Mes: enero 2016

Capriles dice que llegó el tiempo del referendo revocatorio de Maduro

Henrique Capriles: «Venezuela es una bomba que está a punto de explotar»

Ha dicho que si el Gobierno «no cambia» los venezolanos deben «cambiar al Gobierno»

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EFE, 29 enero 2016 / EL MUNDO

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles dijo este jueves que el tiempo que establece la Constitución para convocar un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro «ya llegó» y que si el Gobierno «no cambia» los venezolanos deben «cambiar al Gobierno».

«O el Gobierno cambia, o los venezolanos tendremos que cambiar al Gobierno, esa cuenta está corriendo, porque además ustedes saben que el tiempo constitucional para un referendo revocatorio ya llegó, la Constitución en eso es muy clara», dijo Capriles a los periodistas en un acto que encabezó como gobernador del céntrico estado Miranda.

El dirigente opositor indicó que frente a la crisis económica y social por la que atraviesa el país, los venezolanos deben activar un gran debate sobre qué es lo que se debe hacer para superar los problemas, una solución que a su juicio pasa por un «cambio de modelo».

«Aquí va a venir un desenlace y todos queremos que ese desenlace sea de acuerdo a lo que está establecido en nuestra Constitución, que sea pacífico, democrático, constitucional y siempre pasa por una consulta porque al final la última palabra la tienen los venezolanos», indicó al hacer referencia al referendo.

Aseguró, además, que la inflación del año 2015 en Venezuela fue del 270%, un índice que el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha revelado todavía. El pasado 15 de enero, el BCV informó por primera vez en el año de datos de inflación e indicó que la interanual hasta septiembre de 2015 era del 141,5%.

El gobernador afirmó que, mientras la crisis se agrava, el presidente Maduro mantiene el mismo discurso «gastado» en el que asegura que la alta inflación y escasez de productos básicos se debe a una «guerra económica» contra su Gobierno.

«Entonces, no teniendo el Gobierno voluntad de resolver la crisis, habiendo agotado el tiempo, ya la gente le dio todas las oportunidades, nos toca entonces a los venezolanos organizarnos y de acuerdo con lo que está establecido en la Constitución, ir por el cambio de Gobierno», reiteró.

Opinó que «lo peor que puede pasar es que haya una explosión social» y que se produzca una «salida militar» pues «un golpe nunca podrá ser la respuesta a una crisis».

De acuerdo con el artículo 72 de la Constitución venezolana, «todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables» y «transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario» se podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato».

Nicolás Maduro fue elegido presidente de Venezuela el 19 de abril de 2013, aunque ya se había encargado de la Presidencia a principios de marzo de ese año tras la muerte del entonces gobernante Hugo Chávez (1999-2013), y su mandato culmina en 2019.

En ABC: Capriles: «A Maduro le llegó la hora de revocar su mandato»

En El Nacional: Capriles: El tiempo constitucional para un revocatorio ha llegado

 

El PSOE no es la CUP. Editorial El País

El golpe de efecto de Sánchez pone en peligro la unidad de su partido.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (iz) y el secretario de Organización, César Luena, durante la reunión del Comité Federal en Madrid. Juan Carlos Hidalgo EFE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (iz) y el secretario de Organización, César Luena, durante la reunión del Comité Federal en Madrid. Juan Carlos Hidalgo EFE

Sánchez se vio ayer obligado a aceptar la celebración de un congreso del partido en mayo, en contra de su criterio de retrasarlo todo lo posible, y decidió responder a sus críticos con un golpe efectista. Trata de desbordar a los aparatos territoriales refugiándose en la militancia, de la que al parecer espera más calor que de los dirigentes.

Lo más criticable de este anuncio teatral es que añade problemas a la búsqueda de una solución estable para España, que es lo que importa a los ciudadanos. Pero hay otras razones para censurar a Sánchez por su arriesgada iniciativa. Primero, porque deja en evidencia su falta de liderazgo. Esa tendencia de acudir a las bases cuando el dirigente tiene problemas es recurso de políticos mediocres y de organizaciones populistas, no de un partido serio y comprometido en la gobernabilidad de España. Hacerlo, además, sin contar con los demás dirigentes del partido —peor aún, burlando su autoridad, puesto que se había reunido con ellos días antes y no les informó de sus planes— significa desconfiar de la democracia interna del partido y saltarse a la torera las reglas del juego. Dinamitar las estructuras por discrepar de una decisión muestra poca responsabilidad de parte de Sánchez.

Y este paso demuestra también su desconocimiento de la naturaleza verdadera del PSOE: un partido de electores más que de militantes, como él mismo ha señalado en ocasiones recientes.

Las divisiones internas de los partidos reducen
sus opciones electorales, sea quien sea el candidato

Nadie va a ganar con esta maniobra: someter al PSOE a esta pelea ficticia entre los que se suponen que están más o menos a la izquierda solo va a servir para profundizar en la desunión del partido, poner en peligro su futuro y reducir las opciones electorales del próximo candidato, sea quien sea. Ojalá que Sánchez entienda la gravedad de su decisión y la corrija. Ya que tan sensible es al modelo de Podemos, sería bueno que considere que ni siquiera ese partido, auténticamente populista, consulta a sus bases las grandes decisiones, a menos que se entienda como consulta el sucedáneo que han practicado a veces entre sus registrados en Internet.

Todo parte de la estrecha base parlamentaria de los socialistas: solo 90 escaños, que les obliga a negociar el apoyo de casi otros tantos para alcanzar la mayoría absoluta. Sánchez está dispuesto a intentarlo, favorecido por la espantada de Mariano Rajoy. Sin embargo, significados dirigentes de su partido desconfían fuertemente de Podemos y vetan cualquier acuerdo que pase por los independentistas catalanes.

La peor de las soluciones es ir a unas nuevas elecciones
sin garantía de resultados muy distintos

A la hora de armar una combinación, el líder socialista no debe jugar al equívoco de decir que va a reunir una imposible mayoría progresista o de izquierdas. Las urnas no alumbraron ninguna mayoría de izquierdas, ni siquiera aceptando la hipótesis extremadamente generosa de que Podemos sea considerado como tal; sus diputados, junto con los de IU y los socialistas, suman 161 escaños. No es menos cierto que tampoco existe una mayoría de derechas y por eso la minoría socialista, que normalmente debería ir a la oposición, tiene la oportunidad de participar en alguna combinación de Gobierno. Sánchez pide margen para tender la mano “a derecha e izquierda”, pero deja en el aire si eso significa intentar un pacto simultáneo con Albert Rivera y Pablo Iglesias, incompatibles entre sí, en medio de la desconfianza de importantes figuras de su partido hacia este último. Lo único que Sánchez dejó muy claro es que no apoya a Rajoy.

Con los resultados del 20-D, la gobernabilidad solo puede resolverse de dos maneras: o el PP se abstiene a la hora de votar a un presidente que no salga de sus filas o el PSOE hace lo propio respecto a un jefe del Ejecutivo de otro partido. En previsión de ese escenario, Felipe González ha advertido que el PSOE y el PP no deberían impedir que el otro gobierne, si cada uno es incapaz de hacerlo por sí mismo. Por más vueltas que se le dé, el futuro poder ejecutivo depende de que uno de los dos acepte abstenerse en la investidura. Si ninguno da el paso, ambos habrán de reconocer su impotencia y pedir a los electores que arreglen lo que ellos se muestran incapaces de resolver. Es decir, la peor de todas las soluciones posibles: Gobierno interino de Rajoy y nuevas elecciones, sin garantía de resultados sustancialmente distintos. Y sin que ni siquiera esté claro cómo podrían convocarse antes de que alguien haya aceptado someterse a una primera votación de investidura, como exige la Constitución.

 

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Los peligros de la desesperanza. De Manuel Hinds

manuel_hindsManuel Hinds, 29 enero 2016 / EDH

El gobierno y el FMLN han vuelto a la carga con su proyecto de expropiar los ahorros que han acumulado los futuros pensionados. Este es un proyecto que ambos han contemplado desde hace bastante tiempo. Hace dos años anunciaron que pensaban hacer una reforma en este sentido. Enfrentando una oposición muy dura, abandonaron el campo diciendo que estaban estudiando el tema, aunque nunca dejaron de pasar mensajes orientados a cambiar la opinión de la gente para que aceptaran las reformas que deseaban llevar adelante. Hoy han vuelto a decir que van a presentar un proyecto para reformar las pensiones, pero, como antes, no han dado detalles de lo que quieren hacer.

El desaforado interés del gobierno y el FMLN en pasar estas reformas no tiene nada que ver con algún deseo de mejorar dicho sistema sino con el deseo, también desaforado, de apropiarse de los ahorros de los futuros pensionados para financiar los excesivos gastos gubernamentales.

Esto es realmente preocupante porque dicha reforma sería altamente negativa para los futuros pensionados y para el país. diario hoyTambién debería ser  preocupante para el FMLN, porque tendría efectos electorales muy negativos para ellos. La expropiación es una cosa que la gente no olvida, y eso es lo que la reforma sería. La afectada sería la clase media y esa es la clase que ahora define las elecciones.

Hace dos años varias encuestas mostraron que más del 75 por ciento de la población rechazaba la oferta de regresar al sistema que existía antes, en el que le daban al gobierno sus ahorros con la promesa de que éste se los devolvería años después cuando tuvieran que retirarse. El gobierno mismo ha erosionado la credibilidad de esas promesas al pagar tasas miserables de interés en los ahorros que extrae de los futuros pensionados a la fuerza. Si ni siquiera paga intereses de mercado, ¿confiaría usted en que pagaría lo prometido dentro de veinte o treinta años cuando los funcionarios de ahora no pagan ni siquiera intereses decentes? Si fuera cierto que les interesan las pensiones, y no apropiarse de los fondos de los pensionados, lo lógico sería que pagaran al menos los intereses de mercado.

El gobierno ha tratado muchas veces de convencer a la población de que en realidad, aunque no lo demuestre, está interesado en que la gente tenga buenas pensiones. También ha tratado de disfrazar la expropiación usando otras palabras para describir lo que quiere hacer. Y también ha reducido el tamaño de la expropiación, de cerca de 10 mil millones de dólares a entre tres mil quinientos y cuatro mil millones. Pero la gente no se ha tragado esta propaganda. Una encuesta reciente indica que el porcentaje de rechazo al sistema de entregar el dinero al gobierno en vez de depositarlo en cuentas individuales no ha disminuido. Está todavía por encima del 75 por ciento.

Esto debería de preocupar al FMLN. Pero también debería de preocuparnos a todos porque la expropiación de las pensiones no es la única medida con alto costo político que el gobierno ha tomado en los últimos tiempos—también lo han sido los aumentos de impuestos y el desproporcionado aumento en el precio del agua. Peor aun, el FMLN está pagando un alto costo político por esas medidas sin que se resuelvan los problemas que supuestamente se iban a resolver con ellas. En vez de mejorar, los servicios públicos están cada vez peores. La población está cada vez más frustrada.

El hecho de que estén tomando estas medidas para resolver problemas que gente competente resolvería con mucho menores costos sugiere que el FMLN, agobiado por tantos problemas, ha sucumbido a la desesperanza. Esto se nota también en las indecisiones, en la paralización cuando se enfrentan a eventos como la manifestación de la policía que llegó muy cerca de la oficina del presidente, y en el creciente desorden que es aparente en el gobierno entero. Es como si el gobierno y el FMLN hubieran ya tirado los guantes por sentir que los problemas son más grandes que ellos y ya no les importa si el país se encamine al caos porque de todos modos ya no pueden controlarlo. Eso sería desastroso. Es el camino por el que vamos.

Carta a los agentes de la PNC: Tienen razón, pero no pueden extorsionar. De Paolo Luers

PAOLOPaolo Luers, 30 enero 2016 / EDH

Estimados policías:
Tienen razón, los salarios que les pagan no corresponden al grado de responsabilidad y riesgo que el estado les exige asumir todos los días. Gana más un ordenanza en la Corte o en la Asamblea que un policía que a diario arriesga su vida. Es absurdo e injusto.

Tienen razón también en exigir al gobierno que les facilite los recursos necesarios para hacer su trabajo con dignidad y eficiencia. Sin vehículos, armas, sistemas de comunicación, uniformes adecuados su trabajo se vuelve menos profesional y más peligroso.

Tienen razón incluso en pedir que el gobierno y la dirección de la PNC dejen de improvisar y que definan estrategias y planes operativos de Seguridad que sean consistentes e integrales y que tengan claridad de metas. Sin una conducción profesional, los que pagan el costo de la ineficiencia e improvisación son ustedes que andan en la calle.

diario hoyTienen razón de plantear que el gobierno les está metiendo en un conflicto que trasciende el carácter policial y adquiere carácter de una guerra. Además una guerra que no se puede ganar y en la cual todos pierden, sobre todo los policías y sus familias. El gobierno no tiene derecho de mandarlos a reprimir a las comunidades y matar a pandilleros – y luego dejarlos solos en sus barrios…

En todo esto, ustedes tienen razón 100% – y la opinión pública los tiene que apoyar.

Donde no tienen razón es cuando extorsionan al gobierno (y por tanto a la sociedad que han jurado proteger). Un cuerpo armado como la PNC no puede ir a la huelga, y mucho menos amenazar con acciones violentas para promover sus reivindicaciones, por más razonables que sean. Ustedes no pueden bloquear carreteras, ni tomarse a la brava edificios públicos. Como fuerza del orden no pueden crear desorden.

Ustedes tienen que usar la fuerza de sus argumentos y convencer a la opinión pública para que ejerza presión sobre el gobierno para mejorar sus condiciones. Si ustedes convencen a los ciudadanos que así como actúa el gobierno está poniendo en peligro la eficiencia y la integridad de la policía, y por tanto la seguridad de todos, la sociedad se va  a movilizar para que el gobierno cumpla a los policías.

Para convencer a los ciudadanos para que obliguen al gobierno a cambiar sus actitudes con la policía y sus planes de seguridad, ustedes tienen que estar siempre a la par de la gente, abstenerse de cualquier abuso de autoridad y de violencia. Una población que tiene confianza a su policía, no la va a dejar sola.

Si nosotros entendemos que ustedes, los policías no están luchando por privilegios, sino por mejores condiciones para protegernos, los vamos a apoyar – y no tendrán necesidad de incurrir en huelgas, movilizaciones violentas y amenazas.

Marchar a Casa Presidencial encapuchados y armados, removiendo las barricadas de la UMO, es una acción muy delicada. Esta vez no hicieron daño a nadie, pero violaron la legalidad, cuando ustedes son los que la tienen que proteger y garantizar.

Un gobierno no puede dejarse extorsionar por sus propios cuerpos armados. Es por esto que la ley no les da el derecho a sindicalizarse e ir a la huelga como los trabajadores públicos. Ustedes tienen derecho de organizarse y de expresarse libremente – nadie les puede quitar esos derechos constitucionales. Pero no a sindicalizarse para ir al paro de labores.

Hagan uso de sus derechos, sobre todo de la libertad de expresión, y de manera legal y pacífica lograremos juntos resolver los problemas. Porque los problemas de los policías son los problemas de toda la sociedad.

Les saluda

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#ElRingdeHoy: ¿Ayuda a combatir la corrupción la nueva Ley de Probidad aprobada por la Asamblea Legislativa? Cayetano Cruz Orellana vs. José Miguel Arévalo Rengifo

EDH20160127OPI027PSí ayuda. De Cayetano Cruz

27 enero 2016 / EDH

La ley en la que se basa la Sección de Probidad de la CSJ es la Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959, en sí una norma preconstitucional, que desde su fecha solamente se ha conocido que ha sustanciado dos casos.

La nueva Ley de probidad contiene varios aspectos importantes: amplía el ámbito de aplicación, incorporando a más servidores públicos que deben ser sujetos obligados;  levanta el secreto bancario, en el que muchos se han escusado por años diario hoypara evadir la responsabilidad de declarar su patrimonio; esta nueva ley refuerza y renueva figuras normativas de la ley de enriquecimiento ilícito  de 1959, ya que conserva en forma mejorada la presunción de enriquecimiento ilícito que establece nuestra Constitución en el art. 240.

Con el fin de garantizar el derecho a una segunda instancia, la ley establece que una vez  la sección de probidad haya realizado el análisis de la declaración patrimonial y resultare en hallazgos, remitirá las diligencias a la Sala de lo Civil, si existiere un indicio de un ilícito penal, ésta notificará de inmediato a la Fiscalía General de la Republica.  Ante la eventualidad de un posible recurso conocerá la Corte Suprema de Justicia.

Se han endurecido las sanciones, las pecuniarias van desde 2 a 40 salarios mínimos; inhabilitación del cargo y por último la destitución, sin perjuicio de la responsabilidad penal que hubiera lugar.

Esta ley permite el combate frontal contra la corrupción, ya que además de mejorar los procedimientos y sanciones, permite la integración con otros instrumentos legales como son la Ley de Extinción de Dominio, el código penal y procesal penal entre otros.

La interposición de la demanda de inconstitucionalidad admitida por la sala de lo constitucional,  tiene como objetivo quitarle los dientes a la nueva ley, pretendiendo que esta se haga a la medida de los que por años han evadido la responsabilidad de ser transparentes y se han enriquecido notablemente a costa de las arcas del estado.

Se ha pretendido por algunos sectores deslegitimar la nueva ley, recurriendo a argumentos técnicos y jurídicos confusos y maliciosos, con los que pretenden engañar  a la población haciéndole creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno.

¿A qué le temen? A que con la liberación del secreto bancario,  la extinción de dominio, a que ya no sean sólo dos magistrados que indiquen a quien sí y quién no se investigue, a que se haga pública la declaración de probidad, queden al descubierto ante la población los actos de corrupción que han venido ocultando todo estos años.

Tenemos una ley que no se presta a manipulación y que cumple con la finalidad de combatir la corrupción, con procedimientos claros y transparentes que sin duda benefician a nuestro país.

Espero que la Sala de lo Constitucional resuelva consecuente a los intereses de todos los salvadoreños y salvadoreñas y no sean consentidores de la corrupción.

Abogado y Notario

Miembro de la Asociación de Abogados de El Salvador.

No ayuda. De José Miguel Arévalo Rengifo

27 enero 2016 / EDH

Imaginemos que en lugar de preguntarnos qué hacer para combatir la corrupción en El Salvador, nos preguntáramos: ¿qué debemos hacer para que la corrupción siga impune? La respuesta sería: dejar sin juicio a los corruptos y que no restituyan al Estado lo que han robado. Es más, los dejaríamos en el cargo para que sigan robándose nuestros impuestos. Ni se nos pasaría por la mente pedirles que presenten una declaración de conflictos de interés, así no habría manera de vigilar que no utilicen su cargo para beneficiarse. Pues todo indica que en esto pensaron los 47 diputados que aprobaron la Ley de Probidad que contiene precisamente todos estos elementos promotores de la corrupción.

Los salvadoreños merecemos ser tratados con seriedad y respeto y que no pretendan darnos “atol con el dedo”. Por ello debemos exigir una Ley de Probidad que realmente luche contra la corrupción y la impunidad que viene desde hace tantos diario hoyaños. Cuando se roban nuestro dinero, que debe utilizarse para satisfacer nuestras necesidades básicas como educación, salud y seguridad pública, se están robando nuestro futuro, nuestro bienestar y hasta nuestra vida. Por eso no se debe negociar con los corruptos: se les debe combatir. Sin embargo, los diputados aprobaron una Ley de Probidad que implanta una nueva tregua con la corrupción.

El artículo 240 de la Constitución establece que “los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes. (…) Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes (…).” Este juicio por enriquecimiento sin causa justa, por lo tanto, es un juicio civil especial que busca restituir lo robado. Como bien dice la Constitución, esto no significa que además de restituir, el funcionario no deba sufrir, por el mismo acto de corrupción, responsabilidades establecidas en otras leyes, como la pena de prisión del Código Penal, o la acción de extinción de dominio, regulada en la Ley Especial de Extinción de Dominio, para quitarles otros bienes que no son del Estado, pero que son derivados de la corrupción o de otros ilícitos.

Los diputados, sin embargo, omitieron el juicio civil, a pesar de ser un mandato constitucional. Desoyeron al grupo de organizaciones denominado “Equipo Gestor de la Ley de Probidad”, que señaló ante ellos la necesidad de corregir esta omisión en los proyectos de ley que servían como insumo de trabajo. En cambio, los diputados establecieron que si la Sección de Probidad detecta un posible acto de enriquecimiento ilícito, solo podrá informar a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que esta, si así lo estima, dé un simple “aviso” a la Fiscalía General de la República para que inicie las otras acciones pertinentes. Además, dejaron por fuera lo relativo a la declaración de conflictos de interés y eliminaron la sanción de la destitución e inhabilitación en el cargo, porque, tal como dijo la diputada que más defiende la Ley de Probidad: “si quitas del cargo al que robó, ¿cómo hará para devolver lo robado?”

Si bien dieron mejores herramientas a la Sección de Probidad y elevaron las multas para quienes no presenten su declaración patrimonial, lo cual debe mantenerse, esto carece de utilidad al haberse eliminado el juicio civil para restituir al Estado lo robado (casualmente, cuando hay al menos 30 casos bajo investigación de la Sección de Probidad). Está claro: la Ley de Probidad, lejos de ser una herramienta eficaz para combatir la corrupción, es una ley inconstitucional que sirve para proteger a los corruptos. Yo no sé ustedes, pero ese atol con el dedo que se lo tomen ellos.

Lic. en Ciencias Jurídicas de la ESEN.

Abogado y notario. Investigador en temas jurídicos.

Pactos con el diablo o renovación. Columna Transversal de Paolo Luers

Muchos piensan que a ARENA le hace daño que haya debate interno y que este se exprese públicamente. Todo lo contrario: Hace falta más debate. Y hace falta que sea más público y transparente – pero sobre todo que sea más sustancioso, más político.

paoloPaolo Luers, 29 enero 2016 / EDH

El hecho que Neto Muyshondt y Norman Quijano critican abiertamente al presidente del partido, Jorge Velado no tiene nada de mal. El hecho que uno de los tradicionales donantes de ARENA le haya declarado la guerra abierta a Jorge Velado, sin que el partido le haga caso, me parece una maravilla. La manera como los diputados nuevos bloquearon el intento de alistar los votos de ARENA para reelegir al fiscal saliente Luis Martínez; el hecho que Johnny Wright crítico ante los micrófonos de la Asamblea (y no en reunión interna a puerta cerrada) la manera poco transparente cómo su partido había llegado a un acuerdo con el FMLN sobre el nuevo fiscal general Douglas Meléndez; el debate que esto provocó entre los diputados; las diferencias entre los miembros areneros de la Junta Directiva sobre el seguro privado de la Asamblea; la propuesta de Juan Valiente de reducir la Junta Directiva de la Asamblea y la oposición dentro de la fracción a esta iniciativa… todo esto son muestras de apertura y amplitud de ARENA. Por tanto son síntomas de fuerza, no de debilidad.

La crítica que yo haría a los participantes de todos estos debates internos no es que lleven a conocimiento público las diario hoydiferencias, sino que no las profundizan con más claridad. Quisiera ver claramente definidas las posiciones políticas e ideológicas que defienden los que quieren desbancar a Jorge Velado. Quisiera que la crítica permanente que le hace Norman Quijano y Neto Muyshondt vaya acompañada con posiciones claras sobre el proceso de renovación y apertura que facilitó Velado en su partido.

Quisiera que los renovadores del partido que apoyan a Jorge Velado obliguen a don Tomás Regalado a que deje de esconderse en el anonimato y que argumente en público porque está en campaña para sustituir al actual presidente del COENA. Desde afuera de ARENA y su contorno se percibe que se avecina un enfrentamiento entre los conservadores y los liberales; entre los que quieren mantener vivo el carácter mercantilista de ARENA y quienes quieren avanzar en la renovación para erradicarlo de una vez por todas. Pero esta disputa, hasta ahora, queda en lo oscuro, sin que nadie tome posiciones claras. Se habla de cargos, pero no de ideas.

ARENA tiene dos opciones de cómo lidiar con sus diferencias: evadirlas, siempre buscando arreglos, pero no sobre la base de definiciones políticas, sino de repartición de cuotas; o llevar las diferencias a definiciones y hacerlas públicas.

Creo que urge que opten por la definición. ARENA, para tener éxito electoral en el 2018/19, tiene que mostrar que en su seno hay pluralidad, tolerancia y libertad de debate. Pero esta amplitud no puede significar que sigan coexistiendo tendencias no compatibles. Con la necesaria renovación democrática y liberal de ARENA no son compatibles las viejas mañas de sectores económicos que quieren favorecer sus negocios mediante el partido y el gobierno. Con la apertura a la sociedad civil y el libre debate interno no es compatible que haya poderes fácticos que piensan que con unas llamadas telefónicas pueden desbancar a presidentes del partido o poner candidatos. Si estos sectores, ante el avance de la democratización en el partido, inician una lucha por el control para detener este proceso y preservar sus privilegios, el partido debe aceptar el reto, derrotarlos – y mostrar al público que la vieja ARENA dominada por estos sectores económicos ya no existe.

La alternativa sería evadir el conflicto hacer pactos con el diablo – siempre y a nombre de la unidad. Lo que pasa es que esto no es alternativa, pensando en la nueva relación que necesita establecer el partido con la sociedad civil para poder construir una nueva mayoría y cambiar el rumbo del país en los años 2018/19.

Combatamos al Estado Patrimonial. Luis Portillo

Luis R. Portillo

Luis Portillo

Luis Portillo, 28 enero 2016 / EDH

El Estado Patrimonial consiste en la forma equivocada que los partidos políticos existentes se sirven de los bienes y recursos del Estado como si fueran suyos. Las características del Estado Patrimonial son evidentes en nuestro país. El otorgar privilegios a un pequeño grupo de interés de empresarios y líderes políticos; rehusarse a cumplir la Ley de Ética Gubernamental, Acceso a la Información Pública, entre muchas otras; nombrar a funcionarios sin tener los requisitos de idoneidad, experiencia o capacidad para asesorar o dirigir autónomas, ministerios y demás entidades públicas; son evidencias de este abuso. Esta forma de gobierno no es propiedad intelectual de un partido político en particular, si no más bien, es como un programa gratis que todos usan. Vemos que en todo caso, el partido de turno hace mejoras al modelo de Estado Patrimonial, y sus oponentes no hacen una buen papel de oposición, dado a que tienen la esperanza de regresar al poder y seguir en la explotación de los bienes del Estado.

La Ley de Ética Gubernamental, la cual determina claramente que los parientes no pueden formar parte de la alcaldía, ministerio o entidad en la que un funcionario administra, ha sido ignorada de manera vulgar. Sin embargo, lo que no esta diario hoyregulado por ley, pero hace igual o mayor daño que el incumplimiento de la Ley de Ética, es el clientelismo político, que nos cuesta millones de dólares de nuestros impuestos, que sirve para pagar activistas, seguros de salud exorbitantes, pensiones vitalicias para fundadores y personas de confianza de los partidos, y demás despilfarro que solo alimenta el círculo vicioso del Estado Patrimonial.

Como ya lo he dicho en el pasado, la mayoría de políticos atacan a sus oponentes cuidando de no romper su techo de vidrio y en algunos casos, incluso llegan a defender a sus oponentes cuando la población cuestiona la forma de vida que les garantiza mantener alimentados a sus militantes y familiares. Cuando la ciudadanía exige transparencia, ética y menos conflicto de interés, los políticos forman un bloque granítico para defender sus “huesos”. Sobre todo en la Asamblea, dan su aval del clientelismo de sus adversarios. Lo que es peor, algunos incluso se abstienen de opinar sobre supuestos casos de corrupción que se le imputan a sus oponentes.

Lo que pido que reflexionemos, es que no podemos esperar que nuestros impuestos estén bien administrados, y que recibamos lo mínimo que merecemos por parte del Estado como salud, seguridad y educación, si la clase política actual sigue usurpando nuestro futuro a costa de mantener satisfecho a sus militantes, primos y parientes. Ese manejo patrimonialista del Estado es ilegal y/o anti-ético. Si los líderes de los partidos no tiene la ética para evitar el nepotismo, clientelismo y compadrazgo, ¿cómo podemos esperar que no exista corrupción?

Como ciudadanos tenemos que exigir que se desista la nefasta práctica de usar nuestros impuestos para financiar a los partidos políticos, engordar a los militantes, y mantener lujos de las cúpulas partidarias. Cada inepto que está sentado en un empleo gubernamental nos causa demasiadas perdidas. Primero, no da los resultados que tanto necesitamos. Segundo, le quita el empleo a un buen salvadoreño que sí desea hacer un buen trabajo sirviendo a las personas desde el gobierno. Tercero, en muchos casos sirve de tapadera de la corrupción.

¿Cuántas hijas de ministros, y hermanas de operadores políticos hay en autónomas?, ¿Cuántos fundadores y dirigentes de partidos están asesorando en la Asamblea?, ¿Cuántas parientes de los Secretarios están cobrando sueldos en entidades públicas? Con una red de primos y parientes, es fácil para los corruptos apropiarse de los bienes del Estado. Es hora que los ciudadanos utilicemos las herramientas de control que existen. Les invito a todos a que dejen la comodidad y utilicemos la Ley de Acceso a Información Pública. Busquen en la pagina web del Instituto de Acceso a la Información Pública información de cómo hacerlo (www.iaip.gob.sv). Hagan preguntas, pidan cuentas, examinen los gastos, pongan denuncias. Esto es algo para lo que no necesitan estar acuerpados más que por la ley y el derecho que esta les confiere. No esperen que alguien más haga por ustedes lo que cada uno puede hacer. Combatamos todos al Estado Patrimonial.

@luisportillosv

Potenciación de la necedad. De Mario Vega

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, 28 enero 2016 / EDH

En el pasado las personas sencillas creían cualquier cosa que leyeran impreso. Carentes de análisis y de la capacidad de juzgar las cosas por sus evidencias atribuían veracidad a cualquier afirmación por el solo hecho de verla impresa en un periódico, revista o libro. Pensaban que por tener forma de página impresa debía ser veraz lo que se afirmaba sin el menor examen de los hechos. Afortunadamente, no muchas personas se tomaban el trabajo de imprimir absurdos y tampoco las personas sencillas eran de andar comprando libros. A pesar que eso era desastroso, las cosas ahora han desmejorado aún más, pues demasiadas personas toman por ciertos los disparates que suelen circular por la red del Internet. Sentencias que se expresan con mucho aplomo dan la impresión de veracidad y contundencia, pero cuando se someten al más sencillo análisis se descubre que son puras necedades. Las redes sociales potencian la condición de los seres humanos. Está el científico generoso que comparte su conocimiento sin pedir nada a cambio, y los que aprovechando la distancia y hasta el anonimato que la red permite dan rienda suelta a sus malacrianzas y bajas pasiones.

Con el propósito de vanguardismo tecnológico, algunos medios de comunicación habilitaron interacción con el público por medio de llamadas en red y mensajes de texto. De esa manera tomaron el espacio y, consecuentemente los medios, personas que no tenían más mérito que haber sido los primeros en llamar o escribir. Personas a quienes, de otra manera, por ninguna diario hoyrazón esos medios se interesarían en cederles algún espacio. El resultado fue la potenciación de la necedad. La expresión de notorias estulticias que no tenían más base que la ignorancia más crasa. Afortunadamente, los medios más serios corrigieron a tiempo introduciendo moderadores o simplemente eliminando la opción de comentarios. Pero, quedan otros medios cuyos comentarios son controlados por la media docena de vulgares de siempre que hablan toda clase de obscenidades y que no dan ningún aporte constructivo.

Luego quedan los mensajes en redes sociales que son bastante libres y en donde se encuentra todo tipo de sinsentido. Nuevamente la aparición de afirmaciones por las que se juzga tajantemente y donde se expresan supuestas sapiencias que, por su aplomo, pueden impresionar a cualquiera. Pero, si se examina el perfil de quien la colocó, se descubre que normalmente se trata de cafres que escriben sus mal humoradas durante su habitual resaca matutina. Activistas de celular en mano y clic fácil, cuyo único compromiso consiste en coleccionar lemas o carteles que recogen de Facebook, tratando de dar lecciones a verdaderos modelos de virtud a quienes no tienen el gusto de conocer. Personas a quienes no vale la pena prestarles ni tiempo ni atención. No obstante, los medios de comunicación que se precian de profesionales deberían seguir la recomendación del, entre otras cosas, filósofo Umberto Eco quien pidió a la prensa “crear un filtro para mejorar la calidad de la información.” Eso dado que “el drama del Internet es que ha promovido al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad (…) ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios.” Es el reflejo potenciado de lo que somos en el ámbito de lo privado.

El zika irrumpe en El Salvador y desata medidas de emergencia. The New York Times

 Un empleado del Ministerio de Salud fumiga una casa para prevenir la propagación del virus de Zika cerca de San Salvador. Credit Marvin Recinos/Agence France-Presse — Getty Images

Un empleado del Ministerio de Salud fumiga una casa para prevenir la propagación del virus de Zika cerca de San Salvador. Credit Marvin Recinos/Agence France-Presse — Getty Images

Azam Ahmed, 28 enero 2016 / THE NEW YORK TIMES

SAN SALVADOR — ¿Cuándo, en la historia de la humanidad, una epidemia se ha vuelto tan alarmante que un país ha sentido la necesidad de pedirle a su gente que no tenga hijos durante dos años?

NEW YORK TOMES NYTEso es precisamente lo que El Salvador está haciendo para luchar contra un virus transmitido por un mosquito y vinculado con el daño cerebral infantil; le aconseja a todas las mujeres del país que no se queden embarazadas hasta el 2018: para muchos aquí, se trata de un recurso de última hora que solo ilustra la desesperación del gobierno.

Vanessa Iraheta, de 30 años, espera su segundo hijo. Está embarazada de siete meses. “No depende del gobierno; depende de Dios. No creo que los jóvenes dejen de tener hijos”.

La nota en el original:
El Salvador’s Advice on Zika Virus: Don’t Have Babies

El virus, conocido como Zika, ha sacudido Latinoamérica y el Caribe, particularmente Brasil, donde más de un millón de personas ya se han contagiado y cerca de 4000 niños han nacido con microcefalia, una enfermedad que provoca que los bebés tengan cabezas inusualmente pequeñas.

Un hombre sacó a su hijo de su casa mientras trabajadores de salubridad fumigaban la semana pasada. Ya han habido 5000 casos de zika en El Salvador. Credit Jose Cabezas/Reuters

Otros países de la región han emitido alertas similares a la de El Salvador; las autoridades colombianas y ecuatorianas también han pedido a las mujeres que posterguen sus planes para quedarse embarazadas al menos unos meses, hasta que los peligros del virus se entiendan mejor.

Es probable que el virus de Zika, originado por un mosquito y vinculado al daño cerebral infantil en Brasil, se extienda por la mayoría de los países del continente americano según anunció la Organización Mundial de la Salud el lunes.

Pero que El Salvador haya aconsejado dejar de tener niños durante dos años es algo que le ha parecido especialmente radical a muchos expertos que se preguntan ahora sobre otros casos en los que un país haya intentado detener su índice de natalidad para enfrentarse a una epidemia.

“Puedo decirles que jamás he leído, escuchado o encontrado una petición pública como esa”, dijo David Bloom, profesor de economía y demografía en la Harvard School of Public Health.

Según algunos analistas, si el consejo de El Salvador suena a grito de ayuda, es porque lo es.

“Qué inútil es decir algo así”, dijo el Dr. Ernesto Selva Sutter, un destacado experto en salud pública en El Salvador. “¿Van a dejar de tener sexo?”

Este pequeño país ya sufre de una epidemia de violencia generada por las pandillas, responsables de que miles de jóvenes abandonen el país rumbo al norte cada año y de que el gobierno se sienta continuamente bajo presión. El Salvador ya se ha ganado el nada envidiable título de ser el país más violento del hemisferio occidental.

Y ahora el virus de Zika irrumpe en la realidad. Tras diagnosticarse 5000 casos en un país de seis millones de habitantes (más de 1500 solo el mes pasado), el gobierno ha estado buscado soluciones. Ha enviado equipos de fumigadores y potabilizado las redes de conducción de agua para combatir al mosquito Aedes, que también propaga enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla o el chikungunya.

Un líder vecinal dijo que la clínica de salud pública de su colonia cerró hace tres meses debido a las amenazas de las pandillas, uno de los factores que, según los expertos, hace más difícil tratar y combatir el virus.

El viceministro de salud de El Salvador, el Dr. Eduardo Espinoza, dijo que la recomendación de dejar de tener hijos no es la primera opción del gobierno para enfrentarse a la epidemia. La considera, más bien, una estrategia “secundaria” derivada del “hecho de que estos mosquitos existen y transmiten esa enfermedad”.

“Nos sentimos obligados a hacer esta recomendación a las parejas que intentan embarazarse”, agregó.

La Organización Mundial de la Salud dijo que no recomendaría suspender los embarazos durante dos años.

“Hay muchas preguntas a las que responder antes de emitir esa recomendación”, comentó el Dr. Marcos Espinal, director de enfermedades contagiosas de la Organización Panamericana de la Salud.

Una de las más importantes, dijo, es saber si el país ya ha alcanzado el punto máximo de la epidemia. “Se tiene que evaluar el riesgo de emitir una recomendación así para saber cómo impactará la tasa de natalidad del país”, enfatizó.

Otros expertos dijeron que el zika ha situado a países como El Salvador a una situación ante la que no sabe cómo actuar.

Howard Markel, profesor de historia de la medicina en la Universidad de Michigan, dijo “nunca he visto o leído que ninguna instancia gubernamental advierta a sus ciudadanos que no se embaracen”.

Una casa en El Salvador es fumigada. También hay esfuerzos para eliminar el agua estancada, donde los mosquitos se reproducen. Credit Oscar Rivera/European Pressphoto Agency

Markel se refirió a otros consejos médicos relacionados con el embarazo: se advierte a las mujeres que se alejen de cualquier personas con rubeola, por ejemplo, porque puede ser la causa de defectos de nacimiento devastadores, entre ellos la microcefalia.

También explicó que cuando comenzó a extenderse el VIH “había un debate silencioso acerca de si era moralmente ético que un doctor le aconsejara a una mujer no embarazarse debido al riesgo en el que pondría a su hijo”. Aún no existía tratamiento y con frecuencia las madres transmitían el virus a sus bebés. “Pero nadie dijo: ‘Está prohibido; no lo hagan’”.

La recomendación gubernamental de posponer los embarazos es una cuestión delicada en este país, conservador y religioso. Requeriría el uso extendido de anticonceptivos, algo complicado en un lugar donde más del 50 por ciento de los ciudadanos son católicos.

Espinoza, el viceministro de salud, dijo que el gobierno no ha debatido específicamente sobre la petición de que las mujeres se abstengan de tener hijos. Sin embargo, le ha pedido a varios líderes religiosos que convenzan a sus fieles para que limpien el agua estancada y recojan la basura, usen repelente y tomen medidas preventivas.

“Aunque los líderes religiosos puedan ayudarnos a combatir estos mosquitos, aún nos sentimos obligados a emitir esta recomendación a las parejas”, dijo Espinoza, refiriéndose al consejo de evitar los embarazos.

Al igual que el gobierno, tampoco parece que la Iglesia Católica en El Salvador esté preparada para un conflicto sobre este tema. El arzobispo todavía no ha dado su opinión. Muchos esperaban que aludiera al tema este fin de semana, pero no pudo oficiar la misa del domingo porque estuvo enfermo. El arzobispo auxiliar, Gregorio Rosa Chávez, anunció que se celebraría una reunión de arzobispos la semana que viene que podría ofrecer algunas respuestas.

“En efecto, este es un tema nuevo y debe considerarse con calma”, dijo en una entrevista. “Creo que la iglesia se tomará esto muy en serio. Yo solo esperaría un poco”.

Esperar no parece ser un problema para algunas mujeres. A diferencia del índice de natalidad en muchos países en desarrollo, el de El Salvador ya es bajo, y el miedo de que el zika infecte a un niño ya ha sido citado como la tercera o cuarta razón por la que muchas mujeres no deseaban un embarazo.

La primera razón, dicen, es la violencia. Las pandillas operan con impunidad, y la guerra entre ellas y contra la policía ha causado niveles de homicidios que no se conocían desde la guerra civil del país, que terminó en 1992.

Las mujeres también mencionan problemas como la mala situación económica, una tasa de desempleo y subempleo muy alta o que más de un tercio de la población vive por debajo de la línea de la pobreza.

“No es por esta enfermedad”, dijo Sara Galdámez, de 21 años, acompañada por su hija de 3 años y su esposo. “Honestamente, es una cuestión económica y de inseguridad”.

A pesar de la influencia de la iglesia, los anticonceptivos no parecen estar estigmatizados en El Salvador. Datos del gobierno estadounidense sugieren que su uso es similar al de los Estados Unidos.

“Las personas van a estar juntas sin importar ninguna enfermedad”, dijo Daniella Hernández, de 17 años, al lado de su novio. “Pero hay otras formas de evitar los embarazos”.

Otros señalan teorías de la conspiración. Verónica Velásquez sugirió que la recomendación del gobierno para que la gente no tenga hijos es, en realidad, un intento para detener el crecimiento de la población. El Salvador ya está tan poblado que sus gobernantes podrían tratar de disminuir el número de habitantes, argumentó Velásquez.

“Este gobierno no quiere a nadie más”, dijo con una carcajada. “¡Ya no cabemos!”

El gobierno ha hecho todo lo posible por advertir sobre el virus, su impacto potencial y cómo evitarlo. Pero cuando se han pedido explicaciones sobre las consecuencias que tendría el hecho de que ningún niño naciera en el país en los próximos dos años, el viceministro de salud reconoció que no sería el peor escenario.

“El Salvador es el país con más densidad demográfica en todo el continente”, dijo durante una conferencia de prensa. “No estaría tan mal que hubiese una disminución en los nacimientos”.

Felipe González: “Ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne”

En un contexto de incertidumbre tras las elecciones generales, el expresidente socialista explica su punto de vista sobre la actual crisis política y ofrece un marco en el que pueda encontrarse una salida.

Felipe González, en su despacho en Madrid ULY MARTÍN

Felipe González, en su despacho en Madrid ULY MARTÍN

Antonio Cano (director de El País, 28 enero 2016 / EL PAIS

el paisComo recuerda en esta entrevista, hace 20 años que Felipe González salió del Gobierno y 19 desde que abandonó la secretaría general del PSOE. Sin embargo, su influencia dentro de su partido y en la sociedad no solo no ha decrecido en este tiempo, sino que ha aumentado ahora que el país vive la zozobra de una crisis política de muy difícil solución y de consecuencias inciertas.

Después de varios días en los que su silencio ha sido interpretado de muy diversas maneras y su posición manipulada en beneficio de intereses particulares —“estoy cansado de que interpreten lo que suponen que pienso o debería pensar”—, González explica en estas páginas su verdadero punto de vista sobre la situación actual y ofrece un marco en el que pueda encontrarse una salida.

Para ello, sostiene el expresidente del Gobierno, es preciso que los dos principales partidos del país, el Partido Popular y el PSOE, ambos derrotados en las recientes elecciones, dejen a un lado la preocupación por su futuro y antepongan los intereses de España. Defiende un proyecto reformista que supere el inmovilismo practicado durante estos años por Mariano Rajoy y el liquidacionismo que pretende Podemos.

González califica de “irresponsabilidad” la decisión de Rajoy de renunciar a formar Gobierno sin retirarse ni permitir que otro dirigente de su partido lo intente. También alerta sobre los riesgos de un pacto del PSOE con Podemos, partido del que afirma que pretende “liquidar el marco democrático de convivencia y, de paso, a los socialistas”. No defiende ninguna combinación precisa para formar Gobierno. Prefiere un Gobierno progresista y reformista, pero admite que es muy difícil porque no existe una mayoría de esa naturaleza en el Parlamento. En todo caso, recomienda que ni el PP ni el PSOE impidan que el otro forme Gobierno si ellos mismos no lo pueden lograr.

Pregunta. ¿Considera que la crisis actual puede ser la prueba de que el sistema político español ha entrado en crisis?

Respuesta. Hace algún tiempo que presenta síntomas de deterioro el sistema surgido de la Transición y la Constitución del 78. Después de más de tres décadas que deben ser calificadas de éxito histórico para España, el sistema necesita reformas y cambios regeneracionistas. Pero las actitudes inmovilistas y las liquidacionistas estrechan el margen para propuestas de reforma que son cada vez más necesarias.

La crisis financiera y sus terribles consecuencias económicas y sociales han acelerado la sensación de que hacen falta cambios. Muchos ciudadanos ven en peligro los derechos que consideran adquiridos, en sanidad o educación, por ejemplo. Pero también han sufrido un ajuste basado en el paro, la devaluación salarial, la precarización del empleo y la consiguiente pérdida de dignidad del trabajo. Ahora, en la frágil recuperación, los ciudadanos siguen viendo que las desigualdades no se corrigen. La sensación de agotamiento aumenta con la serie permanente de casos de corrupción, tanto los que están llegando a la justicia como los que aparecen sin cesar.

La crisis aumenta de tamaño por la aparición del secesionismo, que plantea un desafío para una España que ha sido un espacio público compartido durante 500 años. La propia Unión Europea se ha equivocado en el enfoque de esta crisis que nos afecta a todos, y España es cada vez menos relevante en las decisiones de la Unión.

“No tendrían que negar la posibilidad
de un Gobierno si no pueden hacerlo ellos”

Así que, en efecto, vivimos una especie de final de ciclo, sin que se abra paso un proyecto reformista imprescindible para España. En los años ochenta sabíamos dónde estábamos y qué queríamos ser, pero, como otras veces en la historia, parece que nos hemos salido de la ruta y no sabemos ni a dónde vamos ni quiénes somos. Falta un proyecto reformista para España.

P. ¿Por qué entonces ha sido el PP el partido más votado?

R. Eso es un hecho, porque la concentración de voto de la derecha en torno al PP ha sido mayor que los votos en el espacio de la izquierda. Hemos pasado a lo que he dicho en otras ocasiones: un Parlamento a la italiana, pero sin italianos para manejarlo. Pero lo relevante es que el PP no ha sido capaz de leer el resultado como lo que es: una derrota. No solo por perder casi 60 diputados, sino porque está siendo rechazado por los demás partidos. O sea, porque la mayoría del Parlamento es muy crítica con la gestión del Gobierno y su comportamiento en estos años.

Es notable que es muy fuerte el rechazo a Rajoy, que no ha querido ni quiere asumir responsabilidades como dirigente del PP y del Gobierno. Igual de fuerte es el rechazo a Pablo Iglesias por la reacción que inspira su política liquidacionista. Pero ninguno de los dos quiere interpretarlo así.

P. ¿Y el Partido Socialista? Pedro Sánchez apareció la noche electoral celebrando un resultado que valoró como “histórico”. ¿Ha sabido el Partido Socialista interpretar el resultado?

R. Creo que esa lectura errónea de los resultados afecta también al Partido Socialista, que ha sufrido una derrota clara en las urnas y debería haber considerado la voluntad de los ciudadanos.

“Quiero que España tenga Gobierno.
Yo prefiero que sea progresista y reformista”

Además, se está confundiendo la idea de que en un eje de izquierda y derecha hay más votos en la izquierda, como ha ocurrido casi siempre. De esa noción se deriva, sin más, que se dan posibilidades de Gobierno de izquierda mayores de las que hay en la realidad, no solo en la aritmética parlamentaria, sino en las necesidades de que haya un Gobierno progresista y reformista, con base suficiente para llevar adelante su tarea.

P. ¿Existe una mayoría progresista en este Parlamento?

R. Ojalá existiera una mayoría progresista y reformista, porque esa sería la opción que preferiría como la mejor para España. Pero analizando la representación parlamentaria no creo que exista. Esto no contradice que tampoco exista una mayoría conservadora. De ahí la dificultad en la que estamos.

P. ¿Le decepciona o le preocupa esa falta de una mayoría progresista?

R. Lo que más me preocupa es la necesidad de un Gobierno para España basado en un programa que permita que haya reformas en la Constitución, en el sistema electoral, en educación, en sanidad o en relaciones industriales. Pero de esto no está hablando nadie. Creo que se habla más de votos para la investidura que de votos para desarrollar un programa de Gobierno al servicio de los españoles.

Cuando digo esto, no estoy hablando de derogar leyes pasadas sino de propuestas reformistas y de los votos que estas necesitan para salir adelante. En definitiva, creo que los ciudadanos esperan diálogo y acuerdos en este escenario de fuerzas elegidas más allá del bipartidismo imperfecto de las últimas décadas, que parece claro que ha quedado atrás.

P. Entonces, ¿quién debe tratar de formar Gobierno?

R. En principio, el orden lógico es que lo intente la minoría con más votos y representación, que es el PP. Pero ese espectáculo montado el viernes pasado en la ronda de consultas del Rey tanto por Iglesias como por Rajoy no es indicativo de que este último ni su partido estén tomándose en serio su responsabilidad. Esa jugada del candidato del PP, declinando hacerse cargo de la investidura y al mismo tiempo manifestando que no se retira, es de una irresponsabilidad difícil de calificar. ¿Qué pretende? ¿Propone que se estrellen otros y ofrecerse él después como única solución? ¿Habrá pensado en las implicaciones que tiene para todas las instituciones este juego? ¿Está pensando solo en sí mismo, sin tener en cuenta los intereses de España?

P. Como usted menciona, esos episodios de la investidura se produjeron con el Rey de por medio. ¿Cree que esto compromete de alguna forma el papel del Rey?

R. El Rey es un jefe de Estado con la ventaja de que debe obrar con neutralidad respecto a las opciones políticas en juego. Esto exige un respeto por parte de los líderes políticos para preservar esa neutralidad en el marco de la Constitución y las leyes. Por eso me ha preocupado el juego partidista del viernes pasado cuando acabó la primera ronda de consultas. Nadie tiene derecho a decirle al jefe del Estado que ni acepta ni se retira, como hizo Rajoy.

“La pinza que el PP hizo en Andalucía
con Podemos no es un ejemplo a imitar”

P. Si se confirma esa renuncia de Rajoy, ¿es posible un Gobierno progresista liderado por el PSOE?

R. Si tenemos en cuenta la aritmética parlamentaria, sí es posible ese Gobierno, pero con enormes dificultades para llevar adelante una tarea de Gobierno reformista y progresista. Obviamente, Pedro Sánchez debe cumplir el mandato de los electores y también del comité federal del Partido Socialista y debe intentarlo si fracasa el candidato del PP, sea o no Rajoy.

Para hacerlo tiene que hablar con todos, ya que eso es el diálogo, y dejar claro con qué programa para España está dispuesto a gobernar. Reitero que no se trata de sumar votos para una investidura, sino de tener una base coherente de apoyos para gobernar, que no es lo mismo.

El comportamiento arrogante de los líderes de Podemos, con humillaciones que ponen al descubierto cuáles son sus verdaderas intenciones, no se debe aceptar. Esos dirigentes, con el debido respeto que merecen sus votantes y los grupos que se han sumado a las distintas plataformas, quieren liquidar, no reformar, el marco democrático de convivencia, y de paso a los socialistas, desde posiciones parecidas a las que han practicado en Venezuela sus aliados. Pero lo ocultan de manera oportunista. Del mismo modo, dejaron de hablar de Grecia cuando más lo necesitaron sus amigos. Son puro leninismo 3.0.

Para colmo, plantean también con disimulo la autodeterminación, algo que contradice un proyecto para España como espacio público que comparten 46 millones de ciudadanos que quieren ser tratados como tales, también para decidir en igualdad de derechos y obligaciones su destino común.

P. ¿Cree que es legítima la formación de un Gobierno cuya única coincidencia sea la de ser anti-PP?

R. A mí no me gustan los Gobiernos anti lo que sea, aunque los haya vivido yo mismo. Recuerde el “váyase señor González”. Los Gobiernos deben proponerse para realizar proyectos, no para negar los de los otros.

“Las actitudes inmovilistas y las liquidacionistas estrechan
el margen para propuestas de reformas muy necesarias”

Pero no es un problema de legitimidad, como usted dice. Es una obviedad recordar que para las reformas que necesita España hay que contar con el PP en bastantes casos, porque esa es la realidad parlamentaria. Del mismo modo, parece lógico exigir al PP que diga qué está dispuesto a hacer por convicciones y, por tanto, es lógico esperar que lo haga tanto si está en el Gobierno como si pasa a la oposición.

P. ¿Es partidario de una gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos?

R. De ninguna manera. Me parece una propuesta que nace de un fracaso y que no se plantea la gobernanza de España en el medio plazo. El fracaso es el de la estrategia que algunos llaman del “Gobierno del Ibex”, una suma PP-Ciudadanos que fuese mayoritaria, creando así una pinza contra el Partido Socialista apoyando la subida de Podemos. ¿Recuerdan a Rajoy el 6 de diciembre animando a Iglesias? “Vas bien Pablo, vas bien”, le decía.

Eso falló, y pasaron del lema “hay que salvar al soldado Sánchez”, ideado para hundir al candidato, a hacer a Sánchez responsable de la estabilidad que sugieren, ya después de las elecciones del 20 de diciembre.

Para colmo, dejar el espacio de la oposición a Podemos es una gran estupidez, más aún que un error, generada por la falta de visión de España en el medio plazo. Mire, si no se emprenden las reformas que necesitamos, incluida la regeneración democrática frente a la corrupción rampante que nos inunda cada día, estamos contribuyendo a alimentar a los que desean liquidar el marco democrático de convivencia que tenemos.

P. ¿Cuál es entonces el mejor Gobierno posible?

R. Eso es mucho pedir en una entrevista como esta, pero creo que ha llegado el momento de mirar a los ciudadanos y abandonar estrategias de trileros como las que hemos visto el viernes pasado. A nadie le extrañará que a estas alturas de mi vida prefiera que haya un Gobierno con programa acordado para España, porque lo necesitamos, incluso si no es el Gobierno que más me guste a mí personalmente.

Podríamos contar el número de escaños en dos dimensiones: la de izquierda y derecha o la de los que sumen en un proyecto reformista para España, un eje en el que no entran los que quieren acabar con esa realidad o ponerla en riesgo.

“Vivimos un final de ciclo… No sabemos ni a dónde vamos ni quiénes somos. Falta un proyecto reformista para España”

Si los partidos políticos estuvieran hablando de programas de Gobierno y no de aritméticas parlamentarias incompatibles en todo o en parte con un Gobierno estable, sería menos complicada la respuesta.

Pero el ambiente no es ese. Es un momento más de regates cortos y oportunistas, o de supervivencias personales como la de Rajoy, que de miradas largas para dar respuesta a los desafíos de España.

P. ¿Algún ejemplo de esos regates cortos?

R. Un ejemplo: PP y Ciudadanos sumarían 163 diputados. Por otro lado, PSOE, Podemos e Izquierda Unida sumarían 161 diputados. Esto último sería una especie de tripartito, que dependería para lograr mayoría del mismo número de diputados, más o menos, de los que dependían los del bipartito anterior, pero en condiciones menos compatibles, porque han derivado hacia posiciones de ruptura de España, más que de acuerdos para gobernar.

Por tanto, lo podría intentar el PP, con Rajoy o con otro candidato, con Ciudadanos, para arrancar con el encargo del Rey.

También podría ser el PSOE, hablando y negociando hacia Ciudadanos y hacia la amalgama de Podemos, pero dejando claros los elementos esenciales para que se pueda hablar de un Gobierno para España.

En suma, hay que entender la nueva realidad que han querido los electores, que exige que haya diálogo y acuerdos. Y que puede repetirse, en peores condiciones, si los responsables políticos no asumen el resultado y devuelven la responsabilidad que les toca a los ciudadanos en nuevas elecciones.

P. ¿Y un Gobierno del PSOE con Ciudadanos? ¿Ve eso posible?

R. Intentar llegar a un acuerdo con Ciudadanos dentro de la aritmética parlamentaria significa tener una base para las reformas que necesitamos. Si se habla de Gobierno de reformas y de progreso, hay que tener fundamentos programáticos y número de diputados para apoyarlos. En este ejercicio el PP tiene que dejar claro si sus posiciones programáticas, aún en la sombra, lo son por convicción o por oportunismo de Gobierno. Porque no habrá reformas de calado si el PP practica la vetocracia.

P. ¿Qué se debe hacer con la crisis de Cataluña durante este periodo de Gobierno en funciones?

R. Que haya un Gobierno en funciones no quiere decir que haya un vacío de poder. Si alguien lo ve así, se equivoca.

“El PP no ha leído el resultado como es: una derrota. No solo por perder 60 diputados sino por su rechazo en el Parlamento”

La democracia exige que la ley, tanto la Constitución como el Estatuto, se cumpla, incluso para cambiarla. Sin esa premisa, se pone en peligro la democracia misma y el marco de convivencia que nos hemos dado entre todos los españoles. Si alguien se salta la legalidad, el Gobierno tiene la obligación de restablecerla. Y tiene además los instrumentos parlamentarios para hacerlo.

Soy muy crítico con el inmovilismo y me gusta muy poco la respuesta judicial, porque creo que lo prioritario en política es una respuesta política como paso imprescindible. El inmovilismo tiende a ampararse en el Tribunal Constitucional u otras variantes, porque no cumple con su obligación.

Por eso, cumplida la ley como condición democrática, debe haber una clara disposición al diálogo, algo que se viene obstaculizando en los últimos años.

P. ¿Qué papel cree que debe cumplir su partido en una situación como la actual?

R. No soy responsable del partido, ni tengo responsabilidad institucional. Hace 20 años que salí del Gobierno y 19 de la secretaría general del Partido Socialista. No me toca decidir.

Me gusta que se debata y que se adopten posiciones claras ante los ciudadanos, manteniendo la unidad. Yo opino como ciudadano que vota al PSOE y milita en él, con la carga de la experiencia vivida en España, en Europa, en América y en otros lugares.

También soy prudente a la hora de decir lo que pienso a los líderes del partido. Si me preguntan, respondo, pero intentando no entrometerme nunca.

A veces sufro, porque estoy en desacuerdo con unos o con otros, incluso con unos y con otros, pero trato de ser prudente sin perder la libertad y la responsabilidad como ciudadano y votante.

Ahora acepto esta entrevista porque estoy cansado de que otros interpreten lo que suponen que pienso o debería pensar, dependiendo de gustos o de intereses. Como cualquiera, me puedo equivocar, algo a lo que incluso tengo derecho, pero me gustaría no interferir, sin renunciar a opinar cuando quiero o creo que necesito hacerlo.

Así que comprendo la inquietud, pero no me toca decidir lo que tiene que hacer el partido. Y esto es algo que asumo con serenidad.

 Felipe González, junto a la opositora venezolana Lilian Tintori en su visita a Caracas en junio. M.G. EFE


Felipe González, junto a la opositora venezolana Lilian Tintori en su visita a Caracas en junio. M.G. EFE

P. Desde esa libertad personal, ¿qué cree usted que es un proyecto progresista en el momento presente de España?

R. Necesitamos recomponer las fracturas en la cohesión social de las políticas que se han hecho en la crisis y hacerlo con criterios de sostenibilidad, con la visión puesta en el momento que vivimos en España y en el mundo.

Diría que necesitamos una economía social de mercado, algo que en Europa se está poniendo en cuestión, aunque sea parte de su identidad fundamental. En España son muchas las desigualdades provocadas, y hay que corregirlas con un modelo económico capaz de combinar la necesidad de ser competitivos para generar riqueza y la de redistribuir con justicia el excedente que se genere.

Tenemos que dignificar el trabajo, superando la precariedad, mejorando los salarios y relacionándolos con la productividad. En fin, tenemos que recomponer nuestro sistema de acceso universal a la sanidad; pactar una reforma educativa en general y de la Formación Profesional en concreto, y apoyar en serio, no con palabras, la investigación y la innovación para mejorar nuestra capacidad de competir y de generar empleos dignos.

Deberíamos federalizar nuestro modelo autonómico, garantizando la descentralización política y la financiación, preservando el poder del Gobierno central como responsable de la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. Como ve, creo en una descentralización política que reconozca y garantice la diversidad, pero no creo en una centrifugación que ponga en peligro la realidad misma de España.

Hay que tomarse en serio la reforma de la ley electoral y mucho más en serio, por su gravedad, la regeneración del sistema para luchar con rigor contra las prácticas corruptas que nos están ahogando.

Esta es solo una parte de las cosas que se deberían estar debatiendo y acordando entre los responsables políticos, para salir cuanto antes de este juego de sombras.

“Analizando la representación parlamentaria,
no creo que exista una mayoría progresista y reformista,
que sería la opción que preferiría”

En fin, progresar es hacer reformas frente al inmovilismo y al liquidacionismo, ambos fenómenos que han acompañado demasiado tiempo a nuestra historia. Si fuimos capaces de superarlo en la Transición, ¿por qué no lo vamos a poder hacer ahora?

P. ¿Cree que el PSOE debe negociar con el PP?

R. Me parece indiscutible que se debe dialogar con el PP. Otra cosa es que haya margen o no para acordar cosas que faciliten lo que acabo de decir. Pero la experiencia de Gobierno de Rajoy ha sido de decretos leyes e imposiciones sin ningún diálogo y eso hay que intentar superarlo. Pero en democracia hay que atender el mandato de las urnas, en el que se incluye ese diálogo sin reservas.

P. ¿Cree que el PSOE debería, llegado el caso, permitir con su abstención la formación de un Gobierno en España?

R. No quiero definir la posición del partido como tal. Dicho esto, creo que ni el Partido Socialista ni el PP ni otros deberían negar la posibilidad de un Gobierno para España si no están en condiciones de hacerlo ellos con sus formulaciones y programas.

Lo que digo vale pues para cualquier partido responsable, porque jugar a impedir que gobierne otro aunque yo no pueda gobernar no conduce a nada. Lo que el PP hizo en Andalucía para impedir un Gobierno del Partido Socialista en una pinza con Podemos no es un ejemplo de práctica democrática responsable, y es algo que no hay que imitar.

Pero es falso lo que se está diciendo y se me atribuye. Quiero que España tenga un Gobierno capaz de sacar adelante un proyecto. Prefiero que ese Gobierno sea progresista y reformista. Si no es posible, no creo que haya que obstaculizar la posibilidad, muy difícil por cierto, de un Gobierno distinto.

P. ¿Qué importancia cree que tiene Europa en la búsqueda de una solución a la crisis actual en España?

R. Verá, yo soy un europeísta crítico con los errores de la Unión Europea en la lucha contra la crisis. Estoy seriamente preocupado por los desafíos que tiene por delante en temas que no se pueden sortear: refugiados, referéndum británico, amenazas a la seguridad y demás. Pero me asombra que el tema de la Unión Europea esté ausente de nuestras campañas y de los debates actuales.

Me preocupa que España sea irrelevante en la sala de máquinas de la Unión Europea, porque el proceso es de soberanía compartida, no de cesión de soberanía para que otros decidan por nosotros.

Dependemos mucho de lo que se decida en Europa, por eso tenemos que decidir con los socios en igualdad de condiciones, no diciendo “lo que nos diga Europa, lo haremos”. Me parece humillante ese comportamiento. Somos parte de Europa, con las mismas responsabilidades que otros en sus decisiones.

Dependemos de la Unión Europea, con quien compartimos soberanía, y tenemos que decidir de forma conjunta para cambiar el rumbo de la Unión.

“Nadie tiene el derecho a decir al jefe del Estado que ni acepta ni se retira,
como hizo Rajoy. Es de una irresponsabilidad difícil de calificar”

P. ¿Cómo cree que puede afectar la crisis de España a la estabilidad de Europa?

R. No soy partidario de esas campañas que tratan de meter miedo a los ciudadanos para condicionar su libre voluntad. Ahí incluyo campañas como las que vienen de la Comisión Europea sobre la formación de Gobierno aquí. Pueden advertir sobre nuestro déficit, pero no interferir en la formación de Gobierno.

Es importante para los españoles resolver nuestros problemas. También es importante para Europa, en la misma medida en que influyen en ella los problemas de otros socios.

P. En las últimas semanas se ha especulado mucho con su nombre en distintos escenarios potenciales, siempre como una especie de solución ideal. ¿Por qué cree que se echa tanto en falta un Felipe González en España?

R. Respuesta negativa: porque les ha dado tiempo a olvidarse de los errores que cometí. Respuesta positiva: porque reconocen que siempre puse por delante los intereses de España y eso se echa de menos ahora.

Las reacciones a esta entrevista:

Pablo Iglesias: “Las bases y votantes del PSOE no piensan como Felipe González”

Rivera coincide con González: Rajoy debe buscar la mayoría o irse