La decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía del 1993 ha provocado un complejo y controversial debate. Hemos documentado este intercambio de opiniones, publicando artículos con argumentos en pro y en contra de la sentencia, y lo seguiremos haciendo. Pronto este debate debe concentrarse en dar respuesta a la pregunta principal: ¿Y ahora, cómo cumplir esta sentencia?
Segunda Vuelta
Irvin Marroquín, 21 julio 2016 / TVX
Benjamín Cuéllar es uno de los primeros que presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Amnistía en los años 90. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de esa época no se la admitieron con el argumento de que “era un asunto político y que lo tenía que resolver la Asamblea Legislativa”, afirma el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
Casi un cuarto de siglo después, con la firma de cuatro magistrados de esta instancia judicial, se invalidó una ley que había sido el argumento del sistema de justicia salvadoreño para dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
La clase política del país ha quedado desconcertada con la sentencia. Algunos incluso, como el diputado del PDC, Rodolfo Parker, han expresado la necesidad de aprobar otra amnistía. El informe de la Comisión de la Verdad señala a este legislador de haber alterado declaraciones para ocultar la responsabilidad de altos mandos de la Fuerza Armada involucrados en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras.
Por su parte, el FMLN ha reaccionado escuetamente sobre esta inconstitucionalidad. En medio de las otras sentencias que emitió la Sala —como la invalidez de los $900 millones y la suspensión temporal del cobro del 13% a la tarifa eléctrica— han dicho que esto es un preámbulo para un golpe de Estado suave.
El mismo presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien cuando era jefe de fracción de su partido solicitó acaloradamente la derogatoria de la Amnistía, dijo que las “resoluciones de la Sala de lo Constitucionalidad no se ubican ante verdaderos problemas del país y lejos de resolver la problemática diaria de los salvadoreños, la agudiza”.
A Cuéllar no le sorprende el cambio de postura del partido de izquierda y rechaza la idea de un golpe de Estado suave.
A pesar de ello, no le suena descabellado una segunda amnistía. Afirma que esa amnistía debe contemplar procesos de justicia transicional en donde las víctimas, si así lo quieren, puedan indultar a los victimarios.
Sin embargo, retoma el planteamiento del reconocido jurista costarricense, Rodolfo Piza Escalante, quien afirmaba que la amnistía debe ser concedida a los valientes, esos que durante las guerras respetan el derecho internacional humanitario y no cometen crímenes de lesa humanidad.
¿Qué significa para el país la invalidez de la Ley de amnistía?
La posibilidad de llegar a ser un país normal, decente. Para mí es un país donde funcionan las instituciones, donde no se distingue quién es el victimario y quién es la víctima para hacer justicia o para no impartirla.
Otra posibilidad que se presenta es la oportunidad para que la gente recupere su protagonismo, las víctimas. En la década de 1970 a 1980 tuvieron ese protagonismo en condiciones de represión brutal, deben recuperarlo porque sino esto no va a cambiar.
Será mayor la presión de los victimarios, esto puede ser chantaje al sistema de justicia pero la presión de las víctimas es justa, es legal y tiene que ser presión de la buena, exigir el cumplimiento de sus derechos. También puede bajar la polarización que se vive en el país.
¿Cómo evalúa la reacción, casi nula, de la clase política de nuestro país ante la resolución?
Por los $900 millones sí se pronunciaron. Pero por esto no, porque tienen un problema. ARENA no se pronuncia muy fuerte, han salido diciendo que se decrete otra amnistía. Tiene que ser una amnistía para los valientes, aquellos que en la guerra respetan las leyes, no para aquellos cobardes que matan niños en el Mozote, en el Sumpul o que entran a una universidad a matar curas, esos cobardes no merecen amnistía.
ARENA y la ANEP le aplauden a la Sala de lo Constitucional lo del 13% y los $900 millones y el Gobierno cuando era oposición apoyaba la derogación de la Ley de Amnistía. El que era jefe de fracción era Salvador Sánchez Cerén.
Lorena Peña dijo que eso afectaba a los militares porque los comandantes no habían cometido ninguna violación de derechos humanos. ¿Realmente se lo cree? , pues tenemos los casos de la Zona Rosa o las hijas del fiscal García que dejaron de estudiar por la muerte de él, así que no me vengan a decir que no han matado.
Mi hija hizo el borrador de la demanda, la de la prescripción sobre crímenes de lesa humanidad. Ella está haciendo su tesis acerca de este tema y ella tuvo que salir corriendo del país porque la amenazaron. Un día antes que yo fuera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llegaron a tirar un cuerpo en la noche, creyeron que estaba muerto pero solo estaba sedado. Se lo llevaron al hospital y a los días lo dejaron libre, no investigaron nada.
Cuando yo le dije al general director (de la PNC) Salinas de la policía, él me contestó que era una señal la que se me estaba enviado… ¡Obviamente que era una señal pero yo quería saber quién me la mandó, que lo metieran a la cárcel!
¿Cómo ve el escenario en el que se da esta inconstitucionalidad? Es decir, en el segundo gobierno del FMLN, los comandantes están en el Ejecutivo. Su postura se ha matizado en comparación cuando eran oposición…
En qué el FMLN no ha cambiado de postura en cosas importantes. Me acuerdo que uno de los grandes logros era desmilitarizar las tareas de seguridad pública e incluso dejar una reserva. Para ellos, los militares debían desaparecer, pero cuántos militares hay involucrados en tareas de seguridad. Criticaban a ARENA cuando sacaban a los militares, a eso se le puede llamar incoherencia.
¿Qué escenarios abre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía?
Que funcionen realmente las instituciones de este país, en esto me baso en los Acuerdos de Paz, que se habla de superar la impunidad y dice que los casos de graves de violaciones a los derechos humanos se deben dar a conocer y enjuiciar a los que cometieron delitos sin importar a qué sector pertenecen.
Los casos en los que hay información en la Comisión de la Verdad deben ser judicializados. Si las víctimas quieren perdonar, que pidan el indulto; pero que las víctimas conozcan y que si es posible encuentren a sus seres queridos desaparecidos. Las víctimas deben exigir justicia, porque sino, el sistema judicial no se los va a dar.
El mensaje que deberían lanzar es que no importa quién sea la víctima o el victimario, si cometió el delito debe ser procesado, seguir el debido proceso, asimismo, asegurar garantías judiciales, un juicio justo.
¿Qué significa la justicia en este país después de casi 25 años de los Acuerdos de Paz?
Sanar el cuerpo y el dolor de este país porque las heridas cuando permanecen abiertas se infectan y este cuerpo social llamado El Salvador está infectado.
El Diputado Rodolfo Parker hablaba de crear una nueva Ley de Amnistía ¿cuál es su posición? ¿Es posible esto?
Que nos avisen y nosotros la formulamos. Ya tenemos una propuesta más o menos estructurada. Fuimos a presentar una pieza de correspondencia para que se creara una comisión y se estudiara, pero ningún diputado la quiso aceptar.
La Sala dice que no se admite una propuesta similar que viole los estándares internacionales en materia de amnistía. Pero como yo les decía, la amnistía es para los valientes que respetan las leyes de la guerra, no para los cobardes.
La propuesta que nosotros hemos elaborado consiste en formas de justicia transicional, es decir, que la gente que quiera ir a los tribunales que vaya a denunciar este tipo de crímenes que ha establecido la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ósea, crímenes contra la humanidad. Las desapariciones, imagínense, dicen que son alrededor de ocho mil, pero yo creo que deben ser más, porque no toda la gente denunciaba. O los casos de tortura, las masacres…
En nuestra propuesta se dice que se cree una ley que contemple una verdadera reconciliación nacional, que realmente se sanen las heridas y no hacerse cirugía plástica para no recordar lo que pasó.
Primero que se judicialicen los casos de la Comisión de la Verdad. Segundo, formas de justicia restaurativas: el Estado debe generar espacios para que las víctimas sean escuchadas y los victimarios también. Que lleguen y se arrepientan que digan “yo participé en los escuadrones de la muerte, me llevé a su hijo y la voy a llevar a donde están los restos y le pido perdón” y la víctima decida si perdonarlo o no, pues el perdón es algo personal. Tercero, hacer convenios con universidades para que practicantes apoyen a la Fiscalía y todo el Órgano judicial en la resolución de los casos.
Todo eso estructurarlo en una ley, no como el acto que hizo Funes que era para la foto y para que digan que era el gran presidente que pidió disculpas en los casos de Monseñor Romero, el Mozote y caso UCA.
En el caso del Mozote, ¿le hicieron caso cuando dijeron que dejaran de honrar a los violadores? ¿Quién era el ministro de Defensa? El general José Atilio Benítez… Incluso en La Prensa Gráfica dijo que se iba a crear una comisión que investigara. Y terminó diciendo que Monterrosa era un héroe porque defendió los intereses del país. Eso es desacato. ¿Y por desacatar la orden cómo lo premiaron? Lo mandaron a España y después lo mandaron a Alemania. Y lo mantienen todavía a pesar de lo que pasó con las armas robadas y traficadas.
Con respecto a su propuesta de otra Ley de Amnistía…
Presentamos una pieza de correspondencia. Con esto que ha pasado, vamos a estructurar la propuesta. La amnistía se puede dar después de un conflicto armado. Es algo aceptado por el derecho, pero no se puede dar para los que violaron los derechos humanos.
En esta propuesta, ¿contemplan las condenas de cárcel por violar los derechos humanos?
Sí, pero pueden ser menos si se sigue este proceso que le planteaba. El efecto ejemplarizante no es solo para que funcionen las instituciones, sino creando esos espacios de justicia restaurativa, escuchando a las víctimas y escuchando a los victimarios. Al ver que se ha hecho justicia, puede ser que muchos victimarios digan yo voy a ir a confesar y pedir perdón. Perdón al que pide perdón. Eso descongestionaría el sistema de justicia.
Es para que la gente que diga yo quiero que se vaya al tribunal y no son solo los casos de la Comisión de la Verdad. Son casos como las víctimas de Mayo Sibrián, la Masacre del Sumpul, por ejemplo.
¿Cree que puede haber una utilización hacia las víctimas por parte de algunos sectores para atacar a sus adversarios políticos?
Yo decía, cuando Funes iba de candidato, el cambio que viene va a ser un cambio de cancha. Cada uno adoptó las mismas mañas de oposición y de Gobierno. Ambos se tienen pateadas las colas.
Hay una especie de temor al interior del FMLN que con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía nos quedemos sin presidente…
En Guatemala se quedaron sin presidente. Hay mecanismos para sustituir al presidente. ¿Y por qué se quedaron sin presidente? Porque cometió graves delitos de corrupción. Y se quedaron sin vicepresidente y sin un montón de funcionarios; y están en la cárcel. ¿Cuál es el problema? Esas son patadas de ahogado.
La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía le da una gran preponderancia a los crímenes que aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad, pero ¿qué suceden con los delitos que se cometieron en la preguerra? Pongo dos ejemplos, el caso de Roque Dalton y el de Roberto Poma
Me decía Martín Claramont —el hijo de Ernesto Claramont, el candidato presidencial de 1977 por la Unión Nacional Opositora (UNO)— ¿y lo que hizo Molina en la Plaza Libertad el 28 de febrero de 1977 se puede denunciar? No he leído la sentencia, pero no creo que establezca temporalidad. Espero que no.
En el caso de Mayo Sibrián(Comandante guerrillero del frente paracentral), cuando era candidato a la vicepresidente Salvador Sánchez Cerén en el contexto de la presentación de su libro “Con sueños se escribe la vida: autobiografía” daba a entender que la misma cúpula del FMLN había tomado la justicia por sus manos y decidieron fusilarlo.
¿Y eso qué? ¿Qué les da a las víctimas? Que decidan fusilarlos, ¿en qué le repara los daños causados a las víctimas? Que digan que estaba loco, eso no es atenuante. Lo que pasa allí es que sabían que lo estaba haciendo (las órdenes de asesinato en contra de guerrilleros y civiles en San Vicente) y no lo detuvieron. Incluso, me han contado que, lo mandó a llamar Salvador Sánchez Cerén, comandante de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), y lo regresó. Y siguió matando.
En el caso de Roque Dalton, Jorge Meléndez dijo: Yo no recuerdo un asesinato, yo lo que recuerdo es un juicio político en el que resultó víctima Roque Dalton…
Joaquín Villalobos dice que ese no fue un juicio. Hace poco dijo (Jorge Meléndez) que no lo había conocido (a Roque Dalton)…
Estos mecanismos que son muy internos de células guerrilleras, ¿también pueden ser juzgados con la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía?
El caso de Mélida Anaya Montes se dirimió en los tribunales de Nicaragua y era una purga.
Se cree que la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, era condición para firmar los Acuerdos de Paz.
Cuando se menciona la amnistía es en el informe de la Comisión de la Verdad y dice que no se puede pronunciar porque eso tendría que verse con el sistema de justicia; y ese sistema de justicia ha sido cómplice de esas atrocidades, y que había que depurarlo. Y si ahora me dicen que no tienen capacidad para hacerlo, me dicen que estamos igual que hace 23 años.
Si bien la Ley de Amnistía fue algo que terminó aprobando la derecha en la Asamblea Legislativa, tengo entendido que el FMLN sabía que eso iba a suceder, es decir, ¿el FMLN no está exento de culpa?
Era acuerdo debajo de la mesa. Cuando aprobaron la Ley de Amnistía pueden decir que el FMLN no estaba en fracción legislativa. Sí, pero era más que eso. Era la otra parte firmante de los acuerdos que tenía que exigir el cumplimiento de los acuerdos y tenía el apoyo de las Naciones Unidas. ¿Por qué no lo hizo?
Hay muchas críticas negativas y positivas hacia la Sala de lo Constitucional. Para usted, ¿qué significa la Sala?
El control constitucional de todos los actos que se dan tanto en el Gobierno como fuera del Gobierno. Primer ejemplo, ¿qué tenía que ver la Sala de lo Constitucional con el premio aquel que La Prensa Gráfica no quería entregar en aquel mundial de Francia (1998)? Pues había violado la Constitución. Lo que pasa es que nunca una Sala de lo Constitucional lo había hecho.
La primera demanda de inconstitucionalidad (en contra de la Ley de Amnistía) la presentó Ana María Rivas, directora del Socorro Jurídico Cristiano, y Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, inmediatamente después de que se aprobará la Ley de Amnistía.
¿Qué dijo la Sala de lo Constitucional cuando la presentamos? Que no la admitía. ¿Cuál fue el argumento? Que era un asunto político y que lo tenía que resolver la Asamblea Legislativa. O sea, así han sido las salas de lo Constitucional.
Yo una vez les dije en su cara a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, “yo a ustedes no les voy a decir ni magníficos ni fantásticos, lo que más les puedo conceder es que son raros”, porque es raro que una Sala de lo Constitucional haga lo que están haciendo. Han cometido errores, sobre todo políticos en la celeridad de sentencias; ¿pero que han resuelto con base a la Constitución? Sí.
Ya que menciona que han tenido errores políticos, ¿cree que tienen razón cierta ortodoxia del FMLN que este es un preámbulo de un golpe de Estado?
Entonces, ¿yo soy golpista? Porque critico y señaló y todo. Eso es para el voto duro, como el pensamiento propio es prohibido; el pensamiento único es “el golpe de Estado”.
Uno de los pesos de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía recae en la Fiscalía General de la República. ¿Cuál debe ser el primer paso que dé el Ministerio Público?
Pedir los archivos de la Comisión de la Verdad y trabajar esos casos. El otro también sería que las demandas que nosotros como IDHUCA presentamos son decenas y decenas. Que las mueva.
Es decir, que de alguna manera ya tiene trabajo ahorrado porque muchos casos están documentados…
Al menos con declaraciones para indicios. La de Ochoa Pérez, la masacre de Santa Marta, la presentamos en el 2003. Hay un testigo de Estados Unidos que estaba en esa masacre y que grabó incluso, y ya fue a declarar a la Fiscalía.
La resolución de la Sala plantea la necesidad de crear una entidad para dar a conocer estos casos a la población. Algunos hablan que será la primera piedra para la constitución de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, tal como la creada en Guatemala. Hay gente que ve mal esta instancia y otra que lo ve bien, ¿cómo la evalúa usted?
Yo lo veo conveniente que se creara la comisión al igual que Guatemala. Aunque no es el paraíso, es parte del triángulo norte… pero es la parte que mejor esta del triángulo norte. Sigue teniendo violencia, pero 30 muertes violentas por cada cien mil habitantes el año pasado y El Salvador cerró con 106 muertes violentas. Además, la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) no investiga, acompaña la investigación, apoya la investigación ya que esta la lleva la Fiscalía, eso se llama aprendizaje en el terreno.
¿Cuál es el nuevo escenario que se enfrenta en el caso de los jesuitas?
Tendría que leer la sentencia para ver si es posible agarrarse de algo para procesarlos acá, yo estaría feliz con eso. El Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional en Madrid España funciona, no me interesa que se resuelva allá, interesa que se resuelva acá y que funcionen acá y tengan el efecto ejemplarizante. Yo estaría feliz que fuera acá. Yo lo dije varias veces antes (que vinieran las ordenes de captura internacionales) que la mejor forma de evitar la extradición es que lo juzguen aquí, pero que los juzguen en serio.
A un argentino, no recuerdo el nombre, lo pidió Garzón. Iba de México para Madrid. Los argentinos dijeron “esperece, señor Garzón, mándelo para acá que acá será juzgado” y ahí lo juzgaron y está condenado.
Usted como parte de los autores que han pedido justicia por el caso jesuitas, ¿pediría el indulto de los involucrados en la masacre de la UCA?
Apoye a José María Tojeira en 1992 cuando pidió el indulto para Guillermo Benavides y Yussi Mendoza.
¿Por qué pidieron ese trámite de indulto solo para ellos dos?
Porque decíamos que ya se juzgaron. No estamos de acuerdo con el resultado, pero ya hubo justicia, aunque no nos guste. Los que confesaron que remataron a la niña, Celina Ramos, y a la mamá, Elba Ramos, salieron inocentes. Esa es una de las partes fraudulentas. Entonces a estos (Benavides y Mendoza) los habían condenado. Entonces, se pidió el indulto. Es la demostración de generosidad de las víctimas que no están buscando venganza.
Yo si pudiera sacar a Bustillo de la querella, lo sacaría, porque él llego a dar la cara y dijo: “Yo quiero juicio. Yo no quiero amnistía ni presunción como argumentos para mi defensa. Yo quiero limpiar mi nombre”. Y me dijo también, “yo no quiero que cuando esté muerto pasen a la par y vean la placa y digan este es uno de los que mandó a matar a la gente en la UCA”. Ese es valiente. Yo le pregunté “bueno, ¿y los bombarderos?”. Y respondió, “yo mandaba los helicópteros, los aviones, el que tomaba las decisiones era el comandante que estaba a cargo”. Y tiene lógica. No digo que sea santo, pero esos son los que dan la cara.
La derogación de la Ley de Amnistía ha hecho júbilo en sectores de sociedad civil y algunas personas de izquierda. La gente que tiene el lado izquierdo del corazón es la que pide justicia, la que está alegre.
Hemos tenido conocimiento de que luego de esta sentencia, en privado, grandes empresarios de derecha a quienes les mataron familiares han expresado que ellos ya perdonaron a quienes cometieron estos crímenes y que no están dispuestos a abrir un proceso judicial…
Qué bueno, pero perdón es un proceso personal. No se impone por decreto ni por que el otro perdonó.
Pareciera que en algunos sectores de derecha, que sufrieron crímenes por parte de la guerrilla, hay más recepción al perdón que en el lado izquierdo.
Se perdonan entre los victimarios que tienen intereses. Si pido justicia por el otro vamos a tener conflicto no del país, sino que nosotros. Sí quiero meterme a la casa de aquel porque mató o mandó a matar y ahora es empresario o funcionario público mejor perdonémoslo. Las víctimas son las que tiene que perdonar sin más intereses que su dolor y dignidad.
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