Bajado del tuiter de Nidia Diaz Diputada @NdiazNidia
Marvin Galeas, 31 octubre 2015 / EDH
Más allá de estar de acuerdo o no con los argumentos del diputado Wright, el mero hecho de plantearlo públicamente es un acto sumamente atrevido en el mejor sentido de la palabra. Se debe tomar en cuenta que quien dijo estar a favor del matrimonio unitario es miembro de la bancada de ARENA.
Es cierto que hay algunas personas con pensamiento liberal dentro de ARENA. Sin embargo en su mayoría los areneros, no entienden que es el liberalismo, en el sentido clásico de este concepto, o son por naturaleza conservadores en extremo. Ese conservadurismo que durante años, en los siglos pasados, vio en los liberales casi a los representantes del demonio.
Me parece que la actitud de Johnny Wright aparte de atrevida, es un gigantesco paso adelante en el debate de las ideas en un país en donde sólo parecen existir, el elogio desmesurado o la descalificación definitiva y el insulto. El tema del matrimonio entre homosexuales, debe abordarse por los políticos, desde el punto puramente legal y no religioso.
Estoy seguro que dentro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la mayoría, en su conciencia, se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo por razones morales o religiosas. Pero la decisión que tomaron al aprobarlo para todo el territorio estadounidense la hicieron analizando la constitución política de ese país y no la Biblia.
También me parece muy audaz la respuesta que dio un conocido empresario, al expresar su desacuerdo con el atrevido diputado arenero. Otra vez, independientemente de si se está o no de acuerdo con la postura del mencionado empresario, se admira el hecho de que haya expresado con claridad su punto de vista sin importarle que cuestionaba a un miembro de su propio partido.
El líder empresarial expuso su punto de vista con mucho vigor, pero en ningún momento le faltó el respeto al joven diputado arenero. Hasta ahora el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, se había tocado casi en secreto. No deja de sorprender que quienes han planteado sus puntos de vista abiertamente sean personas de derecha.
Debo decir que en cuanto a posiciones conservadoras el FMLN se parece mucho a ARENA y a los otros partidos. Y sin embargo el debate sobre el matrimonio entre homosexuales, el aborto, la legalización de las drogas y otros similares son inevitables. Se darán tarde o temprano en el país, y no precisamente sólo en la Asamblea Legislativa.
Y es inevitable porque cada nueva generación tiende a romper con muchas de las tradiciones de la generación que va de salida. Siempre ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que en un momento determinado hace siglos, como comer con tenedor o leer ciertos libros eran cosas tenebrosas hoy es de lo más natural.
Hay otra serie de creencias y principios que permanecen en el tiempo, quizá algún día cambien o quizá no. No se sabe. Lo que sí es cierto es que el debate sobre cualquier tema es inevitable. Lo importante no sólo es saber exponer con argumentos y respeto cada posición y abandonar la descalificación de quien piensa distinto invocando creencias que no toda la humanidad comparte.
Siempre he creído que una cosa son las convicciones religiosas y los temas de conciencia y otra son las cuestiones políticas y las legislaciones seculares. Ni en los estados totalitarios marxistas ni en los gobernados por fanáticos religiosos, existe la libertad para expresar sus puntos de vista como lo hicieron Johnny Wright Sol y el empresario.
Paolo Luers, 31 octubre 2015 / EDH
Estimados 72 letrados que quieren dirigir la Fiscalía General:
Ya hemos escuchado a varios de ustedes en las audiencias ante la Asamblea – y otros en diferentes entrevistas televisivas o radiales. Está bien que se dirijan al público, pero por favor: Sólo tiene sentido si nos dan una buena razón (o varias) para que le elijan a usted.
Hay un malentendido, y ustedes harían bien en corregirlo.
Un fiscal, en particular el Fiscal General, no es simplemente un encargado de llevar a la gente a la cárcel. Mucho menos es un superman, un macho dispuesto enfrentarse a los criminales. Ya tuvimos uno que jugó este papel, como si fuera película de acción – y miren adónde nos ha llevado…
La responsabilidad de un fiscal es asegurar que se haga justicia. Esto significa: llevar a su justo juicio y castigo a los culpables (aunque sean partes del poder de turno) – pero igualmente garantizar los derechos de los inocentes y evitar que sean perseguidos (mucho menos por el gobierno de turno). Para cumplir ambas funciones, nuestra Constitución le otorga amplia independencia. Pero esta independencia el fiscal electo tiene que tomársela y defenderla todos los días.
La función de un Fiscal General es combatir la impunidad, pero también ser garante que en nuestro país no existan juicios políticos, y que no se use la justicia para persecución o extorsión política ni para cacería de brujas. Varios fiscales generales de nuestro país, incluyendo el saliente, han pecado en estas dos direcciones: protegiendo a culpables, y permitiendo la intimidación o persecución mediante acusaciones judiciales en función de fines políticas. Urge tener un fiscal general que no se entienda como simple acusador, sino como garante del Estado de Derecho.
Por esto no es suficiente que ustedes resaltan su experiencia como penalistas. Obviamente la fiscalía necesita los mejores penalistas, pero no necesariamente en el despacho del titular. La mayoría de ustedes son penalistas, y tienen que explicarnos cómo, más allá de la persecución, investigación y acusación del crimen (que obviamente tiene que manejar bien la Fiscalía), piensan dirigir esta institución cumpliendo las funciones de abogado de la sociedad y del Estado y de garante del Estado de Derecho. Nos deben esta explicación, igual que los candidatos que no son penalistas nos tienen que mostrar que serán capaces de hacer cumplir las funciones de investigación y persecución del crimen.
Los diputados que al fin van a elegir entre ustedes al nuevo Fiscal General, y la opinión pública que va a participar del debate e influir la elección, tendrán que ser muy atentos a estas explicaciones de los 72 candidatos. Por esto, en una carta anterior, formulé preguntas a los candidatos que van mucho más allá del catálogo de preguntas básicas que la subcomisión les hace en las audiencias. (Pueden leerlas aquí: http://www.elsalvador.com/articulo/las-cartas-de-paolo/carta-subcomision-que-busca-fiscal-nuevo-90860)
He escuchado muchas de las entrevistas de candidatos en la Asamblea y también en programas de televisión – y tengo que decirles que casi nadie me ha convencido, ni siquiera que entiende la compleja función del Fiscal General, mucho menos que tenga la capacidad y el carácter necesarios para ejercerla debidamente. Y esto incluye al candidato #12 que se llama Luis Martínez. Él además ha tenido 3 años para mostrarlo en la práctica, y no lo ha logrado.
Falta escuchar a los otros 36 candidatos ante la Asamblea, y a todos ustedes que tengan oportunidad de participar en debates televisivos. Si no logran elevar el nivel de la discusión sobre los retos de la fiscalía, los diputados (y todos nosotros) tendremos un problema serio.
Saludos,
Mariano Rajoy, en La Moncloa, valora sus reuniones. / Luis Sevillano
Javier Casqueiro, 30 octubre 2015 / EL PAIS
No habrá un papel ni, por ahora, una firma, pero PP, PSOE y Ciudadanos han logrado cerrar un pacto de Estado sobre unos principios mínimos para responder juntos al desafío independentista catalán. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pretende liderar esa alianza con el compromiso de consensuar todas las medidas que se adopten, “sin discusiones estériles”, con los dos principales partidos con los que se disputará las elecciones generales del 20-D. También escuchará y estudiará sus ofertas y las de otras fuerzas, como el PNV y más sectores sociales.
El presidente ha cambiado radicalmente sus primeras intenciones de abordar en solitario la respuesta al reto soberanista planteado por la lista conjunta de Junts pel Sí y la CUP cuando registraron el pasado lunes una resolución en el nuevo Parlamento catalán para iniciar el camino hacia una república en Cataluña. Ahora quiere ir de la mano con todos. Con todos los partidos que ya tienen representación en las Cortes en funciones y con las nuevas fuerzas emergentes aún sin diputados. Con antiguos socios nacionalistas como Unió y PNV, con los que ya ha hablado y también citará en La Moncloa, y con los colectivos y entidades sociales que se presten. Y se muestra satisfecho y contento de haber dado ese paso y variado totalmente su estrategia inicial.
Rajoy compareció ya anoche en La Moncloa en rueda de prensa para detallar muy pocos pasos concretos de ese pacto de Estado a varias bandas pero sobre todo para agradecer la buena disposición de todos, incluido el representante de Podemos, Pablo Iglesias, con el que apenas coincidió en nada.
El líder del PP constató, sin embargo, que lo importante ahora es haber sellado un “acuerdo previo de convivencia que nos une a todos sobre la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles y el cumplimiento de las leyes”. Rajoy ensalzó que sobre esa misma alianza “se han cimentado hasta ahora los años más brillantes de nuestra historia” y mantiene, por tanto, que las diferencias y discrepancias sobre los procedimientos a aplicar a partir de ahora son asuntos menores, “discusiones estériles”, que él dice haber pedido que se mantengan al margen a los candidatos de los tres partidos con los que se ha entrevistado estos días.
El consenso con el socialista Pedro Sánchez, con el que comió el miércoles en La Moncloa, y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con el que se reunió durante una hora en la mañana de este viernes, es casi total sobre esos principios básicos y sobre la necesidad de impedir que se “violenten las leyes y se deslegitimen las instituciones”.
El jefe del Ejecutivo quiere liderar esa respuesta conjunta y a propuesta de los propios Sánchez y Rivera persigue incluir en ese núcleo duro del pacto a otras fuerzas. El lunes se reunirá en La Moncloa con el líder de IU, Alberto Garzón y el martes con los candidatos de Unió, Josep Antoni Durán Lleida, y de UPyD, Andrés Herzog. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que es la que ha fraguado esos contactos y otros, ha hablado también con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. El propio Rajoy admitió anoche que querría sumar a todas las fuerzas y entidades que quieran compartir la reacción ante la gravedad del desafío: “Vamos a buscar lo que nos une, que es lo que protege nuestra diversidad y nuestros derechos”.
Rajoy insistió varias veces en que había pedido a los demás dirigentes no perderse ahora en debates de procedimiento sobre qué medida de los independentistas conviene recurrir y cuándo. Tanto Sánchez como Rivera le han avanzado claramente que no pretenden enfangarse en disputas electorales con este asunto, aunque el líder de Ciudadanos sí le planteó un documento de cinco puntos con alguna divergencia de matiz.
El presidente les prometió volver a hablar antes de adoptar cada paso y les reclamó confianza en los servicios jurídicos del Estado, que trabajan desde hace semanas en tener previstas todas las opciones legales de respuesta.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el que Rajoy habló este viernes y mantuvo una entrevista por primera vez, se desmarcó totalmente de ese frente de la que denominó “la nueva gran coalición bunkerizada”. Iglesias también acudió con sus cinco garantías para este proceso pero ninguna coincide ahora ni con lo que pretende Rajoy ni con lo que están de acuerdo Sánchez y Rivera. El candidato de Podemos no respalda ni siquiera que el Gobierno pueda recurrir al Tribunal Constitucional si el parlamento o el gobierno catalán llevan a efecto su amenaza de no cumplir las leyes españolas ni los mandatos de esos órganos. Rajoy estaba muy contento para perderse en disquisiciones sobre ese rechazo previsible: “Nada perdí por haber tenido esa conversación”.
“No vamos a adelantar acontecimientos, pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad: el Estado tiene instrumentos para evitar el disparate que están tramando”. La frase de Mariano Rajoy anoche, al final de una larga e intensa jornada de contactos políticos en La Moncloa, iba por un lado dirigida a los españoles y catalanes inquietos y preocupados por la magnitud de la deriva soberanista en Cataluña. Pero también tenía como destino la previsión de distintas propuestas y ofertas que espera de las diversas fuerzas —sobre todo las presentes ya en el Parlamento catalán— para actuar ante cada paso que adopten allí los independentistas.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reconoció que había discrepado con el presidente sobre la oportunidad que él defiende de recurrir ya la semana próxima la más que previsible decisión de la Mesa del Parlamento catalán de admitir la resolución independentista en cuanto el PP se constituya como grupo en la Cámara, el 5 de noviembre.
La Abogacía del Estado, para la que Rajoy reclamó la máxima confianza, no aconseja adoptar ese recurso de inconstitucionalidad en ese momento. La vicepresidenta lo confesó y afirmó, sin embargo, que ya está listo y casi redactado el recurso que será presentado “de inmediato” en cuanto el pleno del Parlamento catalán apruebe esa medida. Rajoy acordó con Sánchez y Rivera estudiar y valorar sus alternativas.
Enrique Borgo Bustamante, 30 octubre 2015 / LPG
El Consejo de Ministros debe elaborar su Plan General de Gobierno a desarrollar en el quinquenio, así como los programas anuales de acción de cada ejercicio fiscal y su complemento financiero, los presupuestos anuales que deben aprobarse por la Asamblea Legislativa, en representación del pueblo salvadoreño, para cubrir los costos necesarios para la realización de las acciones públicas de cada ejercicio fiscal, utilizando los fondos provenientes de los impuestos.
La Constitución le otorga iniciativa de ley exclusiva al Consejo de Ministros para proponer el presupuesto de egresos necesarios para realizar los programas anuales de acción del gobierno, sobre los cuales debe decidir la Asamblea Legislativa, quien determina la contribución del pueblo para sufragar los gastos del gobierno, como el uso de tales recursos para realizar las actividades anuales que el gobierno ejecutará para lograr los fines del Estado (la justicia, la seguridad jurídica y el bien común) que debe contener su Plan de Gobierno quinquenal.
El profesor Dino Jarach en su obra Finanzas Públicas y Derecho Tributario señala que en los países del Occidente en que rige el Estado de Derecho constituye punto fundamental y cumple el proceso jurídico democrático la aprobación del Presupuesto por parte del Poder Legislativo, sin perjuicio del control posterior de su ejecución por otras autoridades, como nuestra Corte de Cuentas, organismo independiente de todo órgano de gobierno, a quien le corresponde “la fiscalización de la Hacienda Pública en general y la ejecución del Presupuesto en particular” (art. 196 Cn.), y como tiene, además de la facultad de autorizar toda salida de fondos del Tesoro Público de acuerdo con el Presupuesto e intervenir en todo acto que le afecte, como especial función examinar la cuenta que sobre “la gestión de la Hacienda Pública rinda el Órgano Ejecutivo a la Asamblea, e informar a esta el resultado de su examen”, por lo que al controlar la recaudación de impuestos, la erogación de gastos y su control jurisdiccional garantiza la pureza de la gestión pública del gobierno.
Señala Jarach que son funciones fundamentales del presupuesto señalar: a) las actividades de trabajo anual comprometido que debe realizar el gobierno en cumplimiento de los fines, con detalle de cada una de ellas; b) los montos de que dispondrá para cumplir con cada rubro aprobado por el legislativo; c) las bases del control financiero en relación con su gestión; y d) hacer del conocimiento público el plan económico del Estado para que el sector privado pueda acomodar sus acciones al mismo, especialmente en materia de inversión.
, 30 octubre 2015 / EDH
En un comunicado emitido ayer por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), hacen ver que el Gobierno ha sido ineficiente con los recursos financieros que ha tenido para frenar la ola delincuencial en el país.
Señala que los gobiernos del FMLN son los que más fondos han tenido y que pese a ello el alto grado de criminalidad sigue en aumento, por lo que cuestionan que la Asamblea Legislativa les haya aprobado más impuestos.
“Más recursos no ha sido sinónimo de mejores resultados. Por ello, mejorar las condiciones de seguridad del país no debe enfocarse en cobrar más impuestos a la población, sin que antes se hayan evaluado otras fuentes de financiamiento y sin que se realice una discusión seria de las políticas de seguridad que funcionan versus aquellas que han demostrado que no funcionan”, reza parte del comunicado difundido ayer tarde.
ANEP dice que contrario a los resultados positivos que se podrían esperar por haber obtenido el Gobierno más dinero, el incremento de los homicidios pasó de 9 diarios en 2008 a 22 en este año.
Añade que las políticas gubernamentales no han funcionado y que lo único que han hecho es “generar un paraíso de atracción para las pandillas, mientras alejan la inversión y el empleo para los salvadoreños”.
Asimismo, cuestiona la reciente propuesta de ley de reinserción de pandillas presentada al Congreso por el ministro de Seguridad, Benito Lara. “Es alarmante e inaceptable que el Gobierno proponga leyes orientadas a proteger delincuentes y destine más de $100 millones en programas de prevención, rehabilitación, y reinserción de pandilleros sin incluir recursos adicionales y esfuerzos serios para la persecución del delito que es tan necesario”, dice.
Añade en el comunicado que lamentan que el Gobierno insista en continuar tomando más dinero de la población sin antes corregir sus “erradas políticas” de seguridad que son caldo de cultivo para que haya “impunidad”.
“La creación de nuevos impuestos sin antes considerar propuestas técnicas de seguridad que sí funcionan, demuestra que el Estado no muestra voluntad política para reducir los índices de homicidios, sino que se trata simplemente de una excusa para recaudar más dinero para cubrir su irresponsabilidad fiscal y continuar despilfarrando”, se lee en el comunicado.
La ANEP hizo un llamado al Gobierno a no engañar a los salvadoreños.
Programas sociales. El Banco Mundial ha señalado que el gasto social de El Salvador, un país vulnerable, se ha desacelerado por el problema fiscal que arrastra el Gobierno.
El Gobierno ha gastado $2,315 millones en seguridad pública desde 2009, un incremento aproximado de $1,000 millones en comparación con períodos anteriores, y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) considera que a pesar del incremento no perciben mejoras en esta situación.
Lo mismo ha sucedido en el caso de Salud y también de Educación. La ASI calcula que desde 2014 hasta 2018 –el período de la gestión actual–, el gasto en Salud Pública acumulará $2,078 millones, y en Educación, $4,316 millones. Doris de Rivera, gerente de inteligencia industrial en la asociación, tomó los datos oficiales del Ministerio de Hacienda (MH) y las oficinas de acceso a la información para calcular cuánto puede llegar a acumular el gasto estatal en estos tres sectores considerados estratégicos.
También están los gastos en la Presidencia de la República. Durante la gestión de Mauricio Funes y su equipo, esta institución del Ejecutivo absorbió algunas secretarías –como la de Inclusión Social– y creó nuevas, como la de Transparencia. Según los datos que De Rivera recopiló, la Presidencia de la República acumulará gastos desde 2014 hasta 2018 por $1,252.2 millones, de los cuales, $276.9 millones se habrán destinado a salarios o remuneraciones. Datos actualizados hasta agosto de este año muestran que los salarios de la Presidencia en 2009 requerían $9.8 millones, mientras que para este año requerirán $36.3 millones. Dicho de otra manera, el gasto en salarios para la Presidencia se ha triplicado en seis años.
“El tema es para qué necesitan más impuestos”, dijo Javier Simán, presidente de la gremial. “Aquí vemos la abundancia de recursos con los que han contado los últimos gobiernos y si tuviéramos una gestión más efectiva y más eficiente, creemos que serían resultados más positivos en las tres áreas que son más importantes para la población”, reiteró Simán. Mientras que De Rivera comentó: “No nos confundamos. Más gasto no es igual a mejores condiciones sociales”.
La gremial destacó los desafíos que todavía se enfrentan en estos tres sectores. Por ejemplo, el incremento en los homicidios, la falta de medicamentos en la red hospitalaria, la nota promedio “aplazada” de la PAES y la deserción escolar. Para los representantes de los industriales, la solución pasa por la readecuación de recursos y la eficiencia, antes que en el incremento en las fuentes de ingresos.
“No se debe seguir utilizando la excusa de seguridad para recaudar más impuestos cuando estamos viendo claramente que los impuestos que ya recaudan están siendo mal utilizados», manifestó Simán, y luego aclaró que en esta afirmación no había incluido a los programas sociales.
También el Banco Mundial (BM), un organismo de financiamiento multilateral, publicó un estudio en el que mostraron que El Salvador tiene uno de los gastos sociales más ineficientes en América Latina, si se compara la cantidad de recursos que se han desembolsado con los resultados sociales. Pablo Acosta, autor del informe, dijo a LA PRENSA GRÁFICA en septiembre pasado que El Salvador “tiene una situación fiscal muy complicada, que no permitirá seguir sosteniendo el nivel de gasto. Hay indicios de que el gasto social ya se ha desacelerado en 2014 y 2015, y es por el problema fiscal”.
El presidente de la ASI, por otro lado, explicó que hay que buscar nuevas alternativas para resolver el tema de seguridad. Según el líder gremial, el Plan El Salvador Seguro se ha enfocado en la prevención, pero no tiene suficientes propuestas para el combate a la delincuencia y la consecuente penalización de los crímenes.
Las finanzas del Gobierno tienen muchos retos. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha mencionado en diferentes ocasiones que hay gastos obligados que absorben casi todos los recursos disponibles: los salarios, los escalafones, los subsidios a entidades públicas y privadas, la deuda pública, los eventos electorales, los desastres naturales. Bajo la gestión de Cáceres se han aprobado entre tres y cuatro modificaciones a los impuestos cada año, entre nuevos tributos y cambios a las tasas vigentes.
Por otro lado, el bajo crecimiento económico impide que el fisco cumpla con las metas de ingresos. Por ejemplo, datos del MH hasta agosto pasado muestran que se recibieron $222 millones menos de lo esperado en impuestos y contribuciones.
Javier Simán, presidente de la ASI, opinó que el Gobierno usa la seguridad como excusa para más impuestos.
29 octubre 2015 / EDH
El gasto del Gobierno ha sido ineficiente durante los últimos años y no ha logrado solucionar problemas estructurales en educación, salud y seguridad. Esta fue la conclusión a la que llegó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) tras analizar en detalle las cifras de gasto público.
La gremial indicó además que el problema para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños no es la falta de recursos, sino el uso adecuado de ellos.
Como ejemplo la gerente de inteligencia industrial y encargada del análisis de gasto público, Doris de Rivera, señaló que los dos gobiernos del FMLN destinarían a educación, salud y seguridad cerca de $4,443 millones más que el último quinquenio de ARENA.
Para este ejercicio la ASI hizo cálculos asumiendo que el presupuesto 2015 se mantiene sin cambios durante lo que resta de la administración Sánchez Cerén, así que la cifra podría ser mayor.
Sin embargo la gremial cree que el dinero no se ha usado en áreas críticas para dar una mejor atención a los salvadoreños.
Por ejemplo el gasto en seguridad pasó de $262 millones en 2009 a $423 millones en 2015.
Solo en el último año el presupuesto aumentó en $76 millones, pero al mismo tiempo el dinero destinado al pago de remuneraciones subió en $39.9 millones.
El hallazgo de la ASI es que de $238.2 millones en 2014, el presupuesto designado a remuneraciones pasó a $278.1 millones.
Lo significativo es que en ambos años solo se abrieron 348 plazas para policías, llegando a 26,011, explicó Doris de Rivera. Los empleados administrativos, en el rubro de seguridad, en cambio aumentaron en 645, llegando a 3,284 colaboradores.
Además de destinar más dinero al pago de personal administrativo, la gremial resaltó que la remuneración para personal ejecutivo aumentó en cerca de $100 mil (un 7 %).
Por contraparte, los resultados en seguridad reflejan que se ha pasado la cifra de 4,500 homicidios en lo que va del año. Solo el mes de agosto registró 911 asesinatos.
En educación los industriales señalaron que de los $917 millones presupuestados, $596.6 millones irán a remuneraciones. El pago de salarios estaría aumentando un 25 % este quinquenio en comparación al anterior.
Sin embargo la cantidad de profesores solo subió 0.6% hasta llegar a 43,437. Los resultados de la PAES, además, no han logrado subir de una nota de 5.
Recientemente se conoció que de 100 jóvenes que intentaron ingresar a la Universidad de El Salvador, 96 fallaron el examen.
Por último, sumando el presupuesto de salud y el ISSS, entre 2009 y 2013 se destinaron $6,117 millones. “Uno comienza a preguntarse por qué no hay mejoría en estas áreas si estamos gastando más”, dijo Doris de Rivera tras realizar este cálculo.
En 2015 el presupuesto para esta área es de $615 millones. De ellos $173.9 millones, un 28 %, se destinan a remuneraciones. Una partida que ha seguido subiendo en los últimos años.
Por contraparte, la ASI recordó que según un informe del Banco Mundial, el gasto en medicinas de El Salvador pasó de del 10.4 % del presupuesto de salud en 2007, a solo 6.8 % en 2013.
La compra de vacunas apenas creció del 1.2 % del presupuesto a 2.3 % en el mismo período. En el caso de los suministros médicos, pasó de 5.1 % a 5.3 %.
Los industriales por último recordaron que constantemente se conocen casos de deficiencias en la atención de los hospitales, falta de medicamentos, problemas en la infraestructura y otros.
Falta eficiencia
En la presentación el presidente de la ASI, Javier Simán, opinó que los impuestos están siendo mal utilizados.
“El gobierno utiliza el tema de seguridad para buscar más recursos, porque no hemos visto un plan específico de cómo usar esos recursos… Si tuviéramos una gestión efectiva, más eficiente, tuviéramos resultados más efectivos”, expresó.
Por su parte la gerente de inteligencia industrial recordó que, según el Banco Mundial, nuestro país es considerado menos eficiente que la mayoría de países latinoamericanos en cuanto al gasto público.
De hecho, el informe que este organismo publicó este año señala que aún hay un importante espacio para mejorar, indicó Rivera.
Simán añadió que el Gobierno no debe buscar crear más impuestos porque con ello se deprime la economía. “Con más impuestos se quita la posibilidad a los salvadoreños de invertir, gastar y ahorrar”, puntualizó.
El líder gremial además criticó la forma en que se han aprobado los impuestos en los últimos seis años. El Ministerio de Hacienda, expresó, solo ha presentado las propuestas de impuesto a la Asamblea Legislativa, sin consultar primero con el sector privado.
Además, las aprobaciones se han hecho con dispensa de trámites, sin la debida discusión entre los diputados de los distintos partidos políticos e incluso en madrugones.
Gastos presidenciales
Además del gasto público, el análisis de la ASI también consideró el aumento del gasto en otras entidades de Gobierno.
Según los datos recabados, en la administración Funes la presidencia de la república gastó $658.3 millones. Con proyecciones manteniendo el presupuesto de este año, Salvador Sánchez Cerén estaría gastando más de $593.9 millones.
Ambas cifras se encuentran por arriba de los $471.4 millones que casa presidencial gastó durante el período de Antonio Saca y los $299.7 en la administración de Francisco Flores.
La gremial también llamó la atención en el gasto que casa presidencial hace en remuneraciones. De $9.80 millones usados en salarios para el año 2009, este año el Gobierno ha previsto que pagará $36.30 millones a sus empleados.
Comparando 2009 y 2014, casa presidencial sigue destinando los mismos $400 mil a un programa de becas, mientras que los gastos de oficinas como la dirección superior han aumentado $10.9 millones en el mismo período.
La secretaría de gobernabilidad y comunicaciones, criticada por mantener en secreto el gasto en publicidad, aumentó sus gasto general en $10.7 millones.
Minería en la Asamblea
Doris de Rivera compartió por último cifras del gasto en la Asamblea Legislativa.
Este organismo, que reúne a todos los diputados de los partidos políticos, pasó de gastar $34.8 millones en 2009 a unos $58.5 millones este año.
El pago de salarios pasó de cerca de $20 millones a $36.5 millones en el mismo período.
Además hay hallazgos interesantes en los gastos de compra que la Asamblea ha hecho públicos. Este año ha destinado $395 mil a “servicios de minería”.
Ante la sorpresa de los medios reunidos durante la presentación, la gerente de inteligencia industrial comentó que han contactado al oficial de información de la asamblea para conocer cuáles son los “servicios de minería” que necesitan los diputados.
Seguros, construcción, viajes, combustibles, telecomunicaciones y otros complementan el top 10 de las compras de la Asamblea este año. En ellas ha gastado alrededor de $12.6 millones.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales; con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos, ambos de de FUSADES.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) aseguró ayer que la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, que aprobó ayer la Asamblea Legislativa con 48 votos, es un impuesto que podría tener vicios de inconstitucionalidad, igualmente que el otro impuesto para las telecomunicaciones.
Por su parte, Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de FUSADES también criticó la propuesta de GANA y coincidió con castro en que puede tratarse de una reacción de partidos políticos por las críticas periodísticas sobre el tema de probidad.
Eugenia Velázquez, 30 octubre 2015 / EDH
El FMLN, GANA y algunos diputados del PCN aprobaron anoche dos nuevos impuestos: uno de 5 % a los usuarios de telefonía y otro de 5 % a las empresas que ganan arriba de $500 mil al año.
Tras más de cuatro horas de discusión en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el partido oficial logró 48 votos para avalar los tributos, cuyos fondos serían destinados a la seguridad pública.
Pese a la oposición de ARENA contra esos impuestos y al llamado de austeridad y ahorro que hicieran al igual que organizaciones como ANEP y Fusades para que, en vez de aplicar más impuestos, el gobierno redujera el gasto estatal, el FMLN obtuvo el apoyo para su aprobación.
De esa manera se suman dos nuevos impuestos a los más de 20 que ha impuesto el gobierno del FMLN a la población desde 2009 que llega al poder.
Con el dinero que recaude, el gobierno argumenta que podrá combatir la criminalidad y afirma que es parte del plan que surge en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia para hacer llegar al Estado $140 millones anuales.
ARENA reclamó ayer que en vez de castigar más a la población con impuestos el gobierno debió priorizar la reducción del gasto estatal, la evasión, elusión y el contrabando; implementar mecanismos de financiamiento extraordinario como la emisión de bonos voluntarios y la creación de un fondo para la seguridad, entre otras opciones.
Jorge Velado, presidente de ARENA, mencionó durante una conferencia de prensa ayer por la mañana que con la aplicación de esas opciones el gobierno hubiera podido obtener $246 millones para mejorar la seguridad pública.
Pero los otros diputados no pensaron igual. Y en el caso del impuesto del 5 % a los usuarios de telefonía se sumaron al bloque del FMLN-GANA se sumó el diputado del PDC, Rodolfo Parker, y la bancada del PCN, excepto la diputada Cristina López.
Ese tributo golpeará los bolsillos de todos los salvadoreños porque se aplicará a los servicios y productos de telecomunicaciones.
El jefe de la bancada pecenista, Mario Ponce, y el pedecista Rodolfo Parker, justificaron que el dinero también servirá para fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC).
En el caso del impuesto que aplicará a las empresas y empresarios que ganen arriba de $500 mil al año, además del FMLN y GANA votaron tres diputados del PCN: Francisco Merino, Reynaldo Cardoza y Serafín Orantes.
La moción fue presentada por el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, de GANA. Sin embargo, el legislador no estuvo presente ayer, por lo que fue un diputado suplente quien lo sustituyó y votó a favor de ese tributo.
El FMLN pretendía que ayer se avalaran cuatro impuestos, pero al cierre de esta nota dos de ellos aún no habían sido discutidos. Se trata de gravar el 15 % a los casinos y el otro de aplicar un descuento del 10 % sobre el salario que devengan los funcionarios públicos que ganan arriba de $2 mil 300 al mes.
Los votos de oro
Los impuestos estuvieron toda la mañana de ayer en la cuerda floja, a la espera del voto de oro para llegar a los 43 necesarios, ya que el FMLN y GANA solo sumaban 42 y los impuestos necesitaban de mayoría simple para ser aprobados.
Desde temprano existía la incógnita de quién o quiénes se plegarían al bloque del FMLN y GANA, esto ante la aclaración en conferencia de prensa que hicieran tres diputados de ARENA: Carolina Rodríguez, de Ahuachapán; Bonner Jiménez, de La Paz; y Silvia Ostorga, de Sonsonate, de que ellos no abandonarían las filas de ARENA para votar junto al FMLN y GANA.
ARENA rechazó totalmente la aprobación de los nuevos impuestos y recordó que el gobierno además de que no ha sido austero es el que más fondos ha dispuesto en concepto de impuestos.
Velado los detalló así: $21 mil 167 millones en tributos; $5 mil 755 millones en préstamos; $707 millones en donaciones, para un total de $27 mil 629 millones disponibles desde 2009 hasta agosto de este año.
“ARENA no comparte con poner más impuestos, esa es la solución más fácil para un gobierno que no asume ningún compromiso y solamente exige más sacrificio a la población, incluyendo a los hogares pobres”, afirmó.
Recordó que si el FMLN lo que busca es disponer de $140 millones al año para financiar los planes de combate a la inseguridad, debe primero reducir el gasto del Estado en $43 millones.
Para este cometido planteó que los tres Órganos del Estado, así como la Corte de Cuentas de la República, el Ministerio Público y otras entidades reduzcan el 3 % de sus asignaciones en el presupuesto del próximo año.
También habló del congelamiento en la contratación de nuevas plazas para quienes se retiren voluntariamente o se jubilen en los próximos 4 años, entre otras propuestas para recaudar fondos.
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