16 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY
“Considerar a la persona como autónoma lleva hacia el Estado la exigencia de la neutralidad frente a las perspectivas morales de cada individuo, mientras esa forma de vida, en concreto no se traduzca en daño para otro”.
Con esta contundente frase, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) coronó en 2012 una de sus más interesantes sentencias. En el proceso 70-2006, este tribunal estableció que la posesión o tenencia de drogas para el autoconsumo debe estar fuera del ámbito del Derecho Penal.
Más allá de las implicaciones de la sentencia sobre la aplicación del leyes penales, la Sala desarrolló un concepto fundamental en el estado de derecho: la fundamental distinción entre un crimen (que requiere víctimas) y un mal hábito (conducta autorreferente, es decir que solo afecta al que la realiza). “El legislador puede efectivamente prescribir las maneras de comportamiento de la persona en su relación con otras, pero no respecto de sí misma”, añadió la sentencia.
Esto es relevante en vista de la absurda captura de Ángel Omar Segovia Escobar, de 39 años, quien se encontraba en posesión de dos pequeñas plantas de marihuana, unas semillas y una pequeña porción de esta.
Una visión limitada diría que las acciones fueron justificadas porque se presume siembra. Sin embargo, es necesario dar un paso atrás y cuestionar el por qué de la acción del Estado. Esta debe orientarse a fomentar el bienestar de las personas, a defender su libertad y aplicar leyes de forma mesurada. Explico estos tres puntos en este caso particular:
La contraparte de la libertad es, claramente, la responsabilidad. En el ámbito personal, se traduce en asumir los costos de cada decisión. Y si se afecta a terceros, se vuelve legítima y deseable la acción del Estado mientras los privados en cuestión no puedan alcanzar un acuerdo efectivo.
Sobre la aplicación mesurada, más allá de un puritanismo ingenuo, las cantidades de marihuana incautadas a Segovia no constituyan una amenaza a la sociedad en que este se desempeña. Por tanto, es un malgasto monumental de recursos el perseguir a una persona que en todo caso se estaría afectando a sí misma con el consumo de esta sustancia.
Sobre el bienestar: la imagen y reputación de esta persona ha sido pisoteada por una institución cuya misión es proteger a la ciudadanía. Este ciudadano, que al menos en ese momento estaba siendo inofensivo, fue pintado por las autoridades como un delincuente. Eso es trágico.
Más allá del caso en particular, hay una deuda pendiente por la comunidad académica y los tomadores de decisiones en El Salvador. Seguimos tratando el consumo de sustancias controladas como un tema de seguridad, cuando los pioneros de ámbitos científicos y políticos globales lo abordan desde una perspectiva de salud pública. Esto no quiere decir que una persona bajo efectos de las drogas no pueda ser procesada si causa daños a terceros. Pero ahí reside el punto clave: que el Estado solo intervenga ante agresiones a la vida, la propiedad o la dignidad de otros.
Mientras el mundo avanza a exigir políticas de drogas sensatas, en El Salvador seguimos persiguiendo nimiedades y gastando recursos para nada. Pero la culpa no es solo de quienes efectuaron la captura. Es también de la indolencia de quienes no hemos abordado de frente este tema, por ignorancia, por moralismo o cualquier otra razón.
Esto incluye a la clase política, la academia y la “sociedad civil” que no han presionado lo suficiente por dejar de perseguir a ciudadanos inofensivos como Ángel Omar y empezar enfocarse en problemas de verdad. Esos que sí desangran y empobrecen día con día a los salvadoreños. Esos que sí causan víctimas.
Segunda Vuelta 