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Nayib Bukele y los riesgos del populismo. De José Miguel Cruz

José Miguel Cruz fue director del IUDOP de la UCA entre 1994 y 2006. Es director de investigaciones para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida.

5 junio 2019 / EL FARO

No hay forma de saber a ciencia cierta cuál será el futuro del país con el nuevo gobierno. Sin embargo, las probabilidades de que la gestión de Nayib Bukele resulte ser la continuación de la corrupción sistémica, el nepotismo, la preferencia por el autoritarismo y la ineficiencia en las instituciones, son perturbadoramente altas. Esto por dos razones fundamentales. Primero, porque en virtud del inmenso apoyo popular del que goza, el presidente Bukele parece más orientado a conducirse como un líder populista que como un gobernante consciente de la división de poderes propia de un gobierno republicano. Y, segundo, porque las instituciones políticas y partidarias que podrían hacerle contrapeso están en una profunda crisis producto de sus propios fracasos y de la corrupción crónica. En estas circunstancias, este gobierno puede representar no solo el fin de los partidos políticos tradicionales, sino también el fin de la democracia electoral de la posguerra.

Casi 1.5 millones de salvadoreños votaron por un cambio en la conducción del país y para la gran mayoría ese cambio implica la promesa de resolver los problemas viejos del país: la pobreza y la inseguridad. Luego de casi tres décadas de paz política, los gobiernos no solo fueron incapaces de cumplir con la promesa de resolver esos problemas, sino que también hundieron en la desesperación a muchas personas. El Salvador no solo sigue siendo inseguro y excluyente, sino que además es más desesperanzador, porque las instituciones políticas destrozaron las ilusiones que la mayoría de los ciudadanos se habían hecho con respecto a la conducción política.

En las discusiones cotidianas en la calle y en las redes sociales, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en realidad no saben qué esperar del nuevo gobierno. Las opiniones sobre la gestión entrante están llenas de prudencia, pero muchas están llenas de esperanza, porque el nuevo presidente les ha explicado que él es distinto. En buena parte porque no pertenece a los partidos tradicionales que han defraudado y estafado al país.

“Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para cambiar a El Salvador”
Esta frase, con la cual el nuevo presidente concluyó su discurso de inauguración, resume muy bien el ethos populista de izquierdas y derechas que ha recorrido las Américas en las últimas dos décadas. Indica que, en la tarea de gobernar, el líder está investido de un propósito divino que le permite responder directamente a los deseos de su pueblo. Cualquier obstáculo y mediación a ese poder—“Nadie se interpondrá”— es inaceptable.

Uno podría desestimar esa frase como una expresión del entusiasmo que rodea la toma del poder. Pero expresiones como esa llenan la biografía política de Bukele en su ascenso a la silla presidencial. Más aún, como político y candidato, este nuevo presidente se ha dado a conocer por sus tuits efectistas, por mostrar muy poca tolerancia a la disensión pública y por mantenerse rodeado de personajes cuestionables de la política, a pesar de su discurso en contra de la corrupción. Todas esas son características de líder populista. Así como también lo es la ausencia de planes de gobierno concretos, originales, sostenibles y escrutables. El hecho de que aún después del discurso inaugural no sepamos cuáles serán los ejes de la política de seguridad pública, del combate a la pobreza y de la reconstrucción del capital humano es solo una señal más de que el cambio prometido puede resultar ser más de lo mismo.

La mayor amenaza
Pero la amenaza política más grande que enfrentará el país en los próximos cinco años no es el populismo de Bukele. Es, más bien, la ausencia de instituciones fuertes que le hagan contrapeso de forma efectiva. En un país asediado por corrupción en las instituciones públicas, en el que la independencia institucional es truncada para beneficiar los intereses particulares del grupo en el poder, es muy poco probable que las pocas instituciones que cumplen con su trabajo contralor resistan el embate de un líder populista.

Los recientes retrocesos institucionales en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la República, el esfuerzo decidido de los partidos políticos por perpetuar la impunidad proveniente de la guerra civil, y el deterioro por el respeto de los derechos humanos en la Policía Nacional Civil son ejemplos de lo lejos que está el país de tener instituciones que garanticen el Estado de derecho y la transparencia.

Es cierto que el actual presidente se ha manifestado públicamente en contra de algunos de esos problemas. Pero es cierto también que cualquier acción consecuente con esa posición implicaría primero separar a personajes que forman parte de su círculo más cercano. Los signos hasta ahora apuntan a que el nuevo presidente tiende a no explicar lo que hace porque no necesariamente hace lo que dice.

Arena y el Fmln hicieron muy poco por fortalecer el entramado institucional del país y los problemas que siguen agobiando a los ciudadanos y ciudadanas son producto de gestiones gubernamentales que rayaron en la incapacidad y, muchas veces, en el delito. Pero a final de cuentas sostuvieron las instituciones básicas para asegurar la estabilidad nacional, porque su propia supervivencia dependía de ello. La razón por la cual el Tribunal Supremo Electoral hizo relativamente bien su trabajo en las últimas elecciones —a diferencia de lo sucedido en países vecinos— es porque los partidos dependían del mismo para seguir en el poder. Esos contrapesos son los que han permitido que, en otras áreas, algunas instituciones lleguen a funcionar eficiente y transparentemente, al menos por ciertos periodos.

En un sistema sin los equilibrios adecuados y sin la necesidad de rendir cuentas, como el que los líderes populistas promueven, las instituciones solo funcionan para cumplir las órdenes del líder máximo. Este presidente tendrá muy pocos incentivos para fortalecer las instituciones que pueden cuestionar su poder y, en el actual contexto, tendrá muchas razones y no pocos recursos para erosionarlas aún más. En la nueva configuración política, con los partidos tradicionales en busca de salvavidas, el nuevo gobierno tendrá incentivos para manipular o ignorar la institucionalidad.

¿El futuro?
El Salvador, sin duda, necesita reformas fundamentales, pero esos cambios deben llevar al fortalecimiento definitivo de las instituciones democráticas del país. El Salvador necesita reactivar su economía y, para ello, requiere de iniciativa privada, de inversión en innovación y de reforma en el sistema tributario. Pero sobre todo necesita que toda la gente esté debidamente protegida, reciba educación de calidad y se le garantice celosamente su salud.  El país necesita resolver el problema de la violencia crónica, pero para ello requiere combatir la impunidad y establecer mecanismos de transparencia, supervisión y control de la policía, la fiscalía y los tribunales.

Todo lo anterior se logra con instituciones fuertes y responsables. Son estas instituciones las que producen planes estratégicos, metas claras y resultados sostenibles. Y son esas instituciones las que pueden y deben rendir cuentas a la población de forma habitual.

Nayib Bukele puede usar su capital político para dos cosas diametralmente opuestas. Puede usarlo para reformar las instituciones y convertirlas en entes responsivos a la población sobre la base del Estado de derecho y los procedimientos democráticos. O, bajo el pretexto de que el sistema heredado de la posguerra es inherentemente corrupto, puede usar su carisma para terminar de destruir los procedimientos institucionales que establecen contrapesos y limitan la acumulación del poder. A juzgar por su forma de actuar hasta ahora, parece más probable que se decidirá por lo segundo. Ojalá me equivoque.

Michael Schumacher taxista. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

22 agosto 2018 / EL DIARIO DE HOY

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 iba hace algunos años en taxi al aeropuerto con el tiempo justo, arriesgándose a perder su avión. Le pidió al conductor que le permitiera manejar; lo hizo y llegó al destino diez minutos antes. La policía inició una investigación para determinar si había cometido una infracción, y es curioso lo que contestó el taxista al ser entrevistado: la manera de conducir de Schumacher fue increíble, no sabía que su vehículo podía hacer todas esas cosas.

A propósito de esa noticia, comentamos con algunos amigos que en la estructura del Estado salvadoreño tenemos varias instituciones, creadas en diversos momentos de nuestra historia, con fines específicos, todos ellos importantes para la democracia, el Estado de Derecho o la vigencia de los derechos fundamentales; instituciones que, si fueran efectivas, facilitarían adoptar y ejecutar decisiones capaces de resolver problemas concretos de la población, combatir la corrupción o garantizar la mínima seguridad pública que los individuos necesitamos.

Ellas están dotadas de leyes que, aunque imperfectas y siempre mejorables, ya establecen suficientes competencias para que sus titulares alcances los fines que se buscaron al crearlas, además de procedimientos para tomar decisiones y hacerlas cumplir; y aunque no siempre disponen de un presupuesto adecuado, en ocasiones han demostrado que pueden producir resultados satisfactorios.

¿Cómo sería nuestro país si la Corte Suprema de Justicia y las Salas en ella, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República, el Instituto de Acceso a la Información y el Tribunal de Ética Gubernamental funcionaran plenamente dentro de sus competencias y cumplieran coordinadamente sus fines? Seguramente no tendríamos los escandalosos casos de gran corrupción que ahora vamos conociendo, cometidos en gobiernos de todos los colores partidarios, ni la impunidad que todavía padecemos desde que concluyó el conflicto armado. No sabemos todavía la velocidad a la que pueden correr todos estos vehículos.

Sin embargo, uno puede imaginarlo a partir de ciertas constataciones. Por mencionar tres ejemplos, en El Salvador está vigente una Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data de 1959, y una Ley de Procedimientos Constitucionales que viene de 1960. En aplicación de tal normativa, el país ha visto en los últimos años que la Corte Suprema de Justicia, institución encargada de aplicar la primera y la Sala de lo Constitucional, quien actúa con base en la segunda, acudieron a técnicas de integración del ordenamiento y a criterios de interpretación evolutiva o progresiva para producir resultados que marcaron una diferencia respecto de años anteriores, con una normativa de hace casi seis décadas.

De igual manera, la Fiscalía General de la República ha procesado y ejercido la acción de extinción de dominio respecto de uno de los últimos Presidentes de la República, y la penal respecto de otros dos, así como del último titular de la misma Fiscalía; todo ello sin que haya tenido siempre la colaboración requerida ni dispuesto de un presupuesto adecuado.

¿La deficiente institucionalidad, por tanto, es solo un problema de reformas legales y presupuesto, o es de titulares? Es válido conjeturar que, más bien los problemas históricos de funcionamiento dependen de si se elige o no a personas idóneas para ejercer los cargos, conscientes de su responsabilidad, con la capacidad, visión de país y voluntad de hacer que las instituciones a ellos encomendadas cumplan su cometido.

Hay una clara diferencia entre instituciones a cargo de titulares expertos y éticos, que pueden lograr que las instituciones den todo de sí, o a cargo de titulares que, sin méritos, conocimiento ni trayectoria, son colocados en sus cargos nada más como cómplices de la corrupción y los abusos de poder de otros.

La institucionalidad no puede ser a la medida. De Erika Saldaña

Instituciones como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General y el Órgano Judicial no pueden estar sujetas a presiones políticas.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

2 julio 2918 / El Diario de Hoy

Hablamos mucho de democracia pero poco hemos entendido de qué se trata. Esta palabra no se reduce a la simple aritmética para la toma de decisiones por la mayoría; la autoatribución de que un movimiento o persona es “la voz del pueblo” y debe hacerse lo que ellos dicen, no basta en una democracia. Ni tampoco está sobrevalorada. La democracia de verdad, además de mecanismo para toma de decisiones, también significa el respeto a los derechos de las minorías, la garantía a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y, algo que algunos no tienen claro: el respeto de la institucionalidad y el cumplimiento de las reglas del juego.

Desde que se fundó la república, El Salvador está sometido a una serie de reglas que ordenan la convivencia entre nosotros, el juego. Reglas que nos permiten, prohiben u ordenan hacer algo, emitidas antes que existan los hechos que se pretende regular. Es así para que todos sepamos a qué debemos atenernos antes de hacer las cosas. Nadie puede venir a confundir un atentado a la democracia con la aplicación de la ley. Por ejemplo, nadie puede venir a decir que se le está bloqueando la inscripción de su partido político, cuando la realidad es que el árbitro electoral está siguiendo el proceso que está en la ley para su creación.

También en una democracia hay que tener claro que todos somos prescindibles. Los funcionarios llegan y se van de sus puestos, mientras que las instituciones ahí siguen. Nadie es cabeza de la democracia ni el mundo se acaba si una persona no está presente o no participa en la cancha política. La democracia se basa en reglas e instituciones permanentes, no en personas, para que nadie crea que sus decisiones serán siempre las más adecuadas o las más justas. Si tanta es la intención de hacer algo por el país, existen diez mil formas de demostrarlo y no necesariamente participando en una elección presidencial. El sol no deja de salir y formas de trabajar siempre existirán.

Y en una democracia no podemos estar de acuerdo y respetar las decisiones tomadas por una institución solo cuando estas nos convienen. Ni creer qué la presión política es herramienta válida para forzar la toma de decisiones en órganos encargados de regular el poder político. Las instituciones que por su naturaleza pueden basar sus razonamientos en la conveniencia política son únicamente la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. El resto de instituciones tiene que fundamentar sus resoluciones en lo que dice la Constitución y las leyes. Nada más. Ofrecer tarimazos afuera de las instituciones o batucadas en las casas de los funcionarios no es más que una muestra de matonería, inmadurez política y desconocimiento del funcionamiento institucional del país.

Instituciones como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General y el Órgano Judicial no pueden estar sujetas a presiones políticas ni sus decisiones basarse en los mismos motivos. Por permitir que las personas al mando se vean influenciadas por presiones o intereses políticos es que estamos tan mal en este país. Porque hemos permitido que las decisiones se tomen con base en el sentir o interés del funcionario de turno y no lo que la ética, la lógica y las leyes dicen.

Hay que darle un poco más de sentido a la palabra democracia. Esta palabra también se trata de respeto a las instituciones y decisiones tomadas conforme a las reglas del juego. Si no estamos de acuerdo con algo, para eso están todos los mecanismos legales de impugnación y que las decisiones se reviertan, pues tampoco podemos pretender que lo dicho por un funcionario es infalible; pero, otra vez, las soluciones por las que optemos deben ceñirse a las reglas del juego que nos ha dado la democracia. La institucionalidad no puede ser a la medida.

¿Se entiende?

El triunfo de las instituciones democráticas. De Manuel Hinds

En esta ocasión debe reconocerse que los partidos políticos, y los políticos, han funcionado y han cumplido con su tarea, logrando una unidad en la diversidad. Han logrado producir y aprobar una reforma que realmente ayudará a los pensionados.

manuel hindsManuel Hinds, 29septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Con una votación de 74 votos a favor, cero en contra y 9 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó ayer en la madrugada las reformas a la ley de pensiones. Con esta decisión, todos los involucrados en ella han logrado un gran éxito no solo porque las reformas significan verdaderas mejoras al sistema de pensiones, y porque también facilitan la solución de los problemas de liquidez del gobierno, sino también porque el haber logrado unirse para encontrar una solución que satisficiera a las distintas tendencias políticas es en sí mismo el éxito institucional más importante en la historia de nuestra joven democracia. Los que participaron en el largo proceso que llevó a esta decisión han demostrado que la democracia es factible en nuestro país.

EDH logComo sabe toda persona con sentido común, las seguridades no existen en la vida y no hay instituciones que funcionen automáticamente, independientemente de quienes las manejan. Esto es cierto de la democracia y de los partidos políticos, de las cortes y de las salas de lo constitucional, de los tribunales electorales y de todas las instituciones humanas. En algunas sociedades funcionan muy bien, y en otras no funcionan, y en algunas de ellas funcionan bien en un período pero fallan en otros. Por eso es que en la historia hay sociedades que crecen y se desarrollan, y hay otras que no logran hacerlo, y hay otras que declinan después de haber logrado el desarrollo. Por eso también es que no es sabio diagnosticar la falla de un sistema simplemente porque una sociedad no ha podido ponerlo en práctica —como si alguien condenara como fracasados a los aviones porque ha habido un accidente aéreo.

En el país (y en el mundo actual) se ha vuelto muy de moda el tirar a la basura conceptual la democracia, los partidos políticos, y los políticos mismos y decir que hay que inventarse algo nuevo, algo que funcione sin ninguna falla, independientemente de que los que lo manejen sean ineptos, sinvergüenzas, o ignorantes. La pregunta clave es, “¿y quién los va a sustituir?”.

Estas afirmaciones no son nuevas. Benito Mussolini, Lenin, Adolfo Hitler y Mao. Estos y otros tiranos similares pronunciaron muerta a la democracia para sustituirla con sistemas de gobierno que, en su lenguaje, no dependían de partidos ni políticos. Tanto los nazi-fascistas como los comunistas establecieron sus tiranías haciendo sólo un cambio de números y de nombres, prohibiendo todos los partidos políticos excepto uno (el de ellos), y dejando de llamar políticos a los que manejaban éste y el gobierno, llamándolos en cambio líderes, o camaradas, o miembros de la vanguardia del proletariado. Tanto los unos como los otros fundieron dentro del único partido que dejaron en pie todas las instituciones del Estado, convirtiendo al gobierno, las cortes, las asambleas, los sindicatos, las gremiales en títeres de lo que decidían las autoridades del partido único.

En este cambio de nombres los nazi-fascistas y los comunistas cambiaron la esencia de la política. Los sistemas verticales y tiránicos que ellos instalaron usan las instituciones para transmitir las órdenes del pequeñísimo grupo que manda en el partido único y en el país entero. En la democracia el papel de los partidos y de los políticos es otro. En toda sociedad hay un caos natural, causado por las muchas opiniones encontradas, por los sueños de futuros que no necesariamente son consistentes unos con otros, y por las grandes incertidumbres que nublan el futuro. El papel de los políticos y de los partidos es introducir orden en este caos, organizando los temas, auscultando las posibles avenidas de entendimientos, y buscando la manera de acomodarlas para producir acuerdos sostenibles. La gran diferencia con las tiranías es que éstas logran la unidad basada en la fuerza bruta del tirano, mientras que en la democracia la unidad se logra en la diversidad.

En esta ocasión debe reconocerse que los partidos políticos, y los políticos, han funcionado y han cumplido con su tarea, logrando una unidad en la diversidad. Han logrado producir y aprobar una reforma que realmente ayudará a los pensionados presentes y futuros, a pesar de las grandes diferencias que tenían cuando el proceso comenzó hace unos años. Es un gran triunfo para la democracia y una demostración de que puede funcionar en El Salvador.

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Las instituciones hacen la diferencia. De Roberto Rubio

Se trata también de luchar para que dichas instituciones sean presididas por excelentes funcionarios.

rubioRoberto Rubio, 28 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

De los esfuerzos que muchos ciudadanos estamos haciendo por promover la iniciativa “SuperCiudadanos”, cuyo objetivo es contribuir a cambiar nuestra cultura de impunidad hacia una cultura de paz y respeto a la ley, emergen unas preguntas de punto de partida: ¿cuál es una de las diferencias importantes entre un ciudadano salvadoreño con un canadiense o alemán? ¿Por qué tan diferentes comportamientos sociales? ¿Por qué en la sociedad salvadoreña hay tanto irrespeto a las leyes, tanta corrupción, tanta violencia, tantos robos, y en las sociedades nórdicas, germánicas o anglosajonas no tanto?

LPG¿Será que los más altos, rubios y de ojos azules portan más “genes de honestidad y respeto” en sus cuerpos que los más bajos, morenos y ojos negros? Nada que ver. Las raíces de la diferencia no provienen de los genes, del ADN, de las hormonas o neuronas. En el seno de la madre unos embriones no son más honestos o violentos que otros. Nadie nace corrupto o criminal. ¿Acaso los vikingos fueron menos violentos que los aztecas? ¿Acaso las carnicerías de las guerras mundiales fueron menos violentas que las dictaduras militares latinoamericanas?

Lo que ha contribuido a marcar fuertemente los diferentes comportamientos sociales ante la justicia y las leyes, ante la forma de enfrentar el conflicto, ante el respeto al derecho ajeno, es la existencia o no de instituciones, la fortaleza o debilidad de las mismas.

Así para el caso, además del factor educativo, la diferencia de un canadiense o alemán con un salvadoreño frente al delito es que los primeros saben que si lo cometen tienen más del 90 % de posibilidades de ser castigados, mientras el salvadoreño tiene 90 % que no lo sea. Este, a diferencia de aquellos, sabe que el beneficio de violar la ley es mucho más alto que el costo de pagarlo. Por ello nos pasamos el semáforo en rojo, los buses se paran en donde quieren, o transitamos en carriles prohibidos para no hacer fila. Por ello el que roba reincide, los conflictos se saldan con homicidios y el homicida asesina con tranquilidad. Por ello los corruptos proliferan y muchos de ellos duermen tranquilos.

De ahí que para combatir la corrupción, la violencia, los robos, necesitamos instituciones independientes, fuertes y confiables que generen la certeza que quien comete un delito será castigado. Necesitamos también personas independientes, calificadas y honestas que las dirijan, sobre todo porque en los países donde las instituciones son débiles pesa mucho lo que hagan o dejen de hacer sus conductores.

De ahí la importancia de contar con una buena Sala de lo Constitucional y una buena Fiscalía. Hay que dotarlas de personal calificado y honesto, de unidades ágiles y funcionales, de estructuras robustas, de presupuestos adecuados, de una cultura de servicio y justicia. Contar con instituciones fortalecidas es fundamental para que los que con buenas intenciones lleguen a dirigirlas no se desvíen de sus principios y valores, y se vean sometidos a sus buenas prácticas y dinámicas institucionales. Los funcionarios pasan pero las instituciones permanecen.

Se trata también de luchar para que dichas instituciones sean presididas por excelentes funcionarios. Los magistrados actuales han contribuido al respeto de la justicia constitucional, a enderezar leyes pícaramente torcidas, a frenar las dinámicas autoritarias de la partidocracia. El actual fiscal ha contribuido a desmantelar la arraigada creencia que la justicia solo pica al descalzo, y dejado importantes y alentadores precedentes. Sin duda, magistrados y fiscales han contribuido a sentar bases para cambiar la cultura de impunidad que impregna nuestra sociedad.

De ahí también la importancia de elegir buenos magistrados y un buen fiscal. Queda poco tiempo para la estratégica elección de los mismos. Será importante entonces clamar por su reelección, aun si ellos no la quieran. Y si no es así, luchar para que los que vengan sean mejores.

Si también hacemos esto con la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información, el CNJ, el TEG, y en general con todos los tribunales contralores, sin duda nuestra mayor diferencia con los del norte estará solamente en nuestros “cuerpos tropicales”.

Excelencia en el Estado y retos ciudadanos. De Daniel Olmedo

Daniel Olmedo, abogado

Daniel Olmedo, abogado

Daniel Olmedo, 14diciembre 2015 / EDH

Las instituciones que combaten la corrupción están funcionando.

Todo inició con un ciudadano que solicitó una declaración de probidad. Estas se mantuvieron reservadas por casi 50 años; pero en julio de 2015 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó que esa declaración se entregara.

Fue un ciudadano que tomó una iniciativa, y con ella detonó un cambio significativo. Provocó una cadena de efectos que llevó a muchos exfuncionarios de todo nivel a investigaciones civiles, administrativas y penales.

No fueron necesarios reformas legislativas, ni mayor presupuesto. Solo hubo un grupo de funcionarios que se tomaron en serio su trabajo. Algo tan simple y revolucionario como eso.

diario hoyLos comisionados del IAIP, el director de la Sección de Probidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República, y jueces y magistrados de cámara en materia civil y penal entraron en una dinámica distinta a la de décadas anteriores. Ellos y su equipo de colaboradores anónimos –de quienes poco sabemos, pero que tienen un papel fundamental en estos cambios– demuestran que sí se puede luchar contra la corrupción de manera efectiva.

Las investigaciones oficiales y periodísticas pueden llevarnos al pesimismo. A mí me ha ocurrido. Pero algo bueno ocurre: las instituciones funcionan. Y estas no son entes abstractos. Detrás de ellas hay personas. De manera que estas investigaciones reflejan que en el aparato estatal hay gente haciendo su trabajo, y haciéndolo con excelencia a pesar de las adversidades.

Hace apenas algunos meses muchos considerábamos que era necesaria una comisión internacional contra la impunidad parecida a la de Guatemala. Algunos sostenían que no; planteaban que era preferible fortalecer la institucionalidad local. Creo que el tiempo les ha dado la razón. Esta vía parece ser una mejor ruta para fortalecer nuestro Estado de Derecho.

La impunidad es un lastre histórico en El Salvador. Y vivimos tiempos en que ocurren avances importantes para superarla. En esta coyuntura los ciudadanos tenemos por lo menos tres retos:

1. Prudencia. Debemos respetar y promover la presunción de inocencia. Frustrados ante la sistemática impunidad, hoy podemos caer en la tentación de señalar como culpables a quienes solo están siendo investigados. Debemos contenernos y esperar las decisiones finales. Esto supone también evitar el acoso y señalamiento precipitado a funcionarios que a partir de su análisis del caso estimen que no procede una condena o una detención provisional. Seamos prudentes, dejemos que las instituciones funcionen, y respetemos sus decisiones.

2. Reconocimiento. Los muchos casos de despilfarro y desviación del dinero que dejamos de darle a nuestras familias para entregárselo al Estado mediante impuestos pueden llevarnos a descalificar de manera absoluta a la función pública. Reconozcamos que en el Estado hay mucha gente buena e íntegra. Varios de ellos son los responsables de esta lucha contra la corrupción. Si esos funcionarios y empleados públicos observan que reconocemos su esfuerzo, esta dinámica se potenciará. Debemos alentarles. Así como el Estado debe prescindir de quienes parasitan de los contribuyentes, también debe atraer y promover a quienes demuestran excelencia en su trabajo. A todos nos conviene que el Estado tenga a las mejores personas para prestarnos servicios de calidad.

3. Proactividad. No debemos ser simples espectadores de la lucha contra la corrupción. Tenemos la responsabilidad de ser protagonistas. Así como aquel ciudadano tuvo una iniciativa que desencadenó este cambio, usted y yo debemos hacer lo propio. Nos corresponde participar utilizando las herramientas institucionales a nuestra disposición para incidir en la administración y limpieza del Estado. Ser ciudadano no es solo votar; ser ciudadano también es denunciar, plantear demandas, y presentar solicitudes de información.

dolmedo@espinolaw.com

El país que dejó de creer. De Mariana Belloso

En aquel país ya no creían en nada ni en nadie. La justicia se había vuelto un concepto abstracto y etéreo. La impunidad era, en cambio, algo común, soportado, normalizado, casi esperado.

mariana bellosoMariana Belloso, 28 agosto 2016 / LPG-Séptimo Sentido
Había un país donde la gente ya no creía más. Nada les esperanzaba, no sabían qué era la fe. Marchaban a misa por costumbre, hablaban con sus parejas solo lo necesario, no se preguntaban cómo había estado el día ni qué habían hecho, cansados de escuchar puras mentiras.Tampoco creían en sus políticos. Votaban por el mero gusto de que no ganara el candidato del “otro”. Se metían en pleitos, ya fuera en bares, muros de Facebook o cronologías de Twitter, para defender al político de su bandera, únicamente para no dar su brazo a torcer, para sentirse superior al vecino.

septimo sentidoUn día, en ese país comenzaron a capturar a exfuncionarios, a empresarios, a jueces, a abogados. Figuras de poder que todos creían intocables avanzaban esposados hacia las bartolinas. El fiscal alzó la voz y, señalándolos, proclamó que había desbaratado una red de corrupción. Los ciudadanos estaban acostumbrados a la idea de ser gobernados por corruptos, no pasaban de indignarse en alguna tarde de ocio y gustaban de conformarse con repetir que los corruptos del partido contrario eran los peores.

Con incredulidad, los ciudadanos se apostaron para disfrutar del espectáculo de los caídos. Vieron casas registradas, negocios intervenidos, desfiles de policías sacando artículos de lujo, extravagancias y chucherías carísimas que confirmaban los despilfarros que habían sido secretos a voces durante años, pero que nadie pensó nunca se verían así expuestos.

Extasiados, abrían los ojos para no perder detalle del show. Se quedaban sin saliva comentando lo sucios que eran unos, o defendiendo a otros, mientras sus dispositivos móviles se recalentaban entre acalorados debates cibernéticos sobre lo que ocurría.

Y como cosa extraña, finalmente estuvieron de acuerdo en algo: en que todo aquello no pasaría a más. “Disfrutemos del circo mientras dure, estos pronto volverán a estar libres”, se dijeron y volvieron a sus lugares, estupefactos de comprobar que los dioses también sangran, aunque sea por un par de días.

El fiscal consciente de las dudas sobre su trabajo se esmeraba más en demostrar que tenía pruebas y que contaba con un caso sólido. Pero todo abonaba al show y entre la euforia de este, la única certeza era que eventualmente terminaría.

Ni en las instituciones ni en las leyes ni en quienes las hicieron ni en quienes deben aplicarlas. En aquel país ya no creían en nada ni en nadie. La justicia se había vuelto un concepto abstracto y etéreo. La impunidad era, en cambio, algo común, soportado, normalizado, casi esperado.

La sed de justicia había sido sustituida por el hambre de espectáculo y de eso sobraba. Un tópico de moda para indignarse, para llorar, para pelear –sobre todo esto último– bastaba para llenarles los días. La gente que ya no cree gusta de discutir por todo y por nada, sobre todo cuando pueden hacerlo desde la comodidad de un teclado y la seguridad del anonimato.

Los políticos, sabedores de estos gustos, le apostaban a las declaraciones disparatadas, las entrevistas cargadas de emotividad y las promesas incumplibles. Poco a poco vieron en las redes sociales un espacio para convertirse en rockstars. Viejos políticos eran de pronto nuevas celebridades para cientos de jovencitos que no habían nacido cuando los otros ya hacían de las suyas desde sus espacios en el poder.

Este era el ambiente en medio del que se dio aquel vuelco repentino del status quo. Pero ni ver a los antiguos poderosos humillados en la silla de un juzgado hizo que aquellos ciudadanos volvieran a creer. Se conformaron, de nuevo, con el circo, ávidos de entretenimiento mientras este durara.

¿Justicia o impunidad? El final del cuento aún está por escribirse.