Muchos periodistas han sido manipulados por un grupo de policías que se dedicaron a la fabricación y filtración de acusaciones contra adversarios politicos. Pero nuestra investigación demuestra que no se trata de casos aislados de malos policas, sino de una política oficial durante el gobierno de Mauricio Funes. Cuatro policías ahora enfrentan un juicio por estas practicas, pero los autores intelectuales no están siendo investigados.
Paolo Luers, 2 diciembre 2015 / SEGUNDA VUELTA
No me voy a meter en el “caso Texis”, ni especular sobre la veracidad de las investigaciones periodísticas que vinculan a personajes como José Adán Salazar Umaña (“Chepe Diablo”) al crimen organizado. No es mi tema; hay otros que tienen años de investigar y escribir sobre esto.
Voy a escribir sobre el “caso CIP”, sobre un grupo de oficiales de inteligencia vinculados al FMLN y a altos funcionarios de los gobiernos del Funes y Sánchez Cerén; sobre un grupo que durante años se ha dedicado a la desinformación, al espionaje política y la guerra sucia contra opositores, empresarios y miembros de la PNC identificados por ellos como “adversarios” políticos. Decidí escribir sobre este caso, que actualmente se ventila en un juzgado de sentencia, porque otros medios proyectan a estos policías acusados como investigadores y fuentes confiables, e incluso como víctimas de una supuesto ataque a la libertad de expresión dentro de la PNC. Que FACTUM compara a estos individuos con Edward Snowden me parece una muestra de ceguera. Está bien que como periodistas no quieran permitir que quede impune el caso Texis, pero esto no significa que todos los que señalaron al “Chepe Diablo” y sus socios lo hagan por razones confesables u nobles. No siempre los enemigos de tus enemigos son tus amigos – o los amigos de la democracia. Mucho menos en el mundo de inteligencia.
La historia del “caso CIP” comienza en 2009, el año de la alternancia política en El Salvador.
Cuando en junio del 2009 asume el gobierno el presidente Funes, entrega todo el área Seguridad de su gobierno a cuadros del FMLN, con una excepción: el ministerio de Defensa, que asuma el David Munguía Payés. El gabinete se Seguridad es dirigido por Manuel Melgar, quien asume el Ministerio de Justicia y Seguridad.
El área de control del FMLN incluye la PNC, Centros Penales, Academia de Seguridad Pública – y obviamente Inteligencia, área bajo supervisión de Eduardo Linares (comandante “Douglas” de las FPL), quien es nombrado jefe de la OIE. El Centro de Inteligencia Policial CIP queda bajo el mando de Edgar Lizama, otro cuadro de las FPL. El único aparato de inteligencia que no queda bajo la supervisión del FMLN, mediante Linares, es Inteligencia Militar.
Tanto en el CIP como en la OIE son apartados los cuadros y expertos de la administración anterior, y las jefaturas se llenan con cuadros del FMLN. En el CIP entran los 4 oficiales que ahora están siendo acusados: Jaime Orlando Díaz Rodríguez (subjefe del CIP), Jorge Ovidio Cornejo Durán (departamento de Crimen Organizado del CIP), Mercedes Antonio García Sánchez (jefe de la Región Central de Inteligencia), y Miguel Ángel Artero Durán (jefe de la Región Occidental de Inteligencia).
Estos cuatro reciben instrucciones de su jefe directo Edgar Lizama (jefe del CIP), y del supervisor del área Inteligencia en el gobierno Funes, Eduardo Linares (jefe OIE), y en última instancia del ministro Manuel Melgar. Les encargan desarrollar un área especial y compartimentado: persecución política, colección de información y fabricación de pruebas contra dirigentes empresariales y políticos de oposición, con el fin de poderlos intimidar o callar, chantajear o dañar en su reputación. En este sector “de derecha” a observar y perseguir están incluidos la mayoría de los jefes policiales provenientes de las filas de las Fuerzas Armadas.
Era claro desde el principio que si este trabajo fuera expuesto públicamente, sus superiores (Lizama, Linares, Melgar) se iban a desmarcar y decir que nada de esto estaban autorizado. Cosa que pasó a partir del 2011/12. Y lo mismo está pasando en el juicio actual contra los 4 agentes.
Bajo coordinación de Jorge Cornejo, quien dirigía el departamento Crimen Organizado del CIP, se elaboró un dossier sobre las actividades de contrabando y otros ilícitos en Occidente, que luego recibieran el nombre llamativo “Cartel de Texis”.
Una vez que se tenía listo el dossier, a finales del 2010, se analizó en el CIP y llegaron a la conclusión que la red que habían investigado no tenía el alcance esperado y no daba para el gran golpe contra el crimen organizado que el gobierno necesitaba. Era más bien una de tantas redes de contrabando típicas para las regiones fronterizas.
Surgió entonces la idea de mezclar el dossier de “Texis” con otros que habían compuesto sobre oficiales policiales “de derecha” dentro de la PNC, sobre militares, sobre fiscales, y sobre personajes (empresarios, políticos) relacionados a la oposición. Y de esta fusión artificial de varios expedientes surgió el expediente “Cartel de Texis”. Era de mucha utilidad política para los cuadros del FMLN en Seguridad, porque les permitió sistemáticamente construir la tesis de la infiltración del crimen organizado en el Estado, la empresa privada y la oposición, y que el crimen organizado estaba tomando control de las pandillas. Con esto justificaban su incapacidad de frenar la violencia de las pandillas.
Estos dossiers fueren manejado con gran secretividad incluso dentro del CIP y la PNC.
Cuando la presión política sobre el gabinete de Seguridad se profundizó en el 2011, a raíz del aumento de la tasa de homicidios, los jefes de inteligencia decidieron filtrar partes selectas de este dossier a ciertos periodistas y medios que estaban predispuestos en investigar el rol de los jefes policiales provenientes de la Fuerza Armada, el crimen organizado, y los posibles nexos entre los dos. Estos periodistas, convencidos que estos nexos existían, resultaron sumamente receptivos para la información que el grupo de los 4 comenzó a filtrarles desde el CIP. Tanto El Faro, como Héctor Silva (entonces subjefe de información en La Prensa Gráfica), así como un grupo de “investigadores” que había contratado el empresario Fito Salume (para vincular a sus competidores de Gumersal al “Cartel de Texis”), comenzaron a seguir las pistas suministradas por sus informantes en el CIP. Algunas pistas eran reales y comprobables, otras inventos fabricados para señalar a ciertas personas dentro de la PNC, la FGR, la Fuerza Armada, el sector privado, y la oposición política.
También produjeron un expediente llamado “Informe Sacados” donde construyeron vinculaciones de crimen organizado al ex presidente Elías Antonio Saca, su primo Herbert Saca, el diputado Guillermo Gallegos y otros miembros de GANA. Por razones obvias, este “informe” nunca se filtró, ya que el FMLN había entrado en una alianza política con los Saca y Gana. Este dossier era tan delicado que no lo imprimieron con papel membretado del CIP…
Parte del «Informe Sacados» del CIP
No todos en la PNC, ni siquiera en el CIP, estaban de acuerdo con las prácticas de desinformación. Por tanto, la desinformación contenida en el dossier que pintaba un mapa del supuesto “Cartel de Texis” con sus conexiones en la política, y en la sociedad, llegó a manos de varias personas señaladas en las fabricaciones y filtraciones: entre otros, el comisionado Douglas García Funes (“Carabinero”), el jefe de la unidad de Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Delgado; miembros de ARENA, como el ex presidente Cristiani y el ex jefe de la PNC Mauricio Sandoval; y el ministro de Defensa General Munguía Payés.
Algunas muestras de los «expedientes» circulados por el CIP:
Ojo: No publicamos estos archivos del CIP para acusar a ninguna de las personas señaladas, sino por lo contrario, para mostrar cómo una instancia policial fabricó «informes de inteligencia» para involucrar a adeversarios políticos del gobierno en crímenes.
Fue el fiscal Rodolfo Delgado quien comenzó una investigación formal de las falsificaciones de pruebas y filtraciones selectivas a la prensa. Esta investigación meses después, en mayo 2012, fue presentada a un juez de paz de Antiguo Cuscatlán como acusación formal contra los 4 oficiales del CIP. Es el mismo procedimiento que perdura hasta la fecha, ya en manos del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
La investigación fiscal toma su curso, pero mientras Manuel Melgar permanece en el ministerio y Linares y Lizama en las jefaturas de Inteligencia, los 4 oficiales investigados quedan trabajando en sus cargos en el CIP. Siguieron con su trabajo de espionaje e desinformación.
Bajo fuerte presión de la opinión pública, de la oposición, del sector privado y de los norteamericanos por los pobres resultados en el combate contra la delincuencia y por el incremento de los homicidios, en noviembre 2011 Mauricio Funes toma la decisión de quitarle al FMLN la dirección del área Seguridad. Nombra como nuevo ministro de Seguridad y jefe del gabinete de Seguridad al general David Munguía Payés, desde 2009 ministro de Defensa, y al general Francisco Salinas como director general de la PNC. Estos nombramientos causan profunda preocupación entre los cuadros del FMLN dentro del aparato de Seguridad e Inteligencia.
Cuando Munguía Payés llega a Seguridad, en noviembre 2011, él ya está informado que en el CIP hay una célula encargada de acciones ilegales de desinformación y de persecución política de empresarios y políticos de oposición, y que él mismo se encontraba entre su blancos.
En esta situación, el general exige al presidente Funes un cambio radical en la OIE y el CIP. Básicamente pide la cabeza de Linares, Lizama, Jaime Díaz, Jorge Cornejo y otros miembros del CIP. El presidente Funes accede y nombra como jefe de la OIE a Ricardo Perdomo, propuesto por Munguía Payes; y el general Salinas nombra como nuevo jefe del CIP al comisionado Oscar Antonio Aguilar Hernández (“Cachorro”).
A principios del 2012, ya todos los miembros del grupo especial de desinformación son separados del CIP y reciben asignaciones en áreas donde pueden hacer menos daño. Lizama va a una embajada, y Jorge Cornejo es mandado a La Unión, pero se niega a asumir este cargo, y con sus conexiones con el partido y con Casa Presidencial logra que lo transfieren a Cancillería. Pasa por varias embajadas, pero los respectivos embajadores lo mandan de regreso, y termina como encargado de seguridad asignado al canciller. A pesar de las investigaciones en la fiscalía y de haber caído en desgracia con el director general de la PNC y el ministro de Seguridad, Díaz, Cornejo y los otros 2 oficiales no son sujetos de investigación interna en la PNC ni tampoco excluidos de los ascensos dentro de la PNC. Por ejemplo, Jaime Díaz fue ascendido a sub-comisionado y actualmente está destacado como jefe de la delegación Usulután.
Desde sus cargos en el “exilio”, varios des miembros del grupo continuaron a filtrar información y desinformación a sus relaciones periodísticas. Por ejemplo, son ellos quienes filtraron a El Faro la información sobre le génesis de la tregua en marzo del 2012. Alguna de esta información fue correcta, como los traslados del 8 y 9 de marzo de los líderes de las pandillas del penal Zacatecoluca a otros penales; pero como usual, mezclaron los hechos reales con otros detalles inventados para desacreditar la gestión de Munguía Payés, como por ejemplo los desembolsos de efectivo a los líderes pandilleros y sus familias.
Aprovechando el rechazo de muchos sectores de izquierda (dentro y fuera del FMLN) y de una parte de la intelectualidad y de los periodistas contra la presencia de militares en Seguridad Pública, así como el rechazo de otros sectores a la tregua, los oficiales mantuvieron un flujo permanente de información y desinformación negativa sobre los generales Munguía Payés y Salinas, así como sobre la tregua.
Mientras tanto, la investigación de la fiscalía, iniciada por Rodolfo Delgado, tomó su curso, ahora ya sin obstáculos por parte de la cúpula de la PNC y del Ministerio de Seguridad. En abril del 2012, la fiscalía ordena el secuestro de varias computadoras del CIP. En el laboratorio de investigación científica de la PNC se logra restablecer gran parte de los contenidos que habían sido borrados. Los técnicos del laboratorio lograron comprobar que varios de los documentos anónimos con desinformación y difamación de hecho habían sido elaborados en las computadoras del CIP. Con estas pruebas, la FGR procede a acusar ante el juez de paz de Antigua Cuscatlán, en mayo 2012, a los 4 oficiales.
La investigación sigue ahora con más éxito, porque los investigados (y sus jefes) ya están separados de sus cargos en área de Inteligencia, y los nuevos jefes de la OIE y del CIP ya no boicotean la investigación, sino la apoyan. Todo iba bien, hasta que en diciembre 2012 llegó a la Fiscalía General Luis Martínez, quien tomó control de la investigación sobre el CIP y, dos años después, sustituyó a Delgado como jefe de la unidad de Crimen Organizado. No pudo suspender el caso, porque ya estaba en manos de un juez, pero la fiscalía comienza a descartar todos los elementos que podían involucrar a Lizama, Linares o incluso Melgar. Se construye el caso de 4 subalternos que actúan a cuenta propia.
Cuando en junio 2013, a raíz de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el presidente Funes sustituye a los dos generales de sus cargos en el Ministerio de Seguridad y la PNC, Ricardo Perdomo asume el ministerio de Justicia y Seguridad, y Rigoberto Pleitos, director de Migración, es nombrado director general de la PNC. Ambos comienzan a desmarcarse de las políticas de Munguía Payes, sobre todo de la tregua. Sin embargo, es hasta el cambio de gobierno, en junio 2014, bajo el nuevo ministro de Seguridad, y dirigente del FMLN Benito Lara que personeros anteriormente separados comienzan a regresar a Inteligencia. Edgar Lizama, a quien Munguía Payes sustituyó como jefe del CIP, ahora asume la dirección de la OIE, mientras que en el CIP asume el comisionado Hugo Ramírez Mejía (“Cazador”). Sin embargo, los 4 oficiales acusados no son incorporados a estructuras de inteligencia. En octubre del 2015 la fiscalía pide orden de arresto contra ellos, pero el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla les concede medidas sustitutivas. Los 4 acusados sieguen siendo defendidos por abogados de la PNC.
En octubre salen notas en Diario1 y en El Diario de Hoy sobre el tema, al parecer basadas esta vez en filtraciones de la fiscalía, con la clara intención de aislar del caso a los mandos superiores: Edgar Lizama (ahora director de la OIE), Eduardo Linares (ahora gobernador de San Salvador) y Manuel Melgar (secretario personal del presidente de la República). Sin todo este trasfondo y contexto político, el caso aparenta ser dirigido contra unos policías subalternos que se atrevieron a actuar contra la impunidad del “Cartel Texis”. Sin embargo, no es un caso que tiene que ver con libertad de expresión de los agentes policiales, sino con practicas de desinformación, abuso de autoridad y persecución política.
Segunda Vuelta 
