Mes: enero 2016

Capriles dice que llegó el tiempo del referendo revocatorio de Maduro

Henrique Capriles: “Venezuela es una bomba que está a punto de explotar”

Ha dicho que si el Gobierno “no cambia” los venezolanos deben “cambiar al Gobierno”

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EFE, 29 enero 2016 / EL MUNDO

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles dijo este jueves que el tiempo que establece la Constitución para convocar un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro “ya llegó” y que si el Gobierno “no cambia” los venezolanos deben “cambiar al Gobierno”.

“O el Gobierno cambia, o los venezolanos tendremos que cambiar al Gobierno, esa cuenta está corriendo, porque además ustedes saben que el tiempo constitucional para un referendo revocatorio ya llegó, la Constitución en eso es muy clara”, dijo Capriles a los periodistas en un acto que encabezó como gobernador del céntrico estado Miranda.

El dirigente opositor indicó que frente a la crisis económica y social por la que atraviesa el país, los venezolanos deben activar un gran debate sobre qué es lo que se debe hacer para superar los problemas, una solución que a su juicio pasa por un “cambio de modelo”.

“Aquí va a venir un desenlace y todos queremos que ese desenlace sea de acuerdo a lo que está establecido en nuestra Constitución, que sea pacífico, democrático, constitucional y siempre pasa por una consulta porque al final la última palabra la tienen los venezolanos”, indicó al hacer referencia al referendo.

Aseguró, además, que la inflación del año 2015 en Venezuela fue del 270%, un índice que el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha revelado todavía. El pasado 15 de enero, el BCV informó por primera vez en el año de datos de inflación e indicó que la interanual hasta septiembre de 2015 era del 141,5%.

El gobernador afirmó que, mientras la crisis se agrava, el presidente Maduro mantiene el mismo discurso “gastado” en el que asegura que la alta inflación y escasez de productos básicos se debe a una “guerra económica” contra su Gobierno.

“Entonces, no teniendo el Gobierno voluntad de resolver la crisis, habiendo agotado el tiempo, ya la gente le dio todas las oportunidades, nos toca entonces a los venezolanos organizarnos y de acuerdo con lo que está establecido en la Constitución, ir por el cambio de Gobierno”, reiteró.

Opinó que “lo peor que puede pasar es que haya una explosión social” y que se produzca una “salida militar” pues “un golpe nunca podrá ser la respuesta a una crisis”.

De acuerdo con el artículo 72 de la Constitución venezolana, “todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables” y “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario” se podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”.

Nicolás Maduro fue elegido presidente de Venezuela el 19 de abril de 2013, aunque ya se había encargado de la Presidencia a principios de marzo de ese año tras la muerte del entonces gobernante Hugo Chávez (1999-2013), y su mandato culmina en 2019.

En ABC: Capriles: «A Maduro le llegó la hora de revocar su mandato»

En El Nacional: Capriles: El tiempo constitucional para un revocatorio ha llegado

 

El PSOE no es la CUP. Editorial El País

El golpe de efecto de Sánchez pone en peligro la unidad de su partido.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (iz) y el secretario de Organización, César Luena, durante la reunión del Comité Federal en Madrid. Juan Carlos Hidalgo EFE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (iz) y el secretario de Organización, César Luena, durante la reunión del Comité Federal en Madrid. Juan Carlos Hidalgo EFE

Sánchez se vio ayer obligado a aceptar la celebración de un congreso del partido en mayo, en contra de su criterio de retrasarlo todo lo posible, y decidió responder a sus críticos con un golpe efectista. Trata de desbordar a los aparatos territoriales refugiándose en la militancia, de la que al parecer espera más calor que de los dirigentes.

Lo más criticable de este anuncio teatral es que añade problemas a la búsqueda de una solución estable para España, que es lo que importa a los ciudadanos. Pero hay otras razones para censurar a Sánchez por su arriesgada iniciativa. Primero, porque deja en evidencia su falta de liderazgo. Esa tendencia de acudir a las bases cuando el dirigente tiene problemas es recurso de políticos mediocres y de organizaciones populistas, no de un partido serio y comprometido en la gobernabilidad de España. Hacerlo, además, sin contar con los demás dirigentes del partido —peor aún, burlando su autoridad, puesto que se había reunido con ellos días antes y no les informó de sus planes— significa desconfiar de la democracia interna del partido y saltarse a la torera las reglas del juego. Dinamitar las estructuras por discrepar de una decisión muestra poca responsabilidad de parte de Sánchez.

Y este paso demuestra también su desconocimiento de la naturaleza verdadera del PSOE: un partido de electores más que de militantes, como él mismo ha señalado en ocasiones recientes.

Las divisiones internas de los partidos reducen
sus opciones electorales, sea quien sea el candidato

Nadie va a ganar con esta maniobra: someter al PSOE a esta pelea ficticia entre los que se suponen que están más o menos a la izquierda solo va a servir para profundizar en la desunión del partido, poner en peligro su futuro y reducir las opciones electorales del próximo candidato, sea quien sea. Ojalá que Sánchez entienda la gravedad de su decisión y la corrija. Ya que tan sensible es al modelo de Podemos, sería bueno que considere que ni siquiera ese partido, auténticamente populista, consulta a sus bases las grandes decisiones, a menos que se entienda como consulta el sucedáneo que han practicado a veces entre sus registrados en Internet.

Todo parte de la estrecha base parlamentaria de los socialistas: solo 90 escaños, que les obliga a negociar el apoyo de casi otros tantos para alcanzar la mayoría absoluta. Sánchez está dispuesto a intentarlo, favorecido por la espantada de Mariano Rajoy. Sin embargo, significados dirigentes de su partido desconfían fuertemente de Podemos y vetan cualquier acuerdo que pase por los independentistas catalanes.

La peor de las soluciones es ir a unas nuevas elecciones
sin garantía de resultados muy distintos

A la hora de armar una combinación, el líder socialista no debe jugar al equívoco de decir que va a reunir una imposible mayoría progresista o de izquierdas. Las urnas no alumbraron ninguna mayoría de izquierdas, ni siquiera aceptando la hipótesis extremadamente generosa de que Podemos sea considerado como tal; sus diputados, junto con los de IU y los socialistas, suman 161 escaños. No es menos cierto que tampoco existe una mayoría de derechas y por eso la minoría socialista, que normalmente debería ir a la oposición, tiene la oportunidad de participar en alguna combinación de Gobierno. Sánchez pide margen para tender la mano “a derecha e izquierda”, pero deja en el aire si eso significa intentar un pacto simultáneo con Albert Rivera y Pablo Iglesias, incompatibles entre sí, en medio de la desconfianza de importantes figuras de su partido hacia este último. Lo único que Sánchez dejó muy claro es que no apoya a Rajoy.

Con los resultados del 20-D, la gobernabilidad solo puede resolverse de dos maneras: o el PP se abstiene a la hora de votar a un presidente que no salga de sus filas o el PSOE hace lo propio respecto a un jefe del Ejecutivo de otro partido. En previsión de ese escenario, Felipe González ha advertido que el PSOE y el PP no deberían impedir que el otro gobierne, si cada uno es incapaz de hacerlo por sí mismo. Por más vueltas que se le dé, el futuro poder ejecutivo depende de que uno de los dos acepte abstenerse en la investidura. Si ninguno da el paso, ambos habrán de reconocer su impotencia y pedir a los electores que arreglen lo que ellos se muestran incapaces de resolver. Es decir, la peor de todas las soluciones posibles: Gobierno interino de Rajoy y nuevas elecciones, sin garantía de resultados sustancialmente distintos. Y sin que ni siquiera esté claro cómo podrían convocarse antes de que alguien haya aceptado someterse a una primera votación de investidura, como exige la Constitución.

 

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Los peligros de la desesperanza. De Manuel Hinds

manuel_hindsManuel Hinds, 29 enero 2016 / EDH

El gobierno y el FMLN han vuelto a la carga con su proyecto de expropiar los ahorros que han acumulado los futuros pensionados. Este es un proyecto que ambos han contemplado desde hace bastante tiempo. Hace dos años anunciaron que pensaban hacer una reforma en este sentido. Enfrentando una oposición muy dura, abandonaron el campo diciendo que estaban estudiando el tema, aunque nunca dejaron de pasar mensajes orientados a cambiar la opinión de la gente para que aceptaran las reformas que deseaban llevar adelante. Hoy han vuelto a decir que van a presentar un proyecto para reformar las pensiones, pero, como antes, no han dado detalles de lo que quieren hacer.

El desaforado interés del gobierno y el FMLN en pasar estas reformas no tiene nada que ver con algún deseo de mejorar dicho sistema sino con el deseo, también desaforado, de apropiarse de los ahorros de los futuros pensionados para financiar los excesivos gastos gubernamentales.

Esto es realmente preocupante porque dicha reforma sería altamente negativa para los futuros pensionados y para el país. diario hoyTambién debería ser  preocupante para el FMLN, porque tendría efectos electorales muy negativos para ellos. La expropiación es una cosa que la gente no olvida, y eso es lo que la reforma sería. La afectada sería la clase media y esa es la clase que ahora define las elecciones.

Hace dos años varias encuestas mostraron que más del 75 por ciento de la población rechazaba la oferta de regresar al sistema que existía antes, en el que le daban al gobierno sus ahorros con la promesa de que éste se los devolvería años después cuando tuvieran que retirarse. El gobierno mismo ha erosionado la credibilidad de esas promesas al pagar tasas miserables de interés en los ahorros que extrae de los futuros pensionados a la fuerza. Si ni siquiera paga intereses de mercado, ¿confiaría usted en que pagaría lo prometido dentro de veinte o treinta años cuando los funcionarios de ahora no pagan ni siquiera intereses decentes? Si fuera cierto que les interesan las pensiones, y no apropiarse de los fondos de los pensionados, lo lógico sería que pagaran al menos los intereses de mercado.

El gobierno ha tratado muchas veces de convencer a la población de que en realidad, aunque no lo demuestre, está interesado en que la gente tenga buenas pensiones. También ha tratado de disfrazar la expropiación usando otras palabras para describir lo que quiere hacer. Y también ha reducido el tamaño de la expropiación, de cerca de 10 mil millones de dólares a entre tres mil quinientos y cuatro mil millones. Pero la gente no se ha tragado esta propaganda. Una encuesta reciente indica que el porcentaje de rechazo al sistema de entregar el dinero al gobierno en vez de depositarlo en cuentas individuales no ha disminuido. Está todavía por encima del 75 por ciento.

Esto debería de preocupar al FMLN. Pero también debería de preocuparnos a todos porque la expropiación de las pensiones no es la única medida con alto costo político que el gobierno ha tomado en los últimos tiempos—también lo han sido los aumentos de impuestos y el desproporcionado aumento en el precio del agua. Peor aun, el FMLN está pagando un alto costo político por esas medidas sin que se resuelvan los problemas que supuestamente se iban a resolver con ellas. En vez de mejorar, los servicios públicos están cada vez peores. La población está cada vez más frustrada.

El hecho de que estén tomando estas medidas para resolver problemas que gente competente resolvería con mucho menores costos sugiere que el FMLN, agobiado por tantos problemas, ha sucumbido a la desesperanza. Esto se nota también en las indecisiones, en la paralización cuando se enfrentan a eventos como la manifestación de la policía que llegó muy cerca de la oficina del presidente, y en el creciente desorden que es aparente en el gobierno entero. Es como si el gobierno y el FMLN hubieran ya tirado los guantes por sentir que los problemas son más grandes que ellos y ya no les importa si el país se encamine al caos porque de todos modos ya no pueden controlarlo. Eso sería desastroso. Es el camino por el que vamos.

Carta a los agentes de la PNC: Tienen razón, pero no pueden extorsionar. De Paolo Luers

PAOLOPaolo Luers, 30 enero 2016 / EDH

Estimados policías:
Tienen razón, los salarios que les pagan no corresponden al grado de responsabilidad y riesgo que el estado les exige asumir todos los días. Gana más un ordenanza en la Corte o en la Asamblea que un policía que a diario arriesga su vida. Es absurdo e injusto.

Tienen razón también en exigir al gobierno que les facilite los recursos necesarios para hacer su trabajo con dignidad y eficiencia. Sin vehículos, armas, sistemas de comunicación, uniformes adecuados su trabajo se vuelve menos profesional y más peligroso.

Tienen razón incluso en pedir que el gobierno y la dirección de la PNC dejen de improvisar y que definan estrategias y planes operativos de Seguridad que sean consistentes e integrales y que tengan claridad de metas. Sin una conducción profesional, los que pagan el costo de la ineficiencia e improvisación son ustedes que andan en la calle.

diario hoyTienen razón de plantear que el gobierno les está metiendo en un conflicto que trasciende el carácter policial y adquiere carácter de una guerra. Además una guerra que no se puede ganar y en la cual todos pierden, sobre todo los policías y sus familias. El gobierno no tiene derecho de mandarlos a reprimir a las comunidades y matar a pandilleros – y luego dejarlos solos en sus barrios…

En todo esto, ustedes tienen razón 100% – y la opinión pública los tiene que apoyar.

Donde no tienen razón es cuando extorsionan al gobierno (y por tanto a la sociedad que han jurado proteger). Un cuerpo armado como la PNC no puede ir a la huelga, y mucho menos amenazar con acciones violentas para promover sus reivindicaciones, por más razonables que sean. Ustedes no pueden bloquear carreteras, ni tomarse a la brava edificios públicos. Como fuerza del orden no pueden crear desorden.

Ustedes tienen que usar la fuerza de sus argumentos y convencer a la opinión pública para que ejerza presión sobre el gobierno para mejorar sus condiciones. Si ustedes convencen a los ciudadanos que así como actúa el gobierno está poniendo en peligro la eficiencia y la integridad de la policía, y por tanto la seguridad de todos, la sociedad se va  a movilizar para que el gobierno cumpla a los policías.

Para convencer a los ciudadanos para que obliguen al gobierno a cambiar sus actitudes con la policía y sus planes de seguridad, ustedes tienen que estar siempre a la par de la gente, abstenerse de cualquier abuso de autoridad y de violencia. Una población que tiene confianza a su policía, no la va a dejar sola.

Si nosotros entendemos que ustedes, los policías no están luchando por privilegios, sino por mejores condiciones para protegernos, los vamos a apoyar – y no tendrán necesidad de incurrir en huelgas, movilizaciones violentas y amenazas.

Marchar a Casa Presidencial encapuchados y armados, removiendo las barricadas de la UMO, es una acción muy delicada. Esta vez no hicieron daño a nadie, pero violaron la legalidad, cuando ustedes son los que la tienen que proteger y garantizar.

Un gobierno no puede dejarse extorsionar por sus propios cuerpos armados. Es por esto que la ley no les da el derecho a sindicalizarse e ir a la huelga como los trabajadores públicos. Ustedes tienen derecho de organizarse y de expresarse libremente – nadie les puede quitar esos derechos constitucionales. Pero no a sindicalizarse para ir al paro de labores.

Hagan uso de sus derechos, sobre todo de la libertad de expresión, y de manera legal y pacífica lograremos juntos resolver los problemas. Porque los problemas de los policías son los problemas de toda la sociedad.

Les saluda

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#ElRingdeHoy: ¿Ayuda a combatir la corrupción la nueva Ley de Probidad aprobada por la Asamblea Legislativa? Cayetano Cruz Orellana vs. José Miguel Arévalo Rengifo

EDH20160127OPI027PSí ayuda. De Cayetano Cruz

27 enero 2016 / EDH

La ley en la que se basa la Sección de Probidad de la CSJ es la Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959, en sí una norma preconstitucional, que desde su fecha solamente se ha conocido que ha sustanciado dos casos.

La nueva Ley de probidad contiene varios aspectos importantes: amplía el ámbito de aplicación, incorporando a más servidores públicos que deben ser sujetos obligados;  levanta el secreto bancario, en el que muchos se han escusado por años diario hoypara evadir la responsabilidad de declarar su patrimonio; esta nueva ley refuerza y renueva figuras normativas de la ley de enriquecimiento ilícito  de 1959, ya que conserva en forma mejorada la presunción de enriquecimiento ilícito que establece nuestra Constitución en el art. 240.

Con el fin de garantizar el derecho a una segunda instancia, la ley establece que una vez  la sección de probidad haya realizado el análisis de la declaración patrimonial y resultare en hallazgos, remitirá las diligencias a la Sala de lo Civil, si existiere un indicio de un ilícito penal, ésta notificará de inmediato a la Fiscalía General de la Republica.  Ante la eventualidad de un posible recurso conocerá la Corte Suprema de Justicia.

Se han endurecido las sanciones, las pecuniarias van desde 2 a 40 salarios mínimos; inhabilitación del cargo y por último la destitución, sin perjuicio de la responsabilidad penal que hubiera lugar.

Esta ley permite el combate frontal contra la corrupción, ya que además de mejorar los procedimientos y sanciones, permite la integración con otros instrumentos legales como son la Ley de Extinción de Dominio, el código penal y procesal penal entre otros.

La interposición de la demanda de inconstitucionalidad admitida por la sala de lo constitucional,  tiene como objetivo quitarle los dientes a la nueva ley, pretendiendo que esta se haga a la medida de los que por años han evadido la responsabilidad de ser transparentes y se han enriquecido notablemente a costa de las arcas del estado.

Se ha pretendido por algunos sectores deslegitimar la nueva ley, recurriendo a argumentos técnicos y jurídicos confusos y maliciosos, con los que pretenden engañar  a la población haciéndole creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno.

¿A qué le temen? A que con la liberación del secreto bancario,  la extinción de dominio, a que ya no sean sólo dos magistrados que indiquen a quien sí y quién no se investigue, a que se haga pública la declaración de probidad, queden al descubierto ante la población los actos de corrupción que han venido ocultando todo estos años.

Tenemos una ley que no se presta a manipulación y que cumple con la finalidad de combatir la corrupción, con procedimientos claros y transparentes que sin duda benefician a nuestro país.

Espero que la Sala de lo Constitucional resuelva consecuente a los intereses de todos los salvadoreños y salvadoreñas y no sean consentidores de la corrupción.

Abogado y Notario

Miembro de la Asociación de Abogados de El Salvador.

No ayuda. De José Miguel Arévalo Rengifo

27 enero 2016 / EDH

Imaginemos que en lugar de preguntarnos qué hacer para combatir la corrupción en El Salvador, nos preguntáramos: ¿qué debemos hacer para que la corrupción siga impune? La respuesta sería: dejar sin juicio a los corruptos y que no restituyan al Estado lo que han robado. Es más, los dejaríamos en el cargo para que sigan robándose nuestros impuestos. Ni se nos pasaría por la mente pedirles que presenten una declaración de conflictos de interés, así no habría manera de vigilar que no utilicen su cargo para beneficiarse. Pues todo indica que en esto pensaron los 47 diputados que aprobaron la Ley de Probidad que contiene precisamente todos estos elementos promotores de la corrupción.

Los salvadoreños merecemos ser tratados con seriedad y respeto y que no pretendan darnos “atol con el dedo”. Por ello debemos exigir una Ley de Probidad que realmente luche contra la corrupción y la impunidad que viene desde hace tantos diario hoyaños. Cuando se roban nuestro dinero, que debe utilizarse para satisfacer nuestras necesidades básicas como educación, salud y seguridad pública, se están robando nuestro futuro, nuestro bienestar y hasta nuestra vida. Por eso no se debe negociar con los corruptos: se les debe combatir. Sin embargo, los diputados aprobaron una Ley de Probidad que implanta una nueva tregua con la corrupción.

El artículo 240 de la Constitución establece que “los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes. (…) Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes (…).” Este juicio por enriquecimiento sin causa justa, por lo tanto, es un juicio civil especial que busca restituir lo robado. Como bien dice la Constitución, esto no significa que además de restituir, el funcionario no deba sufrir, por el mismo acto de corrupción, responsabilidades establecidas en otras leyes, como la pena de prisión del Código Penal, o la acción de extinción de dominio, regulada en la Ley Especial de Extinción de Dominio, para quitarles otros bienes que no son del Estado, pero que son derivados de la corrupción o de otros ilícitos.

Los diputados, sin embargo, omitieron el juicio civil, a pesar de ser un mandato constitucional. Desoyeron al grupo de organizaciones denominado “Equipo Gestor de la Ley de Probidad”, que señaló ante ellos la necesidad de corregir esta omisión en los proyectos de ley que servían como insumo de trabajo. En cambio, los diputados establecieron que si la Sección de Probidad detecta un posible acto de enriquecimiento ilícito, solo podrá informar a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que esta, si así lo estima, dé un simple “aviso” a la Fiscalía General de la República para que inicie las otras acciones pertinentes. Además, dejaron por fuera lo relativo a la declaración de conflictos de interés y eliminaron la sanción de la destitución e inhabilitación en el cargo, porque, tal como dijo la diputada que más defiende la Ley de Probidad: “si quitas del cargo al que robó, ¿cómo hará para devolver lo robado?”

Si bien dieron mejores herramientas a la Sección de Probidad y elevaron las multas para quienes no presenten su declaración patrimonial, lo cual debe mantenerse, esto carece de utilidad al haberse eliminado el juicio civil para restituir al Estado lo robado (casualmente, cuando hay al menos 30 casos bajo investigación de la Sección de Probidad). Está claro: la Ley de Probidad, lejos de ser una herramienta eficaz para combatir la corrupción, es una ley inconstitucional que sirve para proteger a los corruptos. Yo no sé ustedes, pero ese atol con el dedo que se lo tomen ellos.

Lic. en Ciencias Jurídicas de la ESEN.

Abogado y notario. Investigador en temas jurídicos.

Pactos con el diablo o renovación. Columna Transversal de Paolo Luers

Muchos piensan que a ARENA le hace daño que haya debate interno y que este se exprese públicamente. Todo lo contrario: Hace falta más debate. Y hace falta que sea más público y transparente – pero sobre todo que sea más sustancioso, más político.

paoloPaolo Luers, 29 enero 2016 / EDH

El hecho que Neto Muyshondt y Norman Quijano critican abiertamente al presidente del partido, Jorge Velado no tiene nada de mal. El hecho que uno de los tradicionales donantes de ARENA le haya declarado la guerra abierta a Jorge Velado, sin que el partido le haga caso, me parece una maravilla. La manera como los diputados nuevos bloquearon el intento de alistar los votos de ARENA para reelegir al fiscal saliente Luis Martínez; el hecho que Johnny Wright crítico ante los micrófonos de la Asamblea (y no en reunión interna a puerta cerrada) la manera poco transparente cómo su partido había llegado a un acuerdo con el FMLN sobre el nuevo fiscal general Douglas Meléndez; el debate que esto provocó entre los diputados; las diferencias entre los miembros areneros de la Junta Directiva sobre el seguro privado de la Asamblea; la propuesta de Juan Valiente de reducir la Junta Directiva de la Asamblea y la oposición dentro de la fracción a esta iniciativa… todo esto son muestras de apertura y amplitud de ARENA. Por tanto son síntomas de fuerza, no de debilidad.

La crítica que yo haría a los participantes de todos estos debates internos no es que lleven a conocimiento público las diario hoydiferencias, sino que no las profundizan con más claridad. Quisiera ver claramente definidas las posiciones políticas e ideológicas que defienden los que quieren desbancar a Jorge Velado. Quisiera que la crítica permanente que le hace Norman Quijano y Neto Muyshondt vaya acompañada con posiciones claras sobre el proceso de renovación y apertura que facilitó Velado en su partido.

Quisiera que los renovadores del partido que apoyan a Jorge Velado obliguen a don Tomás Regalado a que deje de esconderse en el anonimato y que argumente en público porque está en campaña para sustituir al actual presidente del COENA. Desde afuera de ARENA y su contorno se percibe que se avecina un enfrentamiento entre los conservadores y los liberales; entre los que quieren mantener vivo el carácter mercantilista de ARENA y quienes quieren avanzar en la renovación para erradicarlo de una vez por todas. Pero esta disputa, hasta ahora, queda en lo oscuro, sin que nadie tome posiciones claras. Se habla de cargos, pero no de ideas.

ARENA tiene dos opciones de cómo lidiar con sus diferencias: evadirlas, siempre buscando arreglos, pero no sobre la base de definiciones políticas, sino de repartición de cuotas; o llevar las diferencias a definiciones y hacerlas públicas.

Creo que urge que opten por la definición. ARENA, para tener éxito electoral en el 2018/19, tiene que mostrar que en su seno hay pluralidad, tolerancia y libertad de debate. Pero esta amplitud no puede significar que sigan coexistiendo tendencias no compatibles. Con la necesaria renovación democrática y liberal de ARENA no son compatibles las viejas mañas de sectores económicos que quieren favorecer sus negocios mediante el partido y el gobierno. Con la apertura a la sociedad civil y el libre debate interno no es compatible que haya poderes fácticos que piensan que con unas llamadas telefónicas pueden desbancar a presidentes del partido o poner candidatos. Si estos sectores, ante el avance de la democratización en el partido, inician una lucha por el control para detener este proceso y preservar sus privilegios, el partido debe aceptar el reto, derrotarlos – y mostrar al público que la vieja ARENA dominada por estos sectores económicos ya no existe.

La alternativa sería evadir el conflicto hacer pactos con el diablo – siempre y a nombre de la unidad. Lo que pasa es que esto no es alternativa, pensando en la nueva relación que necesita establecer el partido con la sociedad civil para poder construir una nueva mayoría y cambiar el rumbo del país en los años 2018/19.

Combatamos al Estado Patrimonial. Luis Portillo

Luis R. Portillo

Luis Portillo

Luis Portillo, 28 enero 2016 / EDH

El Estado Patrimonial consiste en la forma equivocada que los partidos políticos existentes se sirven de los bienes y recursos del Estado como si fueran suyos. Las características del Estado Patrimonial son evidentes en nuestro país. El otorgar privilegios a un pequeño grupo de interés de empresarios y líderes políticos; rehusarse a cumplir la Ley de Ética Gubernamental, Acceso a la Información Pública, entre muchas otras; nombrar a funcionarios sin tener los requisitos de idoneidad, experiencia o capacidad para asesorar o dirigir autónomas, ministerios y demás entidades públicas; son evidencias de este abuso. Esta forma de gobierno no es propiedad intelectual de un partido político en particular, si no más bien, es como un programa gratis que todos usan. Vemos que en todo caso, el partido de turno hace mejoras al modelo de Estado Patrimonial, y sus oponentes no hacen una buen papel de oposición, dado a que tienen la esperanza de regresar al poder y seguir en la explotación de los bienes del Estado.

La Ley de Ética Gubernamental, la cual determina claramente que los parientes no pueden formar parte de la alcaldía, ministerio o entidad en la que un funcionario administra, ha sido ignorada de manera vulgar. Sin embargo, lo que no esta diario hoyregulado por ley, pero hace igual o mayor daño que el incumplimiento de la Ley de Ética, es el clientelismo político, que nos cuesta millones de dólares de nuestros impuestos, que sirve para pagar activistas, seguros de salud exorbitantes, pensiones vitalicias para fundadores y personas de confianza de los partidos, y demás despilfarro que solo alimenta el círculo vicioso del Estado Patrimonial.

Como ya lo he dicho en el pasado, la mayoría de políticos atacan a sus oponentes cuidando de no romper su techo de vidrio y en algunos casos, incluso llegan a defender a sus oponentes cuando la población cuestiona la forma de vida que les garantiza mantener alimentados a sus militantes y familiares. Cuando la ciudadanía exige transparencia, ética y menos conflicto de interés, los políticos forman un bloque granítico para defender sus “huesos”. Sobre todo en la Asamblea, dan su aval del clientelismo de sus adversarios. Lo que es peor, algunos incluso se abstienen de opinar sobre supuestos casos de corrupción que se le imputan a sus oponentes.

Lo que pido que reflexionemos, es que no podemos esperar que nuestros impuestos estén bien administrados, y que recibamos lo mínimo que merecemos por parte del Estado como salud, seguridad y educación, si la clase política actual sigue usurpando nuestro futuro a costa de mantener satisfecho a sus militantes, primos y parientes. Ese manejo patrimonialista del Estado es ilegal y/o anti-ético. Si los líderes de los partidos no tiene la ética para evitar el nepotismo, clientelismo y compadrazgo, ¿cómo podemos esperar que no exista corrupción?

Como ciudadanos tenemos que exigir que se desista la nefasta práctica de usar nuestros impuestos para financiar a los partidos políticos, engordar a los militantes, y mantener lujos de las cúpulas partidarias. Cada inepto que está sentado en un empleo gubernamental nos causa demasiadas perdidas. Primero, no da los resultados que tanto necesitamos. Segundo, le quita el empleo a un buen salvadoreño que sí desea hacer un buen trabajo sirviendo a las personas desde el gobierno. Tercero, en muchos casos sirve de tapadera de la corrupción.

¿Cuántas hijas de ministros, y hermanas de operadores políticos hay en autónomas?, ¿Cuántos fundadores y dirigentes de partidos están asesorando en la Asamblea?, ¿Cuántas parientes de los Secretarios están cobrando sueldos en entidades públicas? Con una red de primos y parientes, es fácil para los corruptos apropiarse de los bienes del Estado. Es hora que los ciudadanos utilicemos las herramientas de control que existen. Les invito a todos a que dejen la comodidad y utilicemos la Ley de Acceso a Información Pública. Busquen en la pagina web del Instituto de Acceso a la Información Pública información de cómo hacerlo (www.iaip.gob.sv). Hagan preguntas, pidan cuentas, examinen los gastos, pongan denuncias. Esto es algo para lo que no necesitan estar acuerpados más que por la ley y el derecho que esta les confiere. No esperen que alguien más haga por ustedes lo que cada uno puede hacer. Combatamos todos al Estado Patrimonial.

@luisportillosv