Alberto Barrera Tyszka

La voz de Dios en estas tierras. De Alberto Barrera Tyszka

El papa Francisco pronunció su tradicional mensaje navideño en la Plaza de San Pedro, el 25 de diciembre de 2018. Foto Credit: Oficina de prensa del Vaticano/ EPA vía Shutterstock

30 diciembre 2018 / THE NEW YORK TIMES/esp.

ALBERTO BARRERA TYSZKA, GUIONISTA, ESCRITOR Y COLUMNISTA VENEZOLANO

CIUDAD DE MÉXICO — En su mensaje navideño de este año, el papa Francisco mencionó dos casos particularmente trágicos de nuestro continente: Nicaragua y Venezuela. Se refirió a ellos con sorprendente serenidad, evitando mojarse en la violencia que sacude a ambos países. Empuñó una retórica tan predecible como anodina, invocando un saludo que igual habría podido aparecer impreso en cualquier tarjeta navideña comercial: unión, paz, blablablá.

Desde la Plaza de San Pedro, el pontífice deseó “que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población”. Al referirse al país centroamericano, decidió usar la imagen del pesebre y anheló que “delante del Niño Jesús, los habitantes de la querida Nicaragua se redescubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país”.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Las redes sociales se incendiaron rápidamente. No es fácil ser papa en tiempos de Twitter. Cuando Bergoglio dice “pío” replican millones de trinos en todos los cielos digitales del planeta. La revolución tecnológica y el flujo comunicacional también han democratizado la opinión pública y el debate religioso. ¿Qué intereses se esconden detrás de las palabras o del silencio del Vaticano frente a ciertos temas? ¿Por qué su mensaje es tan distinto al mensaje de los obispos perseguidos o acosados en Nicaragua o en Venezuela? ¿A quién deben escuchar los católicos? ¿En cual de estas dos Iglesias deben creer?

Hay quienes, desde un extremismo un tanto delirante, piensan que el papa Francisco es una ficha del comunismo internacional. Del otro lado, hay quienes lo justifican y apelan a su condición de jefe de Estado, a su rol diplomático en los conflictos internacionales. Ambos argumentos suponen que el rebaño es una masa devota y desinformada.

Bismark Martínez, quien murió meses después de ser herido durante una protesta en contra de Daniel Ortega en Nicaragua, fue enterrado en el cementerio de Masaya en septiembre de 2018. Credit Inti Ocón/Agence France-Presse — Getty Images

Analizado desde cualquier ángulo, el mensaje de Francisco habría podido funcionar de la misma forma y con puntual exactitud para referirse a cualquier otro país. A México, a Brasil, a Colombia, a Guatemala… Cualquier nación del continente cabe en los buenos deseos del Padre de la Iglesia. Y quizás ahí reside, justamente, una parte del problema. Porque Nicaragua y Venezuela padecen tragedias singulares, con gobiernos que han reprimido de manera abierta y salvaje a los ciudadanos que protestan y luchan por sus derechos. No se pueden generalizar los buenos deseos frente a países donde se asesina, se encarcela y se tortura a personas inocentes.

En ambos países, además, la jerarquía de la Iglesia católica se ha visto enfrentada, en algunos casos de manera directa y violenta con el gobierno y con los militares. El argumento de que ellos también son el Vaticano, de que ellos también son el papa, es tentador y atractivo, quizás funciona de cara a la institución pero es muy frágil de cara a las víctimas, a esa comunidad que supuestamente también es la Iglesia.

El mismo problema ha enfrentado Bergoglio con el tema de la pederastia. Cuando, este mes, un tribunal en Melbourne condena al cardenal George Pell por abuso sexual en contra de dos menores, de alguna manera establece también una línea de denuncia y de reclamo con el Vaticano y con el papa, quien aun a sabiendas de las acusaciones y del proceso judicial contra el cardenal australiano, lo nombró como miembro de su entorno cercano, en uno de los cargos más importantes de la curia romana. Está bien que el papa luego asegure que la Iglesia católica “nunca más encubrirá o subestimará” sus crímenes, sin embargo, el silencio anterior deja un vacío, una aterradora sensación de complicidad.

La noticia de un papa latinoamericano creó muchas expectativas. Cuando el humo blanco fue argentino, se produjo de manera instantánea una sensación de cambio. Era lo que necesitaba una institución asfixiada por su propio agotamiento, tanto en los argumentos como en las ceremonias; perseguida por las denuncias cada vez mayores y estridentes en contra de algunos de sus sacerdotes.

En abril de 2018, dos niñas venezolanas caminaban por las tiendas de un refugio temporal para migrantes en Boa Vista, Brasil. Credit Meridith Kohut para The New York Times

La llegada de Bergoglio al Vaticano casi parecía una perfecta operación de mercadotecnia. Proviene además del lugar del mundo donde el catolicismo tiene más audiencia pero también cada vez mayor competencia. El avance de las iglesias evangélicas en el continente es sin duda una amenaza para el Vaticano. Desde esta perspectiva, tratar de ignorar realidad, es un gran error. O un pecado, podría decir también un creyente.

Fue justamente Rosario Murillo una de las primeras en darle las gracias al papa Francisco por su mensaje navideño. Y el Vaticano se merece el espanto de ese agradecimiento. Porque eligió no ver y no decir. Porque, “delante del Niño Jesús”, el gobierno de Daniel Ortega detiene a periodistas y confisca medios de comunicación. Porque “los habitantes de la querida Nicaragua” huyen ahora de la represión oficial que ha dejado un saldo de 325 muertos y más de 400 detenidos y enjuiciados. Lo mismo pasa en el caso de Venezuela. Hablar de “concordia” o de “desarrollo” no solo es frívolo sino también cruel. Aunque el Vaticano decida no ver las noticias o no leer los informes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los refugiados siguen ahí. La fe no los desaparece.

El 5 de julio de este año, el papa Francisco escribió en su cuenta de Twitter: “¿Sabemos hacer silencio en el corazón para escuchar la voz de Dios?”. La promesa de cambio del catolicismo tal vez no tiene que venir desde arriba, desde la jerarquía. Puede surgir de las bases, del rebaño. Quizás es hora de que los católicos de América Latina emplacen a su pastor. Que le exijan que vea y que pronuncie lo que está pasando. Que se ponga del lado de las víctimas y no de los poderosos. Que le pidan que trate de escuchar la voz de Dios en estas tierras.

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La democracia según López Obrador. De Alberto Barrera Tyszka

Alberto Barrera Tyszka, como venezolano, conoce de propia experiencia cómo comienzan las aventuras populistas. Y en qué terminan: en autocracias. Su biografa “Hugo Chávez sin uniforme” (2005) es el libro de referencia sobre este tema. Escritor, guionista y columnista, hoy vive y trabaja en México. Mucho de lo que dice, puede ser importante para nuestro país.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, en una gira por Guadalajara en septiembre de 2018 Credit Francisco Guasco/EPA-EFE vía Rex

18 noviembre 2018 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — La polarización es un método eficaz para la consolidación de los caudillos modernos. Los medios de comunicación y las redes sociales se convierten en plataformas inflamables, en extraordinarios combustibles para alimentar a quienes veneran y a quienes odian al líder. Más allá de la pasión narcisista, un ejercicio de repolarización constante permite suprimir los debates y promover la idea de que solo hay un único núcleo, todopoderoso y omnipresente, en la sociedad. Pero, al igual que el carisma, el poder no reside solamente en una persona o en un espacio. El poder es un vínculo, una relación.

Aunque todavía no se ha juramentado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya ha demostrado que no le gustan algunas reglas del juego, que el sistema que le permitió llegar a la presidencia no es suficientemente bueno. En el transcurso de estos meses, ha comenzado a asomarse lo que podría ser un nuevo Estado, con distintas maneras de participación, con otros procedimientos y con otras ceremonias. En el centro de todo está AMLO, como un eje que polariza cada vez más al país. Su idea de democracia es otra cosa. Es un asunto personal.

Todo populismo es un encantamiento. Por eso mismo, se trata de una experiencia tan tentadora como peligrosa. Supone que el hechizo del carisma puede sustituir a las formas. A medida que se acerca el 1 de diciembre, México parece hundirse más en una marea de este tipo. Es un proceso que puede detallarse con claridad en algunas de las recientes polémicas que tienen como centro al próximo presidente.

En el caso de la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto, ante las críticas de diversos sectores de la sociedad, ante la denuncia de la ausencia de un organismo independiente que funcione como árbitro de la elección, ante el cuestionamiento de la manera sesgada en que se organizó la votación, la respuesta de AMLO fue AMLO mismo. Frente a cualquier debate o invitación al discernimiento, el poder propone un argumento emotivo: la fe, la lealtad. “Nosotros no somos corruptos, nunca hemos hecho un fraude, tenemos autoridad moral”, dice López Obrador. Como si la sola presencia fuera una garantía insuperable. En el fondo, es una versión melodramática de la política: el corazón vale más que las instituciones.

Lo mismo podría señalarse con respecto al caso de los “superdelegados”, su plan para designar a coordinadores en cada estado y supervisar los programas de desarrollo. Visto desde una óptica no partidaria, se trata de la conformación de una suerte de Estado paralelo: la creación de un cuerpo de funcionarios que mantienen relación directa con el jefe de Estado y se encargarán de actividades de desarrollo en el mismo territorio que los gobernadores que fueron elegidos democráticamente. Todos estos nuevos delegados son miembros del partido político de AMLO, Morena, o forman parte de su entorno cercano. Pero AMLO dice que no, que no está creando dualidades ni poderes alternos. Y para demostrarlo acude a la devoción, ofrece un razonamiento inapelable: la humildad. Los superdelegados, dijo, van a trabajar “sin protagonismos, con humildad. ¿Qué es el poder? El poder es humildad”.

Es la misma lógica mágica que empuja la certeza de que la simple llegada de AMLO al poder acabará con la corrupción en el país. O la devoción ciega, capaz de defender que un presidente, cualquier presidente, pueda tener mando directo sobre una nueva fuerza militar y policial de cincuenta mil elementos. Remplazar la institucionalidad por una personalidad conlleva riesgos enormes. La sensatez y el poder ciudadanos pierden terreno. Por eso las señales de alarma se encienden, las histerias se disparan. Cuando hace unos días, en Yucatán, AMLO dijo: “Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación”, por un momento podía pensarse que solo seguía un guion, que estaba queriendo terminar en alto un espectáculo, promoviendo él mismo ahora una asociación con Hugo Chávez, deseando ser percibido como una amenaza. Es una línea demasiado obvia y directa. Es, en cualquier caso, una fascinación ya conocida. AMLO puede aspirar a ser un Mesías Tropical. Pero no lo puede lograr solo. Necesita derrotar a la sociedad.

Ya se sabe cómo es la democracia según AMLO. También entonces es necesario que se comience a saber claramente cómo es la democracia según los ciudadanos, según aquellos que no votaron por él o que, incluso habiendo votado por él, quieren y buscan un cambio, no un salvador.

Para eso, es necesario desactivar el esquema polarizante. Hay que evitar que solo los radicales tomen las calles y el lenguaje, pero también hay que dejar de jugar a la defensiva, como si solo fuera posible pactar y someterse. Hay que salir de la rentabilidad mediática y emocional que refuerza al líder como único foco de la acción y de la decisión política. En un contexto de partidos políticos derrotados y sin legitimidad, es aun más urgente promover y desarrollar nuevos movimientos y espacios de liderazgo y de trabajo, no dedicados al rechazo irracional del líder, sino articulados a las luchas concretas de la población. El mejor enemigo del populismo es la política. El ejercicio real y plural de la política. Es el momento de demostrarle a AMLO que no es cierto, que realmente él solo se pertenece a sí mismo. Que a partir del 1 de diciembre tiene un nuevo trabajo y que la nación estará ahí para exigirle que lo haga bien. Para controlarlo.


Un invitado incómodo. De Alberto Barrera Tyszka

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en marzo de 2018, y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en octubre de 2018 Credit Cristian Hernández/EPA, vía Shutterstock; Ulises Ruiz/Agence France-Presse — Getty Images

ALBERTO BARRERA TYSZKA, GUIONISTA, ESCRITOR Y COLUMNISTA VENEZOLANO

CIUDAD DE MÉXICO, 4 noviembre 2018 / THE NEW YORK TIMES

El tiempo entre el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y el día en que, por fin, tome protesta como presidente de México es demasiado largo. Lo que fue una avasallante victoria se ha ido diluyendo. La Cuarta Transformación comienza a parecer más bien una decimosexta modificación. Por eso, supongo, el nuevo presidente necesita mantener en alto la polarización. Le conviene permanecer siempre bajo los focos mediáticos y en el centro de la discusión pública. Necesita hacer sentir que algo pasa, que no se ha dormido, que el cambio está en movimiento.

Por eso apuró una consulta inconsistente sobre el nuevo aeropuerto. Más que un acto democrático, la encuesta era una provocación. Por eso, tal vez, también parece disfrutar de las indignadas reacciones ante la invitación a Nicolás Maduro a su toma de posesión el 1 de diciembre. “Somos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo”, dice sonriendo.

Pero esa respuesta es una fórmula retórica. Suena bien pero puede ser muy contradictoria, incluso incoherente. A veces, proclamarse amigo de un gobierno implica convertirse en enemigo de su pueblo. Nicolás Maduro no cuenta con ninguna legitimidad internacional. Su popularidad, dentro y fuera del país, es también ínfima. Sin duda, se trata de un invitado incómodo, de una presencia irritante. Su asistencia a la toma de posesión obliga a un rápido estreno de López Obrador en el complejo y frágil equilibrio diplomático que vive la región. El nuevo gobierno puede defender el principio de la “no injerencia”, pero ¿cómo reacciona ante las fehacientes pruebas de corrupción y de violación a los derechos humanos que acorralan a Nicolás Maduro?

No se trata de una opinión personal. Tampoco es una conspiración del capitalismo internacional. Hay informes, datos concretos, confesiones… Si alguien representa en Venezuela a “las mafias del poder” es Nicolás Maduro.

El discurso de Maduro aprovecha la gramática de la izquierda, invoca a los pobres y ataca al imperialismo, pero detrás de su lengua hay una caja registradora que nunca se detiene. Está siendo investigado por el desfalco y blanqueo de 1200 millones de dólares a la empresa estatal petrolera. Un miembro directivo de Odebrecht lo denunció al señalar que recibió 35 millones de dólares para su campaña electoral. Su propios excompañeros de gobierno, todavía chavistas, exigen que responda ante el país por 350 mil millones de dólares desaparecidos en el vaho de muchas empresas fantasmas. Su gobierno está implicado en una trama de corrupción en una red de distribución de alimentos comprados en el exterior para ser supuestamente vendidos a precios solidarios a los pobres de Venezuela. Se trata de una estafa gigantesca, que supone una cifra de 5000 millones de dólares y que ha desatado la persecución oficial de los periodistas que investigan los hechos.

Y esto podría ser solo una pequeña muestra de todo el gran sistema de corrupción que se mueve detrás de su gobierno. Para cualquier mexicano, invitar a Maduro podría ser algo parecido a convidar a Javier Duarte a la inauguración presidencial. El exgobernador de Veracruz, actualmente en prisión, es el emblema de la corrupción y del descaro político en México, una imagen de la perversión del PRI en el manejo de los dineros públicos y en el ejercicio de la violencia. Eso, ya tal vez mucho más, es Nicolás Maduro en el Caribe.

Otro de los elementos importantes que problematiza la alianza entre AMLO y el gobierno de Venezuela tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Insisto: no se trata de un asunto de criterios íntimos, de elucubraciones sesgadas. Casi desde el comienzo de su gobierno, Nicolás Maduro ha desatado una guerra feroz desde el Estado en contra de sus ciudadanos. En Venezuela hay actualmente 232 presos políticos y 7495 personas sometidas a procesos judiciales, ligados a motivos políticos. Esto sin contar la cantidad de programas y medios de comunicación censurados o suprimidos, periodistas a quienes se les retiene el pasaporte, ciudadanos cuyos derechos son vulnerados por participar en protestas en contra del gobierno.

Durante una protesta en octubre de 2018 frente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), un manifestante pide pruebas de vida de los presos políticos en Venezuela. Credit Miguel Gutiérrez/EPA-EFE/REX

En términos de uso de fuerza contra la población, las estadísticas de Nicolás Maduro son sangrientas. Un informe de la OEA reseña que solo en las protestas del año 2017 se cuentan 163 muertos. Naciones Unidas, por su parte, ha pedido una investigación especial sobre los operativos de seguridad diseñados por el gobierno, en los que, según denuncias, ha habido 505 ejecuciones extraoficiales. A todo esto, habría que sumar el supuesto suicidio de un concejal opositor, detenido de forma ilegal, en una prisión de la policía política; así como el reciente testimonio de un joven, desterrado a España tras cuatro años de prisión, sobre las diferentes modalidades de tortura que padeció. Es evidente que no se trata de un caso aislado sino de una política de Estado. Si, en 1968, Nicolás Maduro hubiera sido presidente de México, tal vez la masacre de Tlatelolco se hubiera perpetrado de la misma manera. O peor.

En abril de 2017, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana bloquean una calle durante una protesta contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Credit Miguel Gutiérrez/European Pressphoto Agency

Dice López Obrador que “México ya cambió”. Tiene una enorme fe en sí mismo. Como lo sostuvo también en su campaña electoral, piensa que su sola presencia puede tener un efecto mágico en el sistema, en la vida pública, en la condición humana. Lamentablemente, la historia demuestra que todo es mucho más complejo. Si algo, por ejemplo, contradice toda su prédica, es la presencia de Nicolás Maduro en el inicio de su mandato.

Maduro encarna toda la corrupción, el abuso y la represión que AMLO pretende combatir. Incluso para sus seguidores puede resultar una incongruencia monumental. La dicotomía entre la izquierda y la derecha se ha vuelto un sinsentido. La primera posverdad que hay que enfrentar es la ideología. Maduro no representa ninguna revolución popular y latinoamericanista. Representa un gobierno ilegal, corrupto y autoritario.

Ha señalado el historiador Rafael Rojas que “para emprender cualquier gestión diplomática mediadora, en relación con Venezuela, el rechazo al autoritarismo y a la violación de derechos humanos es una premisa insoslayable”. Ese es un gran desafío que tendrá el nuevo gobierno de México por delante. Estará obligado a participar en una crisis internacional sin establecer complicidades, sin traicionar sus propias promesas.

En estos momentos, no se puede ser amigo del pueblo de Venezuela y amigo del gobierno de Nicolás Maduro al mismo tiempo. Si AMLO quiere ser coherente con todo lo que ofreció en su campaña, si desea ser leal a sus votantes, no puede entonces establecer una alianza ciega con “la mafia del poder” que oprime al pueblo venezolano.

El burro de Maduro. De Alberto Barrera Tyszka

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 18 de septiembre de 2018 Credit Marco Bello/Reuters

ALBERTO BARRERA TYSZKA, GUIONISTA, ESCRITOR Y COLUMNISTA VENEZOLANO

23 septiembre 2018 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — El título de este artículo es una frase peligrosa. Podría ser diseccionado semánticamente por un tribunal en Venezuela y condenarte a veinte años de prisión.

¿Qué quiere decir realmente? ¿Que Nicolás Maduro tiene, posee, un burro? ¿Que es el dueño legítimo de un animal cuadrúpedo, de la familia de los équidos, conocido como burro, asno o borrico? ¿O quiere decir, más bien, que Nicolás Maduro es un burro? ¿Se refiere acaso a esa acepción de “persona bruta e incivil”, como refiere el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? El problema de fondo, sin duda, es que esta interpretación sea un asunto judicial en Venezuela.

Ricardo Prieto y Carlos Varón, dos miembros del cuerpo de bomberos de Apartaderos, una población de la región andina del país, decidieron un día pasear a un burro por los diferentes espacios de su estación. Mientras el animal deambulaba, fueron filmándolo con un teléfono, haciendo comentarios en evidente tono de broma, relatando que se trataba de una visita de Nicolás Maduro a las abandonadas dependencias del cuerpo. Alguien colgó el video en las redes sociales y, de pronto, esa jocosa “visita presidencial” se volvió viral.

Y entonces, unos oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se presentaron y detuvieron a los bomberos. Y entonces, poco después, en un acto casi instantáneo, fueron imputados por el cargo “instigación al odio”. Y entonces, luego, en una rueda de prensa, el propio Maduro se mostró intemperante y agresivo en contra de un periodista que se atrevió a preguntar por el caso: dudó de su calidad y de su honestidad profesional y se negó a responderle. Esta seguidilla de hechos y declaraciones solo ha logrado magnificar y darle más resonancia a lo que era una simple broma.

¿Cómo un burro puede llegar tan lejos?

La respuesta a esa pregunta está en la violencia que estructura y define cada vez más a la élite que domina de forma autoritaria a Venezuela. Es una clase, tan reducida como feroz, que todavía no entiende que hay cosas, como la inflación o el humor, que no se pueden controlar imponiendo decretos. Por eso reaccionan ante ambas con la misma ceguera y brutalidad.

La represión y la censura, ya se sabe, sirven para mostrar fuerza pero también delatan una enorme fragilidad. Quien no tiene argumentos tampoco tiene humor. Solo puede negociar a golpes con la realidad. Como señala el poeta Charles Simic, el humor muestra “la dimensión ridícula de la autoridad”. Relativiza su poder, lo democratiza. Es un indicador natural del estado en que se encuentra cualquier sociedad, de su capacidad de discernimiento y de ejercicio de las libertades. Reprimir el ingenio o el chiste es una expresión inequívoca de una gran violencia institucional, un síntoma de un régimen aterrado que distribuye terror.

Quizás vale la pena recordar el caso de Marianne Elise K., una viuda a quien en 1943, en una pausa de trabajo, se le ocurrió contarle a un compañero de la fábrica un chiste sobre Hitler. Fue delataba, acusada, enjuiciada por el Tribunal del Pueblo y condenada a muerte. La lógica del poder a veces se parece mucho al descontrol. En medio de la decadencia militar nazi, entre la zozobra y el temor, una mujer fue ejecutada por decir un chiste. Año y medio después, el füher también estaba muerto. El chiste todavía existe. La risa, según decía Mijaíl Bajtín, nunca “pudo oficializarse, fue siempre un arma de liberación en las manos del pueblo”.

La broma de dos bomberos que quisieron reírse un poco de la autoridad y de su propia desgracia, se ha encontrado con una destemplada y feroz reacción del gobierno. Mientras la región se organiza para discutir el terrible problema del flujo migratorio y debatir de forma colectiva el caso de Venezuela, Nicolás Maduro logra que dos humildes apagafuegos formen parte de los más de 250 presos políticos que ya tiene su régimen.

La intolerancia ante el humor refleja nítidamente el grado de autoritarismo que necesita Maduro para continuar en el poder. Lo del burro es una tontería. Basta recordar que en el año 2006, públicamente, Hugo Chávez se burló del entonces presidente George W. Bush, llamándolo donkey en varias oportunidades. El tema real es la violencia. Resulta irónico, casi un chiste cruel, que mientras la mayoría del Grupo de Lima se pronuncia en contra de una intervención violenta en Venezuela, el gobierno venezolano se pronuncia a favor de una intervención violenta en contra de los ciudadanos de su propio país.

En septiembre de 2018, se organizó una manifestación frente al Banco Central de Venezuela, en Caracas, para demandar al presidente Maduro el pago completo de sus pensiones. Credit Fernando Llano/Associated Press

No creo que la solución o la salida a la tragedia que vive mi país sea una invasión militar. Pero sí creo que hay que debatir, buscar y encontrar nuevas maneras de actuar y presionar de manera más eficaz a un gobierno que actúa de manera hipócrita y salvaje, que exige internacionalmente aquello que no desea cumplir dentro de sus fronteras. Con el pretexto de la amenaza de una invasión externa, el gobierno de Maduro ha invadido y saqueado a su país y a sus ciudadanos. ¿Qué se puede hacer entonces frente a un gobierno violento que se alimenta del carácter no violento de sus vecinos?

Nicolás Maduro no es un burro. Puede que sea inepto y negligente, que con frecuencia actúe como un incivil. Pero no es bruto. No seguiría ahí si lo fuera. No habría logrado apartar a sus rivales internos y consolidarse como lo ha hecho. No tiene humor pero sí tiene un proyecto. Él —o a quienes él representa— desea quedarse para siempre en el gobierno. Cada vez con más poder. De cualquier forma y a cualquier precio. Incluso, al tratar de hacer lo imposible: prohibir la risa.

La internacionalización del conflicto no puede opacar el endurecimiento represivo que el gobierno de Maduro ejerce dentro de Venezuela. Es necesario, desde la experiencia ciudadana y desde la práctica política, pero también desde la solidaridad internacional y desde la diplomacia, inventar nuevas formas de presión, nuevos mecanismos de lucha. ¿Es posible desarmar y derrotar a los violentos de manera pacífica? ¿Cómo? Ese es el debate.

El melodrama como ideología. De Alberto Barrera Tyszka

CIUDAD DE MÉXICO — Mientras el incendio devoraba más de 20 millones de piezas de arte, los dos hidrantes más cercanos al Museo Nacional de Brasil no pudieron ser utilizados por los bomberos. No tenían agua. Según se sabe, en 1803, en Filadelfia, Frederick Graff, encargado de la ingeniería de la ciudad, introdujo por primera vez en la historia un hidrante conectado a la red de tuberías urbanas. Quince años después, en Río de Janeiro, se fundó el Museo Nacional de Brasil. Doscientos años no fueron suficientes. Lo ocurrido el domingo pasado desnudó el fracaso de la historia. En una metáfora cruel de la crisis institucional de Brasil, un país que parece estar devorado por el fuego de la corrupción y de la inestabilidad política.

Dentro de un mes serán las elecciones presidenciales y, esta semana, los dos candidatos con más chance en las encuestas han sufrido percances. Como en un relato de folletín, las supuestas alternativas de Brasil están hoy en la cárcel y en el hospital. Luiz Inácio Lula da Silva fue definitivamente inhabilitado para participar en las elecciones y Jair Bolsonaro recibió una puñalada. La política, cada vez más, parece ser un subgénero de la novela negra, de la crónica policial.

Los últimos años de la democracia brasileña suelen contarse desde dos versiones enfrentadas y, a veces, esquemáticas. Una versión señala y denuncia al Partido de los Trabajadores de haber organizado y mantenido una enorme red de corrupción, alrededor de Petrobras y del sector de la construcción, tanto durante el gobierno de Lula da Silva como durante el mandato de Dilma Rousseff. Esta versión defiende la destitución de Dilma, la prisión de Lula y la prohibición del Tribunal Electoral de su candidatura como una muestra de la imparcialidad de las instituciones y de la justicia en el país. Otra versión denuncia que las élites disfrazaron de legalidad un golpe de Estado con la destitución y —controlando a los tribunales— al encarcelar a Lula. Una más acusa a Michel Temer de corrupción y manipulación de la justicia.

La realidad es mucho más compleja y lo peor es que, tal vez, en alguna medida las dos primeras versiones digan la verdad.

¿Qué pueden pensar los brasileños sobre la política, sobre el liderazgo político? ¿A quién puede creerle el ciudadano común, el que debe decidir, dentro de un mes, quién será el próximo presidente? Se trata de un espectáculo que ya involucra a las instituciones y que, de alguna manera, las termina contaminando.

Esta semana, la policía federal del Brasil pidió que se investigue a Michel Temer por corrupción y lavado de dinero. Ya en dos oportunidades la Fiscalía General de ese país ha intentado investigar al actual presidente, pero hasta ahora Temer ha logrado bloquear esa iniciativa en el congreso. También esta semana, la Corte Suprema ha rechazado una apelación de Lula a reconsiderar la prohibición a ser candidato a la presidencia. Lula se apoya en un dictamen de la ONU y la Corte en una ley propuesta y aprobada durante su propio gobierno: una persona condenada por corrupción no puede aspirar a ningún cargo público.

El caso de Lula es singular. Ha sido y es el líder político más importante del país en las últimas dos décadas. Siempre controló y estuvo al tanto de todo, menos de la corrupción de su entorno. En los grandes casos de corrupción (Mensãlao, Lava Jato y Petrobras), Lula supuestamente nunca supo nada, nunca se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, incluso cuando grandes directivos de su partido, colaboradores cercanos de sus gobiernos e incluso amigos personales estuvieron implicados, fueron detenidos y llevados a prisión. Es inverosímil que, en su estrecha relación con Marcelo Odebrecht jamás haya ni siquiera sospechado de la enorme operación de corrupción que extendía el empresario por todo el continente. El mismo empresario ha declarado que Lula mismo recibió más de 2 millones de dólares en sobornos.

Lula insiste en su inocencia y, aun desde la cárcel, apela a su condición de héroe, de defensor de los pobres y víctima de los poderosos. “Cuanto más me acusan, cuanto más me persiguen, más subo en las encuestas”, ha dicho, en un cálculo que define su estrategia. Y quien se opone a él no es capaz de desactivar esa retórica. Por el contrario, complementa de manera ideal ese relato: Jair Bolsonaro es un líder conservador y autoritario, promotor del odio y de la violencia, que ha dado muestras fehacientes de racismo y ha declarado que, en tiempos de la dictadura, los militares cometieron el error de torturar, en vez de asesinar. El extremista Bolsonaro es, en el fondo, el candidato que Lula necesitaba.

Ahora, el futuro de ambos candidatos es incierto. El jingle oficial de la campaña de Bolsonaro invitaba a Brasil a cambiar, pero a cambiar de verdad, hacia un futuro distinto, libre y justo. Sin embargo, su discurso ofrece rabia y paredones de fusilamiento. Lula proponía hacer “un Brasil feliz de nuevo”, un eslogan que deja un sabor a Donald Trump en el ánimo. Pero, al menos legalmente, ya tiene todas las puertas cerradas.

Lula no podrá ser candidato. Su partido tiene hasta el 11 de septiembre para inscribir un nuevo aspirante a la presidencia. Es probable que, aun con Fernando Haddad —el exalcalde de São Paulo—, la campaña se mantenga alrededor de la figura de Lula. Incluso, también es probable que se intenté capitalizar todo el conflicto, llamar a votar para liberarlo. En ambos casos, se intenta construir una narrativa sobre el mismo libreto. Hay más melodrama que ideología. Más apelaciones al amor o al odio que discernimiento. Más delirio que política.

En muy pocas horas, las llamas acabaron con uno de los espacios fundamentales de la vida y de la cultura de Brasil. Ya es muy tarde para atender los hidrantes que no funcionaron, la burocracia que no hizo su trabajo, los presupuestos errados, la negligencia de la administración federal. Pero tanto el liderazgo político como los ciudadanos que tienen el poder del voto sí están todavía a tiempo de regresar a la sensatez y tratar de encontrar alternativas ante la crisis. Es necesario recuperar la confianza en las instituciones y en la política, enfrentar la amenaza de descontrol, para impedir que haya incendios mayores.

Nicaragua: La ideología de las balas. De Alberto Barrera Tyszka

ALBERTO BARRERA TYSZKA, GUIONISTA, ESCRITOR Y COLUMNISTA VENEZOLANO

15 julio 2018 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — Hace cuarenta años conocí a Daniel Ortega. En aquel tiempo, él era unos de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que intentaba derrocar al dictador Anastasio Somoza. Se encontraba de gira por Venezuela, buscando solidaridad con la rebelión en Nicaragua. Un grupo de jóvenes, en la ciudad de Barquisimeto, pasamos todo un día tratando de conseguir fondos, repartiendo volantes, informando en calles y autobuses, sobre lo que estaba ocurriendo en el hermano país de Centroamérica. Al final de la tarde, juntamos todo el dinero obtenido y preparamos un acto de masas, en una céntrica avenida, para recibir y escuchar al comandante Ortega.

Pero no hubo masas. Éramos, si acaso, unas 70 personas. Tampoco el logro económico fue espectacular. No teníamos millones de bolívares que entregar. El comandante Ortega llegó al lugar y nos miró con cierta piedad, nos saludó amablemente y, luego, nos dijo que en tiempos de guerra las ideas no importaban demasiado. Que tal vez él estaba ideológicamente más de acuerdo con nosotros que con el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Pero que, el día anterior, Pérez le había dado una enorme cantidad de dinero. Que la prioridad era tener armas, municiones, uniformes y botas. La revolución vendría luego.

Cuatro décadas después, el balance de esta lógica es trágico. La revolución llegó en 1979, con todas sus ilusiones y sus limitaciones, logró sobrevivir al sabotaje del gobierno de Ronald Reagan, pero no logró sobrevivir a la democracia. En 1990 el Frente Sandinista perdió las elecciones. Ahí, según afirma Sergio Ramírez, escritor magistral que ha sido también protagonista político y testigo de excepción en todo este largo proceso, comenzó “la gran debacle”. Estaban preparados para dirigir la revolución, no para entregar el poder. Se hundieron en la corrupción y, después, les costó demasiado retomar su fuerza política. Su regreso al gobierno, en 2006, probablemente ya escondía una clara certeza: no correr otra vez el riesgo de los votos, suspender definitivamente la posibilidad de la alternancia.

Ramírez es el mejor cronista que puede tener el sandinismo. Ha vivido y ha escrito desde las turbulencias. Conoció y relató la épica lucha en contra de la dictadura militar de Somoza y, ahora, también conoce y relata el nuevo heroísmo popular que sacude a Nicaragua. No debe ser fácil, después de todo este tiempo, escuchar en las calles consignas que afirman que Ortega y Somoza “son la misma cosa”. La represión salvaje con la que el gobierno ataca las protestas ha activado, internamente en Nicaragua, una memoria que todavía la comunidad internacional no parece ponderar en su justa urgencia.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión del gobierno de Daniel Ortega había dejado 264 muertos en 86 días de protestas. Este sábado dos jóvenes fueron asesinados por fuerzas para paramilitares que abrieron fuego durante más de 12 horas contra una iglesia de Managua donde se encontraba refugiado un grupo de estudiantes. Aunque se estima que son más, 266 es una cifra aterradora. En cualquier parte del mundo. En Estados Unidos o en Tailandia, con o sin Mundial de fútbol. Desde las masacres perpetradas por el somocismo, Nicaragua no vivía una tragedia de este tipo. Carlos Fernando Chamorro, director de El Confidencial, uno de los pocos medios independientes y confiables que quedan en el país, ha puesto sobre la mesa una pregunta crucial: ¿Hasta dónde llega la lealtad de los miembros del Frente Sandinista, de los funcionarios y trabajadores del Estado, de los policías y militares con la pareja Ortega-Murillo? ¿Cuál es el límite?

Manifestantes en Nicaragua subieron a una estatua del boxeador Alexis Arguello en una protesta masiva llamada “Juntos somos un volcán” en contra del presidente Daniel Ortega, el 12 de julio de 2018 en Managua. Credit Rodrigo Sura/EPA, vía Shutterstock

El gobierno de Nicaragua parece seguir el mismo guion que definió el comportamiento de Nicolás Maduro ante las protestas en Venezuela: descalifica las manifestaciones populares, las tilda de “golpistas” y “terroristas”, las masacra con brutalidad y sin pudor. Su retórica también cumple con el mismo libreto. Ortega reprime invocando la paz. Tampoco en eso se diferencia demasiado del feroz autoritarismo militar del siglo XX.

“Mi gobierno garantiza el orden, la paz y la estabilidad social, pese que a fuerzas extrañas propician el desorden y atentan contra la tranquilidad y el bienestar”.

¿Quién dijo esta frase? ¿Anastasio Somoza o Daniel Ortega? Tal vez ahora es difícil distinguirlo. Fue Somoza, pero ya tampoco importa demasiado. Sus balas tienen la misma ideología. Ambos decidieron asesinar con tal de mantenerse en el poder.

Gilles Deleuze sostenía que la ideología era una “engañifa”. Que era necesario analizar más bien las formas como se organiza y se administra el poder. Mientras la democracia les fue útil, los nuevos caudillos latinoamericanos fueron demócratas. Cuando dejó de funcionar fácilmente a su favor, volvieron al pragmatismo militar de siempre: armas, municiones, uniformes y botas. Lo demás siempre es secundario. Lo demás es la libertad y la alternancia.

Daniel Ortega ya no representa ninguna revolución. Todo lo contrario: solo repite lo peor del pasado que él mismo combatió. Daniel Ortega representa la resurrección del somozismo. Y ahora, nuevamente, la revolución está en las calles. Aun a pesar de la feroz represión, la gente continúa protestando, desafiando al dictador. ¿Hasta cuándo podrán mantenerse así? Al igual que cuarenta años antes, como ocurrió también con Somoza, la comunidad internacional —con todas sus dificultades y con toda su diversidad— debe arrinconar al dictador, presionarlo, obligarlo a aceptar y a practicar lo que tanto teme: la democracia.

Los vecinos incómodos de Venezuela. De Alberto Barrera Tyszka

Los liderazgos políticos de Venezuela tienen que saber leer lo que está pasando. La crisis se les ha ido de las manos. La tragedia se ha desbordado y es necesario un cambio. Hay que crear una nueva fórmula de negociación, con controles y con transparencia, que permita un retorno a la democracia.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro en una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas el 29 de mayo de 2018. Foto: Reuters

ALBERTO BARRERA TYSZKA, GUIONISTA, ESCRITOR Y COLUMNISTA VENEZOLANO

10 junio 2018 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — En la asamblea general más reciente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada esta semana en Washington, se aprobó una resolución que señala que las pasadas elecciones presidenciales de Venezuela “carecen de legitimidad”. De la misma manera, se insta a los países miembros a tomar “las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático” en Venezuela.

No solo es un mensaje contundente para el gobierno de Nicolás Maduro. También es un mensaje dirigido al liderazgo de la oposición. No hay salidas instantáneas. No se aceptan descaradas farsas electorales ni invasiones militares. Pero obviamente tiene que haber una solución. La internacionalización del conflicto venezolano ya es una emergencia física. La reunión de la OEA demostró que ya se ha concluido el tiempo de los aficionados, de la retórica infantil. El simulacro de la Revolución se acabó. Ahora solo queda enfrentar la tragedia.

El discurso oficial del chavismo se ha quedado incluso sin humor. El fracaso de la ironía también es un síntoma. Intenta el sarcasmo y falla. Eso le ocurrió al canciller Jorge Arreaza en varias oportunidades durante la reunión de la OEA. Cuando ensayó un comentario sardónico, a propósito de la corrupción, para descalificar al gobierno de Perú y al llamado Grupo de Lima, nadie sonrió, la audiencia permaneció seria y severa. Probablemente todos ya habían visto el video donde Euzenando Azevedo, director durante años de Odebrecht en Venezuela, confiesa ante la fiscalía del Brasil que le dio a Nicolás Maduro 35 millones de dólares para su campaña electoral de 2013.

Lo mismo le pasó al ministro para la Comunicación y la Información Jorge Rodríguez cuando, en una rueda de prensa, trató de burlarse de la resolución de la OEA citando una frase del Chavo del Ocho. El chiste no funcionó. Ni siquiera los periodistas aliados, quienes tienen chance de hacer preguntas en esas jornadas, lo acompañaron con una sonrisa.

Pero el caso más extremo, sin duda, es el del propio Maduro. En un acto en Caracas, donde por supuesto le entregó al canciller una réplica de la espada de Bolívar, intentó en varias oportunidades mostrarse divertido, feliz. Todo fue inútil. La reproducción de un viejo video del cantante cubano Carlos Puebla le dio todavía más patetismo al acto. Como si todo fuera una pobre recreación del pasado, una alegría artificial y ajena, una risa forzada. Cada vez que Maduro trata de ser mordaz o satírico se produce de inmediato un vacío. Se trata de un indicador no estadístico pero letal: la revolución perdió la gracia.

Años atrás tal vez hubiera funcionado toda la arenga que usó Jorge Arreaza para tratar de culpar a Estados Unidos de la crisis humanitaria del país. Pero ahora es insostenible. Basta recordar, por ejemplo, que hace exactamente diez años se descubrieron en Venezuela más de 120 mil toneladas de comida podrida, abandonada en contenedores o, peor aún, enterrada en varios lugares del país. Era una evidencia grosera de una enorme corrupción gubernamental y, sin embargo, en ese momento, el chavismo en bloque no permitió ninguna investigación sobre el caso. En la asamblea, cualquiera habría podido preguntarle al canciller Arreaza si en el año 2008 el imperialismo estaba de vacaciones.

El discurso del gobierno venezolano ya no sirve
para enfrentar la presión internacional.
El chavismo también es una lengua fallida.

De la misma forma, quizás antes hubiera sido más eficaz la prédica del canciller en contra de la violencia, la pretensión de endilgarle a la oposición (siempre de “derecha”) todos los muertos por las protestas populares que hubo en Venezuela hace un año. Ahora ya no es tan sencillo. Hay demasiados datos, de diversas organizaciones y con distintas fuentes, que demuestran la represión salvaje con la que ha actuado el gobierno de Maduro. El solo caso de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) es suficiente para desactivar la farsa discursiva del chavismo: entre 2015 y 2017, los cuerpos de seguridad, autorizados por el gobierno de Maduro, asesinaron a 505 personas en supuestos operativos de seguridad.

De eso tampoco habla el canciller Arreaza en la OEA. Su error consiste en pensar que nadie más lo sabe, en que se puede seguir mintiendo impunemente. Por eso la respuesta de Roberto Ampuero fue tan determinante y demoledora. El canciller chileno diseccionó el discurso de Arreaza, enumeró los insultos y las descalificaciones proferidas a los otros miembros de los países ahí reunidos para desnudar su autoritarismo: “Si esta es la forma en la que el canciller Arreaza trata a personas diplomáticas, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos”.

El canciller chileno Roberto Ampuero en una conferencia el 4 de junio de 2018 en la sede de la OEA en Washington Credit Mandel Ngan/Agence France-Presse — Getty Images

Chávez resucitó la retórica de los años sesenta y Maduro la está volviendo a enterrar. El gobierno venezolano no solo ha saqueado las riquezas del país, también ha malversado la herencia simbólica que tenía. Su discurso ya no sirve para enfrentar la presión internacional. El chavismo también es una lengua fallida.

Pero la resolución de la OEA no solo atañe al sector oficial del país. También es un mensaje claro para una dirigencia opositora que ha perdido el rumbo y la voz. Después de casi veinte años, aun con todas las dificultades que supone enfrentar una proyecto totalitario, es inadmisible que los líderes de la oposición continúen enfrentados, empeñados en aprovechar pequeñas oportunidades de protagonismo, en vez de dedicarse a construir una plataforma unitaria, capaz de acompañar a las grandes mayorías y, desde ahí, articular un proyecto común, sólido, cuyo único objetivo sea sacar al país de la crisis.

Los liderazgos políticos de Venezuela tienen que saber leer lo que está pasando. La crisis se les ha ido de las manos. La tragedia se ha desbordado y es necesario un cambio. Hay que crear una nueva fórmula de negociación, con controles y con transparencia, que permita un retorno a la democracia.

La patria de Bolívar tiene ahora unos vecinos incómodos. La región le está exigiendo a los políticos de Venezuela que comiencen a hacer política en serio. No hay soluciones fáciles pero tiene que haber soluciones.