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La tragedia de ‘un sistema de protección fallido’ en Guatemala. The New York Times

Un retrato de Siona Hernández, de 17 años, durante su funeral en Ciudad Peronia, al sur de Ciudad de Guatemala, el 10 de marzo. Credit Johan Ordonez/Agence France-Presse – Getty Images

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CIUDAD DE GUATEMALA — Aún no habían pasado 36 horas del incendio en el que murieron 37 mujeres adolescentes en un hogar estatal para menores, cuando llegó la orden judicial de regresar a un niño a esas mismas instalaciones.

Dos días antes, el 7 de marzo, más de medio centenar de menores habían intentado escapar de ese centro, pero solo 19 lo lograron. El resto fueron detenidos por la policía esa misma noche en los bosques y campos de los alrededores. Cuando volvieron las autoridades del hogar decidieron encerrarlos bajo llave: las mujeres en un aula y los hombres en un auditórium.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en las afueras de la capital guatemalteca, es el principal centro de acogida de menores de Guatemala. El gobierno lo fundó en 2010 y allí viven, en distintas áreas y sin protocolos claros de atención diferenciada, niños huérfanos o abandonados, víctimas de trata o de violencia intrafamiliar, menores en conflicto con la ley (algunos señalados de extorsión o asesinato) y miembros de pandillas cuyos padres decidieron que no tenían la capacidad para hacerse cargo. El 90 por ciento de los habitantes del hogar tienen padres o familiares cercanos, pero están internados por orden judicial.

El intento de huida había activado a dos equipos de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Sabían que después de un hecho así, los familiares suelen agolparse en la entrada del centro para pedir que les devuelvan a sus hijos y querían aprovechar la circunstancia para “desinstitucionalizar” a algunos de los menores.

Los equipos de la PGN, conformados por psicólogos, abogados, y trabajadores sociales, tenían la misión de que la mayor cantidad posible de menores regresara con sus familias y de buscarle a los nuevos casos salidas distintas a las judiciales. El internamiento es la decisión automática de la mayoría de los jueces.

Según investigaciones fiscales, desde que se abrió el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, dentro de sus muros de aspecto carcelario habían sucedido demasiadas historias de abuso y violencia: golpizas, trata, violaciones, y hasta un asesinato. Entre los especialistas en la atención de menores se consolidaba la idea de que el centro de protección se había convertido en un lugar de maltrato.

Una psicóloga de la PGN que acudió al hogar la noche del 7 de marzo, y habló con la condición de mantener su anonimato porque no está autorizada para dar declaraciones, cuenta que al volver al centro en la mañana del miércoles vio cómo un incendio empezaba a devorar el aula en la que habían encerrado a las niñas que protagonizaron el escape. Tuvo la impresión de que los bomberos tardaron en llegar. Nadie puso en marcha ningún protocolo de evacuación, pero algunos tomaron unos baldes en los que se lava ropa y corrieron febrilmente acarreando agua con la intención de socavar el fuego.

“Los internos del otro módulo rompieron los vidrios para salir a ayudar, mojaron colchas, pero con el fuego a la espalda, las autoridades estaban más preocupadas porque los hombres no salieran de donde les habían encerrado y se armaron varias trifulcas para que regresaran”, recuerda la psicóloga. “Todo ocurrió muy rápido, en menos de quince minutos”.

Funcionarios del Ministerio Público aventurarían la hipótesis de que dos niñas le prendieron fuego a un colchón en protesta por los malos tratos. Según la psicóloga, cuando los bomberos superaron el muro de personas que se concentraban en la entrada preguntando por sus hijos, uno de los socorristas se echó a llorar. Ella y sus compañeros ayudaron a extraer los cadáveres carbonizados de las adolescentes.

Familiares cargan el viernes con los restos de Madelyn Patricia Hernández Hernández, una joven de 14 años que murió en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Credit Moises Castillo/Associated Press

Un día después del incendio, la mitad del personal no llegó a trabajar, y de los cerca de 800 jóvenes que se encontraban internados cuando comenzó el incendio en ese establecimiento concebido para alojar a no más de 500 personas, ya solo quedaban 80. “Son los jóvenes que nadie quiere”, dijo la psicóloga.

En la noche del jueves, calcinada ya toda esperanza, centenares de personas comenzaban a manifestarse frente al Palacio de Gobierno. Con día y medio de retraso, el presidente Jimmy Morales ofreció su primera conferencia de prensa. No había hablado antes porque se encontraba atendiendo asuntos urgentes, explicó su portavoz. El presidente ofreció una única solución: “cerrar de forma paulatina” el hogar estatal, y dejar la investigación de lo ocurrido a las autoridades correspondientes. Ya habían destituido al director, pero no rodó ninguna cabeza más.

En ese mismo instante, por orden del juez de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia, Máximo Gustavo Ruiz Campos, ingresó el niño al hogar. No era nuevo. El ejército lo había encontrado en medio del bosque. Era uno de los huidos que a menos de 36 horas del incendio fue obligado a regresar a las ruinas de las que había escapado. Sus padres lo habían entregado por rebelde. Según el personal de la PGN, en el centro carecían de un expediente con sus datos.

Desde 2013 decenas de denuncias han sido presentadas ante la fiscalía y la Procuraduría de los Derechos Humanos por abusos sexuales y vejámenes cometidos en contra de los niños en el hogar donde ocurrió la tragedia. Una denuncia menciona una organización criminal integrada por empleados de ese sitio, dedicada a la explotación sexual de las niñas recluidas.

Mayra Véliz, secretaria general de la fiscalía, anunció el jueves que un equipo especial ha sido designado para esclarecer los hechos. “Se investigarán todas las denuncias, las anteriores y las nuevas relacionadas con lo que ha ocurrido en ese lugar”, aseguró Véliz. “Esto no quedará impunidad”, agregó.

‘Quienes tenemos niños albergados, tenemos que lidiar con un sistema de protección fallido’. Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza

“El sistema de protección de niños y adolescentes no funciona”, señala Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, una organización no gubernamental dedicada a la protección de niños desamparados. Escobar Sarti estaba deshecha. Cuatro niñas que pasaron por La Alianza habían terminado en el centro estatal. Y ahora tres estaban muertas.

“Quienes tenemos niños albergados, tenemos que lidiar con un sistema de protección fallido”, sin recursos y sin el respaldo de políticas públicas funcionales, agrega.

El año pasado, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia apenas contó con un presupuesto de unos 2,5 millones de dólares para el mantenimiento de cuatro orfanatos, entre ellos el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Más de la mitad de esos recursos se invierten en la alimentación de los cerca de 800 menores internados en cada uno de los establecimientos, según las autoridades. El resto se destina al pago de salarios del personal encargado de la educación y protección de los menores.

Oficiales de policía resguardan la entrada al Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San Jose Pinula, Guatemala, el 8 de marzo. Credit Luis Soto/Associated Press

En un comunicado anterior a la conferencia de prensa del presidente, el gobierno responsabilizó al organismo judicial por la tragedia. “Previo al siniestro, se solicitó a los órganos jurisdiccionales el traslado inmediato de los menores en conflicto con la ley a otros centros de privación de libertad para evitar consecuencias mayores”, se lee en el comunicado. “El gobierno de Guatemala lamenta que no se atendiera esta petición en el momento oportuno, acción que pudo haber evitado la tragedia que hoy lamentamos todos los guatemaltecos”.

El gobierno decretó tres días de duelo nacional, pero la respuesta no ha sido suficiente para tranquilizar los ánimos. Desde ayer se organizan protestas contra el gobierno frente al Palacio Nacional.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia se ha resistido a informar sobre la identidad, calidades profesionales y perfiles psicológicos del personal encargado de la seguridad, educación y protección de los menores. También se negó a acatar la resolución de un juez de menores que en diciembre ordenó mejorar las condiciones de vida de los internos. “No hemos cumplido al 100 por ciento” las disposiciones del juez, pero “hemos remodelado las instalaciones e incrementado el personal”, dijo el miércoles en una rueda de prensa el director de la SBSP, Carlos Rodas.

En los últimos cuatro años, decenas de jóvenes han huido del centro. “Los más grandes nos pegaban y abusaban”, declaró a medios locales Daniel, un chico de 16 años que logró salir el miércoles después del incendio.

“Mi hija siempre se quejaba de que las monitoras las maltrataban y obligaba a hacer física (ejercicios) en la madrugada”, dijo una mujer que buscaba a su hija entre las víctimas.

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Iván Velásquez, comisionado de la CICIG: “La CICIG es como una coraza que ha podido proteger a la Fiscalía de Guatemala”

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no es un superpoder, dice Velásquez, ante algunas de las críticas respecto de este organismo cuyo trabajo llevó a la caída del presidente guatemalteco. “Lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados”. Velásquez agrega que, lejos de suplantar a la Fiscalía guatemalteca, la CICIG la ha apuntalado y protegido en la lucha contra la corrupción.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato comenzó en septiembre de 2013. Velásquez terminará su trabajo en septiembre de 2017. Foto: cortesía de CICIG.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato comenzó en septiembre de 2013. Velásquez terminará su trabajo en septiembre de 2017. Foto: cortesía de CICIG.

Gabriel Labrador, 8 noviembre 2015 / EL FARO

el faroDurante la hora que durará esta entrevista, Iván Velásquez Gómez, quien está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde el 6 septiembre de 2013, mirará en numerosas ocasiones el reloj colgado de la pared. Tiene prisa, como siempre, y con su agenda llena de actividades no puede darse el lujo de extenderse demasiado con periodistas. Desde abril, cuando la CICIG reveló la existencia de una estructura criminal encabezada por el entonces presidente Otto Pérez Molina que eventualmente lo obligó a renunciar, su reserva y diplomacia con la prensa ha sido una constante, aunque sería un error asegurar que Velásquez no es accesible. La mañana de este miércoles 28 de octubre asistió a la inauguración de un salón especial de audiencias en la Corte Suprema de Justicia y a media tarde tendrá una breve pero significativa conferencia de prensa con el presidente electo Jimmy Morales.

Velásquez permitirá que esta entrevista se extienda media hora más de lo pautado y responderá cada pregunta como si su cargo dependiera de ello, con la claridad de alguien que ha reflexionado sobre las mismas ideas una y otra vez. “No, la CICIG no es un superpoder”. “El propósito es que la ciudadanía sea activa, participante”. “Estamos acostumbrados en nuestros países a que simplemente se elija a los representantes”. A la media hora de entrevista, Velásquez y su asesor de prensa insinúan que ya se agotó el tiempo para platicar. Velásquez sabe que la CICIG y él no son del agrado de muchas fuerzas que se resisten a ser investigadas. Hasta abril pasado, el mismo gobierno de Otto Pérez Molina aún regateaba la posibilidad de pedir a Naciones Unidas que extendiera otros dos años el mandato de la Comisión. Tras la revelación de la existencia una organización de defraudación aduanera con raíces en el mismo gobierno de Pérez, a este no le quedó otro remedio que refrendar el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017.

Guatemala vive en la incertidumbre. Tras la caída de Pérez Molina en septiembre, los guatemaltecos eligieron como sustituto a un comediante sin experiencia política que, por si no bastara, tendrá un Congreso desfavorable. Malas noticias para las profundas reformas políticas y leyes que el país requiere para frenar la corrupción: leyes como la de partidos políticos, la del servicio civil, o la de contrataciones del gobierno.

Es un país pobre y desigual, con niveles de delincuencia entre los más altos del mundo y con instituciones penetradas por el crimen organizado. Este miércoles 28 de octubre solo han pasado dos días -y un día después de la segunda vuelta en la elección presidencial- desde que la CICIG desbarató una organización integrada por médicos y empresarios dedicados a enriquecerse mediante la venta de medicinas a hospitales públicos. Uno de los principales implicados, Gustavo Alejos, ahora prófugo, financió la campaña de los últimos tres presidentes, Óscar Berger, Álvaro Colom y Pérez Molina.

Velásquez es un abogado y exmagistrado colombiano de 60 años, y dice que la Guatemala que él ve en el futuro debe tener a sus ciudadanos muy activos y empoderados, ejerciendo veedurías locales para controlar el poder. Sabe que el camino es largo y que se parte desde un punto cercano al cero. “La ciudadanía no estaba preparada para quedarse sin presidente y sin vicepresidenta, pero es un proceso en formación”, dice, cuando se le pregunta quién está liderando la búsqueda de las transformaciones del país exigidas por multitudes desde abril hasta la caída de Pérez Molina.

Antes de ser comisionado de la CICIG, en su natal Colombia, Velásquez envió a prisión a medio centenar de congresistas colombianos por sus relaciones con el paramilitarismo, y también encontró el nexo de 130 diputados con estructuras del narcotráfico.

Está puntual para la entrevista a las 12 del mediodía de este 28 de octubre.

¿Usted cómo describe a la Guatemala de hoy en contraposicón con la que usted encontró en septiembre de 2013?
Sí ha habido una transformación. Desde abril, el movimiento social, la reacción después de presentar el caso de defraudación aduanera de La Línea, significó un despertar de la sociedad que se expresó, primero, de manera casi que absolutamente espontánea, y que de pronto fue creando niveles de coordinación suficiente, aunque no con una preparación grande, como para que algunos actores empezaran a hablar entre sí. Por ejemplo, el 25 de abril hubo estudiantes que salieron a manifestar aisladamente pero después, el 2 de mayo, sectores estudiantiles que nunca habían conversado entre sí lo hicieron. Creo que ellos nunca pensaron en que iban a sentarse a una misma mesa para un propósito común. Ha sido muy provechoso en el país, precisamente, tener un propósito común, porque ha habido mucha división en las organizaciones de la sociedad civil y entre personas que miran con recelo las actividades del otro. Pero el tema de la corrupción logró juntar a las personas casi por 20 semanas, hubo expresiones públicas que pueden considerarse multitudinarias para un país con mucha apatía. Y no era simplemente la protesta, reaccionaban para exigir reformas al Estado porque paralelamente se organizó un movimiento ciudadano contra la corrupción, parece que se llamaba Ciudadanos contra la Corrupción; la Plataforma por la reforma del Estado que convocó la Universidad San Carlos y más de 120 organizaciones terminaron participando en las discusiones que tenían como objetivo eso, propuestas de reformas.

¿Usted ve otro tema que tenga similar capacidad de aglutinamiento en Guatemala?
De la forma tan generalizada, no, porque en muchos otros temas hay grandes diferencias entre sectores de la sociedad. Por ejemplo, el tema indígena divide cuando debería ser un aglutinante, pero esa es una realidad. Me parece, en todo caso, que persistir en torno a la lucha contra la corrupción en la formación de ese movimiento ciudadano es muy positivo. Es decir, ya encontrado un tema aglutinador en el país, es muy positivo que ahora de manera organizada asuman un papel en el control del ejercicio del poder. Lo que se ha estado anunciando desde muchos sectores es que con la elección del nuevo presidente, su toma de posesión el 14 de enero, o inclusive desde ahora, se debe ejercer una veeduría. El propio presidente electo dijo estos días en una entrevista que, aunque estaba en el sistema como presidente, se incluía entre los inconformes y llamaba a que se mantuviera ese movimiento ciudadano. Ayer mismo dijo en otra entrevista que, así como enseñaba Ronald Reagan, “hay que gobernar con dos de tres”, y que eso podía asegurar el éxito del gobierno. En el caso de Guatemala, los tres son el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad. Entonces, tener Ejecutivo y sociedad es una forma de anticiparse a lo que también se afirma va a ser una situación difícil cuando el 14 de enero asuma un gobierno que tiene una representación muy pequeña en el Congreso.

Además del mandato que tiene la CICIG, ¿cuál es su aspiración última como comisionado? ¿Hacia dónde espera que la gente se dirija con el nuevo escenario que tienen enfrente?
El propósito es cumplir verdaderamente el mandato de la Comisión: que sí se logre identificar las estructuras criminales profundas, no las transitorias, aunque también es importante. Y también buscar el fortalecimiento institucional, que existan unas instituciones de justicia realmente fuertes o por lo menos independientes, algo que es tan necesario en nuestros países de América Latina. Pero también que haya una sociedad que sea participativa, reclamante, vigilante, creo que eso sería un gran avance. La aspiración es la posibilidad de construir con mayor fuerza un Estado social y democrático de derecho que es más bien la aspiración que todos los países debemos tener.

En sus intervenciones públicas una constante es su llamado al fortalecimiento de la ciudadanía con sus demandas y exigencias hacia los gobernantes. Pareciera hablar de un personaje granítico, cuando en realidad la ciudadanía es amorfa y con circunstancias que requieren que madure de golpe…
Es amorfa pero tiene que buscar formas de participación. Naturalmente no será toda la sociedad porque la sociedad no es una unidad. Hay sectores, intereses y contradicciones en la sociedad, pero sí puede haber propósitos generales, propósitos más compartidos entre más amplios sectores sociales y aprovechar eso como posibilidad de reconstruir ese tejido social que no es muy visible aquí en Guatemala. Hay mínimas cosas de la cotidianidad alrededor de las cuales los habitantes, los municipios, pudieran organizarse, por ejemplo, como veedores ciudadanos para el control en la municipalidad del gasto público en obra pública. Eso sería algo significativo. Es un proceso, naturalmente, pero es un proceso en el que se tiene que reivindicar la necesidad de que siempre la ciudadanía se interese por los asuntos del Estado, que el pueblo participe en los asuntos de la política como administración de lo público. Estamos acostumbrados en todos nuestros países a que simplemente se elige, pero ese es un concepto que permite que se llegue a lo que han llegado nuestros países.

En nuestros países esa fórmula falla muchísimo.
Y en todo caso, aun existiendo una buena representación en el Congreso, el pueblo no debe renunciar a su posibilidad de participar en los asuntos del Estado. Se debe tender hacia una conformación de un Estado verdaderamente democrático pero con una sociedad activa, participativa y vigilante. Si hay además unos partidos políticos verdaderamente representativos, fuertes, democráticos, y si esos partidos además tienen una representación legítima en el Congreso, no vía transfuguismo, muchísimo mejor. ¿Pero cuál es la situación del país en ese sentido? Que hay unos partidos políticos que son partidos mucho más electorales que ideológicos o programáticos, que no agencian los intereses ni siquiera de sectores de la sociedad frente al Estado, que es tal vez el papel principal que tendría un partido político, sino que promueven más los intereses personales, hasta en algunos casos, de los dueños de los partidos y eso, naturalmente, se refleja en el Congreso y en la forma de actuar del Legislativo. Pero otro problema es el transfuguismo en Guatemala, así como se ha visto, partidos que eligen 12 diputados y terminan con más de 60. O partidos que comienzan con más de 40 y terminan con menos de 20. ¿Y entonces qué era lo que estaba escogiendo el pueblo en las elecciones? Porque si estaba escogiendo un proyecto, significa que todos estos que se pasaron traicionaron un proyecto y finalmente no se responde a esa participación electoral. Por todo esto una de la reformas que me parece muy importante en Guatemala es la de la ley electoral y de partidos políticos que, en esta coyuntura, ya se intentó aprobar en el Congreso pero se estancó.

¿Y cómo se concilia la idea de que la ciudadanía debe empoderarse más para controlar el poder si al mismo tiempo se busca leyes que refuercen a los partidos políticos como las únicas opciones para ejercer ese poder?
Ley electoral es un tema de mucha importancia, porque además puede democratizar la participación en movimientos políticos. El hecho de que se posibilite que organizaciones sociales, movimientos cívicos puedan participar y tener una representación en el Congreso y en las alcaldías ha sido positivo. Leía en estos días también una crítica hacia esto por la posibilidad de que sean movimientos organizados cooptados por el crimen organizado, pero ante eso yo diría que la experiencia de Colombia en cuanto a movimientos ciudadanos con representación ha sido muy buena. Debería reflexionarse sobre temas de esta naturaleza.

¿Estaba preparada la ciudadanía para quedarse sin presidente y vicepresidenta y empezar a impulsar reformas como esas de las que habla?
No, este es un proceso en formación. Sin embargo hay elementos también que se pueden destacar, como el hecho de que hubiera sido un movimiento ciudadano tan multisocial, digámoslo así, tan heterogéneo, y todo con un respeto de la institucionalidad. A todo el mundo, yo creo que hasta a la propia sociedad la cogió por sorpresa. A las propias organizaciones sociales que se supone que están siempre en la reflexión sobre esta sociedad, también las tomó por sorpresa, pero se ha logrado ir en este proceso de construcción. Lo que esperamos es que efectivamente se consolide, ya el tiempo dirá.

¿Y de dónde han venido las presiones más grandes en contra de su trabajo y cuáles han sido los obstáculos mayores para que la CICIG haga su labor?
Creo que una ventaja grande que hay en Guatemala, en las circustancias actuales, es la presencia de la CICIG como un órgano de cooperación internacional con el sistema de justicia. Si pudiéramos buscar una figura para explicar el papel de la CICIG, sería esta: es como una coraza que ha podido proteger al Ministerio Público mucho más sensible a las presiones de todo género que se pueden presentar. Es indudable, y no es un problema de Guatemala, sino en todos los países pero mucho más visible en América Latina, que factores, fuerzas de poder dentro del Estado, y por fuera del Estado, presionan a los órganos de justicia para que no afecten sus intereses… y que tienen, además, gran posibilidad de incidencia por la manera en cómo se integran esos órganos de justicia entre otras muchas otras razones.

¿Está hablando de la gran empresa organizada, el CACIF?
Del CACIF no hemos recibido presiones para el cumplimiento de la actividad nuestra, como que reprochen o intenten bloquear alguna acción que hemos adelantado… de ninguna de las investigaciones ha habido respecto de nosotros ninguna interferencia de ningún sector.

¿No cree que en la sociedad guatemalteca la incidencia del CACIF sí es grande y evidente, como en el juicio contra Ríos Montt, para que se recortara el período de la fiscal Paz y Paz, o ahora en el caso del Seguro Social?
En la sociedad guatemalteca están todos, era lo que decía ahora precisamente de los diferentes intereses que se mueven en la sociedad…

En este punto, interrumpe Diego Álvarez, jefe de prensa de la CICIG: “Recuerde que Jorge Briz ha tomado muy en serio las banderas de la lucha contra la corrupción…”. Velásquez continúa su respuesta.

… porque es algo que yo iba a indicar: que tampoco, ni siquiera el sector empresarial es homogéneo, granítico.

Lo vimos cuando algunas de las cámaras del CACIF querían pedirle la renuncia a Otto Pérez como presidente, mientras que otras no porque consideraban que era una afrenta contra la institucionalidad…
El hecho de que un presidente y una vicepresidenta salgan del gobierno no es una fractura de la institucionalidad. La institucionalidad tiene además previstas la formas para superar situaciones de esta naturaleza como se hizo, y se hizo de manera muy pacífica, tranquila… aunque nadie preveía que esto podría ocurrir en el país. Sin embargo, nuestras investigaciones nunca tuvieron una intervención desde sectores que respaldaban al presidente, y no era que la CICIG precisamente estuviera contra el presidente. El 16 de abril salimos con la investigación y mostramos lo que efectivamente teníamos hasta ese momento y era que llegaba hasta el secretario privado de la vicepresidenta. De ahí se siguió examinando sin que nosotros tuviéramos el propósito de ir por tal o cual persona. Avanzamos en las indagaciones, la vicepresidenta renunció, hicimos allanamientos y vimos, por circunstancias, que eventualmente podría perjudicarse al presidente, pero nosotros seguimos con las investigaciones, y aquellos sectores que decían que la defensa del presidente era la defensa de la institucionalidad, siguieron con sus teorías y sus acciones, y nosotros seguimos también independientemente con el Ministerio Público realizando las investigaciones y concluyó como concluyó.

Hay quienes señalan que la CICIG hace cálculos de tiempos políticos para presentar sus casos. Justo después de las elecciones dan este golpe contra uno de los financistas del partido UNE. ¿Qué dice usted a quienes señalan que la CICIG hace cálculos de tiempos políticos para presentar sus casos?
Pero entonces no hubiéramos presentado, por ejemplo, el informe sobre financiamiento de la política…

Eso fue en julio, dos mes antes de la primera vuelta.
Muchos analistas y comentaristas decían que se afectaba muy directamente a ese partido. Si hubiera alguna agenda en ese sentido, o el interés de proteger a algún interés político, valga la redundancia, entonces no hubiéramos presentado el informe de financiamiento antes de las elecciones, sino ahora y hasta se pudiera haber presentado una evaluación ya verificada de las dos vueltas presidenciales, una evaluación de todo el tema electoral… En cada caso hacemos coordinaciones con el MP, y llegamos a un punto como al que llegamos ayer: definimos MP y CICIG que ya hay una investigación madura para solicitar orden de captura, formular imputaciones y presentar el caso ante los jueces… Por ejemplo en el caso de los medicamentos hay una razón por la cual no se hubiera realizado antes del 25 de octubre. En ese caso hubo dificultades con el juez contralor por cantidad de cosas que tiene ese juez, pero hay además una situación en Guatemala de recusaciones contra jueces que afecta todo. Pero además debo decir que faltaba concluir un informe criminal, esa era la razón por la cual no se presentó en julio o en agosto o en septiembre. Y había otros puntos de verificación: teníamos mucha información, había teléfonos interceptados y para lo que mostramos ayer en la presentación -que en la página web de compras del Estado- había que hacer unas constataciones de campo para verificar y llegar finalmente a lo que se presentó ayer.

En El Salvador, un argumento contra una Comisión contra la Impunidad es que la institución pueda ser cooptada y llevada a un curso que no necesariamente es el que necesite la ciudadanía. ¿Usted cree que la CICIG es incorruptible y que puede evitar infiltraciones o desvíos importantes en su trabajo?
Pues creo que ese es un riesgo permanente, ninguna institución debe llegar a un nivel de perfección como para decir que es absolutamente infranqueable, pues hay propósitos desde muchos sectores por penetrar, por saber qué es lo que hay aquí, eso es indudable. Pero puedo demostrar con casos que no tenemos fugas de información. Nadie supo, y aquí sí es la afirmación de nadie, a pesar de las suspicacias que se levantaron respecto de Juan Carlos Monzón, que el señor Monzón estaba en esa estructura, sino hasta las 11 de la mañana del 16 de abril cuando lo presenté en la conferencia de prensa ese día, y fue la sorpresa para todo el mundo, inclusive para compañeros de la CICIG.

Para dejar claro lo que me está tratando de decir, porque hubo muchas personas que especularon que hubo fuga de información. ¿Cuántas personas sabían antes del anuncio sobre el involucramiento de Juan Carlos Monzón?
Por ahí unas 10 personas antes de las 11 de mañana. El equipo de investigación acá, el equipo del MP, la fiscal general y yo. Y así ha habido muchos casos similares. Cuando se hizo la investigación relacionada con el sistema penitenciario, de Byron Lima y del director del sistema penitenciario, nadie sospechaba que a las 6 de la mañana iba a ser privado de libertad. Hubo comentarios en contra que se preguntaban “¿cómo es eso que el ministro de Gobernación o la fiscal general no estaban enterados totalmente de algo que se estaba haciendo?” Y yo relaté en aquella época que nosotros nos sentamos en los días previos con el director del sistema penitenciario, en el Ministerio de Gobernación porque había un proyecto de reforma del sistema penitenciario. Los otros funcionarios, ¿para qué van a tener que saber que era inminente la captura del director? Ya bastante con que yo mismo en esa mismas reuniones tuviera que hablar en términos de futuro como si existiera ese futuro. Se ha logrado hasta el momento mantener ese nivel de reserva de las instituciones.

Estados Unidos presiona a los otros países del triángulo norte de Centroamérica ciertas condiciones, entre ellas el establecimiento de comisiones contra la impunidad, para implementar programas como la Alianza para la Prosperidad y otros grandes paquetes millonarios de ayuda. Además, hemos visto muy activo al embajador estadounidense en Guatemala. ¿Cómo describiría el papel de Estados Unidos en el triángulo norte a propósito de la CICIG?
Última pregunta.

¿Tan pronto?
Es porque ya no tengo tiempo, pero yo se la contesto.

Adelante.
(Piensa cinco segundos) Si la inquietud es la relación con la CICIG, yo puedo decir lo mismo que le mencionaba ahora del CACIF. No ha habido ninguna intervención, ninguna injerencia, ninguna recomendación o ningún obstáculo o impulso que se pretendiera ejercer respeto de la comisión. Nosotros organizamos, a partir de enero o febrero de 2014 un plan de investigación, identificando cinco líneas gruesas de investigación que pensábamos era lo conveniente para el país en las condiciones en las que se encontraba. Todo eso se había diseñado y se estaba trabajando en investigación sin que hubiera habido ninguna comunicación desde nadie, desde ninguna embajada, desde ningún sector de Guatemala. El embajador de Estados Unidos dijo en los primeros meses de 2014 que Estados Unidos estaba comprometido con la lucha contra la corrupción. Ahora miran esa frase y dicen: “Aaaah, claro, como el interés de Estados Unidos era la lucha contra la corrupción, la CICIG está desarrollando la agenda de Estados Unidos”. Pero hablar de la lucha contra la corrupción lo he escuchado yo de muchas representaciones diplomáticas. Otros dicen: “Lo que pasa es que Estados Unidos sostiene a la CICIG, entonces hay que atender sus recomendaciones”. Tampoco es verdad que Estados Unidos sostenga a la CICIG, aunque es un aportante importante, pero está a nivel de Suecia. La Unión Europea creo que triplica los aportes que se ha recibido de la comunidad internacional durante el tiempo de la existencia de la CICIG, entonces ese tampoco es un argumento.

Para Estados Unidos el triángulo norte es muy importante en su estrategia de seguridad…
Sí, pero podría ser que Estados Unidos ha visto que un proyecto como el de la CICIG ha sido exitoso en Guatemala y que efectivamente ellos tienen intereses en la región, y dicen: “¿Qué tan conveniente podría ser que organismos similares pudieran apoyar en estos otros países como un respaldo en la lucha por la independencia de los órganos de investigación y de juzgamiento?” Los empresarios guatemaltecos dicen: “Para nosotros es muy importante un sistema de justicia independiente, honesto, idóneo, porque eso es también una garantía para los negocios”. Y lo he escuchado en la discusión del Plan para la Prosperidad, una garantía para que los negocios funcionen. Al final es un tema de inversión, de desarrollo, que podría permitir también el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos de los tres países para que haya un adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Se ha encontrado que esto que se ha intentado en Guatemala podría contribuir a eso, y es en este sentido que yo interpreto la afirmación pública que han hecho funcionarios de Estados Unidos. Y si respaldan que en los otros países se pudiera establecer, es por la experiencia exitosa que se ha venido viendo en Guatemala, no como una posibilidad de intervención, de injerencia, a través de esas comisiones, porque por lo menos en Guatemala no ha existido… Y la última pregunta…

Iván Velásquez es un abogado colombiano. Antes de trabajar para la CICIG investigó el palamitarismo y el narcotráfico en Colombia y sus nexos con la política. Foto: cortesía de CICIG.

Iván Velásquez es un abogado colombiano. Antes de trabajar para la CICIG investigó el palamitarismo y el narcotráfico en Colombia y sus nexos con la política. Foto: cortesía de CICIG.

¿Para quiénes supone un riesgo una Comisión contra la Impunidad en países como El Salvador, Honduras con condiciones?
No voy a hablar de El Salvador ni de Honduras, pero sí puedo hablar de América Latina, y en todos los países en los que hay un sistema de justicia o dependiente o poco independiente o débil, una comisión de esta naturaleza puede ser un apoyo. ¿A quiénes les puede perjudicar entonces? Precisamente a quienes no les interesa tener una justicia independiente, honesta, idónea. Es decir, a un sector muy importante, a quienes están comprometidos con estructuras, o por lo menos con actividades delictivas. Del resto, a los Estados, a los gobernantes, a la sociedad en general, le debe interesar tener un sistema de justicia que sea efectivamente respuesta a la criminalidad, que pueda reducir los niveles de impunidad, que sea un enemigo real, fuerte, de la corrupción. En la generalidad de nuestros países latinoamericanos esa es la aspiración que tenemos, y por eso hay diversos sectores -estos sí de mayor amplitud- que objetan una comisión de esta naturaleza por razones de nacionalismo. Es lo que ha ocurrido en Guatemala. Lo que dicen es que estamos soportando la intervención extranjera..

O que entonces los países estaríamos admitiendo debilidades…
Pero que un país admita una debilidad es una realidad que se debe hacer, a menos que se tenga realmente la fortaleza. Si no se tiene la fortaleza, yo creo que es una actitud responsable admitir las debilidades, porque admitiéndolas es que se permite obtener las fortalezas. Entonces, dicen: “Esto es una entidad que afecta la autodeterminación guatemalteca”. El propio expresidente Pérez Molina está con que… y en alguna ocasión dijo que el comisionado tenía más poder que cualquiera en el país, y que en el MP me atendían más a mí que a la fiscal, eso no es verdad. Lo que pasa es que todos tienen una certeza, y es que la independencia de la CICIG está sometida a toda prueba. Es decir, que no se puede tratar de intervenir, de incidir, de infiltrar para que defienda otros intereses. ¿Por qué razón creo, entonces, que una comisión de estas no afecta la soberanía? Por un lado, es una iniciativa que no partió de Naciones Unidas. Salió de los acuerdos de paz, de la necesidad de que existiera algo que permitiera luchar contra la impunidad, mucho más dirigido al todo el tema de la represión que existió en toda la época del conflicto pero que había necesidad de que se luchara efectivamente contra la impunidad. Se llegó a un acuerdo que, dada la experiencia de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) que acompañó todo el proceso posconflicto, podía ser una comisión de Naciones Unidas pero con características específicas de la investigación criminal. Entonces se produjo un primer acuerdo en el año 2004, pero la Corte de Constitucionalidad dictaminó que vulneraba la soberanía nacional porque le daba titularidad de la acción penal a algo que se conoció como CICIACS, la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Era casi una Fiscalía internacional que se superponía a la Fiscalía local, y por lo tanto, se le daban facultades de captura, allanamiento. Se siguió alimentando la idea, y en 2006 se llega al acuerdo de la CICIG, y entonces se le confiere una capacidad de investigación que no va a tener un resultado judicial si el MP no está de acuerdo.

¿La CICIG es un superpoder?
Nosotros podemos adelantar investigaciones independientes, y en el acuerdo está que las autoridades del Estado nos deben suministrar la información que requiramos en nuestras investigaciones, pero si nosotros necesitamos que se haga una intervención telefónica nosotros no podemos pedirle al juez que lo ordene. Le tenemos que presentar el caso al MP, pedirle a la fiscal general que disponga que se abra un caso en la Fiscalía General contra la Impunidad, que es una dependencia de ellos con la que trabajamos 9 de cada 10 casos. Luego le decimos mediante un informe por qué razón sería recomendable que aquí hubiera una intervención telefónica, por ejemplo. El fiscal determina si está de acuerdo con la sugerencia, dice que sí, entonces le hace una solicitud al juez. El juez autoriza y controla esa intervención, que es hecha por funcionarios de la Policía Nacional Civil en la sede del MP con la presencia exclusiva de la unidad de métodos especiales, sin intervención nuestra. Entonces no hay ese superpoder, lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados.

¿Sería un error replicar el mismo esquema de Guatemala en otro país?
Cada país tiene sus particularidades y es lo que debe examinar qué es lo que más le conviene. Esto es una iniciativa que tiene que surgir de un país, es la reflexión en ese país la que debe determinar si es necesario que haya colaboración internacional. Honduras dijo sí es necesario pero como no les gustaba el modelo de la CICIG hablaron con la Organización de los Estados Americanos (OEA), han hecho unos primeros acuerdos y van a establecer una comisión. ¿Cuál será finalmente la sustancia de esa comisión? Habrá que ver cuando celebren el acuerdo, habrá que esperar. Es Honduras quien tiene que definir cuál es el acompañamiento internacional que requiere o si finalmente no se necesita ningún acompañamiento de ese tipo.

CICIG fue detonante de la “primavera guatemalteca” contra la corrupción

Las investigaciones de la Comisión contra la Impunidad fueron clave para el despertar ciudadano. La indignación de la sociedad ante la corrupción fue el factor que los cohesionó para protestar sin un lider.

El 27 de agosto pasado, unas 130 mil personas pidieron la renuncia de Otto Pérez.

El 27 de agosto pasado, unas 130 mil personas pidieron la renuncia de Otto Pérez.

, 3 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyLa primavera árabe, esa emblemática lucha de calle en países como Libia, Egipto, Túnez y otros que lograron tumbar a gobiernos autoritarios o fraudulentos, tuvo sus réplicas en Asia y hasta en Latinoamérica.

En Centroamérica, puede hablarse sobre todo de los casos de Honduras, donde miles han aclamado por una comisión contra la impunidad, pero más específicamente de Guatemala, cuyas protestas pacíficas de miles de ciudadanos en las calles dieron pie a la renuncia de la vicepresidenta (Roxana Baldetti) primero, y del presidente Otto Pérez Molina, después, acusados de dirigir tramas de corrupción estatal.

Screen Shot 2015-11-03 at 12.45.19 PMSi estas multitudinarias protestas de calle fueron clave para poner de cabeza al sistema político guatemalteco, no menos fueron las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un “experimento”, como llaman algunos, de las Naciones Unidas para investigar estructuras paralelas en el Estado. El proyecto CICIG, cuyos orígenes se remontan a 2002, fue cuestionado y lo sigue siendo, pese al respaldo que ha tenido de la población guatemalteca y de las mismas instituciones como el Ministerio Público, que ha retomado y judicializado sus investigaciones y que ahora tienen tras las rejas a decenas de políticos por el caso de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.

Si bien analistas como el nicaragüense Arturo Cruz consideran que las “primaveras” tanto en los países árabes como en Centroamérica no han mejorado las democracias de esos países, en Guatemala, la sociedad civil y algunos politólogos como Phillip Chicola, de reciente visita en El Salvador, reinvindican tanto las movilizaciones civiles como el papel de la CICIG, pese a sus críticas e inclusive errores de concepción.

El experto guatemalteco es de la idea de que la CICIG debe mantenerse en Guatemala por un tiempo, pero que luego la propia institucionalidad del país deberá responder si continúan los grupos paralelos de poder enquistados en el Estado o cualquier manifestación de corrupción en el aparato estatal.

Además, Chicola piensa que algo ha cambiado en Guatemala con las protestas de este año, que surgieron cuando la indignación de miles de ciudadanos rebalsó al punto de tener algo en común -el repudio a los políticos tradicionales- que los llevó a la calle sin más motivación de querer construir un país mejor.

Por eso el experto cree que al ser manifestaciones espontáneas, la revolución 2.0 le llama, pues fue convocada por diferentes personas a través de las redes sociales, como ocurrió en los países árabes, podrá reactivarse cuando algo vaya mal en el futuro gobierno. Las principales características que definen a esta “revolución de los memes”.

Precisamente, el presidente electo el domingo pasado en segunda vuelta, el excomediante Jimmy Morales, tiene sobre él la vigilancia de los miles de guatemaltecos que hicieron renunciar a Otto Pérez y ya han avisado: “Si lo hacés mal, saldremos a la calle a pedir tu renuncia”. Esta es una de las frases que más han repetido a los periodistas los guatemaltecos que protestaron durante todos los sábados desde marzo pasado.

El largo camino de CICIG

Chicola explicó cómo la CICIG ha tenido un largo camino hasta desembocar en las investigaciones de este año contra “La Línea” y terminó con el presidente en la cárcel y siendo procesado por delito de corrupción.

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Lo primero que hay que saber es que en los últimos años del conflicto armado en el vecino país, allá por los años 90, se comenzaron a enquistar en las instituciones del Estado estructuras paralelas de poder, emanadas del conflicto armado (militares y grupos internos) además de participación de personal de instituciones de seguridad en crimen organizado (contrabando, robo de vehículos, secuestros, sicariato, limpieza social), persecución contra periodistas, activistas de Derechos Humanos y operadores de justicia, la penetración del narcotráfico en los sistemas de seguridad y justicia y la cooptación de las instituciones del Estado para acceder a corrupción.

Todas estas manifestaciones fueron nominadas en Guatemala como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

Ante esa situación, en 2002 Guatemala solicita ayuda a la Organización de Naciones Unidas (ONU) un convenio para combatir los CIACS y se crea el CICIACS, el cual fue un primer organismo con funciones parecidas a las de la CICIG actual. Pero entonces, la Corte de Constitucionalidad declara inconstitucional el CICIACS al delegar la función de la investigación en una instancia internacional.

Luego, en un segundo intento, ya en 2007, Guatemala solicita de nuevo el apoyo de la ONU ante el deterioro de las instituciones de justicia y logran la creación de la actual CICIG. Chicola explica que lograron sortear la inconstitucionalidad al centrar el espíritu del ente en la defensa de los derechos humanos atajando la impunidad.

En 2007 la Corte de Constitucionalidad, emite opinión consultiva en la que declara que CICIG no interfiere con ninguna función constitucional.

Tres comisionados

De esa fecha hasta hoy, la CICIG ha tenido tres comisionados, quienes son nombrados por el Secretario General de la ONU y reportan directamente a él. Debido a que cada uno de los comisionados ha tenido un perfil y líneas de acción diferentes, Chicola considera que el mecanismo de nombramiento puede ser mejorable, en el sentido que el accionar de la CICIG dependerá de si acierta o no el secretario de la ONU en turno a la hora de elegirlo. Además, que no existe un mecanismo de rendición de cuentas ante ninguna comisión u organismo colegiado que permita tener una fiscalización sobre los casos que investiga CICIG.

Así lo consideró de hecho en una entrevista con El Diario de Hoy Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que aglutina a más de 100 mil empresarios de Guatemala.

A su juicio, el actual titular, el colombiano Iván Velásquez, sí ha puesto énfasis en los temas más trascendentes.

Chicola explicó cómo el primer titular de CICIG, el español Carlos Castresana, le apostó a combatir el concepto tradicional de los CIACS, es decir los grupos enquistados en el aparato estatal que provenían de los antiguos cuerpos de seguridad. A su juicio, el español tuvo un manejo “político y mediático” de los casos que luego no documentaba y las acusaciones quedaban en nada.

Su sucesor, nombrado por el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el costarricense Francisco J. Dall’Anese continuó con casos abiertos por Castresana pero su “error”, de acuerdo a Chicola, fue investigar casos de la guerra y “abrir heridas”.

Fue hasta 2013 que llega al cargo el actual titular, Iván Velásquez, con una credencial importante al haber llevado a la cárcel en Colombia a 62 diputados, toma el control de CICIG y adopta, de acuerdo a Chicola, una visión más amplia de los CIACS y es cuando la CICIG comienza a tener el respaldo no sólo de las instituciones del Ministerio Público, sino de la población en general.

Fue hasta inicios de este año que sus investigaciones se solidificaron con el caso de estructura delictiva La Línea.

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Guatemala: La corrupción que fue revelada por periodistas, dice la Fiscal General

La fiscal Thelma Aldana dice que el papel de la prensa fue muy importante en los casos. Investigaciones periodísticas de La Línea fueron claves para que el pueblo se enterara.

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, señaló que el aporte de los medios ha sido importante en las investigaciones contra la corrupción

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, señaló que el aporte de los medios ha sido importante en las investigaciones contra la corrupción

, 13 sept. 2015 / EDH

Las investigaciones que realizaron durante meses los periodistas en Guatemala, sobre muchos casos que involucraban al poder político, empresarios y hasta el mismo presidente y vicepresidente de la República, fueron aportes claves en las indagaciones paralelas que desarrollaba el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La fiscal general, Thelma Aldana, afirmó a El Diario de Hoy, semanas atrás que el Ministerio Público fue muy profesional en las investigaciones, sobre todo en las que correspondían a la vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Aldana dejó entrever que la institución que dirige no revelaba información importante a los periodistas, sino, hasta que se realizaba una conferencia de prensa y se daban detalles de las capturas e investigaciones.

Sin embargo, la prensa realizó investigaciones de más de siete meses que revelan las riquezas y corrupción que estaba enquistada en el Gobierno. Una de las más fuertes fue la publicación que realizó El Periódico, donde el periodista Marvin del Cid, dio a conocer las casas lujosas de playa que había adquirido Baldetti, supuestamente con dinero que provenía de la corrupción.

El Gobierno logró infiltrarse en el referido medio de comunicación por medio de una periodista y tuvo acceso al reportaje un día antes de ser publicado. El Gobierno reveló en fotografías el tema en las redes sociales y la tildó como una “mentira y calumnia” contra Baldetti.

Sin embargo, meses después, aquel reportaje fue clave para la investigación ya que el Ministerio Público y la casa de playa de Baldetti,  figuraba en una de las propiedades que le fueron congeladas a la exvicepresidenta.

El Periódico volvió hacer público otras investigaciones de los helicópteros y residencias que estaban aparentemente ligadas a Otto Pérez Molina.

El periodista y propietario de El Periódico, José Rubén Zamora, afirmó a El Diario de Hoy, que  el precio que debió pagar por denunciar la corrupción fue alto.

Afirmó que amedrentaron a sus anunciantes privados y redujeron los ingresos en más de un 50 por ciento, fueron  infiltrados y espiados permanentemente, atacaron las  plataformas digitales en 14 ocasiones y destruyeron los archivos de textos y fotos.

La prensa publicó que había corrupción en La Línea

En febrero de este año, el periódico digital, Plaza Pública, ya había publicado en varias ocasiones la red de corrupción que operaba desde todas las Aduanas de Guatemala.

Sin embargo, los detectives de la Cicig y el MP, ya tenían adelantada una profunda investigación que fue revelada en marzo y que luego provocó que decenas de guatemaltecos se volcaran a las calles para pedir la renuncia de Pérez Molina y Baldetti.

Después que el MP y la Cicig, hiciera públicas las investigaciones, Plaza Pública, publicó extensos reportajes en el caso de La Línea.

El periodista Bill Barreto, expresó que para realizar los trabajos se tuvo que rastrear cuentas bancarias, propiedades, registros de comercio, empresas, revisar expedientes judiciales y otras diligencias.

El referido periódico digital publicó las comunicaciones que habían tenido los involucrados. Semanas después, el MP en conferencia de prensa, narró las conversaciones telefónicas que habían tenido los  acusados.

Para muchos guatemaltecos, la caída de su presidente y vicepresidenta, es un triunfo de los periodistas que siempre presionaron a sus gobernantes sobre la corrupción.

Posible vuelco aseguraría a Sandra Torres participar en segunda vuelta

Diferencia entre UNE y Lider es de 0.05% y aún faltan por contar 656 mesas (eso sin descontar los centros de votación quemados).

7 sept. 2015 / elPERIODICO

Con el 96.69 % de los votos (a las 8.35 horas) emitidos en las elecciones generales de Guatemala escrutados, los resultados dan como virtual ganador de la primera ronda al cómico y actor Jimmy Morales, que deberá enfrentarse en una segunda vuelta a un rival aún desconocido.

El Tribunal Supremo Electoral anunció a medianoche del domingo que Jimmy Morales, candidato presidencial del partido Frente de Convergencia Nacional, quien en estos momentos cuenta con el 24.13 % del total de los votos

Hasta ahora, su contrincante más cercano era Manuel Baldizón del partido Libertad Democrática Renovada (Líder) con un 18,43% de los votos, pero esta mañana está siendo superado por Sandra Torres Casanova, Partido Unidad Nacional de la Esperanza, por 0.05%.  A las 8.35 Lider tenía 19.44% y UNE, 19.48%. Uno de ellos será el rival de Morales en la segunda vuelta, que se celebrará el próximo 25 de octubre.

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Las elecciones que rompieron un paradigma

Durante cuatro procesos electorales los resultados no han sorprendido en la papeleta blanca, quien obtenía el segundo lugar en un proceso llegaría dentro de cuatro años al primer puesto y ganaría la primera magistratura del país. En 2011, fue Manuel Baldizón el que quedó atrás de Otto Pérez Molina, pero según los resultados preliminares de ayer, el candidato de Libertad Democrática Renovada (Lider) obtendría el 18 por ciento de los sufragios, superado por seis puntos porcentuales por Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional (FCN). Muy de cerca de Baldizón estaría Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con el 17 por ciento.

7 sept. 2015 / elPERIODICO


Guatemala: Entrevista a Jimmy Morales

Muy poco se sabe de Jimmy Morales, el hombre que lidera la primera ronda de la elección presidencial en Guatemala. Publicamos una entrevista del periódico digital guatemalteco NOMADA con el candidato. Es una entrevista “hostil”, el periodista obviamente no confía a su entrevistado. Pero si lo juzgamos por lo que dice en esta entrevista, parece entendible que se perfile como ganador de la primera ronda.

Segunda Vuelta

Jimmy Morales, en la entrevista con Nómada. Fotos: Carlos Sebastián

El candidato sorpresa, el humorista de la tele, el hombre que viene desde abajo, es un hombre terco. Perjura que el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el partido que fundó en 2008 Avemilgua, la asociación de la extrema derecha militar de Guatemala, hoy no tiene ya ningún peso militar ni relación con la cuestionada asociación. Dice que ellos ya no están, dice que nunca estuvieron, y vuelve a decir que ya no están. Morales es contradicción en un discurso muy vacío en el que su mayor fuerza es haberse convertido en el actor revelación de la campaña.

Martín Rodríguez Pellecer,  6 septiembre 2015 / NOMADA
Entrando al hospital nacional Roosevelt y en la calle Martí rumbo al hospital nacional San Juan de Dios, hay carteles de Jimmy Morales con un mensaje en tercera persona del plural. Un mensaje que podría estar dedicado a todos a los que alguna vez les rompieron el corazón y que buscan abrigo. Pero ‘Curaremos tus heridas’ no habla a los corazones rotos. En realidad es un mensaje a todos los usuarios de hospitales, uno de los pilares que Morales dice que caracterizan al FCN: salud, educación y desarrollo económico. Según sus cálculos, entre curar las heridas y todo el resto de vallas y anuncios de campaña con su cara, había Q1.7 millones para la primera semana de agosto, cuando fue realizada esta entrevista.

Jimmy compara a FCN con el machete, bueno o malo según quien lo use. Jimmy dice que hay que mirar al partido de ahora, no al del pasado. Jimmy se contradice sin parar, no quiere quedar mal con todos los financistas que lo empezaron a apoyar como la opción anti-Baldizón para presidente. Sus financistas, a quienes se ha sumado el sector privado tradicional, han aceptado tanto el origen del FCN, que esta semana el Banco Industrial pidió a Avemilgua que les sugiriera a quien honrar para izar la bandera y comprar un espacio entre los trending topics en tuiter. El hombre que es empresario de éxito, no tiene ninguna experiencia política y su única fuerza es la forma de su discurso, tan grandilocuente que se compara con el ex presidente revolucionario Juan José Arévalo. Sin programas sociales claros, lo único que sí dice es lo que no hará: legalizar el matrimonio homosexual. En el fondo de su discurso, hay un gran silencio, como el que queda cuando se apaga la tele.

No ha participado en la política y no tiene experiencia en el Estado, que es un aparato muy difícil de manejar. ¿Qué argumentos da usted para decir que puede ser un presidente de calidad si nunca ha puesto un pie en el Estado?

Mi acompañante, mi compañero de fórmula, el doctor Jafet Cabrera (exrector de la universidad nacional) sí tiene mucha experiencia en la administración pública; administró presupuesto y personal de la Universidad de San Carlos. Trabajó en el sistema de salud y conoce bastante el tema de administración pública. Me acompañan personas como José Carlos Castañeda, José Ramón Lam, Shely Ordoñez, personas que tienen experiencia en el estado y, lo más importante, no tienen señalamientos [de corrupción]. [Ninguno de los nombres son conocidos en la política nacional.]

Yo no tengo la experiencia de aquel lado del mostrador, pero soy administrador de empresas, soy licenciado en administración de empresas, y los últimos diez años me he preparado para servir dentro de la administración pública: he ido a las emergencias de los hospitales y he visto las necesidades de la gente. Antes era admirado y criticado por el gremio, hoy estoy siendo vituperado, estoy siendo blanco de campañas negras, estoy siendo indagado e investigado como ningún otro, para los demás es una raya más al tigre y a mí me exigen pureza absoluta, y está bien. No voy solo. Mi función como presidente es cumplir la ley y velar porque se cumpla, optimizar la tributación, transparentar la inversión y todos los servicios sociales, salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura y todo lo que se necesita. Hoy por hoy tengo a un buen referente en Juan José Arévalo… ¿Qué experiencia tenía [el ex presidente de Guatemala] Juan José Arévalo?

Arévalo era doctor en educación y antes no podía ser parte del gobierno porque estaba exiliado.

¿Y cuál era su experiencia en la cosa pública?

Había sido maestro.

Yo fui docente universitario en dos unidades académicas, tengo una maestría en políticas públicas y tengo un doctorado en seguridad estratégica que es la seguridad democrática. [en realidad son estudios en el doctorado, no el grado completo]

Doctorado iniciado por iniciativa del señor Avidán Ortíz (el clientelar decano de Derecho de la USAC) y de Ricardo Bustamante, el secretario de inteligencia del ex presidente Otto Pérez, para dar un grado a exmilitares.

¿Y eso le quita méritos al doctorado?

No, solo es diametralmente opuesto al doctorado de Juan José Arévalo. En uno de sus vídeos menciona al líder estudiantil Oliverio Castañeda como unos de los mártires del país. Para usted, ¿qué representa Oliverio Castañeda?

Oliverio Castañeda era hijo de una prima de mi abuelo, según me cuenta mi abuelo. Es la muestra de un joven intelectual, un buen estudiante, un hombre que realmente creía en que la preparación académica impartida en la Universidad de San Carlos le comprometía con una conciencia social y la lucha por el mejoramiento de la población más desposeída. Es un ejemplo de lucha.

El vídeo donde Jimmy habla de Oliverio Castañeda

 

Entonces cómo explica que, para hacer política, usted se alió con los ex militares que mataron a Oliverio Castañeda (en 1978, tras un discurso en el Parque Central).

De entradita, hay un pequeño error de información. El FCN fue un partido fundado por un grupo de personas entre las cuales había militares retirados.

Todos los directivos, secretarios generales y el secretario general adjunto de FCN eran militares.

Pero no todos estaban cuando yo llegué al partido en 2015. Ya todos se habían ido. Cuando nosotros llegamos, en las actas del comité ejecutivo ya no estaban ellos. Es más, el nombre del partido es FCN Nación, que fue la fusión de dos instituciones: un partido que estaba formado y un comité pro formación de partido. Este partido fue literalmente abandonado por toda su dirigencia, había también civiles y muchos más que hasta la fecha tengo el gusto de conocerlos. Mas no tengo amistad ni relación ni con los civiles ni con los militares que fundaron ese partido.

FCN es el partido de Avemilgua, lo fundó Avemilgua. [La Asociación de Veteranos Militares, la más radical de derecha, odiadora de la democracia]

No, no, no. Es una institución pública formada por personas. El FCN fue formado por personas. Después del 2011 sufre una debacle, el candidato que iba a participar, Ricardo Sagastume [hoy ministro de Economía por orden del magnate Mario López, de Tigo], un día antes de la asamblea llama y dice que no va. El partido queda abandonado. Yo para ese momento ni sabía de la existencia del FCN. Yo recibo la invitación de FCN en el 2011 para ver si quería participar con el partido y les dije que no, porque estaba formando una agrupación. Me dijeron que la agrupación ya estaba formada, pero yo no estaba comprando instituciones. Me contestaron que no me estaban vendiendo sino me invitaban a participar. Gabriel Tzian y Yolanda Tzian, Edgar Ovalle, Gregorio López, Milton Sánchez y Erwin Maldonado. Nosotros nos incorporamos y hoy el movimiento Nación es un movimiento netamente ciudadano. No tengo la más mínima relación, ni la más mínima comunicación con militares, ni la más mínima intención de ocultar algo porque no hay esa información.

Es un hecho que se metió a un partido fundado por personas que eran parte de Avemilgua.

FCN no lo fundó Avemilgua, lo formaron personas individuales. Cuando yo llegué a ese partido, ya no tenía esas personas. El machete es mal o es bueno, no es ni bueno ni malo, en manos de un trabajador, es una herramienta de trabajo, en manos de un criminal es un arma homicida. El partido en sí, no podés decir que es malo, es una institución pública y hoy la gente tiene que evaluar en base a las personas que están; en segundo lugar yo soy egresado de la San Carlos, soy un hombre con el derecho de poder defender cualquier causa social partiéndose por eso vamos a justificar la ideología de una persona, y que alguien pueda decir te metiste a un partido, eso es muy subjetivo, muy subjetivo, totalmente subjetivo.

En FCN Nación siguen fundadores de Avemilgua: Edgar Ovalle, Gregorio López, Alsider Arias…

Bueno, bueno, si lo quiere jalar de esa forma. Ahí si no hay pierde. Yo creo que estás sacando de su contexto el tema (del video suyo de campaña, en el que aparece el estudiante revolucionario Oliverio Castañeda), porque también está Jorge Carpio [político centrista asesinado en 1993]. Estás sacando de contexto un elemento y sacar de contexto las cosas no es bueno. ¿Qué dice el texto de ese video por el que usted me está sacando de contexto?

Que usted no tiene miedo de ser un mártir.

Guatemala ya no necesita mártires. Saqué la figura de Oliverio Castañeda y saqué la figura de Jorge Carpio porque son dos crímenes políticos importantes o mártires políticos que representan de una forma las cosas que no deben suceder en Guatemala. No estoy valiéndome de la figura de Oliverio Castañeda de una forma ideológica, es un hecho que sucedió. Te sugeriría que no saquemos de contexto esa figura porque creo y me gustaría que presentaras el video del que estamos refiriéndonos.

Con gusto. No es sacarlo de contexto, lo que le planteo es que puede haber una contradicción en tener cercana a gente del ejército.

Pero insisto, no están cercanos, que haya dos, tres, cinco personas (militares) inscritas entre 700 te da la idea de la inclusión. Nosotros tenemos que ser incluyentes. Con César Cabrera [su candidato a ministro de Gobernación] fuimos compañeros en el doctorado de seguridad estratégica [fundado por Ricardo Bustamante, jefe de inteligencia de Otto Pérez]. Es un excelente ingeniero, sabe mucho de seguridad digital. Parte de su proyecto es poder al fin tener una sola estadística [que ya existe], y que pueda funcionar para el Ministerio Público, para la PNC. Pero si hay que hacer los señalamientos correctos porque creo que los periodistas están sacando de contexto muchas cosas.

Platiquemos de su carrera dentro de los canales con su programa exitosísimo de Moralejas. Usted estuvo a punto de hacer una fusión con Luis Rabbé [diputado de Líder, presidente del Congreso, cuñado del dueño de los canales, Ángel González] con los grupos Mío y País. Usted dijo en una entrevista con Sylvia Gereda que era amigo de Rabbé. ¿Cuál es su opinión del político Luis Rabbé?

Sí, pero yo fusión con Luis Rabbé, no. Yo iba a participar en Movimiento Integral de Oportunidades (MIO), al que me invito el periodista Lico Castillo, un periodista precisamente de izquierda, y parece ser que ahí se estaban fusionando dos agrupaciones. Pero hubo problemas; no entendía cuáles eran los problemas, y me retiré. Por País estaba el señor Luis Rabbé y yo no sé qué problemas tuvieron, simplemente decidí alejarme. En el caso de Luis Rabbé, tuve el gusto de conocerlo cuando él era director de Radio Sonora y yo trabaje en deportes, allá por 1997. Tuvimos una relación muy escasa, hablamos dos o tres veces. Me pareció una persona que respetó los acuerdos que hicimos. Estuve dos años en Radio Sonora y nunca más tuve relación con Luis Rabbé. Volvimos a tener dos o tres pláticas, nada político sino coloquial. Nada que ver con alguna relación ni de amistad ni de política. A la pregunta que me estás haciendo de que opino, creo que él ha tenido algunos señalamientos, a mí no me consta nada, no tengo relación directa con él, no tengo una amistad con él; yo creo que la gente tiene la libertad de poder externar de acuerdo a los señalamientos que él ha tenido.

¿Qué opina de Ángel González [propietario de Radio Sonora y el monopolio de la televisión abierta, donde hizo carrera con su programa cómico] y su papel en la democracia y la relación en el estado?

No tengo el gusto de conocer al señor Ángel González. Con las empresas que tengo con mi hermano, hemos tenido relación con los canales. Fundamentalmente con Moralejas, con la que hemos producido no solamente el programa de televisión sino películas, comics y otras producciones con la que le hemos vendido servicios. Todo lo que tengo de referencia de él, es a través de conversaciones, comentarios, me parece un empresario de éxito, que ha influido como todos los medios en la democracia y en la política nacional.

¿Usted renovaría las concesiones a los canales 3, 7, 11 y 13 si llegara a ser presidente?

Creo que no me correspondería puesto que el vencimiento no es en ese plazo.

¿Cree usted que debería renovarse?

Debiera hacerse la investigación. Mientras más opciones haya, más competencias, es beneficioso.

El presupuesto general de la nación otorga un porcentaje de la publicidad estatal a esos canales. ¿Qué opina usted?

El Estado no debiera tener tanta publicidad y para continuar pienso que no debe asignarse una cantidad tan alta en ningún medio.

¿Usted lo cambiaría?

Sí.

Y si le tocara, ¿consideraría no renovar la licencia a los cuatro canales?

No solamente es una decisión política sino también una decisión legal. Te insisto, todo aquello que lesione el beneficio nacional, definitivamente hay que revisarlo y hay que cambiarlo en beneficio de la nación, eso es un hecho.

En el caso de los canales, durante los últimos 25 años han hecho que se endeuden los políticos y a cambio tienen que pagar favores y después retribuirlo por medio de publicidad estatal.

No es mi caso, no es mi caso. No he hecho publicidad con ningún medio abierto, mi campaña se ha basado en realizar publicidad exterior y redes sociales con lo que yo puedo pagar [hasta antes de agosto, era un candidato que recibió pocos infomerciales; durante agosto, esa publicidad creció a vallas y anuncios caros]. El que se quiere comprometer, se compromete no con un medio sino con todos los medios. En Guatemala, hay un problema de corrupción a todo nivel, no solo dentro del gobierno. De nosotros, de mi persona muchos medios han dicho muchas cosas, escudándose en distintas cosas. Se hace un periodismo investigativo pero no finaliza la investigación.

¿Por qué cree que Baldizón le gustaría enfrentarse con usted en segunda vuelta y no con Sandra Torres?

Yo no creo que a él le interese enfrentarse conmigo y te voy a decir porqué. Porque él representa el mal y yo represento el bien. Hay tres partidos que hoy son indeseables en la canasta política, yo no soy uno de ellos, yo representaría precisamente todo el caudal anti voto de la política tradicional, a él no le conviene bajo ninguna circunstancia enfrentarse con Jimmy Morales; a mí sí porque tengo toda la capacidad de poder ver al frente y decir aquí está la verdadera diferencia.

Usted dice que son diferencias de día y noche, pero el FCN presenta al hijo de un diputado de Líder como candidato, Adín Maldonado, y están militares que fueron candidatos con el FRG [un gobierno corrupto, 2000-2003], están dos asesores ministeriales del PP [2012-2015], pareciera que algunos de su equipo ya han hecho gobierno.

Que Adín esté con nosotros no nos liga con ellos. Adín llegó, me habló y con mucho gusto le abrimos la puerta para que participara. Lo revisamos a él y no tiene ningún señalamiento. Él es un joven que se ganó la posición y está trabajando para el proyecto.

Se lo pregunto porque es una práctica general en el Congreso que muchos caciques que quieren salir de la escena pública, ponen a sus hijos como monigotes para que han su trabajo en el Congreso [como Mario Estrada, UCN, o Juan José Giordano, Líder].

Sí, pero hablaste de caciques y este no es el caso. Él no es un cacique, es un empresario y el hijo es un abogado que se va a graduar y quería participar. No tenemos nada que ocultar y hemos pedido a la CICIG y a los medios que nos investiguen y todo lo que vean va tener una explicación. La explicación de Adín es que es un joven profesional que está luchando porque quiere participar y nosotros le dimos la oportunidad.

Hablemos de otro joven. Edgar Chín que era candidato a diputado de FCN. ¿Por qué llegó él?

Él llegó hace dos años a trabajar al partido a tocarnos la puerta para poder participar, él no es hijo de ningún político de nada.

Es hijo de uno de los accionistas de Siga, la opaca empresa del Transurbano.

Ah, bueno.

¿El papá de Edgar Chin no aportó a la campaña de FCN?

Hasta donde yo sé, hacia nosotros no. Lo que hizo Edgar Chin fue entrar y aportar para su campaña. Todos los que vamos a ir a una posición, aportamos para nuestra campaña. Edgar Chin, estudiante de la Universidad Rafael Landívar, estudió unos semestres de derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala, estaba sacando una maestría en la universidad San Pablo y sus señalamientos fueron por algunas fotos que le circularon [en referencia a las imágenes para descreditarle por ser homosexual]. Yo respeté su decisión. Quién decidió renunciar fue él y sigue trabajando con nosotros aun cuando ya no es candidato por su renuncia.

¿Siente usted que hizo falta defenderlo como líder de su partido?

No para nada, nosotros y te podes dar cuenta cuál ha sido nuestra política, en el partido establecimos ya canales de comunicación, cuando el ataque es a Jimmy Morales, Jimmy Morales sale en la respuesta, cuando el ataque es al partido, el partido sale en la respuesta, cuando el ataque fue a Edgar Chin, Edgar Chin salió en la respuesta, cuando Javier Hernández Franco fue atacado, Javier Hernández Franco salió en defensa de su honorabilidad.

Yo creo que somos un partido de personas serias, de ciudadanos adultos, de ciudadanos que debemos dar cuenta de nuestros actos. Yo no puedo salir defendiendo todas las causas del partido por tres razones, primero no es el trabajo del secretario general de un partido ni del candidato presidencial, no es cuestión de defender, es cuestión de demostrar las pruebas y las pruebas se fueron mostrando y cada quién se tiene que amparar a las conductas que han realizado.

Para cerrar con el caso de Chin, ¿cuál es su opinión sobre los derechos de los gays?

Todas las personas tienen libertad y eso está establecido en todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y en la misma Constitución se habla de los derechos humanos.

¿Cree que debería de legalizarse el matrimonio gay en Guatemala.?

No es el momento ni estamos preparados para eso. He sido claro siempre en decir que no debe legalizarse.

Pero se contradice porque acaba de decir que los gays tienen todos los derechos.

Y tengo el derecho a oponerme. No dije que no tuvieran derechos, te dije que no estoy de acuerdo con una ley, no estoy diciéndote que estén en sus derechos o no estén en sus derechos. Si lo quieren hacer y aquí es prohibido, pueden ir a un lugar donde sea legal.

Sobre la desigualdad, ¿qué opina? Guatemala es uno de los 10 países más desiguales del mundo ¿cómo lo contrarrestaría en su gobierno?

Tratando de no tener el pensamiento que muchos tienen, es bueno que los militares participen en política.

No… me refiero a la desigualdad económica.

Yo me refiero a todas las desigualdades. Creo en la igualdad, todas las personas debemos ser tratados con la misma justicia.

¿Usted le cobraría más impuestos al 1% de más ricos?

No, volvemos al punto de la igualdad

¿Cómo va a fomentar la equidad económica?

Empecemos por el principio, que todos paguen los impuestos y después vayámonos a los temas que son el siguiente paso, nosotros no podemos igualarnos a una conducta de vida europea.

A Jimmy Morales le gusta decir sin decirlo que es un hombre hecho a sí mismo. Le gusta contar su historia de niño pobre que fue a la universidad y se hizo empresario de éxito en la televisión. Le gusta contarlo en mítines y entrevistas. Lo cuenta siempre igual. Como buen actor, se sabe de memoria el guión de la lágrima, el guión de su vida, el que usa desde 2015, el año en que quiso ser presidente. “Yo soy hijo de una viuda, yo vendí plátanos en el mercado de Santa Luis, sé lo que es jalar agua porque en mi casa no había agua, se lo que es tener letrina en la casa”. Jimmy Morales tiene un discurso que le gustaría contar como presidente, que no le incluye fomentar la desigualdad contra la pobreza.

En su programa Moralejas, su personaje Black Pitaya [un garífuna que vive en Livingston] tenía muchos tintes racistas, ¿qué hará para combatir el racismo?

Ser inclusivos. En Livingston, los hermanos garífunas me aman y les fascina Black Pitaya; en el occidente mis hermanos de etnias mayas también; en el oriente, les fascina Nito y Neto. No estamos tratando de ofender a nadie, es cultura, es comedia.

Además de la inclusión, ¿qué políticas públicas específicas va llevar a cabo contra el racismo?

Las políticas precisamente que están hoy por hoy. No se necesita tanta legislación, estamos honestamente bien legislados. Las políticas públicas tienen que plantear lo que es la verdadera cultura guatemalteca, más que dividirnos en tanta cosas. Tenemos que generar una expresión de orgullo y dignidad para que empecemos a distanciarnos de todas esas cosas.

Yo le pregunto esto, porque si bien nadie puede disentir de esa aspiración política de soluciones propias o unir al país, yo lo que quiero es que los lectores quede claro: ¿Qué haría usted para lograr una mejor Guatemala?

José Mujica [ex presidente de Uruguay] dijo: educación, educación, educación. Pero en Guatemala no se puede hacer eso.

Porque no hay recursos. ¿De dónde va sacar dinero?

El Estado solo puede sacar dinero de los impuestos.

Pero, ¿qué impuestos va cobrar?

No vamos a cambiar los impuestos. IVA, ISR, ISO, los hidrocarburos, IUSI todos estos. El problema ahorita más fuerte es hacer que todos paguemos los impuestos.

Muchas empresas no pagan los impuestos que hay, ¿qué va hacer usted con eso?

La gran empresa no genera empleo, a menos que sean las maquilas. Parte de la gran empresa va hacia la automatización y la automatización lo que persigue es eliminar la mano de obra. Si nosotros queremos generar empleo sin estar beneficiando a empresas nacionales o extranjeras, tenemos que fortalecer la pequeña y mediana empresa, y desde la economía informal,  porque cómo te conté yo vendí plátanos en el mercado, plásticos en la Terminal, y ropa en la 18 calle.

¿Cuál es la política pública más urgente que llevaría a cabo su gobierno?

La política de Seguridad Alimentaria Nutricional. En Guatemala el año pasado se nos murieron 152 niños de desnutrición aguda, si vas a Río Hondo y vas a la fundación Esperanza de Vida y vas a ver más de 300 niños que quedaron con lesiones mentales, con lesiones físicas a causa de la desnutrición aguda porque ya no se pudieron recuperar.

¿Qué va tener diferente respecto a la actual?

La focalización y la transparencia. El enfoque es mujeres embarazadas, niños mayores de 0 a 5 años, ancianos, mujeres y hombres, en ese orden en extrema pobreza. Nosotros estamos evaluando si la bolsa de alimentos es realmente la forma de combatir la desnutrición o si enfocamos hacia las escuelas, el problema de la escuela es que ya es tarde. Yo quiero y demando un pueblo comprometido. Yo soy hijo de una viuda y sé lo que es tener necesidad, pero a pesar de eso mi mamá nunca agarró un programa social. ¿Qué vamos a hacer? Conciencia social.

Mi campaña es lo que tengo para mostrar mi vida… ¿De qué han vivido estos políticos que han gobernado antes de la política?, ¿de dónde sacan dinero para vivir?

Es un misterio.

Yo he sido trabajar y tengo muestras de que me ganado a pulso el lugar en donde estoy y mi campaña ha sido de esfuerzo porque sé lo que cuesta ganarse el dinero, eso lo que puedo tener.

Valerie Julliand/ONU: “Guatemala puede iniciar un cambio en toda la región”

La responsable de la ONU en el país centroamericano defiende el movimiento de protesta como un ejemplo para América Latina.

Valerie Julliand, responsable de la ONU en Guatemala. / J. E.

Jan Martínez Ahrens, 6 sept. 2015 / EL PAIS

Valerie Julliand es la responsable de la ONU en Guatemala. De ella depende, en última instancia, el organismo de investigación que ha destapado los escándalos que han derribado al jefe de Estado y dado fuelle a una histórica ola de indignación popular. Buena conocedora de a estructura institucional guatemalteca, Julliand defiende el movimiento de protesta y se muestra cauta ante el factor militar.

Pregunta. ¿Adónde va Guatemala?

Respuesta. El movimiento de protesta ha despertado la alegría y la esperanza. Cuando llegué a Guatemala hace dos años, este era un pueblo resignado. Y ahora la gente ha descubierto que tiene voz y vuelve a decidir. El camino es largo, pero el país ha entrado en la lógica de la democracia.

P. ¿Y esta ola va a seguir o se va a transformar en una fuerza política ordinaria?

R. Ambas cosas. La gente no va a volver a su letargo. Pero la protesta no puede durar sin que se organice en un movimiento político. En el medio plazo, puede dar lugar a fuerzas que ahora no existen.

P. ¿Quiénes forman este movimiento?

R. Es muy diverso y ha transcendido su origen. Empezó como un movimiento urbano y ladino, pero poco a poco se ha extendido. Se han sumado indígenas y gente del interior, organizaciones de mujeres, estudiantes de todas las universidades, personas corrientes, la tercera edad y hasta las asociaciones de motociclistas. Es algo inédito.

P. ¿Y se puede contagiar al área centroamericana?

R. En esta época de Facebook, Twitter, teléfonos inteligentes y Google, los movimientos se expanden rápidamente. La primavera árabe arrancó en Túnez y saltó fronteras. Lo que ocurre en Guatemala puede ser el inicio de un cambio en toda la región, porque en los otros países se han dado cuenta de que se puede hacer.

P. Guatemala tiene problemas de malnutrición, sequía, violencia, narco. ¿Por qué la chispa ha saltado por la corrupción?

R. Todo empieza con el escándalo de las aduanas, donde se roba el dinero de los impuestos. Esto toca a la clase media, a su dinero, y por eso son ellos los que inicialmente se manifiestan. Pero en el movimiento ha surgido una reflexión y hemos visto lo que nadie podía imaginar, los ladinos hablando en nombre de los indígenas, la clase media defendiendo a los pobres. La gente ha abierto la mente y se ha rebelado contra las injusticias.

P. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que depende de la ONU, ha sido el organismo que ha destapado la corrupción y es odiada por muchos políticos. ¿Cree que podrá mantenerse mucho tiempo?

R. La CICIG ha sido determinante. Pero no investiga sola, sino que trabaja mano a mano con el ministerio público. Ahora no es el momento adecuado para que se retire, debe hacerlo cuando el país tenga capacidad para hacer esa tarea por sí mismo.

P. ¿Y se puede exportar el modelo?

R. La CICIG fue diseñada a la medida de Guatemala. Pero los problemas de corrupción de aquí son similares a muchos otros países de América Latina, por lo tanto, el modelo es exportable.

P. ¿Cree que el factor militar tiene peso en Guatemala?

R. En Guatemala, el Ejército nunca ha sido depurado de verdad. Y sigue teniendo mucho peso.

P. ¿Pero ve una posibilidad de intervención?

R. No tengo suficientes elementos para decir sí o no. No lo veo inmediatamente. Pero en Naciones Unidas tenemos que considerar todo. Hemos visto que en Guatemala pasan cosas que no habíamos anticipado.

P. ¿Es fallido el Estado guatemalteco?

R. Trabajé durante 14 años en África, en países en guerra. Y ahí sí que lo eran. En Guatemala siempre pensamos que faltaba institucionalidad, pero estamos viendo que lo que funcionan son las instituciones. No es un paraíso y se necesitan reformas profundas, pero es a través del proceso institucional que se está abordando la crisis y que se ha encarcelado a un presidente y a su vicepresidenta. Y la sociedad civil, después de décadas de apatía y miedo, ha demostrado que sabía organizarse y actuar.

P. ¿Y cómo va a influir esto en las elecciones generales de este domingo?

R. Han pasado tantas cosas, las sorpresas han sido tantas que es muy difícil hacer un pronóstico. La renuncia del presidente ha calmado la frustración popular. Pero también ha cambiado el equilibrio de fuerzas y ha sacudido los esquemas tradicionales, y eso puede generar violencia.