democracia

La democracia en peligro. De Antonio Caño

Bajo la formalidad de un modelo político con elecciones periódicas, asistimos a la degradación paulatina de la democracia, lo que no solo puede limitar nuestra libertad sino perjudicar nuestra convivencia.

Antonio Cano, ex director
de El País

16 febrero 2019 / EL PAIS

Tal vez si todos fuésemos más conscientes de la fragilidad de la democracia, del enorme sacrificio que ha costado alcanzarla y de la facilidad con la que puede perderse si no la cuidamos, con hechos, no con palabras, encontraríamos más entusiasmo para defenderla frente a los oportunistas y demagogos que se aprovechan de un sistema político basado en la tolerancia, incluso para quienes lo usan en su beneficio personal, lo adulteran groseramente o tratan de destruirlo.

Hasta después de la II Guerra Mundial, hace poco más de 70 años, la democracia era todavía una opción minoritaria en Europa frente al predominio de las soluciones radicales, el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. España, Portugal y Grecia aún tardaron tres décadas más en sumarse a esa corriente. Los países bajo el control de la Unión Soviética tuvieron que esperar hasta los últimos años del siglo XX.

Es edificante, como digo, el trabajo de Berman, pero es al mismo tiempo alarmante comprobar en qué brevísimo periodo de tiempo han vuelto a florecer los síntomas del horror totalitario que creíamos haber dejado atrás. Con qué rapidez han resurgido las soluciones extremistas, las que dicen acudir al rescate del “pueblo”, de “la gente” o de “la nación” frente a las injusticias del capitalismo o el asedio de culturas o tradiciones extranjeras. Incluso los enormes logros de la socialdemocracia europea, con su grandioso esfuerzo por humanizar la economía de mercado, son ahora ignorados o minusvalorados por los nuevos socialistas que prefieren competir por las supuestas esencias ideológicas de la izquierda y que han acabado por perder la razón básica de su existencia.

Resurgen soluciones extremistas que dicen acudir al rescate del “pueblo”, de “la gente” o de “la nación”

La confluencia en el nuevo siglo de la crisis económica y la revolución tecnológica frenó el ciclo de prosperidad que siempre estuvo unido al auge de la democracia liberal, e inmediatamente regresaron los viejos demonios, seguramente agazapados en el fondo de la condición humana: el miedo, el sectarismo, el fanatismo y el nacionalismo. “En la medida en que este orden declinó y reaparecieron muchos de los problemas que debía resolver —los conflictos y divisiones económicas y sociales, la fabricación de enemigos externos y el extremismo—, volvieron a aparecer voces en la izquierda y en la derecha que cuestionan la viabilidad, incluso la deseabilidad, de la democracia liberal”, afirma Sheri Berman. Un sistema político como el de China ya no despierta ninguna clase de resistencia ni en la derecha ni en la izquierda. Buena parte de la derecha no ve con malos ojos los modelos de Hungría y Polonia, especialmente su política frente a la emigración. Hasta hace bien poco, cierta izquierda mostraba simpatías con Venezuela o prefería mirar para otro lado. Y el estilo autoritario de Putin tiene adeptos por igual en la derecha, por su nacionalismo y firmeza, y en la izquierda, que no pierde el instinto de mostrar afecto para quienquiera que se oponga a Estados Unidos y a la Europa liberal.

¿Es reversible esta tendencia? ¿Caminamos hacia el precipicio del totalitarismo o vivimos turbulencias a las que la democracia será capaz de sobreponerse? Quizá sea conveniente anotar que la crisis de la democracia liberal no tiene por qué desembocar en un sistema plenamente totalitario o antidemocrático. Lo que la realidad nos va mostrando apunta más bien al surgimiento de modelos no liberales y semidemocráticos bajo la formalidad de una democracia con elecciones periódicas. Asistimos, más que a un drástico cambio de sistema, a la degradación paulatina de la democracia, lo que no solo puede limitar nuestra libertad sino perjudicar gravemente nuestra convivencia.

El nacionalismo radical catalán ha hecho retroceder al conjunto del país y dañado su imagen internacional

Evitar esa degradación es una responsabilidad de todos. En una democracia los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Uno de los primeros es el de exigir a los gobernantes responsabilidades por el uso del poder. Entre las últimas está la de respetar las ideas que no se comparten, especialmente las que no se comparten, y respetarlas significa no responder a ellas con insultos y descalificaciones. “Democracia”, recuerda Berman, “no es meramente un sistema político que elige a sus líderes de una forma particular, es también un sistema político cuyos gobernantes y ciudadanos actúan de una forma particular. Las democracias difieren de las dictaduras no solo en la forma en que eligen a sus líderes, sino en la forma en que tratan a sus ciudadanos y en que sus ciudadanos se tratan entre ellos”.

Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo un sistema democrático, pero su democracia se degrada cuando su presidente ataca la libertad de prensa o hace mofa de sus rivales políticos. Nada ha degradado más la democracia en España que el surgimiento de un nacionalismo radical en Cataluña que, como en el caso de Trump, otro nacionalista, ha menoscabado el valor de la verdad, ha ignorado la función crítica de los medios de comunicación, ha dividido a la sociedad, ha menospreciado a sus adversarios, ha señalado enemigos externos y se ha burlado de la justicia y de las leyes. El presidente de esa comunidad autónoma española decía recientemente que la voluntad de “la gente” está por encima de las leyes. “Un fascista dice la gente y quiere decir alguna gente, la que a él le conviene en ese momento”, recuerda Timothy Snyder en su último libro, The Road to Unfreedom.

En el caso español, además, el nacionalismo radical catalán ha hecho retroceder al conjunto del país, ha dañado gravemente su imagen internacional, ha estresado al límite el sistema, ha hundido al Partido Popular, ha dividido —y quizá también hundido— al Partido Socialista y, como último y gran logro, ha resucitado al nacionalismo radical español que había sido derrotado hace 40 años por una sociedad, por fin, integradora, moderada, reformista y moderna. No se defiende la democracia blanqueando a ninguno de estos nacionalismos con acuerdos políticos, sino desvelando su verdadera naturaleza e impidiendo sus propósitos.

En cada país el retroceso democrático adquiere rostros distintos, por lo general, acorde con su tradición y su historia. La de España ha flaqueado siempre por el lado de las divisiones territoriales. También por el de un concepto monopolizador del poder en la derecha y el de una gran confusión en la izquierda sobre la creación de un proyecto nacional. Ahí están los puntos débiles de la democracia española y ahí es donde surgen nuestros Brexits.

En contra de lo que podría pensarse hasta hace poco, no se ha quedado España al margen del proceso casi universal de degradación democrática. Simplemente ha llevado otro ritmo, ha sido diferente. Algunos han querido pensar que solo ahora, con la aparición de un partido de extrema derecha xenófobo en el ámbito del nacionalismo español, España se suma a la plaga de esta década. Pero lo cierto es que el contagio llegó mucho antes. Es en el campo del nacionalismo catalán donde se produjo el terremoto que ha llevado a nuestra democracia a la peor crisis de su historia. Todo lo demás y lo que quede por venir es consecuencia de ese desastre.

Destructores de las libertades ajenas. De Javier Marías

Es la tendencia de demasiada gente fanática: lo que yo condeno tiene que ser condenado por la sociedad, y a los que se opongan sólo cabe eliminarlos…

Javier Marías, escritor y columnista; miembro de la
Real Academia de España

20 enero 2019 / El PAIS SEMANAL

UNO DE LOS ELEMENTOS para medir la hipocresía de una sociedad es su sobreabundancia de eufemismos, así que no cabe duda de que la nuestra es la más hipócrita de los tiempos conocidos. Los hechos son invariables, pero las palabras que los describen “ofenden”, y se cree que cambiándolas los hechos desaparecen. No es así, aunque se lo parezca a los ingenuos: a un manco o a un cojo les siguen faltando el brazo o la pierna, por mucho que se decida desterrar esos términos y llamarlos de otra forma más “respetuosa”. El retrete sigue siendo el lugar de ciertas actividades fisiológicas, por mucho que se lo llame “aseo”, “lavabo”, “servicio” o el ridículo “rest room” (“habitación de descanso”) de los estadounidenses. Y bueno, el propio vocablo “retrete” era ya un eufemismo, el sitio retirado. Los eufemismos se utilizan también para blanquear lo oscuro y siniestro, desde aquella “movilidad exterior” de la ex-Ministra Báñez para referirse a los jóvenes que se marchaban de España desesperados por no encontrar aquí empleo, hasta el más reciente: son ya muchas las veces que he leído u oído la expresión “democracia iliberal” para asear y justificar regímenes o Gobiernos autoritarios, dictatoriales o totalitarios.

Se trata, para empezar, de una contradicción en los términos, porque “iliberal” anula el propio concepto de “democracia”, si entendemos “liberal” en las acepciones cuarta y quinta del DLE, las que la “i” niega: “Que se comporta o actúa de una manera alejada de modelos estrictos o rigurosos”; y “Comprensivo, respetuoso y tolerante con las ideas y modos de vida distintos de los propios, y con sus partidarios”. Lo conocido como “economía liberal” es otro asunto, que aquí no entra.

Muchas sociedades actuales creen que, para que un Gobierno sea democrático, basta con que haya sido elegido. Digamos que eso es más bien una condición necesaria, pero no suficiente. Para merecer el nombre, ha de serlo a diario, no sólo el día de su victoria en las urnas. Ha de respetar y tener en cuenta a toda la población, y en especial a las minorías. Y ha de ser liberal por fuerza, en el sentido de conservar y proteger las libertades individuales y colectivas. Y lo cierto es que cada vez hay más políticos y votantes cuyo primordial afán es prohibir, censurar y reprimir. Las nuevas generaciones ignoran lo odioso que resultaba ese afán, predominante durante el franquismo. La censura era omnipotente, casi todo estaba prohibido, y quienes se rebelaban eran reprimidos al instante: multados, detenidos, encarcelados y represaliados. Lo propio de los “iliberales” —esto es, de los autoritarios, dictatoriales o totalitarios— es no limitarse a observar las costumbres y seguir las opciones que a ellos les gustan, sino procurar que nadie observe ni siga las que rechazan. Si yo no soy gay, no permitiré que los gays se casen ni exhiban. Si yo nunca abortaría, ha de castigarse a quienes lo hagan. Si no soy comunista, hay que perseguir a quienes lo sean. Si no soy independentista, hay que ilegalizar a los partidos de ese signo. Si no fumo ni bebo, el tabaco y el alcohol deben prohibirse. Si soy animalista, han de suprimirse las corridas y las carreras de caballos. Si soy vegano, hay que atacar y cerrar las carnicerías, las pescaderías y los restaurantes. Esa es hoy la tendencia de demasiada gente “islamizada” y fanática: lo que yo condeno tiene que ser condenado por la sociedad, y a los que se opongan sólo cabe callarlos o eliminarlos.

La cosa va más lejos. Como he dicho otras veces, en poco tiempo hemos pasado de aquella bobada de “Toda opinión es respetable” a algo peor: “Que nadie exprese opiniones contrarias a las mías”. Se lleva a juicio a raperos y cómicos por sus sandeces, se multa a un poetilla aficionado por unas cuartetas inanes sobre la diputada Montero… O un ejemplo reciente y que tengo a mano: un artículo mío suscitó indignación no por lo que decía, sino por lo que algunos tergiversadores profesionales afirmaron que decía. Curioso que ciertos independentistas catalanes lo falsearan zafiamente a conciencia, cuando no trataba de su tema. La petición más frecuente fue que la directora de EL PAÍS me echara. Que me silenciara y me impidiera opinar, por lo menos en su periódico. Ella es muy libre de prescindir de mi pluma mañana mismo, si le parece, como lo soy yo de irme si me aburro o me harto de los “lectores de oídas” malintencionados. Pero lo primero que se pedía era censura. Eso no es propio de demócratas, ni siquiera “iliberales”, sino de gente con espíritu dictatorial y franquista. Gente que no se diferencia de Trump cuando llama a la prensa seria y veraz “enemigos del pueblo” e incita a éste a agredir a los reporteros; ni de Maduro cuando asfixia y cierra, uno tras otro, todos los medios que no le rinden pleitesía abyecta; ni de Putin cuando son asesinados periodistas desafectos bajo su mirada benévola; ni de Bolsonaro cuando hace que una Ministra suya decrete exaltada: “¡Los niños visten de azul y las niñas de rosa!” Lo peor no son estos políticos, pues siempre los hubo malvados o brutales. Lo peor es que tantos votantes de tantos países quieran imponer sus decretos y se estén haciendo “iliberales”, que no es sino destructores de las libertades ajenas. 

La democracia en América Latina: mejor de lo que suena. De Kevin Casas

Una persona ondea la bandera colombiana después del acuerdo de paz alcanzado con las Farc, en agosto de 2016. Foto: John Vizcaino/Reuters

Kevin Casas, exsecretario de Asuntos Políticos de la OEA y ex vicepresidente de Costa Rica

28 septiembre 2018 / THE NEW YORK TIMES

SAN JOSÉ, Costa Rica — América Latina vive una época de pesimismo democrático. Las malas noticias parecen multiplicarse: el colapso de toda semblanza de democracia en Venezuela y Nicaragua, el ascenso de un candidato fascistoide en Brasil, la interminable carnicería desatada por el crimen organizado en México, la larga lista de expresidentes latinoamericanos procesados, prófugos o presos por casos de corrupción.

No por casualidad, según cifras de Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en la región ha perdido ocho puntos en menos de diez años: de 61 por ciento en 2010 a 53 por ciento en 2017. Al mismo tiempo, la proporción de quienes se declaran indiferentes entre un régimen democrático y uno no democrático ha subido nueve puntos en el mismo periodo: ahora es una cuarta parte de la población.

Es tiempo de prender luces de alarma, pero también de combatir el catastrofismo retórico prevaleciente, que alberga peligros reales. La percepción de que nuestras democracias son incapaces de construir sociedades mejores, embustes diseñados para proteger a los poderosos, puede conducir a desahuciarlas sin mayor ceremonia. Eso sería trágico, además de injusto. Así como decía Mark Twain sobre la música de Wagner, la democracia en América Latina es mejor de lo que suena.

Cabe empezar por lo más obvio: ya nadie cuestiona hoy en la región la vía electoral como la única legítima para acceder al poder. La transformación de las Farc en partido político clausura un largo ciclo de experiencias insurreccionales y de devaluación de las instituciones democrático-liberales por una parte considerable de la izquierda latinoamericana. Lo que aprendieron los guerrilleros, lo aprendieron también los generales. Como lo ha advertido el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso: en medio de la grave crisis política de Brasil todos se preguntan qué harán los jueces, no los generales. Eso es progreso. Como progreso es que —con las excepciones de países en estado crítico, como Venezuela—, el fraude electoral puro y duro se ha convertido en una rareza en América Latina.

En Ciudad Juárez, al norte de México, un hombre vota en las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018. Credit José Luis González/Reuters

Lo que ocurre en el ámbito electoral de la democracia, se aplica también al acceso y al ejercicio de derechos económicos y sociales. En las últimas dos décadas, la región ha hecho avances notables en elevar los niveles de desarrollo humano. El estancamiento de los últimos tres años no debe hacernos olvidar que la pobreza en América Latina se ha reducido 18 puntos porcentuales desde 1990 o que la pobreza extrema hoy es menos de la mitad de lo que era en la década de los noventa. También ha caído la desigualdad: en diecisiete de los dieciocho países de la región hay un descenso del coeficiente de Gini en la última década. Tras ese progreso social ciertamente hay crecimiento económico, hoy menos visible que hace un lustro, pero también hay decisiones de política pública, como el aumento significativo de la inversión social. En 1990 esta última equivalía, como promedio, al 9 por ciento del PIB; hoy es casi el 15 por ciento.

La consolidación de la democracia electoral y la aceleración del progreso social son procesos que van ligados. La región avanza en la dirección correcta en el plano social porque la democracia, aunque con enormes imperfecciones, está haciendo su trabajo de permitir la participación y la representación de intereses antes excluidos y, en consecuencia, de reducir las disparidades socioeconómicas. La distribución de poder político que permite la democracia electoral termina por manifestarse en progreso social.

Una América Latina en la que la clase media, por primera vez en su historia, supera ampliamente a la población en condiciones de pobreza se traduce en una región donde la exigencia por bienes y servicios públicos de calidad —esto es: por el acceso a derechos fundamentales— será cada vez más potente. Una América Latina con una amplia clase media es una región donde millones de familias, que por vez primera tienen acceso a una casa, a un auto y a un préstamo bancario, harán valer todo su poder político para que el gobierno no haga locuras con los equilibrios macroeconómicos.

Aun en el componente del Estado de derecho —por mucho el más problemático de la consolidación democrática de la región— hay avances nada desdeñables. Las noticias del hallazgo de fosas comunes en México oscurecen el hecho de que en la mayoría de los países de la región las cifras de violencia criminal están bajando, no subiendo. Algunos de los países latinoamericanos más afligidos históricamente por la violencia —como Colombia, Guatemala y Honduras— han tenido una caída en la tasa de homicidios sostenida.

El otro gran problema de América Latina es la corrupción, que sin duda campea por toda la región. Pero su prominencia en la discusión pública es el resultado de transformaciones saludables: la creación de normas e instituciones que fortalecen la transparencia, la expansión de las redes sociales y la aparición de una ciudadanía más consciente de sus derechos y menos tolerante de la venalidad. Según cifras del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), en 2006 uno de cada cuatro latinoamericanos creía que se justificaba pagar un soborno en algunas situaciones. Ocho años después, la proporción había descendido a uno de cada seis.

El presidente guatemalteco Jimmy Morales durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 25 de septiembre de 2018 Credit Justin Lane/EPA, vía Shutterstock

La reciente negativa del presidente Jimmy Morales a renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig) es un enorme retroceso para América Latina. Pero tan solo en los quince días siguientes a la defenestración de la comisión, Elías Antonio Saca se convirtió en el primer mandatario salvadoreño en ser condenado a prisión por un tribunal, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por presuntamente liderar una extensa red de sobornos en Argentina y el otrora invencible Luiz Inácio Lula da Silva debió renunciar a su candidatura presidencial desde la cárcel, bajo la sombra de la corrupción. Por primera vez, en algunos de nuestros países se está dando el paso crucial del simple aumento de la transparencia a la reducción de la impunidad. Eso también es progreso.

Ese avance es lento, pero no debemos perder de vista que a Estados Unidos le tomó casi doscientos años hacer posible la igualdad de derechos para la población afroestadounidense y que Europa duró nueve siglos en pasar de un parlamento de nobles a un parlamento electo por sufragio universal.

En solo una generación, con altas y bajas, las democracias que nacieron en América Latina tienen logros reales que mostrar y es vital no olvidarlo en este invierno del descontento.

Jair Bolsonaro y los otros profetas enloquecidos que pueblan nuestro paisaje político parecen tener razón en un aspecto: falta mucho por hacer para construir sociedades equitativas, comunidades seguras y gobiernos eficientes y transparentes. Pero la democracia es nuestra aliada, no nuestro obstáculo. El vaso democrático está más que medio lleno. Ahora hay que continuar llenándolo con respeto al Estado de derecho, con integridad en la función pública, con libertad de prensa, con transformaciones tributarias impostergables y con mayor inclusión social.

Continuar con la tarea de construcción democrática que iniciaron los latinoamericanos durante el siglo pasado es nuestro deber, pero es también nuestra única oportunidad. Con todos sus exasperantes defectos y limitaciones, la opción a la democracia en América Latina es una sola: la oscuridad.

La idea de limitación y la cuestión catalana. De Alfonso Castro

El autor analiza el pulso al Estado de las autoridades catalanas a la luz de los dos conceptos de democracia surgidos en el Mediterráneo: el griego y el romano.

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Centenares de personas en una reciente manifestación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Foto: Marta Pérez Agencia EFE

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Alfonso Castro, catedrático de Derecho Romano

Pensamos con frecuencia que hay personas que necesitan limitarse, que deben conocer sus límites, pero sobre todo los límites, pues puede que los suyos no sean suficientes. Ocurre igual con los pueblos. En el nacimiento y desarrollo, en el caldo del Mediterráneo, de la idea de democracia como forma de gobierno popular, opuesta a las teocracias orientales, donde no existían ciudadanos sino súbditos, brillan dos opciones distintas: la demokratía griega y la respublica romana.

el españolLa primera, que ha mantenido a lo largo de los siglos su aura magnética, ahormada a la fulgurante creación artística y filosófica de los griegos durante su deslumbrante historia, no desarrolló una ciencia jurídica ni conoció -quizás por eso- la idea de limitación. En virtud del concepto griego de libertad (eleuthería) la voluntad del pueblo se situaba por encima de las normas (nomoi) que éste se había dado, siempre y en cada momento, dejando al individuo a merced del cuerpo colectivo, como ya supo esenciar paradigmáticamente Jacob Burckhardt. En esa visión descansa -funestos episodios al margen (como la muerte de Sócrates)- el breve tránsito por la historia de la emocionante experiencia democrática griega y su temprano derrumbe frente a formas diversas de tiranía.

La cultura romana, menos brillante en tantos campos, creó en cambio una ciencia jurídica (iurisprudentia) que supo identificar la juridicidad de los problemas humanos y estableció la idea de la limitación por el derecho o ius (ley o lex, en sentido amplio) como garante de una convivencia entendida no como una suma de vivencias individuales que pugnan y se imponen o quiebran en una asamblea perpetua y desordenada, sino como la existencia en común con el otro sometida a las reglas dadas por todos. Eso permitió, más que sus legiones, que Roma y su Estado se extendiesen fuera de sus límites durante siglos y que su derecho siga sustentando el nuestro, mucho más que como impregnación.

“Sin cauces, sin límites legítimos, en nuestra cultura jurídico-política no hay sendas dignas ni viables”

Frente al “populismo” del sistema ateniense, renuente a cualquier tipo de control normativo sobre la voluntad de la asamblea de ciudadanos, que identificaba como ley todo lo que la multitud decidiera desde la iniciativa individual, tan bien historiado por Biscardi, Roma desarrolló un modelo de cauces normativizados, de límites, por los que había de discurrir la voluntad comunitaria, que ha sido el heredado por Occidente. En democracia, desde entonces, el cómo es más importante aún que el qué y más importante resulta cuanto más profunda es la experiencia democrática (y nunca lo ha sido tanto cuantitativa y cualitativamente como ahora, cuando no se excluye de su ejercicio a las mujeres y no existe la esclavitud). Sin cauces, sin límites legítimos, en nuestra cultura jurídico-política no hay sendas dignas ni viables. No hay recorrido.

Esa diferencia entre ambos modelos (Grecia produjo Aristóteles, pero ningún Labeón), que ha sido entre otros analizada por Giovanni Sartori y en España por Alejandrino Fernández Barreiro, ambos ya fallecidos, y estas reflexiones mías al respecto vienen al caso ante la situación de Cataluña, pero también ante la visión que ha calado en tantos españoles, sobre todo jóvenes, conquistados por la música de la cultura del asamblearismo -griego o no– como sinónimo de democracia, alentada por una crisis moral, económica y política que ha hecho fracturar el llamado “régimen del 78” y cuestionar los mimbres de nuestra vida en común.

Se ha llegado a hablar -con razones a tener en cuenta- de ruptura del pacto constitucional, de quiebra de la Constitución material del país o de deslegitimación de las instituciones nacionales por la mezcla espuria de sus intereses. Pero, pese al deterioro y la corrupción (que es un mal tan catalán como andaluz, tan español como universal), las razones no dan la razón. No toda, ni con frecuencia substancialmente. Ante el problema catalán (el gran problema español hoy día, en un hoy que ha sido recurrente también en el ayer), ontológicamente solo hay tres opciones. Vencer, convencer o dejarlos ir. El Gobierno no ha hecho, en meses y aun años, ninguna de las tres. Una porque no se debe; las otras dos porque no se sabe o no se quiere.

“Es la ley la que ampara al ciudadano frente al Estado y al individuo frente a la masa”

El Govern y en general el separatismo (que no cabe identificar del todo con el independentismo) ha apostado en cambio por las tres a la vez. Se habla, ante la crisis, de que es la hora de la política. Y lo es. Pero fuera de la ley, o contra ella (suele ser lo mismo), no hay política digna del término. Es la ley la que ampara al ciudadano frente al Estado y al individuo frente a la masa. Las declaraciones de quienes llaman a puentear las leyes, sobre todo en algunos de nuestros irresponsables políticos, en Barcelona, Madrid o Andalucía, provocan bochorno.

La ley cuenta con sus propios mecanismos de cambio y si no puede identificarse la democracia con la asamblea mucho menos con la turba. (Votemos cuando queramos sobre si respetamos o no los límites de velocidad o el semáforo en rojo, ese franquista, o si escupimos a las ancianas o los niños por la calle. O como aquella inolvidable viñeta del New Yorker, hace ahora casi un año, en que los pasajeros del avión, en pleno vuelo, imbuidos hasta el tuétano de “democracia”, se disponen a votar si dejan pilotar al piloto o lo hace uno de ellos).

Las reglas, en democracia, lo son (casi) todo. Sobre esta enseñanza de la cultura jurídica romana se ha edificado Europa. Su asiento en la voluntad popular las legitima y sirven para encauzar esta. Ida y vuelta. No hablamos solo de una expresión hecha, desprovista de significado real. Un Estado de derecho no es nada sin derecho: una obviedad que conviene recordar en tiempos de confusión, de olvidos interesados, de depauperación de los conceptos que degradan los términos.

“Exigir en aras de la democracia lo que a otros se niega no puede sustentarse democráticamente”

Hay en la España no catalana por lo demás amplios sectores de la sociedad, la cultura e incluso la clase política (no digamos en la izquierda) sensibles y atentos porosamente a las posiciones del más sensato catalanismo, sea este independentista o no. También a hallar una fórmula dentro de la ley que permita la expresión de la voluntad popular en este concreto tema, que es hoy por desgracia casi el único tema de España. Árbol que esconde el bosque de nuestros demás problemas. La energía que perdemos aquí sería crucial vertida en otras cosas y la torsión espiritual a que se somete al cuerpo nacional con este pulso recurrente resulta encajable para el Estado pero insoportable para la gente.

Parece volver uno al hálito de una crónica para La Nación de Rubén Darío, hace más de cien años. España contemporánea, sí. Es difícil que el Estado pueda abortar permanentemente la posibilidad de los catalanes a expresarse sobre su encaje en España (o lo que es lo mismo: sobre España) si es lo que siguen deseando mayoritariamente, pero deberían recordar los gobernantes catalanes y sus sustentos ideológicos que tampoco ellos pueden negársela al conjunto de los españoles. Exigir en aras de la democracia lo que a otros se niega no puede sustentarse democráticamente ni siquiera a la griega. (¡Y exactamente sobre el mismo tema!). ¿Metecos en nuestra tierra? De ser necesario, ¿por qué no ha de poder votar un andaluz como yo sobre el destino de su país, que es España? Mi posición no es menos ni más legítima o escuchable que la de un compatriota del Ampurdán.

Por supuesto, si llega el momento (que en cierto modo se ha alejado y no acercado con el abismo de estos días), habrá de hacerse con garantías legales, en el ámbito de una reforma constitucional y después de haber restablecido la legalidad de modo indubitable. Nada que tenga que ver con este golpe televisado a la legalidad española y catalana, esta llamada a la selva o la épica envuelta en papeletas prefabricadas, sentimientos inflamados y urnas de cartón, esta historia de deslealtades, incomprensiones mutuas, victimismos, tergiversaciones e irresponsabilidades múltiples, sobre todo entre los gobernantes, ante las que el Estado y la democracia constitucional pueden equivocarse (lo están haciendo), pero no ceder. Un todo que no sabe unir a sus partes merece romperse en términos históricos, pero un país que no sabe defenderse simplemente está abocado a desaparece

Salvador Samayoa: “La democracia está funcionando en lo fundamental”

Samayoa muestra su optimismo respecto a la democracia en el país, en medio de un creciente sentimiento contra el sistema político.

Salvador-Samayoa

Guillermo Miranda Cuestas, 6 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

EDH logSalvador Samayoa ha sido protagonista en coyunturas de alta convulsión e inestabilidad política en El Salvador. En su lectura, esta no es una de esas coyunturas. El exministro de Educación de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno de 1979 y uno de los máximos representantes del FMLN en el extranjero durante el conflicto armado aprecia con optimismo el estado actual de la democracia salvadoreña y es crítico de quienes dibujan un diagnóstico sombrío para el país.

Recientes encuestas de opinión han mostrado un sentimiento importante de “antipolítica” en El Salvador, entendida esta como un rechazo al sistema político y a las instituciones de representación, incluidos los partidos políticos.

En esta entrevista, quien durante la posguerra integró la reconocida Comisión Nacional de Desarrollo y lideró el Consejo Nacional de Seguridad Pública, señala dos factores principales que potencian la antipolítica. Uno es el aparecimiento de una serie de escándalos de corrupción, que a su juicio es precisamente prueba de los avances institucionales. El segundo factor tiene que ver con un desencanto de “densidad histórica” respecto a la izquierda en el poder. Y aunque aprecia con optimismo el involucramiento de algunos jóvenes al debate político nacional, reconoce que hay una apatía generalizada.

La entrevista surge en el contexto de su cátedra sobre antipolítica de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia (ECADE), un proyecto liderado por FUSADES con el apoyo de la Fundación Hanns Seidel de Alemania.

Recién iniciamos un ciclo electoral que se extenderá hasta 2019. ¿Qué tan saludable se encuentra nuestra democracia en estos momentos?

Todo es relativo en esta vida.

Yo veo El Salvador bastante mejor que casi todos los países de la región.

Por ahí la democracia, como alguna vez escribí, sí puede ser una vieja fea y choyuda. Es decir, que toma más tiempo, nos desespera a los ciudadanos y no tiene la cara más linda. Pero yo no tengo la mínima duda de que la democracia está funcionando en todo lo fundamental.

Ha habido importantes embates, intentos de desnaturalizarla, de manipularla -sobre todo en años anteriores. De una manera o de otra, las instituciones han respondido. La libertad y las plataformas de la sociedad civil, que son parte orgánica de la democracia, han funcionado. Y creo que en este momento el sistema de partidos políticos de El Salvador y las instituciones del Estado salvadoreño son más sólidas que en otros países de la región.

También hay alarmas de algunos sectores. La UCA y Álvaro Artiga han dicho que hay un creciente sentimiento de antipolítica y que eso podría deslegitimar al sistema de partidos políticos.

Comparto la apreciación; las dos cosas son ciertas.

Es cierto que el sistema político está relativamente sólido y también es cierto que importantes segmentos de la población no lo ven así y que tienen un desencanto y una actitud agresiva hacia la política, hacia los políticos y hacia los partidos.

Hay sectores y líderes de opinión que yo los llamo “alaracos” porque hacen unas alharacas que de verdad no se corresponden con la realidad.

En varios artículos de opinión he visto que algunos dicen “qué envidia Guatemala” porque la gente está en la calle. Y yo digo: esperate, despacio, no entiendo bien, ¿por qué te da envidia que el otro tiene cáncer y está saliendo a la calle a ver cómo resuelve su cáncer?

Y vos tenés otros achaques distintos -porque sí tenés achaques y dolencias- pero no tenés cáncer. ¿Por qué envidiás el cáncer del vecino? Guatemala tiene un nivel de inestabilidad política y de corrupción absolutamente incomparable con El Salvador.

Nunca oculto las deficiencias de nuestra democracia. De hecho yo era el que más me estaba quejando por el transfuguismo cuando se le sustrajeron diputados al partido ARENA en 2009 y otra vez en 2012 -supongo que con dinero venezolano. De esa manera se burló la voluntad popular. Se habían pasado 11 diputados de un partido a otro en un proceso político complejo.

En Guatemala, el día que se inaugura la legislatura se cambian 40 o 50 diputados de un partido para otro y es lo habitual.

Aquí tenemos un sistema de partidos reconocibles con ideologías y programas reconocibles a los cuales se apegan, más o menos, o de los cuales se apartan, más o menos. Pero hay un punto de referencia. Guatemala tiene una atomización de partidos políticos; son decenas de partidos políticos.

¿Qué hay entonces en el ecosistema que está generando un sentimiento de antipolítica?

Hay dos factores más importantes que otros. Uno es la corrupción, que ahora ha salido más. Por cierto, podemos darle vuelta a ese hecho: qué bien por las instituciones de El Salvador, tanto las del Estado como las de la sociedad civil. Si no funcionaran, ¿cómo demonios habría salido la corrupción a flote?

Pero volviendo al clima antipolítico, la corrupción es ciertamente algo que indigna a la gente, la molesta, la decepciona, la frustra.

El otro factor que está influyendo es que hasta hace 10 años había un importante contingente social, no sé si mayoritario pero muy amplio dentro del espectro político, que tenía una gran esperanza de que cuando gobernara el Frente iban a cambiar cosas muy importantes para la gente y para el país. Mi juicio sintético de los ocho años que van en el gobierno es que esto, simplemente, no ocurrió.

Eso explica el desencanto de mucha gente que durante décadas estuvo pensando que El Salvador podía ser mejor cuando tuviera la oportunidad de gobernar la izquierda. Ahí hay un nivel importante de frustración y alejamiento de los partidos políticos, ocasionado por unos gobiernos decepcionantes del FMLN.

Con el anterior partido de gobierno ARENA había también y todavía hay mucho desencanto. Este es el desgaste normal de los partidos políticos, pero el desencanto con mayor densidad histórica es ahora con el FMLN, aunque en algunos aspectos su gestión no haya sido tan negativa como se expresa en la percepción de la mayoría de la población.

¿Y ese discurso antipolítica surge de quienes confrontan a las cúpulas? ¿Como los diputados de ARENA que renunciaron a sus candidaturas o el alcalde de San Salvador?

No, a ninguno de los dos los considero como un fenómeno típico de antipolítica.

Quizá el que más se parece es el de Johnny Wright, porque él ha tenido un discurso expreso y una posición expresa de salir del partido político y en postularse, no sabemos si lo hará finalmente o no, como independiente.

Para mí, cada persona que se postula como independiente está proclamando que no cree en ningún partido político y, por tanto, no cree en el sistema de partidos políticos. Juan no, al contrario. Juan está haciendo una acción que fortalece la política, no la contraría.

No es antipolítica; es intentar justamente que los partidos sean sólidos, sean creíbles y se queda dentro del partido a luchar por eso.

Screen Shot 2017-10-06 at 9.42.41 PMY en el caso de Nayib, que esté propiciando él mismo su salida del Frente, son sus propios cálculos electorales. Nayib no tiene un discurso antipartido. Nayib cuando salga del FMLN -que saldrá- tardará poco en intentar alcanzar sus aspiraciones personales con otro partido.

Lo de Bukele no es “antipolítica”, es simplemente el juego de un político inmaduro, ambicioso, agrandado, con acentuados rasgos narcisistas y con la falta de paciencia propia de su edad y de su escasa trayectoria y experiencia política. En mi opinión, sus críticas al Frente tienen poca credibilidad, no porque el Frente no tenga algunas de las deficiencias que señala el alcalde, sino porque están deformadas y contaminadas por la deslealtad y el oportunismo.

¿Pero no es un momento en que la decepción contra las cúpulas tradicionales puede sumar apoyos a este tipo de discursos?

Podría generar algunas simpatías si él mantiene ese discurso en contra de los partidos y de las cúpulas. Podría ocurrir como en cualquier parte los outsiders de la política lo han hecho. Efectivamente, capitalizan un momento de cierta frustración social con los partidos y se proclaman como profetas en contra de los partidos y ciertamente pueden tener algún nivel de éxito.

Del lado de la ciudadanía, ¿ve intenciones de involucrarse y mejorar el sistema o de deslegitimarlo?

Ambos. Veo protagonismos bastante sanos y movimiento y organizaciones de la así llamada -muchas veces mal llamada- sociedad civil. Veo movimientos de buenas intenciones, coadyuvantes, complementarios, que basan su valor en exigir a las instituciones y no en ponerles una carga de dinamita; que basan su movimiento en exigirles a los partidos y no de ir en contra del sistema de partidos.

Y veo también, en la sociedad civil y sobre todo en ciertos líderes de opinión, expresiones claramente antipolíticas, nítidamente antipolíticas. Y dentro del continente social de los partidos que vota por los partidos, que no quiere que haya partidos, a veces el nivel y la forma de la crítica tiene unas expresiones de inmadurez y de alharaca muy grande.

¿Algún caso en particular que muestre esta actitud?

Te voy a poner un ejemplo que ha estado muy presente en la vida nacional.

Algunos dicen que qué mal estamos y qué mal está la democracia y en qué grave peligro está la democracia porque el FMLN y la dirección del FMLN y Medardo González, cada vez que pueden, echan una diatriba contra las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.

Yo digo: ¡qué bien estamos! ¿Qué expresa este nivel? Expresa que tienen molestia, el Órgano Ejecutivo y el poder político tienen molestia con el Órgano Judicial. ¿Y qué significa que tienen molestia? Que son independientes.

¿Y cuál es la esencia de la democracia? Que tengamos poderes independientes.

Entonces, los berrinches del FMLN los veo como una confirmación y muestra de lo saludable que tenemos la democracia y no como lo contrario, como lo ve mucha gente. ¿Y por qué no se puede hacer el berrinche? ¿Cuál es el problema si tenemos libertad de expresión? Si no acataran las sentencias, si crearan una crisis de Estado, eso sería un problema diferente.

Ahí sí compartiría la tesis de que qué mal, amenazada y precaria está la democracia. ¡Pero no es el caso! Las mismas cosas pueden ser materia de opiniones, no solo distintas sino que incluso contrarias.

Suelo decir que nosotros lo que tenemos son problemas de desarrollo de la democracia. Antes lo que teníamos eran problemas de falta de democracia.

Son problemas de naturalezas diferente. La sociedad civil hace cosas importantes en pro del sistema y tiene elementos de antipolítica que muchas veces son reacciones bastante exageradas y desajustadas. Reacciones que justamente no comprenden la democracia.

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Mientras usted ve esperanza y avances en el agregado, más allá de los retrocesos, hay otros que ven un futuro incierto. Particularmente en este ciclo electoral en donde puede haber una ausencia de Sala de lo Constitucional por muchos meses. ¿Es esto una percepción alarmista? ¿Es compatible que la sociedad vaya más o menos bien y luego haya un retroceso sustantivo?

Si de verdad va más o menos bien no va a haber un retroceso sustantivo. Uno de los dos calificativos va estar mal; o no es sustantivo el retroceso o no estaba tan bien, pero las dos cosas a la vez no creo que puedan ocurrir. Insisto en que hay mucho nivel de ansiedad, mucho nivel de alharaca y mucho nivel de coyunturalismo.

Recuerdo perfectamente una vez que estaba en un grupo de 30 o 40 personas y se atrasaban diciendo que iban a destituir a los magistrados de la Sala y que era el acabóse, el fin del Estado de Derecho y el golpe de Estado. Después de una hora y media que hablaron casi todos, alguien me preguntó que qué iba a pasar; y no en minoría, sino en soledad absoluta, dije: nada, no va a pasar nada, están equivocados todos. Y no pasó nada.

Igual ahora, para algunos era absolutamente imposible que ocurriera el acuerdo de pensiones. Yo no lo veía imposible. Es más, estaba seguro de que iba ocurrir lo que ocurrió.

¿Que podríamos tener un bache, un impasse, en el próximo año según salga la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa? Sí, podríamos tener un impasse, un bache, un atraso en elegir Sala de lo Constitucional.

La primera Sala de lo Constitucional que se eligió con la nueva normativa después de los Acuerdo de Paz y de la reforma constitucional tardó dos meses también. Pero yo no veo que vaya a ser un problema inmanejable en ningún sentido.

Cuando se iba a elegir el fiscal anterior era una cosa que se caía el cielo y la tierra. Eligieron tarde pero eligieron un fiscal que creo que ha estado mejor que los anteriores, para ponerlo de esa manera.

Siempre digo que en política las cosas, y sobre todo los acuerdos y las soluciones realmente importantes, se hacen siempre faltando cinco para las 12. Lo que pasa que tú vas a encontrar mucha gente que desde las 11:15 ya tiene un nivel de ansiedad y de histeria increíble.

Me preocupa, más que ese tema de la Sala, que las elecciones salgan con un nivel de desorganización y por tanto de falta de credibilidad parecido al de 2015. Eso me preocupa más. Ahí sí estaríamos hablando, sobretodo por ser dos ocasiones continuas, de un problema importante porque justamente se trata de la legitimidad del poder emanado de las urna, que es la esencia y almendra de la democracia.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador ha tenido todos los problemas que vos le querrás poner pero hay uno que jamás ha tenido y es justamente este. Puede haber berrinches y cosas pero no ha estado en discusión seria el poder emanado de las urnas.

En cambio, si empieza a haber un problema, caos y desorganización como el que hubo que 2015 es preocupante. Y desde luego, esta Sala de lo Constitucional que va a terminar en 2018 ha creado un precedente complicado, porque ha habido una línea de excesiva interpretación y de habitual desapego a los sentidos más obvios y a los significados más claros de la letra misma. La interpretación debe sobrevenir cuando la letra no es clara; pero cuando es clara la letra, no.

Creo que una Sala que ha interpretado tanto y que ha puesto tantos principios exógenos a la voluntad misma del legislador ha creado un precedente complicado. Estos por lo menos son decentes -los cinco que había y los cinco que hay. Si nos llega a salir una Sala de lo Constitucional con gente que no ha sido tan decente, con este precedente, será complicado.

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En un documental usted dijo que hace 30 años los jóvenes se hicieron cargo del país, más allá de las valoraciones sobre las decisiones tomadas. Hoy se habla de que los jóvenes están alejados de la política. ¿Cómo se logra un repunte de mayor compromiso y protagonismo en un contexto en el que los políticos son sinónimos de decepción en la opinión pública?

Francamente no lo sé. Parece que es un fenómeno de épocas. Hay épocas que son más espirituales, más intelectuales, y épocas que son menos en esa dirección. Por ejemplo, a unos jóvenes que dicen que todo está mal y no se meten a tratar de arreglarlo no los comprendo.

Pero me preguntas qué habría qué hacer con esos jóvenes, no lo sé. Están completamente aburguesados, acomodados, dan por garantizada toda su vida y por alguna razón no ven que tengan un rol en meterse a cambiar las cosas. Pero aún eso está cambiando.

Veo una media docena de expresiones de jóvenes desde hace tres, cuatro, cinco, seis años. Los veo que comienzan a estar muy involucrados, a pensar sistemática, periódica y ordinariamente sobre la política, sobre los problemas del país.

Se ven, por ejemplo, en las páginas de este Diario. Sinceramente, no es porque yo esté en El Diario de Hoy, pero veo mejor esta plataforma que otras. No es la única, pero si tú anotas la cantidad de jóvenes que están comenzando a escribir periódicamente se observa algo importante. Por supuesto no todos son buenos, pero no todos los viejos son buenos tampoco. Entonces veo expresiones de compromiso de jóvenes ahora más que hace 10 o 15 años. Pero en general sigue siendo válido decir que hay una apatía.

¿En qué se evidencia esta apatía?

Lo ves en las cifras de muchachos que iban a cumplir años a tiempo para votar en 2018 y que podían, aún no habiendo cumplido años, tener la prerrogativa de estar en el registro del padrón electoral y no la utilizaron.

La mayor parte de los que tenían esa prerrogativa no les interesó, siendo un trámite tan sencillo. Entonces a nivel sociológico el fenómeno dominante sigue siendo apatía, como forma de expresión del desencanto y no de luchar para cambiar las cosas.

Verdades que suman. De Máriam M. Bascuñán

La democracia no protege una verdad, sino la posibilidad de que convivan muchos puntos de vista.

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Máriam M. Bascuñán, catedrática de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid

Máriam M. Bascuñán, 16 septiembre 2017 / EL PAIS

Hoy en día es poco frecuente, salvo por los sacerdotes, encontrar a personas que se crean en posesión de la Verdad. No así Junqueras, quien en un tuit de agradecimiento a Assange por el apoyo a la causa independentista decía: “Gracias Julian por arrojar luz sobre la verdad en estos días decisivos”. Será que, como dice la Biblia, quien es de la Verdad oye su voz. Aunque la cosa llevada al terreno político es arriesgada pues, si existe una verdad, ¿significa esto que sólo hay una respuesta para las preguntas políticas?

Lo decía Arendt al señalar a la Verdad como la muerte de todas las disputas: cualquier acto político desplegado en defensa de un credo que se piensa incontrovertible cierra el pluralismo. Por eso “arrojar luz sobre la el paisverdad” no es más democrático que tener libertad para narrar el mundo de una manera alternativa. La democracia no protege una verdad, sino la posibilidad de que convivan muchos puntos de vista. Y un presidente como Rajoy, convertido en sacerdote de la ley, puede terminar por interiorizarla como un mero seguimiento de reglas.

Por mucho que ambos se empeñen, el acceso al mundo político que garantiza la ley se da a través de la conversación, donde incluso caben nobles voces iluminadas que, como la de Assange, emergen elevadas de la ordalía del exilio. Ya sabemos que tan pronto pueden borrar la ignominia del mundo apoyando a Trump o a Le Pen, como adoptar ese tono clerical para honrar una verdad y una justicia que por lo visto conocen con seguridad y que harán triunfar a toda costa. Lo curioso es que Assange se encerró en la Embajada de Ecuador huyendo de otra verdad más objetivable: la verdad judicial del Estado sueco. Esto sí es un hecho incontestable, no una opinión. Por eso llama la atención que alguien pueda dar crédito a quien por su actitud se ha desautorizado.

Lo terrible es que no se busca la verdad de los hechos sino la aquiescencia de quienes comparten “nuestras razones”. Y por eso da igual que el Estado español sea comparado con la dictadura China responsable de la masacre de Tiananmén. Mientras se sume al carro de los nuestros todo lo demás no importa. Hay, desde luego, una izquierda que debería hacérselo mirar.

@MariamMartinezB

El juego de la democracia. De Felipe Fernández Armesto

Felipe Fernandez-Armesto

Felipe Fernández Armesto, historiador en la Universidad de Notre Dame (Indiana, EEUU).

Felipe Fernández-Armesto, 8 septiembre 2017 / EL MUNDO

Por ser rutinario, el abuso de la palabra “democracia” no me preocupa. Nadie lo toma al pie de la letra. En la mayoría de los Estados que históricamente se calificaban de “repúblicas democráticas”, democracia equivalía a decir «dictadura». En la actualidad el abuso más notorio es el de la República Democrática de Corea -o sea, Corea del Norte- y Laos (regido por una junta de militares izquierdistas), Etiopía (donde la oposición no tiene diputados en la legislatura) y Argelia (donde un círculo de potentes no elegidos domina los procesos gubernamentales) se denominan de la misma forma sin cumplir las normas más elementales. Nepal se califica de República Democrática Federal pero al cabo de una guerra civil recentísimo es difícil por ahora predecir el rumbo que va a seguir su democracia inexperta. Timor del Este y Sri Lanka son tal vez las únicas repúblicas democráticas que merecen el apodo.

el mundoMucho más inquietante que esa retórica, a la cual ya ni hacemos caso por saber que se trata de una pura superchería, es la perversión de la realidad democrática en países serios e incluso (en los casos de EEUU, el Reino Unido y España) modélicos. En EEUU una minoría del electorado ha impuesto un presidente que se burla del país. En Gran Bretaña la situación es, en cierto sentido, más grave que en el país de Trump, ya que el Gobierno de Theresa May está deformando la legalidad sin el consentimiento de los ciudadanos. El Ejecutivo de Londres remite, de una forma racionalmente incomprensible, a un referéndum constitucionalmente no vinculante, aprobado por una escasa mayoría de los votantes, para marginar las tradiciones constitucionales, sacar el país de la Unión Europea, poner de un lado tratados que garanticen el rol del Tribunal Europeo de Justicia, y cancelar algunos derechos de sus ciudadanos, entre ellos, los de trabajar, viajar y comerciar libremente en el resto de la Unión. Por tanto, el Reino Unido parece destinado a un Brexit duro que nadie quiere, sino unos pocos xenófobos y nacionalistas a ultranza. Los casos de Venezuela y Turquía son menos chocantes, porque sus raíces democráticas son menos profundas, pero se parecen de forma inquietante. En ambos, por maniobras electorales aprobadas por mayorías insuficientes para justificar cambios constitucionales, se está logrando suprimir las oposiciones y 15048034502021socavar el Estado de Derecho. En España, mientras tanto, por una maniobra semejante, un Gobierno autonómico en Cataluña, elegido por una minoría de sus votantes, se propone eliminar la Constitución sin tener el apoyo de la mayoría de los conciudadanos de la misma región, sino contando únicamente con el servilismo de una escasa minoría de sus propios seguidores que estarán dispuestos a participar en un referéndum ilegal.

En todos estos casos, la democracia ha quedado impotente frente a los abusos. Por respeto al Estado de Derecho, los demócratas auténticos toleran las anomalías constitucionales que permiten, en España y en el Reino Unido, que coaliciones de perdedores se agarren del poder, o en EEUU que Estados pequeños ejerzan una preponderancia electoral desproporcionada, privando a los votantes de grandes Estados, tales como Nueva York y California, del peso justo de sus votos. En Turquía, el golpe fracasado quitó legitimidad a la oposición en el momento clave del estratagema de Erdogan. En Venezuela y en España los recuerdos de la violencia política desarman los defensores de la democracia y animan el terrorismo psicológico de los revolucionarios. Maduro y Puigdemont se burlan de la benevolencia de sus opositores.

Parece mentira que en la historia de las ideas quepa corromper tan fácilmente el concepto de la democracia. La tradición abusiva es larga. Supongo que los ‘chavistas’ ni los ‘erdoganistas’ ni los ‘trumpistas’ ni los ‘brexiteros’ ni los señoritos del secesionismo catalán habrán leído los textos de Rousseau ni de Kant sobre esa “voluntad general” que supera a las voluntades de los individuos, por numerosos que sean, ni que hayan estudiado la tradición idealista alemán decimonónico que autorizaba a líderes –sedicentes carismáticos o superdotados de heroísmo o representativos o encarnados del espíritu del pueblo- para interpretar esa supuesta voluntad según sus caprichos o intereses particulares. Para algunos -de la CUP y de Esquerra- la tradición intelectual vigente es la de un marxismo degenerado que les permite considerarse como representantes de una clase supuestamente oprimida cuya opresión les otorga el derecho de oprimir a los demás.

Sé dónde echar la culpa, pero no sé dónde buscar el remedio. El independentismo catalán es un problema intrincadísimo, al cabo de tantos años de gestión poco inteligente por parte de sucesivos gobiernos españoles. El lector que me haya seguido -si existe alguno- sabrá que desde el momento del fracaso del Estatut en 2010 yo apostaba por una consulta a nivel nacional sobre la Constitución española para evitar la quiebra del país. Y mientras el movimiento secesionista en Catalunya ha ido acumulando fuerza, he insistido en la necesidad de organizar, por parte del Gobierno español, una consulta sobre la independencia de todos los habitantes de Cataluña y todos los del resto de España que se consideran catalanes. De esta manera, el Gobierno hubiera llevado la iniciativa. Sabríamos a ciencia cierta que la mayoría de los catalanes no quieren abandonar el resto de España. O, en caso contrario, ¿quién iba a pensar en mantener la Constitución actual si una gran mayoría de los españoles quisieran cambiarla y apostaran, por ejemplo, por un sistema federal? O si una gran mayoría de catalanes prefiriesen un futuro desacoplado de sus vínculos históricos con el resto de España, ¿quién piensa que los demás españoles no les concederían la independencia con afecto y tristeza, pidiéndoles que vayan con Dios? Parte de la esencia de la democracia, dentro de las normas del Derecho, es confiar en el pueblo, y deferir a su autoridad. Unos pocos catalanes no pueden cambiar la Constitución de España, pero si en algún futuro por ahora imprevisible el pueblo catalán realmente deseara independizarse, la magnanimidad de España no dudaría en lograr los cambios constitucionales necesarias para que se realizara.

Pero ya se ha perdido la ocasión de mostrar al país y al mundo la verdadera actitud de la mayoría de los catalanes. La iniciativa queda en manos de los resentidos del Palau de la Generalitat. Su referéndum secesionista, que en efecto sólo permite votar a los partidarios de la ilegalidad, me recuerda la decisión democrática de los Estados del Sur de independizarse de los Estados Unidos en 1860 sin tener en cuenta la opinión de los negros. El intento carece de cualquier pretensión verosímil de legitimidad. Pero el Gobierno nacional dispone de pocas posibilidades de frustrarlo. Si se suprime, los nacionalistas obtendrán una victoria propagandística, denunciando ante el mundo entero una tiranía que no permite a los votantes expresar su voluntad, o insistiendo en que las autoridades centrales actuaban por miedo. Hay que responder con un contundente, No tinc por. Hay que permitir el ejercicio, ridiculizándolo y denunciando su irresponsabilidad, su coste injustificable, su falta de justicia, su apoyo minoritario y su ineficacia legal. Sobre todo, hace falta una campaña de información, animando a los votantes a abstenerse de las urnas. Un referéndum fracasado valdrá más al mundo que un referéndum suprimido. Ni los señoritos del Palau osarían proclamar una independencia que pocos catalanes quieren, que el país entero rechaza, y que pocos Estados -excepto Venezuela o Corea del Norte- reconocerían. Si lo hiciesen, o si la CUP intentara un golpe, el rechazo popular en Cataluña sería enorme y veríamos a millones de manifestantes por las calles.

Pero la actitud negativa, aunque precisa, no es suficiente. La democracia no es el despotismo de la mayoría sino un sistema consensuado que involucra, consulta y respeta las opiniones de minorías significativas. No cabe duda de que en la actualidad hay una minoría significativa en Cataluña a favor de la independencia. Puede conseguir hasta un par de millones de votos. Merece tomarse seriamente en cuenta, asegurándole la disposición benévola del resto del país, la apertura al diálogo, y la promesa de buscar soluciones satisfactorias a sus inquietudes dentro del reino de derecho, de justicia, de paz y de amor que es España.