Informe dice que CEL sobrevaloró la obra y violó la política de austeridad. Además, no presentó documentos que respalden cómo determinó el monto liquidado.
La presa El Chaparral es una obra que continúa en abandono. | Foto por Archivo
19 agosto 2015 / EDH
No se justifica que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), en el gobierno de Mauricio Funes, haya terminado pagando $108.5 millones a la empresa Astaldi, pese a que dejó abandonado el proyecto de El Chaparral.
El avance real de la obra no equivalía a esos $108.5 millones, no hay documentos que respalden cómo se calculó ese pago ni por qué se le canceló casi el equivalente a como si hubiera alrededor de un 50 por ciento de avance, cuando era el 29.28 %.
Esas son dos de las principales conclusiones a las que llegaron auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR), según el borrador o informe preliminar de una auditoría por la malograda obra y el cuestionado multimillonario pago a Astaldi, que tendrán que pagarlo todos los salvadoreños.
En el documento, al que tuvo acceso El Diario de Hoy, los contralores públicos cuestionan el “arreglo directo” al que llegó la CEL –con la venia del gobierno de Funes– con Astaldi y el hecho de que, siendo un contrato llave en mano (con obligación de entregar la obra totalmente terminada), no se le cobró la garantía sobre el anticipo a Astaldi y por qué la empresa usó dinero del anticipo de El Chaparral para otros proyectos de la empresa.
El proyecto de El Chaparral, en Carolina, San Miguel, estaba valorado en $219 millones. En el gobierno de Antonio Saca (2004-2009) la obra se le adjudicó a la empresa italiana Astaldi, que dejó los trabajos a medias en 2010 alegando “imprevistos imprevisibles” como el desplazamiento del terreno.
Pese a ello, el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) llegó a un “arreglo directo” con Astaldi y le terminó de pagar $108.5 millones –casi la mitad del costo del proyecto a pesar de que solo había construido la tercera parte, según se denunció– argumentando que era mejor hacerlo que pelear en un tribunal internacional con Astaldi.
Pero los auditores de la Corte de Cuentas no se tragan los argumentos: “No podemos avalar lo expresado por él (funcionario de CEL) sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30 %”, sentenciaron los auditores en su informe del examen especial a la ejecución del contrato entre la CEL y la empresa italiana Astaldi, a cuyo borrador tuvo acceso El Diario de Hoy.
En un campo pagado en los periódicos, en 2012, CEL no dijo que el avance era del 49.30 %, sino de 38 %.
El cuestionamiento de la Corte de Cuentas coincide con lo que establece la Ley LACAP en su artículo 95 en donde claramente establece que en caso de “arreglo directo” se debe pagar solamente la obra ejecutada, no más. Pero aquí ocurrió todo lo contrario.
Aunque la Corte no recurre a ese apartado de la LACAP ni cuestiona el origen de los $28.7 millones adicionales que al final le entregó el gobierno de Funes a Astaldi en concepto de “costo-beneficio”, sí reprocha el monto global acordado en el arreglo directo en 2012.
Sin respaldo términos de pago
En el examen emitido el 16 de diciembre de 2014, los técnicos de la Corte cuestionan los términos de pago acordados en el arreglo entre CEL y Astaldi en 2012.
“Determinamos que la Junta Directiva de la CEL, para la valoración de la Obra Civil, Bienes y Servicios del Proyecto Construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral por un monto de $85.000.000.00, no contó con documentación que respaldara la determinación de dicho monto, el cual sirvió de base para la negociación del arreglo directo y liquidación del contrato No. CEL-4143 con la empresa Astaldi”, afirmaron los auditores en su informe.
Los auditores se basan en que durante su investigación “no se encontró evidencia documental que respaldara dicho monto que sirvió de base para la negociación del arreglo directo determinado por la Junta Directiva en relación a la liquidación del contrato” con Astaldi.
También dicen que previo al arreglo directo, la CEL había pagado a Astaldi el 9 % del contrato por el “único evento finalizado”, es decir, la terminación del desvío y control del Río Torola, que equivalió a $19 millones 727 mil 793. Pero que en el arreglo directo se partió del valor base de $85 millones, de los cuales ya le habían cancelado $79.8 millones.
También le señala que no tomó en cuenta un informe de valúo de la supervisión externa a cargo de las firmas Euroestudios e Ingetec, que proponían tres opciones de cálculo de los costos directos (es la suma de obras, facilidades, materia prima, ingeniería de diseño) que no variaba el monto de $63 millones 255 mil 582. A esto se añadía el monto del AIU (costo de administración, imprevistos y utilidades), que al final sugería un monto total de entre $79.7 a $84.4 millones.
Pero dichos montos “no fueron considerados en el trato directo, y la Junta Directiva aprobó un porcentaje de AIU mayor al 45 %, que fue el dato más alto propuesto por la Supervisión Externa”, dice la auditoría.
Además, indica que al hacer este cálculo y pago para liquidar el contrato, CEL no aplicó las políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público impuestas en 2012 por el Ejecutivo y no hizo un uso eficiente de los fondos institucionales.
Pese esto, el 11 de julio de 2012, la CEL le liquidó en total a la Astaldi los $108.5 millones por una obra sin terminar. El arreglo lo firmaron el entonces titular de la CEL, José Leopoldo Samour, y Mario Pieragostini, presidente y apoderado legal de Astaldi.
Se pagó de más
El informe de la CCR también atribuye a CEL haber pactado dicho arreglo, pese a que un informe de los supervisores de la obra y de las valoraciones del coordinador del proyecto por parte de la CEL refutaran que las fallas aducidas eran conocidas de antemano por Astaldi, ya que estaban contempladas en los documentos de licitación, específicamente en el Diseño Básico.
Los auditores dejan en evidencia la contradicción de la autónoma cuando le recuerdan que ella misma revisó y avaló el avance del 29.28 % de la obra, y que ese porcentaje se mantenía al momento de firmar el arreglo directo con la firma italiana, pero en cambio le reconoció el 38 %.
La Astaldi paró los trabajos en junio de 2010 de forma unilateral y alegó “imprevistos imprevisibles”, a un año y medio de haber iniciado los trabajos a los que se comprometió en el contrato que firmó el 26 de septiembre de 2008 por un monto de $219.1 millones en concepto de obra civil, bienes y servicios, y uno por $702 mil 809 en concepto de repuestos recomendados. Así se comprometía a echar a andar en un plazo de 1,500 días la presa El Chaparral que prometía generar 65 megavatios.
Al suspender los trabajos, Astaldi ya había hecho dos reclamos de más paga y ampliación del plazo argumentando que se enfrentaba a condiciones totalmente diferentes a la situación previsible en el Diseño Básico, y eso estaba fuera de su alcance.
Pero tanto los supervisores externos como el coordinador del proyecto de la CEL calificaron improcedente los reclamos de Astaldi y le refutaron que esas imprevistos alegados ya eran de su conocimiento.
A raíz de esa respuesta, Astaldi recurrió directamente a la presidencia de CEL para conocer si avalaba lo resuelto por los supervisores. Pero según los auditores de la CCR, no encontraron evidencia documental sobre qué respondió a la constructora.
Lo que sí hizo la Presidencia y Junta Directiva, según la auditoría, fue que pese a ser comunicados sobre la falta de sustento técnico del reclamo de la Astaldi, nunca determinó responsabilidades por el incumplimiento contractual, y optó por un arreglo directo para liquidar el contrato.
Antes del arreglo directo, contrató a las firmas de abogados Curtis Mallet-Prevost Colt & Moles, S.C. y Rusconi, Medina & Asociados Central Law, quienes incluso les recomendaron ir a un arbitraje y que solo se cancelara “por obras realmente ejecutadas”, y así mantenía las posibilidades de resistir a incrementos de costos, que se dirimirían en procedimiento arbitral, según quedó plasmado en el acta de sesiones número 3507 del 19 de marzo de 2012.
El informe dice que, pese a estas recomendaciones de sus asesores y las advertencias de que Astaldi nunca demostró el fundamento de sus reclamos, la CEL decidió un arreglo directo, el cual se selló en dos días.
Este examen deja esta y otras irregularidades al descubierto en la ejecución de este contrato, entre ellas, pagos extemporáneos, desvío de fondos del proyecto El Chaparral a otros proyectos de la constructora dentro y fuera del país, falta de vigilancia de la CEL en el uso de los fondos y la no exigencia del cumplimiento del contrato.
Debido a estos hallazgos, el actual presidente de la Corte, Jhovel Valiente, dijo a inicio de año que el caso había pasado a juicio de cuentas y que estaban abiertos a colaborar con la Fiscalía General de la República, que también está investigando todo este proceso de ejecución y liquidación del contrato entre la CEL y la Astaldi.
La Fiscalía ya terminó la etapa de investigación del caso y está pendiente de rendir su informe y de anunciar las medidas a tomar. Mientras, el gobierno busca nuevo contratista y $71 millones más para concluir la obra.
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CEL se defiende, pero informe la refuta
Pese a señalamientos de CCR, titular de la institución dijo hace poco que la auditoría al proyecto “ha salido bien” y arrojó que arreglo fue legal.
19 agosto 2015 / EDH
El Diario de Hoy ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) una entrevista para hablar sobre el arreglo directo con la constructora Astaldi S.p.A. que liquidó el contrato para la construcción de El Chaparral. La semana pasada se le pidió nuevamente hablar de ese tema y otros relacionados como la continuidad del proyecto, así como de la auditoría que le realizó la Corte de Cuentas, pero aún no ha contestado.
Hasta hoy, la CEL solo ha reaccionado a través de comunicados y de una carta enviada a El Diario de Hoy tras la publicación del reportaje en 2012 que revelaba el cuestionado arreglo directo dado que pagó $108.5 millones por una obra inconclusa.
La institución siempre ha argumentado la legalidad del arreglo y la razón por la que lo hizo: evitar que el Estado fuera demandado ante un tribunal internacional, lo cual le hubiera significado un proceso oneroso y largo.
La semana pasada, el actual titular de la CEL, David López, volvió a defender el trato con Astaldi, con un aval que le habría dado la Corte de Cuentas. Para el caso mencionó una auditoría que, según él, arrojó que “por alguna razón algún procedimiento administrativo no ha salido bien, pero que en general la auditoría indica que se hizo bajo un procedimiento que lo rige la ley”.
También aseguró que dicho examen solo arrojó “cuestiones de interpretación para mandos medios”.
El arreglo, firmado el 11 de julio de 2012 , lo decidió la administración de Leopoldo Samour en CEL durante el gobierno de Mauricio Funes. Este último lo defendió a ultranza e insistió en que nunca hubo irregularidad.
En el comunicado, publicado el 20 de julio de 2013 y en forma conjunta entre la CEL y la Astaldi, afirmaban que “eventos naturales impactaron el sitio de la obra y motivaron tratamientos y modificaciones técnicas específicos”, pero que debido a que el contrato llave en mano no se podía modificar, que era necesario reactivar la obra y evitar mayores daños, les llevaron a hacer el arreglo.
El arreglo directo, decían, estaba amparado en los artículos 95, 161, 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Así, aseguraban, se estableció “la liquidación total del contrato por la suma de $108.5 millones”.
También explicaban en el comunicado que de ese monto se deducía al contratista lo construido, que equivalía a $85 millones, de los cuales ya se le habían cancelado $79.8 millones y que aún estaban pendientes de cancelar $5.2 millones, por lo que a ese momento solo se le reconocería a la constructora $23.5 millones.
En la nota no detallaban cómo habían calculado el monto base de los $85 millones, que es lo que les cuestionó la Corte de Cuentas, solo que las partes habían conciliado las cantidades “a partir del avance y construcción de la obra, con los anticipos y otros pagos realizados con anterioridad, y tomando en cuenta aquellos reclamos económicos que ambas partes han estimado como procedentes, así como el costo beneficio que para el interés público origina la inmediata efectividad del Arreglo Directo y la total certidumbre de la situación de la situación jurídica de la obra para su continuación”.
También se decía que de acuerdo con la supervisión de las obras, el valor actual de las mismas presentaba un 38 % del monto total del contrato, pese a que, según los auditores de la Corte, a la fecha del examen le había dicho que el avance del 29.28 %.
Con ello, aseguró la CEL, se lograría resguardar la inversión del Estado salvadoreño, evitar el deterioro de las obras construidas, garantizar la continuidad del proyecto y generar la energía eléctrica que satisfaría la necesidad de dicho servicio público.
En una carta que la CEL envió a El Diario de Hoy en septiembre de 2012, exponía que a la llegada de Samour se encontraron reclamos, en el proyecto El Chaparral, por costos sostenidos que llegaban a un valor de $52.391.095 millones.
Ante eso, se tenían dos opciones: ir a un arbitraje, o negociar la finalización del contrato y que finalmente se logró un acuerdo para reducir esos reclamos a solo $23.5 millones, lo cual fue aprobado por la Junta Directiva de CEL, incluyendo al Director designado por la Empresa Privada.
Sobre el representante del sector empresarial, la Asociación Nacional de la Empresa Privada aclaró que no tenían un representante en el consejo directivo de la CEL.
También justificaban que el contrato modalidad “llave en mano”, elegida para este caso, impedía tomar decisiones para proteger, en forma rápida y efectiva, el bien común y las obras públicas ya desarrolladas y se evitaban “arbitrajes leoninos y onerosos” como el caso de la Nejapa Power entre 1995 y 2002.
Pero en la auditoría a la que accedió El Diario de Hoy, la CCR le dice que debió haber tomado en cuenta las opiniones para determinar montos a la hora del arreglo directo de los supervisores externos de Euroestudios e Ingetec y del coordinador del proyecto delegado por la CEL, que le informaron que el porcentaje de avance del real en la fecha en que hicieron el arreglo directo era menor al que le reconocieron a la Astaldi.
Además le habían sugerido que la constructora ya tenía conocimiento de los problemas que alegaba.
Los auditores le dicen que se confirma la irregularidad, pues basándose en un cuadro de avances de la obra registrado por los encargados de la Supervisión, de septiembre de 2009 a junio de 2012, el avance era del 29.28 % y no del 38 % como al final conciliaron con la Astaldi.
De hecho, los auditores le achacaron que primero la CEL respaldó la improcedencia del primer reclamo que hizo la constructora, pero en el segundo que hizo ya no hay evidencia documental que registre qué respondió la Presidencia o la Junta Directiva de la institución. Incluso reprende a la Junta Directiva que no tomó ninguna acción para determinar responsabilidades de los atrasos, pero que luego decidió un arreglo directo bajo el razonamiento de diferencias técnicas sobre las causas y las consecuencias del atraso de la obra conforme el cronograma de ejecución pactado.
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Fracción de ARENA pide a CEL informes sobre proyecto El Chaparral
Entre los principales requerimientos que demandan los legisladores están el pago directo con Astaldi, garantía de la obra, las actas de junta directiva relacionadas al proyecto y las prórrogas.
Juan José Morales – Liseth Alas, 19 agosto 2015 / EDH
Varios diputados de la fracción de ARENA se presentaron la mañana de este miércoles a las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para pedir informes completos sobre el proyecto El Chaparral.
En el documento los legisladores destacan la solicitud de 32 puntos de información relacionados a la construcción de la presa tras las publicaciones emitidas en los medios de comunicación y al considerar que la obra es de interés público y se ejecuta con fondos del Estado.
El parlamentario René Portillo Cuadra agregó además que la petición la realizan en la autónoma ante la negativa del partido en gobierno de crear una comisión especial que investigue la obra de El Chaparral.
Entre los principales requerimientos que demandan los legisladores de ARENA están el pago directo con Astaldi, garantía de la obra, las actas de junta directiva relacionadas al proyecto y las prórrogas.
En total fueron 17 diputados de la bancada tricolor que llegaron a la CEL y cada uno entregó una solicitud que contenía la misma petición, que es la información completa sobre la construcción de la presa El Chaparral.
Estos son parte de los puntos que incluye la solicitud:
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, reveló que la anterior administración de la autónoma era similar a “un feudo” y que había “intereses particulares” que frenaban la marcha de proyectos estratégicos como la represa El Chaparral y la expansión de la central 5 de Noviembre.
“En la anterior administración de CEL se perdió por completo el perfil técnico. Había muchas cuestiones individuales y grupales, parecía un feudo. Incluso no había relaciones ni con subsidiarias importantes como LaGeo, no se tenía unido a todo el equipo”, explicó López a El Diario de Hoy.
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