populismo

Nayib Bukele y los riesgos del populismo. De José Miguel Cruz

José Miguel Cruz fue director del IUDOP de la UCA entre 1994 y 2006. Es director de investigaciones para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida.

5 junio 2019 / EL FARO

No hay forma de saber a ciencia cierta cuál será el futuro del país con el nuevo gobierno. Sin embargo, las probabilidades de que la gestión de Nayib Bukele resulte ser la continuación de la corrupción sistémica, el nepotismo, la preferencia por el autoritarismo y la ineficiencia en las instituciones, son perturbadoramente altas. Esto por dos razones fundamentales. Primero, porque en virtud del inmenso apoyo popular del que goza, el presidente Bukele parece más orientado a conducirse como un líder populista que como un gobernante consciente de la división de poderes propia de un gobierno republicano. Y, segundo, porque las instituciones políticas y partidarias que podrían hacerle contrapeso están en una profunda crisis producto de sus propios fracasos y de la corrupción crónica. En estas circunstancias, este gobierno puede representar no solo el fin de los partidos políticos tradicionales, sino también el fin de la democracia electoral de la posguerra.

Casi 1.5 millones de salvadoreños votaron por un cambio en la conducción del país y para la gran mayoría ese cambio implica la promesa de resolver los problemas viejos del país: la pobreza y la inseguridad. Luego de casi tres décadas de paz política, los gobiernos no solo fueron incapaces de cumplir con la promesa de resolver esos problemas, sino que también hundieron en la desesperación a muchas personas. El Salvador no solo sigue siendo inseguro y excluyente, sino que además es más desesperanzador, porque las instituciones políticas destrozaron las ilusiones que la mayoría de los ciudadanos se habían hecho con respecto a la conducción política.

En las discusiones cotidianas en la calle y en las redes sociales, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en realidad no saben qué esperar del nuevo gobierno. Las opiniones sobre la gestión entrante están llenas de prudencia, pero muchas están llenas de esperanza, porque el nuevo presidente les ha explicado que él es distinto. En buena parte porque no pertenece a los partidos tradicionales que han defraudado y estafado al país.

“Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para cambiar a El Salvador”
Esta frase, con la cual el nuevo presidente concluyó su discurso de inauguración, resume muy bien el ethos populista de izquierdas y derechas que ha recorrido las Américas en las últimas dos décadas. Indica que, en la tarea de gobernar, el líder está investido de un propósito divino que le permite responder directamente a los deseos de su pueblo. Cualquier obstáculo y mediación a ese poder—“Nadie se interpondrá”— es inaceptable.

Uno podría desestimar esa frase como una expresión del entusiasmo que rodea la toma del poder. Pero expresiones como esa llenan la biografía política de Bukele en su ascenso a la silla presidencial. Más aún, como político y candidato, este nuevo presidente se ha dado a conocer por sus tuits efectistas, por mostrar muy poca tolerancia a la disensión pública y por mantenerse rodeado de personajes cuestionables de la política, a pesar de su discurso en contra de la corrupción. Todas esas son características de líder populista. Así como también lo es la ausencia de planes de gobierno concretos, originales, sostenibles y escrutables. El hecho de que aún después del discurso inaugural no sepamos cuáles serán los ejes de la política de seguridad pública, del combate a la pobreza y de la reconstrucción del capital humano es solo una señal más de que el cambio prometido puede resultar ser más de lo mismo.

La mayor amenaza
Pero la amenaza política más grande que enfrentará el país en los próximos cinco años no es el populismo de Bukele. Es, más bien, la ausencia de instituciones fuertes que le hagan contrapeso de forma efectiva. En un país asediado por corrupción en las instituciones públicas, en el que la independencia institucional es truncada para beneficiar los intereses particulares del grupo en el poder, es muy poco probable que las pocas instituciones que cumplen con su trabajo contralor resistan el embate de un líder populista.

Los recientes retrocesos institucionales en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la República, el esfuerzo decidido de los partidos políticos por perpetuar la impunidad proveniente de la guerra civil, y el deterioro por el respeto de los derechos humanos en la Policía Nacional Civil son ejemplos de lo lejos que está el país de tener instituciones que garanticen el Estado de derecho y la transparencia.

Es cierto que el actual presidente se ha manifestado públicamente en contra de algunos de esos problemas. Pero es cierto también que cualquier acción consecuente con esa posición implicaría primero separar a personajes que forman parte de su círculo más cercano. Los signos hasta ahora apuntan a que el nuevo presidente tiende a no explicar lo que hace porque no necesariamente hace lo que dice.

Arena y el Fmln hicieron muy poco por fortalecer el entramado institucional del país y los problemas que siguen agobiando a los ciudadanos y ciudadanas son producto de gestiones gubernamentales que rayaron en la incapacidad y, muchas veces, en el delito. Pero a final de cuentas sostuvieron las instituciones básicas para asegurar la estabilidad nacional, porque su propia supervivencia dependía de ello. La razón por la cual el Tribunal Supremo Electoral hizo relativamente bien su trabajo en las últimas elecciones —a diferencia de lo sucedido en países vecinos— es porque los partidos dependían del mismo para seguir en el poder. Esos contrapesos son los que han permitido que, en otras áreas, algunas instituciones lleguen a funcionar eficiente y transparentemente, al menos por ciertos periodos.

En un sistema sin los equilibrios adecuados y sin la necesidad de rendir cuentas, como el que los líderes populistas promueven, las instituciones solo funcionan para cumplir las órdenes del líder máximo. Este presidente tendrá muy pocos incentivos para fortalecer las instituciones que pueden cuestionar su poder y, en el actual contexto, tendrá muchas razones y no pocos recursos para erosionarlas aún más. En la nueva configuración política, con los partidos tradicionales en busca de salvavidas, el nuevo gobierno tendrá incentivos para manipular o ignorar la institucionalidad.

¿El futuro?
El Salvador, sin duda, necesita reformas fundamentales, pero esos cambios deben llevar al fortalecimiento definitivo de las instituciones democráticas del país. El Salvador necesita reactivar su economía y, para ello, requiere de iniciativa privada, de inversión en innovación y de reforma en el sistema tributario. Pero sobre todo necesita que toda la gente esté debidamente protegida, reciba educación de calidad y se le garantice celosamente su salud.  El país necesita resolver el problema de la violencia crónica, pero para ello requiere combatir la impunidad y establecer mecanismos de transparencia, supervisión y control de la policía, la fiscalía y los tribunales.

Todo lo anterior se logra con instituciones fuertes y responsables. Son estas instituciones las que producen planes estratégicos, metas claras y resultados sostenibles. Y son esas instituciones las que pueden y deben rendir cuentas a la población de forma habitual.

Nayib Bukele puede usar su capital político para dos cosas diametralmente opuestas. Puede usarlo para reformar las instituciones y convertirlas en entes responsivos a la población sobre la base del Estado de derecho y los procedimientos democráticos. O, bajo el pretexto de que el sistema heredado de la posguerra es inherentemente corrupto, puede usar su carisma para terminar de destruir los procedimientos institucionales que establecen contrapesos y limitan la acumulación del poder. A juzgar por su forma de actuar hasta ahora, parece más probable que se decidirá por lo segundo. Ojalá me equivoque.

La democracia en peligro. De Antonio Caño

Bajo la formalidad de un modelo político con elecciones periódicas, asistimos a la degradación paulatina de la democracia, lo que no solo puede limitar nuestra libertad sino perjudicar nuestra convivencia.

Antonio Cano, ex director
de El País

16 febrero 2019 / EL PAIS

Tal vez si todos fuésemos más conscientes de la fragilidad de la democracia, del enorme sacrificio que ha costado alcanzarla y de la facilidad con la que puede perderse si no la cuidamos, con hechos, no con palabras, encontraríamos más entusiasmo para defenderla frente a los oportunistas y demagogos que se aprovechan de un sistema político basado en la tolerancia, incluso para quienes lo usan en su beneficio personal, lo adulteran groseramente o tratan de destruirlo.

Hasta después de la II Guerra Mundial, hace poco más de 70 años, la democracia era todavía una opción minoritaria en Europa frente al predominio de las soluciones radicales, el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. España, Portugal y Grecia aún tardaron tres décadas más en sumarse a esa corriente. Los países bajo el control de la Unión Soviética tuvieron que esperar hasta los últimos años del siglo XX.

Es edificante, como digo, el trabajo de Berman, pero es al mismo tiempo alarmante comprobar en qué brevísimo periodo de tiempo han vuelto a florecer los síntomas del horror totalitario que creíamos haber dejado atrás. Con qué rapidez han resurgido las soluciones extremistas, las que dicen acudir al rescate del “pueblo”, de “la gente” o de “la nación” frente a las injusticias del capitalismo o el asedio de culturas o tradiciones extranjeras. Incluso los enormes logros de la socialdemocracia europea, con su grandioso esfuerzo por humanizar la economía de mercado, son ahora ignorados o minusvalorados por los nuevos socialistas que prefieren competir por las supuestas esencias ideológicas de la izquierda y que han acabado por perder la razón básica de su existencia.

Resurgen soluciones extremistas que dicen acudir al rescate del “pueblo”, de “la gente” o de “la nación”

La confluencia en el nuevo siglo de la crisis económica y la revolución tecnológica frenó el ciclo de prosperidad que siempre estuvo unido al auge de la democracia liberal, e inmediatamente regresaron los viejos demonios, seguramente agazapados en el fondo de la condición humana: el miedo, el sectarismo, el fanatismo y el nacionalismo. “En la medida en que este orden declinó y reaparecieron muchos de los problemas que debía resolver —los conflictos y divisiones económicas y sociales, la fabricación de enemigos externos y el extremismo—, volvieron a aparecer voces en la izquierda y en la derecha que cuestionan la viabilidad, incluso la deseabilidad, de la democracia liberal”, afirma Sheri Berman. Un sistema político como el de China ya no despierta ninguna clase de resistencia ni en la derecha ni en la izquierda. Buena parte de la derecha no ve con malos ojos los modelos de Hungría y Polonia, especialmente su política frente a la emigración. Hasta hace bien poco, cierta izquierda mostraba simpatías con Venezuela o prefería mirar para otro lado. Y el estilo autoritario de Putin tiene adeptos por igual en la derecha, por su nacionalismo y firmeza, y en la izquierda, que no pierde el instinto de mostrar afecto para quienquiera que se oponga a Estados Unidos y a la Europa liberal.

¿Es reversible esta tendencia? ¿Caminamos hacia el precipicio del totalitarismo o vivimos turbulencias a las que la democracia será capaz de sobreponerse? Quizá sea conveniente anotar que la crisis de la democracia liberal no tiene por qué desembocar en un sistema plenamente totalitario o antidemocrático. Lo que la realidad nos va mostrando apunta más bien al surgimiento de modelos no liberales y semidemocráticos bajo la formalidad de una democracia con elecciones periódicas. Asistimos, más que a un drástico cambio de sistema, a la degradación paulatina de la democracia, lo que no solo puede limitar nuestra libertad sino perjudicar gravemente nuestra convivencia.

El nacionalismo radical catalán ha hecho retroceder al conjunto del país y dañado su imagen internacional

Evitar esa degradación es una responsabilidad de todos. En una democracia los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Uno de los primeros es el de exigir a los gobernantes responsabilidades por el uso del poder. Entre las últimas está la de respetar las ideas que no se comparten, especialmente las que no se comparten, y respetarlas significa no responder a ellas con insultos y descalificaciones. “Democracia”, recuerda Berman, “no es meramente un sistema político que elige a sus líderes de una forma particular, es también un sistema político cuyos gobernantes y ciudadanos actúan de una forma particular. Las democracias difieren de las dictaduras no solo en la forma en que eligen a sus líderes, sino en la forma en que tratan a sus ciudadanos y en que sus ciudadanos se tratan entre ellos”.

Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo un sistema democrático, pero su democracia se degrada cuando su presidente ataca la libertad de prensa o hace mofa de sus rivales políticos. Nada ha degradado más la democracia en España que el surgimiento de un nacionalismo radical en Cataluña que, como en el caso de Trump, otro nacionalista, ha menoscabado el valor de la verdad, ha ignorado la función crítica de los medios de comunicación, ha dividido a la sociedad, ha menospreciado a sus adversarios, ha señalado enemigos externos y se ha burlado de la justicia y de las leyes. El presidente de esa comunidad autónoma española decía recientemente que la voluntad de “la gente” está por encima de las leyes. “Un fascista dice la gente y quiere decir alguna gente, la que a él le conviene en ese momento”, recuerda Timothy Snyder en su último libro, The Road to Unfreedom.

En el caso español, además, el nacionalismo radical catalán ha hecho retroceder al conjunto del país, ha dañado gravemente su imagen internacional, ha estresado al límite el sistema, ha hundido al Partido Popular, ha dividido —y quizá también hundido— al Partido Socialista y, como último y gran logro, ha resucitado al nacionalismo radical español que había sido derrotado hace 40 años por una sociedad, por fin, integradora, moderada, reformista y moderna. No se defiende la democracia blanqueando a ninguno de estos nacionalismos con acuerdos políticos, sino desvelando su verdadera naturaleza e impidiendo sus propósitos.

En cada país el retroceso democrático adquiere rostros distintos, por lo general, acorde con su tradición y su historia. La de España ha flaqueado siempre por el lado de las divisiones territoriales. También por el de un concepto monopolizador del poder en la derecha y el de una gran confusión en la izquierda sobre la creación de un proyecto nacional. Ahí están los puntos débiles de la democracia española y ahí es donde surgen nuestros Brexits.

En contra de lo que podría pensarse hasta hace poco, no se ha quedado España al margen del proceso casi universal de degradación democrática. Simplemente ha llevado otro ritmo, ha sido diferente. Algunos han querido pensar que solo ahora, con la aparición de un partido de extrema derecha xenófobo en el ámbito del nacionalismo español, España se suma a la plaga de esta década. Pero lo cierto es que el contagio llegó mucho antes. Es en el campo del nacionalismo catalán donde se produjo el terremoto que ha llevado a nuestra democracia a la peor crisis de su historia. Todo lo demás y lo que quede por venir es consecuencia de ese desastre.

“Bukele tiene características de un populista”: Rubén Zamora

El excandidato a la presidencia aseguró que la elección del próximo domingo tendrá características que no han estado presentes en los últimos 25 años.

Entrevista de Gabriel Campos Madrid, 30 enero 2019 / LA PRENSA GRAFICA

El politólogo Rubén Zamora aseguró que las elecciones del próximo domingo se plantean en un escenario único y en el que el populismo es un elemento que sobresale, junto a la crisis de los partidos políticos y la ruptura de la gobernanza, la cual se mantenía desde 1963. Además consideró al candidato de GANA, Nayib Bukele, como un populista que se plantea como el salvador del país a pesar de tener un irrespeto a la institucionalidad.

¿Qué análisis hace Rubén Zamora de la elección presidencial del próximo domingo?

Estamos en un contexto electoral único con características peculiares que no se habían dado en los últimos 25 años. En primer lugar, está quebrada la gobernabilidad histórica que se había dado desde 1963 y eso ha llevado a la crisis de los partidos políticos. Segundo, la crisis de los partidos políticos se ha vuelto más palpable y ha reventado al punto que hoy estamos en la eclosión de los partidos y que se empareja con una crisis mundial de los partidos. Y un tercer elemento es el populismo. Hay que distinguir entre un líder con rasgos del populismo, que en El Salvador hemos tenido cuatro líderes: Arturo Romero, Napoleón Duarte, Roberto d’Aubuisson y Nayib Bukele. Unos en mayor medida y otros en menor medida tienen poco respeto a la institucionalidad y en el caso de Bukele es que lo hemos visto con mayor expresión por su propia carrera política; además ha sido alcalde de dos poblaciones a las que dejó endeudadas porque simplemente no pagaba. Y luego con su partido Nuevas Ideas que denunciaba y denunciaba fraude y era que simplemente no cumplía con los plazos o cumplió y el TSE sí cumplió con los plazos.

¿Es peligroso un líder populista?

No necesariamente, porque Duarte era un líder con rasgos populistas muy claros y el rasgo central del populismo (es) que puede establecer una relación muy emocional en las masas; y eso los Duarte, Romero y D’ Aubuisson lo tenían y Bukele también lo tiene.

¿Con este contexto, cambia el escenario el paso de la campaña política y sus cierres?

Juzgar cómo va a quedar una elección solo por cómo se dieron los cierres de campaña es riesgoso. Por lo general, las encuestas de opinión en este país demuestran una característica y es que en el periodo preelectoral y los resultados no hay mucha variación entre la posición general. Eso ahora yo no lo doy como receta porque esta elección es distinta a las demás, pero si todos los procesos electorales no hacen cambiar mucho la inclinación de los votantes, mucho menos lo hace un cierre de campaña. Recuerde que mi cierre de campaña de 1994 fue el más grande de todos y yo no gané la elección. Y además hay que tomar en cuenta las tácticas de campaña. La de Bukele, por ejemplo, fue de muy poco acercamiento al votante porque es el que menos mítines ha hecho con el público y los que hizo, lo hizo arreglado todo.

¿Han subido ARENA y el FMLN en preferencia?

Yo sí creo que han subido un poquito.

¿Vislumbra una segunda vuelta?

Yo la vislumbro.

¿Se atreve a vaticinar entre quiénes?

El único indicador que tenemos no es el que yo quisiera y son las encuestas, pero ellas dicen que primero Bukele, segundo (Carlos) Calleja y tercero el FMLN. Pero al mismo tiempo que lo cito digo ‘ojo’ no veamos las cosas tan fáciles, porque ya me han señalado dos fenómenos y es que el FMLN perdió más de la tercera parte de su voto duro, pero le basta con recuperar 300,000 votos para estar en una nueva situación y esto no necesariamente se refleja en una encuesta. El otro dato es que cuando Bukele fue candidato a alcalde de San Salvador arrasaba pero ganó la alcaldía por 3,000 votos.

¿El FMLN ha ido a sus orígenes para buscar rescatar esos votos?

Ahora hay que ver diversos ángulos para responder eso, porque antes de la Guerra Fría el que era de izquierda era comunista y el que era de derecha era anticomunista y ya; y por eso cada uno no criticaba a sus regímenes. Pero hoy en día los de izquierda podemos criticar a regímenes de izquierda. Pero sí, el FMLN tiene mayor insistencia en tratar de responder a demandas populares y eso históricamente se ha dado y existe todavía. Es más, al ver la trayectoria de los dos gobiernos por mucho que se critiquen lo que ha habido es una mayor atención por los pobres.

¿Qué le parecieron los debates presidenciales?

Son pasos para la legitimidad del proceso. Incluso el hecho de que cuando uno de los contendientes falló tuvo una reacción negativa muy fuerte en redes sociales. En ese sentido, en ese campo ha habido un cierto avance.

De los candidatos, a su criterio, ¿cuál sobresale por los demás?

Depende. En un esfuerzo de acercarse a la población yo diría que Calleja ha hecho el mayor esfuerzo, y eso que era más fácil para Hugo. Eso hay que reconocerlo, y en capacidad de gobernar Hugo es el que tiene la mayor capacidad. La debilidad de Calleja es que nunca ha ejercido la función pública. Y en el caso de Bukele, yo estoy en contra de todo discurso populista, porque me parece que lo que hace es convertir a la ciudadanía en niños con ese planteamiento de que es el salvador. Entonces el espacio de participación se reduce, porque es el dirigente el que va a tomar las decisiones y punto.

A vueltas con el fascismo. De Antonio Caño

Antes de alarmistas llamamientos contra la extrema derecha es conveniente mirar en cada uno de los países donde ese fenómeno crece y preguntarse quién está sembrando la división y quién legitima el populismo.

Antonio Cano,
ex director de El País

25 diciembre 2018 / EL PAIS

El retorno del fascismo ha sido últimamente esgrimido con frecuencia tanto para describir la situación a la que hoy se enfrentan muchos países del mundo como para alertar sobre el peligro que acecha a nuestras democracias. Aunque es cierto el incremento del apoyo a partidos de extrema derecha y el auge de propuestas autoritarias y demagógicas, la recurrente alusión al fascismo, con la imagen de terror y espanto con la que está asociado, puede ser equivocada en la medida que distorsiona los problemas, confunde sobre sus soluciones y tiende a establecer el debate en el erróneo y sobrepasado campo de la derecha y la izquierda. En el caso particular de España, donde ese término viene utilizándose ya desde hace años con pretextos pueriles y propósitos intimidatorios, su uso es particularmente ineficaz.

No debe preocupar tanto el retorno del fascismo como la repetición de las circunstancias y las decisiones políticas que dieron lugar al fascismo. Es muy improbable la reproducción hoy del modelo de dictadura brutal que conocimos en el pasado. Pero existe un riesgo mucho mayor de que el descalabro de la política actual conduzca a la caída o la crisis de los sistemas democráticos. Lo que debe preocuparnos hoy no es el fascismo, sino la extrema polarización política, el ascenso de los mediocres y demagogos, la descomposición de los partidos políticos, el desprecio de la moderación, el sectarismo, el recurso constante a la toma de las calles, la explotación de los fallos del sistema democrático —corrupción, injusticia, inseguridad— para combatir el conjunto del sistema, los llamamientos a la división entre los ciudadanos, la guerra cultural entre las élites urbanas y el resto de la sociedad, la falta de horizonte de los jóvenes, la ausencia de líderes mundiales y el desprecio a la cooperación internacional. De ahí surgió el fascismo; eso es lo que tenemos que resolver ahora.

Pese a que se trata de un conflicto históricamente europeo, Estados Unidos no es ajeno actualmente a este debate. También hay en EE UU quienes ven próxima la amenaza del fascismo o incluso quienes ya lo ven instaurado en la Casa Blanca. Pero, por lo general, el estilo más académico y contenido del debate en este país permite extraer algunas ideas que pueden ser válidas en cualquier parte del mundo, puesto que así como la globalización nos ha igualado en los problemas, debería también servir para igualarnos en las soluciones. Curiosamente, nunca Estados Unidos y México, los dos grandes países fronterizos, tenían presidentes tan opuestos ideológicamente y tan similares al mismo tiempo.

“La división, el extremismo político es la respuesta falsa a los problemas que no se saben resolver”

Esto ocurre entre otras razones porque, como dice Dan Balz en The Washington Post, “las líneas divisorias en este nuevo mundo de desorden no son ya simplemente las de izquierda-derecha, con conservadores peleando contra izquierdistas”. “Esta línea todavía existe, pero de forma creciente las fuerzas de la desestabilización vienen de otros ángulos y de otras direcciones”.

Jason Stanley, que es profesor de la Universidad de Yale e hijo de refugiados europeos que huyeron del fascismo, ha escrito un libro de éxito en EE UU, cuyo título es How Fascism Works, en el que analiza las similitudes del mundo actual con el que conocieron sus padres en Europa en los años treinta del siglo pasado y llega a la conclusión de que la mayor coincidencia es la repetición hoy de las políticas de “nosotros contra ellos”. Es la explotación política por parte de dirigentes mediocres de las divisiones normales en la sociedad o acentuadas por la crisis económica la que conduce a un escenario en el que acaban triunfando los radicales y los impostores, tanto de derechas como de izquierdas.

La división, el extremismo político es la respuesta falsa a los problemas que no se saben resolver. El extremismo político es el reconocimiento del fracaso de la verdadera política, que por definición ha de buscar el punto medio, donde está la mayoría de la sociedad a la que los políticos deben representar y defender. La radicalización política es especialmente peligrosa cuando se produce dentro de los partidos tradicionales, o bien cuando estos se implican en alianzas con partidos radicales y anticonstitucionales. “Cuando el miedo, el oportunismo o el cálculo erróneo conduce a los partidos establecidos a permitir la entrada de los radicales en el escenario principal, la democracia está en peligro”, aseguran Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro How Democracies Die.

Los dos profesores de Harvard han estudiado a fondo lo que consideran la mayor amenaza para las democracias actuales: la desaparición del papel de los partidos políticos como vigilantes y gestores del sistema. Desde la Segunda Guerra Mundial —más recientemente en el caso de España—, la democracia se ha sostenido sobre la base de que “los líderes de dos principales partidos aceptaban al contrario como legítimo y resistían la tentación de usar su control temporal de las instituciones para maximizar su rentabilidad partidista”.

“Son las decisiones políticas de ayer y de hoy las que azuzan el monstruo populista y autoritario”

Pedirle a un político sacrificar sus intereses personales o partidistas en beneficio de la democracia puede parecer absurdo. Desde luego lo es con la actual clase política, incluso en momentos tan delicados como los presentes. Pero es necesario recordar el peligro que representa la legitimación, el blanqueo por parte de los partidos tradicionales de las fuerzas antisistema mediante alianzas políticas coyunturales. Levitsky y Ziblatt recuerdan que ni Alemania ni Italia en los años treinta ni Venezuela en los noventa, por mencionar un totalitarismo de otro signo, dieron mayoritariamente el respaldo a Gobiernos autoritarios: “A pesar de sus grandes diferencias, Hitler Mussolini y Chávez siguieron similares rutas hacia el poder. No solo eran outsiders con capacidad de captar la atención, sino que cada uno de ellos alcanzó el poder porque los políticos establecidos desoyeron las señales de advertencia, les entregaron el poder o les abrieron las puertas para obtenerlo”. En el caso de Venezuela, los dos autores mencionan el apoyo de Rafael Caldera a Hugo Chávez —al que indultó cuando cumplía condena por participar en un golpe de Estado—, lo que permitió a Caldera resurgir de su irrelevancia política y ser elegido presidente en 1993, solo para allanar el camino al propio Chávez, que ganó las siguientes elecciones e impuso el sistema que hoy ha arruinado económica, política y moralmente al país.

El fascismo no es un fantasma que se nos aparece de repente en medio de la noche. Son las decisiones políticas de ayer y de hoy las que azuzan el monstruo populista y autoritario. Como dice Dan Balz, “el mundo ya estaba siendo crecientemente desordenado antes de que Trump fuera presidente y fue elegido precisamente por ese desorden”. “La inestabilidad y el desorden son ahora moneda común en el mundo, poniendo a prueba la capacidad de los líderes de crear territorio fértil en el que reaccionar”.

La reacción que se requiere no es contra el fascismo. Es mucho más urgente y mucho más sencillo identificar a los verdaderos saboteadores de nuestra democracia a día de hoy, los que se saltan a diario las normas de la convivencia y violan la Constitución, y los que lo toleran con indiferencia para no perder el poder. Antes de alarmistas llamamientos contra la extrema derecha es conveniente mirar a nuestro lado en cada uno de los países donde ese fenómeno crece y preguntarse quién está sembrando la división, quién está legitimando el populismo y el nacionalismo ya, en este momento, desde las instituciones establecidas, quién está ya utilizando el poder en beneficio personal, quién está sembrando la semilla para la quiebra del sistema. “Nadie que esté dispuesto a hacer cualquier cosa por ser presidente merecería ser nunca presidente”, dice George Will en The New York Times como consejo al Partido Demócrata, en busca del candidato presidencial más adecuado frente a la extrema derecha en EE UU.

Carta a la izquierda: ¡Pónganse serios! De Paolo Luers

13 diciembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

El ascenso del nuevo populismo celeste va a costa del FMLN. Muchos que durante toda la posguerra han votado por el Frente, hoy anuncian en encuestas su intención de votar por Nayib Bukele.

¿A qué se debe este fenómeno? No es que estos votantes hayan dejado de sentirse identificados con la izquierda. Pero se sienten frustrados con el partido que representa a la izquierda.

Hablando con ex militantes de FMLN que ahora apuestan a Bukele, uno recibe una respuesta simple: “Bukele y Nuevas Ideas representan la ‘nueva izquierda’, que va a corregir los errores del Frente. Se trata de ‘refundar’ la izquierda.” Ellos no tienen ninguna afinidad con GANA, más bien detestan la cultura de corrupción y chanchullos que representa este partido. El pacto de Bukele con GANA no lo ven como traición, sino como movida táctica, que se va a corregir luego de las elecciones. Tienen fe que Bukele y Nuevas Ideas son la solución a la crisis de la izquierda, la cual muchos de ellos viven como crisis personal.

Digo “fe”, porque apostar a Bukele y Cía. para refundar la izquierda solo puede ser un acto de fe. No está basado en una trayectoria de izquierda de los líderes de Nuevas Ideas. Mucho menos de sus operadores políticos y propagandísticos, que casi todos provienen de la derecha más mafiosa.

Entiendo la frustración con el FMLN y sus actitudes conservadoras y oportunistas.

¿Pero en qué se transforma esta frustración? Lo lógico sería luchar por la renovación del Frente, o por construir una nueva izquierda: moderna, democrática, abierta al debate.

Pero pensar que un demagogo con actitudes de playboy hijo de papi puede salvar la izquierda y convertirse en el heredero de tanta lucha y tantos sacrificios, es absurdo y ofensivo. Este hombre nunca ha sido de izquierda, se metió al Frente por oportunismo, y así salió. Obviamente tiene la habilidad de apropiarse de consignas y banderas históricas de la izquierda, pero esto no lo convierte en luchador social. También un militar golpista y corrupto como Hugo Chávez tuvo esta habilidad – y ya sabemos que el régimen que estableció no tiene nada de izquierda.

El primer requisito para alguien que proclama querer renovar la izquierda, es vocación democrática. La segunda: tener una estrategia para empoderar a la sociedad, sobre todo los sectores marginados. Cosa que es excluyente con empoderase como líder que representa a las masas y las convierte en instrumento para preservar su poder. Bukele no cumple ninguno de estos dos requisitos. Construye un partido a la medida de su líder. Se vanagloria que este partido es un movimiento sin cúpulas. Este ha sido siempre el truco de los movimientos autoritarios, incluyendo los fascistas al estilo de Mussolini, Perón y, otra vez, Hugo Chávez: No quieren gobernar con instituciones, sino mediante la conexión directa entre líder y movimiento. Terminan con un déspota que no rinde cuentas a ninguna instancia, ni del partido ni de Estado, sino directamente “al pueblo”, o sea a todos y a nadie.

Esto es lo contrario a izquierda, porque es contrario a los principios de libertad, democracia y emancipación. Por esto no solo el Frente se distanció (a fin) de Bukele, sino también se desmarcan de él figuras históricas de la izquierda democrática como Rubén Zamora, Salvador Samayoa, Roberto Rubio. Les da pena, igual que a mi, que un oportunista y ególatra pueda tener éxito navegando con banderas usurpadas de izquierda. Les inspira desconfianza, igual que a mi, que Bukele y Ulloa despotrican contra el sistema pluralista construido por los Acuerdos de Paz y hablan de una Constituyente para construir una “Segunda República”. El país necesita estabilidad institucional, no experimentos de anti-política que encubre nuevos autoritarismos.

Compañeros, pónganse serios. Si quieren preservar la izquierda como fuerza relevante, no abandonen al Frente en el momento que al fin comienza a renovarse. Si ya no creen en esta renovación, voten por Calleja para que medio levante el país y dedíquense a construir una nueva izquierda. Si ambas opciones les parecen imposibles, registren su protesta votando por Josué Alvarado, quien es un hombre correcto con gran compromiso social. Pero no caigan en la trampa del nuevo populismo.

Saludos, Paolo Luers  

¿Qué es el cambio? De Manuel Hinds

7 diciembre 2018 / El DIARIO DE HOY

El 3 de febrero los votantes tendrán que decidir entre dos propuestas de cambio. La primera se enfoca en cambiar las personas que han detentado el poder. La segunda se enfoca en cambiar las realidades que detienen el progreso de las familias salvadoreñas.

La lógica de la primera propuesta es ridículamente simple. El que la sostiene dice que otros de izquierda y de derecha ya han ejercido el poder presidencial y que ahora le toca a él. Es una propuesta de poder, puramente personal, orientada a cambiar la situación del candidato de no ser nada a ser Presidente de la República.

Ese cambio solo tiene sentido en la segunda propuesta, que debe centrarse en el ciudadano y sus problemas, en sus noches de desvelo preocupado de cómo va a hacer para pagar sus deudas, para que le alcance el dinero para mandar a tus hijos a la escuela, para que su familia tenga acceso a una buena salud, en un país seguro y con oportunidades.

Y es aquí, al examinar estos problemas, que se puede ver claramente que tomar la decisión de votar solo para cambiar a la persona en el poder, razonando que hay que darle una oportunidad, no solo es inconsecuente sino realmente dañina, porque esa es la manera en la que se ha votado en El Salvador con mucha frecuencia y esa es la razón por la que hemos terminado con gobiernos que son muy buenos para gritar insultos contra “los ricos” y muy incompetentes y desinteresados en la mejoría de la familia salvadoreña. Para lograr sus objetivos personales, estos políticos han negado toda evidencia de progreso en el país, han inyectado odio y han llamado al conflicto, sin presentar planes de progreso, sin dar ideas para mejorar el país… enfocado solo en dar la impresión de que las tienen, sin importarles más que la manera de apropiarse del poder.

Y mientras se dedican ya en la presidencia a gritar, insultar y quejarse, han dejado que las familias tengan que pagar tres veces los costos de la salud porque con sus impuestos se pagan los hospitales públicos, porque además les descuentan la cuota del Seguro Social, y, como estos no funcionan, tienen que pagar médicos y clínicas privadas para garantizar la salud de su familia. Igual pasa con la educación, que pagan dos veces, veces, porque la calidad de la educación estatal deja mucho que desear. Además, tienen que pagar impuestos para pagar la seguridad estatal aunque ésta no funciona. Con el dinero de las familias se subsidia el transporte público que es tan malo que los usuarios tienen que ir amontonados en unidades inseguras y mal mantenidas.

Pero aunque estos problemas se arreglaran, los ingresos de la familia no les alcanzan como para darle una vida digna a sus hijos porque los gobiernos recientes han ahuyentado la inversión con sus odios y victimizaciones, limitando las oportunidades de empleo.

Es decir, estas preocupaciones las tienen las familias salvadoreñas porque creyeron en otros cuentos similares a los que les están contando hoy, que se enfocan solo en las quejas y no en las soluciones a los problemas de los ciudadanos y sus familias. Lo que el país necesita no es una persona que sea excelente para insultar y echar culpas, sino personas que tengan propuestas realistas para que los ciudadanos puedan mandar a sus niños a una buena escuela pública y a buenas unidades de salud y hospitales públicos, y que puedan vivir en comunidades seguras, en las que los niños puedan crecer en un ambiente sano y libre de violencia.

Tenemos que terminar con los cuentos de los populistas, que quieren hacernos creer que la salvación está en que ellos estén en el poder, cuentos que crearon nuestro estancamiento, y nuestros desencuentros y nuestros odios. Tenemos que pasar del odio a la armonía y del estancamiento al crecimiento, para que todos nosotros tengamos las oportunidades que nos merecemos y vivamos en un país seguro y próspero.


Why we stopped trusting elites. By William Davies

William Davies, sociólogo y escritor británico

29 noviembre 2018 / THE GUARDIAN

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For hundreds of years, modern societies have depended on something that is so ubiquitous, so ordinary, that we scarcely ever stop to notice it: trust. The fact that millions of people are able to believe the same things about reality is a remarkable achievement, but one that is more fragile than is often recognised.

At times when public institutions – including the media, government departments and professions – command widespread trust, we rarely question how they achieve this. And yet at the heart of successful liberal democracies lies a remarkable collective leap of faith: that when public officials, reporters, experts and politicians share a piece of information, they are presumed to be doing so in an honest fashion.

The notion that public figures and professionals are basically trustworthy has been integral to the health of representative democracies. After all, the very core of liberal democracy is the idea that a small group of people – politicians – can represent millions of others. If this system is to work, there must be a basic modicum of trust that the small group will act on behalf of the much larger one, at least some of the time. As the past decade has made clear, nothing turns voters against liberalism more rapidly than the appearance of corruption: the suspicion, valid or otherwise, that politicians are exploiting their power for their own private interest.

This isn’t just about politics. In fact, much of what we believe to be true about the world is actually taken on trust, via newspapers, experts, officials and broadcasters. While each of us sometimes witnesses events with our own eyes, there are plenty of apparently reasonable truths that we all accept without seeing. In order to believe that the economy has grown by 1%, or to find out about latest medical advances, we take various things on trust; we don’t automatically doubt the moral character of the researchers or reporters involved.

Much of the time, the edifice that we refer to as “truth” is really an investment of trust. Consider how we come to know the facts about climate change: scientists carefully collect and analyse data, before drafting a paper for anonymous review by other scientists, who assume that the data is authentic. If published, the findings are shared with journalists in press releases, drafted by university press offices. We expect that these findings are then reported honestly and without distortion by broadcasters and newspapers. Civil servants draft ministerial speeches that respond to these facts, including details on what the government has achieved to date.

A modern liberal society is a complex web of trust relations, held together by reports, accounts, records and testimonies. Such systems have always faced political risks and threats. The template of modern expertise can be traced back to the second half of the 17th century, when scientists and merchants first established techniques for recording and sharing facts and figures. These were soon adopted by governments, for purposes of tax collection and rudimentary public finance. But from the start, strict codes of conduct had to be established to ensure that officials and experts were not seeking personal gain or glory (for instance through exaggerating their scientific discoveries), and were bound by strict norms of honesty.

But regardless of how honest parties may be in their dealings with one another, the cultural homogeneity and social intimacy of these gentlemanly networks and clubs has always been grounds for suspicion. Right back to the mid-17th century, the bodies tasked with handling public knowledge have always privileged white male graduates, living in global cities and university towns. This does not discredit the knowledge they produce – but where things get trickier is when that homogeneity starts to appear to be a political identity, with a shared set of political goals. This is what is implied by the concept of “elites”: that purportedly separate domains of power – media, business, politics, law, academia – are acting in unison. Advertisement

A further threat comes from individuals taking advantage of their authority for personal gain. Systems that rely on trust are always open to abuse by those seeking to exploit them. It is a key feature of modern administrations that they use written documents to verify things – but there will always be scope for records to be manipulated, suppressed or fabricated. There is no escaping that possibility altogether. This applies to many fields: at a certain point, the willingness to trust that a newspaper is honestly reporting what a police officer claims to have been told by a credible witness, for example, relies on a leap of faith.

A trend of declining trust has been underway across the western world for many years, even decades, as copious survey evidence attests. Trust, and its absence, became a preoccupation for policymakers and business leaders during the 1990s and early 2000s. They feared that shrinking trust led to higher rates of crime and less cohesive communities, producing costs that would be picked up by the state.

“What nobody foresaw was that, when trust sinks beneath a certain point, many people may come to view the entire spectacle of politics and public life as a sham.”

What nobody foresaw was that, when trust sinks beneath a certain point, many people may come to view the entire spectacle of politics and public life as a sham. This happens not because trust in general declines, but because key public figures – notably politicians and journalists – are perceived as untrustworthy. It is those figures specifically tasked with representing society, either as elected representatives or as professional reporters, who have lost credibility.

To understand the crisis liberal democracy faces today – whether we identify this primarily in terms of “populism” or “post-truth” – it’s not enough to simply bemoan the rising cynicism of the public. We need also to consider some of the reasons why trust has been withdrawn. The infrastructure of fact has been undermined in part by a combination of technology and market forces – but we must seriously reckon with the underlying truth of the populists’ charge against the establishment today. Too often, the rise of insurgent political parties and demagogues is viewed as the source of liberalism’s problems, rather than as a symptom. But by focusing on trust, and the failure of liberal institutions to sustain it, we get a clearer sense of why this is happening now.

The problem today is that, across a number of crucial areas of public life, the basic intuitions of populists have been repeatedly verified. One of the main contributors to this has been the spread of digital technology, creating vast data trails with the latent potential to contradict public statements, and even undermine entire public institutions. Whereas it is impossible to conclusively prove that a politician is morally innocent or that a news report is undistorted, it is far easier to demonstrate the opposite. Scandals, leaks, whistleblowing and revelations of fraud all serve to confirm our worst suspicions. While trust relies on a leap of faith, distrust is supported by ever-mounting piles of evidence. And in Britain, this pile has been expanding much faster than many of us have been prepared to admit.


Confronted by the rise of populist parties and leaders, some commentators have described the crisis facing liberalism in largely economic terms – as a revolt among those “left behind” by inequality and globalisation. Another camp sees it primarily as the expression of cultural anxieties surrounding identity and immigration. There is some truth in both, of course – but neither gets to the heart of the trust crisis that populists exploit so ruthlessly. A crucial reason liberalism is in danger right now is that the basic honesty of mainstream politicians, journalists and senior officials is no longer taken for granted.

There are copious explanations for Trump, Brexit and so on, but insufficient attention to what populists are actually saying, which focuses relentlessly on the idea of self-serving “elites” maintaining a status quo that primarily benefits them. On the right, Nigel Farage has accused individual civil servants of seeking to sabotage Brexit for their own private ends. On the left, Jeremy Corbyn repeatedly refers to Britain’s “rigged” economic system. The promise to crack down on corruption and private lobbying is integral to the pitch made by figures such as Donald Trump, Jair Bolsonaro or Viktor Orbán.

One of the great political riddles of recent years is that declining trust in “elites” is often encouraged and exploited by figures of far more dubious moral character – not to mention far greater wealth – than the technocrats and politicians being ousted. On the face of it, it would seem odd that a sense of “elite” corruption would play into the hands of hucksters and blaggards such as Donald Trump or Arron Banks. But the authority of these figures owes nothing to their moral character, and everything to their perceived willingness to blow the whistle on corrupt “insiders” dominating the state and media.

Liberals – including those who occupy “elite” positions – may comfort themselves with the belief that these charges are ill-founded or exaggerated, or else that the populists offer no solutions to the failures they identify. After all, Trump has not “drained the swamp” of Washington lobbying. But this is to miss the point of how such rhetoric works, which is to chip away at the core faith on which liberalism depends, namely that power is being used in ways that represent the public interest, and that the facts published by the mainstream media are valid representations of reality.

“Populists target various centres of power, including dominant political parties, mainstream media, big business and the institutions of the state, including the judiciary.”

Populists target various centres of power, including dominant political parties, mainstream media, big business and the institutions of the state, including the judiciary. The chilling phrase “enemies of the people” has recently been employed by Donald Trump to describe those broadcasters and newspapers he dislikes (such as CNN and the New York Times), and by the Daily Mail to describe high court judges, following their 2016 ruling that Brexit would require parliamentary consent. But on a deeper level, whether it is the judiciary, the media or the independent civil service that is being attacked is secondary to a more important allegation: that public life in general has become fraudulent.

Nigel Farage campaigning with Donald Trump in 2016.
Nigel Farage campaigning with Donald Trump in 2016. Photograph: Jonathan Bachman/Getty Images

How does this allegation work? One aspect of it is to dispute the very possibility that a judge, reporter or expert might act in a disinterested, objective fashion. For those whose authority depends on separating their public duties from their personal feelings, having their private views or identities publicised serves as an attack on their credibility. But another aspect is to gradually blur the distinctions between different varieties of expertise and authority, with the implication that politicians, journalists, judges, regulators and officials are effectively all working together.

It is easy for rival professions to argue that they have little in common with each other, and are often antagonistic to each other. Ostensibly, these disparate centres of expertise and power hold each other in check in various ways, producing a pluralist system of checks and balances. Twentieth-century defenders of liberalism, such as the American political scientist Robert Dahl, often argued that it didn’t matter how much power was concentrated in the hands of individual authorities, as long as no single political entity was able to monopolise power. The famous liberal ideal of a “separation of powers” (distinguishing executive, legislative and judicial branches of government), so influential in the framing of the US constitution, could persist so long as different domains of society hold one another up to critical scrutiny.

But one thing that these diverse professions and authorities do have in common is that they trade primarily in words and symbols. By lumping together journalists, judges, experts and politicians as a single homogeneous “liberal elite”, it is possible to treat them all as indulging in a babble of jargon, political correctness and, ultimately, lies. Their status as public servants is demolished once their claim to speak honestly is thrown into doubt. One way in which this is done is by bringing their private opinions and tastes before the public, something that social media and email render far easier. Tensions and contradictions between the public face of, say, a BBC reporter, and their private opinions and feelings, are much easier to discover in the age of Twitter.

“Whether in the media, politics or academia, liberal professions suffer a vulnerability that a figure such as Trump doesn’t, in that their authority hangs on their claim to speak the truth.”

Whether in the media, politics or academia, liberal professions suffer a vulnerability that a figure such as Trump doesn’t, in that their authority hangs on their claim to speak the truth. A recent sociological paper called The Authentic Appeal of the Lying Demagogue, by US academics Oliver Hahl, Minjae Kim and Ezra Zuckerman Sivan, draws a distinction between two types of lies. The first, “special access lies”, may be better termed “insider lies”. This is dishonesty from those trusted to truthfully report facts, who abuse that trust by failing to state what they privately know to be true. (The authors give the example of Bill Clinton’s infamous claim that he “did not have sexual relations with that woman”.)

The second, which they refer to as “common knowledge lies”, are the kinds of lies told by Donald Trump about the size of his election victory or the crowds at his inauguration, or the Vote Leave campaign’s false claims about sending “£350m a week to the EU”. These lies do not pretend to be bound by the norm of honesty in the first place, and the listener can make up their own mind what to make of them.

What the paper shows is that, where politics comes to be viewed as the domain of “insider” liars, there is a seductive authenticity, even a strange kind of honesty, about the “common knowledge” liar. The rise of highly polished, professional politicians such as Tony Blair and Bill Clinton exacerbated the sense that politics is all about strategic concealment of the truth, something that the Iraq war seemed to confirm as much as anything. Trump or Farage may have a reputation for fabricating things, but they don’t (rightly or wrongly) have a reputation for concealing things, which grants them a form of credibility not available to technocrats or professional politicians.

At the same time, and even more corrosively, when elected representatives come to be viewed as “insider liars”, it turns out that other professions whose job it is to report the truth – journalists, experts, officials – also suffer a slump in trust. Indeed, the distinctions between all these fact-peddlers start to look irrelevant in the eyes of those who’ve given up on the establishment altogether. It is this type of all-encompassing disbelief that creates the opportunity for rightwing populism in particular. Trump voters are more than twice as likely to distrust the media as those who voted for Clinton in 2016, according to the annual Edelman Trust Barometer, which adds that the four countries currently suffering the most “extreme trust losses” are Italy, Brazil, South Africa and the US.

It’s one thing to measure public attitudes, but quite another to understand what shapes them. Alienation and disillusionment develop slowly, and without any single provocation. No doubt economic stagnation and soaring inequality have played a role – but we should not discount the growing significance of scandals that appear to discredit the honesty and objectivity of “liberal elites”. The misbehaviour of elites did not “cause” Brexit, but it is striking, in hindsight, how little attention was paid to the accumulation of scandal and its consequences for trust in the establishment.


The 2010 edition of the annual British Social Attitudes survey included an ominous finding. Trust in politicians, already low, had suffered a fresh slump, with a majority of people saying politicians never tell the truth. But at the same time, interest in politics had mysteriously risen.

To whom would this newly engaged section of the electorate turn if they had lost trust in “politicians”? One answer was clearly Ukip, who experienced their greatest electoral gains in the years that followed, to the point of winning the most seats in the 2014 elections for the European parliament. Ukip’s surge, which initially appeared to threaten the Conservative party, was integral to David Cameron’s decision to hold a referendum on EU membership. One of the decisive (and unexpected) factors in the referendum result was the number of voters who went to the polls for the first time, specifically to vote leave.

What might have prompted the combination of angry disillusionment and intensifying interest that was visible in the 2010 survey? It clearly predated the toughest years of austerity. But there was clearly one event that did more than any other to weaken trust in politicians: the MPs’ expenses scandal, which blew up in May 2009 thanks to a drip-feed of revelations published by the Daily Telegraph.

Following as it did so soon after a disaster of world-historic proportions – the financial crisis – the full significance of the expenses scandal may have been forgotten. But its ramifications were vast. For one thing, it engulfed many of the highest reaches of power in Westminster: the Speaker of the House of Commons, the home secretary, the secretary of state for communities and local government and the chief secretary to the treasury all resigned. Not only that, but the rot appeared to have infected all parties equally, validating the feeling that politicians had more in common with each other (regardless of party loyalties) than they did with decent, ordinary people.

Many of the issues that “elites” deal with are complex, concerning law, regulation and economic analysis. We can all see the fallout of the financial crisis, for instance, but the precise causes are disputed and hard to fathom. By contrast, everybody understands expense claims, and everybody knows lying and exaggerating are among the most basic moral failings; even a child understands they are wrong. This may be unfair to the hundreds of honest MPs and to the dozens whose misdemeanours fell into a murky area around the “spirit” of the rules. But the sense of a mass stitch-up was deeply – and understandably – entrenched.

The other significant thing about the expenses scandal was the way it set a template for a decade of elite scandals – most of which also involved lies, leaks and dishonest denials. One year later, there was another leak from a vast archive of government data: in 2010, WikiLeaks released hundreds of thousands of US military field reports from Iraq and Afghanistan. With the assistance of newspapers including the New York Times, Der Spiegel, the Guardian and Le Monde, these “war logs” disclosed horrifying details about the conduct of US forces and revealed the Pentagon had falsely denied knowledge of various abuses. While some politicians expressed moral revulsion with what had been exposed, the US and British governments blamed WikiLeaks for endangering their troops, and the leaker, Chelsea Manning, was jailed for espionage.

Rupert Murdoch on his way to give evidence to the Leveson inquiry in 2012.
Rupert Murdoch on his way to give evidence to the Leveson inquiry in 2012. Photograph: Ben Stansall/AFP/Getty Images

In 2011, the phone-hacking scandal put the press itself under the spotlight. It was revealed that senior figures in News International and the Metropolitan police had long been aware of the extent of phone-hacking practices – and they had lied about how much they knew. Among those implicated was the prime minister’s communications director, former News of the World editor Andy Coulson, who was forced to resign his post and later jailed. By the end of 2011, the News of the World had been closed down, the Leveson inquiry was underway, and the entire Murdoch empire was shaking.

The biggest scandal of 2012 was a different beast altogether, involving unknown men manipulating a number that very few people had even heard of. The number in question, the London interbank offered rate, or Libor, is meant to represent the rate at which banks are willing to loan to each other. What was surreal, in an age of complex derivatives and high-frequency trading algorithms, was that this number was calculated on the basis of estimates declared by each bank on a daily basis, and accepted purely on trust. The revelation that a handful of brokers had conspired to alter Libor for private gain (with possible costs to around 250,000 UK mortgage-holders, among others) may have been difficult to fully comprehend, but it gave the not unreasonable impression of an industry enriching itself in a criminal fashion at the public’s expense. Bob Diamond, the CEO of Barclays, the bank at the centre of the conspiracy, resigned in July 2012.

Towards the end of that year, the media was caught in another prolonged crisis, this time at the BBC. Horror greeted the broadcast of the ITV documentary The Other Side of Jimmy Savile in October 2012. How many people had known about his predatory sexual behaviour, and for how long? Why had the police abandoned earlier investigations? And why had BBC Newsnight dropped its own film about Savile, due to be broadcast shortly after his death in 2011? The police swiftly established Operation Yewtree to investigate historic sexual abuse allegations, while the BBC established independent commissions into what had gone wrong. But a sense lingered that neither the BBC nor the police had really wanted to know the truth of these matters for the previous 40 years.

It wasn’t long before it was the turn of the corporate world. In September 2014, a whistleblower revealed that Tesco had exaggerated its half-yearly profits by £250m, increasing the figure by around a third. An accounting fiddle on this scale clearly had roots at a senior managerial level. Sure enough, four senior executives were suspended the same month and three were charged with fraud two years later. A year later, it emerged that Volkswagen had systematically and deliberately tinkered with emissions controls in their vehicles, so as to dupe regulators in tests, but then pollute liberally the rest of the time. The CEO, Martin Winterkorn, resigned.

“We didn’t really learn anything from WikiLeaks we didn’t already presume to be true,” the philosopher Slavoj Žižek observed in 2014. “But it is one thing to know it in general and another to get concrete data.” The nature of all these scandals suggests the emergence of a new form of “facts”, in the shape of a leaked archive – one that, crucially, does not depend on trusting the secondhand report of a journalist or official. These revelations are powerful and consequential precisely because they appear to directly confirm our fears and suspicions. Resentment towards “liberal elites” would no doubt brew even in the absence of supporting evidence. But when that evidence arises, things become far angrier, even when the data – such as Hillary Clinton’s emails – isn’t actually very shocking.


This is by no means an exhaustive list of the scandals of the past decade, nor are they all of equal significance. But viewing them together provides a better sense of how the suspicions of populists cut through. Whether or not we continue to trust in politicians, journalists or officials, we have grown increasingly used to this pattern in which a curtain is dramatically pulled back, to reveal those who have been lying to or defrauding the public.

Another pattern also begins to emerge. It’s not just that isolated individuals are unmasked as corrupt or self-interested (something that is as old as politics), but that the establishment itself starts to appear deceitful and dubious. The distinctive scandals of the 21st century are a combination of some very basic and timeless moral failings (greed and dishonesty) with technologies of exposure that expose malpractice on an unprecedented scale, and with far more dramatic results.

Perhaps the most important feature of all these revelations was that they were definitely scandals, and not merely failures: they involved deliberate efforts to defraud or mislead. Several involved sustained cover-ups, delaying the moment of truth for as long as possible.

Several of the scandals ended with high profile figures behind bars. Jail terms satisfy some of the public demand that the “elites” pay for their dishonesty, but they don’t repair the trust that has been damaged. On the contrary, there’s a risk that they affirm the cry for retribution, after which the quest for punishment is only ramped up further. Chants of “lock her up” continue to reverberate around Trump rallies.

In addition to their conscious and deliberate nature, a second striking feature of these scandals was the ambiguous role played by the media. On the one hand, the reputation of the media has taken a pummelling over the past decade, egged on by populists and conspiracy theorists who accuse the “mainstream media” of being allied to professional political leaders, and who now have the benefit of social media through which to spread this message.

The moral authority of newspapers may never have been high, but the grisly revelations that journalists hacked the phone of murdered schoolgirl Milly Dowler represented a new low in the public standing of the press. The Leveson inquiry, followed soon after by the Savile revelations and Operation Yewtree, generated a sense of a media class who were adept at exposing others, but equally expert at concealing the truth of their own behaviours.

On the other hand, it was newspapers and broadcasters that enabled all of this to come to light at all. The extent of phone hacking was eventually exposed by the Guardian, the MPs’ expenses by the Telegraph, Jimmy Savile by ITV, and the “war logs” reported with the aid of several newspapers around the world simultaneously.

But the media was playing a different kind of role from the one traditionally played by journalists and newspapers, with very different implications for the status of truth in society. A backlog of data and allegations had built up in secret, until eventually a whistle was blown. An archive existed that the authorities refused to acknowledge, until they couldn’t resist the pressure to do so any longer. Journalists and whistleblowers were instrumental in removing the pressure valve, but from that point on, truth poured out unpredictably. While such torrents are underway, there is no way of knowing how far they may spread or how long they may last.

Tony Blair and Bill Clinton in Belfast in April 2018
Tony Blair and Bill Clinton in Belfast in April. Photograph: Charles McQuillan/Getty Images

The era of “big data” is also the era of “leaks”. Where traditional “sleaze” could topple a minister, several of the defining scandals of the past decade have been on a scale so vast that they exceed any individual’s responsibility. The Edward Snowden revelations of 2013, the Panama Papers leak of 2015 and the HSBC files (revealing organised tax evasion) all involved the release of tens of thousands or even millions of documents. Paper-based bureaucracies never faced threats to their legitimacy on this scale.

The power of commissions and inquiries to make sense of so much data is not to be understated, nor is the integrity of those newspapers and whistleblowers that helped bring misdemeanours to light. In cases such as MPs’ expenses, some newspapers even invited their readers to help search these vast archives for treasure troves, like human algorithms sorting through data. But it is hard to imagine that the net effect of so many revelations was to build trust in any publicly visible institutions. On the contrary, the discovery that “elites” have been blocking access to a mine of incriminating data is perfect fodder for conspiracy theories. In his 2010 memoir, A Journey, Tony Blair confessed that legislating for freedom of information was one of his biggest regrets, which gave a glimpse of how transparency is viewed from the centre of power.

Following the release of the war logs by WikiLeaks, nobody in any position of power claimed that the data wasn’t accurate (it was, after all, the data, and not a journalistic report). Nor did they offer any moral justification for what was revealed. Defence departments were left making the flimsiest of arguments – that it was better for everyone if they didn’t know how war was conducted. It may well be that the House of Commons was not fairly represented by the MPs’ expenses scandal, that most City brokers are honest, or that the VW emissions scam was a one-off within the car industry. But scandals don’t work through producing fair or representative pictures of the world; they do so by blowing the lid on hidden truths and lies. Where whistleblowing and leaking become the dominant form of truth-telling, the authority of professional truth-tellers – reporters, experts, professionals, broadcasters – is thrown into question.


The term “illiberal democracy” is now frequently invoked to describe states such as Hungary under Viktor Orbán or Turkey under Recep Tayyip Erdoğan. In contrast to liberal democracy, this model of authoritarian populism targets the independence of the judiciary and the media, ostensibly on behalf of “the people”.

Brexit has been caused partly by distrust in “liberal elites”, but the anxiety is that it is also accelerating a drift towards “illiberalism”. There is a feeling at large, albeit among outspoken remainers, that the BBC has treated the leave campaign and Brexit itself with kid gloves, for fear of provoking animosity. More worrying was the discovery by openDemocracy in October that the Metropolitan police were delaying their investigation into alleged breaches of electoral law by the leave campaign due to what a Met spokesperson called “political sensitivities”. The risk at the present juncture is that key civic institutions will seek to avoid exercising scrutiny and due process, for fear of upsetting their opponents.

Britain is not an “illiberal democracy”, but the credibility of our elites is still in trouble, and efforts to placate their populist opponents may only make matters worse. At the more extreme end of the spectrum, the far-right activist Stephen Yaxley-Lennon, also known as Tommy Robinson, has used his celebrity and social media reach to cast doubt on the judiciary and the BBC at once.

Yaxley-Lennon has positioned himself as a freedom fighter, revealing “the truth” about Muslim men accused of grooming underage girls by violating legal rules that restrict reporting details of ongoing trials. Yaxley-Lennon was found guilty of contempt of court and jailed (he was later released after the court of appeal ordered a retrial, and the case has been referred to the attorney general), but this only deepened his appeal for those who believed the establishment was complicit in a cover-up, and ordinary people were being deliberately duped.

The political concern right now is that suspicions of this nature – that the truth is being deliberately hidden by an alliance of “elites” – are no longer the preserve of conspiracy theorists, but becoming increasingly common. Our current crisis has too many causes to enumerate here, and it is impossible to apportion blame for a collective collapse of trust – which is as much a symptom of changes in media technologies as it is of any moral failings on the part of elites.

But what is emerging now is what the social theorist Michel Foucault would have called a new “regime of truth” – a different way of organising knowledge and trust in society. The advent of experts and government administrators in the 17th century created the platform for a distinctive liberal solution to this problem, which rested on the assumption that knowledge would reside in public records, newspapers, government files and journals. But once the integrity of these people and these instruments is cast into doubt, an opportunity arises for a new class of political figures and technologies to demand trust instead.

The project that was launched over three centuries ago, of trusting elite individuals to know, report and judge things on our behalf, may not be viable in the long term, at least not in its existing form. It is tempting to indulge the fantasy that we can reverse the forces that have undermined it, or else batter them into retreat with an even bigger arsenal of facts. But this is to ignore the more fundamental ways in which the nature of trust is changing.

The main feature of the emerging regime is that truth is now assumed to reside in hidden archives of data, rather than in publicly available facts. This is what is affirmed by scandals such as MPs’ expenses and the leak of the Iraq war logs – and more recently in the #MeToo movement, which also occurred through a sudden and voluminous series of revelations, generating a crisis of trust. The truth was out there, just not in the public domain. In the age of email, social media and cameraphones, it is now common sense to assume that virtually all social activity is generating raw data, which exists out there somewhere. Truth becomes like the lava below the earth’s crust, which periodically bursts through as a volcano.

What role does this leave for the traditional, analogue purveyors of facts and figures? What does it mean to “report” the news in an age of reflexive disbelief? Newspapers have been grappling with this question for some time now; some have decided to refashion themselves as portals to the raw data, or curators of other people’s content. But it is no longer intuitively obvious to the public why they should be prepared to take a journalist’s word for something, when they can witness the thing itself in digital form. There may be good answers to these questions, but they are not obvious ones.

Instead, a new type of heroic truth-teller has emerged in tandem with these trends. This is the individual who appears brave enough to call bullshit on the rest of the establishment – whether that be government agencies, newspapers, business, political parties or anything else. Some are whistleblowers, others are political leaders, and others are more like conspiracy theorists or trolls. The problem is that everyone has a different heroic truth-teller, because we’re all preoccupied by different bullshit. There is no political alignment between figures such as Chelsea Manning and Nigel Farage; what they share is only a willingness to defy the establishment and break consensus.

If a world where everyone has their own truth-tellers sounds dangerously like relativism, that’s because it is. But the roots of this new and often unsettling “regime of truth” don’t only lie with the rise of populism or the age of big data. Elites have largely failed to understand that this crisis is about trust rather than facts – which may be why they did not detect the rapid erosion of their own credibility.

Unless liberal institutions and their defenders are willing to reckon with their own inability to sustain trust, the events of the past decade will remain opaque to them. And unless those institutions can rediscover aspects of the original liberal impulse – to keep different domains of power separate, and put the disinterested pursuit of knowledge before the pursuit of profit – then the present trends will only intensify, and no quantity of facts will be sufficient to resist. Power and authority will accrue to a combination of decreasingly liberal states and digital platforms – interrupted only by the occasional outcry as whistles are blown and outrages exposed.

• William Davies is a sociologist and political economist at Goldsmiths. His latest book is Nervous States: How Feeling Took Over the World

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