amnistía

Un camino de esperanza. De Christian Salazar Volkmann

El Salvador está en un momento histórico. La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz le da la oportunidad de consolidar un proceso de reconciliación nacional. El escenario que se presenta requiere prudencia y calma de todos los actores, pero también el firme compromiso de escuchar y poner a las víctimas al centro de las acciones que se impulsen.

Christian Salazar Volkmann es el residente del sistema de Naciones Unidas en El Salvador

Christian Salazar Volkmann es el representante residente del sistema de Naciones Unidas en El Salvador

Christian Salazar Volkmann, 30 julio 2016 / LPG

En ese sentido, son valiosos los llamados a la sensatez realizados por el presidente de la República y diferentes sectores de la sociedad, como la Conferencia Episcopal Salvadoreña, que igualmente se pronuncian por la superación de la impunidad en favor de la justicia.

Un conjunto de procesos y mecanismos reconocido internacionalmente para reconstruir el tejido social dañado por la violencia e intolerancia es la justicia transicional. Este proceso se inició con los Acuerdos de Paz, por ejemplo con la creación de la Comisión de la Verdad. Tras casi 25 años desde la firma de los Acuerdos, la sociedad salvadoreña y su liderazgo tienen la posibilidad de continuar en ese camino, ya recorrido también por otros países que han enfrentado conflictos armados internos, con otras naciones o estados totalitarios.

La justicia transicional se basa en una serie de principios fundamentales. Supone resolver crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos a través del conocimiento de la verdad, la determinación y asunción de responsabilidades, la impartición de justicia, las garantías de no repetición y, en los casos en que ha sido decidido libremente por las víctimas, el perdón. Mediante la aplicación de estos principios se busca realizar las la prensa graficaaspiraciones de las víctimas de conocer la verdad y sus derechos a la reparación así como evitar que crímenes graves queden impunes. La implementación de la justicia transicional, por tanto, debe basarse en un proceso intenso de diálogo con las víctimas y en mecanismos que aseguren que sus voces serán escuchadas y sus demandas, tomadas en cuenta. Al mismo tiempo, requiere un fortalecimiento especial del sistema de justicia para que pueda cumplir con el reto de investigar y sancionar delitos de gran magnitud que se cometieron muchos años atrás y en condiciones de conflicto armado. Este camino de verdad, justicia y reparación abre la oportunidad para una sólida reconciliación.

Fortalecer el sistema de justicia –incluidos tribunales, Fiscalía, Policía, sistemas de información y el acceso a una buena defensa– no solo es importante para el funcionamiento de la justicia transicional y para delinear un futuro distinto, construido sobre la base de la memoria histórica. También coloca a El Salvador en mejor posición para enfrentar más eficazmente la violencia y la inseguridad y reducir los altos índices de impunidad.

Las Naciones Unidas han acompañado al país en su proceso de paz por más de dos décadas. La forma en que El Salvador finalizó la guerra civil mediante el diálogo demuestra su aptitud excepcional de resiliencia. Ahora que está por conmemorar los 25 años de la firma de la paz, ratificamos nuestro compromiso de apoyar su determinación de impulsar la reconciliación y la reparación integral a las víctimas. Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos actuales de promover el desarrollo sostenible para superar la pobreza, desigualdad, inseguridad y destrucción ambiental. Lo hacemos con convicción y mística, porque creemos en El Salvador y su gran capacidad institucional para afrontar los retos del pasado, presente y futuro. Como dijo el cantor citado por el secretario general, Ban Ki-Moon, durante su visita del año pasado: “El Salvador tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad”.

 

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Sala Constitucional abre puerta a justicia transicional

Los magistrados dicen que sentencia da oportunidad de reparar daños a víctimas de crímenes de lesa humanidad y que no se buscan actos de venganza.

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Cristian Meléndez, 23 julio 2016 / LPG

la prensa graficaLos magistrados Florentín Meléndez y Sídney Blanco, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresaron ayer que con la derogatoria de la Ley de Amnistía que se aprobó en 1993 sigue vigente la Ley de Reconciliación Nacional, cuerpo jurídico que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en 1992 luego de la Firma de los Acuerdos de Paz con la que se puso fin a 12 años de guerra.

En ese sentido, el magistrado Meléndez explicó por qué en la sentencia donde se anuló la Ley de Amnistía de 1993 se evoca a la justicia transicional, y dijo que, más que una herramienta para penalizar casos, lo que se busca es que se reparen los daños que sufrieron las víctimas del conflicto armado.

“Hemos determinado en la sentencia la alternativa de solución de este conflicto, porque es un conflicto jurídico político sobre la base de mecanismos de la justicia transicional… Nosotros estamos buscando en la sentencia mecanismos de solución alternos a la justicia penal, que es la justicia transicional: (que consiste en reparar) derechos de las víctimas, reparación integral de las víctimas en ambos bandos en los más graves crímenes”, explicó Meléndez.

De acuerdo con el magistrado, esto implica que lo que no podía seguir cubierto bajo la amnistía de 1993 son los casos de crímenes de lesa humanidad que se recogen en el Informe de la Comisión de la Verdad.

En la sentencia donde declararon inconstitucional la Ley de Amnistía, los magistrados recurren en cinco ocasiones a los alcances que puede haber en el país al aplicar la justicia transicional.

En la resolución se recoge que, con el ánimo de que el interés público logre una adecuada transición política hacia la paz y la reconciliación nacional, en situaciones de posconflicto como la experimentada en nuestro país, los legisladores deben, en toda circunstancia, garantizar la vigencia efectiva de la Constitución y del derecho internacional tomando en cuenta parámetros de la justicia transicional.

“(Los magistrados) estamos dispuestos a explicar la sentencia. Nos interesa que las tres sentencias queden claramente explicadas a toda la población”, afirmó el magistrado Blanco.

Ambos magistrados dieron esas declaraciones luego de una reunión que organizaron diferentes medios de comunicación para conocer sobre el fallo de la sala.

Por otra parte, el magistrado Meléndez agregó que con la sentencia que invalida la Ley de Amnistía no buscan que se den actos de venganza entre los actores del conflicto armado.

Buscar reconciliación

Meléndez expresó que es necesario buscar métodos para que en el país exista una verdadera cultura de reconciliación y perdón.

“Si queremos buscar la paz y la reconciliación, tenemos que buscar la verdad y el perdón sobre la base de la Constitución y el derecho internacional; por lo tanto, uno de los efectos de la anulación de la Ley de Amnistía de 1993 es dejar vigente la ley que se pactaron en la Asamblea Legislativa los diputados recién firmada la paz (Ley de Reconciliación)”, agregó el magistrado Meléndez.

El funcionario reiteró que lo que buscan es que prevalezca “la fuerza de la Constitución” y que se respete el derecho a la vida y a la justicia de las víctimas de los crímenes que se cometieron en la guerra para que no haya impunidad, lo que se puede resarcir por medio de la justicia transicional.

En ese sentido, los magistrados hicieron un llamado a que todos los sectores del país se sumen a buscar, mediante el diálogo, los acuerdos que permitan afrontar de forma adecuada todas las consecuencias que se deriven de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, aunque hicieron énfasis en que no se trata de “abrir heridas ni venganzas”.

“No hay que ver un trauma en esto, tenemos que verlo como una oportunidad de oro para que los grandes actores de la vida nacional, no solo los políticos, sino que los gobernantes, los dirigentes sindicales, los sectores empresariales, todos los que conducimos este país. Los jueces, los que tenemos responsabilidad de conducir este país, nos sentemos a dialogar, a buscar consensos, a buscar la reconciliación”, dijo Meléndez.

 

Magistrados razonan fallo sobre amnistía

23 julio 2016 / EDH

diario hoyLa Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llamó a los salvadoreños, especialmente a los políticos, a ver las últimas sentencias que ha emitido como una oportunidad para lograr una verdadera reconciliación nacional, reivindicar los derechos de las víctimas de los crímenes más graves de la guerra por medio una “justicia transicional” y erradicar la impunidad.

Los miembros de la Sala, Armando Pineda (presidente), Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz (suplente) fueron invitados ayer por directores de diferentes medios de comunicación a exponer sentencias recientes: la que abolió la Ley de Amnistía de 1993, la que inhabilitó a los diputados suplentes y la que suspendió la aplicación del cargo adicional del 13 % a la tarifa de electricidad.


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Al salir del encuentro, los magistrados Meléndez y Blanco explicaron que no es cierto que el país se haya quedado sin amnistía, sino que se declaró inconstitucional la promulgada en 1993, porque la Constitución y los tratados internacionales no permiten un perdón total, como era ese.

Por eso quedó vigente la amnistía  de 1992, que excluye los casos más graves o de lesa humanidad.

“No se ha derogado la amnistía, porque se crearía incertidumbre y una tormenta… pero los hechos más graves, como los crímenes de lesa humanidad y las peores atrocidades, no pueden quedar incluidos en una amnistía”, aclararon los jueces constitucionalistas.

Los magistrados recordaron que en la guerra de los 80 fueron atribuidas atrocidades o crímenes de lesa humanidad tanto la Fuerza Armada como la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido ahora en el gobierno.

El secretario general del FMLN, Medardo González, arremetió el jueves contra la Sala por la sentencia y se declaró “ofendido” porque en la sentencia se establece que la exguerrilla también cometió asesinatos y atrocidades.

Pero el mismo informe de la Comisión de la Verdad, formada con el auspicio de Naciones Unidas, expone al menos 32 hechos muy graves atribuidos tanto a la FAES como al FMLN.

Ante esto, con la sentencia lo que se busca es “la reparación integral a las víctimas de ambos bandos en los crímenes más graves”, explicó el magistrado Meléndez.

Medidas de reparación

Para ello, en la resolución se presenta una serie de mecanismos de “justicia transicional”, como una alternativa a la justicia penal, es decir, que permiten la reparación de daños a las víctimas sin que los hechores tengan necesariamente que ir a la cárcel, pero sin que ellos o el Estado deban  responder de otra manera.

Según la sentencia, estas medidas son: el restablecimiento o restitución de los derechos conculcados; el resarcimiento; la compensación de los daños ocasionados; la indemnización de daños y perjuicios; la rehabilitación y readaptación de la víctima; la satisfacción y reivindicación de las víctimas; las garantías de no repetición y  el conocimiento público de la verdad.

“Se han planteado mecanismos de la justicia transicional para lograr la reconciliación, la paz, el reencuentro nacional de la sociedad, tomando en cuenta a las víctimas de los crímenes más atroces cometidos por ambas partes”, insistieron.

“No hay nada de venganza. La sociedad salvadoreña debe estar tranquila de que la Sala se ha preocupado también por dar otra alternativa diferente a la persecución penal”, subrayó.

“No hay que ver un trauma en esto; no hay que ver tormentas donde no las hay. No estamos levantando el odio ni abriendo heridas con la sentencia, sino haciendo prevalecer la fuerza de la Constitución, que se respete el derecho a la vida, el derecho a la justicia que tienen las víctimas de los peores crímenes que se cometieron en la guerra para que no haya impunidad”, agregaron los jueces.

Subrayaron que lo que se busca es sentar un precedente  para que se no se vuelvan a cometer crímenes de este tipo y que todos sepan que las peores atrocidades deben ser investigadas y llegar a la verdad.

“Lo que se busca es curar las heridas que nunca se curaron y cerrar esa página en beneficio del país, lograr que haya reconciliación nacional, que haya perdón, que haya arrepentimiento, para que dejemos un legado a las futuras generaciones”, enfatizaron.

Diputados suplentes no fueron electos

Sobre el fallo que inhabilita a los diputados suplentes, el magistrado Meléndez explicó que es el pueblo el que dispone quién va a ser diputado y quién emitirá leyes y puede reformar la Constitución; es decir, los diputados propietarios, no los suplentes, que nunca han sido electos por el pueblo.

A su juicio, lo que se dijo en la sentencia sobre los diputados suplentes no está produciendo ninguna desestabilización.

“El pueblo elige a los diputados propietarios para que trabajen en las comisiones y en las plenarias y, si eventualmente se ausentan por una razón legítima, tienen que justificarlo. Eso dice la Constitución. Pueden hacer uso de otros mecanismos legislativos para poder subsanar los vacíos cuando un propietario tenga que ausentarse”, explicó.

Como ejemplo citó que en la Corte Suprema hay 15 magistrados propietarios que diariamente acuden a reuniones de las distintas salas o de plenarias del máximo tribunal.

“Esa también es la obligación de los diputados propietarios con su pueblo, con los que hemos votado por ellos: que vayan a trabajar a la Asamblea todos los días y pueden contar con el apoyo de los suplentes como asesores, pero estos no pueden intervenir en actos eminentemente legislativos”, aclaró.

“Es el pueblo el soberano en este país, no los partidos políticos”, enfatizó.

Reuniones con otros sectores

Los magistrados afirmaron que, además de los directores de medios, se han reunido con la Conferencia Episcopal y próximamente lo harán con los rectores de las universidades, representantes de la Iglesia Evangélica y de otros sectores.

Los jueces constitucionalistas explicaron que su colega se disculpó de acompañarlos para que en las exposiciones no se produjeran malentendidos que confundieran a la opinión pública.

Cuéllar: La amnistía es para los valientes que respetan las leyes de la guerra no para los cobardes

La decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía del 1993 ha provocado un complejo y controversial debate. Hemos documentado este intercambio de opiniones, publicando artículos con argumentos en pro y en contra de la sentencia, y lo seguiremos haciendo. Pronto este debate debe concentrarse en dar respuesta a la pregunta principal: ¿Y ahora, cómo cumplir esta sentencia?

Segunda Vuelta

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Irvin Marroquín, 21 julio 2016 / TVX

Screen Shot 2016-07-22 at 11.17.51 AMBenjamín Cuéllar es uno de los primeros que presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Amnistía en los años 90. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de esa época no se la admitieron con el argumento de que “era un asunto político y que lo tenía que resolver la Asamblea Legislativa”, afirma el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.

Casi un cuarto de siglo después, con la firma de cuatro magistrados de esta instancia judicial, se invalidó una ley que había sido el argumento del sistema de justicia salvadoreño para dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

La clase política del país ha quedado desconcertada con la sentencia. Algunos incluso, como el diputado del PDC, Rodolfo Parker, han expresado la necesidad de aprobar otra amnistía. El informe de la Comisión de la Verdad señala a este legislador de haber alterado declaraciones para ocultar la responsabilidad de altos mandos de la Fuerza Armada involucrados en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras.

Por su parte, el FMLN ha reaccionado escuetamente sobre esta inconstitucionalidad. En medio de las otras sentencias que emitió la Sala —como la invalidez de los $900 millones y la suspensión temporal del cobro del 13% a la tarifa eléctrica— han dicho que esto es un preámbulo para un golpe de Estado suave.

El mismo presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien cuando era jefe de fracción de su partido solicitó acaloradamente la derogatoria de la Amnistía, dijo que las “resoluciones de la Sala de lo Constitucionalidad no se ubican ante verdaderos problemas del país y lejos de resolver la problemática diaria de los salvadoreños, la agudiza”.

A Cuéllar no le sorprende el cambio de postura del partido de izquierda y rechaza la idea de un golpe de Estado suave.

A pesar de ello, no le suena descabellado una segunda amnistía. Afirma que esa amnistía debe contemplar procesos de justicia transicional en donde las víctimas, si así lo quieren, puedan indultar a los victimarios.

Sin embargo, retoma el planteamiento del reconocido jurista costarricense, Rodolfo Piza Escalante, quien afirmaba que la amnistía debe ser concedida a los valientes, esos que durante las guerras respetan el derecho internacional humanitario y no cometen crímenes de lesa humanidad.

¿Qué significa para el país la invalidez de la Ley de amnistía?

La posibilidad de llegar a ser un país normal, decente. Para mí es un país donde funcionan las instituciones, donde no se distingue quién es el victimario y quién es la víctima para hacer justicia o para no impartirla.

Otra posibilidad que se presenta es la oportunidad para que la gente recupere su protagonismo, las víctimas. En la década de 1970 a 1980  tuvieron ese protagonismo en condiciones de represión brutal, deben recuperarlo porque sino esto no va a cambiar.

Será mayor la presión de los victimarios, esto puede ser chantaje al sistema de justicia pero la presión de las víctimas es justa, es legal y tiene que ser presión de la buena, exigir el cumplimiento de sus derechos. También puede bajar la polarización que se vive en el país.

¿Cómo evalúa la reacción, casi nula, de la clase política de nuestro país ante la resolución?

Por los $900 millones sí se pronunciaron. Pero por esto no, porque tienen un problema.  ARENA no se pronuncia muy fuerte, han salido diciendo que se decrete otra amnistía. Tiene que ser una amnistía para los valientes, aquellos que en la guerra respetan las leyes, no para aquellos cobardes que matan niños en el Mozote, en el Sumpul o que entran a una universidad a matar curas, esos cobardes no merecen amnistía.

ARENA y la ANEP le aplauden a la Sala de lo Constitucional lo del 13% y los $900 millones y el Gobierno cuando era oposición apoyaba la derogación de la Ley de Amnistía. El que era jefe de fracción era Salvador Sánchez Cerén.

Lorena Peña dijo que eso afectaba a los militares  porque los comandantes no habían cometido ninguna violación de derechos humanos. ¿Realmente se lo cree? , pues tenemos los casos de la Zona Rosa o  las hijas del fiscal García que dejaron de estudiar por la muerte de él, así que no me vengan a decir que no han matado.

Mi hija hizo el borrador de la demanda, la de la prescripción sobre crímenes de lesa humanidad. Ella está haciendo su tesis acerca de este tema y ella tuvo que salir corriendo del país porque la amenazaron. Un día antes que yo fuera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llegaron  a tirar un cuerpo en la noche, creyeron que estaba muerto pero solo estaba sedado. Se lo llevaron al hospital y  a los días lo dejaron libre, no investigaron nada.

Cuando yo le dije al general director (de la PNC) Salinas de la policía, él me contestó que era una señal la que se me estaba enviado… ¡Obviamente que era una señal pero yo quería saber quién me la mandó, que lo metieran a la cárcel!

¿Cómo ve el escenario en el que se da esta inconstitucionalidad? Es decir, en el segundo gobierno del FMLN, los comandantes están en el Ejecutivo. Su postura se ha matizado en comparación cuando eran oposición…

En qué el FMLN no ha cambiado de postura en cosas importantes. Me acuerdo que uno de los grandes logros era desmilitarizar las tareas de seguridad pública e incluso dejar una reserva. Para ellos, los militares debían desaparecer, pero cuántos militares hay involucrados en tareas de seguridad. Criticaban a ARENA cuando sacaban a los militares, a eso se le puede llamar incoherencia.

¿Qué escenarios abre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía?

Que funcionen realmente las instituciones de este país, en esto me baso en  los Acuerdos de Paz, que se habla de superar la impunidad y dice que los casos de graves de violaciones a los derechos humanos se deben dar a conocer y enjuiciar a los que cometieron delitos sin importar a qué sector pertenecen.

Los casos en los que hay información en la Comisión de la Verdad deben ser judicializados. Si las víctimas quieren perdonar, que pidan el indulto; pero  que las víctimas conozcan y que si es posible encuentren a sus seres queridos desaparecidos. Las víctimas deben exigir justicia, porque sino, el sistema judicial no se los va a dar.

El mensaje que deberían lanzar es que no importa quién sea la víctima o el victimario, si cometió el delito debe ser procesado, seguir el debido proceso, asimismo, asegurar garantías judiciales, un juicio justo.

¿Qué significa la justicia en este país después de casi 25 años de los Acuerdos de Paz?

Sanar el cuerpo y el dolor de este país porque las heridas cuando permanecen abiertas se infectan y este cuerpo social llamado El Salvador está infectado.

El Diputado Rodolfo Parker hablaba de crear una nueva Ley de Amnistía ¿cuál es su posición? ¿Es posible esto?

Que nos avisen y nosotros la formulamos. Ya  tenemos una propuesta más o menos estructurada. Fuimos a presentar una pieza de correspondencia para que se creara una comisión y se estudiara, pero ningún diputado la quiso aceptar.

La Sala dice que no se admite una propuesta similar que viole los estándares internacionales en materia de amnistía. Pero como yo les decía, la amnistía es para los valientes que respetan las leyes de la guerra, no para los cobardes.

La propuesta que nosotros hemos elaborado consiste en formas de justicia transicional, es decir, que la gente que quiera ir a los tribunales que vaya a denunciar este tipo de crímenes que ha establecido la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ósea, crímenes contra la humanidad. Las desapariciones, imagínense, dicen que son alrededor de ocho mil, pero yo creo que deben ser más, porque no toda la gente denunciaba. O los casos de tortura, las masacres…

En nuestra propuesta se dice que se cree una ley que contemple una verdadera reconciliación nacional, que realmente se sanen las heridas y no hacerse cirugía plástica para no recordar lo que pasó.

Primero que se judicialicen los casos de la Comisión de la Verdad. Segundo, formas de justicia restaurativas: el Estado debe generar espacios para que las víctimas sean escuchadas y los victimarios también. Que lleguen y se arrepientan que digan “yo participé  en los escuadrones de la muerte, me llevé a su hijo y la voy a llevar a donde están los restos y le pido perdón” y la víctima decida si perdonarlo o no, pues el perdón es algo personal. Tercero, hacer convenios con universidades para que practicantes apoyen a la Fiscalía y todo el Órgano judicial en la resolución de los casos.

Todo eso estructurarlo en una ley, no como el acto que hizo Funes que era para la foto y para que digan que era el gran presidente que pidió disculpas en los casos de Monseñor Romero, el Mozote y caso UCA.

En el caso del Mozote, ¿le hicieron caso cuando dijeron que dejaran de honrar a los violadores? ¿Quién era el ministro de Defensa? El general José  Atilio Benítez… Incluso en La Prensa Gráfica dijo que se iba a crear una comisión que investigara. Y terminó diciendo que Monterrosa era un héroe porque defendió los intereses del país. Eso es desacato. ¿Y por desacatar la orden cómo lo premiaron? Lo mandaron a España y después lo mandaron a Alemania. Y lo mantienen todavía a pesar de lo que pasó con las armas robadas y traficadas.

Con respecto a su propuesta de otra Ley de Amnistía…

Presentamos una pieza de correspondencia. Con esto que ha pasado, vamos a estructurar la propuesta. La amnistía se puede dar después de un conflicto armado. Es algo aceptado por el derecho, pero no se puede dar para los que violaron los derechos humanos.

En esta propuesta, ¿contemplan las condenas de cárcel por violar los derechos humanos?

Sí, pero pueden ser menos si se sigue este proceso que le planteaba. El efecto ejemplarizante no es solo para que funcionen las instituciones, sino creando esos espacios de justicia restaurativa, escuchando a las víctimas y escuchando a los victimarios. Al ver que se ha hecho justicia, puede ser que muchos victimarios digan yo voy a ir a confesar y pedir perdón. Perdón al que pide perdón. Eso descongestionaría el sistema de justicia.

Es para que la gente que diga yo quiero que se vaya al tribunal y no son solo los casos de la Comisión de la Verdad. Son casos como las víctimas de Mayo Sibrián, la Masacre del Sumpul, por ejemplo.

¿Cree que puede haber una utilización hacia las víctimas por parte de algunos sectores para atacar a sus adversarios políticos?

Yo decía, cuando Funes iba de candidato, el cambio que viene va a ser un cambio de cancha. Cada uno adoptó las mismas mañas de oposición y de Gobierno. Ambos se tienen pateadas las colas.

Hay una especie de temor al interior del FMLN que con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía nos quedemos sin presidente…

En Guatemala se quedaron sin presidente. Hay mecanismos para sustituir al presidente. ¿Y por qué se quedaron sin presidente? Porque cometió graves delitos de corrupción. Y se quedaron sin vicepresidente y sin un montón de funcionarios; y están en la cárcel. ¿Cuál es el problema? Esas son patadas de ahogado.

La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía le da una gran preponderancia a los crímenes que aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad, pero ¿qué suceden con los delitos que se cometieron en la preguerra? Pongo dos ejemplos, el caso de Roque Dalton y el de Roberto Poma

Me decía Martín Claramont —el hijo de Ernesto Claramont, el candidato presidencial de 1977 por la Unión Nacional Opositora (UNO)— ¿y lo que hizo Molina en la Plaza Libertad el 28 de febrero de 1977 se puede denunciar?  No he leído la sentencia, pero no creo que establezca temporalidad. Espero que no.

En el caso de Mayo Sibrián(Comandante guerrillero del frente paracentral), cuando era candidato a la vicepresidente Salvador Sánchez Cerén en el contexto de la presentación de su libro “Con sueños se escribe la vida: autobiografía” daba a entender que la misma cúpula del FMLN había tomado la justicia por sus manos y decidieron fusilarlo.

¿Y eso qué? ¿Qué les da a las víctimas? Que decidan fusilarlos, ¿en qué le repara los daños causados a las víctimas? Que digan que estaba loco, eso no es atenuante. Lo que pasa allí es que sabían que lo estaba haciendo (las órdenes de asesinato en contra de guerrilleros y civiles en San Vicente) y no lo detuvieron. Incluso, me han contado que, lo mandó a llamar Salvador Sánchez Cerén, comandante de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), y lo regresó. Y siguió matando.

En el caso de Roque Dalton, Jorge Meléndez dijo: Yo no recuerdo un asesinato, yo lo que recuerdo es un juicio político en el que resultó víctima Roque Dalton…

Joaquín Villalobos dice que ese no fue un juicio. Hace poco dijo (Jorge Meléndez) que no lo había conocido (a Roque Dalton)…

Estos mecanismos que son muy internos de células guerrilleras, ¿también pueden ser juzgados con la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía?

El caso de Mélida Anaya Montes se dirimió en los tribunales de Nicaragua y era una purga.

Se cree que la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, era condición para firmar los Acuerdos de Paz.

Cuando se menciona la amnistía es en el informe de la Comisión de la Verdad y dice que no se puede pronunciar porque eso tendría que verse con el sistema de justicia; y ese sistema de justicia ha sido cómplice de esas atrocidades, y que había que depurarlo. Y si ahora me dicen que no tienen capacidad para hacerlo, me dicen que estamos igual que hace 23 años.

Si bien la Ley de Amnistía fue algo que terminó aprobando la derecha en la Asamblea Legislativa, tengo entendido que el FMLN sabía que eso iba a suceder, es decir, ¿el FMLN no está exento de culpa?

Era acuerdo debajo de la mesa. Cuando aprobaron la Ley de Amnistía pueden decir que el FMLN no estaba en fracción legislativa. Sí, pero era más que eso. Era la otra parte firmante de los acuerdos que tenía que exigir el cumplimiento de los acuerdos y tenía el apoyo de las Naciones Unidas. ¿Por qué no lo hizo?

Hay muchas críticas negativas y positivas hacia la Sala de lo Constitucional. Para usted, ¿qué significa la Sala?

El control constitucional de todos los actos que se dan tanto en el Gobierno como fuera del Gobierno. Primer ejemplo, ¿qué tenía que ver la Sala de lo Constitucional con el premio aquel que La Prensa Gráfica no quería entregar en aquel mundial de Francia (1998)? Pues había violado la Constitución. Lo que pasa es que nunca una Sala de lo Constitucional lo había hecho.

La primera demanda de inconstitucionalidad (en contra de la Ley de Amnistía) la presentó Ana María Rivas, directora del Socorro Jurídico Cristiano, y Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, inmediatamente después de que se aprobará la Ley de Amnistía.

¿Qué dijo la Sala de lo Constitucional cuando la presentamos? Que no la admitía. ¿Cuál fue el argumento? Que era un asunto político y que lo tenía que resolver la Asamblea Legislativa. O sea, así han sido las salas de lo Constitucional.

Yo una vez les dije en su cara a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, “yo a ustedes no les voy a decir ni magníficos ni fantásticos, lo que más les puedo conceder es que son raros”, porque es raro que una Sala de lo Constitucional haga lo que están haciendo. Han cometido errores, sobre todo políticos en la celeridad de sentencias; ¿pero que han resuelto con base a la Constitución? Sí.

Ya que menciona que han tenido errores políticos, ¿cree que tienen razón cierta ortodoxia del FMLN que este es un preámbulo de un golpe de Estado?

Entonces, ¿yo soy golpista? Porque critico y señaló y todo. Eso es para el voto duro, como el pensamiento propio es prohibido; el pensamiento único es “el golpe de Estado”.

Uno de los pesos de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía recae en la Fiscalía General de la República. ¿Cuál debe ser el primer paso que dé el Ministerio Público?

Pedir los archivos de la Comisión de la Verdad y trabajar esos casos. El otro también sería que las demandas que nosotros como IDHUCA presentamos son decenas y decenas. Que las mueva.

Es decir, que de alguna manera ya tiene trabajo ahorrado porque muchos casos están documentados…

Al menos con declaraciones para indicios. La de Ochoa Pérez, la masacre de Santa Marta, la presentamos en el 2003. Hay un testigo de Estados Unidos que estaba en esa masacre y que grabó incluso, y ya fue a declarar a la Fiscalía.

La resolución de la Sala plantea la necesidad de crear una entidad para dar a conocer estos casos a la población. Algunos hablan que será la primera piedra para la constitución de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, tal como la creada en Guatemala. Hay gente que ve mal esta instancia y otra que lo ve bien, ¿cómo la evalúa usted?

Yo lo veo conveniente que se creara la comisión al igual que Guatemala. Aunque no es el paraíso, es parte del triángulo norte… pero es la parte que mejor esta del triángulo norte. Sigue teniendo violencia, pero 30 muertes violentas por cada cien mil habitantes el año pasado y El Salvador cerró con 106 muertes violentas. Además, la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) no investiga, acompaña la investigación, apoya la investigación ya que esta la lleva la Fiscalía, eso se llama aprendizaje en el terreno.

¿Cuál es el nuevo escenario que se enfrenta en el caso de los jesuitas?

 Tendría que leer la sentencia para ver si es posible agarrarse de algo para procesarlos acá, yo estaría feliz con eso. El Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional en Madrid España funciona, no me interesa que se resuelva allá, interesa que se resuelva acá y que funcionen acá y tengan el efecto ejemplarizante. Yo estaría feliz que fuera acá. Yo lo dije varias veces antes (que vinieran las ordenes de captura internacionales) que la mejor forma de evitar la extradición es que lo juzguen aquí, pero que los juzguen en serio.

A un argentino, no recuerdo el nombre, lo pidió Garzón. Iba de México para Madrid. Los argentinos dijeron “esperece, señor Garzón, mándelo para acá que acá será juzgado” y ahí lo juzgaron y está condenado.

Usted como parte de los autores que han pedido justicia por el caso jesuitas, ¿pediría el indulto de los involucrados en la masacre de la UCA?

Apoye a José María Tojeira en 1992 cuando pidió el indulto para Guillermo Benavides y Yussi Mendoza.

¿Por qué pidieron ese trámite de indulto solo para ellos dos?

Porque decíamos que ya se juzgaron. No estamos de acuerdo con el resultado, pero ya hubo justicia, aunque no nos guste. Los que confesaron que remataron a la niña, Celina Ramos, y a la mamá, Elba Ramos, salieron inocentes. Esa es una de las partes fraudulentas. Entonces a estos (Benavides y Mendoza) los habían condenado. Entonces, se pidió el indulto. Es la demostración de generosidad de las víctimas que no están buscando venganza.

Yo si pudiera sacar a Bustillo de la querella, lo sacaría, porque él llego a dar la cara y dijo: “Yo quiero juicio. Yo no quiero amnistía ni presunción como argumentos para mi defensa. Yo quiero limpiar mi nombre”. Y me dijo también, “yo no quiero que cuando esté muerto pasen a la par y vean la placa y digan este es uno de los que mandó a matar a la gente en la UCA”. Ese es valiente. Yo le pregunté “bueno, ¿y los bombarderos?”. Y respondió, “yo mandaba los helicópteros, los aviones, el que tomaba las decisiones era el comandante que estaba a cargo”. Y tiene lógica. No digo que sea santo, pero esos son los que dan la cara.

La derogación de la Ley de Amnistía ha hecho júbilo en sectores de sociedad civil y algunas personas de izquierda. La gente que tiene el lado izquierdo del corazón es la que pide justicia, la que está alegre.

Hemos tenido conocimiento de que luego de esta sentencia, en privado, grandes empresarios de derecha a quienes les mataron familiares han expresado que ellos ya perdonaron a quienes cometieron estos crímenes y que no están dispuestos a abrir un proceso judicial…

Qué bueno, pero perdón es un proceso personal. No se impone por decreto ni por que el otro perdonó.

Pareciera que en algunos sectores de derecha, que sufrieron crímenes por parte de  la guerrilla, hay más recepción al perdón que en el lado izquierdo.

Se perdonan entre los victimarios que tienen intereses. Si pido justicia por el otro vamos a tener conflicto no del país, sino que nosotros. Sí quiero meterme a la casa de aquel porque mató o mandó a matar y ahora es empresario o funcionario público mejor perdonémoslo. Las víctimas son las que tiene que perdonar sin más intereses que su dolor y dignidad.