Mes: abril 2017

Esta semana en Francia, Venezuela y El Salvador. De Alberto Arene

Nunca desde la guerra luce tan oscuro el cielo, sin que próximo se vislumbre un nuevo amanecer.

Alberto Arene, 27 abril 2017 / LPG

El triunfo de Emmanuel Macron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia es una excelente noticia para este país, para Europa y el mundo. Con una participación del 70 % del electorado, Macron obtuvo el 23.9 % de los votos siendo el candidato con la mejor perspectiva de derrotar en la segunda vuelta a la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, que obtuvo el 21.5 %.

Inmediatamente después de conocerse los resultados, el candidato de la derecha republicana, François Fillon, y el de la izquierda socialista, Benoit Hamon, expresaron su respaldo a Macron. El candidato de la izquierda más radical, Jean Luc Melenchon, que obtuvo 19.9 % de los votos, ha llamado a sus seguidores a no darle ni un solo voto a Le Pen mientras les consulta si respaldan a Macron quien con 60 % lidera la intención de voto para la segunda vuelta presidencial.

La victoria –ahora improbable– de Le Pen amenazaría las libertades y la tradición democrática francesa, y la viabilidad misma de la Unión Europea, después de la salida de Gran Bretaña con el Brexit, alimentando la ola populista en el mundo. La victoria de Macron salvó a Francia y Europa, es una excelente noticia.

En Venezuela se agudiza la confrontación entre el régimen dictatorial chavista y la oposición, con una escalada represiva que ya causó muchas víctimas. La fiscal Luisa Ortega, de larga identificación Chavista, confirmó que son 26 los muertos durante las últimas marchas y protestas, 437 los heridos, 1,280 detenidos (65 privados de libertad y 217 que serán presentados a los tribunales). Ortega es la fiscal que el 31 de marzo pasado afirmó que se había roto el hilo constitucional en el país por dos sentencias que después fueron parcialmente suprimidas.

Dicha ruptura total del orden democrático y el aumento de la violación generalizada de los derechos humanos condujo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a convocar nuevamente con carácter de urgencia al Consejo Permanente, con la expectativa que logren obtener 19 votos para convocar a la reunión de cancilleres para discutir y decidir –finalmente– si a Venezuela se la aplicará la Carta Democrática que requiere 24 votos, equivalentes a dos tercios del total.

Para intentar contrarrestar y neutralizar la iniciativa del secretario general y el cambio de la correlación de fuerzas en la OEA, el gobierno de Venezuela le pidió al de El Salvador que ejerce la presidencia pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que convoque a una reunión de sus cancilleres para “tratar las amenazas contra el orden democrático constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, así como las acciones intervencionistas contra su independencia, soberanía y autodeterminación”. El presidente de la república accedió a la solicitud de reunión que tendrá lugar el próximo 2 de mayo de 2017 en San Salvador. En dicha reunión, difícilmente saldrá un comunicado conjunto de consenso, ignorando su utilidad práctica.

El Salvador comenzó la semana con algunos peldaños más abajo en las calificaciones de riesgo internacional y unos peldaños más arriba en la previsión de crecimiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de 2.2 a 2.5 % en 2017, el crecimiento más modesto de Centroamérica. No obstante esta buena noticia, sus beneficios serán opacados por la degradación de las calificaciones de riesgo y sus efectos negativos en el acceso al crédito y en el encarecimiento del dinero, y en las decisiones de inversión privada nacional e internacional, profundizándose la desconfianza y dudas sobre El Salvador.

Fitch Ratings colocó a El Salvador en “Default Restringido”, Moody’s Investors advirtió que el incumplimiento pueda ser el inicio de un impago generalizado, otorgándole a la deuda una categoría (Caa1) que considera especulativa y con alto riesgo crediticio. Standard and Poor’s declaró a El Salvador en “Incumplimiento Selectivo”, categoría reservada para aquellos países en quiebra. Los efectos del Impago del servicio de la deuda previsional de la semana anterior fueron muy grandes y la solución encontrada –recortando $56.7 millones del presupuesto en educación y salud para honrar el compromiso de los certificados de Inversión Previsional (CIP)– es de carácter temporal, tiene costos políticos, y no resuelve el daño causado al interés nacional y a los ciudadanos.

Pero esta última jornada política del impago y de su “reparación” posterior ha dejado al gobierno y su partido, y al principal partido de oposición, con un nivel de enfrentamiento superior preparando ambos los cuchillos largos para las batallas entrantes. “El abandono de la moderación y la crispación” fue el titular del editorial de uno de los periódicos nacionales.

Coinciden estos acontecimientos con la segunda misión al país del facilitador del secretario de Naciones Unidas para buscar acuerdos nacionales de gobernabilidad y desarrollo. Para la sostenibilidad de las finanzas públicas y para enfrentar la agenda de seguridad, económica, social y medioambiental y de gobernabilidad, es imperativo avanzar hacia dichos acuerdos, no obstante las dudas de actores y decisores fundamentales sobre la utilidad y viabilidad de la facilitación.

Nunca desde la guerra luce tan oscuro el cielo, sin que próximo se vislumbre un nuevo amanecer.

Sí importa. De José Portillo

Déjeme decirle que su voto, involucramiento y opinión sí importan, créame que a Messi y a Ronaldo no les quita el sueño si usted tiene trabajo, le cobran renta, lo asaltan en el bus o si aquí se pierde la república.

José Portillo, 27 abril 2017 / EDH

Muchas veces escuchamos a personas decir que no importa quién gobierne todo seguirá igual, que para qué opinar o involucrarse si nada cambia, que todos los políticos son iguales y de poco sirve incluso ir a votar. De hecho hemos tenido eventos electorales con abstencionismo de hasta el 65 %. A estas personas, de ahora en adelante, les preguntaré qué significado tiene para ellos la palabra igual.

Comienzo por el más evidente problema que tenemos actualmente: un gobierno a la deriva, sin líder ni plan, ni nada que se le asemeje. Basta ver los eventos recientes, donde en una misma conferencia de prensa tres funcionarios dieron recomendaciones contradictorias entre sí. Fue obvio que no hubo una reunión previa para consensuar ideas y elaborar un sencillo comunicado, mucho menos designar a un portavoz oficial ante la ausencia del presidente, que es el llamado a dar la cara e infundir calma en momentos difíciles, como lo fue el enjambre sísmico.

En la historia reciente del país, por primera vez hemos sido degradados a nivel de “bonos basura”, es decir, el afamado cambio sirvió para empeorar, dado que antes éramos grado inversión a la par de países como Chile. Para los que decían que aquí no podíamos llegar a ser igual que Venezuela, les cuento que ya somos. ¿Pero qué significa esto para usted, amigo que me lee? Que si usted le debe al banco, su tasa de interés irá hacia arriba. En la empresa privada el costo financiero impacta directamente en el costo de los bienes producidos o comercializados, es decir, usted pagará más por lo mismo.

Ante esta situación, cualquiera pensaría que el Ejecutivo estaría por implementar un ambicioso plan de recortes para reducir el gasto estatal, congelando contrataciones de nuevas plazas, reduciendo el número de asesores a la mínima expresión, eliminando de tajo; la publicidad gubernamental, seguros médicos privados y viajes al exterior. Pero no, no se emocione, amigo lector, nada de eso está siendo siquiera considerado por el Ejecutivo. Lejos de eso, acaban de re estructurar el presupuesto reduciendo las asignaciones a las carteras de salud, educación y seguridad. Es decir, en lugar de abordar el problema desde una perspectiva técnica y pragmática, han recurrido a lo único que saben hacer: culpar a ARENA, como si así se va resolver el problema de exceso de gastos.

Ante un panorama tan poco prometedor, está pasando lo que tenía que pasar, somos el país con menor inversión extranjera en la región, con el menor crecimiento en términos porcentuales y absolutos. Usted se preguntará, ¿y esto en qué me afecta? Sencillo, si usted está sin empleo o en un empleo que le paga por debajo de su capacidad o preparación, sus probabilidades de mejora son escasas o nulas, dado que hay demasiadas personas para muy pocos puestos de trabajo. Como consecuencia lógica, veremos a más hermanos salvadoreños buscando migrar, perpetuando así el ciclo de desintegración familiar, que ya mucho nos ha costado.

Por lo antes expuesto déjeme decirle que su voto, involucramiento y opinión sí importan, créame que a Messi y a Ronaldo no les quita el sueño si usted tiene trabajo, le cobran renta, lo asaltan en el bus o si aquí se pierde la república.

Ya es hora que como sociedad despertemos, nos informemos y busquemos educarnos para entender cómo funciona nuestro sistema de gobierno, de tal manera que sepamos, qué podemos y debemos esperar de cada institución o funcionario de gobierno. El fútbol es lindo, pero de ver partidos no se come ni se hace patria.

@jpelsalvador

El “default” electoral… De Luis Mario Rodríguez

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular.

Luis Mario Rodríguez, 27 abril 2017 / EDH

Ecuador nos mostró un nuevo antecedente en el que las urnas presentaron una diferencia muy estrecha entre el primero y el segundo lugares. Lo mismo sucedió en México en 2006, en El Salvador en 2014 y en Perú en 2016, para citar solo algunos casos en la última década. Cuando un candidato gana la elección con menos de un punto porcentual de distancia de su más cercano competidor se encienden las alarmas en el partido perdedor, en la sociedad civil y en los observadores electorales nacionales e internacionales. Los factores que contribuyen a resolver un panorama de este tipo se concentran en la credibilidad de la autoridad electoral, en los mecanismos legales que permitan la impugnación de los resultados y en la atención que se brinde a los aspectos que se identificaron como deficitarios en anteriores comicios.

Un árbitro electoral cuestionado por su falta de imparcialidad, ya sea porque algunos de los magistrados que lo integran mantienen públicamente afinidades partidarias o por la negligencia de la entidad en la organización de la competencia electoral, complica la solución de eventuales crisis políticas. México logró superar la dificultad que le generó el alejamiento de los presidenciables del PAN y del PRD, Felipe Calderón y Manuel Andrés López Obrador, respectivamente, con apenas 250,000 sufragios que corresponden a 0.56 % de los 41 millones que votaron, porque cuenta con un sistema desconcentrado en el que una institución organiza las elecciones y otra califica la validez de los datos finales.

En los casos de Perú y Ecuador fueron la solidez de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente, las que evitaron una rebelión de los militantes y simpatizantes de una y otra fuerza política. De 1995 a 2016 la ONPE organizó 78 procesos electorales. Al igual que México, en Perú existe un organismo autónomo que administra justicia electoral: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por otra parte, la intervención de la Misión de Observación Electoral de la OEA garantizó, en el caso ecuatoriano, la legalidad del proceso. Tratándose de una “pelea” del oficialismo, liderado por Lenin Moreno, con el empresario Guillermo Lasso, del movimiento político Creando Oportunidades, la OEA desempeñó un papel de primer orden debido a los prejuicios originados por la afinidad de Rafael Correa con la corriente del Socialismo del Siglo XXI y la ansiedad de la oposición por terminar con un régimen que ha violentado, durante años, la libertad de expresión en Ecuador.

La elección de 2014 en El Salvador se definió por escasamente 0.20 %, equivalente a 6,364 votos a favor del actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén, y en contra del entonces aspirante presidencial por el principal partido de oposición, Norman Quijano. Este último impugnó el veredicto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante esa instancia y en la Sala de lo Constitucional (SCN) de la Corte Suprema de Justicia y solicitó la repetición del escrutinio a nivel nacional. Ninguna de las dos instituciones le dio la razón. En las elecciones legislativas de 2015, la SCN ordenó el recuento de votos en la circunscripción electoral de San Salvador debido a las inconsistencias detectadas en muchas de las actas. Al final el cómputo arrojó más de 20,000 votos que no habían sido contabilizados.

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular. Extrañamente los partidos políticos y, al interior de éstos, los diputados que han mostrado un destacado desempeño en su labor como legisladores además de otros con una amplia experiencia en materia electoral, no han exigido públicamente y de manera reiterada el financiamiento necesario para la disputa electoral, la contratación de tecnología y las reformas electorales que permitan corregir errores en el cálculo de votos y marcas.

También deben impedirse las campañas adelantadas, el uso de recursos del Estado a favor del partido oficial y el financiamiento ilícito, agilizarse la integración y capacitación de los miembros de las JRV, y vigilar el resultado de las elecciones internas de los partidos.

Carta a obispos salvadoreños y venezolanos: Hay momentos cuando hablar es obligación. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 abril 2017 / EDH y MAS

Estimados amigos:
Un amigo me preguntó: “¿Cómo es que siempre estás criticando a los que mezclan religión con política, pero aplaudes a los obispos venezolanos cuando se manifiestan contra el régimen de Nicolás Maduro?”

Es cierto, he criticado a nuestros obispos por convocar y encabezar marchas exigiendo a la Asamblea que prohíba la minería metálica. Me burlo a veces de las conferencias de prensa que el arzobispo o monseñor Rosa Chávez celebran luego de sus misas dominicales en catedral, y donde definen la posición de la Iglesia Católica frente a casi todos los temas políticos de la actualidad: minería, agua, pensiones, déficit, lo que esté en la agenda política. También critico a quienes pretenden imponer a ARENA y sus diputados posiciones fundamentadas en la fe: sobre el aborto, la forma correcta del matrimonio, educación sexual, derechos de homosexuales…

Jamás he criticado a monseñor Romero por su llamado a los soldados a no obedecer a quienes les ordenaran disparar contra el pueblo. La Iglesia no puede callarse cuando el Estado pone en peligro la paz y la vigencia de los Derechos Humanos. Es su deber tomar posición contra dictaduras, represión, golpes de Estado, y a acompañar a quienes ponen resistencia a la represión.

Monseñor Romero se vio obligado a decir, e incluso gritar a los militares: “Les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, ¡cesen la represión! Ningún soldado está obligado a obedecer una orden que va contra la Ley de Dios.” En esta misma situación se encuentra hoy la Iglesia en Venezuela, y por esto se mete en política: a favor de los derechos humanos y políticos. En Venezuela todos los días están muriendo jóvenes, a manos de militares, policías y paramilitares chavistas. No puede callarse la Iglesia.

Esto no atenta contra el carácter laico del Estado. Atenta contra el carácter represivo del Estado. La Iglesia tomó partido por la paz y la democracia, no por la prevalencia de asuntos de la fe en las políticas del Estado.

Ya quisiera que nuestros obispos, en vez de meterse en la agenda política del día, tomen una posición valiente ante el nuevo deterioro de los derechos humanos y ante un gobierno que enfrenta la violencia con más violencia y las matanzas de las pandillas con matanzas en nombre del Estado. Ningún político se atreve a favorecer el diálogo y la inserción social por sobre las soluciones violentas, porque piensan que esto no es popular. En estas situaciones, cuando la política no cumple su responsabilidad en asuntos de la paz y los Derechos Humanos, la Iglesia tiene que hablar.

Felicito a los obispos venezolanos y pido a los nuestros a revisar sus prioridades. Saludos,

“El FMLN es irresponsable con la administración de los recursos”: Javier Simán

Javier Simán lidera al principal sector productor y exportador del país y lamenta los obstáculos que se mantienen como la burocracia y la tramitología.

María José Saavedra, 25 abril 2017 / LPG

La industria es el sector que más empleo genera en el tejido productivo salvadoreño, con una planilla de 170,000 colaboradores, pero además es el responsable de casi el 100 % de las exportaciones del país. Por eso cada año la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) elabora un ranking para reconocer, por rama, a las empresas que dieron el extra para hacer crecer las ventas al exterior. En vísperas de esta celebración a las empresas exportadoras, el presidente de la gremial, Javier Simán, compartió el panorama comercial, así como los obstáculos que siguen minando a los productores, como la tramitología y la burocracia. A escala económica y fiscal, Simán reprocha el trabajo de la administración actual y señala que poco o nada han hecho por mantener en equilibrio las finanzas públicas que ya navegan por las aguas turbias de un “impago selectivo”.

Desde 2010, las exportaciones han mostrado altos y bajos en su tendencia, sin sobrepasar los $5,500 millones, y de estas el 96 % son industriales, nadie mejor que ustedes para explicar por qué no crecen las exportaciones.

El 96.4 % del total de las exportaciones son industriales, para ser exactos. Nosotros crecimos 4 % en 2015, el año pasado bajamos 2.7 %. Nicaragua nos está alcanzando poco a poco, está creciendo y nosotros nos estamos estancando. Parte de esa variabilidad se debe a que la mayoría de las exportaciones son industriales y los precios de nuestros productos dependen de los precios de las materias primas que compramos. Por ejemplo, el

50 % de las exportaciones son textiles y confección; entonces, si sube el algodón, sube el precio de las prendas que exportamos, no quiere decir que ganamos más, quiere decir que nos cuesta más caro y vendemos más caro. De repente baja el costo del algodón y facturamos más barato. El Gobierno a veces se entusiasma y dice: “Crecimos en las exportaciones”, pero en realidad hay que ver el volumen. Pero obviamente las exportaciones no están creciendo. Nosotros deberíamos tener una tendencia de crecimiento al venderle 48 % de las exportaciones a Estados Unidos y el 42 % a Centroamérica. Si nosotros estamos exportando a estos países que crecen, deberíamos estar creciendo en las exportaciones. Pero el principal problema es la incertidumbre política, ese es el tema que no genera confianza. Los inversionistas no van a invertir en un país donde no están claras las reglas. Mire Nicaragua, en los últimos siete años ha crecido 33.7 %, y nosotros solo hemos crecido 13.4 %; y Nicaragua es un gobierno de ideología de izquierda igual que el nuestro, o sea que no es un tema de ideología, es un tema de qué actitud tienen los gobiernos.

En 2011 se lanzó la política industrial, ¿para qué sirvió, quedó algo de eso?

No se ha avanzado. Esa era la tercera política industrial. Ya había dos antes de esa, pero a la hora de las horas no se ha implementado nada, está estancada. Luego vino la Ley de Fomento a la Productividad, se ha formado un consejo y solo tuvimos una reunión, así que no hemos avanzado mucho.

En 2014 se asignó al comisionado para la inversión, ¿cuánto ha mejorado la tramitología para hacer negocios en el país desde entonces?

Se nombró al vicepresidende (Óscar Ortiz) como comisionado presidencial y en algún momento teníamos reuniones frecuentes con él para tocar los temas de los obstáculos a la competitividad. Después se conformó la famosa mesa de diálogo entre el Gobierno y la ANEP, y en esa mesa es donde se iban a tocar todos esos temas. Pero desde octubre del año pasado no hemos vuelto a reunirnos en esa mesa, o sea que ya perdió el impulso que llevaba. Nosotros por supuesto estamos en la disposición de continuar, pero sentimos que del lado del Gobierno ya no hay ese interés en empujar.

¿El tema de la tramitología y burocracia sigue igual?

Se ha complicado, está peor, principalmente en el tema de aduanas. Hubo un cambio en la dirección de aduana y el nuevo director ha llegado con muchas arbitrariedades y eso está entorpeciendo mucho el comercio. Nosotros hemos sido bien claros de que facilitación del comercio no quiere decir facilitar contrabando, no hay que sacrificar la recaudación fiscal ni el control aduanero con ser ágil. Pero de ninguna manera estamos sugiriendo que aflojen las medidas de control, todo lo contrario. El contrabando al que más afecta es a la industria local. Pero la falta de agilidad es lo que nos está matando, hay productos perecederos que vienen de Guatemala que se pierden en la frontera porque pasan mucho tiempo allí.

Usted llegó en 2010 a la ASI. ¿Cuáles son los obstáculos que continúan desde ese entonces?

Algunos obstáculos los hemos sobrepasado, otros hemos aprendido a vivir con ellos. Recuerde que una medida fue quitar el “drawback”, que era el único incentivo, y se eliminó. Las empresas ahora tienen que competir sin esa ventaja, algunas lo están haciendo mejor que otras. Hemos tenido que aprender a ser competitivos. Pero el tema de la energía eléctrica, ¿recuerda que estaba en $0.22 y $0.23 el kilovatio y logramos que bajara a $0.09? Ya volvió a subir a $0.13, claro que es mejor que lo que pagábamos antes, pero pudiéramos estar en $0.08. Estamos mejor que 2010 en este aspecto, pero no como deberíamos estar. En el tema del precio de la energía creo que el trabajo conjunto con el Consejo Nacional de Energía ha dado buenos resultados. En la tramitología no. Cada día son más trámites, más permisos, mucha burocracia, mucha arbitrariedad que hay que pedir permiso por todo. Hemos visto una tendencia de que en los reglamentos exageran los requerimientos cuando la ley no lo exige. Por eso los resultados que verá en el ranking son la respuesta del esfuerzo de los empresarios y sus trabajadores, porque de parte del Gobierno cada vez son más los obstáculos.

Para 2014, la industria había invertido $2,300 millones, una cifra alta. En medio de todo, ¿cuáles son las ventajas de invertir en El Salvador?

La industria desde 2009 ya lleva invertidos $3,762 millones, pero en maquinaria y equipo, no son plantas nuevas; y eso es principalmente para mantenerse a la vanguardia y poder ser más competitiva. No es que estemos invirtiendo en ampliaciones ni nada de eso. Esto demuestra que la industria salvadoreña está en el país y se va a quedar independientemente del gobierno que tengamos, porque los gobiernos van y vienen, pero la industria es a largo plazo.

En los premios ASI de 2014 empezaba el Gobierno actual y en su discurso usted dijo lo siguiente: “Estamos convencidos de que el Gobierno y sector privado no podemos caminar por rumbos opuestos… Dialogar por dialogar solo sirve a los que quieren aparentar”. ¿Tres años después qué opina?

Mantengo lo que dije. Cítelo otra vez, porque en realidad el Gobierno habla de mesas de diálogo, pero él ya lo abandonó, no hemos sido nosotros. El Gobierno es el que ha dejado de participar en las mesas de diálogo con el sector privado. Por eso más que hablar de diálogo, nos gusta hablar de debate… de diálogo ya hay demasiado. Parece que no hay voluntad sincera de trabajar con nosotros porque se sientan, pero al mismo tiempo nos están atacando de evasores, de contrabandistas, que somos corruptos, y nosotros no somos partido político, que se peleen con ARENA, pero no con nosotros, porque somos los generadores de esas oportunidades de trabajo.

A escala económica, ¿cuáles son las perspectivas para el país?

Nosotros vemos grandes oportunidades que se están desaprovechando. Imagínese: Estados Unidos es el 48 % de las exportaciones y esa economía está creciendo fuerte y lo que nosotros les exportamos solo representa el 0.5 %, o sea que podríamos exportar lo que queramos bajo CAFTA. Pero no hay un clima de confianza. Los inversionistas cuando ven ese problema del impago creen que el país va a entrar en crisis, creen que van a sacarlos.

Sobre la crisis fiscal, ¿cómo observa el clima político para resolver esta situación en medio de una gran polarización? En la parte contable se hizo una reforma fiscal, se ha aumentado la deuda, se han quitado los subsidios y ya se cayó en impago selectivo, ¿cuál es el talón de Aquiles?

Desde el punto de vista político no creo que sea polarización. El FMLN no ha cumplido los compromisos que adquirió en las negociaciones anteriores, entonces hoy no hay voluntad de los otros partidos de concederle más deuda. Yo no creo que sea polarización política, es que el FMLN es irresponsable con la administración de los recursos, sigue gastando, sigue endeudándose, sigue contratando plazas. El gobierno del FMLN no ha cumplido nada hasta ahora. Es lógico que los partidos difícilmente le van a dar el apoyo cuando no han cumplido. En mi opinión, nunca se debe de romper el diálogo, los partidos deben de sentarse. ARENA debe de mantener un diálogo abierto pensando ambos en el paso y no en las elecciones. El haber fallado un pago nos baja de categoría como país. Desde el punto de vista contable, este gobierno es el que más recursos ha tenido con más recaudación y más endeudamiento. La pregunta que hacemos es ¿en qué se han gastado el pisto? Cómo es posible que incumplan un pago que desde hace tiempo sabían que tenían que hacer y que ni siquiera estaba en el presupuesto.

Vienen tiempos electorales y eso mueve las aguas. Pero es claro que quien reciba el país no tendrá la situación fácil sea el partido que sea. ¿Usted quisiera asumir ese reto?

Sí, hay rumores, sí se nos ha acercado más que todo de las universidades, el sector académico, empresarial, más que todo sociedad civil, no de partido político, nadie de ARENA se me ha acercado. Yo no estoy en ningún partido político. Ahorita es muy prematuro para hablar de candidaturas presidenciales cuando tenemos a la vuelta de 11 meses elecciones de diputados y alcaldes, que es la elección más importante. Lanzo un llamado a todos los ciudadanos que esto no es cuestión de los actores políticos, esto es de todos los salvadoreños que debemos elegir diputados y alcaldes idóneos. Hoy por hoy, seguimos trabajando con la responsabilidad que tenemos desde la ASI. Pero sí no deja de halagarnos que algunos nos mencionan. Nadie tiene que pensar en una candidatura con una ambición personal, se tiene que pensar en qué es lo mejor para el país. Yo, si lo hiciera, sería solo por mis hijas, por dejarles un mejor país.

Moralmente inaceptable. De Luis Ugalde

Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas.

LUIS UGALDE, Exrector de la Universidad Andrés Bello en Caracas, catedrático de Filosofía y Letras, Teología y Sociología; epecialista en Historia Económica y Social de Venezuela.

Luis Ugalde, 25 abril 2017 / EDH

Mensaje claro y valiente de espiritualidad encarnada. Nuestros obispos vuelven a decir que esta realidad es inaceptable y graves las recientes decisiones inmorales del Ejecutivo y el Poder Judicial, combinados para eliminar la Asamblea Nacional. Se ha puesto en evidencia que vivimos en un Estado con Constitución democrática pero secuestrado y violado por un Gobierno dictatorial. La anulación de la Asamblea no se produjo el 30-3-17con las decisiones 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, pues desde el día mismo (6D) del triunfo arrollador de la oposición, el régimen buscó anularla: eliminaron sin nuevas elecciones a los diputados del Amazonas, cancelaron el Referéndum Revocatorio, suprimieron las elecciones de gobernadores de 2016, anularon toda legislación de la Asamblea con cincuenta decisiones del TSJ, aumentaron los perseguidos, exiliados y presos políticos y el anticonstitucional empeño de mantener el “Plan de la Patria” con su economía destructiva y sembradora de miseria, inflación y escasez. Todo ya era dictadura antes del 30 de marzo, pero ahora el Ejecutivo nos ha hecho el gran favor de ponerlo más en evidencia nacional e internacional.

La Fiscal rápida y claramente denunció la ruptura del orden constitucional. Las reacciones de gobiernos, ex-presidentes, organismos internacionales como Mercosur Y OEA, asustaron al gobierno y este quiso esconder el rostro dictatorial ordenando a la sumisa TSJ maquillar con “aclaratorias”, para Maduro decir que se había “superado el impasse”. Afortunadamente la Asamblea Nacional, con la valiente y acertada conducción de su presidente Julio Borges y el conjunto de dirigentes, no cayó en la trampa y la OEA tampoco: mientras no se restituyan plenamente los poderes constitucionales de la AN, hay dictadura. El país y el mundo ahora están más claros: la democracia ha sido violada con un golpe mortal contra la soberanía del pueblo cuyos votos han sido quemados en la hoguera de los usurpadores… Este grave delito tiene delincuentes que deben ser sancionados “y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenan o ejecutan incurren en responsabilidad penal” (Const. Art. 25) ¿Qué espera el Defensor del Pueblo para cumplir con sus deberes constitucionales (Const. art. 281)? No hacerlo es complicidad con el golpe y una burla seguir diciendo que este es un régimen de soberanía popular cuando el régimen, con sus desacertadas y empecinadas políticas, le ha quitado al pueblo la comida, las medicinas vitales, las libertades, la seguridad y la Constitución…

La Presidencia de la Conferencia Episcopal el mismo día 31 dio a conocer su rotundo rechazo de este atropello dictatorial señalando que este poder trata de perpetuarse manipulando al pueblo y “olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión de poder” (n.3) La autoridad es para servir al pueblo y no para oprimirlo. Los obispos rechazan estas decisiones “que desconocen e inhabilitan al órgano público (AN) que representa la soberanía popular”. “Desconocer la existencia del otro y sus derechos, sencillamente es destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural” (n. 5) y burlarse de todo diálogo.

No estamos ante una disputa de poderes y una diferencia interpretativa de juristas, sino ante un golpe que despoja al pueblo de su soberanía. Por eso los obispos recalcan que el golpe es contra la gente y afecta más gravemente a los más necesitados: “Más allá de las consideraciones jurídicas y constitucionales, la eliminación de la Asamblea Nacional, suplantándola por una representación de los poderes judicial y ejecutivo, es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el pueblo y de que a el le toca, en todo caso, dar su veredicto. Una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura siendo, como siempre, los más débiles y pobres de la sociedad los más perjudicados. Por estas razones, repetimos, esta distorsión es moralmente inaceptable” (n.4). La “democracia participativa y protagónica” está muerta y si el Poder Moral si calla será cómplice inmoral. Afortunadamente la AN enfrenta el golpe, así como los dirigentes políticos democráticos, las asociaciones y las mil formas de la sociedad civil, las universidades, las academias, los países…. ¿Dónde está la Fuerza Armada democrática? Es un deber de conciencia rechazar el golpe y la Constitución llama al pueblo de Venezuela a desconocer cualquier decisión que la viole (art. 350). Los obispos hacen un “urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero contundente ante la arremetida del poder. No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas.”(n.6) Nos invitan a vivir los actos religiosos de la Semana Santa, conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo, “con un contenido social que nos ayude a mantener la esperanza, la alegría y la solidaridad…”.

Carta a todos los que cobraron ‘sobresueldos’: Es un asunto de transparencia. De Paolo Luers

Paolo Luers, 25 abril 2017 /MAS! y EDH

Estimados funcionarios y ex funcionarios:
Circulan en Internet supuestos recibos, supuestamente firmados por ex funcionarios, los famosos ‘sobresueldos’. No tengo idea si son auténticos o falsificados. Sí queda claro que no son parte de una campaña en pro de la transparencia, sino en contra de la actual oposición, ya que solo ‘recibos’ de ex funcionarios de ARENA aparecen.

La verdad es que no importa mucho si son auténticos, porque todos sabemos que los ‘sobresueldos’ fueron práctica de todos los gobiernos, incluyendo los de ARENA y los dos del FMLN, para mejorarles los salarios oficiales a sus altos funcionarios.

No es un asunto de relevancia jurídica, y los funcionarios del ejecutivo no cometieron delitos al recibir ‘sobresueldos’. Fueron contratados por los respectivos presidentes bajo esta modalidad de recibir ingresos más competitivos que los asignados formalmente. Algunos lo habrán recibido por méritos, otros por lealtad política. Es un acto de falta de transparencia y posiblemente de arbitrariedad, pero no de corrupción, porque los funcionarios del ejecutivo de cualquier manera están obligados a actuar bajo instrucciones del presidente.

Hago un llamado a todos los funcionarios que, en aras de la decencia, hagan públicos los ingresos que han recibido (o siguen recibiendo), incluyendo ‘sobresueldos’ y gastos de representación. Repito: No es un asunto jurídico, sino ético. Bájense los pantalones todos, y luego entre todos hagan una reforma legislativa que regule, de manera racional y transparente, las carreras del servicio público y los ingresos de los funcionarios.

Otra cosa diferente es cuando funcionarios de otras instituciones, supuestamente independientes del ejecutivo, hayan recibido de Casa Presidencial pagos indebidos: jueces, magistrados (de Corte Suprema, del Tribunal Electoral o de la Corte de Cuentas), fiscales, o incluso periodistas o representantes de ONG. Estos pagos no son sobresueldos, sino actos de compra ilegal de voluntad. Estos casos sí son de relevancia jurídica. ‘Sobresueldos’ solo puede pagar quien te pague el salario, no alguien afuera de tu institución. Si esto pasa, es corrupción. Y todos sabemos que esto también ha pasado en varias administraciones. Estos casos sí hay que investigarlos.

Deberían dar el primer paso con esta ‘operación transparencia’ los actuales funcionarios, porque en este tiempo de crisis fiscal no hay justificación de seguir con las prácticas viejas de los ‘sobresueldos’, ni siquiera con los exagerados sueldos oficiales que están cobrando los secretarios de la presidencia y presidentes de las autónomas.

Lo realmente importante es cambiar el sistema y crear un servicio público eficiente y transparente, basado en méritos, en vez de relaciones partidarias o nepotismo.

Los funcionarios de administraciones anteriores, en vez de evadir este tema, deben hacer lo correcto y contribuir a generar un clima de transparencia que facilite las reformas necesarias. Saludos,