Sala Constitucional abre puerta a justicia transicional

Los magistrados dicen que sentencia da oportunidad de reparar daños a víctimas de crímenes de lesa humanidad y que no se buscan actos de venganza.

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Cristian Meléndez, 23 julio 2016 / LPG

la prensa graficaLos magistrados Florentín Meléndez y Sídney Blanco, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresaron ayer que con la derogatoria de la Ley de Amnistía que se aprobó en 1993 sigue vigente la Ley de Reconciliación Nacional, cuerpo jurídico que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en 1992 luego de la Firma de los Acuerdos de Paz con la que se puso fin a 12 años de guerra.

En ese sentido, el magistrado Meléndez explicó por qué en la sentencia donde se anuló la Ley de Amnistía de 1993 se evoca a la justicia transicional, y dijo que, más que una herramienta para penalizar casos, lo que se busca es que se reparen los daños que sufrieron las víctimas del conflicto armado.

“Hemos determinado en la sentencia la alternativa de solución de este conflicto, porque es un conflicto jurídico político sobre la base de mecanismos de la justicia transicional… Nosotros estamos buscando en la sentencia mecanismos de solución alternos a la justicia penal, que es la justicia transicional: (que consiste en reparar) derechos de las víctimas, reparación integral de las víctimas en ambos bandos en los más graves crímenes”, explicó Meléndez.

De acuerdo con el magistrado, esto implica que lo que no podía seguir cubierto bajo la amnistía de 1993 son los casos de crímenes de lesa humanidad que se recogen en el Informe de la Comisión de la Verdad.

En la sentencia donde declararon inconstitucional la Ley de Amnistía, los magistrados recurren en cinco ocasiones a los alcances que puede haber en el país al aplicar la justicia transicional.

En la resolución se recoge que, con el ánimo de que el interés público logre una adecuada transición política hacia la paz y la reconciliación nacional, en situaciones de posconflicto como la experimentada en nuestro país, los legisladores deben, en toda circunstancia, garantizar la vigencia efectiva de la Constitución y del derecho internacional tomando en cuenta parámetros de la justicia transicional.

“(Los magistrados) estamos dispuestos a explicar la sentencia. Nos interesa que las tres sentencias queden claramente explicadas a toda la población”, afirmó el magistrado Blanco.

Ambos magistrados dieron esas declaraciones luego de una reunión que organizaron diferentes medios de comunicación para conocer sobre el fallo de la sala.

Por otra parte, el magistrado Meléndez agregó que con la sentencia que invalida la Ley de Amnistía no buscan que se den actos de venganza entre los actores del conflicto armado.

Buscar reconciliación

Meléndez expresó que es necesario buscar métodos para que en el país exista una verdadera cultura de reconciliación y perdón.

“Si queremos buscar la paz y la reconciliación, tenemos que buscar la verdad y el perdón sobre la base de la Constitución y el derecho internacional; por lo tanto, uno de los efectos de la anulación de la Ley de Amnistía de 1993 es dejar vigente la ley que se pactaron en la Asamblea Legislativa los diputados recién firmada la paz (Ley de Reconciliación)”, agregó el magistrado Meléndez.

El funcionario reiteró que lo que buscan es que prevalezca “la fuerza de la Constitución” y que se respete el derecho a la vida y a la justicia de las víctimas de los crímenes que se cometieron en la guerra para que no haya impunidad, lo que se puede resarcir por medio de la justicia transicional.

En ese sentido, los magistrados hicieron un llamado a que todos los sectores del país se sumen a buscar, mediante el diálogo, los acuerdos que permitan afrontar de forma adecuada todas las consecuencias que se deriven de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, aunque hicieron énfasis en que no se trata de “abrir heridas ni venganzas”.

“No hay que ver un trauma en esto, tenemos que verlo como una oportunidad de oro para que los grandes actores de la vida nacional, no solo los políticos, sino que los gobernantes, los dirigentes sindicales, los sectores empresariales, todos los que conducimos este país. Los jueces, los que tenemos responsabilidad de conducir este país, nos sentemos a dialogar, a buscar consensos, a buscar la reconciliación”, dijo Meléndez.

 

Magistrados razonan fallo sobre amnistía

23 julio 2016 / EDH

diario hoyLa Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llamó a los salvadoreños, especialmente a los políticos, a ver las últimas sentencias que ha emitido como una oportunidad para lograr una verdadera reconciliación nacional, reivindicar los derechos de las víctimas de los crímenes más graves de la guerra por medio una “justicia transicional” y erradicar la impunidad.

Los miembros de la Sala, Armando Pineda (presidente), Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz (suplente) fueron invitados ayer por directores de diferentes medios de comunicación a exponer sentencias recientes: la que abolió la Ley de Amnistía de 1993, la que inhabilitó a los diputados suplentes y la que suspendió la aplicación del cargo adicional del 13 % a la tarifa de electricidad.


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Al salir del encuentro, los magistrados Meléndez y Blanco explicaron que no es cierto que el país se haya quedado sin amnistía, sino que se declaró inconstitucional la promulgada en 1993, porque la Constitución y los tratados internacionales no permiten un perdón total, como era ese.

Por eso quedó vigente la amnistía  de 1992, que excluye los casos más graves o de lesa humanidad.

“No se ha derogado la amnistía, porque se crearía incertidumbre y una tormenta… pero los hechos más graves, como los crímenes de lesa humanidad y las peores atrocidades, no pueden quedar incluidos en una amnistía”, aclararon los jueces constitucionalistas.

Los magistrados recordaron que en la guerra de los 80 fueron atribuidas atrocidades o crímenes de lesa humanidad tanto la Fuerza Armada como la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido ahora en el gobierno.

El secretario general del FMLN, Medardo González, arremetió el jueves contra la Sala por la sentencia y se declaró “ofendido” porque en la sentencia se establece que la exguerrilla también cometió asesinatos y atrocidades.

Pero el mismo informe de la Comisión de la Verdad, formada con el auspicio de Naciones Unidas, expone al menos 32 hechos muy graves atribuidos tanto a la FAES como al FMLN.

Ante esto, con la sentencia lo que se busca es “la reparación integral a las víctimas de ambos bandos en los crímenes más graves”, explicó el magistrado Meléndez.

Medidas de reparación

Para ello, en la resolución se presenta una serie de mecanismos de “justicia transicional”, como una alternativa a la justicia penal, es decir, que permiten la reparación de daños a las víctimas sin que los hechores tengan necesariamente que ir a la cárcel, pero sin que ellos o el Estado deban  responder de otra manera.

Según la sentencia, estas medidas son: el restablecimiento o restitución de los derechos conculcados; el resarcimiento; la compensación de los daños ocasionados; la indemnización de daños y perjuicios; la rehabilitación y readaptación de la víctima; la satisfacción y reivindicación de las víctimas; las garantías de no repetición y  el conocimiento público de la verdad.

“Se han planteado mecanismos de la justicia transicional para lograr la reconciliación, la paz, el reencuentro nacional de la sociedad, tomando en cuenta a las víctimas de los crímenes más atroces cometidos por ambas partes”, insistieron.

“No hay nada de venganza. La sociedad salvadoreña debe estar tranquila de que la Sala se ha preocupado también por dar otra alternativa diferente a la persecución penal”, subrayó.

“No hay que ver un trauma en esto; no hay que ver tormentas donde no las hay. No estamos levantando el odio ni abriendo heridas con la sentencia, sino haciendo prevalecer la fuerza de la Constitución, que se respete el derecho a la vida, el derecho a la justicia que tienen las víctimas de los peores crímenes que se cometieron en la guerra para que no haya impunidad”, agregaron los jueces.

Subrayaron que lo que se busca es sentar un precedente  para que se no se vuelvan a cometer crímenes de este tipo y que todos sepan que las peores atrocidades deben ser investigadas y llegar a la verdad.

“Lo que se busca es curar las heridas que nunca se curaron y cerrar esa página en beneficio del país, lograr que haya reconciliación nacional, que haya perdón, que haya arrepentimiento, para que dejemos un legado a las futuras generaciones”, enfatizaron.

Diputados suplentes no fueron electos

Sobre el fallo que inhabilita a los diputados suplentes, el magistrado Meléndez explicó que es el pueblo el que dispone quién va a ser diputado y quién emitirá leyes y puede reformar la Constitución; es decir, los diputados propietarios, no los suplentes, que nunca han sido electos por el pueblo.

A su juicio, lo que se dijo en la sentencia sobre los diputados suplentes no está produciendo ninguna desestabilización.

“El pueblo elige a los diputados propietarios para que trabajen en las comisiones y en las plenarias y, si eventualmente se ausentan por una razón legítima, tienen que justificarlo. Eso dice la Constitución. Pueden hacer uso de otros mecanismos legislativos para poder subsanar los vacíos cuando un propietario tenga que ausentarse”, explicó.

Como ejemplo citó que en la Corte Suprema hay 15 magistrados propietarios que diariamente acuden a reuniones de las distintas salas o de plenarias del máximo tribunal.

“Esa también es la obligación de los diputados propietarios con su pueblo, con los que hemos votado por ellos: que vayan a trabajar a la Asamblea todos los días y pueden contar con el apoyo de los suplentes como asesores, pero estos no pueden intervenir en actos eminentemente legislativos”, aclaró.

“Es el pueblo el soberano en este país, no los partidos políticos”, enfatizó.

Reuniones con otros sectores

Los magistrados afirmaron que, además de los directores de medios, se han reunido con la Conferencia Episcopal y próximamente lo harán con los rectores de las universidades, representantes de la Iglesia Evangélica y de otros sectores.

Los jueces constitucionalistas explicaron que su colega se disculpó de acompañarlos para que en las exposiciones no se produjeran malentendidos que confundieran a la opinión pública.

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