Astaldi

Chaparral: Hay poca transparencia en contrato con Astaldi

Roberto Burgos dice que se debe investigar anticipos del Estado a la firma.

Roberto Burgos, FUNDE

Roberto Burgos, FUNDE

, 22 agosto 2015 / EDH

El gasto sin justificación de $7.5 millones que realizó la compañía Astaldi S.p.A, como parte del anticipo que recibió de la CEL para la construcción de la presa El Chaparral; y el traslado de $2 millones a otros proyectos de la empresa italiana, ponen en relieve la escasa transparencia que existe en los acuerdos entre empresas transnacionales y el Gobierno, expresó ayer Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Burgos.

Un informe preliminar de la Corte de Cuentas de la República señala que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), quien contrató a la Astaldi para la construcción de la presa, no verificó esos movimientos de fondos realizados por su contratante. Además, los auditores cuestionan que la autónoma no hizo efectiva la garantía para este caso.

A juicio de Burgos, los acuerdos realizados entre la empresa italiana y el Estado han sido “poco transparentes”, incluyendo el pago de $108 millones de CEL a la Astaldi para dar por terminado el contrato, un arreglo acordado en el gobierno de Mauricio Funes. 

“A mí siempre me ha parecido que esta clase de arreglos no solo son muy poco transparentes, sino que aunque se ven como una forma de facilitar la gestión de los negocios entre el Estado y grandes empresas privadas, especialmente transnacionales, siempre ponen en duda la efectividad del Estado de derecho en un país”, señaló el abogado.

Asimismo, Burgos es de la idea que este tipo de transferencias y uso de fondos de los anticipos recibidos por las empresas contratistas deberían ser investigados.

“Yo creo que este caso amerita una investigación más a fondo, que permita determinar responsabilidades de quiénes, obviamente, las tienen”, acotó.

Por otra parte, Burgos considera que para evitar arreglos entre empresas internacionales y el Estado que lesionen los intereses financieros del Estado, se requiere que este tipo de conflictos sean sometidos a los tribunales nacionales, antes que a un tribunal en el extranjero, como ha sucedido en otros casos.

“La solución de conflictos debería estar sometida a la jurisdicción local, de manera que se evite esta clase de arreglos que sirve para evitar, supuestamente, un resultado contraproducente para los intereses nacionales ante un tribunal internacional de arbitraje, pero el resultado al final termina siendo peor que la medicina; se tienen arreglos directos en los cuales se han gastado sumas cuantiosas”, opinó el experto.

En ese sentido, aseguró que se necesita revisar “la potestad de las instituciones, incluyendo las autónomas, que en su misma legislación se les permite hacer esta clase de contrataciones”, que al final terminan con un arreglo que favorece al contratista y afecta al Estado.

No obstante, la CEL se ha desvinculado de su obligación de verificar los gastos realizados por la empresa con el dinero que le dio como adelanto de la obra. El coordinador del proyecto El Chaparral asignado por la CEL señaló en una carta a los auditores de la Corte de Cuentas que el contrato con  Astaldi S.p.A “no faculta a la CEL para la verificación de los documentos contables de gastos realizados por el contratista del proyecto”, según el informe preliminar.

Corte se tardó

Otro de los aspectos que de acuerdo con Burgos no han contribuido a la transparencia en el contrato con la empresa italiana es el atraso de la Corte de Cuentas para presentar informes preliminares sobre dichas contrataciones.

“Los informes de auditoría de la Corte de Cuentas siguen siendo informes a posteriori, es decir el examen de las obras y procesos es un examen que se da cuando muchas veces el daño está consumado y el uso arbitrario de fondos públicos es una realidad”, criticó.

Burgos también consideró que se requiere una contraloría con capacidad para prevenir que se den este tipo de “casos de corrupción o de abuso de poder en la gestión de fondos públicos”.

“Mientras tengamos una institución contralora que deja mucho que desear en materia de objetividad, que sigue estando partidarizada, que parece que solo persigue a los funcionarios en el uso de fondos públicos cuando son de los partidos de oposición y no el propio, vamos a seguir teniendo informes de auditoría que son secretos”, agregó.

Burgos aseguró que en la CEL hay un “historial” en el que se ha responsabilizado de irregularidades a jefaturas de nivel medio y no a los titulares de la autónoma, quienes “son los que ahora tienen que dar cuenta sobre esos casos”.

“Hay que revisar esa potestad de las instituciones, i
ncluyendo las autónomas, que en su legislación se les permite hacer estas contrataciones”,
Roberto Burgos

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Forma en que se administró conflicto con Astaldi no fue la adecuada

Dijo que cuando se dio el arreglo con la empresa buscaban opinión de expertos.

22 agosto 2015 / EDH

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica  del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, admitió  ayer que la manera en que se manejó el conflicto con la constructora Astaldi S.p.A. cuando ésta abandonó  las obras de El Chaparral, no fue la adecuada y que la autónoma no  tenía el control total.

“La forma como se administró esta parte en esa época para mí no fue como la adecuada pero así sucedió”  mientras se buscaba opinión en expertos sobre ese  punto, afirmó el funcionario en una entrevista en la  radio 102 Nueve.

La CEL pagó $108.5 millones a la constructora italiana en el gobierno Funes,  reconociéndole casi un 50% de avance de la obra, cuando  el avance real que registraron los supervisores  externos y los mismos de la CEL apenas llegaba a 29.28 %, según plasmaron auditores de la  Corte de Cuentas en su informe preliminar.

El “arreglo directo”, que fue defendido en su momento por el expresidente Funes, llegó luego de que la Astaldi abandonara los  trabajos alegando “imprevistos imprevisibles”, situación que los  supervisores tampoco le aceptaron porque según dijeron  las conocía anticipadamente desde que licitó el  contrato.

Ante esos antecedentes, los auditores de la Corte realizaron un examen a la ejecución de ese  contrato, desaprobaron la forma en que se llegó al  arreglo directo y el monto que se le pagó a la Astaldi, pues según concluyeron, no correspondía al avance de la  obra.

Cuando se le pregunta cuál debía ser la forma más  adecuada de arreglar el problema, López Villafuerte  responde que “la atención directa”, y que en la época  en que se dio el conflicto (2010), la CEL no tenía todo  el control de la situación.

“Cuando uno está administrando un contrato, pero como  ya la CEL había caído en una forma de solo administrar y no tener el control total como lo queremos tener  ahora”, dijo el funcionario.

En ese sentido, dijo, es necesario contar con un equipo integrado que esté  “encima” para atender “cualquier cosa que sea  vulnerable”.

De esa manera, ahondó, “uno tiene control total de la  obra”.

Pese a estos señalamientos, López Villafuerte sostuvo  que en todo el proceso que siguió la administración de  Leopoldo Samour, su antecesor,  no hubo irregularidad.

El funcionario dijo que había un informe final de la  auditoría que realizó la Corte de Cuentas al contrato, que fue emitido en junio pasado, pero nadie lo ha mostrado y la contraloría ha alegado que  lo tiene en “reserva”.

López restó importancia al  informe preliminar en el que se le hacen serios  señalamientos al “arreglo directo”.

“No hay ninguna irregularidad”, afirmó y aseguró que  para hacer el arreglo con Astaldi se hizo cuatro consultas  a la Corte de Cuentas y se basaron en la ley LACAP que  permite esa conciliación.

Sobre si fue justo el pago de $108.5 millones a Astaldi por una obra con bajo avance, López Villafuerte dijo que sí le “parece adecuado y pudo haber sido mayor o menor dependiendo de las circunstancias en ese momento”.

Costo de presa El Chaparral se eleva en $71 millones por cambio de diseño

Cinco años después, entre problemas legales, técnicos y un cuestionado proceso de Arreglo Directo entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la firma italiana Astaldi, el proyecto El Chaparral será retomado en los próximos meses por la autónoma, aunque su costó se elevaría a $291 millones, $71 millones más de lo que originalmente era su precio y con el agravante de que la CEL ya pagó $108.5 millones literalmente por un hoyo.

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El hoyo

Juan José Morales, Karen Molina Eugenia Velásquez, 6 julio 2015 / EDH

Ante esto, Mario Valiente, exdiputado de ARENA, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que dé a conocer el peritaje que realizó de las obras. “Contrataron a unos peritos para evaluar las obras en El Chaparral. Quién mejor que ellos que den la opinión de si es razonable lo que esta gente piensa pagar, además debía de ser a través de un concurso decente y público”.

El aumento del costo fue confirmado por el presidente de la institución, David López, y a ello se le suman dos factores que se relacionan con la pasada administración de la CEL, que era presidida por Leopoldo Samour: el nuevo diseño de la obra, elaborado por la empresa brasileña Intertechne a un costo de $5.7 millones no será tomado en cuenta y la precalificación de las empresas Norberto Odebrecht (también de Brasil) y Sinohydro Corporation (China) se descartará para iniciar un nuevo proceso de licitación que enfatizará en empresas agremiadas a la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco).

Según el Gobierno, la obra será ejecutada por empresas salvadoreñas y la supervisión sería asumida por la institución.

En este nuevo contexto y a pesar de que la FGR continúa con las investigaciones sobre los $108.5 millones que se le terminaron pagando a Astaldi durante el gobierno de Mauricio Funes, quien defendió el pago pese a que sólo quedó un gran hoyo.

La empresa ya entregó el sitio de construcción a la CEL y solo hace falta que los peritos de la FGR hagan experticias en bodegas y equipos que dejó el contratista italiano, que abandonó las obras a medias alegando con la CEL “imprevistos imprevisibles”.

Llaman a intervenir al Fiscal

Por ello es que Valiente apela a la FGR y dice que debe llamársele al Fiscal General, Luis Martínez, a que intervenga a desenmarañar “la melcocha asquerosa” que, a su juicio, existe en la construcción de El Chaparral, algo que sólo puede ser conocido a través del valúo que el funcionario ordenó hacer.

“Se van a invertir más millones, pero se tiene que definir si se hará la obra es porque la necesita el país, porque se va a generar más energía, que sea una obra de beneficio y no nos vaya a salir como han salido las otras, que allí está abandonado el Puerto de Cutuco”, recordó Valiente.

López confirmó que ya se concluyó con los procesos previos y que la decisión de continuar con la obra implica mover 670 metros el dique de la presa en su margen derecho, algo que es muy diferente al planteamiento hecho por Intertechne y Astaldi de hipermeabilizar con concreto la montaña, a pesar de problemas geológicos por el abuso de dinamita en la zona, según lo reveló la supervisión que hizo el asocio Euroestudios-Ingetec.

Además, explicó que en el lugar elegido el suelo “está más consolidado” y que se hará un canal para alimentar la casa de máquinas, donde se colocarán dos turbinas de 40 megavatios (MW) cada una, sin cambiar nada del 29.29 % de lo ejecutado.

“De forma clandestina hemos hecho la evaluación técnica y financiera desde junio del año pasado y tenemos un contradiseño. Se ha descartado el que dejó Intertechne porque es demasiado caro y hasta poco viable por lo que estamos preparando las licitaciones, esperamos reiniciar la construcción entre noviembre y diciembre de este año”, acotó López.

CEL asegura que el nuevo diseño permitirá una significativa reducción del costo total de la central, si se compara con lo que recomendaron ejecutar en un estimado de $100 millones los brasileños e italianos que trabajaron con la autónoma, lo cual reconoce el presidente de la institución que es “un importante ahorro”.

No obstante, de los $220 millones que costaba la presa en 2008 a los $291 millones que confirmó López existe una diferencia de $71 millones, los cuales la institución estatal pretende amortizar con ahorros que provengan de la contratación de empresas locales y la “autosupervisión” del proyecto.

“CEL tiene la capacidad de ejecutar este proyecto, tiene el personal, el recurso técnico. Con la supervisión nos ahorraremos una importante cantidad de dinero y creemos que a futuro los convenios que estamos firmando con universidades y otras instituciones nos ayudarán a generar más energía”, consideró López.

Por su parte, Carlos Guerrero, presidente de Casalco, calificó como “muy importante” el proyecto para el sector y pidió “despolitizarlo”. Asimismo, confirmó que hay importantes acercamientos con la autónoma para ejecutar la obra.

“El tema es de trascendencia e interés para todos los sectores. La participación de constructores nacionales es un gran reto y refleja que en el país hay capacidad para apostarle a obras de gran envergadura”, acotó.

Para financiar la obra CEL continuará con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ente que en 2009 autorizó el préstamo de $162 millones para el proyecto. Acá es clave la “no objeción” del organismo, el cual es presidido en El Salvador por Guillermo Funes Cartagena, hermano de Funes.

Sin embargo, López no aclaró si será necesario solicitar más fondos, sobre todo porque una parte de este empréstito se utilizó para el pago a Astaldi y otra parte para las obras ejecutadas en la administración del expresidente de CEL, Nicolás Salume.

Lo que sí explicó López es que la modalidad de ejecución se realizará con “múltiples contratos” y que para iniciar los trabajos se le dará prioridad a la obra civil, los materiales y a la turbina. Además, se descartó la modalidad “llave en mano”, la cual se había firmado con Astaldi.

Turbina a cargo de rusos

Un contrato clave que CEL definirá al reiniciar la obra es del suministro de las dos máquinas generadoras que se instalarán en la infraestructura que dejó Astaldi, las cuales generarán entre 70 y 80 MW.

López informó que las turbinas serán suministradas por un fabricante cuya casa matriz está en Rusia pero que tiene sede en Bogotá, Colombia, debido a que la constructora italiana encargó los equipos para que se ajustaran a las dimensiones de la casa de máquinas de la hidroeléctrica.

“Ya se hicieron los contactos, se ha pasado en reuniones todo el año pasado porque toda la estructura se ha hecho para que encaje con esas máquinas y no se puede cambiar el modelo porque involucraría varios millones para modificarla”, subrayó López.

También recordó que se tomó la decisión porque en relación al cronograma que ha definido la CEL se reduce en 18 meses la ejecución y que se conformó un equipo multidisciplinario de 14 personas para realizar las negociaciones. Sin embargo no adelantó el nombre de la empresa ni se refirió a la cantidad de dinero que se pagará.

La proyección de la CEL apunta a que El Chaparral podría terminar a mediados de 2017, lo cual dependerá de lo prolongado o acortado de la estación seca . Incluso López dijo que “buscarán que se reduzca aún más el presupuesto” y que la modalidad de construcción será “al detalle” para que la institución asuma los riesgos y se eviten situaciones como la del pago a Astaldi.