualmente, el Sistema Eléctrico Nacional tiene suficiente respaldo de generación para suministrar la energía demandada a nivel nacional, sin embargo, se esperaría que CEL pueda terminar su ampliación, para tener más energía renovable en nuestra matriz eléctrica”.

El 24 de mayo, el gobierno promocionó sus logros económicos al segundo año del gobierno de Salvador Sánchez Cerén en una conferencia de prensa. En el evento, el secretario Lorenzana incluyó la construcción de la planta fotovoltaica 15 de Septiembre entre sus cuentas para prometer que “la capacidad instalada de generación que posiblemente duplique la que teníamos en el quinquenio anterior”. Este proyecto, con financiamiento de 22 millones del KFW, también ha sido congelado por el banco germano, por el temor que provoca que la CEL no pueda honrar sus créditos debido a sus indicadores incumplidos. Eso, en la carta se dice así: “en las proyecciones actualizadas por CEL el riesgo de incumplimientos de hasta tres indicadores financieros durante 2016, 2017 y 2018 es sustancial”.

Mucha deuda, pocas ganancias e insuficiente control

El otro indicador del contrato que CEL ha incumplido según el KFW es la relación entre su deuda total y EBITDA. Por sus siglas en inglés, el EBITDA significa las utilidades netas antes de restarle los intereses, impuestos, depreciación y amortización. El resultado es una cantidad de dinero, la cantidad con la que cuenta una empresa para pagar sus obligaciones financieras y fiscales. Entre enero y agosto de 2014, CEL tenía un resultado de operación (EBITDA) de $31. 4 millones.  La relación deuda total/ EBITDA mide la capacidad de pago a futuro de una empresa. Al señalar un incumplimiento de este indicador, los alemanes avisan de su preocupación sobre la capacidad que CEL tendrá en el futuro para pagar su financiamiento, debido a la creciente desproporción entre la deuda total y el EBITDA. O sea, que CEL ha acumulado bastante deuda, no ha frenado suficientemente sus gastos y sus proyectos no están generando suficientes ganancias para mantener su estilo de vida actual. Y el KFW está alerta.

Hasta agosto de 2014, la gran mayoría de las cuentas por cobrar de CEL correspondían a ANDA: $113.8 millones, un 88 % del total, según un estado de resultados disponible en el portal de transparencia de la autónoma. Esta deuda se arrastra desde 2008, último año de gobierno del derechista Arena, pero ha seguido aumentando durante los dos gobiernos del izquierdista FMLN. El resto de las cuentas por cobrar de CEL correspondía a las distribuidoras de energía, que para esa fecha adeudaban a $14.3 millones.

El tercer incumplimiento que el banco señala a CEL es una deuda acumulada de 6 millones 936 mil 814.58 dólares hacia el proveedor para la ampliación de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre. Según se lee en la carta, CEL “ha infringido también la modalidad ‘pari passu’ acordada para pagar todas las facturas del proveedor entre todas las fuentes de financiamiento, incluyendo fondos propios de la CEL”. La claúsula pari passu significa en el mundo financiero un tratamiento idéntico de dos o más partes de un acuerdo. Para el proyecto de la 5 de Noviembre, los financistas acordaron poner los fondos para pagar en una cuenta especial. Los alemanes reclaman porque solo CEL ha tenido atrasos. “Lo anterior nos ha obligado adicionalmente a suspender cualquier desembolso de la Cuenta del Proyecto de fondos que provienen del KFW o de la Unión Europea (fondos no reembolsables bajo administración del KFW) para dicho proyecto”, se lee en la carta.

En el proyecto de la 5 de Noviembre hay cuatro partes financistas: $57.4 millones que puso el KFW, misma cantidad del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), $7.5 millones que dona la Unión Europea y $66 millones de la propia CEL. La mención de la claúsula aparejada con la deuda significa que todas las partes han desembolsado sus fondos y que CEL no tiene excusa para tener dicho retraso, según analizó el exdirectivo de CEL que habló con El Faro. En diciembre de 2015, CEL tenía 40.2 millones de dólares en sus disponibilidades finales, según su estado de flujo de fondos.

Durante septiembre de 2015, mil trabajadores laboraban en tres turnos para recuperarse de un desfase en las obras que se realizan en la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. Completar la expansión  es clave para un gobierno que promociona los logros de su segundo año. Foto: El Faro/ Nelson Rauda.

Durante septiembre de 2015, mil trabajadores laboraban en tres turnos para recuperarse de un desfase en las obras que se realizan en la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. Completar la expansión es clave para un gobierno que promociona los logros de su segundo año. Foto: El Faro/ Nelson Rauda.

Este periódico buscó, a través de la Embajada de Alemania, un posicionamiento de los representantes del KFW en El Salvador sobre este tema. La jefatura de prensa y comunicaciones envió a El Faro un breve enunciado en el que anuncian que esperan la pronta inauguración de las obras en la 5 de Noviembre. “Cualquier asunto aún pendiente de trámite se está discutiendo entre todos los involucrados tanto las instancias salvadoreñas, alemanas y otras, en el espíritu habitual de profesionalismo y amistad”, finaliza ese comunicado.

El viceministro Jaime Miranda, a quien iba dirigida una copia de la carta del banco alemán, atendió una llamada telefónica de este periódico el 30 de mayo. Miranda alegó que ya se había alcanzado una solución pero que él desconocía los detalles.

—Debería hablar con el presidente de CEL. Yo no estuve en la negociación de eso pero yo entiendo que ya se ha superado. Por eso, si va a informar sobre eso debería tener primero la entrevista con el presidente de CEL, ¿oye? -dijo Miranda.

—Desde el 24 de mayo he estado tratando de hablar con el presidente de CEL pero no me ha podido atender. Estará muy ocupado…

—Supongo que estará ocupado pero yo tengo información de que sí ya está superada esa parte. Yo no soy el que tengo, el, cómo se llama el proyecto, yo diría que insistiera con CEL, oye.

—Viceministro, ¿usted sabía cuál era el monto? Entendemos que son 11.5 millones que había congelado el banco.

—Mire yo de tantos montos no me acuerdo. Imagínese, manejo tantas cosas. No quiero mentirle en una cosa como esa. Que vaya a salir que yo dije y, hijole… tendría que tener mis papeles y ahorita no estoy allí

—¿Entonces usted entiende que ya está superado y no es una preocupación para el gobierno salvadoreño?

—Realmente, eso es lo que yo entiendo pero lo mejor sería que usted hablara con el presidente de CEL, para ver exactamente cómo está eso.

El Faro buscó desde el pasado 24 de mayo una entrevista con los receptores de la advertencia germana. Los jefes de comunicaciones del secretario Lorenzana y de David López Villafuerte  prometieron entrevistas “hasta” la primera semana de junio. También se intentó contactar al vocero de la presidencia, Eugenio Chicas, pero no contestó mensajes enviados a su celular. El equipo de comunicaciones del ministro Cáceres recomendó obtener una reacción el 1 de junio, durante la rendición de cuentas del presidente de la República en la Asamblea Legislativa.

El Faro repreguntó a Miranda -a través de mensajería instantánea- si alguien de su institución podía brindar datos sobre la solución que él mencionó que ya había sido formulada. “Esta información no pasa por nosotros porque es la parte que es préstamo. Le quiero reiterar que ese problema ya se resolvió para que informe bien”, contestó Miranda. Este periódico le preguntó al viceministro la razón por la que el banco alemán le dirigía a él una carta para hablar del préstamo, si su argumento es que esa información no pasa por su oficina. Un día después de recibir el mensaje, Miranda ya no contestó.

El 27 de mayo, El Faro envió por correo electrónico al jefe de comunicaciones de CEL las siguientes preguntas: ¿Por qué CEL está incumpliendo estos indicadores? ¿Cuánto costó el subsidio el año pasado? ¿Están aportando a los subsidios de energía eléctrica o a los pagos de servicio de energía de ANDA una cantidad mayor a la que sus ingresos les permiten?  ¿Por qué no ha pagado CEL al proveedor de la 5 de Noviembre? ¿Tiene problemas de liquidez? Si es así, ¿es debido a pagar mucho en subsidios? ¿Cómo afecta a CEL y al desarrollo de los dos proyectos en cuestión el anuncio del congelamiento de los desembolsos? Al cierre de esta nota no ha habido respuesta.

El proyecto 5 de Noviembre ha estado lleno de tropiezos. CEL había programado inaugurar la presa en julio de este año, pero en agosto de 2015 el consorcio constructor de Queiroz Galvão y Andritz Hydro Inepar pidió una extensión de 13 meses y un aumento presupuestario de $30 millones. CEL, sin embargo, solo concedió una prórroga de cuatro meses, según declaró López en septiembre del año pasado. El pasado 24 de mayo, Lorenzana -receptor de la misiva germana- solo prometió inaugurar la obra “este año”, sin casarse con una fecha. En cuanto al aumento de dinero, CEL se negó. Habría sido la segunda vez que la obra aumenta su precio. CEL anunció, en enero de 2011, que invertiría $136 millones en la repotenciación de la presa. Sin embargo, para 2012 esa cantidad ya había ascendido a 181.9 millones, que finalmente se convirtieron en $189.3 millones, el precio actual.

En 2013, la Fiscalía General de la República, por entonces bajo la batuta de Luis Martínez, anunció que abrió una investigación por el aumento de precio de $52.9 millones en el proyecto. Esa investigación no ha visto tribunales hasta la fecha. La firma constructora, Queiroz Galvao, está señalada en Brasil, su país de origen, de participar en un esquema de corrupción. CEL separó del proyecto a la primera empresa supervisora, Intertechne Consultores, por “múltiples retrasos e incumplimiento en la ejecución de servicios”, según dijo el presidente de la CEL a El Diario de Hoy.

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Banco alemán congela a CEL prestamos por subsidio a la energía

diario hoyEl Banco Alemán KFW pide al gobierno su revisión y un plan de acción para que CEL supere un impasse financiero.

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, 4 junio 2016 / EDH

La política de subsidios del gobierno, que es administrada por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, ha provocado que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) tenga problemas para financiar la fase final del proyecto de la Expansión de la Presa 5 de Noviembre, ya que el Banco alemán de Desarrollo (KFW) ha suspendido el último desembolso para la obra debido al incumplimiento de dos indicadores del contrato entre este organismo financiero y la autónoma.

Esta situación, que revelan documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy, se relaciona con el aporte que realiza la autónoma en materia de subsidios a la energía eléctrica, que al cierre del ejercicio 2014-2015 le representó $117.5 millones de egresos debido a que en 2012, el Ministerio de Hacienda modificó la Ley General del Presupuesto y trasladó a la CEL la responsabilidad de asumir el monto de esta política, sin destinar fondos anuales para ello.

Screen Shot 2016-06-05 at 8.24.04 PMEl otro indicador de supuesto incumplimiento, según la carta que envió el KFW el pasado 27 de abril  al secretario técnico, Roberto Lorenzana, es el de la deuda total de CEL comparado con sus utilidades netas sin restarle intereses de deuda, impuestos públicos, depreciación de maquinaria y amortización de créditos.

Acá se plantea que habrá posibles riesgos de incumplimiento entre 2016 y 2018, sobre todo en el pago de los créditos que la autónoma ha contraído con el KFW y otros organismos.

Ambos escenarios fueron advertidos el 20 de marzo de 2015 a Lorenzana  a través de una carta y se le reiteraron seis meses después en una reunión donde participó el funcionario y delegados del KFW acreditados en el país.

“Nosotros mencionamos que una violación de los indicadores financieros tienen como consecuencia la suspensión de los desembolsos para los proyectos y se pone en peligro el desarrollo de los mismos”, dice la correspondencia a la que tuvo acceso El Diario de Hoy.

Pese a estas advertencias, el KFW le cortó el flujo financiero a la CEL desde el pasado 7 de abril , lo cual también se extendía al proyecto de construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre, que a la fecha se encuentra en fase de  factibilidad y estudios técnicos.

La carta además revela un hecho importante: la política nacional de subsidio al consumo de la energía eléctrica es un factor que ha incidido en el incumplimiento con el banco, sobre todo por el monto máximo que aporta la empresa estatal al Fondo de Inversión en Electricidad y Telefonía (FINET), un esquema donde también esta incluido el aporte de CEL para  que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) genere y distribuya agua en el país.

Según cifras oficiales de la CEL, al cierre de ejercicio 2013-2014 esto le genera un costo a la institución de casi $65 millones, lo  cual, desde 2008 suma una deuda de casi $260 millones. De estos, al cierre del primer trimestre de 2016 se tiene un saldo de $117.8 millones de deuda.

Si se suma tanto el monto de subsidio a la energía como el dinero que la Anda le debe, CEL  asume $235.3 millones, a pesar de que sus ingresos de operación, a 2014, son de $142.5 millones.

Debido a esto, el KFW en el mismo documento, exhorta a Lorenzana a que el subsidio no afecte las obligaciones de CEL, sobre todo porque si se siguen presentando las dificultades se podría rescindir el contrato de préstamo.

“Reiteramos nuestra solicitud para que la política nacional de subsidio al consumo de la energía eléctrica no afecte las obligaciones financieras y los compromisos contractuales de CEL”, agrega el KFW en la carta firmada por Michael Evens, jefe de división del banco y Oliver Polleti, su gerente de proyectos.

Inclusive pide al gobierno salvadoreño que desarrolle un plan para apoyar a CEL en el tema de subsidios, un aspecto donde hasta organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han hecho recomendaciones para su revisión y reorientación por la carga fiscal que ejercen sobre las finanzas del Estado.

“Pedimos que el gobierno de El Salvador nos entregue a la mayor brevedad acciones concretas que puedan apoyar a CEL para cumplir sus obligaciones contractuales hacia el banco a lo largo de la vigencia de los contratos de préstamo”, dice la carta, que incluso fue enviada con copia al titular de Hacienda, Carlos Cáceres.

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Lorenzana y Cáceres sin revisar el tema

Dos de los funcionarios de mayor rango en el gabinete financiero no dan señales de corresponder a los planteamientos hechos por el KFW, aunque no niegan haber recibido la carta, que incluso llegó con copia al viceministro de Cooperación, Jaime Miranda y al presidente de la CEL, David López Villafuerte.

Lorenzana desmintió que existiera un impasse y no considera que exista un problema con la política de subsidios que está bajo su responsabilidad. También reconoce que la oficina que está a su cargo no tiene un planteamiento para presentarlo al KFW  y que aún no se han reunido para abordar este tema.

“Todos los préstamos de las instituciones financieras con el gobierno tienen problemas. Ellos recomiendan que debe de flexibilizarse por parte de CEL la política de subsidios, pero lo más importante de esto es el pago a la empresa, no veo un impasse en eso, no nos hemos reunido (…) nosotros mantenemos la proyección de que la obra será entregada en agosto”, defendió Lorenzana.

Mientras tanto Cáceres, al preguntarle sobre la carta y si Hacienda está revisando el tema de los subsidios, dijo que “el no trabaja en la CEL” y que responder a este problema “es responsabilidad del presidente de la autónoma”.

Por su parte la CEL, al cierre de esta nota, solo confirmó que esta semana desembolsó $9.4 millones a la constructora brasileña Queiroz Galvao. Sin embargo, no dio más detalles sobre esta diferencia con el KFW y si los fondos abonados eran propios o del banco.

Los archivos perdidos de El Chaparral (I. – IV.)

I. Documentos revelan nuevas fallas en construcción de represa El Chaparral

La autónoma hizo el pago y cerró el contrato en julio de 2012, luego de un polémico proceso de “Arreglo_Directo” entre ambas partes, pese a que la obra...

La autónoma hizo el pago y cerró el contrato en julio de 2012, luego de un polémico proceso de “Arreglo_Directo” entre ambas partes, pese a que la obra…

Una serie de documentos  que forman parte del expediente de supervisión del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral revelan el mal manejo de la zona de trabajos, la falta de un diseño detallado para continuar su ejecución y hasta la mala construcción de una estructura de paso de aguas (ataguía), así como otras fallas que dejan sin fundamento el pago del pago de $108.5 millones de la Comisión_Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a la empresa Astaldi SpA.

La autónoma hizo el pago y cerró el contrato en julio de 2012, luego de un polémico proceso de “Arreglo_Directo” entre ambas partes, pese a que la obra  sólo tenía un 29.29% de avance.

El archivo de más de 300 páginas, en poder de El Diario de Hoy, fue preparado por los consultores Euroestudios-Ingetec luego de analizar los problemas en la margen derecha de la montaña donde se asentaría la presa y descubre los cuestionamientos de la supervisora a la constructora.

Las fallas eran tan evidentes que la ataguía colapsó un 30 de mayo de 2010 durante la tormenta tropical Agatha, ante lo cual Astaldi SpA abandonó los trabajos.

Todo lo anterior queda claro cuando se revisa el documento titulado “Informe General de la Margen Derecha” de agosto de 2010. Su principal conclusión es que, para la supervisión, no hubo argumentos “que demostraran el movimiento de todo el macizo de la margen derecha” y recomiendan a CEL_que Astaldi SpA le presente “de inmediato” un planteamiento completo de diseño de la presa para no incumplir con los plazos contractuales.

En el mismo expediente también hay una presentación a la junta directiva de CEL_en julio de 2010 donde Euroestudios-Ingetec deja claro que Astaldi SpA, desde que inició la obra en 2008, excavó  el estribo (margen) derecha sin un patrón de soporte.

“Las excavaciones han sido ejecutadas como exploratorias, provisionales y sin control”, enfatiza el documento planteado ante la junta.

Las cartas entre Astaldi y Euroestudios-Ingetec

En el transcurso de la ejecución de la obra la constructora italiana y el asocio supervisor mantenían comunicación a través de una serie de cartas donde se plantean aspectos técnicos que nunca serían corregidos por el contratista de CEL y que desembocarían en  un desconocimiento “de facto” del rol que juega la supervisión en un proyecto de gran envergadura.

Por ello los anexos del documento en poder de El Diario Hoy registran las cartas enviadas entre el superintendente de la supervisión, Germán Rivera, y el gerente de El Chaparral por parte de Astaldi SpA, Edy Lucchini. En una primera misiva se advierte de la necesidad de un diseño detallado, ya que CEL_solo había entregado un documento básico con el cual la constructora debía iniciar los trabajos, algo ya contemplado en el contrato llave en mano_(sin cambios) a un monto de casi $220 millones.


* Documento del 24 de febrero de 2010


LO QUE ARGUMENTARON…

 “Fue Astaldi que presentó a la junta directiva de CEL un informe en el que aseguraba que el margen derecho de la montaña que iba a sostener el dique de la central había sido dañado y se estaba moviendo luego de las tormentas Agatha y Alex.”

MAURICIO FUNES,  Expresidente de la República, en octubre 2013

 “Estamos seguros, y lo hemos visto ya por más de un año con diferentes geólogos, que la montaña no tiene el problema que se había especulado, la presa El Chaparral va a estar en el mismo lugar, aunque será necesario un rediseño”

LEOPOLDO SAMOUR ,  Expresidente de CEL, en agosto de 2013


Previo a esta fecha, un 17 de agosto de 2009, los supervisores le indicaban a Lucchini que Astaldi SpA no había efectuado el análisis de estabilidad de la montaña para iniciar las excavaciones , además que no se tenía previsto la instalación de elementos de soporte ante “posibles inestabilidades” y que estos trabajos se habían desarrollado sin un programa, lo que conllevaba obras esporádicas sin una secuencia organizada.

Más adelante, un 6 de marzo de 2010, Rivera le envía a Lucchini otra  carta con el asunto_“Margen derecha, trabajos sin diseños detallados aprobados” donde se dice que es riesgoso para el proyecto, incluso para el contratista, la ejecución de obras que no tienen diseño de detalle que permitan planificar de manera clara y ordenada, lo que puede conllevar a la pérdida de recursos importantes para el desarrollo del proyecto e incluso afectar los plazos.

“Como es de su conocimiento la supervisión en diferentes documentos como comunicaciones, actas de reunión e informes de revisión de diseños  ha manifestado la necesidad que el contratista entregue el diseño detallado de manera integral. No resulta aceptable la entrega separada de partes de un mismo elemento”, enfatiza la supervisión.

Después Euroestudios-Ingetec envió otras cuatro cartas en las que enfatizaba en el mismo hecho:_la urgencia del diseño detallado y el cuido de la margen derecha, sobre todo por filtraciones del río Torola que se presentaban.



El detonante de las diferencias entre Astaldi SpA y Euroestudios-Ingetec fue la carta del 30 de abril de 2010 en respuesta a una enviada por la firma italiana donde dice que los supervisores “le están haciendo requerimientos más allá de lo que pide el contrato de la obra”

“No aceptamos lo indicado por el contratista en su comunicación y le solicita (a  Astaldi SpA) que se apegue a los requerimientos técnicos y contractuales que le corresponden (…) ratificamos nuestra preocupación con la estabilidad de los taludes de la margen derecha, hay aspectos de seguridad pendientes”, contesta el supervisor al contratista de la CEL.

Ataguía, mala construcción que colapsó

Una estructura fundamental en la construcción de la obra fue la ataguía para frenar el cauce del río Torola, sobre todo en momentos de invierno copioso pero, según el archivo de la supervisión consultado, Astaldi SpA no realizó un trabajo adecuado para garantizar la estabilidad de la margen derecha, que incidió en el daño durante la tormenta Agatha.

“La ataguía no tiene ningún diseño geotécnico de detalle (…) se solicita revisar completamente el informe  de las ataguías de manera que se incluyan criterios básicos del diseño y las propiedades de los materiales que se utilizarán (…) muy seguramente será desbordada y deteriorada”, indica el informe sobre la ataguía por parte de Euroestudios-Ingetec que incluso adjunta imágenes del daño.

Por todo esto al final se desconoce porque CEL_no inició un proceso sancionatorio contra Astaldi Spa y se llegó a un millonario arreglo, pagando incluso por obras inexistentes y recibiendo más adjudicaciones del gobierno.

Lea mañana: Contrato era “llave en mano” y Astaldi tenía que asumir costos

*Así cambió el proyecto en dos días, luego de la tormenta

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La supervisión deja constancia que a la fecha el contratista Astaldi SpA no ha entregado el diseño detallado de la estructura de la presa cuando ya se llevan 14 meses de ejecución del proyecto (…) reiteramos la solicitud de entrega de dicha información a la mayor brevedad…

II. Contrato por la represa El Chaparral no permitía pagarle más a empresa constructora

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Juan José Morales, 26 mayo 2016 / EDH

Los asesores legales, Curtis, Mallest-Prevost, Colt & Mosle, no recomendaron a la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) hacer un  “arreglo directo” con la firma italiana Astaldi SpA, sino que le advirtieron que debía hacer cumplir el contrato que exigía la entrega de la represa El Chaparral totalmente concluida, sin el pago de sobreprecios, o iniciar un arbitraje.

Lo anterior consta en documentos oficiales a los que tuvo acceso El Diario de Hoy y que establecen que la obra tenía que ser entregada terminada y que si había costos adicionales, tenían que ser asumidos por Astaldi.

Es decir y según el contrato, legalmente era inviable el pago de $108.5 millones por una obra que fue dejada inconclusa.

Esto se relaciona con el hecho de que el contrato CEL 4143-S para el polémico proyecto se firmó un 28 de septiembre de 2008 bajo la modalidad “llave en mano”, un esquema de contratación en el que, según el artículo 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el contratista debe hacer desde el diseño detallado de la obra hasta su terminación total.

La documentación en poder de este periódico es parte de una presentación hecha por el despacho Curtis, Mallet-Prevosta, Colt y Mosle para informar a la junta directiva de CEL el 25 de noviembre de 2010 sobre las consideraciones jurídicas del abandono del proyecto El Chaparral. Además plantearon una estrategia a seguir y los pasos posteriores para encontrar alternativas de solución, según se confirmó también en el acta de la sesión 3430 de la junta directiva de CEL.

Al respecto los abogados externos de esta firma internacional, Ricardo Castrillo y Javier Jiménez, explicaron a la directiva de CEL que conforme a la modalidad “llave en mano” el contrato entre CEL y Astaldi no preveía ajustes de precios ni órdenes de cambio e incluye cualquier tipo de imprevistos relacionados con su ejecución. En ningún momento de la presentación hacen recomendaciones de llegar a un arreglo directo con el contratista, que recibió un anticipo de $65.9 millones.

El documento también recuerda que este tipo de contratos le traslada la responsabilidad al contratista de elaborar “ingeniería de detalle, dándole flexibilidad para las variaciones de diseño y obras adicionales que se requieran al enfrentar los problemas técnicos que en la ejecución de se vayan presentando”, es decir todos aquellos imprevistos que luego Astaldi plantearía.

En este sentido la presentación elaborada por el bufete de abogados recuerda que en noviembre de 2009 el contratista italiano presentó un primer reclamo, considerando que los detalles de la fundación de la presa (el dique) resultaron ser distintos a los descritos en el diseño básico de licitación, lo cual implicaba obras adicionales que aumentarían el costo del megaproyecto y que según Astaldi deberían de ser asumidas por CEL.

Sin embargo Astaldi conocía de la situación, ya que fue descrita en las bases de licitación del proyecto, reconocen los abogados,  que citan a la supervisión de la obra, a cargo del asocio colombiano-español Euroestudios-Ingetec.

“Si Astaldi plantea una solución alternativa que sea técnicamente aceptable, esta puede ser implementada pero con cargo a Astaldi conforme al artículo 14 del contrato”, indican los abogados.

Suspende trabajos

Más adelante Astaldi suspendió las obras aduciendo que detectó dos problemas: una falla en el cauce del río Torola y supuestos desplazamientos registrados entre mayo y junio de 2010, con el desarrollo de las tormentas Agatha y Alex en la margen derecha. En ese momento el cronograma de la obra requería un avance del 52% pero el real era del 23.68%, según la supervisión de Euroestudios-Ingetec, y 34.63%, según la realizada por Astaldi.

El entonces presidente Mauricio Funes informó en octubre de 2013 que le pagaron $108.5 millones a la constructora Astaldi con el argumento de que se cerraba el contrato “Llave en mano” con un 38 % de avance de la obra.

Sin embargo, en el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones, presentado a la Junta Directiva de CEL en septiembre de 2012, definió —con técnicos y supervisores de la autónoma— que sólo se construyó el 29.29 % de la represa El Chaparral.

Las actas incluso reflejan que en la negociación entre ambas partes se hizo una sobreestimación aproximada de un 8.71 %, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38 %, lo que permitió sustentar el pago de $28.7 millones como cifra definitiva de sobreprecio.

La documentación consultada por este periódico también revela que los problemas anteriores fueron el argumento para que Astaldi frenara la construcción de la presa y propuso la suspensión de las obras en el margen derecho de la montaña (continuó con la ejecución de la casa de máquinas), un nuevo estudio de factibilidad (a cargo de la CEL), la elaboración de un diseño básico (siempre por la autónoma) y un diseño de detalle a cargo de la firma italiana.

“En relación a la falla parece ser que ésta ya estaba identificada en las bases de licitación, aunque sin determinar su naturaleza geológica. La supervisión de obra incluso nos ha mostrado un mapa incluido en las bases de licitación, en donde la falla ya estaba identificada”, indican los abogados en el documento presentado a la junta de CEL.

Incluso se le dice a los directivos de la CEL que el tema a resolver “no es si existe la falla o no” sino si ésta es de naturaleza tectónica, es decir, si se encuentra en movimiento.

Ya en 2012, según varias actas de la junta directiva de CEL, se insistió en que se debía resolver vía arbitraje los costos adicionales que Astaldi reclamaba  y que la CEL debía pagar “solo por obras realmente ejecutadas”, algo que va en sintonía con la LACAP y con la modalidad contractual optada por el gobierno en 2008.

Así, el acta número 3507 del 19 de marzo de 2012, confirma que una parte del proceso de negociación se realizó entre el 12 y el 16 de marzo de 2012 y que se tenía que pagar por las obras construidas conforme a precios contracta de un 8.71 %, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38 %, lo que permitió sustentar el pago de $28.7 millones como cifra definitiva de sobreprecio.

Si Astaldi plantea una solución alternativa que sea técnicamente aceptable, esta puede ser implementada pero con cargo a Astaldi conforme al artículo 14 del contrato

EDH20160526NAC009P

EDH20160526NAC011P

III. La montaña de la represa El Chaparral no se movió y constructora conocía las fallas

Empleados de la empresa constructora Dycsa realizan trabajos alrededor en la casa de máquinas. | Foto por Drone/ Mauricio Castro

Empleados de la empresa constructora Dycsa realizan trabajos alrededor en la casa de máquinas. | Foto por Drone/ Mauricio Castro

Juan José Morales, 27 mayo 2016 / EDH

Una presentación hecha a la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), en julio de 2010, por el consorcio supervisor de la construcción de la represa El Chaparral, el asocio Euroestudios-Ingetec, revela que las fallas alegadas por la constructora Astaldi SpA para solicitar un “arreglo directo” eran de su conocimiento desde 2008 y que la montaña del margen derecho de proyecto “no se había movido” como  argumentó  la firma italiana.

Además, una carta  firmada por el ex coordinador de proyectos de CEL, Jaime Contreras, del 12 de agosto de 2010, enviada a Mario Pieragostini, apoderado general administrativo de Astaldi, le recuerda al contratista italiano que no hay evidencias de los supuestos movimientos planteados en la margen derecha de la montaña que respalden la  emergencia que la constructora alegó para abandonar los trabajos.

“Se concluye que los reclamos presentados por Astaldi no son procedentes en vista de que no cuentan con los sustentos técnicos que puedan confirmar los argumentos en que se basan y no demuestran la concurrencia de razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo continuar con el desarrollo de las obras para no incumplir con los plazos contractuales. No omitimos manifestar que en ninguna de las cartas se indicó el daño o perjuicio del que presuntamente fue objeto Astaldi”, dice la carta enviada por Contreras.

El documento, que fue presentado a los directivos de CEL mientras duró el contrato de supervisión (marzo 2009-mayo de 2013), también reconoce un mal manejo en las tareas de excavación y de soporte del macizo montañoso, lo cual generó “un problema de estabilidad”, sobre todo por el abuso de dinamita y otros materiales para adecuar la montaña.

“Se concluye que era claro para los licitantes que la situación geológica y geotécnica de la margen derecha era extremadamente complicada y desfavorable, siendo por lo tanto algo previsible para Astaldi”, dice un extracto del análisis de la supervisión, consultado por este periódico.

En contraste, según el mismo documento, el supervisor cuestiona al asesor de Astaldi, Giovanni Lombardi, quien insistió ante los técnicos de Euroestudios-Ingetec que las condiciones en la montaña “fueron inesperadas”, detalle que permitió la justificación de no continuar con la responsabilidad en el megaproyecto.

“Desde el diseño básico se establece la necesidad de colocar anclajes para prevenir deformaciones o relajaciones de roca. Hay un grado de descompresión que deterioraron la montaña”, asegura la supervisión, que más adelante agrega que se excavó “sin control”.

En la carta de Contreras a Pieragostini también se le recuerda a Astaldi  que, por respeto a sus obligaciones contractuales, tenía que reanudar los trabajos en cada uno de los frentes de obra sin implicación con la situación margen derecha y que tenían que tomar en cuenta que dicha decisión, unilateral, afectaría el programa de ejecución de las obras.

Asimismo enfatiza que Astaldi SpA debía presentar un planteamiento completo del diseño detallado de la presa El Chaparral, asociado a medidas técnicas y constructivas que se tomarían en cuenta para no incumplir con los plazos contractuales, un aspecto que no conllevó sanciones por parte de la CEL.

Obra con poco avance

Durante los tres años (2008-2011) en los que Astaldi SpA realizó obras  de El Chaparral siempre hubo claras diferencias en relación a los porcentajes de avance en la ejecución de los trabajos, no solo con Euroestudios-Ingetec sino que también con la misma CEL, que realizaba su propio seguimiento a través de su gerencia de proyectos.

Al respecto un documento de Astaldi con el que reportó a CEL su avance de obra en mayo de 2012 indica que lograron un 42.65% de avance.

Sin embargo la supervisión interna de la autónoma dijo, previo al pago de $108.5 millones, que solo se había construido un 29% de la obra cuando el contratista italiano las abandonó, aduciendo “imprevistos imprevisibles” en la zona de trabajos.

Pero además el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones de septiembre de 2012, que  fue presentado a la directiva de CEL_dos meses después que se firmó el arreglo directo, deja claro que solo se construyó un 29.29% de la obra.

No obstante CEL y Astaldi, en un campo pagado tres días después de firmar el controversial “Arreglo Directo”, afirmaron que el contrato se cerraba con un 38% de avance, tanto en obras como en la instalación de varios equipos electromecánicos.

Hay que destacar que, según el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), se puede optar por la modalidad de terminación de contrato por mutuo acuerdo, no pudiendo en este caso reconocer cantidades que no pertenezcan al valor “de la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos”.

Esto no sucedió con El Chaparral en el pago de $108.5 millones.

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IV. Administración de CEL se desliga del anterior manejo de El Chaparral

David López Villafuerte, presidente de la CEL. | Foto por EDH

David López Villafuerte, presidente de la CEL. | Foto por EDH

Juan José Morales, 27 mayo 2016 / EDH

La falta de adecuados criterios técnicos llevó al fracaso del proyecto de El Chaparral en la anterior administración, según lo expone el actual presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, a El Diario de Hoy.

Esto llevó a que el proyecto fuera abandonado y a un cuestionado pago de $108 millones a la constructora Astaldi pese a que dejó inconclusa la obra.

López Villafuerte refuerza la tesis de que en el arreglo directo entre CEL y Astaldi no se cumplieron varias cláusulas del contrato de obras y que la institución, lejos de pagar por obras realizadas, terminó desembolsando $108.5 millones sin dar la batalla ante su contratista.

En esta entrevista López Villafuerte además habla del futuro de El Chaparral, un proyecto que CEL jecutará solo con empresas salvadoreñas bajo la modalidad de múltiples contratos y que podría star generando energía eléctrica en 2018 luego de una inversión de $290 millones.

— El proyecto El Chaparral es para varios sectores nacionales como un enigma con respuesta: nadie sabe qué sucedió pero sí tienen claro que se hizo un millonario desembolso para una obra que aún no genera energía eléctrica, ¿por qué se tomó esa decisión? ¿Era la única opción viable?

Considero que desde esta importante institución se tomaron decisiones que quizá no fueron las adecuadas, pero todo proviene de no administrar técnicamente el proyecto, con la anterior gestión la CEL vivió otra época, se manejó con ambigüedad el problema con Astaldi desde que comenzó con los supuestos reclamos y nunca se construyó una salida rápida a los inconvenientes en la margen derecha de la montaña donde se asentaría el dique, desde ahí las cosas no pintaban bien…

— ¿Color oscuro?

Probablemente. Lo que pasa es que si usted tiene un terreno y quiere construir una casa debe hacer estudios, evaluaciones, sondeos y en todos los sitios posibles para construir El Chaparral la prefactibilidad decía que habían ciertas fallas que corregir, lo cual modificaba muchas cosas, incluso el presupuesto. Yo debo de decir la verdad: hubo un error de los técnicos porque ya en 2004 en el estudio que dejaron los japoneses (J-Power) se decía que se tenían que hacer más perforaciones, más análisis técnicos pero esto no se realizó en 2007 y así se licitó y se adjudicó a Astaldi el proyecto en 2008, eso no fue lo correcto.

— En estos términos, ¿CEL estafó a Astaldi al entregar las bases y los documentos de licitación?

La disputa era algo que podía darse. CEL esperaba recibir El Chaparral terminado pero Astaldi le reclamaba por los estudios previos y en estos términos quizá podría decirse que CEL se estafó a Astaldi.

Por eso creo que lo mejor era hacer más estudios, más sondeos, más exploraciones geológicas y eso era obligación de la autónoma, darle más certeza a su contratista para asegurar la responsabilidad de una obra tan delicada y transcendental para el país.

— En este sentido ¿qué falló? ¿cómo podían hacerse las cosas de otra manera?

La solución estaba en resolver técnicamente el problema, arreglar todo este conflicto con Astaldi pasaba por una decisión y un criterio técnico que fue abandonado en la anterior gestión de la CEL.

Lamentablemente hubo ignorancia técnica, y los que podíamos hacer recomendaciones técnicas y resolver estas fallas estábamos relegados y en un segundo plano, todo era otra cosa porque en CEL era otra época…

— … ¿de errores?

Sí, pero sobre todo de decisión porque hubo una deficiencia técnica para resolver el problema con Astaldi, eso fue muy determinante, CEL no hizo lo que tenía que hacer y pasaban meses sin resolver las consultas hechas y las quejas sobre El Chaparral. Con el tiempo todo se fue prolongando, se le dio largas y no se veían las soluciones para echar a andar el proyecto, un exceso de burocracia. Se decía que se había contratado a una empresa para hacer estudios y análisis pero estos nunca llegaban , todo se iba dilatando y nunca se planteaban alternativas.

— ¿Hubo irresponsabilidad de los técnicos y de las autoridades de CEL por no resolver de manera inmediata esto?

Yo considero que en esto tuvo mucho que ver el hecho de que la anterior gestión de esta importante institución se perdió por completo el perfil técnico, ¿cómo podíamos enfrentar a Astaldi en un tema tan delicado si ellos también tienen a su gente y a sus especialistas? Y lo que terminó de agravar la situación es que nunca hubo respuestas rápidas, diligentes, la burocracia incidió y durante todo ese tiempo donde CEL no daba respuestas Astaldi se preparó para el arreglo directo.

— ¿Qué situaciones conoció usted de falta de celeridad en querer resolver el problema con Astaldi?

Yo recuerdo que en las sesiones de junta directiva de CEL se presentó un inconveniente. Se había fijado que todos los jueves a las 2 de la tarde se tenían que celebrar las reuniones para ver estos problemas pero nunca había quórum (asistencia) y lo mismo sucedía una semana después y así sucesivamente.

Esa fue una clara muestra de falta de diligencia y ahí rompimos, en cuestiones como esta si yo digo que hoy hay que hacer una reunión de junta quizá solo un miembro faltaría, hemos enfrentado momentos donde hay que hacer hasta tres reuniones a la semana y se hacen. Pero antes las dinámicas eran bien pasivas y no generan mayores cambios y ese modo de operar era evidente en todo, incluyendo El Chaparral.

— ¿Por qué la supervisión de la obra (Eroestudios-Ingetec) no metió más presión para que se buscara terminar el proyecto?

De nuevo, por el mismo problema técnico, no se tenía una tropa fuerte que empujara esto, la CEL prácticamente estaba relegada, a pesar de ser el dueño del proyecto, ellos ponían los tiempos. Yo, si no tuviera el conocimiento técnico, fácilmente aceptaría plazos prolongados y millonarias cantidades de dinero para resolver algo que en términos teóricos y prácticos es mucho menos complejo. Todas eran justificantes y nunca se pudo sacar adelante una verdadera solución.

— ¿Qué es hoy de El Chaparral? ¿Ya hay avances en las obras que CELactualmente ejecuta?

El proyecto ya lo retomamos, ya superamos todos los problemas que impedían que lo echáramos a andar. De momento estamos trabajando en la turbina en los laboratorios de la firma rusa Tyazhmash y en la estructura de la casa de máquinas, la cual la está elaborando la constructora salvadoreña Dycsa. El plan de inversión del proyecto se mantiene, aunque de momento no tenemos el estimado final de costos pero estamos seguros que lograremos un ahorro mínimo de $10 millones.

Además en los próximos días anunciaremos otros tres nuevos contratos donde esperamos definir quien será el que suministrará el concreto, todo según lo esperado para generar energía en 2019.

 

La CEL era feudo de intereses particulares en anterior gobierno

El actual presidente de la autónoma dice que dichos grupos de interés influían hasta en las licitaciones y contrataciones.

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diario hoyEl presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, reveló que la anterior administración de la autónoma era similar a “un feudo” y que había “intereses particulares” que frenaban la marcha de proyectos estratégicos como la represa El Chaparral y la expansión de la central 5 de Noviembre.

Además señaló que se tomaron malas decisiones en el proyecto de El Chaparral, sobre todo aquellas relacionadas con la elección del sitio y el pago de dos diseños que se desecharon a la consultora brasileña Intertechne por un monto de $9.2 millones.

Screen Shot 2015-12-03 at 7.47.57 PM“En la anterior administración de CEL se perdió por completo el perfil técnico. Había muchas cuestiones individuales y grupales, parecía un feudo. Incluso no había relaciones ni con subsidiarias importantes como LaGeo, no se tenía unido a todo el equipo”, explicó López a El Diario de Hoy.

En este sentido, inclusive dijo que les tomó dos meses “desmontar” todas las relaciones de interés que había en CEL y que se habían creado malas prácticas que no correspondían a la misión de la institución.

“Sabíamos lo que había adentro, que era difícil enfrentarlos, pero pusimos gente de Junta Directiva con nueva visión. En dos meses nos habíamos tomado la CEL, quitamos los feudos que respondían a intereses externos, creamos nuevos equipos de trabajo y eliminamos todas las malas prácticas. Con eso ya teníamos un poder positivo y línea clara a seguir”, agregó el funcionario.

López no quiso confirmar de dónde eran los grupos de interés, pero dijo que existían un caudillismo “que favorecía a particulares hasta en las licitaciones y contrataciones”, lo cual, desde  su punto de vista, afectó el desarrollo de obras estratégicas de la autónoma.

“Cada administración tenía su visión, no era un equipo sólido, no era compartido, el pastel estaba bien repartido, no prevalecía el interés público y eso sin duda retrasó todos los proyectos que tenía que ejecutar la CEL”, reflexionó el presidente.

Por ello, el titular de la autónoma recordó que en la CEL y en todas sus subsidiarias había esquemas administrativos aislados y que existían lineamientos de otras instancias para el manejo de esta empresa estatal.

“Antes las inversiones y decisiones de CEL eran cuestionadas porque quizá había instrucciones desde afuera para hacer o no hacer algo ”, valoró.

En este sentido el funcionario dijo que el primer objetivo de la institución fue el de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en entregar toda la documentación relacionada con El Chaparral, una obra que fue abandonada en la gestión del ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, y por la que se pagó $108.5 millones como parte de un “arreglo directo” con la firma italiana Astaldi.

Pese a que las obras quedaron inconclusas, el entonces presidente Funes defendió el pago multimillonario, alegando que era mejor pagar que irse a un arbitraje con Astaldi.

“En toda la parte legal hemos colaborado con la Fiscalía y con el juzgado del municipio de San Luis de la Reina. Nosotros nos bajamos de cualquier interés privado para que nos entregaran el sitio y por ello el miércoles (hoy) vamos a oficializar el reinicio de obras en el proyecto”, enfatizó López (ver nota aparte).

El presidente de CEL  recordó que el “arreglo directo” entre la autónoma y  Astaldi fue una decisión de la anterior administración en el gobierno Funes y que hubo “una negociación” para llegar al pago entre las partes.

Además indicó que en las discusiones entre la autónoma y Astaldi se plantearon diferentes montos para dar salida al conflicto y que al final fue Samour el que firmó el arreglo directo.

“Ahí se llegó a ese monto, para algunas personas puede ser mucho y para otras poco, pero al final es una negociación,  es un arreglo y así queda, así se firma, más allá de críticas o cuestiones mediáticas al respecto”, acentuó López, que no quiso entrar en detalles sobre este punto porque existe una investigación de la FGR en curso.

Lo cierto es que el pago a Astaldi ha incidido en el presupuesto global de El Chaparral y que hará que la obra cueste $71 millones más, reconoció.

Así justifica la apuesta a contratar empresas nacionales, agremiadas a la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) y a un crédito que todavía está vigente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Compleja relación con Intertechne, de Brasil

Otro de los puntos que tuvo que abordar la CEL fueron los contratos que la gestión Samour y la anterior junta directiva dejó con la firma brasileña Intertechne, tanto en El Chaparral como en la supervisión de la Expansión de la presa 5 de Noviembre.

En el caso del proyecto sobre el río Torola el rediseño no era una alternativa viable para seguir con la obra, ya que no corregía, según López, los problemas en la margen derecha de la montaña.

“Intertechne, cuando nos planteó su rediseño, no nos dijo que Astaldi había encargado una turbina a la empresa rusa Tyazhmash, lo estaba descartando y nosotros le cuestionamos porque aumentaba costos. Ellos querían que abandonáramos esto e iniciáramos un nuevo proceso que nos iba a significar 18 meses de retrasos, fue una decisión complicada pero que favoreció continuar el proyecto”, afirmó López.

Mientras tanto en obras sobre el río Lempa, en la central más antigua del país, los brasileños tenían un desfase en la ejecución, ya que no tenían suficiente personal técnico en el país y no habían ajustado el cronograma de trabajos.

“En la 5 (de Noviembre) vimos en ellos mucho incumplimiento, les dimos tiempo, les metimos presión, les pedimos más gente, pero no mejoraron y les finiquitamos. Por eso hemos contratado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que nos ayude con estas tareas de supervisión a un monto menor”, puntualizó.

López también consideró que en El Chaparral las anteriores dos gestiones de CEL pudieron tomar mejores decisiones, sobre todo relacionadas con el lugar de la represa y los estudios complementarios para “anticiparse” a las fallas encontradas en la montaña.

Acciones en INE

Por otra parte, López Villafuerte anunció que CEL está en el proceso de recuperar el ciento por ciento de las acciones de LaGeo en Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE) a través de un proceso en el que esperan la “no objeción” del BCIE debido a que este organismo aportó $48.8 millones para la segunda fase de la Central Térmica Talquine, en el departamento de La Libertad.

“Queremos cerrar esto porque ya no hay razón de ser de que la INE sea la propietaria de LaGeo, vamos a devolver todas las acciones de esta empresa para que dependa directamente de la CEL, sobre todo porque sus utilidades ayudan a pagar más de $140 millones en subsidios a la energía eléctrica”, finalizó López.

Las acciones de CEL en LaGeo separaron a la INE para darle un respaldo financiero y no afectará la titularización que hizo la autónoma para pagar $286 millones a Enel Green Power, anterior socio y propietario de una parte de las acciones.

CEL firma con rusos y reinicia El Chaparral

 

 

Leopoldo Samour y suplentes decidieron pago de CEL a Astaldi

El acta de sesión del 5 de junio de 2012 revela que el presidente de la CEL y cinco directores más autorizaron suscribir el acuerdo por $108.5 millones con Astaldi por las obras inconclusas de El Chaparral.

Samour, presidente de Cel, y Cáceres, responsable del proyecto, en la zona de la presa.

Samour, presidente de Cel, y Cáceres, responsable del proyecto, en la zona de la presa.

diario de hoy22 octubre 2015 / EDH

La firma para el acuerdo de arreglo directo entre el Gobierno y la empresa Astaldi por $108.5 millones, pese a que dejó abandonada la obra de la presa hidroeléctrica El Chaparral, fue avalada por el entonces presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour, y cinco directores más, entre ellos dos suplentes, según detalla el acta de sesión 3521 celebrada el 5 de junio de 2012.

EDH20151022NAC008PLa autorización para que la CEL suscribiera el arreglo con la empresa fue firmado, además de Samour, por el director ejecutivo, Jaime Eduardo Contreras Lemus, y los directores propietarios Eric David Schwank Martínez y Tom Hawk, así como los directores suplentes Rubén Ernesto Rivas Castro y Julio Alberto Olano Noyola, según se desprende del documento entregado por la CEL a los exdiputados de ARENA, Mario Valiente y Mariela Peña Pinto.

Entre los directores que pidieron ser sustituidos están el ahora presidente de la CEL, David López Villafuerte y Manuel Fermín Oliva.

“CEL dice que me entreguen la información porque se establece en el acta que él (Villafuerte) no firmó el acuerdo”, interpretó el otrora diputado Valiente.

Es más, en la notificación que el oficial de información de la CEL entregó al exlegislador se detalla que entre los informes está el acta de sesión donde se autoriza el pago del monto acordado entre ambas partes, en la cual constan los nombres de las personas que “exclusivamente” tomaron la decisión de autorizar a Samour para suscribir el acuerdo con Astaldi.

Según el exdiputado, el pago de los $108.5 millones, que equivaldría a un 50 % de la obra cuando solo se había reportado un avance del 29.28 %, merece una investigación a fondo. La obra estaba valorada en $219 millones.

Por ello, detalló que tiene previsto presentar una demanda, pero aún no tiene claro si será contra el Estado o los directores de la autónoma, ni tampoco ha determinado a qué instancia judicial acudirá.

El informe que recibió Valiente detalla que en la sesión del 5 de junio 2012 se autorizó a Samour para suscribir “el documento” donde se había establecido el pago de $108.5 millones “como vía de arreglo directo” del contrato “llave en mano” 4143-S para la construcción de la obra.

Asimismo, explica que la autónoma negoció la cantidad del pago a la empresa, proponiendo en un inicio $105 millones, menos la deducción de las cantidades pagadas en concepto de avance y construcción de la obra.

En dicha acta, además, se registra que la última propuesta de Astaldi fue de $120 millones, monto que la CEL no aceptó, por lo que la empresa concluyó con la oferta de $108.5 millones como cantidad mínima autorizada por su casa matriz.

También se detalla que los asesores legales de la CEL le recomendaron aceptar la oferta presentada por Astaldi, con lo cual “se evitarían litigios” que llevaran a mayores gastos para el Estado.

De hecho, el expresidente Mauricio Funes defendió públicamente el acuerdo, en octubre de 2013, argumentando que era más adecuado haberlo suscrito para evitar que el caso llegara a un tribunal internacional.

No obstante, según señala la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en los contratos “llave en mano” como el de la construcción de El Chaparral, la obra tenía que ser entregada en su totalidad y solo se paga por los trabajos ejecutados.

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Un informe de supervisión interna de la CEL indicó que únicamente se construyó el 29.28 % de la presa.

Sin embargo, en la negociación que hicieron ambas partes hubo una sobreestimación del 8.71 %, pues el arreglo entre el gobierno y la constructora italiana señalaba que a julio de 2012 el valor de El Chaparral ascendía a un 38 %, lo cual refleja un pago sobreestimado de $28.7 millones.

Tal como lo señalan otros documentos entregados a los exlegisladores por parte de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CEL , la autónoma utilizó dos informes de la Corte de Cuentas de la República para respaldar el arreglo con Astaldi.

Uno de los informes, del 28 de junio de 2012, indica que el Artículo 95 de la LACAP advierte que culminar un contrato conlleva reconocer al contratista el pago de las obras o servicios ejecutados.

El otro documento, del 5 de julio (seis días antes de que se firmara el acuerdo final), la Corte respaldó la decisión del entonces presidente de pagar los $108.5 millones.

El Chaparral: Más preguntas que respuestas. De Karla Hernández

Llama mucho la atención las condiciones perjudiciales para el país, con que CEL favoreció los reclamos de la empresa italiana Astaldi, a pesar de que todo apunta a que fueron ellos quienes incumplieron el contrato para construir la represa El Chaparral.

karla hernandez

Karla Hernández, diputada por La Libertad (ARENA)

Karla Hernández, 9 octubre 2015 / EDH

¿Por qué no hicieron cumplir a Astaldi con las garantías del trabajo que debían realizar? Ceder de manera tan fácil millones de los fondos públicos no debe suceder, por lo que, se debe mostrar a los salvadoreños el camino recorrido para pagar $108 millones por un trabajo ejecutado en menos del 30 %.

Los salvadoreños merecemos conocer en detalle, si lo pagado por CEL corresponde a lo acordado en el contrato con la mencionada empresa. También nos deben informar cuál fue el verdadero estado en que Astaldi entregó lo que a todas luces solo parece un enorme hoyo, pues suponemos que debe existir un informe de esa recepción, porque nadie en su sano juicio entrega $ 108 millones de dólares por un trabajo que no corresponde a lo acordado según lo contratado.

Entendemos que esa empresa se destacó por los atrasos en el calendario de construcción de la represa, por lo que además merecemos una explicación sobre las acciones ejecutadas por CEL ante ese hecho, como solicitar aumento del personal en la obra, porque es de suponer que la estatal haya incluido todas las medidas de prevención en un contrato de esta envergadura.

Pienso que a estas alturas la Fiscalía General de la República ya tendría que haber dado por lo menos indicios de lo que allí ha sucedido, sobre todo cuando entre sus objetivos está: promover las acciones legales necesarias para mejorar la gestión económica y patrimonial del Estado.

¿Por qué siguen dilatando ese informe señor fiscal?, si todos sabemos que para cerrar el contrato con Astaldi la CEL recurrió al arreglo directo, dejando de lado el derecho y potestad para hacer reclamos por la no entrega de la obra. Los salvadoreños merecemos las explicaciones del caso por parte de la FGR antes de que el Fiscal General termine su mandato; la verdad es que resulta sorprendente que con deudas como estas, el señor fiscal quiera reelegirse.

Los legisladores deberemos meditar y evaluar con mucho cuidado, a fin de llevar a la FGR a un funcionario que sí muestre capacidad para no dilatar procesos que, a todas luces dan indicios de corrupción.

Quienes solicitan la creación de una CICIES se amparan entre otros, en casos como el de El Chaparral y con justa razón, porque ya se conoce que existen empresas relacionadas a la construcción de la misma, involucradas en lo que la fiscalía brasileña ha llamado “la mayor confabulación de corrupción descubierta hasta ahora en Brasil”, en referencia a la empresa Odebrecht, una de las preseleccionadas en el gobierno salvadoreño anterior para continuar la construcción de la represa.

Caso por el que se está investigando al expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula, por supuesta participación a favor de Oderbrecht en el extranjero, para conceder contratos inflados. La fiscalía de ese país investiga supuesta desviación de dineros de esas empresas hacia el Partido de los Trabajadores, uno de cuyos fundadores es el expresidente Lula.

Asimismo debemos recordar el caso de la también brasileña Intertechne, investigada por el caso de corrupción de Petrobras y contratada por CEL para realizar dos diseños de la represa El Chaparral. Lo anterior sin mencionar el arresto del presidente de la constructora brasileña Queiroz Galvao (una de las empresas responsables de la ampliación de la presa 5 de noviembre) cuyo presidente ha sido arrestado implicado también en la corrupción de Petrobras.

Como es evidente, los salvadoreños tenemos motivos de sobra para exigir transparencia en el caso El Chaparral, no solo de CEL y la Corte de Cuentas de la República, que curiosamente cambió el informe que dejaba clara la ruta que siguió CEL para terminar el contrato con Astaldi, sino además al señor Fiscal General de la República, quien debe procurar una fiscalía “fuerte y justa” no solo para el Estado, sino especialmente para los ciudadanos.