Cartel Texis

Vicepresidente de El Salvador es socio del presunto líder del Cártel de Texis

El vicepresidente Óscar Ortiz mantiene una relación comercial desde el año 2000 con José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, un el faroempresario hotelero de 67 años vinculado según diversas investigaciones al Cártel de Texis y al que Estados Unidos designó en 2014 como capo internacional de la droga. Ortiz asegura que no tiene por qué dar explicaciones de esta relación porque no hay nada ilegal en ella. “¿Acaso lo han condenado?”, defiende el vicepresidente a su socio.

Bryan Avelar, 5 abril 2016 / EL FARO

Al día de hoy el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, es socio y comparte junta directiva en una empresa con José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, vinculado desde hace años al Cártel de Téxis y el único salvadoreño enlistado por la Casa Blanca como “capo internacional de la droga” junto a reconocidos narcotraficantes de la talla de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Óscar Samuel Ortiz Ascencio, nombre completo del vicepresidente, y Chepe Diablo son socios fundadores de Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., empresa que por años ha comprado y vendido terrenos en la isla Montecristo, ubicada en la zona costera del oriente del país, en las cercanías de la bahía de Jiquilisco. La designación de Chepe Diablo como capo internacional de la droga por parte de Estados Unidos data de mayo de 2014, pero en El Salvador este empresario hotelero ya llevaba años bajo investigación por ser el supuesto líder del Cártel de Texis, una organización que según la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República e informes de inteligencia militar, traficó drogas a través de “El Caminito”, un punto ciego en la zona fronteriza del municipio de San Fernando, departamento de Chalatenango, en la zona noroccidental del país.

Consultado sobre su relación comercial con Salazar Umaña, el vicepresidente señaló que hay “temas de interés” más importantes en el país y que él no tiene que aclarar su relación debido a que no hay nada ilegal en ella. “¿Acaso lo han condenado?”, preguntó Ortiz. “¿Qué tiene de ilegal eso, pues? ¿Tenés alguna cuestión ilegal?”, dijo.

Óscar Ortiz, vicepresidente de El Salvador (2014-2019).

Óscar Ortiz, vicepresidente de El Salvador (2014-2019).

 

Fundada a las 12 del mediodía del martes 20 de junio de 2000, Desarrollos Montecristo nació con tres cabezas, tres meses después de emitido el primer informe de inteligencia policial en el que el Estado salvadoreño reconoció la existencia de una organización que, con el paso de los años, sería llamada el Cártel de Texis.

En aquel momento Óscar Ortiz era un exguerrillero con dos periodos legislativos a cuestas, y con una estrella ascendente en el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN), entonces principal partido de oposición del país. Un mes antes de que se fundara la sociedad, recién había asumido el primero de los cinco periodos consecutivos en que sería alcalde del municipio de Santa Tecla.

Salazar Umaña, en el año 2000, era un exitoso empresario hotelero que ya figuraba en las primeras pesquisas sobre una red de narcotráfico que tardaría 11 años en salir a la luz pública. El tercer socio en Desarrollos Montecristo es otro empresario que hizo buena parte de su fortuna con una empresa de encomiendas llamada Urgente Express, y que en 2003 se convertiría en candidato a la alcaldía del municipio de Antiguo Cuscatlán por el FMLN. Su nombre es Rogelio Antonio Cervantes.

Desarrollos Montecristo nació con un capital de 105 mil colones (12 mil dólares), representado y dividido en mil cincuenta acciones con un valor de cien colones cada una. Se las repartieron en partes iguales: 350 acciones cada uno.

Según su acta de fundación, Montecristo se dedica a la “compraventa de inmuebles para desarrollo urbanístico, (…) consolidar alianzas estratégicas con otras empresas nacionales o extranjeras destinadas al turismo, y (…) establecer agencias de viajes dentro y fuera del país, operación de hoteles y centros de convenciones y todo lo relacionado a la comercialización de la rama turística”. También puede “dar y tomar dinero a mutuo con o sin intereses y garantizar sus obligaciones con prenda e hipoteca de los bienes sociales de cualquier sistema financiero nacional o extranjero”. Es decir, una actividad parecida a la de un banco o un prestamista.

En la séptima cláusula del acta de fundación, los socios acordaron que la junta directiva estaría conformada por el “Director Presidente, don Rogelio Antonio Cervantes; Director Vicepresidente, don José Adán Salazar Umaña; y Secretario, don Óscar Samuel Ortiz Asencio, conocido por Óscar Samuel Ortiz”.

De cómo se conocieron estos tres socios se sabe poco. Para cuando Desarrollos Montecristo nació, el único vínculo entre Salazar Umaña y Óscar Ortiz era Rogelio Cervantes. Este último nació y creció en el municipio de Texistepeque, Santa Ana, donde también nació y creció Chepe Diablo. Cervantes, además, según información del Registro de Comercio, tiene socios en común, en otras sociedades comerciales, con Salazar Umaña.

En el acta de fundación de la sociedad hay una serie de relaciones que hablan de confianza. Por ejemplo, que cada uno haya llamado como directivos suplentes a familiares, habla de una buena relación entre el grupo. Un relación que ha perdurado 16 años. En junio de 2000, Ortiz designó a su esposa Elda Gladis Tobar, y Chepe Diablo a su hijo José Adán. Cervantes, por su parte, dispuso que su suplente fuera su hermano, Noé Eugenio Cervantes Aguirre.

Poco menos de dos meses después de fundada y elegida la junta directiva, los tres socios acordaron reestructurar las facultades repartidas el día que la conformaron. Un documento emitido por Rogelio Cervantes, en su calidad de director presidente, con fecha 14 de agosto del 2000, otorgó a Chepe Diablo el poder absoluto sobre los intereses de él y de Ortiz en Montecristo.

Con el poder inscrito en el libro de poderes número 776, archivado en el Registro de Comercio del CNR, el alcalde y el empresario le dieron a Chepe Diablo “la facultad de actuar en nombre de la sociedad”. Y entre las atribuciones está el derecho de “comprar y vender inmuebles, dar o tomar dinero a mutuo con o sin interés, adquirir toda clase de bienes a nombre de la sociedad”, así como abrir, cerrar o liquidar cuentas corrientes, avalar toda clase de cambios, pagarés o cheques, y de “recibir el dinero de la sociedad y depositarlo en una cuenta de ahorros que él quiera”. En resumen, el poder absoluto de Montecristo. Poder que a la fecha se mantiene vigente.

La designación de Chepe Diablo como capo internacional de la droga por la administración Obama y su inclusión en la lista “Kinping” implica, entre otras cosas, la prohibición del gobierno estadounidense para que cualquier ciudadano de su país tenga relaciones comerciales con este salvadoreño.

“¿Cuál es el delito?”

Dieciséis años después de fundada la sociedad, Ortiz, Chepe Diablo y Cervantes han aumentado en fama y relevancia. El primero no solo derrotó durante 12 años a cualquier adversario en la lucha por la alcaldía de Santa Tecla, sino que en 2014 logró convertirse en vicepresidente de El Salvador y ahora es la principal cara en el segundo gobierno del FMLN, a cargo de la gestión de alianzas con la empresa privada nacional e internacional. A Ortiz, el presidente Salvador Sánchez Cerén le ha dado el cargo de comisionado presidencial para la inversión.

Salvador Salazar Umaña, “Chepe Diablo”, pasó por su parte de ser un presunto narco, investigado por autoridades salvadoreñas, a ser nombrado, en mayo de 2014, como “capo internacional de la droga” por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Umaña ha sido, además, presidente de la primera división del fútbol salvadoreño y mecenas del Club Deportivo Metapán. En 2011, El Faro reveló cómo opera y quiénes son los principales líderes del Cártel de Texis, según informes de inteligencia del Estado.

Desde entonces a la fecha, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil solo han logrado realizar un puñado de capturas contra mandos medios de la organización. Salazar Umaña, aunque ha sido señalado abiertamente por la inteligencia policial y la misma DEA, solo fue acusado por la Fiscalía Salvadoreña de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos de los cuales también ha salido librado.

En enero de 2015, la Fiscalía desistió de dos casos de evasión de impuestos abiertos contra los supuestos líderes del Cártel de Texis, entre los que se encontraba Juan Umaña Samayoa, actual alcalde municipal de Metapán, acusado de evadir impuestos en 2010 a través de la empresa Gumarsal, en la que también Chepe Diablo es socio, por uno monto que ascendía a los $1,135,809. La Fiscalía desistió de perseguir a la empresa dedicada al comercio de granos básicos luego de que estos pagarán al fisco $912,279.

Ese mismo mes, la Fiscalía también cesó la persecución en contra de la empresa Hoteles Salvadoreños (HOTESA) de Chepe Diablo, que también tenía una investigación abierta por no pagar impuestos en 2010 y 2011, por un monto que ascendía a 583 mil 734 dólares.

Cervantes, el tercer socio en Montecristo, es ahora un multimillonario empresario y hotelero que tiene sus principales inversiones en el municipio de Antiguo Cuscatlán, por el cual también corrió como candidato a alcalde bajo el abrigo del FMLN en el año 2003. También fue un reconocido miembro del grupo de financistas llamado “Amigos de Mauricio Funes”, que hizo llegar por primera vez a la presidencia de El Salvador al partido de izquierda en junio de 2009.

Esta peculiar relación abre preguntas que, al menos para el vicepresidente Ortiz, no vale la pena responder porque no hay delito en su relación con Chepe Diablo. ¿Qué significa que uno de los líderes políticos más importantes del partido de izquierdas, hoy en el gobierno, tenga una sociedad con un hombre nombrado como “capo internacional de la droga” por los Estados Unidos?, se le preguntó: “No, es que no tiene sentido. ¿Cómo te voy a estar explicando algo que no es ilegal?”, insistió Ortiz en una breve y tensa entrevista realizada el pasado 18 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, “¿Acaso lo han condenado?”

Si bien la sociedad entre Ortiz y Salazar Umaña no es secreta, y está inscrita en el libro de sociedades número 1544 del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros, también es cierto que ni el político ni Chepe Diablo han hecho pública su relación. De hecho, es hasta ahora que un molesto vicepresidente, luego de ser cuestionado por la sociedad, la acepta y la defiende preguntando: ”¿Cuál es el delito?”.

Una sociedad fuera de la mira

Los negocios del vicepresidente Óscar Ortiz ahora se conocen mejor gracias a la versión pública de sus declaraciones ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Del análisis de los informes que el político ha enviado a esta entidad en los últimos 20 años puede inferirse que no solo en la política le ha ido bien a este líder de izquierda. Las finanzas tampoco se le han dado mal. Para 1994, apenas dos años después de colgar las armas de la guerrilla, Ortiz contaba con un capital de 144 mil colones, es decir, unos $16,450 en bienes muebles. No tenía casa propia, ni un terreno, ni inversiones, ni cuentas por cobrar; tampoco tenía deudas.

Hoy, según las declaraciones patrimoniales presentadas a la sección de Probidad a las que El Faro tuvo acceso, el exguerrillero Ortiz es, además de vicepresidente de la República, propietario de 15 inmuebles en los departamentos de La Libertad, San Salvador y San Vicente, con una extensión total de más de 152,645 metros cuadrados y valorados en $245,742.

Salazar Umaña, por su parte, tiene una historia empresarial amplia y variada que comienza en la década de los 90, cuando fundó su primera empresa llamada Inversiones Salazar. Esta empresa de carácter familiar –sus otros dos socios eran su esposa, Sara Paz Martínez Bojórquez, y su hermano, Marcos Francisco Salazar– llegó a declarar activos de hasta 49 mil dólares, según los datos del Centro Nacional de Registros (CNR); sin embargo dejó de reportar actividad en 1995.

En los siguientes diez años, Salazar Umaña fundó otras cinco sociedades junto a varios miembros de su familia, amigos y allegados políticos, entre ellos su hijo José Adán Salazar Martínez; el actual alcalde del municipio de Metapán, Juan Umaña Samayoa; y Óscar Ortiz. Estas sociedades son Hoteles San José (1996), Desarrollos Montecristo (2000), Servicios Turísticos (2004), y Agroindustrias Gumarsal (2005).

Pero no fue tener seis empresas lo que vinculó a Chepe Diablo con el Cártel de Texis y el tráfico de drogas. Para 2001, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya había enviado un informe a la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña vinculando a Salazar Umaña con los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

La investigación había comenzado mucho antes. En un informe fechado el 22 de marzo del año 2000, titulado “Caso Metapán”, al que El Faro tuvo acceso, ya se señalaba a Salazar Umaña como uno de los fundadores del cártel que controla el paso de droga por la llamada “Ruta Norteña de la Cocaína” o “El Caminito”. Esta ruta inicia en San Fernando, municipio fronterizo con Honduras, pasa por Nueva concepción y llega a Metapán, en la frontera con Guatemala.

En julio del 2013, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) titulado “Crimen organizado transnacional en Centroamérica y el Caribe. Descripción de una amenaza”, incluyó a El Cartel de Texis en la lista de organizaciones criminales que, además de mover toneladas de cocaína por el país, influyen en la política salvadoreña. En el documento se consigna que los flujos de droga han sido protegidos por corrupción en los más altos niveles, han sido tolerados por años, y “no parece que haya investigaciones activas al día de hoy”. Quizá eso explique por qué hasta hoy Chepe Diablo no ha sido procesado por la Fiscalía como narcotraficante.

Un año después, el 30 de mayo del 2014, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama envió una carta a los senadores y congresistas de su país en la que designó a tres extranjeros como capos internacionales de la droga, entre ellos José Adán Salazar Umaña, Chepe Diablo, señalado como líder del Cártel de Texis; Francisco de Fátima Federico Barros, de la República de Cabo Verde, en África; y el colombiano Victor Ramón Navarro Cerrano, mejor conocido como Megateo. Estos dos últimos son prófugos de la justicia en sus países. A este listado de “relevantes traficantes de drogas extranjeros” también pertenecen, por ejemplo, los mexicanos Joaquín “El Chapo” Guzmán y Osiel Cárdenas Guillén.

Las investigaciones de este cártel han pasado por cuatro administraciones presidenciales de los dos partidos políticos más fuertes del país: las de Francisco Flores y Elías Antonio Saca, de Arena; y las de Mauricio Funes y ahora Sánchez Cerén, del FMLN. Las investigaciones policiales han transitado por las administraciones de ocho directores de la PNC: Mauricio Sandoval, Ricardo Menesses, Rodrigo Ávila, Francisco Rovira, José Luis Tobar Prieto, Carlos Ascencio, Mauricio Ramírez Landaverde, y Howard Cotto, quien recién se puso en enero de 2016 a la cabeza de la institución.

Sobre el Cártel de Texis se han compilado tres informes de inteligencia en 2006, 2008 y 2011. Para el actual director de la PNC la historia del Cártel de Texis no es desconocida, ya que fue él quien lideró, como subdirector de la corporación policial y jefe de la subdirección de Investigaciones, un puñado de capturas a mandos medios de la organización que sucedieron en 2013, entre estas la del concejal de la alcaldía de Metapán, Jesús Sanabria Zamora; y la de Roberto Antonio “El Burro” Herrera

Antes de salir de su administración (2012-2015), el exfiscal general Luis Martínez hizo cambios en el equipo de acusadores asignados a los casos del Cártel de Texis, y ordenó a los fiscales subalternos que desistieran de pedir una serie de pruebas que servirían para comprobar al menos dos delitos cometidos por Chepe Diablo entre los años 2010 y 2011, según publicó el periódico digital Factum.

Las investigaciones salvadoreñas han recorrido varias empresas en las que Chepe Diablo tiene invertido su dinero pero, a la luz de los informes, Desarrollos Montecristo, en la que aparece como socio de un político de la relevancia de Óscar Ortiz, no ha estado en el radar de las autoridades. Por ejemplo, en el informe “Situación Fiscal Diablo”, elaborado por investigadores de la PNC, hay una radiografía detallada de todas las sociedades en las que participa Salazar Umaña, incluyendo los estados tributarios y financieros de cada una. Ni una palabra de Desarrollos Montecristo.

Tampoco en los informes de inteligencia emitidos por la DEA en 2001 y por la PNC en 2006, a los que El Faro tuvo acceso, aparece mencionada la figura del líder político de izquierdas ni su relación con Chepe Diablo.

Ni durante las investigaciones en que la Fiscalía y la policía vincularon a Salazar Umaña con el narcotráfico, ni después de los señalamientos públicos hechos por Estados Unidos, ninguno de los otros dos socios salió públicamente a desvincularse de Chepe Diablo o a defenderlo. El vicepresidente Ortiz, que desde enero de 2015 ha insistido en que él es uno de los funcionarios que se ponen al frente de la seguridad pública del país, y ha repetido que el combate al narcotráfico “es clave” para la seguridad nacional nunca ha ventilado públicamente su relación con un hombre bajo constante sospecha.

En febrero de 2016, El Faro solicitó al Registro de Comercio la actualización del estatus de la sociedad Desarrollos Montecristo, y esta entidad gubernamental certificó que, si bien la sociedad no registra movimientos después del año 2011, continúa activa, viva, sin que a esta fecha haya modificado su pacto social o se haya desligado alguno de los socios de la misma. Un acta extendida a este periódico por la administración de esa dependencia de Estado confirma que ninguno de los integrantes ha llegado a presentar un acta de disolución de la sociedad. Esto significa que cuando el presidente Barack Obama designó como “capo internacional de la droga” a Chepe Diablo, en mayo de 2014, Óscar Ortiz, quien recién había sido electo como vicepresidente en marzo de ese año, mantuvo en silencio que su relación con Salazar Umaña estaba activa.

Los extraños movimientos de Montecristo

La sociedad que comparten Óscar Ortiz y Chepe Diablo ha realizado compras y ventas de terreno en uno de los destinos paradisiacos a los que el Gobierno le apostará con la multimillonaria inversión de FOMILENIO: las costas del litoral pacífico en la zona oriental del país.

Desarrollos Montecristo ha comprado y luego vendido tres terrenos en la isla Montecristo, jurisdicción de Tecoluca, San Vicente. Estos terrenos presentan algunas irregularidades en los precios a los que fueron adquiridos y posteriormente vendidos.

En la comunidad de la isla Montecristo se produce y exporta el fruto del marañón, y tiempo atrás aquí vivió y combatió el guerrillero “Guillermo Rodríguez”, como se le conocía a Ortiz durante la guerra civil salvadoreña. De eso hablan los lugareños cuando se les pregunta por el actual vicepresidente. Uno de ellos, integrante de la Asociación de Productores Agroindustriales Orgánicos de El Salvador (APRAINORES), explica que la escasa ayuda que reciben del gobierno impide que la comunidad pueda potenciar el cultivo de marañón. El lugareño dice que si bien el estado pareciera poner poco interés a este sector, el vicepresidente Ortiz sí presta atención a sus terrenos y los visita de manera frecuente.

“Ahí sabe venir en una lancha, cuidado con guardaespaldas y todo. A veces también viene en el helicóptero… Pero de venir sí viene. Yo y todos los de aquí lo hemos visto”, cuenta el vecino de Ortiz.

En este paraíso a la orilla del mar, el alcalde, el supuesto narco y el empresario decidieron comprar tres terrenos en el año 2000 a través de Desarrollos Montecristo. Los terrenos fueron comprados entre el 3 de agosto y el 25 de septiembre de 2000, es decir, a pocos meses de haber sido fundada la sociedad. Los tres lotes suman una extensión total de 52,461 metros cuadrados que, para entonces, estaban valorados en 900 mil colones, unos 102 mil 867 dólares.

Las tres compras de terrenos que la sociedad realizó entre agosto y septiembre del 2000 fueron realizadas por Cervantes, quien actuó cada vez en nombre y representación de la sociedad.

La primera compra de un terreno en la isla Montecristo fue el 3 de agosto, según consta en los registros del CNR: 8,147.71 metros cuadrados de tierra por 200 mil colones ($22,857.14). El terreno lo vendió Alberto Chavarría Delgado, un jornalero que para entonces residía en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, según consta en el acta de compraventa. Este lote es un fragmento de un terreno de mayor extensión que tenía 21 mil metros cuadrados, del que Chavarría Delgado desmembró una porción para vendérsela a Cervantes.

Diez años después, en abril del 2010, la sociedad vendió de nuevo ese terreno por $5 mil, un precio casi cuatro veces menor, al entonces alcalde Óscar Ortiz. Según el acta de compraventa elaborada a las 12:10 del mediodía del 16 de abril del 2010, Rogelio Cervantes se presentó junto a Ortiz frente a la notario Dina Alhely Castellón para que hiciera el traspaso de derechos. “Me dice que en el libro de actas de la Junta Directiva de la referida sociedad se encuentra asentada el acta número nueve, celebrada en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, el día cuatro de febrero del año 2010, en la cual en su punto único literalmente dice (…) que la Junta Directiva autoriza al señor Rogelio Antonio Cervantes Aguirre para que efectúe contrato de compraventa a favor del licenciado Óscar Samuel Ortiz Ascencio de un inmueble”, dice el documento.

El segundo terreno que la sociedad adquirió en la isla Montecristo tiene una extensión de 25,067.07 metros cuadrados. Según los registros de este lote, en un principio pertenecía a José Manuel Olívares. Este se lo vendió el 1 de junio del 2000 a una pareja de esposos por 240 mil colones ($27,428).

Casi dos meses después, la pareja decidió vender el terreno a Osmín Enrique Cervantes Salazar, quien lo compró por la mitad de precio, 120 mil colones ($13,714). A los pocos días, el 14 de agosto de 2000, Montecristo le compró el terreno a Cervantes Salazar por 350 mil colones ($40 mil), Un 50% más del precio original y casi tres veces lo que había pagado Osmín Enrique Cervantes Salazar.

Este terreno también tendría finalmente un cambio repentino de precio en el que el beneficiado sería, de nuevo, Óscar Ortiz, en detrimento de su propia sociedad, Desarrollos Montecristo. Por este terreno que a su compañía le había costado $40 mil, Ortiz pagó el 4 de octubre de 2010 solo $10 mil.

El tercer y último terreno que adquirió la sociedad en la isla Montecristo fue comprado el 25 de septiembre de 2000. Tenía una extensión de 19,246 metros cuadrados, con los que Desarrollos Montecristo completaría un total de 52,461 metros cuadrados en la isla. El propietario anterior era el mismo Óscar Ortiz.

Este terreno había sido adquirido en 1999 por Ortiz, para entonces diputado, por 500 mil colones ($57,142). Un año después, el actual vicepresidente se lo vendió a su propia empresa, Montecristo, por 350 mil colones, el equivalente a 40 mil dólares, lo que significó una reducción de su precio de más de $17 mil y por tanto una pérdida para Ortiz.

En los siguientes años, ese terreno cambió tres veces más de manos. El 27 de junio de 2007, Rogelio Cervantes, en calidad de representante de Desarrollos Montecristo, se lo vendió de nuevo a su anterior dueño: Óscar Ortiz. El precio de venta se mantuvo en $40 mil. Y el 26 de mayo del 2008, poco más de un año después, Ortiz se lo volvió a vender a Cervantes, que esta vez lo compró como persona natural y no como representante de Montecristo, por ese mismo precio: $40 mil.

Por último, cuatro años después, Ortiz volvió a mostrar interés por el terreno del que ya había sido dueño dos veces. Esta vez Rogelio Cervantes se lo vendió a su socio ya no en el precio de $40 mil que venía manteniendo desde 2007, sino en cuatro veces menos: $10 mil.

Un terreno que cambió de cinco veces de manos entre 1999 y 2012, que tuvo en ese tiempo una reducción de precio (de $57,142 a $10 mil), que dejó pérdidas a la sociedad Desarrollos Montecristo y a su penúltimo dueño, Cervantes, que perdió 30 mil dólares. Pero que Ortiz obtuvo por tres veces menos que en su anterior compra.

Al revisar el historial de cada uno de los terrenos antes y después de que la sociedad los adquiriera, hay un patrón que se repite: cada uno de ellos bajado su precio de venta, y en los tres casos el propietario final es el vicepresidente Óscar Ortiz.

En resumen, Desarrollos Montecristo realizó, a pocos meses de fundada, tres compras de terrenos que le implicaron un desembolso de 900 mil colones, es decir 102 mil 867 dólares. La compra se hizo, al menos en uno de los casos, a un precio mucho mayor del que el terreno había tenido poco tiempo atrás. Y entre siete y diez años después de la primera transacción, los tres terrenos fueron a parar a manos de uno de sus socios, Óscar Ortiz, quien los obtuvo a un precio desplomado, generando pérdidas para su sociedad, en la que Chepe Diablo y Rogelio Cervantes también tienen acciones.

Detalle de un muelle en la isla Montecristo.  

Detalle de un muelle en la isla Montecristo.

 

De guerrillero a terrateniente

Antes de que Desarrollos Montecristo naciera, Óscar Ortiz ya estaba interesado en las tierras de la isla. Entre enero y agosto de 1999, según la versión pública de su declaración patrimonial, Ortiz compró siete terrenos que suman 97,222.29 metros cuadrados de tierra, por un monto de $57,142.85 en la isla Montecristo. Uno de estos es el que vendió a su propia sociedad y que después de tres compraventas más volvió a sus manos. Para entonces todavía era un diputado que ganaba $1,757 mensuales, según la misma declaración patrimonial.

Los siete terrenos que compró en 1999 los adquirió de tres personas: Telvia Ruth Moreno de Martínez, Victor Armando Martínez, y a Miguel Ángel Merino Umaña. A este último fue a quien compró el terreno que vendería a la sociedad en el año 2000 por $57 mil dólares, y que 12 años más tarde regresaría a sus manos por $10 mil.

El interés de Óscar Ortiz en las tierras de Montecristo es grande. Tan grande que a la fecha, según datos del Registro de Propiedad del CNR, tiene once terrenos a su nombre en ese lugar. De estos, siete fueron adquiridos antes de que hiciera sociedad con Chepe Diablo y Rogelio Cervantes; dos más se los compró a la empresa Desarrollos Montecristo; otro lo compró en 2005; y un último lo adquirió en 2014, justo un mes antes de tomar posesión como vicepresidente de la República.

Tras el breve diálogo con el vicepresidente el 18 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, El Faro pidió una segunda cita para seguir hablando de este tema, pero de su oficina de comunicaciones informó, el lunes 4 de abril, que el vicepresidente no tenía tiempo en su agenda. En esa misma fecha, a través de un empleado del Hotel Capital, José Adán Salazar Umaña mandó a decir por vía telefónica a este periódico que no tenía tiempo para hablar de su relación con el vicepresidente, porque estaba en una reunión. El Faro dejó un número de contacto, pero al cierre de esta nota no había recibido ninguna llamada de Chepe Diablo.

*Con reportes de Sergio Arauz.

Lea también en El Faro:
-Ortiz se escuda en que su empresa con Chepe Diablo está “inactiva”,
pero CNR dice lo contrario
-Óscar Ortiz: “¿Qué tiene de ilegal eso, pues? ¿Tenés alguna cuestión ilegal?”

Lea en La Prensa Gráfica la entrevista a Oscar Ortiz:
“Cómo vas a estar vos pendiente de cada persona que conocés,
qué es lo que le ha pasado cinco años después”

Detrás del “caso Texis”, el ”caso CIP”. De Paolo Luers

Muchos periodistas han sido manipulados por un grupo de policías que se dedicaron a la fabricación y filtración de acusaciones contra adversarios politicos. Pero nuestra investigación demuestra que no se trata de casos aislados de malos policas, sino de una política oficial durante el gobierno de Mauricio Funes. Cuatro policías ahora enfrentan un juicio por estas practicas, pero los autores intelectuales no están siendo investigados.

Paolo Luers, 2 diciembre 2015 / SEGUNDA VUELTA

No me voy a meter en el “caso Texis”, ni especular sobre la veracidad de las investigaciones periodísticas que vinculan a personajes como José Adán Salazar Umaña (“Chepe Diablo”) al crimen organizado. No es mi tema; hay otros que tienen años de investigar y escribir sobre esto.

Voy a escribir sobre el “caso CIP”, sobre un grupo de oficiales de inteligencia vinculados al FMLN y a altos funcionarios de los gobiernos del Funes y Sánchez Cerén; sobre un grupo que durante años se ha dedicado a la desinformación, al espionaje política y la guerra sucia contra opositores, empresarios y miembros de la PNC identificados por ellos como “adversarios” políticos. Decidí escribir sobre este caso, que actualmente se ventila en un juzgado de sentencia, porque otros medios proyectan a estos policías acusados como investigadores y fuentes confiables, e incluso como víctimas de una supuesto ataque a la libertad de expresión dentro de la PNC. Que FACTUM compara a estos individuos con Edward Snowden me parece una muestra de ceguera. Está bien que como periodistas no quieran permitir que quede impune el caso Texis, pero esto no significa que todos los que señalaron al “Chepe Diablo” y sus socios lo hagan por razones confesables u nobles. No siempre los enemigos de tus enemigos son tus amigos – o los amigos de la democracia. Mucho menos en el mundo de inteligencia.

La historia del “caso CIP” comienza en 2009, el año de la alternancia política en El Salvador.

Cuando en junio del 2009 asume el gobierno el presidente Funes, entrega todo el área Seguridad de su gobierno a cuadros del FMLN, con una excepción: el ministerio de Defensa, que asuma el David Munguía Payés. El gabinete se Seguridad es dirigido por Manuel Melgar, quien asume el Ministerio de Justicia y Seguridad.

El área de control del FMLN incluye la PNC, Centros Penales, Academia de Seguridad Pública – y obviamente Inteligencia, área bajo supervisión de Eduardo Linares (comandante “Douglas” de las FPL), quien es nombrado jefe de la OIE. El Centro de Inteligencia Policial CIP queda bajo el mando de Edgar Lizama, otro cuadro de las FPL. El único aparato de inteligencia que no queda bajo la supervisión del FMLN, mediante Linares, es Inteligencia Militar.

Tanto en el CIP como en la OIE son apartados los cuadros y expertos de la administración anterior, y las jefaturas se llenan con cuadros del FMLN. En el CIP entran los 4 oficiales que ahora están siendo acusados: Jaime Orlando Díaz Rodríguez (subjefe del CIP), Jorge Ovidio Cornejo Durán (departamento de Crimen Organizado del CIP), Mercedes Antonio García Sánchez (jefe de la Región Central de Inteligencia), y Miguel Ángel Artero Durán (jefe de la Región Occidental de Inteligencia).

Estos cuatro reciben instrucciones de su jefe directo Edgar Lizama (jefe del CIP), y del supervisor del área Inteligencia en el gobierno Funes, Eduardo Linares (jefe OIE), y en última instancia del ministro Manuel Melgar. Les encargan desarrollar un área especial y compartimentado: persecución política, colección de información y fabricación de pruebas contra dirigentes empresariales y políticos de oposición, con el fin de poderlos intimidar o callar, chantajear o dañar en su reputación. En este sector “de derecha” a observar y perseguir están incluidos la mayoría de los jefes policiales provenientes de las filas de las Fuerzas Armadas.

Era claro desde el principio que si este trabajo fuera expuesto públicamente, sus superiores (Lizama, Linares, Melgar) se iban a desmarcar y decir que nada de esto estaban autorizado. Cosa que pasó a partir del 2011/12. Y lo mismo está pasando en el juicio actual contra los 4 agentes.

Bajo coordinación de Jorge Cornejo, quien dirigía el departamento Crimen Organizado del CIP, se elaboró un dossier sobre las actividades de contrabando y otros ilícitos en Occidente, que luego recibieran el nombre llamativo “Cartel de Texis”.

Una vez que se tenía listo el dossier, a finales del 2010, se analizó en el CIP y llegaron a la conclusión que la red que habían investigado no tenía el alcance esperado y no daba para el gran golpe contra el crimen organizado que el gobierno necesitaba. Era más bien una de tantas redes de contrabando típicas para las regiones fronterizas.

Surgió entonces la idea de mezclar el dossier de “Texis” con otros que habían compuesto sobre oficiales policiales “de derecha” dentro de la PNC, sobre militares, sobre fiscales, y sobre personajes (empresarios, políticos) relacionados a la oposición. Y de esta fusión artificial de varios expedientes surgió el expediente “Cartel de Texis”. Era de mucha utilidad política para los cuadros del FMLN en Seguridad, porque les permitió sistemáticamente construir la tesis de la infiltración del crimen organizado en el Estado, la empresa privada y la oposición, y que el crimen organizado estaba tomando control de las pandillas. Con esto justificaban su incapacidad de frenar la violencia de las pandillas.

Estos dossiers fueren manejado con gran secretividad incluso dentro del CIP y la PNC.

Cuando la presión política sobre el gabinete de Seguridad se profundizó en el 2011, a raíz del aumento de la tasa de homicidios, los jefes de inteligencia decidieron filtrar partes selectas de este dossier a ciertos periodistas y medios que estaban predispuestos en investigar el rol de los jefes policiales provenientes de la Fuerza Armada, el crimen organizado, y los posibles nexos entre los dos. Estos periodistas, convencidos que estos nexos existían, resultaron sumamente receptivos para la información que el grupo de los 4 comenzó a filtrarles desde el CIP. Tanto El Faro, como Héctor Silva (entonces subjefe de información en La Prensa Gráfica), así como un grupo de “investigadores” que había contratado el empresario Fito Salume (para vincular a sus competidores de Gumersal al “Cartel de Texis”), comenzaron a seguir las pistas suministradas por sus informantes en el CIP. Algunas pistas eran reales y comprobables, otras inventos fabricados para señalar a ciertas personas dentro de la PNC, la FGR, la Fuerza Armada, el sector privado, y la oposición política.

También produjeron un expediente llamado “Informe Sacados” donde construyeron vinculaciones de crimen organizado al ex presidente Elías Antonio Saca, su primo Herbert Saca, el diputado Guillermo Gallegos y otros miembros de GANA. Por razones obvias, este “informe” nunca se filtró, ya que el FMLN había entrado en una alianza política con los Saca y Gana. Este dossier era tan delicado que no lo imprimieron con papel membretado del CIP…

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Parte del “Informe Sacados” del CIP

No todos en la PNC, ni siquiera en el CIP, estaban de acuerdo con las prácticas de desinformación. Por tanto, la desinformación contenida en el dossier que pintaba un mapa del supuesto “Cartel de Texis” con sus conexiones en la política, y en la sociedad, llegó a manos de varias personas señaladas en las fabricaciones y filtraciones: entre otros, el comisionado Douglas García Funes (“Carabinero”), el jefe de la unidad de Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Delgado; miembros de ARENA, como el ex presidente Cristiani y el ex jefe de la PNC Mauricio Sandoval; y el ministro de Defensa General Munguía Payés.

Algunas muestras de los “expedientes” circulados por el CIP:

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Ojo: No publicamos estos archivos del CIP para acusar a ninguna de las personas señaladas, sino por lo contrario, para mostrar cómo una instancia policial fabricó “informes de inteligencia” para involucrar a adeversarios políticos del gobierno en crímenes.

Fue el fiscal Rodolfo Delgado quien comenzó una investigación formal de las falsificaciones de pruebas y filtraciones selectivas a la prensa. Esta investigación meses después, en mayo 2012, fue presentada a un juez de paz de Antiguo Cuscatlán como acusación formal contra los 4 oficiales del CIP. Es el mismo procedimiento que perdura hasta la fecha, ya en manos del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.

La investigación fiscal toma su curso, pero mientras Manuel Melgar permanece en el ministerio y Linares y Lizama en las jefaturas de Inteligencia, los 4 oficiales investigados quedan trabajando en sus cargos en el CIP. Siguieron con su trabajo de espionaje e desinformación.

Bajo fuerte presión de la opinión pública, de la oposición, del sector privado y de los norteamericanos por los pobres resultados en el combate contra la delincuencia y por el incremento de los homicidios, en noviembre 2011 Mauricio Funes toma la decisión de quitarle al FMLN la dirección del área Seguridad. Nombra como nuevo ministro de Seguridad y jefe del gabinete de Seguridad al general David Munguía Payés, desde 2009 ministro de Defensa, y al general Francisco Salinas como director general de la PNC. Estos nombramientos causan profunda preocupación entre los cuadros del FMLN dentro del aparato de Seguridad e Inteligencia.

Cuando Munguía Payés llega a Seguridad, en noviembre 2011, él ya está informado que en el CIP hay una célula encargada de acciones ilegales de desinformación y de persecución política de empresarios y políticos de oposición, y que él mismo se encontraba entre su blancos.

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En esta situación, el general exige al presidente Funes un cambio radical en la OIE y el CIP. Básicamente pide la cabeza de Linares, Lizama, Jaime Díaz, Jorge Cornejo y otros miembros del CIP. El presidente Funes accede y nombra como jefe de la OIE a Ricardo Perdomo, propuesto por Munguía Payes; y el general Salinas nombra como nuevo jefe del CIP al comisionado Oscar Antonio Aguilar Hernández (“Cachorro”).

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A principios del 2012, ya todos los miembros del grupo especial de desinformación son separados del CIP y reciben asignaciones en áreas donde pueden hacer menos daño. Lizama va a una embajada, y Jorge Cornejo es mandado a La Unión, pero se niega a asumir este cargo, y con sus conexiones con el partido y con Casa Presidencial logra que lo transfieren a Cancillería. Pasa por varias embajadas, pero los respectivos embajadores lo mandan de regreso, y termina como encargado de seguridad asignado al canciller. A pesar de las investigaciones en la fiscalía y de haber caído en desgracia con el director general de la PNC y el ministro de Seguridad, Díaz, Cornejo y los otros 2 oficiales no son sujetos de investigación interna en la PNC ni tampoco excluidos de los ascensos dentro de la PNC. Por ejemplo, Jaime Díaz fue ascendido a sub-comisionado y actualmente está destacado como jefe de la delegación Usulután.

Desde sus cargos en el “exilio”, varios des miembros del grupo continuaron a filtrar información y desinformación a sus relaciones periodísticas. Por ejemplo, son ellos quienes filtraron a El Faro la información sobre le génesis de la tregua en marzo del 2012. Alguna de esta información fue correcta, como los traslados del 8 y 9 de marzo de los líderes de las pandillas del penal Zacatecoluca a otros penales; pero como usual, mezclaron los hechos reales con otros detalles inventados para desacreditar la gestión de Munguía Payés, como por ejemplo los desembolsos de efectivo a los líderes pandilleros y sus familias.

Aprovechando el rechazo de muchos sectores de izquierda (dentro y fuera del FMLN) y de una parte de la intelectualidad y de los periodistas contra la presencia de militares en Seguridad Pública, así como el rechazo de otros sectores a la tregua, los oficiales mantuvieron un flujo permanente de información y desinformación negativa sobre los generales Munguía Payés y Salinas, así como sobre la tregua.

Mientras tanto, la investigación de la fiscalía, iniciada por Rodolfo Delgado, tomó su curso, ahora ya sin obstáculos por parte de la cúpula de la PNC y del Ministerio de Seguridad. En abril del 2012, la fiscalía ordena el secuestro de varias computadoras del CIP. En el laboratorio de investigación científica de la PNC se logra restablecer gran parte de los contenidos que habían sido borrados. Los técnicos del laboratorio lograron comprobar que varios de los documentos anónimos con desinformación y difamación de hecho habían sido elaborados en las computadoras del CIP. Con estas pruebas, la FGR procede a acusar ante el juez de paz de Antigua Cuscatlán, en mayo 2012, a los 4 oficiales.

La investigación sigue ahora con más éxito, porque los investigados (y sus jefes) ya están separados de sus cargos en área de Inteligencia, y los nuevos jefes de la OIE y del CIP ya no boicotean la investigación, sino la apoyan. Todo iba bien, hasta que en diciembre 2012 llegó a la Fiscalía General Luis Martínez, quien tomó control de la investigación sobre el CIP y, dos años después, sustituyó a Delgado como jefe de la unidad de Crimen Organizado. No pudo suspender el caso, porque ya estaba en manos de un juez, pero la fiscalía comienza a descartar todos los elementos que podían involucrar a Lizama, Linares o incluso Melgar. Se construye el caso de 4 subalternos que actúan a cuenta propia.

Cuando en junio 2013, a raíz de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el presidente Funes sustituye a los dos generales de sus cargos en el Ministerio de Seguridad y la PNC, Ricardo Perdomo asume el ministerio de Justicia y Seguridad, y Rigoberto Pleitos, director de Migración, es nombrado director general de la PNC. Ambos comienzan a desmarcarse de las políticas de Munguía Payes, sobre todo de la tregua. Sin embargo, es hasta el cambio de gobierno, en junio 2014, bajo el nuevo ministro de Seguridad, y dirigente del FMLN Benito Lara que personeros anteriormente separados comienzan a regresar a Inteligencia. Edgar Lizama, a quien Munguía Payes sustituyó como jefe del CIP, ahora asume la dirección de la OIE, mientras que en el CIP asume el comisionado Hugo Ramírez Mejía (“Cazador”). Sin embargo, los 4 oficiales acusados no son incorporados a estructuras de inteligencia. En octubre del 2015 la fiscalía pide orden de arresto contra ellos, pero el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla les concede medidas sustitutivas. Los 4 acusados sieguen siendo defendidos por abogados de la PNC.

En octubre salen notas en Diario1 y en El Diario de Hoy sobre el tema, al parecer basadas esta vez en filtraciones de la fiscalía, con la clara intención de aislar del caso a los mandos superiores: Edgar Lizama (ahora director de la OIE), Eduardo Linares (ahora gobernador de San Salvador) y Manuel Melgar (secretario personal del presidente de la República). Sin todo este trasfondo y contexto político, el caso aparenta ser dirigido contra unos policías subalternos que se atrevieron a actuar contra la impunidad del “Cartel Texis”. Sin embargo, no es un caso que tiene que ver con libertad de expresión de los agentes policiales, sino con practicas de desinformación, abuso de autoridad y persecución política.