Chaparral

La CEL era feudo de intereses particulares en anterior gobierno

El actual presidente de la autónoma dice que dichos grupos de interés influían hasta en las licitaciones y contrataciones.

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diario hoyEl presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, reveló que la anterior administración de la autónoma era similar a “un feudo” y que había “intereses particulares” que frenaban la marcha de proyectos estratégicos como la represa El Chaparral y la expansión de la central 5 de Noviembre.

Además señaló que se tomaron malas decisiones en el proyecto de El Chaparral, sobre todo aquellas relacionadas con la elección del sitio y el pago de dos diseños que se desecharon a la consultora brasileña Intertechne por un monto de $9.2 millones.

Screen Shot 2015-12-03 at 7.47.57 PM“En la anterior administración de CEL se perdió por completo el perfil técnico. Había muchas cuestiones individuales y grupales, parecía un feudo. Incluso no había relaciones ni con subsidiarias importantes como LaGeo, no se tenía unido a todo el equipo”, explicó López a El Diario de Hoy.

En este sentido, inclusive dijo que les tomó dos meses “desmontar” todas las relaciones de interés que había en CEL y que se habían creado malas prácticas que no correspondían a la misión de la institución.

“Sabíamos lo que había adentro, que era difícil enfrentarlos, pero pusimos gente de Junta Directiva con nueva visión. En dos meses nos habíamos tomado la CEL, quitamos los feudos que respondían a intereses externos, creamos nuevos equipos de trabajo y eliminamos todas las malas prácticas. Con eso ya teníamos un poder positivo y línea clara a seguir”, agregó el funcionario.

López no quiso confirmar de dónde eran los grupos de interés, pero dijo que existían un caudillismo “que favorecía a particulares hasta en las licitaciones y contrataciones”, lo cual, desde  su punto de vista, afectó el desarrollo de obras estratégicas de la autónoma.

“Cada administración tenía su visión, no era un equipo sólido, no era compartido, el pastel estaba bien repartido, no prevalecía el interés público y eso sin duda retrasó todos los proyectos que tenía que ejecutar la CEL”, reflexionó el presidente.

Por ello, el titular de la autónoma recordó que en la CEL y en todas sus subsidiarias había esquemas administrativos aislados y que existían lineamientos de otras instancias para el manejo de esta empresa estatal.

“Antes las inversiones y decisiones de CEL eran cuestionadas porque quizá había instrucciones desde afuera para hacer o no hacer algo ”, valoró.

En este sentido el funcionario dijo que el primer objetivo de la institución fue el de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en entregar toda la documentación relacionada con El Chaparral, una obra que fue abandonada en la gestión del ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, y por la que se pagó $108.5 millones como parte de un “arreglo directo” con la firma italiana Astaldi.

Pese a que las obras quedaron inconclusas, el entonces presidente Funes defendió el pago multimillonario, alegando que era mejor pagar que irse a un arbitraje con Astaldi.

“En toda la parte legal hemos colaborado con la Fiscalía y con el juzgado del municipio de San Luis de la Reina. Nosotros nos bajamos de cualquier interés privado para que nos entregaran el sitio y por ello el miércoles (hoy) vamos a oficializar el reinicio de obras en el proyecto”, enfatizó López (ver nota aparte).

El presidente de CEL  recordó que el “arreglo directo” entre la autónoma y  Astaldi fue una decisión de la anterior administración en el gobierno Funes y que hubo “una negociación” para llegar al pago entre las partes.

Además indicó que en las discusiones entre la autónoma y Astaldi se plantearon diferentes montos para dar salida al conflicto y que al final fue Samour el que firmó el arreglo directo.

“Ahí se llegó a ese monto, para algunas personas puede ser mucho y para otras poco, pero al final es una negociación,  es un arreglo y así queda, así se firma, más allá de críticas o cuestiones mediáticas al respecto”, acentuó López, que no quiso entrar en detalles sobre este punto porque existe una investigación de la FGR en curso.

Lo cierto es que el pago a Astaldi ha incidido en el presupuesto global de El Chaparral y que hará que la obra cueste $71 millones más, reconoció.

Así justifica la apuesta a contratar empresas nacionales, agremiadas a la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) y a un crédito que todavía está vigente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Compleja relación con Intertechne, de Brasil

Otro de los puntos que tuvo que abordar la CEL fueron los contratos que la gestión Samour y la anterior junta directiva dejó con la firma brasileña Intertechne, tanto en El Chaparral como en la supervisión de la Expansión de la presa 5 de Noviembre.

En el caso del proyecto sobre el río Torola el rediseño no era una alternativa viable para seguir con la obra, ya que no corregía, según López, los problemas en la margen derecha de la montaña.

“Intertechne, cuando nos planteó su rediseño, no nos dijo que Astaldi había encargado una turbina a la empresa rusa Tyazhmash, lo estaba descartando y nosotros le cuestionamos porque aumentaba costos. Ellos querían que abandonáramos esto e iniciáramos un nuevo proceso que nos iba a significar 18 meses de retrasos, fue una decisión complicada pero que favoreció continuar el proyecto”, afirmó López.

Mientras tanto en obras sobre el río Lempa, en la central más antigua del país, los brasileños tenían un desfase en la ejecución, ya que no tenían suficiente personal técnico en el país y no habían ajustado el cronograma de trabajos.

“En la 5 (de Noviembre) vimos en ellos mucho incumplimiento, les dimos tiempo, les metimos presión, les pedimos más gente, pero no mejoraron y les finiquitamos. Por eso hemos contratado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que nos ayude con estas tareas de supervisión a un monto menor”, puntualizó.

López también consideró que en El Chaparral las anteriores dos gestiones de CEL pudieron tomar mejores decisiones, sobre todo relacionadas con el lugar de la represa y los estudios complementarios para “anticiparse” a las fallas encontradas en la montaña.

Acciones en INE

Por otra parte, López Villafuerte anunció que CEL está en el proceso de recuperar el ciento por ciento de las acciones de LaGeo en Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE) a través de un proceso en el que esperan la “no objeción” del BCIE debido a que este organismo aportó $48.8 millones para la segunda fase de la Central Térmica Talquine, en el departamento de La Libertad.

“Queremos cerrar esto porque ya no hay razón de ser de que la INE sea la propietaria de LaGeo, vamos a devolver todas las acciones de esta empresa para que dependa directamente de la CEL, sobre todo porque sus utilidades ayudan a pagar más de $140 millones en subsidios a la energía eléctrica”, finalizó López.

Las acciones de CEL en LaGeo separaron a la INE para darle un respaldo financiero y no afectará la titularización que hizo la autónoma para pagar $286 millones a Enel Green Power, anterior socio y propietario de una parte de las acciones.

CEL firma con rusos y reinicia El Chaparral

 

 

Leopoldo Samour y suplentes decidieron pago de CEL a Astaldi

El acta de sesión del 5 de junio de 2012 revela que el presidente de la CEL y cinco directores más autorizaron suscribir el acuerdo por $108.5 millones con Astaldi por las obras inconclusas de El Chaparral.

Samour, presidente de Cel, y Cáceres, responsable del proyecto, en la zona de la presa.

Samour, presidente de Cel, y Cáceres, responsable del proyecto, en la zona de la presa.

diario de hoy22 octubre 2015 / EDH

La firma para el acuerdo de arreglo directo entre el Gobierno y la empresa Astaldi por $108.5 millones, pese a que dejó abandonada la obra de la presa hidroeléctrica El Chaparral, fue avalada por el entonces presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour, y cinco directores más, entre ellos dos suplentes, según detalla el acta de sesión 3521 celebrada el 5 de junio de 2012.

EDH20151022NAC008PLa autorización para que la CEL suscribiera el arreglo con la empresa fue firmado, además de Samour, por el director ejecutivo, Jaime Eduardo Contreras Lemus, y los directores propietarios Eric David Schwank Martínez y Tom Hawk, así como los directores suplentes Rubén Ernesto Rivas Castro y Julio Alberto Olano Noyola, según se desprende del documento entregado por la CEL a los exdiputados de ARENA, Mario Valiente y Mariela Peña Pinto.

Entre los directores que pidieron ser sustituidos están el ahora presidente de la CEL, David López Villafuerte y Manuel Fermín Oliva.

“CEL dice que me entreguen la información porque se establece en el acta que él (Villafuerte) no firmó el acuerdo”, interpretó el otrora diputado Valiente.

Es más, en la notificación que el oficial de información de la CEL entregó al exlegislador se detalla que entre los informes está el acta de sesión donde se autoriza el pago del monto acordado entre ambas partes, en la cual constan los nombres de las personas que “exclusivamente” tomaron la decisión de autorizar a Samour para suscribir el acuerdo con Astaldi.

Según el exdiputado, el pago de los $108.5 millones, que equivaldría a un 50 % de la obra cuando solo se había reportado un avance del 29.28 %, merece una investigación a fondo. La obra estaba valorada en $219 millones.

Por ello, detalló que tiene previsto presentar una demanda, pero aún no tiene claro si será contra el Estado o los directores de la autónoma, ni tampoco ha determinado a qué instancia judicial acudirá.

El informe que recibió Valiente detalla que en la sesión del 5 de junio 2012 se autorizó a Samour para suscribir “el documento” donde se había establecido el pago de $108.5 millones “como vía de arreglo directo” del contrato “llave en mano” 4143-S para la construcción de la obra.

Asimismo, explica que la autónoma negoció la cantidad del pago a la empresa, proponiendo en un inicio $105 millones, menos la deducción de las cantidades pagadas en concepto de avance y construcción de la obra.

En dicha acta, además, se registra que la última propuesta de Astaldi fue de $120 millones, monto que la CEL no aceptó, por lo que la empresa concluyó con la oferta de $108.5 millones como cantidad mínima autorizada por su casa matriz.

También se detalla que los asesores legales de la CEL le recomendaron aceptar la oferta presentada por Astaldi, con lo cual “se evitarían litigios” que llevaran a mayores gastos para el Estado.

De hecho, el expresidente Mauricio Funes defendió públicamente el acuerdo, en octubre de 2013, argumentando que era más adecuado haberlo suscrito para evitar que el caso llegara a un tribunal internacional.

No obstante, según señala la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en los contratos “llave en mano” como el de la construcción de El Chaparral, la obra tenía que ser entregada en su totalidad y solo se paga por los trabajos ejecutados.

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Un informe de supervisión interna de la CEL indicó que únicamente se construyó el 29.28 % de la presa.

Sin embargo, en la negociación que hicieron ambas partes hubo una sobreestimación del 8.71 %, pues el arreglo entre el gobierno y la constructora italiana señalaba que a julio de 2012 el valor de El Chaparral ascendía a un 38 %, lo cual refleja un pago sobreestimado de $28.7 millones.

Tal como lo señalan otros documentos entregados a los exlegisladores por parte de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CEL , la autónoma utilizó dos informes de la Corte de Cuentas de la República para respaldar el arreglo con Astaldi.

Uno de los informes, del 28 de junio de 2012, indica que el Artículo 95 de la LACAP advierte que culminar un contrato conlleva reconocer al contratista el pago de las obras o servicios ejecutados.

El otro documento, del 5 de julio (seis días antes de que se firmara el acuerdo final), la Corte respaldó la decisión del entonces presidente de pagar los $108.5 millones.

Corte de Cuentas autorizó a CEL el pago de $108.5 millones por El Chaparral

Aunque la contraloría dijo en 2012 que sus opiniones no son de cumplimiento obligatorio, CEL usó dos informes para justificar el pago a Astaldi.

Screen Shot 2015-10-21 at 4.05.23 PMEL-DIARIO-DE-HOY-LOGO21 octubre 2015 / EDH

Pese a que la Corte de Cuentas de la República (CCR)  afirmó en 2012 que las opiniones de esa institución no son de cumplimiento obligatorio, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) usó dos informes de la contraloría estatal para hacer el arreglo directo y pagarle $108.5 millones a la constructora italiana Astaldi por las obras inconclusas en la presa El Chaparral.

Eso se desprende de los documentos que ayer entregó la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CEL a los exdiputados de ARENA Mario Valiente y Mariella Peña Pinto, en cumplimiento a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitida el pasado 14 de octubre, en la que obligó a la estatal a dar la documentación. 

Valiente y Peña Pinto pidieron la información a CEL en julio de este año. Y aunque la autónoma dio los documentos a los exlegisladores, indicó que mantendrá la reserva sobre el caso porque existen investigaciones en curso.

“Nosotros insistimos que hay reserva judicial sobre este caso pero tenemos que cumplir una resolución del IAIP. Esto no significa que la información adquiere carácter público”, dijo Óscar Lara, apoderado legal de la CEL.

Los informes

Uno de los informes que usó la CEL para justificar el millonario pago, durante el gobierno de Mauricio Funes, data del 28 de junio de 2012 y fue firmado por el coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla Hernández.

La opinión emitida señala que el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) prevé que terminar un contrato implica reconocer al contratista el pago de las obras o servicios ejecutados. “En cuanto a la decisión de extinguir el contrato y pagar la suma que se acuerde, la Junta Directiva de CEL debe apegarse a las disposiciones legales aplicables”.

La obra estaba valorada en $219 millones, lo que significa que le pagaron a la empresa como si hubiera construido la mitad del proyecto, cuando en realidad tenía un avance del 29.28%.

El otro informe que usó la autónoma es del 5 de julio de 2012, es decir 6 días antes de firmar el arreglo directo. En ese documento, la Corte respaldó la decisión del entonces presidente de CEL, José Leopoldo Samour, de hacer el pago de los $108.5 millones.

Screen Shot 2015-10-21 at 4.05.56 PMEl informe también fue firmado por Bonilla Hernández, quien consideró correcta la decisión del arreglo directo, tal y como se negoció con Astaldi. Tras esa opinión, el 11 de julio, se firmaba el acuerdo entre CEL y la empresa en las oficinas de la autónoma.

“La figura de mutuo acuerdo, como forma anticipada de extinguir los contratos administrativos y sus efectos están contemplados en la LACAP, por lo que su utilización está en concordancia con el principio de legalidad (…) consideramos que es correcta la actuación de la junta directiva de la entidad que usted preside (Samour)”, dice la correspondencia.

También se confirma en los documentos que Samour fue autorizado de forma unilateral para suscribir junto con el apoderado legal y presidente de Astaldi, Mario Pieragostini, el arreglo directo. Según el acta 3,521 de fecha 5 de junio de 2012, la junta directiva ratificó las actuaciones realizadas por Samour, incluyendo las consultas a la Corte y otros procedimientos previos.

CEL también entregó una copia del acuerdo de arreglo directo con Astaldi, opiniones de auditoría interna de la autónoma y los informes de los auditores externos de la Comisión, los cuales al final recomendaron liquidar el contrato por la vía del areglo directo entre las partes.

Esos documentos forman parte de la información que recibieron ayer Valiente y Peña Pinto (ver listado).

Pero las opiniones de la Corte de Cuentas no son de cumplimiento obligatorio, según declaró el entonces presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo, al periódico electrónico El Faro en agosto de 2012.

Aclaró que si bien el artículo 114 de la Ley de la Corte de Cuentas faculta a las instituciones a plantear consultas sobre la LACAP, “estas consultas no son vinculantes, el administrador puede acatarlas o no acatarlas”.

No puede hacer licitación

Por otra parte la Corte, según la información entregada a Valiente y Peña Pinto, también dio luz verde para que la autónoma no haga una licitación pública para la contratación de diseño y construcción de la presa, la cual a la fecha continúa abandonada, aunque las actuales autoridades de CEL han anunciado su continuación.

“La figura que bajo estas circunstancias puede invocarse es el calificativo de urgencia de conformidad a las leyes vigentes”, indica la Contraloría.

Otro documento de la Unidad de Auditoría Interna de la CEL recomendó terminar la relación contractual de la autónoma con su contratista en base a la LACAP pagando solo  $85 millones (el valor de la obra realizada), sin justificar el pago de  $23.5 millones adicionales.

Esos documentos emiten   otras “recomendaciones” a la junta directiva de CEL e incluso revelan que Samour buscaba continuar con la obra con un nuevo estudio realizado por Novotec, una empresa española que en enero de 2012 recomendó seguir la obra pero con ciertas modificaciones de diseño tras realizar un análisis técnico-científico. 

CEl pagó a Astaldi pese a que sus abogados sugirieron arbitraje

Además enfatizaron en que se debían de resolver todos los costos adicionales exigidos por el contratista. Previo a ello la autónoma pidió una “opinión” a la Corte de Cuentas, que al final dio el aval para el millonario pago.

El ex presidente de CEL, Leopoldo Samour (izq.), firmó el arreglo directo con Astaldi.

El ex presidente de CEL, Leopoldo Samour (izq.), firmó el arreglo directo con Astaldi.

24 sept. 2015 / EDH

Las firmas contratadas en 2012 por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) recomendaron en varias sesiones de junta directiva de la autónoma priorizar un arbitraje internacional para resolver todos los costos adicionales que planteaba el contratista italiano Astaldi y pagar, según la supervisión y el valúo del proyecto, “sólo por obras ejecutadas”.

Esto, según las firmas asesoras de la Comisión, los bufetes Curtis Mallet-Prevost Colt & Moles, S.C. y Rusconi, Medina & Asociados Central Law, se fundamentaba en el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que indica que las partes contractuales podrán acordar un mutuo acuerdo sin más responsabilidad que la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o los bienes entregados y recibidos, detallan actas de junta directiva de la autónoma.

En este sentido el ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, realizó varias consultas a la Corte de Cuentas de la República (CCR) previo a firmar el arreglo directo con Astaldi. De todas estas es de subrayar que a finales de junio de 2012 el entonces coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla, le recuerda a la autónoma que “se debe de apegar a las disposiciones legales aplicables”, entre ellas la LACAP.

Al respecto, el acta de Junta Directiva de CEL 3527, consultada por El Diario de Hoy, cita esta correspondencia de la Corte  y reconoce que es procedente efectuar la liquidación del contrato “a efecto de determinar el derecho económico que corresponde al contratista, con base al artículo 95 de la LACAP”.

EDH20150924EN_003P“Utilizar la figura de mutuo acuerdo en el proceso de búsqueda de soluciones a la problemática existente está en concordancia con el principio de legalidad (…) por ello se considera correcta la actuación de la Junta Directiva de CEL”, sintetiza el documento de la paraestatal.

Además, cabe destacar que el acta, con fecha del 5 de julio de 2012 (seis días antes de que se firmara el Acuerdo de Arreglo Directo) la directiva de CEL delegó a Samour los trámites del procedimiento, la negociación de los puntos controvertidos y la toma de acuerdos, según lo dispuesto en el punto V de la sesión 3520 de fecha 1 de junio de 2012 y en el punto I de la sesión 3521 de fecha 5 de junio de 2012.

Previo a ello,  el acta número 3507 del 19 de marzo de 2012, enfatiza que una parte del proceso de negociación se realizó entre el 12 y el 16 de marzo de 2012 y recuerda que  se tenía que pagar por las obras construidas conforme a precios contractuales y resolver vía arbitraje internacional los costos “incrementales o adicionales” que Astaldi reclamaba y CEL no reconocía. Esta fue al final la solución que se planteó pero que no se cumplió por parte de la autónoma al redactar el arreglo directo y negociar cuatro cuotas para pagar a Astaldi.

De este modo es importante enfatizar que el acta número 3520 con fecha 1 de junio de 2012 deja claro que según la supervisión de la obra (tanto la realizada por los técnicos de CEL como por el asocio Euroestudios-Ingetec), el valor de la obra era del orden de $85 millones, lo cual confirma que nunca se  definió, en los acuerdos de junta directiva, un sobreprecio o pago adicional en las negociaciones previas a la firma del Acuerdo.

En este punto tanto Samour como el ex presidente Mauricio Funes defendieron que en los $108.5 millones se incluyera un pago adicional de $28.7 millones como parte de un “costo-beneficio” para evitar un arbitraje internacional.

“Si nos íbamos a un arbitraje ante un tribunal extranjero el costo para el país iba a ser mayor, encontramos la mejor solución para el proyecto y evitamos demandas contra el Estado”, justificó en su momento Funes.

Por su parte, el abogado Francisco Bertrand Galindo considera que el excedente cancelado no debía que incluirse en el arreglo directo y que eso formaba parte de otro procedimiento legal porque no estaba contemplado en la LACAP.

Además recordó que la CCR no es una institución que tenga como facultad brindar opiniones sobre decisiones que deben de tomar los funcionarios públicos.

“Hubo una extra limitación en conceder el pago por evitar el litigio internacional. Eso debió definirse por vía judicial, ya que es algo que no corresponde a la figura jurídica que se empleó para dar por terminado el contrato. No hay base legal para pagar dinero adicional en la ley”, dijo el jurista.

Incluso Bertrand opina que en un escenario de conflicto ante un tribunal fuera del país, el Estado y CEL “podía ganar”, sobre todo porque Astaldi conocía los problemas en el margen derecho de la montaña y realizó un mal manejo del dique donde se asentaría la presa del megaproyecto, según el estudio de supervisión de Euroestudios-Ingetec en 2010.

Asimismo los italianos firmaron un contrato “llave en mano”, el cual obliga al contratista a responder sin cambios en condiciones, plazos ni montos.

Funes informó en octubre de 2013 que se le pagó en total $108.5 millones a la constructora Astaldi con el argumento de que se cerraba el contrato “Llave en mano” con un 38 % de avance de la obra.

Sin embargo, en el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones, presentado a la Junta Directiva de CEL en septiembre de 2012, definió -con técnicos y supervisores de la autónoma- que sólo se construyó el 29.29 % de la presa El Chaparral, algo que también esta detallado en un informe de la Dirección de Auditoría Cuatro de la Corte de Cuentas de diciembre de 2014 y que no es abordado con profundidad en el informe final de junio pasado con el que el caso pasó a la etapa de Juicio de Cuentas.

Las actas incluso reflejan que en la negociación entre ambas partes se hizo una sobreestimación aproximada de un 8.71%, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38 %, lo que permitió sustentar el pago de $28.7 millones como cifra definitiva de sobreprecio.

Este periódico ha buscado la posición del apoderado legal y presidente de Astaldi en El Salvador, Mario Pieragostini, pero, a través de su secretaria, se notificó en la última solicitud de entrevista que el proyecto de El Chaparral está concluido para la empresa por haber finalizado la relación contractual que le dio origen.

Las actuales autoridades de CEL han confirmado que el proyecto costará $71 millones más debido a cambios en el diseño, sobre todo en la construcción del dique de la presa en la margen derecha de la montaña, el cual se moverá 570 metros aguas arriba del Río Torola, lugar donde se construirá la central en el oriente del país.

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Sánchez Trejo: “Consultas no son vinculantes”

El ex presidente de la Corte le dijo al periódico El Faro que CEL no se podía refugiar en su resolución para pagar a Astaldi.

El informe se publicó en la transición de Sánchez Trejo (izq.) con Rosalío Tochez, ambos ex presidentes de la Corte de Cuentas.

El informe se publicó en la transición de Sánchez Trejo (izq.) con Rosalío Tochez, ambos ex presidentes de la Corte de Cuentas.

24 sept. 2015 / EDH

Si bien la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió un último informe que descarta posibles irregularidades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en el pago de $108.5 millones a Astaldi, la misma contraloría estatal aclaró en su momento que sus opiniones vertidas no tienen fuerza legal y que estás “pueden o no ser acatadas por los funcionarios”.

El periódico electrónico El Faro publicó en agosto de 2012 que el entonces presidente de la CCR, Gregorio Sánchez Trejo, aclaró que si bien el artículo 114 de la Ley de la Corte de Cuentas faculta a las instituciones a plantear consultas sobre la LACAP, “estas consultas no son vinculantes, el administrador puede acatarlas o no acatadas.

“No se pueden refugiar en nuestra resolución para hacerlo ni tampoco tiene problemas si no lo hace. La Corte puede dar una opinión favorable en este momento y al auditar posteriormente puede llegar a determinar hallazgos de carácter administrativo o patrimonial”, dijo Sánchez Trejo a El Faro.

Precisamente, el segundo de los informes que favorecen el cuestionado Arreglo Directo fue emitido en julio de 2013 a solicitud del ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, luego de firmar el acuerdo con Astaldi.

El documento se publicó en la transición entre la presidencia de Sánchez Trejo y Rosalío Tóchez. Este fue solicitado por el ex presidente de la CEL, Leopoldo Samour, luego de que firmara el documento con Astaldi.

El informe dice que  fueron procedentes los argumentos que expuso la CEL para llegar a la negociación del arreglo directo ya que de lo contrario un arbitraje hubiera retrasado la disponibilidad del sitio de la obra, se hubiera deteriorado la inversión  y la autónoma hubiera cancelado entre $20 y $24 millones como perdidas ante un juicio internacional.

Pero Sánchez Trejo fue claro en su momento cuando dijo que  la Corte no avala pagos y que los titulares de las instituciones deben de apegarse a la legalidad.

“ No damos opiniones abiertas, decimos que siempre se deben de tomar medidas precautorias para que la ejecución del proyecto sea válida”, puntualizó el hoy ex funcionario a El Faro.

Al respecto el abogado Francisco Bertrand Galindo criticó que la CCR, en su informe, nunca señala  la legalidad o no del acuerdo sino que se reduce a estudiar el método con el que se pagó los $108.5 millones.

“Eso se hizo bajo otros criterios y queda claro que se utilizó a la Corte ante cualquier posible investigación”, acotó Bertrand.

Caso CEL/Chaparral: Último informe de la Corte de Cuentas excluye anomalías

Seis meses después del primer informe, la Corte ya no cuestionó “arreglo directo” ni pago de $108.5 millones a Astaldi, como lo hicieron los auditores al principio. Tampoco cuestionó a CEL por no proceder contra constructora. 

La obra estaba valorada en $219 millones, Ahora la CEL quiere destinarle $70 millones más.

La obra estaba valorada en $219 millones, Ahora la CEL quiere destinarle $70 millones más.

22 sept. 2015 / EDH

El informe inicial de los auditores de la Corte de Cuentas sobre El Chaparral, emitido en diciembre de 2014, cuestiona la legalidad del “arreglo directo” y el pago de $108.5 millones que la CEL en el gobierno de Mauricio Funes le hizo a la empresa Astaldi pese a que esta última abandonó la construcción de la represa.

Pero el último informe de la Corte de Cuentas, con fecha 12 de junio de 2015, sólo menciona de manera pasajera este aspecto que es crucial y no lo cuestiona, mucho menos plantea sanciones. Esto favorece a los directivos de CEL y del gobierno de Mauricio Funes, que tomaron la decisión de pagarle a Astaldi pese a que no concluyó la obra y hasta el mismo Funes defendió el arreglo.

Tampoco el último informe cuestiona por qué la CEL no procedió contra Astaldi por sus incumplimientos, como sí lo señalaron los auditores seis meses antes en el informe preliminar.

Estos son sólo  algunos de los puntos que los auditores que vieron de primera mano las fallas del proyecto detallaron en su informe inicial de diciembre de 2014, pero que  cambian radicalmente o ni se mencionan en el último informe de la Corte de Cuentas de junio de 2015.

En este último informe, la Corte de Cuentas ya no detalla cada una de las irregularidades señaladas en el primero; solo dedica  cerca de 36 de las 43 páginas al cuestionamiento de pagos indebidos de la CEL a las dos supervisoras externas de la obra, las firmas Euroestudios e Ingetec. Esto es lo único que se reitera respecto al primer informe.

El Diario de Hoy pudo comprobar esas diferencias sustanciales al hacer un análisis comparativo de ambos documentos y sólo después que la Corte de Cuentas accediera  a entregar el informe de junio de 2015 obligada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por gestión de este periódico en aras del interés de la ciudadanía.

La contraloría inicialmente se resistió a dar acceso al informe aduciendo que tenía “reserva” por no ser un proceso concluido.

El proyecto El Chaparral ha sido objeto de duros cuestionamientos después que la empresa Astaldi lo dejara inconcluso alegando “imprevistos imprevisibles”. Pese a este incumplimiento, la CEL en el gobierno Funes le terminó pagando $108.5 millones, casi el equivalente al 50%, pese a que el avance se señaló que era de una tercera parte.

La obra estaba valorada en $219 millones, es decir, se les pagó la mitad del proyecto. Ahora la CEL quiere destinarle $70 millones más.

En diciembre no lo avalaron; en junio  pasado sí lo hicieron

En el informe preliminar,  emitido en diciembre de 2014, luego de que los funcionarios de la CEL se defendieran del señalamiento, los auditores que vieron el caso de primera mano confirmaron que no pueden avalar que mediante el “arreglo directo” el gobierno de Mauricio Funes, a través de la CEL, le pagara $108.5 millones a la constructora Astaldi como si hubiera ejecutado el 49.3 %  de la obra.

Los auditores determinaron que se pagó mucho más a lo que fue el avance real,  pues lo que se ejecutó fue sólo la tercera parte, el 29.28%, tal como en su momento lo habían registrado los supervisores, tanto los de la CEL como los de las dos firmas externas contratadas para la supervisión del  proyecto, Euroestudios S.L. y el Consorcio Ingenieros Civiles y Eléctricos S.A.  (Ingetec).

“No podemos avalar lo expresado por él (funcionario de la CEL), sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30 %”, dijeron los auditores en el informe de diciembre.

Luego explicaban por qué la administración de la CEL, bajo la batuta de Leopoldo Samour, había errado en el cálculo del pago: “El tipo de contrato valorado por eventos no permite evaluarlo de esa manera, como si fuera por precios unitarios”, dijeron.

Pero en el informe de junio de este año más bien la Corte de Cuentas da luz verde al procedimiento, diciendo que por no tener experiencia en valuar ese tipo de obras buscaron a empresas del ramo, que no mencionan,  que les dieron el visto bueno a lo pagado.

 “(…) tomaron como base de base un costo de  $85,000,000.00 el cual técnicamente no logramos validar por carecer de equipo y la experticia técnica en eser tipo de obra”.

“No obstante, revisamos estimaciones de empresas con experiencia en ese tipo de proyectos, quienes estimaron valores cercanos a esa cantidad, por lo cual el monto a nuestro juicio resultó razonable”, dice el informe emitido seis meses después.

No cuestiona a la CEL por no proceder contra Astaldi

El informe de junio pasado tampoco le  cuestiona a la CEL que no agotó los mecanismos  para resolver el conflicto con la Astaldi de manera oportuna antes de buscar el “arreglo directo”.

La CEL contrató a la Astaldi bajo la modalidad “llave en mano” a la Astaldi, eso significaba que no podían alterar los términos del contrato y obligaba a la empresa a cumplirlo en el tiempo y monto convenido de $219 millones.

Pero en 2010, la constructora paró los trabajos en El Chaparral y reclamó a la CEL más dinero bajo el argumento de que se había encontrado con “imprevistos imprevisibles” en el sitio de la obra.

En el informe de los auditores del ente contralor se revela que los supervisores de la CEL y de las firmas externas recomendaron a las autoridades de la autónoma que el reclamo no procedía y que debía continuar con las obras, pero que la constructora recurrió directamente a la presidencia de la autónoma.

En diciembre,los auditores dejan plasmado en su informe que no hallaron documentación de cuál fue la respuesta de la CEL a la Astaldi, pero que luego vino el arreglo directo y el pago global sin que se supiera cómo lo habían calculado.

“No se encontró evidencia documental que respaldara dicho monto que sirvió de base para la negociación del arreglo directo determinado por  la Junta Directiva en relación a la liquidación del contrato” con la Astaldi, determinaron los auditores.

 Le recriminaron también a la CEL que no tomara en cuenta el informe de valúo de la supervisión externa a cargo de Euroestudios e Ingetec y el que optara por $85 millones como cantidad base para negociar el arreglo, que era el cálculo mayor de tres que tenía como opción.

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Reitera atraso de la obra

Con estos pagos, que además no correspondían con la obra ejecutada, los auditores le criticaron a la CEL que no aplicó las políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público impuestas por el Órgano Ejecutivo en 2012.

Aunque en el informe de auditoría de junio de este año ya no le cuestiona todos estos aspectos, sí le reitera, aunque de manera indirecta, que se pagó por una obra con un retraso del 68.48 %.

“El proyecto presentó atrasos desde sus inicios, los cuales fueron incrementándose a partir de mayo de 2010, acumulando a junio de 2012 el 68.48 % de atraso”, dice en parte de las conclusiones.

Y puntualiza que: “El avance general del proyecto a junio de 2012 fue del 29.28 %, (según supervisión)”.

 Sin embargo, omiten la otra parte de esta conclusión plasmada en el informe inicial, cuando dijeron: “(…) siendo que el contratista no comprobó ni justificó las situaciones que lo generaron; asimismo, CEL no determinó el incumplimiento contractual”.

En ese sentido, los auditores confirman parcialmente el hallazgo plasmado en su informe preliminar, únicamente el relativo al poco avance de la obra reportada por los supervisores al momento de que el entonces titular de la CEL, Leopoldo Samour, y el presidente de la Astaldi, Mario Pieragostini firmaran el arreglo directo.

En el último informe ya no le señalan a la CEL, como sí lo hizo en el preliminar, que no procediera contra la Astaldi ante un evidente incumplimiento del contrato luego que paralizara los trabajos por cuenta propia y sin que demostrara técnica ni contractualmente los “imprevistos imprevisibles” que alegaba, ni presentara los diseños detallados como estaba obligada por contrato.

Tampoco detalla, como en el primer informe, el uso inadecuado que hizo la Astaldi de los fondos que la CEL le entregó en concepto de anticipo del contrato.

En el último informe, los contralores solo registraron la transferencia de ese anticipo y que al 31 de diciembre de 2011 faltaba desembolsar $60 millones pero que “no podemos asegurar que se haya utilizado en su totalidad en el Proyecto”. Tal afirmación difiere mucho de lo que afirmaron en su primer informe.

“Verificamos gastos no justificados por el valor de $7,507,006.50, relacionados con transferencias de fondos a Astaldi S.p.A. Sucursal Costa Rica por $1,000,000.00 y Sucursal Panamá por $11,000,000.00, ascendiendo a un total dede $12,000,000.00 realizadas  de la cuenta de anticipo, de las cuales únicamente se reportó y justificó la cantidad de $4,492,993.50”, dijeron en diciembre de 2014.

También  determinaron que Astaldi sucursal El Salvador “utilizó para otros proyectos un monto de 42,311,143.65 delancitipo entregado a Corinca S.A. de C.V por $5,000,000.00”.
Hay dos datos interesantes en el informe de junio: uno de ellos es que mantienen el cuestionamiento a la CEL de haber hecho “pagos indebidos” por $210 mil 921  a las firmas supervisoras .

El otro cuestionamiento que no incluyen es el haberle pagado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) $1.4 millones en concepto de comisiones, algo que según dijeron es ilícito y que no lograron justificar.

 Solo se limitan a detallar lo que han devengado del préstamo de $163 millones con el BCIE y el alto costo de pagar comisiones por fondos que no se utilizan.

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Por interés público, EDH pide transparentar auditoría El Chaparral

Instituto de Acceso a la Información Pública celebró audiencia por tal motivo. Este periódico invocó el derecho constitucional de la población a estar informada.

La audiencia en el Insituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la que El Diario de Hoy solicita información a la Corte de Cuentas sobre el... | Foto por William Martínez

La audiencia en el Insituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la que El Diario de Hoy solicita información a la Corte de Cuentas sobre el… | Foto por William Martínez

, 27 agosto 2015 / EDH

La demanda de transparencia y el interés público de los salvadoreños invocó El Diario de Hoy ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que se revele el informe de auditoría de la Corte de Cuentas sobre el proyecto de El Chaparral, los gastos en que incurrió y el “arreglo directo” que se avaló en el gobierno de Funes para pagarle $108.5 millones a la empresa Astaldi pese a que dejó abandonados los trabajos.

El IAIP celebró ayer la audiencia para dirimir la petición de este periódico, que estuvo representado por su editor subjefe, Mario González, y el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo.

La Corte de Cuentas, que estuvo representada por el abogado Lisandro Campos, se ha negado a entregar dicho informe a este periódico argumentando que aún está en proceso y que no puede violar la presunción de inocencia de personas mencionadas en la auditoría.

Específicamente se le ha solicitado a la Corte de Cuentas  el “Examen especial a la ejecución del contrato llave en mano No. CEL-4143-S, suscrito entre CEL y la empresa Astaldi S.P.A para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral por el periodo del 05 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y a la adjudicación y ejecución del contrato No. CEL-4177-S, suscrito entre CEL y el consorcio Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A. y Euroestudios S.L. para la prestación de servicios de supervisión a la construcción de la  Central Hidroeléctrica El Chaparral por el periodo del 05 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013”.

En la audiencia pública, el editor subjefe de El Diario de Hoy y su abogado recalcaron que su petición se basa en la obligación que tienen las instituciones de ser transparentes, en el interés público y en el derecho constitucional  de los salvadoreños de acceso a la información.

“El propósito de nuestra gestión es responder al clamor de todos los salvadoreños de tener mayor transparencia en las instituciones; en segundo lugar, que se revelen todos los detalles de esta obra, pues se pagaron 108.5 millones de dólares por una obra que quedó inconclusa”, explicó González.

Por su parte, el abogado Bertrand Galindo explicó que es totalmente legal la solicitud de dicha información, pues ya hubo una resolución en la fase administrativa.

“Todo esto (es) para conocer cuáles habían sido los hallazgos de la Corte y qué había encontrado con el elemento de supervisión. Y esto tenía mucho que ver porque ha habido una discusión pública en cuán definido estaba el diseño básico de las instalaciones, cuánto se sabía del proceso geológico de los bordes de la presa y cuánto además, había avanzado realmente el proyecto”, especificó el letrado.

 Agregó que “hay bastantes indicios de la supervisión (que) había determinado que el avance de la obra no era el porcentaje que realmente se pagó”, aseveró Bertrand Galindo.

En un informe preliminar, al que El Diario de Hoy tuvo acceso, los auditores de la Corte de Cuentas cuestionan el “arreglo directo” que defendió el expresidente Funes y por el cual la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le pagó $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi, pese a que dejó inconcluso el proyecto.

Astaldi recibió un pago equivalente a casi el 50% de la obra, pero los auditores dijeron que el avance real era del  29.28%, según los supervisores. El valor total de la obra era era de $219 millones.

En el mismo informe, los auditores dijeron que no hay documentación que respaldara la decisión de pagarles ese dinero a los italianos y que éstos usaron parte de los fondos en otros proyectos.

Esa auditoría le recrimina a la CEL por no haberle reclamado la garantía a la empresa por supuesto uso inadecuado de los anticipos.

Bertrand Galindo explicó que hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que se establece que la Corte de Cuentas tiene una instancia administrativa que es la que determina responsabilidades de ese índole. Y no está limitada la entrega del documento que se requiere.

Por su parte, el representante legal de la Corte de Cuentas, Lisandro Campos, defendió la negativa de la institución a revelar la auditoría  diciendo que la documentación solicitada está reservada porque el informe final de auditoría pasó al área jurisdiccional, justamente por contener presunta responsabilidad, pero no dio más detalles.

Los comisionados tienen tres días hábiles para resolver a la petición de este Periódico, según establece la ley.

“El propósito de nuestra gestión es responder al clamor de todos los salvadoreños de tener mayor transparencia en las instituciones”: Mario González.

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Documento en web de CCR no es el que se ha pedido

Abogado de la institución aseguró que ya se había publicado una auditoría del caso El Chaparral, pero no es el que se solicitó formalmente.

, 27 agosto 2015 / EDH

El informe de auditoría que, según el representante legal de la Corte de Cuentas está publicado en el sitio web de dicha institución, no es el solicitado por El Diario de Hoy y por el cual se apeló ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Lisandro Campos, abogado que representó a la Corte de Cuentas (CCR) en la audiencia oral ante el IAIP, dijo tanto a los periodistas como a los comisionados que han dado acceso público a una auditoría del caso El Chaparral, en la cual no se encontraron reparos.

Se trata del informe de “examen especial al proceso de liquidación del contrato No. CEL-4143 suscrito entre CEL y la empresa Astaldi para la construcción de la central hidroeléctrica el Chaparral, durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012”, el cual fue emitido en julio de 2013 por la dirección de auditoría cuatro.

“El informe de auditoría que no tuvo ningún tipo de hallazgo ha sido un informe limpio relacionado al tema Chaparral ya está publicado en el portal web de la Corte de Cuentas y ustedes lo pueden consultar. Porque ahí terminó la etapa jurisdiccional”, manifestó.

Pero luego dijo que la auditoría especial solicitada por este medio pasó a uno de los tribunales internos, por lo que está en proceso y no se puede dar el documento.

El abogado hizo hincapié que cualquier documento, como contratos, evaluaciones, etc. son “papeles de trabajo” que forman parte de la auditoría que está bajo reserva.

“Como ha pasado a sede jurisdiccional donde todavía los servidores relacionados no han sido oídos ni vencidos en juicio, les estamos garantizando su derecho de inocencia en tanto no sean esa sentencia en firme. Serán los señores jueces de la cámara los que emitirán el fallo en firme”, expresó.

Campos aseguró que el informe de auditoría, que no tuvo ningún tipo de hallazgo, es un informe “limpio”.

Hay juicio de cuentas por El Chaparral

Fuentes de la Corte de Cuentas confirmaron que se ha abierto juicio de cuentas a cinco funcionarios que estuvieron involucrados en la ejecución y cierre a través de arreglo del contrato con la firma Astaldi.

Obras sin avances. Foto aérea de la zona de construcción de El Chaparral, que está estancada desde 2010 y ha estado rodeada de polémica.

Obras sin avances. Foto aérea de la zona de construcción de El Chaparral, que está estancada desde 2010 y ha estado rodeada de polémica.

Mariana Belloso, 23 agosto 2015 / LPG

El proyecto de El Chaparral, que de concluirse será la quinta presa hidroeléctrica con la que contará El Salvador, sigue bajo la lupa de las autoridades salvadoreñas.

Esta vez es la Corte de Cuentas de la República la que ha decidido abrir un juicio de cuentas (cuyo número de expediente es CAM – I-JC-020-2015) contra cinco de las personas que estuvieron involucradas en la ejecución y posterior cierre del contrato con la empresa que construiría la presa hidroeléctrica.

Además de esto, la Fiscalía General de la República mantiene un proceso abierto sobre el mismo proyecto (ver nota aparte).

¿La razón? Supuestas anomalías en la firma, ejecución y posterior cierre a través de un arreglo del contrato con la firma italiana Astaldi. Dicho contrato se firmó en 2008 y se dio por finalizado en 2012, con un arreglo que incluyó el pago de $85,000 por los avances confirmados a dicha fecha, además de una compensación por $28.4 millones.

La administración Mauricio Funes negoció y acordó este pago, para lograr dar por concluido el contrato con los italianos y, según el argumento del exfuncionario, evitar que el caso llegara a un arbitraje internacional.

Examen especial

La Corte de Cuentas de la República emitió en junio de este año la versión final del informe del examen especial a la ejecución del contrato llave en mano suscrito entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa Astaldi S.p.A., para la construcción de El Chaparral.

El examen abarca además la adjudicación y ejecución del contrato con el consorcio Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S. A. (INGETEC) y EUROESTUDIOS S. L. para la prestación de servicios de supervisión a la construcción de la hidroeléctrica.

Dicho examen abarca el periodo del 5 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013, y concluye con varias observaciones sobre el manejo financiero del proyecto.

Una fuente de la Corte dijo que a raíz de estos hallazgos se ha abierto un juicio de cuentas en la Cámara Primera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas, en contra de: Miguel Orlando Chávez Martínez, del Departamento de Contabilidad de la CEL; Roberto Ernesto Jacome, tesorero institucional de la autónoma; Jaime Eduardo Contreras, ex director ejecutivo de la entidad; y Mario Roberto Campos Monterrosa, responsable de la obra en El Chaparral.

Las observaciones

Una versión preliminar del examen sobre la ejecución de los contratos con Astaldi y con EUROESTUDIOS-INGETEC fue publicada en diciembre pasado por la Corte, y se dio espacio para que los funcionarios señalados pudieran aclarar las observaciones realizadas por los auditores.

Luego de tomar en cuenta las aclaraciones y argumentos presentados por los involucrados, los auditores concluyeron que persistían al menos cuatro de las inconsistencias señaladas en el examen preliminar.

En primer lugar, según el examen, la CEL transfirió $65.97 millones a ASTALDI S.p.A. en concepto de anticipo, del cual, al 31 de diciembre de 2011, solo se había amortizado $5.9 millones, “quedando una diferencia pendiente de $60.05 millones que no podemos asegurar que se haya utilizado en su totalidad en el proyecto”, aseguraron los auditores.

Segundo, el proyecto presentó atrasos desde sus inicios, que fueron aumentando a partir de mayo de 2010. A junio de 2012 el atraso era del 68.48 %. El avance general del proyecto a junio de 2012 fue del 29.28 %, según la supervisión.

En tercer lugar, los auditores señalan que hubo pagos indebidos por $210,912.71 en concepto de gastos reembolsables y no elegibles al consorcio INGETEC y EUROESTUDIOS, a quienes también la CEL les reconoció $1.3 millones en compensación por el perjuicio causado por finalizar contrato de construcción de El Chaparral mediante arreglo directo.

Una cuarta observación involucraba al costo de $85 millones que CEL le reconoció a ASTALDI al momento de acordar el cierre del contrato para la construcción de El Chaparral. “Técnicamente no logramos validar por carecer de equipo y la experticia técnica en ese tipo de obra”, reconocieron los auditores. Sin embargo, concluyeron, con base en estimaciones de empresas con experiencia en ese tipo de proyectos, que este resultó razonable.

Una quinta observación se centra en el hecho de que la CEL contrató con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) un préstamo por $163 millones, del cual únicamente se desembolsó, al 31 de diciembre de 2011, un monto de $32.98 millones. Quedó pendiente un saldo no desembolsado de $130.01 millones, por el que la CEL deberá gestionar reestructuración, ya que el objeto de este fue liquidado con el arreglo directo. El costo de no utilizar este dinero implica una erogación adicional de $5.3 millones, hasta 2011, y $975,112.38 anuales desde entonces.

Chaparral: Hay poca transparencia en contrato con Astaldi

Roberto Burgos dice que se debe investigar anticipos del Estado a la firma.

Roberto Burgos, FUNDE

Roberto Burgos, FUNDE

, 22 agosto 2015 / EDH

El gasto sin justificación de $7.5 millones que realizó la compañía Astaldi S.p.A, como parte del anticipo que recibió de la CEL para la construcción de la presa El Chaparral; y el traslado de $2 millones a otros proyectos de la empresa italiana, ponen en relieve la escasa transparencia que existe en los acuerdos entre empresas transnacionales y el Gobierno, expresó ayer Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Burgos.

Un informe preliminar de la Corte de Cuentas de la República señala que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), quien contrató a la Astaldi para la construcción de la presa, no verificó esos movimientos de fondos realizados por su contratante. Además, los auditores cuestionan que la autónoma no hizo efectiva la garantía para este caso.

A juicio de Burgos, los acuerdos realizados entre la empresa italiana y el Estado han sido “poco transparentes”, incluyendo el pago de $108 millones de CEL a la Astaldi para dar por terminado el contrato, un arreglo acordado en el gobierno de Mauricio Funes. 

“A mí siempre me ha parecido que esta clase de arreglos no solo son muy poco transparentes, sino que aunque se ven como una forma de facilitar la gestión de los negocios entre el Estado y grandes empresas privadas, especialmente transnacionales, siempre ponen en duda la efectividad del Estado de derecho en un país”, señaló el abogado.

Asimismo, Burgos es de la idea que este tipo de transferencias y uso de fondos de los anticipos recibidos por las empresas contratistas deberían ser investigados.

“Yo creo que este caso amerita una investigación más a fondo, que permita determinar responsabilidades de quiénes, obviamente, las tienen”, acotó.

Por otra parte, Burgos considera que para evitar arreglos entre empresas internacionales y el Estado que lesionen los intereses financieros del Estado, se requiere que este tipo de conflictos sean sometidos a los tribunales nacionales, antes que a un tribunal en el extranjero, como ha sucedido en otros casos.

“La solución de conflictos debería estar sometida a la jurisdicción local, de manera que se evite esta clase de arreglos que sirve para evitar, supuestamente, un resultado contraproducente para los intereses nacionales ante un tribunal internacional de arbitraje, pero el resultado al final termina siendo peor que la medicina; se tienen arreglos directos en los cuales se han gastado sumas cuantiosas”, opinó el experto.

En ese sentido, aseguró que se necesita revisar “la potestad de las instituciones, incluyendo las autónomas, que en su misma legislación se les permite hacer esta clase de contrataciones”, que al final terminan con un arreglo que favorece al contratista y afecta al Estado.

No obstante, la CEL se ha desvinculado de su obligación de verificar los gastos realizados por la empresa con el dinero que le dio como adelanto de la obra. El coordinador del proyecto El Chaparral asignado por la CEL señaló en una carta a los auditores de la Corte de Cuentas que el contrato con  Astaldi S.p.A “no faculta a la CEL para la verificación de los documentos contables de gastos realizados por el contratista del proyecto”, según el informe preliminar.

Corte se tardó

Otro de los aspectos que de acuerdo con Burgos no han contribuido a la transparencia en el contrato con la empresa italiana es el atraso de la Corte de Cuentas para presentar informes preliminares sobre dichas contrataciones.

“Los informes de auditoría de la Corte de Cuentas siguen siendo informes a posteriori, es decir el examen de las obras y procesos es un examen que se da cuando muchas veces el daño está consumado y el uso arbitrario de fondos públicos es una realidad”, criticó.

Burgos también consideró que se requiere una contraloría con capacidad para prevenir que se den este tipo de “casos de corrupción o de abuso de poder en la gestión de fondos públicos”.

“Mientras tengamos una institución contralora que deja mucho que desear en materia de objetividad, que sigue estando partidarizada, que parece que solo persigue a los funcionarios en el uso de fondos públicos cuando son de los partidos de oposición y no el propio, vamos a seguir teniendo informes de auditoría que son secretos”, agregó.

Burgos aseguró que en la CEL hay un “historial” en el que se ha responsabilizado de irregularidades a jefaturas de nivel medio y no a los titulares de la autónoma, quienes “son los que ahora tienen que dar cuenta sobre esos casos”.

“Hay que revisar esa potestad de las instituciones, i
ncluyendo las autónomas, que en su legislación se les permite hacer estas contrataciones”,
Roberto Burgos

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Forma en que se administró conflicto con Astaldi no fue la adecuada

Dijo que cuando se dio el arreglo con la empresa buscaban opinión de expertos.

22 agosto 2015 / EDH

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica  del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, admitió  ayer que la manera en que se manejó el conflicto con la constructora Astaldi S.p.A. cuando ésta abandonó  las obras de El Chaparral, no fue la adecuada y que la autónoma no  tenía el control total.

“La forma como se administró esta parte en esa época para mí no fue como la adecuada pero así sucedió”  mientras se buscaba opinión en expertos sobre ese  punto, afirmó el funcionario en una entrevista en la  radio 102 Nueve.

La CEL pagó $108.5 millones a la constructora italiana en el gobierno Funes,  reconociéndole casi un 50% de avance de la obra, cuando  el avance real que registraron los supervisores  externos y los mismos de la CEL apenas llegaba a 29.28 %, según plasmaron auditores de la  Corte de Cuentas en su informe preliminar.

El “arreglo directo”, que fue defendido en su momento por el expresidente Funes, llegó luego de que la Astaldi abandonara los  trabajos alegando “imprevistos imprevisibles”, situación que los  supervisores tampoco le aceptaron porque según dijeron  las conocía anticipadamente desde que licitó el  contrato.

Ante esos antecedentes, los auditores de la Corte realizaron un examen a la ejecución de ese  contrato, desaprobaron la forma en que se llegó al  arreglo directo y el monto que se le pagó a la Astaldi, pues según concluyeron, no correspondía al avance de la  obra.

Cuando se le pregunta cuál debía ser la forma más  adecuada de arreglar el problema, López Villafuerte  responde que “la atención directa”, y que en la época  en que se dio el conflicto (2010), la CEL no tenía todo  el control de la situación.

“Cuando uno está administrando un contrato, pero como  ya la CEL había caído en una forma de solo administrar y no tener el control total como lo queremos tener  ahora”, dijo el funcionario.

En ese sentido, dijo, es necesario contar con un equipo integrado que esté  “encima” para atender “cualquier cosa que sea  vulnerable”.

De esa manera, ahondó, “uno tiene control total de la  obra”.

Pese a estos señalamientos, López Villafuerte sostuvo  que en todo el proceso que siguió la administración de  Leopoldo Samour, su antecesor,  no hubo irregularidad.

El funcionario dijo que había un informe final de la  auditoría que realizó la Corte de Cuentas al contrato, que fue emitido en junio pasado, pero nadie lo ha mostrado y la contraloría ha alegado que  lo tiene en “reserva”.

López restó importancia al  informe preliminar en el que se le hacen serios  señalamientos al “arreglo directo”.

“No hay ninguna irregularidad”, afirmó y aseguró que  para hacer el arreglo con Astaldi se hizo cuatro consultas  a la Corte de Cuentas y se basaron en la ley LACAP que  permite esa conciliación.

Sobre si fue justo el pago de $108.5 millones a Astaldi por una obra con bajo avance, López Villafuerte dijo que sí le “parece adecuado y pudo haber sido mayor o menor dependiendo de las circunstancias en ese momento”.

Caso Chaparral: Auditoría CCR cuestiona pago de $108 millones por un hoyo

Informe dice que CEL sobrevaloró la obra y violó la política de austeridad. Además, no presentó documentos que respalden cómo determinó el monto liquidado.

La presa El Chaparral es una obra que continúa en abandono. | Foto por Archivo

La presa El Chaparral es una obra que continúa en abandono. | Foto por Archivo

19 agosto 2015 / EDH

No se justifica que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), en el gobierno de Mauricio Funes, haya terminado pagando $108.5 millones a la empresa Astaldi, pese a que dejó abandonado el proyecto de El Chaparral.

El avance real de la obra no equivalía a esos $108.5 millones, no hay documentos que respalden cómo se calculó ese pago ni por qué se le canceló casi el equivalente a como si hubiera alrededor de un 50 por ciento de avance, cuando era el 29.28 %.

Esas son dos de las principales conclusiones a las que llegaron auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR), según el borrador o informe preliminar de una auditoría por la malograda obra y el cuestionado multimillonario pago a Astaldi, que tendrán que pagarlo todos los salvadoreños.

En el documento, al que tuvo acceso El Diario de Hoy, los contralores públicos cuestionan el “arreglo directo” al que llegó la CEL –con la venia del gobierno de Funes– con Astaldi y el hecho de que, siendo un contrato llave en mano (con obligación de entregar la obra totalmente terminada), no se le cobró la garantía sobre el anticipo a Astaldi y por qué la empresa usó dinero del anticipo de El Chaparral para otros proyectos de la empresa.

El proyecto de El Chaparral, en Carolina, San Miguel, estaba valorado en $219 millones. En el gobierno de Antonio Saca (2004-2009) la obra se le adjudicó a la empresa italiana Astaldi, que dejó los trabajos a medias en 2010 alegando “imprevistos imprevisibles” como el desplazamiento del terreno.

Pese a ello, el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) llegó a un “arreglo directo” con Astaldi y le terminó de pagar $108.5 millones –casi la mitad del costo del proyecto a pesar de que solo había construido la tercera parte, según se denunció– argumentando que era mejor hacerlo que pelear en un tribunal internacional con Astaldi.

Pero los auditores de la Corte de Cuentas no se tragan los argumentos: “No podemos avalar lo expresado por él (funcionario de CEL) sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30 %”, sentenciaron los auditores en su informe del examen especial a la ejecución del contrato entre la CEL y la empresa italiana Astaldi, a cuyo borrador tuvo acceso El Diario de Hoy.

En un campo pagado en los periódicos, en 2012, CEL no dijo que el avance era del 49.30 %, sino de 38 %.

El cuestionamiento de la Corte de Cuentas coincide con lo que establece la Ley LACAP en su artículo 95 en donde claramente establece que en caso de “arreglo directo” se debe pagar solamente la obra ejecutada, no más. Pero aquí ocurrió todo lo contrario.

Aunque la Corte no recurre a ese apartado de la LACAP ni cuestiona el origen de los $28.7 millones adicionales que al final le entregó el gobierno de Funes a Astaldi en concepto de “costo-beneficio”, sí reprocha el monto global acordado en el arreglo directo en 2012.

Sin respaldo términos de pago

En el examen emitido el 16 de diciembre de 2014, los técnicos de la Corte cuestionan los términos de pago acordados en el arreglo entre CEL y Astaldi en 2012.

“Determinamos que la Junta Directiva de la CEL, para la valoración de la Obra Civil, Bienes y Servicios del Proyecto Construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral por un monto de $85.000.000.00, no contó con documentación que respaldara la determinación de dicho monto, el cual sirvió de base para la negociación del arreglo directo y liquidación del contrato No. CEL-4143 con la empresa Astaldi”, afirmaron los auditores en su informe.

Los auditores se basan en que durante su investigación “no se encontró evidencia documental que respaldara dicho monto que sirvió de base para la negociación del arreglo directo determinado por la Junta Directiva en relación a la liquidación del contrato” con Astaldi.

También dicen que previo al arreglo directo, la CEL había pagado a Astaldi el 9 % del contrato por el “único evento finalizado”, es decir, la terminación del desvío y control del Río Torola, que equivalió a $19 millones 727 mil 793. Pero que en el arreglo directo se partió del valor base de $85 millones, de los cuales ya le habían cancelado $79.8 millones.

También le señala que no tomó en cuenta un informe de valúo de la supervisión externa a cargo de las firmas Euroestudios e Ingetec, que proponían tres opciones de cálculo de los costos directos (es la suma de obras, facilidades, materia prima, ingeniería de diseño) que no variaba el monto de $63 millones 255 mil 582. A esto se añadía el monto del AIU (costo de administración, imprevistos y utilidades), que al final sugería un monto total de entre $79.7 a $84.4 millones.

Pero dichos montos “no fueron considerados en el trato directo, y la Junta Directiva aprobó un porcentaje de AIU mayor al 45 %, que fue el dato más alto propuesto por la Supervisión Externa”, dice la auditoría.

Además, indica que al hacer este cálculo y pago para liquidar el contrato, CEL no aplicó las políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público impuestas en 2012 por el Ejecutivo y no hizo un uso eficiente de los fondos institucionales.

Pese esto, el 11 de julio de 2012, la CEL le liquidó en total a la Astaldi los $108.5 millones por una obra sin terminar. El arreglo lo firmaron el entonces titular de la CEL, José Leopoldo Samour, y Mario Pieragostini, presidente y apoderado legal de Astaldi.

Se pagó de más

El informe de la CCR también atribuye a CEL haber pactado dicho arreglo, pese a que un informe de los supervisores de la obra y de las valoraciones del coordinador del proyecto por parte de la CEL refutaran que las fallas aducidas eran conocidas de antemano por Astaldi, ya que estaban contempladas en los documentos de licitación, específicamente en el Diseño Básico.

Los auditores dejan en evidencia la contradicción de la autónoma cuando le recuerdan que ella misma revisó y avaló el avance del 29.28 % de la obra, y que ese porcentaje se mantenía al momento de firmar el arreglo directo con la firma italiana, pero en cambio le reconoció el 38 %.

La Astaldi paró los trabajos en junio de 2010 de forma unilateral y alegó “imprevistos imprevisibles”, a un año y medio de haber iniciado los trabajos a los que se comprometió en el contrato que firmó el 26 de septiembre de 2008 por un monto de $219.1 millones en concepto de obra civil, bienes y servicios, y uno por $702 mil 809 en concepto de repuestos recomendados. Así se comprometía a echar a andar en un plazo de 1,500 días la presa El Chaparral que prometía generar 65 megavatios.

Al suspender los trabajos, Astaldi ya había hecho dos reclamos de más paga y ampliación del plazo argumentando que se enfrentaba a condiciones totalmente diferentes a la situación previsible en el Diseño Básico, y eso estaba fuera de su alcance.

 Pero tanto los supervisores externos como el coordinador del proyecto de la CEL calificaron improcedente los reclamos de Astaldi y le refutaron que esas imprevistos alegados ya eran de su conocimiento.

A raíz de esa respuesta, Astaldi recurrió directamente a la presidencia de CEL para conocer si avalaba lo resuelto por los supervisores. Pero según los auditores de la CCR, no encontraron evidencia documental sobre qué respondió a la constructora.

Lo que sí hizo la Presidencia y Junta Directiva, según la auditoría, fue que pese a ser comunicados sobre la falta de sustento técnico del reclamo de la Astaldi, nunca determinó responsabilidades por el incumplimiento contractual, y optó por un arreglo directo para liquidar el contrato.

Antes del arreglo directo, contrató a las firmas de abogados Curtis Mallet-Prevost Colt & Moles, S.C. y Rusconi, Medina & Asociados Central Law, quienes incluso les recomendaron ir a un arbitraje y que solo se cancelara “por obras realmente ejecutadas”, y así mantenía las posibilidades de resistir a incrementos de costos, que se dirimirían en procedimiento arbitral, según quedó plasmado en el acta de sesiones número 3507 del 19 de marzo de 2012.

El informe dice que, pese a estas recomendaciones de sus asesores y las advertencias de que Astaldi nunca demostró el fundamento de sus reclamos, la CEL decidió un arreglo directo, el cual se selló en dos días.

Este examen deja esta y otras irregularidades al descubierto en la ejecución de este contrato, entre ellas, pagos extemporáneos, desvío de fondos del proyecto El Chaparral a otros proyectos de la constructora dentro y fuera del país, falta de vigilancia de la CEL en el uso de los fondos y la no exigencia del cumplimiento del contrato.

Debido a estos hallazgos, el actual presidente de la Corte, Jhovel Valiente, dijo a inicio de año que el caso había pasado a juicio de cuentas y que estaban abiertos a colaborar con la Fiscalía General de la República, que también está investigando todo este proceso de ejecución y liquidación del contrato entre la CEL y la Astaldi.

La Fiscalía ya terminó la etapa de investigación del caso y está pendiente de rendir su informe y de anunciar las medidas a tomar. Mientras, el gobierno busca nuevo contratista y $71 millones más para concluir la obra.

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CEL se defiende, pero informe la refuta

Pese a señalamientos de CCR, titular de la institución dijo hace poco que la auditoría al proyecto “ha salido bien” y arrojó que arreglo fue legal.

19 agosto 2015 / EDH

El Diario de Hoy ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) una entrevista para hablar sobre el arreglo directo con la constructora Astaldi S.p.A. que liquidó el contrato para la construcción de El Chaparral. La semana pasada se le pidió nuevamente hablar de ese tema y otros relacionados como la continuidad del proyecto, así como de la auditoría que le realizó la Corte de Cuentas, pero aún no ha contestado.

Hasta hoy, la CEL solo ha reaccionado a través de comunicados y de una carta enviada a El Diario de Hoy tras la publicación del reportaje en 2012 que revelaba el cuestionado arreglo directo dado que pagó $108.5 millones por una obra inconclusa.

La institución siempre ha argumentado la legalidad del arreglo y la razón por la que lo hizo: evitar que el Estado fuera demandado ante un tribunal internacional, lo cual le hubiera significado un proceso oneroso y largo.

La semana pasada, el actual titular de la CEL, David López, volvió a defender el trato con Astaldi, con un aval que le habría dado la Corte de Cuentas. Para el caso mencionó una auditoría que, según él, arrojó que “por alguna razón algún procedimiento administrativo no ha salido bien, pero que en general la auditoría indica que se hizo bajo un procedimiento que lo rige la ley”.

También aseguró que dicho examen solo arrojó “cuestiones de interpretación para mandos medios”.

El arreglo, firmado el 11 de julio de 2012 , lo decidió la administración de Leopoldo Samour en CEL durante el gobierno de Mauricio Funes. Este último lo defendió a ultranza e insistió en que nunca hubo irregularidad.

En el comunicado, publicado el 20 de julio de 2013 y en forma conjunta entre la CEL y la Astaldi, afirmaban que “eventos naturales impactaron el sitio de la obra y motivaron tratamientos y modificaciones técnicas específicos”, pero que debido a que el contrato llave en mano no se podía modificar, que era necesario reactivar la obra y evitar mayores daños, les llevaron a hacer el arreglo.

El arreglo directo, decían, estaba amparado en los artículos 95, 161, 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Así, aseguraban, se estableció “la liquidación total del contrato por la suma de $108.5 millones”.

También explicaban en el comunicado que de ese monto se deducía al contratista lo construido, que equivalía a $85 millones, de los cuales ya se le habían cancelado $79.8 millones y que aún estaban pendientes de cancelar $5.2 millones, por lo que a ese momento solo se le reconocería a la constructora $23.5 millones.

En la nota no detallaban cómo habían calculado el monto base de los $85 millones, que es lo que les cuestionó la Corte de Cuentas, solo que las partes habían conciliado las cantidades “a partir del avance y construcción de la obra, con los anticipos y otros pagos realizados con anterioridad, y tomando en cuenta aquellos reclamos económicos que ambas partes han estimado como procedentes, así como el costo beneficio que para el interés público origina la inmediata efectividad del Arreglo Directo y la total certidumbre de la situación de la situación jurídica de la obra para su continuación”.

También se decía que de acuerdo con la supervisión de las obras, el valor actual de las mismas presentaba un 38 % del monto total del contrato, pese a que, según los auditores de la Corte, a la fecha del examen le había dicho que el avance del 29.28 %.

Con ello, aseguró la CEL, se lograría resguardar la inversión del Estado salvadoreño, evitar el deterioro de las obras construidas, garantizar la continuidad del proyecto y generar la energía eléctrica que satisfaría la necesidad de dicho servicio público.

En una carta que la CEL envió a El Diario de Hoy en septiembre de 2012, exponía que a la llegada de Samour se encontraron reclamos, en el proyecto El Chaparral, por costos sostenidos que llegaban a un valor de $52.391.095 millones.

Ante eso, se tenían dos opciones: ir a un arbitraje, o negociar la finalización del contrato y que finalmente se logró un acuerdo para reducir esos reclamos a solo $23.5 millones, lo cual fue aprobado por la Junta Directiva de CEL, incluyendo al Director designado por la Empresa Privada.

Sobre el representante del sector empresarial, la Asociación Nacional de la Empresa Privada aclaró que no tenían un representante en el consejo directivo de la CEL.

También justificaban que el contrato modalidad “llave en mano”, elegida para este caso, impedía tomar decisiones para proteger, en forma rápida y efectiva, el bien común y las obras públicas ya desarrolladas y se evitaban “arbitrajes leoninos y onerosos” como el caso de la Nejapa Power entre 1995 y 2002.

Pero en la auditoría a la que accedió El Diario de Hoy, la CCR le dice que debió haber tomado en cuenta las opiniones para determinar montos a la hora del arreglo directo de los supervisores externos de Euroestudios e Ingetec y del coordinador del proyecto delegado por la CEL, que le informaron que el porcentaje de avance del real en la fecha en que hicieron el arreglo directo era menor al que le reconocieron a la Astaldi.

Además le habían sugerido que la constructora ya tenía conocimiento de los problemas que alegaba.

Los auditores le dicen que se confirma la irregularidad, pues basándose en un cuadro de avances de la obra registrado por los encargados de la Supervisión, de septiembre de 2009 a junio de 2012, el avance era del 29.28 % y no del 38 % como al final conciliaron con la Astaldi.

De hecho, los auditores le achacaron que primero la CEL respaldó la improcedencia del primer reclamo que hizo la constructora, pero en el segundo que hizo ya no hay evidencia documental que registre qué respondió la Presidencia o la Junta Directiva de la institución. Incluso reprende a la Junta Directiva que no tomó ninguna acción para determinar responsabilidades de los atrasos, pero que luego decidió un arreglo directo bajo el razonamiento de diferencias técnicas sobre las causas y las consecuencias del atraso de la obra conforme el cronograma de ejecución pactado.

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Fracción de ARENA pide a CEL informes sobre proyecto El Chaparral

Entre los principales requerimientos que demandan los legisladores están el pago directo con Astaldi, garantía de la obra, las actas de junta directiva relacionadas al proyecto y las prórrogas.

Varios diputados de la fracción de ARENA se presentaron la mañana de este miércoles a las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para pedir informes completos sobre el proyecto El Chaparral.

En el documento los legisladores destacan la solicitud de 32 puntos de información relacionados a la construcción de la presa tras las publicaciones emitidas en los medios de comunicación y al considerar que la obra es de interés público y se ejecuta con fondos del Estado.

El parlamentario René Portillo Cuadra agregó además que la petición la realizan en la autónoma ante la negativa del partido en gobierno de crear una comisión especial que investigue la obra de El Chaparral.

Entre los principales requerimientos que demandan los legisladores de ARENA están el pago directo con Astaldi, garantía de la obra, las actas de junta directiva relacionadas al proyecto y las prórrogas.

En total fueron 17 diputados de la bancada tricolor que llegaron a la CEL y cada uno entregó una solicitud que contenía la misma petición, que es la información completa sobre la construcción de la presa El Chaparral.

Estos son parte de los puntos que incluye la solicitud:

ARENA solicita informes sobre El Chaparral