FUNDE

“OSCURO” y la violencia policial. El comic decomisado por la PNC – Versión completa / Entrega 2

En esta entrega de “Oscuro”, el comic decomisado por a PNC, el personaje central Oscar (“Oscuro”) se topa con la violencia de la policía: una ejecución extrajudicial. Es tal vez por eso que el comic molesta a los comisionados y al ministro de Seguridad. Detrás de a actuación de las autoridades no solo hay un problema de la libertad de expresión y las artes, sino uno aun más preocupante: si nuestros policías no entienden este comic, significa que no entienden la situación, los miedos y el lenguaje de los jóvenes en las comunidades.

Segunda Vuelta

24 noviembre 2018 / FUNDE – SEGUNDA VUELTA

Si no ha visto la primera entrega de “Oscuro”, leala aquí
Lea la carta de Paolo Luers sobre “Oscuro” y  PNC

Lea también:

Policía decomisa cómic sobre violencia sin orden judicial

Así es el cómic sobre violencia decomisado por la PNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“OSCURO”, el comic decomisado por la PNC – Versión completa / Entrega 1

“Oscuro” es el comic para jóvenes que fue decomisado por la PNC por considerar que promueve la violencia y la cultura de las pandillas. La PNC pasó el caso a la fiscalía. Muchos hablan de un ataque a la libertad de expresión y un abuso de autoridad.

El pasquín, al estilo de los series de comics de Superman y Batman, fue diseñado por una organización internacional llamada Educational Foundations y distribuido en El Salvador por FUNDE (Fundación Nacional de Desarrollo) – en el marco de los programas de prevención de la violencia de un consorcio de ONGs con apoyo de la AID. Vean ustedes mismos si “Oscuro” promueve la violencia o promueve la convivencia pacífica.

Segunda Vuelta

23 noviembre 2018 / FUNDE / SEGUNDA VUELTA

 

 

Lea también:

Policía decomisa cómic sobre violencia sin orden judicial

Así es el cómic sobre violencia decomisado por la PNC

 

 

El pueblo salvadoreño necesita un nuevo Fiscal General con credenciales inobjetables: Fusades, UCA, Fepade, Funde

Cuatro de las instituciones más prestigiosas del país se unieron para exigir a la Asamblea que elijan a un nuevo fiscal general que sea honesto, valiente e independiente. Las instituciones presentan una novedosa definición de la indpendencia que necesita un fiscal: “entendiendo la independencia no solo respecto de los partidos políticos, sino también de cualquier otra presión que pudiera ejercerse sobre quien sea electo, con el propósito de encubrir delitos o perjudicar la reputación de ciudadanos inocentes.”

Segunda Vuelta

UCAEntre los muchos problemas y carencias que agobian a la sociedad salvadoreña, los elevados y persistentes índices de criminalidad y la corrupción en varias instituciones del Estado figuran de manera prominente, no solo por su impacto directo en las posibilidades de desarrollo económico, político y social, sino también por su efecto perverso en las instituciones públicas llamadas a proteger y a procurar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.

Screen Shot 2015-11-21 at 10.54.16 AMSabemos que los problemas son complejos y tienen raíces históricas y estructurales profundas. Somos conscientes de que en la construcción de las soluciones deben involucrarse de lleno todos los órganos del Estado y de la empresa privada. Sin embargo, una de esas instituciones, la Fiscalía General de la República, es por mandato constitucional la principal responsable en el combate contra la delincuencia y en la protección de los intereses del Estado.

En cumplimiento de sus funciones y atribuciones, la Asamblea Legislativa debe elegir en las próximas semanas al nuevo titular de la Fiscalía General de la República, proceso que se ha iniciado con la convocatoria a profesionales cualificados e interesados en asumir tan delicadas responsabilidades, habiéndose completado la evaluación preliminar de esas candidaturas.

Screen Shot 2015-11-21 at 10.55.03 AMEl momento es oportuno para exhortar a las señoras y señores diputados a completar ese proceso de elección con todo el rigor, la honestidad y la lucidez que tal responsabilidad exige, poniendo por encima de cualquier otra consideración el interés y la conveniencia de toda la sociedad salvadoreña.

Además de las competencias jurídicas y administrativas que el cargo requiere, los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa deben poner especial atención a las virtudes morales sin las cuales no es posible conducir la Fiscalía con la rectitud y la eficacia que la situación del país demanda.

Screen Shot 2015-11-21 at 10.55.31 AMParticular consideración debe otorgarse a la honradez, valentía e independencia de los candidatos, entendiendo la independencia no solo respecto de los partidos políticos, sino también de cualquier otra presión que pudiera ejercerse sobre quien sea electo, con el propósito de encubrir delitos o perjudicar la reputación de ciudadanos inocentes.

Para hacer una buena elección, el pueblo salvadoreño exige a sus diputados superar las tendencias que hasta hoy han prevalecido, en el sentido de bloquear o favorecer a determinados candidatos no en razón de sus debilidades o de sus méritos, sino según el cálculo de lo que más conviene a las cúpulas de los partidos políticos.

El pueblo salvadoreño necesita recuperar confianza en sus instituciones. Necesita un nuevo Fiscal General con credenciales inobjetables. Necesita que la Asamblea Legislativa lo elija con entera transparencia y sin otra motivación que el mejor servicio posible a la sociedad.

Comunicado B

Funde cuestiona las declaraciones de bienes de tres expresidentes

Considera que, a juzgar por antecedentes de Saca, Funes y Flores, no es creíble lo que han declarado ante oficina de Probidad de la CSJ.

EDH20150824NAC010P
23 agosto 2015 / EDH

Las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes,  no son  “creíbles” y es necesario que la Corte de Cuentas haga públicos los exámenes de auditoría a esas declaraciones, señaló Transparencia Internacional Capítulo El Salvador.

Por petición de El Diario de Hoy y personas particulares, la oficina de Probidad de la Corte Suprema hizo públicas el jueves las declaraciones de los exgobernantes, tanto las que presentaron al inicio de sus periodos como al final.

Transparencia Internacional, cuya representación en el país la tiene la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), basa sus dudas en que no se tiene certeza de que las versiones públicas de las declaraciones que ha entregado la Corte estén diciendo la verdad sobre las finanzas de los exmandatarios.

El fundamento principal de esas duda es que tanto Flores como Saca y Funes terminaron su mandato con cuestionamientos en temas relacionados a manejo de dinero en sus gestiones y en sus campañas, según Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac (Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador)

“Es una versión pública (los documentos). Hay que tener cuidado porque no sabemos si en realidad qué cosas se ocultan allí”, advierte Burgos sobre el contenido de las declaraciones en las que, añade, destaca el expresidente Antonio Saca con un incremento en su patrimonio cuando dejó el cargo en 2009.

Según la información proporcionada por la oficina de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expresidente Saca reportó en su balance patrimonial cuando empezó su gestión el 1 de junio de 2004 que tenía bienes muebles e inmuebles, así como otros activos, por valor de 4 millones 16 mil 249 dólares.

Pero cuando salió de la presidencia, el 31 de mayo de 2009, sus bienes subieron a 14 millones 451 mil 589 dólares.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

Esto significa, según análisis de contadores consultados, que el mandatario tuvo un aumento de su patrimonio de $10 millones 435 mil 34, equivalente a un 259.8 %. Es decir, cuadriplicó  sus bienes.

En el informe que presentó a la sección de Probidad, Saca también dice que no tuvo durante esa época ninguna deuda, lo que según los contadores, de haberlas tenido, se podría concluir que de allí pudieron haber salido los fondos para contar que le permitieron tener en ese momento un patrimonio que sobrepase los 10 millones de dólares.

Además es el único expresidente, de los cuatro exmandatarios de los cuales se pidió  los registros patrimoniales a la CSJ, y que tuvo un aumento de más del 250% en plena crisis económica mundial.

Según la declaración, el exmandatario pasó de tener bienes muebles y otros por un valor de 951 mil 351 dólares en 2004, a 3 millones 467 mil 736 dólares en 2009, lo que significa que lo aumentó en poco más de 2 millones y medio de dólares.

Mientras que en el caso de los bienes inmuebles, los disminuyó. Al iniciar su mandato tenía propiedades por 262 mil 857 dólares y terminó con 194 mil 285 dólares.

La pregunta que plantea uno de los contadores es: ¿por qué la cifra de bienes muebles (que son aquellos objetos como electrodomésticos, vehículos, etc.) sobrepasan en cifra a los bienes inmuebles (que puede ser cualquier propiedad como casas)?

Debido a que en los informes entregados por la oficina de Acceso a la Información Pública de la CSJ no se dan detalles sobre la lista de bienes inmuebles y muebles es difícil determinar cuántas viviendas reportó. Igualmente cuántos son los bienes muebles que tiene y que sumaron los más de $3 millones.

En los casos del expresidente Francisco Flores y Mauricio Funes, los incrementos, según la declaración entregada por la CSJ, fueron menores en comparación con los de Saca.

Según ese informe, Flores ingresó a la presidencia con un patrimonio de 1 millón 954 mil 757 dólares y salió con 2 millones 314 mil 412 dólares.

En tanto en el caso de Funes, el informe publicado dice que reportó un patrimonio inicial de 611 mil 884 dólares y al final de 669 mil 794 dólares.

A diferencia del expresidente Saca, tanto Funes como Flores sí declararon tener deudas, lo que hace que  reportaran un incremento de su patrimonio al salir de su gestión.

Los cuestionamientos

Roberto Burgos, de Funde-Alac, insiste en que tales números no pueden ser creíbles, en primer lugar porque habría que ver el examen de auditoría a esos informes; y en segundo lugar porque, añade,  los tres expresidentes mencionados reúnen una historia de señalamientos que hacen increíble sus informes.

De cada uno pone ejemplos concretos. De Funes dice que su estilo de vida de lujo que dejó públicamente en evidencia no equivale con los egresos ni los ingresos reportados ante la CSJ.

“Eso no valen ni los relojes que se ha comprado en su gestión” y de lo cual hay fotografías, cuestiona Burgos.

Pero entre los evidentes lujos, a los que según Burgos el anterior presidente efemelenista era “aficionado” y con los que termina su mandato.

“Ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume, que tantas veces le señalamos, y tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, afirma Burgos.

Pero su cuestionamiento a los declarado por Funes no llega allí. “Estamos hablando de una persona que se rodeó de una vida de lujos, de abuso de poder y ahora resulta que su declaración patrimonial aparece con el incremento menor de todos los expresidentes de los últimos 15 años. Eso es muy poco creíble”, apunta (ver nota aparte).

En el caso del expresidente Saca, ve “bien raro” el documento en el que al analizarlo detenidamente “pareciera que tiene cero pasivos… sí hay  varias contradicciones”, dice y añade que lo más sorprendente es el incremento “cuantioso” (en más de $10.4 millones) en sus ingresos durante su mandato.

Dice que tampoco los números rendidos ante la CSJ son creíbles y trae a cuenta que hasta el mismo partido le cuestionó el manejo y destino de más de $200 millones tomados de la llamada partida secreta que la Fiscalía nunca investigó y quedó como “parte de la dinámica política habitual de este país de ataques recíprocos”.

Dice que tampoco se investigó las concesiones de frecuencias de radio de que gozaba antes de ganar la Presidencia  y que antes transfirió a sus socios porque la Constitución no lo permite.

En las elecciones de 2014, cuando se postuló nuevamente a la presidencia, volvió a transferir a su hijo mayor sus acciones, por lo cual la Sala de lo Constitucional de CSJ invalidó su candidatura.

“Ese fraude de ley también nos hace dudar de esa declaración patrimonial”, afirma.

En el caso de Flores, le achaca su admisión ante una comisión de diputados sobre fondos recibidos del gobierno  de Taiwán durante su gestión que no fueron sometidos a ningún control contable.

“Con esta afirmación del mismo presidente Francisco Flores, yo dudaría de toda su declaración, no tendría mucha credibilidad”, dice Burgos.

De  Salvador Sánchez Cerén Burgos espera una gestión limpia y no surjan sospechas como tampoco de sus familiares que emplea en el gobierno (hijos, yernos y nieta).

———-

Funde dice: Funes no refleja el millonario donativo de Salume

La representante de Transparencia Internacional recuerda el cuestionado donativo de $3 millones al expresidente en apoyo a su campaña.

1434626402319

23 agosto 2015 / EDH

Parte de las dudas que asaltan a Transparencia Internacional Capítulo El Salvador cuando lee la declaración patrimonial presentada por Mauricio Funes ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia es que no reflejan, por ejemplo, los costos de  una vida lujosa que llevó y los tres millones de dólares que recibió del empresario Nicolás Salume Barake en la campaña que lo llevó a la presidencia del país.

Para Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, la representante de Transparencia Internacional,  el incremento en su patrimonio con el que entra y sale Funes, según su declaración, no es creíble.

“En el caso del expresidente Funes ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume que tantas veces le señalamos”, aseveró Burgos.

Pero “tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, ahondó Burgos.

El expresidente Funes levantó polémica cuando admitió públicamente que había encontrado la forma de no pagar los impuestos de ley por el donativo de $3 millones.

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los perdones de deudas son gravables. Y también establece que las donaciones estarán exentas del pago del impuesto siempre y cuando se produzcan entre ascendientes y descendientes, que no fue el caso de Salume Barake-Funes.

Después de recibir ese donativo en campaña, Funes nombró a su donante Primer Designado a la Presidencia, una decisión que Funde cuestionó porque era visto como pago de favores.

Las versiones

 El exmandatario defendió en su momento que se trató de un dinero para el FMLN, aunque luego afirmó que se transfirió a una cuenta bancaria personal.

En un principio dijo Funes que el dinero se lo había prestado Salume y que habían firmado un mutuo acuerdo, después dijo el dinero se lo había perdonado el empresario.

“El préstamo no se pagó porque sencillamente fue un donativo, él (Salume) lo donó. Una vez gané, él lo donó. Yo no tengo ninguna obligación con él y no sé por qué siguen insistiendo con eso. Yo no tengo ninguna deuda porque sencillamente don Nicolás Salume donó eso a mi campaña, pero me lo donó a mí como candidato y no al FMLN”, justificó en su momento.

También dijo que los $3 millones no entraron a la contabilidad del FMLN. Previo a esto, durante su campaña política, Funes había manejado la versión de que había contraído un préstamo con “ un empresario respetable y exitoso que en el pasado apoyó al partido ARENA”.

“Muchos se preguntan de dónde se financia mi campaña. Yo le digo que de los fondos de un empresario que tiene suficiente dinero para haberme hecho ese préstamo y más. ¿Por qué hice ese préstamo? Porque era la única manera de competir con la campaña de ARENA. El partido FMLN únicamente ha recibido el dinero que proviene de la deuda política y de algunas colectas con algunos empresarios y eso no ha alcanzado para financiar mi campaña”, justificó el ex mandatario.

En el contexto de este hecho  el abogado constitucionalista y excoordinador general del FMLN, Fabio Castillo, dijo que los presidentes son fácilmente “auditables” cuando concluyen su gestión, a través de las declaraciones patrimoniales, ahora públicas.

“Si el presidente por 60 meses, si gana $5 mil al mes, eso hace $300 mil al año, lo que tenga por encima de eso, de su declaración de probidad, si ha subido más de $300 mil, es que hay dinero mal habido”, afirmó el exdirigente efemelenista luego de hacer cuentas de lo que gana mensualmente Funes y su deuda que se creía tenía a esa fecha.

En julio de 2014 Funes dijo que salió de Casa Presidencial con un menor patrimonio personal y que en la declaración patrimonial estableció que el único bien inmueble que posee es una casa que compró hace 20 años.

“Yo entro (a la Presidencia) con un patrimonio determinado y salgo con el mismo patrimonio, incluso con menos porque vendí dos vehículos que compré cuando era periodista”, confirmó Funes.

Salume, luego de entregar este dinero a Funes, fue nombrado primer designado a la presidencia.

Chaparral: Hay poca transparencia en contrato con Astaldi

Roberto Burgos dice que se debe investigar anticipos del Estado a la firma.

Roberto Burgos, FUNDE

Roberto Burgos, FUNDE

, 22 agosto 2015 / EDH

El gasto sin justificación de $7.5 millones que realizó la compañía Astaldi S.p.A, como parte del anticipo que recibió de la CEL para la construcción de la presa El Chaparral; y el traslado de $2 millones a otros proyectos de la empresa italiana, ponen en relieve la escasa transparencia que existe en los acuerdos entre empresas transnacionales y el Gobierno, expresó ayer Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Burgos.

Un informe preliminar de la Corte de Cuentas de la República señala que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), quien contrató a la Astaldi para la construcción de la presa, no verificó esos movimientos de fondos realizados por su contratante. Además, los auditores cuestionan que la autónoma no hizo efectiva la garantía para este caso.

A juicio de Burgos, los acuerdos realizados entre la empresa italiana y el Estado han sido “poco transparentes”, incluyendo el pago de $108 millones de CEL a la Astaldi para dar por terminado el contrato, un arreglo acordado en el gobierno de Mauricio Funes. 

“A mí siempre me ha parecido que esta clase de arreglos no solo son muy poco transparentes, sino que aunque se ven como una forma de facilitar la gestión de los negocios entre el Estado y grandes empresas privadas, especialmente transnacionales, siempre ponen en duda la efectividad del Estado de derecho en un país”, señaló el abogado.

Asimismo, Burgos es de la idea que este tipo de transferencias y uso de fondos de los anticipos recibidos por las empresas contratistas deberían ser investigados.

“Yo creo que este caso amerita una investigación más a fondo, que permita determinar responsabilidades de quiénes, obviamente, las tienen”, acotó.

Por otra parte, Burgos considera que para evitar arreglos entre empresas internacionales y el Estado que lesionen los intereses financieros del Estado, se requiere que este tipo de conflictos sean sometidos a los tribunales nacionales, antes que a un tribunal en el extranjero, como ha sucedido en otros casos.

“La solución de conflictos debería estar sometida a la jurisdicción local, de manera que se evite esta clase de arreglos que sirve para evitar, supuestamente, un resultado contraproducente para los intereses nacionales ante un tribunal internacional de arbitraje, pero el resultado al final termina siendo peor que la medicina; se tienen arreglos directos en los cuales se han gastado sumas cuantiosas”, opinó el experto.

En ese sentido, aseguró que se necesita revisar “la potestad de las instituciones, incluyendo las autónomas, que en su misma legislación se les permite hacer esta clase de contrataciones”, que al final terminan con un arreglo que favorece al contratista y afecta al Estado.

No obstante, la CEL se ha desvinculado de su obligación de verificar los gastos realizados por la empresa con el dinero que le dio como adelanto de la obra. El coordinador del proyecto El Chaparral asignado por la CEL señaló en una carta a los auditores de la Corte de Cuentas que el contrato con  Astaldi S.p.A “no faculta a la CEL para la verificación de los documentos contables de gastos realizados por el contratista del proyecto”, según el informe preliminar.

Corte se tardó

Otro de los aspectos que de acuerdo con Burgos no han contribuido a la transparencia en el contrato con la empresa italiana es el atraso de la Corte de Cuentas para presentar informes preliminares sobre dichas contrataciones.

“Los informes de auditoría de la Corte de Cuentas siguen siendo informes a posteriori, es decir el examen de las obras y procesos es un examen que se da cuando muchas veces el daño está consumado y el uso arbitrario de fondos públicos es una realidad”, criticó.

Burgos también consideró que se requiere una contraloría con capacidad para prevenir que se den este tipo de “casos de corrupción o de abuso de poder en la gestión de fondos públicos”.

“Mientras tengamos una institución contralora que deja mucho que desear en materia de objetividad, que sigue estando partidarizada, que parece que solo persigue a los funcionarios en el uso de fondos públicos cuando son de los partidos de oposición y no el propio, vamos a seguir teniendo informes de auditoría que son secretos”, agregó.

Burgos aseguró que en la CEL hay un “historial” en el que se ha responsabilizado de irregularidades a jefaturas de nivel medio y no a los titulares de la autónoma, quienes “son los que ahora tienen que dar cuenta sobre esos casos”.

“Hay que revisar esa potestad de las instituciones, i
ncluyendo las autónomas, que en su legislación se les permite hacer estas contrataciones”,
Roberto Burgos

———-

Forma en que se administró conflicto con Astaldi no fue la adecuada

Dijo que cuando se dio el arreglo con la empresa buscaban opinión de expertos.

22 agosto 2015 / EDH

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica  del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, admitió  ayer que la manera en que se manejó el conflicto con la constructora Astaldi S.p.A. cuando ésta abandonó  las obras de El Chaparral, no fue la adecuada y que la autónoma no  tenía el control total.

“La forma como se administró esta parte en esa época para mí no fue como la adecuada pero así sucedió”  mientras se buscaba opinión en expertos sobre ese  punto, afirmó el funcionario en una entrevista en la  radio 102 Nueve.

La CEL pagó $108.5 millones a la constructora italiana en el gobierno Funes,  reconociéndole casi un 50% de avance de la obra, cuando  el avance real que registraron los supervisores  externos y los mismos de la CEL apenas llegaba a 29.28 %, según plasmaron auditores de la  Corte de Cuentas en su informe preliminar.

El “arreglo directo”, que fue defendido en su momento por el expresidente Funes, llegó luego de que la Astaldi abandonara los  trabajos alegando “imprevistos imprevisibles”, situación que los  supervisores tampoco le aceptaron porque según dijeron  las conocía anticipadamente desde que licitó el  contrato.

Ante esos antecedentes, los auditores de la Corte realizaron un examen a la ejecución de ese  contrato, desaprobaron la forma en que se llegó al  arreglo directo y el monto que se le pagó a la Astaldi, pues según concluyeron, no correspondía al avance de la  obra.

Cuando se le pregunta cuál debía ser la forma más  adecuada de arreglar el problema, López Villafuerte  responde que “la atención directa”, y que en la época  en que se dio el conflicto (2010), la CEL no tenía todo  el control de la situación.

“Cuando uno está administrando un contrato, pero como  ya la CEL había caído en una forma de solo administrar y no tener el control total como lo queremos tener  ahora”, dijo el funcionario.

En ese sentido, dijo, es necesario contar con un equipo integrado que esté  “encima” para atender “cualquier cosa que sea  vulnerable”.

De esa manera, ahondó, “uno tiene control total de la  obra”.

Pese a estos señalamientos, López Villafuerte sostuvo  que en todo el proceso que siguió la administración de  Leopoldo Samour, su antecesor,  no hubo irregularidad.

El funcionario dijo que había un informe final de la  auditoría que realizó la Corte de Cuentas al contrato, que fue emitido en junio pasado, pero nadie lo ha mostrado y la contraloría ha alegado que  lo tiene en “reserva”.

López restó importancia al  informe preliminar en el que se le hacen serios  señalamientos al “arreglo directo”.

“No hay ninguna irregularidad”, afirmó y aseguró que  para hacer el arreglo con Astaldi se hizo cuatro consultas  a la Corte de Cuentas y se basaron en la ley LACAP que  permite esa conciliación.

Sobre si fue justo el pago de $108.5 millones a Astaldi por una obra con bajo avance, López Villafuerte dijo que sí le “parece adecuado y pudo haber sido mayor o menor dependiendo de las circunstancias en ese momento”.

Siete meses sin revelar gastos en publicidad y viajes de Funes

El Instituto de Acceso a la Información aún no resuelve.

El Instituto aún no ha resuelto la revocatoria de Funde-Alac | Foto por Archivo EDH

El Instituto aún no ha resuelto la revocatoria de Funde-Alac | Foto por Archivo EDH

7 agosto 2015, EDH

Tras siete meses de tener en sus manos una petición para avalar o no que la información sobre gastos de publicidad, viajes, entre otros datos, en la presidente de Mauricio Funes sea pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) aún no resuelve el recurso que interpuso Funde-Alac (Fundación nacional de desarrollo junto al Centro de Asistencia Legal Anti Corrupción).

Las entidades piden que el Instituto determine si los gastos de viaje del expresidente Funes, los informes de auditoría desde la época del expresidente Antonio Saca, los gatos protocolarios de atención a funcionarios internacionales y los gastos de publicidad son reservados o no.
Los gastos de esos cuatro rubros estaban en reserva por un tiempo de 7 años.

EDH20150807NAC006PSi bien el IAIP resolvió el 18 de diciembre del año pasado la petición de Funde-Alac sobre esos cuatro rubros, su respuesta fue que esa información era reservada, incluyendo la relacionada a la logística de seguridad y transporte del Presidente de la República y de la Primera Dama, durante las misiones oficiales internacionales en el periodo del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.

Sin embargo, el IAIPordenó a la Presidencia de la República que le entregara a Funde-Alac la información sobre los gastos globales de publicidad y los informes de auditoría.

Pero la entidad peticionaria se mostró en desacuerdo con la resolución emitida por el IAIP por considerar que todos esos gastos son públicos y ante ello puso un recurso para que el Instituto revoque su resolución del 18 de diciembre de 2014.
A Funde-Alac le preocupa que desde el 7 de enero de 2015 que presentó la petición para revertir la decisión del IAIP han pasado 7 meses y aún no ha resuelto.

El director de Alac, Roberto Burgos, dice que aún están esperando un pronunciamiento por parte del Instituto porque ya pasó mucho tiempo desde que presentaron el escrito.

“Cuánto tiempo ha pasado, yo incluso me he reunido con el presidente del Instituto de Acceso a la Información y le he insistido que establezca un criterio al respecto, y en caso que no nos satisfaga nos permita recurrir, en este caso, a la Sala de lo Constitucional”, expresa Burgos.

Y aunque la Ley de Acceso a la Información Pública no establece un determinado tiempo para que el IAIP resuelva, el abogado cree que el Instituto se ha extralimitado al no tomar una decisión expedita sobre la petición que presentaron.

Al consultar al comisionado del IAIP, Jaime Campos, responde que tiene entendido que ya existe un proyecto de resolución de parte de los cuatro comisionados restantes y que “se estaría resolviendo después de las vacaciones de agosto”.

Burgos insiste en que la información de los gastos que han solicitado es pública y cita que en el caso de los viajes de la Presidencia “el artículo 10 de la Ley de Acceso de la Información establece que los viajes de los funcionarios son información que se divulgará de manera oficiosa”.

Otro de los argumentos que esgrime el abogado, en cuanto a que esos gastos no deben ser reservados, es que están pidiendo información sobre viajes ya realizados, es decir, “no se pone en peligro la seguridad de ningún funcionario”, explica Burgos.

“Todos los presidentes de la región divulgan datos sobre  sus viajes, no vemos por qué éste está tan amenazado que no puede informar al respecto”, señala el abogado.

A otros sectores les preocupa el secretismo

También hay otros sectores a los que les inquieta esa lentitud para resolver. Uno de ellos es la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la organización Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).

Javier Castro, director de asuntos legales de Fusades, también expresa que esperar mucho tiempo sin tener una resolución les parece una deficiencia de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública.

“Ojalá que en este caso el Instituto haga prevalecer el derecho de acceso a la información pública y se revoque esas declaratorias de reserva que pidió el Órgano Ejecutivo y que el Instituto de Acceso a la Información avaló en su momento”, indica Castro.

Claudia Araujo, presidenta de la organización DTJ, es de la opinión de que el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene la oportunidad de resolver favorablemente la revocatoria que presentó Funde-Alac, ya que todos los gastos que se están solicitando de la presidencia “son de carácter público”.

Y para Castro, uno de los problemas que han notado cuando se trata de información de tipo sensible es el “abuso” de declaratoria de reserva por parte de las instituciones. “Nos preocupa y sí hemos visto esa tendencia de que con la información que genera este tipo de sensibilidad o preocupación política la respuesta que se tiene es: declaremos reserva”, opina.

Añade que otro de los argumentos que dan las instituciones públicas cuando se les solicita la información es que la misma se encuentra “en proceso deliberativo” y terminan declarándola con reserva.

Como ejemplo menciona los contratos que firmó Tribunal Supremo Electoral (TSE) con las empresas de transmisión de datos, durante las pasadas elecciones municipales y legislativas de marzo de este año, las cuales se encuentran reservadas.

Pero mientras el IAIP aún no resuelve este caso, sí ha admitido recursos relacionados a  la declaración patrimonial de los últimos tres expresidentes.

El comisionado del Instituto, Jaime Campos, indica que el jueves de la semana pasada admitieron un recurso de apelación contra la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a la que Funde-Alac ha pedido el examen que hizo esa dependencia sobre la declaración de patrimonio de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes.

Campos dice que le notificarán a Funde y a Probidad, después las vacaciones agostinas.
Luego explica que estudiarán el caso y emitirán una resolución para definir si la ciudadanía podrá acceder a las declaraciones patrimoniales de los exmandatarios.

EDH20150807NAC007P–  –  –  –  –  –

Fusades pedirá reformas a la Ley de Acceso a la Información

La entidad solicitará que el Instituto de Acceso pueda verificar si la información es “reservada” o no.

Javier Castro, director de asuntos legales, de Fusades. | Foto por Archivo EDH

Javier Castro, director de asuntos legales, de Fusades. | Foto por Archivo EDH

, 7 agosto 2015, EDH

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) presentará un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para que sea un derecho plasmado en la Constitución de la República.

De acuerdo con Javier Castro, director de asuntos legales de esa institución, incluir el acceso a la información en la Carta Magna le vendría a dar mayor fortaleza a ese derecho ciudadano.

Otra de las reformas que plantearían es que el ciudadano no tenga que identificarse al momento de solicitar información pública, lo cual hoy es una obligación con la ley actual.

“De acuerdo a las mejores prácticas acceso a la información, eso puede ser una restricción al acceso de la información, porque en la medida que la personas se identifican pueden sentir que hay un tipo de represalia. Hay países en los que no es necesario identificarse”, indicó Castro.

Otro de los aspectos donde propondrían cambios es en el apartado de las reservas, ya que, según Castro, se cometen abusos por parte de las instituciones.

Explicó que tal como se encuentra redactada la Ley de Acceso a la Información, cuando una institución clasifica una información como reserva, el Instituto no puede constatar si de verdad lo es.

“El Instituto no puede revisar esa información, o sea que hay casos como el de Casa Presidencial en el que el Instituto no ha constatado físicamente que la información es reservada, sino que se ha atado a lo que el ente obligado (Capres) ha expresado sobre esa información”, indicó.

Según Castro, el país se ha quedado corto con esa disposición en la ley, porque el Instituto debería ver si esa información es reservada, “pero si no se entrega, no hay forma de saberlo”.

Agregó que lo que pretenden es darle herramientas a la Ley de Acceso a la Información Pública para evitar los abusos que se han generado por parte de las instituciones del Estado.

Según Fusades, las declaratorias de reserva se ha vuelto uno de los puntos débiles de la normativa. El paquete de reformas lo están trabajando y en un mes lo darán a conocer.