Corrupción

Lo que no dijo Mauricio Interiano. De Jaime García Oriani

Le faltó hablar de lo que está en juego en la próxima legislatura: la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia (cuatro de ellos integrarán la Sala de lo Constitucional), Fiscal General y elecciones de segundo grado.

JAIME GARCIA ORIANIJaime García Oriani, 10 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Al presidente del Coena, Mauricio Interiano, le faltó tratar algunos puntos capitales para El Salvador en su discurso durante la XXXVI Asamblea General de su partido. Cambiar el rumbo del país, unidad y servicio para sacarnos de la crisis en la que estamos sumergidos fueron las tres grandes temáticas, cuestiones más que evidentes y urgentes en una nación cuyos indicadores están peor que nunca.

EDH logEn un discurso “ad intra”, dirigido principalmente a los militantes y simpatizantes de ARENA, lo habitual es escuchar palabras de ánimo y arengas. La ocasión, por eso, quizás no era la mejor para mencionar cuestiones que hasta podrían resultar incómodas para más de alguno de los allí presentes.
A Mauricio Interiano le faltó condenar la corrupción y acciones no éticas, incluyendo las cometidas por personas de su partido. Conocemos bien quiénes han hecho mal uso de los recursos públicos —algunos van de candidatos otra vez— y del cinismo con el que han actuado cuando se trata realmente de ser austeros con los gastos, especialmente en la Asamblea Legislativa. Lo de los sobresueldos es historia vieja… pero algo se debe hacer al respecto.

No es suficiente recordar el despilfarro del gobierno del FMLN con su campaña engañosa para vendernos un país que no es, en lugar de destinar el dinero a seguridad y medicamentos. Eso ya lo sabemos. Queda pendiente que nos digan cómo fortalecerán el combate contra la corrupción, sin importar el partido político, y de qué forma promoverán la transparencia para procurar el buen uso de los recursos públicos.

A Mauricio Interiano le faltó hablar de lo que está en juego en la próxima legislatura: la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia (cuatro de ellos integrarán la Sala de lo Constitucional), Fiscal General y elecciones de segundo grado.

En esto nos jugamos mucho. No podemos permitir que los diputados voten por magistrados comprometidos con determinados sectores o partidos. Ya hemos visto cómo la Sala de lo Constitucional ha sido fundamental para hacer respetar nuestro ordenamiento jurídico, frenar los abusos de poder, mejorar la participación democrática y fomentar la lucha contra la corrupción.

Los ciudadanos hemos de saber a quiénes van a apoyar los futuros diputados de ARENA. Ellos deben respetar también los tiempos establecidos para su elección y no dejar en el aire a la Corte, por retrasos o aparentes falta de acuerdos. De lo contrario, será la fiesta para los corruptos y los diputados serán sus cómplices.

Lo mismo aplica para la elección del nuevo Fiscal y de magistrados de Corte de Cuentas. La repartición de cuotas e instituciones en el pasado, en el que están los famosos 20 años de gobierno de ARENA, y del presente, con casi 10 años de desastres y desatinos originados por el FMLN, ya han desgastado lo suficiente a El Salvador. ¡No más negociaciones bajo la mesa!

La última encuesta publicada por La Prensa Gráfica refleja que ARENA aventaja al FMLN por 5 puntos en la carrera por la Asamblea Legislativa. Aunque los números benefician al principal partido de oposición, tampoco se trata de lanzar la casa por la ventana, tomando en cuenta que 81.4% de los salvadoreños ve que el país va por un rumbo incorrecto, según la misma encuesta. Además, si vemos los datos de febrero de 2017, el apoyo a ARENA ha bajado, pasando de un 30.1 % a un 17.7 %. El “No sabe” es el gran ganador, con 30.4 %; mientras que el segundo lugar lo ocupa “Ninguno”, con 16.4 %. Está claro que algo no están haciendo bien los tricolores.

Todos estos puntos, omitidos en el discurso porque quizás no era el momento, deben ser retomados, profundizados y respondidos. Son cuestiones que podrían unir verdaderamente a los salvadoreños y convencerles a dar el beneficio de la duda a ARENA.

jgarciaoriani@gmail.com

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Gran festival gastronómico “chucho-free”. De Cristina López

En las urnas, a quienes nos importa la lucha de la corrupción con independencia de su proveniencia o color político, nos vamos a acordar de cómo votaron en el festival chucho-free.

Cristina LópezCristina López, 24 julio 2017 / EDH

En una columna anterior mencioné cómo, entre las tendencias gastronómicas en boga, que van desde lactosa-free a gluten-free, la que parece haber capturado las pasiones de los funcionarios públicos salvadoreños es la dieta “chucho-free”. Esto, por supuesto, nada tiene que ver con la ingesta de nobles canes, sino con el famoso adagio de “chucho no come chucho”, explicando cómo cuando un grupo de personas pertenece al mismo grupo o categoría, sus individuos harán todo lo posible por protegerse entre sí.

EDH logY el pasado martes, la Asamblea Legislativa celebró por todo lo alto y a los ojos del mundo (incluidas las miradas decepcionadas de las Naciones Unidas y la Embajada estadounidense), lo que debería calificarse como un gran festival gastronómico “chucho-free”, puesto que con las reformas legislativas aprobadas a la Ley de Extinción de Dominio, se aprobó también el trato benévolo a los corruptos del pasado, presente y futuro. No ha habido hasta ahora legislador que haya podido articularle a sus representados en qué se beneficia la población con estas reformas, simplemente porque los beneficiarios son quienes tendrían algo que temerle a la normativa que pretende luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Una vez más, se cumple a la perfección el adagio: el chucho no come chucho.

La falta de interés por combatir la corrupción solo puede entenderse a través del prisma de la autopreservación, el interés propio y el instinto de supervivencia. Y hay a quienes les sobran las razones para actuar con base en el instinto de supervivencia, sobre todo al presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, a quien Probidad le encontró hace poco 3 millones de dólares injustificados. Es fácil asumir que el interés de Gallegos es desdentar la Ley de Extinción de Dominio, por si no encuentra los recibos.

Y ver gente que normalmente no piensa igual unirse en semejante acto de solidaridad empática –porque la abstención casi equivale a complicidad– sería casi sublime en un mundo donde hay más divisiones que unión. Porque aunque los principales impulsores de la reforma fueron el FMLN y GANA, aquellos que se abstuvieron no merecen crédito alguno y es empujar las fronteras del cinismo que ahora quieran aplausos y rédito político por su falta de coraje. Oponerse y abstenerse no son lo mismo. En las urnas, a quienes nos importa la lucha de la corrupción con independencia de su proveniencia o color político, nos vamos a acordar de cómo votaron en el festival chucho-free.

“Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”. Tristemente, la capacidad de hacerle frente a este descalabro legislativo no está en el Chapulín Colorado, que por lo menos presumía de astuto, sino en el Presidente Sánchez Cerén. ¿Han oído alguna vez a Sánchez Cerén condenar enfáticamente a sus predecesores –sobre todo al que pertenecía a su partido– por sus corruptelas y enriquecimiento ilícito? Yo tampoco. Solo nos queda esperar que Sánchez Cerén decida con su veto, por esta vez, no ser parte de la dieta libre de chucho.

Reiterando lo dicho en mi columna “La dieta chucho-free”: “el problema con la dieta de los que no comen chucho es que se vuelven cómplices de la cultura de impunidad que en nuestro país fomenta los delitos de corrupción desde el poder. Al llegar al poder se pasan todos al mismo bando, olvidando que se deben al cumplimiento de la ley y que los recursos del Estado deben estar al servicio de la población y no del autoservicio”.

@crislopezg

ARENA y sus peligrosos “insiders”. De Ricardo Avelar

Los insiders son perniciosos porque no tienen mucho más. Son políticos de profesión y no están dispuestos a soltar sus cargos. Siempre presentes, pero por su patri…monio.

Ricardo Avelar, 31 mayo 2017 / EDH

Durante los últimos años, los ojos de la ciencia política se han colocado sobre un interesante fenómeno.

Las demandas políticas transitan más rápido que la oferta institucionalizada de soluciones, llevando a un descontento de quienes no miran satisfechas sus aspiraciones.

La democracia va lento, pues el sistema ha sido diseñado para tener blindajes y evitar que la emoción de una coyuntura derive en decisiones desastrosas o en el abuso del poder.

Pero esta lentitud, propia de un sistema de frenos y contrapesos, lleva a buscar soluciones fuera de la institucionalidad.

Ahí surgen los outsiders: líderes mesiánicos provenientes de la periferia del sistema político. Son caras frescas, pero pueden resquebrajar la institucionalidad por su vanidad que les lleva a creer que las soluciones están en sus manos. Son los “neo-dictadorcitos cool”.

Son peligrosos, pero además de temerles a estos, siento pánico por su diametralmente opuesta contraparte: los insiders. Sí, aquellos que han hecho de la política y los cargos públicos su vida entera y tienen poco o nada que agregar a la sociedad fuera de ello.

Durante los últimos días, El Salvador ha sido testigo de algo que —francamente— ya sabíamos: nuestros dos partidos principales se parecen demasiado.

El partido opositor se ha dedicado los últimos ocho años a señalar con grandilocuencia la corrupción del FMLN, pero ante el destape de una gran trama de pagos indebidos a algunos de sus exfuncionarios, la mayoría de sus voceros han guardado silencio o, en el peor de los casos, han pretendido excusar la práctica.

Algunos han buscado escapar de la controversia afirmando con cinismo que eso también lo hacen los de hoy. Y sí, es cierto, pero no los vuelve menos cuestionables. En todo caso, los vuelve oportunistas al denunciar la corrupción solo cuando les conviene.

Otros han dicho que prefieren una solución políticamente viable. Con esto, quieren que dejemos de hablar de una alarmante lista de grandes cuadros tricolores que se beneficiaron de pagos bajo la mesa y que mejor discutamos cómo hacer que no vuelva a pasar. Sí, es necesario, pero la reparación y la no repetición pasan por llevar luz donde antes no la había y saber quiénes han actuado de forma cuestionable. Con nombre y apellido.

Otros han guardado silencio sepulcral. Entre estos, muchos jóvenes que saben que hacer olas innecesarias les ganará la expulsión. Lógicamente están cuidando una futura plaza pues han decidido que la política —lejos de ser una vocación de servicio como lo prometieron cuando cantaron su moderna (ja, ja) marcha la primera vez— es una simple profesión donde se hace todo por avanzar.

Y así, hay muchos más. Todos estos son “insiders”, enquistados en el sistema político y cegados completamente por su ambición de tener un cargo público que les garantice un feliz retiro, camionetas, y viajes y trabajos para sus familiares (ejem, David Reyes y Mayteé Iraheta).

El problema de estos no es que sean foráneos al sistema y lo puedan torpedear desde fuera. El problema es que son los de siempre. Es que no importa su edad (ejem, David Reyes y Mayteé Iraheta), traen las mismas prácticas de antaño. El problema es que al ser los corruptos de turno no renuncian y nadie entiende por qué. El problema es que no aceptan su corrupción, solo se excusan y mienten hasta que no les queda de otra. El problema es que ahí se van a quedar y cuando se abran los procesos de primarias durante las siguientes décadas, seguirán haciéndose acompañar por su séquito de aplaudidores y tira-confeti y volverán a comprometerse ante las cámaras con la decencia que en su momento pisotearon.

Los insiders son perniciosos porque no tienen mucho más. Son políticos de profesión y no están dispuestos a soltar sus cargos. Siempre presentes, pero por su patri…monio.

Y cuando algunos se atreven a denunciar el sistema dentro del mismo partido, los califican de “machos sin dueño”, de díscolos insalvables y en reuniones privadas hasta les ofrecen salir humillados… Como traidores.

Y lo peor de todo es que cuando al FMLN le salgan sus propios escándalos —que seguramente van a salir—, los insiders serán los primeros en denunciarlo, en pedir interpelaciones y en tener la más ingrata de las memorias selectivas.

@docAvelar

Carta a los usuarios del SITRAMSS: El pleito no es con ustedes. De Paolo Luers

Paolo Luers, 13 mayo 2017 / EDH y MAS!

Estimados ciudadanos que todos los días usan el SITRAMSS:
No se dejen engañar: Este pleito sobre la constitucionalidad del SITRAMSS no es con ustedes. Es entre el gobierno y la Constitución.

Quieren convencerles que la Sala se puso en contra del transporte público moderno, seguro, rápido y limpio. Falso. La Sala no prohibió al SITRAMSS ni la circulación de sus buses. Sólo ordenó que los carriles, que por decisión arbitraria del gobierno eran exclusivamente para el SITRAMSS y los vehículos de los funcionarios del Estado, se abrieran para todos los demás ciudadanos, quienes igual que ustedes circulan todos los días entre San Salvador y la zona de Soyapango.

Como ya vieron, el SITRAMSS sigue funcionando, un poco menos rápido, pero fluido – y todos los demás ya no sufren las tremendas trabazones. Nadie salió jodido.

Ni los magistrados (ahora declarados enemigos de la patria por el FMLN), ni nadie que tenga sus cinco sentidos está en contra de la idea de un transporte urbano moderno, rápido y seguro. El problema es que los gobiernos del FMLN lo han ejecutado muy mal: de forma inconstitucional. Lo hicieron sin la Asamblea, que tenía que aprobar la concesión a la empresa operadora; de manera corrupta, por la manera mafiosa como crearon las empresas operadoras; de manera ineficiente, porque no hicieron caso a los expertos para diseñar el sistema y las rutas.

Para resolver un problema, crearon docenas de nuevos problemas. Medio lo resolvieron a los usuarios del SITRAMSS, pero jodieron a todos los demás que circulamos en carros, buses tradicionales, camiones.

Si hubieran cumplido con la Constitución y presentado el proyecto a la Asamblea, esta hubiera exigido que lo modifiquen de manera que salga una solución verdaderamente integral: o sea, que no favorezca a unos y fregando a los demás.

Soluciones técnicas hay. Expertos hay. Modelos de empresas público-privadas limpias hay. Financiamiento para un proyecto real e integral hay. Lo que faltó al gobierno y al ministro Gerson Martínez es voluntad política de hacerlo correctamente. Prefirieron hacer algo improvisado con sus empresas ALBA y sus cheros transportistas, excluyendo a los demás.

Todavía no es tarde. Nadie quiere quitar el SITRAMSS. Se trata de corregir los errores cometidos, antes de ampliarlo hasta Santa Tecla y crear más caos.

No se dejen enganchar con las consignas del FMLN contra la Sala. Ella sólo cumplió con su deber, que es garantizar que nadie se pase por encima de la Constitución. Los que no les han cumplido a ustedes, son los funcionarios corruptos que han creado un monopolio corrupto e ineficiente de transporte público.

Saludos,

“A la larga, toda la sociedad es rehén”: Claudia Umaña

Claudia Umaña, vicepresidenta de FUSADES de El Salvador, analiza la debacle institucional de Nicaragua.

Claudia Umaña, vicepresidenta de FUSADES

En El Salvador, la Sala Constitucional, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Fiscalía tienen un frente común contra la corrupción.

Carlos Fernando Chamorro, 9 mayo 2017 / CONFIDENCIAL

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) lleva el pulso del clima de negocios en este país desde 1999. Fundada en 1983 con una donación patrimonial de USAID, Fusades ha sido durante más de tres décadas el principal centro de pensamiento del sector privado de El Salvador. Primero, de forma sistemática sobre las políticas públicas en el campo económico y social, y desde hace unos años también en los temas políticos, legales, e institucionales.

La abogada Claudia Umaña, vicepresidente de FUSADES, investigadora jurídica, especializada de comercio internacional, instituciones democráticas, transparencia y modernización del Estado, es la encargada de llevar el  monitoreo político-institucional.

Umaña cuestiona la actitud hostil del gobierno del FMLN hacia el sector privado en su país, como uno de los factores agravantes que perjudican el clima de negocios, y reconoce el pragmatismo del Gobierno de Daniel Ortega para atraer capitales centroamericanos. Pero, al mismo tiempo, aludiendo a Nicaragua, afirma de forma categórica que “no se puede sacrificar libertades individuales por crecimiento económico”.

¿Cuál es el diagnóstico de FUSADES sobre la situación económica? ¿Por qué no está creciendo El Salvador?

El mayor desafío que tenido en el crecimiento económico es que el clima de inversión ha estado seriamente deteriorado desde hace un tiempo. FUSADES hace una encuesta empresarial sobre el clima de inversión desde 1999 hasta la actualidad, en que llegamos a un nivel desfavorable de un 52% en los últimos años, y actualmente, nuestra última encuesta,  un negativo de 48%. Desde 2009 hubo una baja que nunca se logró recuperar y ha sido por esta enemistad bastante obvia que ha existido entre el gobierno y el sector empresarial.

El clima de negocios en El Salvador

¿Qué es lo que más afecta el clima de inversión?

Hay tres elementos que coinciden:  delincuencia (26.6%), corrupción (14%) y burocracia (12%).  Estos son los principales obstáculos para hacer negocios.

El tema de las maras, las pandillas tiene un efecto en que el país se ha dividido en territorios, y el manejo territorial del hacer negocios ahora está absolutamente distorsionado. Lamentamos los niveles de homicidios diarios, que se han reducido en los últimos meses. El nivel de extorsiones también tiene un efecto muy importante en el hacer negocios en El Salvador, así como la flotilla de seguridad privada que se tiene que tener como un mecanismo de autodefensa, además de lo que se está pagando a nivel de impuestos para efectos de que el Estado haga lo propio.

¿Cuál es el peso específico de la corrupción?

En la dinámica empresarial hay una serie de quejas que van desde la tramitología y también las relaciones alrededor de los gobiernos locales. A nivel de burocracia, lamentablemente los gobiernos del FMLN no han logrado comprender que las regulaciones excesivas tienden a abrirle portillos a la corrupción.

¿Cómo funciona la relación entre el gobierno y el sector privado?

Los empresarios han visualizado que hay políticas gubernamentales erradas. El gobierno nunca logró sacar adelante una visión propositiva del país. Ahora recién se están haciendo esfuerzos para la venta de la imagen de país. Estamos a la expectativa, pero ha habido mucho tiempo perdido.

Tenemos megaproyectos que están absolutamente truncados, como el puerto de La Unión, en el que estamos en una zona fronteriza y régimen de condominio con Nicaragua. Cuando uno va a ahí dan ganas de llorar, porque es como que fuera un gran estacionamiento todo depredado y además ocioso.  La ideología ha sido más fuerte que la racionalidad, porque en la ley de asocio público privado y para poder licitar estas megaobras, el gobierno trata de mantener el control de los negocios. Hay una visión de que el porcentaje en un negocio que debe tener el sector privado debe ser más reducido, y que el gobierno sabe cómo manejar los negocios. Sin embargo, eso no ha sido exitoso.

¿El gobierno favorece u obstruye la relación con el sector privado?

Hay una visión bastante acusatoria en materia de evasión fiscal.  FUSADES está absolutamente a favor de que se combata la evasión. Eso es un requisito sine qua non, desde el momento que uno crea una legislación tributaria, pues igual quiere que se aplique de acuerdo a los objetivos de la ley.

Desde el gobierno hay una retórica — “los empresarios son evasores”, y hay un esfuerzo mínimo desde el ámbito administrativo para la recuperación de impuestos, de mora, y hay frustración del lado del Ejecutivo, porque los procesos duran  tiempo. Entonces ha habido más bien una visión “punitiva, metámoslo a la cárcel”, eso hace un proceso abreviado y asunto resuelto. Para ello ha habido intentos de crear un proyecto de ley de cobro de multas y deudas a favor del Estado, que también tiene serias deficiencias con lo que puede ser la presunción de inocencia y, en general, el tema de preservación de un debido proceso.

Otro tema ha sido una danza muy desafortunada que ha existido entre el gobierno del sector privado en torno a aquellas comisiones que ya existían en donde se tiene que trabajar colaborativamente. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, en que básicamente ha habido una imposición absoluta de parte del gobierno.

La presentación del presupuesto 2017 ha sido desbalanceado, no transparente, no se incluyen todos los gastos, y entonces esto genera un clima permanente de confrontación, porque luego hay que ir a negociar en la Asamblea Legislativa préstamos, y entonces ahí empieza la retórica –“que la oposición no me deja funcionar”.

Desde el Ejecutivo, hay una dinámica ambivalente, porque ciertos personeros del gobierno como el vicepresidente (Oscar) Ortiz, tienen un lenguaje pro apoyo de hacer negocios en El Salvador, pero luego otros ahuyentan claramente las inversiones.

 La lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito

¿Cómo afecta el clima de negocios que has descrito el funcionamiento de las otras instituciones democráticas del país: por ejemplo Corte Suprema de Justicia, la fiscalía, los tribunales?

Para FUSADES un eje fundamental de la democracia en El Salvador es que creemos que tenemos instituciones que comparativamente con otros países de Centroamérica funcionan mejor, hay funcionarios independientes en algunas de ellas, tenemos procesos legales que dan certeza jurídica. Es decir, hay una intermediación de las instituciones en el poder y generan contrapesos.

En el Salvador ha habido un importante despertar de la legislación que estaba dormida, particularmente de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que si bien data de 1959 se empezó a operativizar el año pasado, entonces eso ha sido como  que veíamos borroso, nos hemos puesto unos anteojos y ¡Dios mío!, ahora que si hemos visto de todo.

¿Quién lidera este proceso?

Hay tres instituciones que han rescatado la lucha contra la corrupción. Una es el Instituto de Acceso a la Información Pública, una ley que tiene cinco años pero que ha dado frutos muy importantes. A través de peticiones de acceso a la información la ciudadanía ha ido desentrañando qué es lo que pasa a través de las esferas del poder y de la acción gubernamental, y además con gran apoyo del periodismo investigativo.

Al empezar a preguntar y a descubrir, también se activó a través de la Ley de Enriquecimiento Ilícito el que en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia se permitiera el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, y de un día para otro haber tenido la posibilidad de ver que había personas que entraban a ejercer sus cargos con patrimonios bastante modestos y salían millonarios, había algo que no cuadrada, definitivamente.

¿Y la seccción de Probidad tiene autonomía?

Es una oficina que está dentro de la Corte Suprema de Justicia, y que había estado truncada, pero a partir del año pasado se activó. Pero todo esto surge por un tema de gran relevancia que en la Asamblea Legislativa se puedan dar procesos en que se elijan a funcionarios de segundo grado que sean independientes y que lleguen a aplicar la ley. Entonces lo que sucedió es que por la composición dentro de la Corte Suprema de Justicia, finalmente tuvo un mandato claro que le permitía no solo divulgar las declaraciones, sino que hacer un proceso de auditoría, y si se encontraba el mérito elevarlo a la instancia de la corte plena, para que esta a su vez procediera, si hubiera causa, a que se tramitara un juicio por enriquecimiento. Eso ha activado una dinámica nueva, pero el fin del juicio por enriquecimiento ilícito es la restitución de los dineros mal habidos, y la búsqueda de restitución de la parte económica hacia el Estado, y si esto constituye otros tipos de delitos como el lavado y otros tipos de delitos penales como el peculado, todo esto ya es parte de la Fiscalía General de la República.

Ha habido este despertar de la institucionalidad, en donde ha habido un trabajo más colaborativo entre la Corte Suprema, la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo soy fiel creyente de que todo esto no hubiera podido suceder sin una sociedad civil muy proactiva, y ahí el rol de FUSADES con la creación, no solo de un anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información, sino de haber logrado construir una red de apoyo hacia esa legislación.

Entonces, tenemos el problema del crecimiento económico y sus desafíos;  el tema de la inseguridad ciudadana y el impacto que tiene en lo económico;  y la institucionalidad democrática que ha logrado darle estabilidad al país, y además de traducirse en que tengamos una democracia, si bien con serios desafíos, tenemos instituciones que han logrado preservar el Estado de Derecho, aunque tenemos que mejorarlo.

 No sacrificar libertades individuales, por crecimiento económico

¿Cómo se ve desde  Fusades el modelo del Cosep en Nicaragua? Cosep reivindica una alianza económica con el Gobierno para aprobar leyes pro sector privado, y un diálogo en diversas instancias para generar resultados económicos. Mientras, en el ámbito institucional, el Gobierno ha provocado una regresión autoritaria, y tiene un control absoluto sobre el poder electoral, el judicial, la fiscalía, y la Contraloría. Pero los líderes del sector privado dicen que este este modelo está dando resultados y está entrando en una etapa de “adopción” en otros países, y han mencionado incluso a El Salvador.

Yo disiento de la tesis que, como país, como visión colectiva, estemos observando el modelo nicaragüense como uno viable para El Salvador. Y no porque no haya ciertos elementos favorables para hacer negocios y resulta que este año (Nicaragua) mejoró en los índices del doing business, mientras  El Salvador está en una caída libre en los índices de libertades económicas, de competitividad.

Pero hay una visión bastante diferente entre lo que es el compromiso con la democracia, con la República, y con las instituciones democráticas. Creo que en El Salvador no hay un consenso alrededor de que hay que sacrificar las libertades individuales por el crecimiento económico, y yo creo que eso es un camino diferente, es un camino más tormentoso, pero ciertamente más sostenible.

A mí no me gusta comentar acerca de la política de otros países porque cada quien tiene sus propios bemoles, pero en Nicaragua se ha perdido tanto, se perdió la independencia judicial, se ha perdido la independencia electoral, se ha concentrado el poder de unas formas muy parecidas a las que ya tuvieron en la época de la dictadura de Somoza. Entonces, a la larga está perdiendo toda la sociedad porque esta dinámica de ejercicio democrático de acceder al poder, que se hagan elecciones competitivas, que haya procesos transparentes en diferentes escenarios no solo en el electoral, sino que también en el hacer negocios, porque para hacer negocios no hay que estar tan cerca del poder, porque hay una gran tentación hacia la corrupción y hacia el manejo de la política con una visión economicista.

Pero el alegato en Nicaragua es que se han generado incentivos para atraer inversiones y capitales de la región,  de Guatemala, El Salvador, de México, de Colombia, y sostienen que el modelo da resultados y está funcionando.

Es correcto. Hay elementos positivos, yo lo he escuchado con ese pragmatismo. Pero es diferente establecer un negocio en un país en donde me están dando condiciones de seguridad y estabilidad, pero yo no habito ahí. No es mi país de residencia, yo no tengo que vivir con las leyes mordaza,  porque no hay que criticar al poder, o sea, ese no es mi problema, lo que yo quiero es llegar ahí a construir, a vender mis productos, y si a mí me dejan que mi producto se venda en el mercado o en la plaza pública, ahí vean ustedes qué hacen con la libertad de expresión, ahí que vea quién se mete en el tema del manejo de la represión.

Entonces, afortunadamente, en El Salvador no vamos en esa dirección. Lo cual no significa que no se vea como un modelo a veces atractivo por algunas fuerzas, sobre todo las políticas le ven lo atractivo que es la concentración del poder sin frenos y contrapesos; y el lado pragmático-empresarial “mientras a mí no me entorpezcan mi negocio, pues laissez faire”.  Pero eso a la larga yo no creo que nadie pueda dormir tranquilo, y lo peor es que el rehén en esa forma de manejo de la cosa pública, son los ciudadanos y cómo se les ha limitado su libertades individuales sus derechos humanos absolutamente atropellados, y cada día la sociedad como metiéndose en un adormecimiento que, tanto la élite económica como la élite política, han ayudado a fabricar en detrimento de valores.

La  referencia o el modelo del gobierno del FMLN pareciera estar entre Venezuela y Nicaragua. En algunos aspectos se inspiran en el modelo venezolano, pero tampoco han intervenido la economía de la manera en cómo Chávez y Maduro lo hicieron; y  por el otro lado, tampoco han tenido la apertura pro negocios privados que tiene el gobierno de Ortega, entonces,   ¿está en medio de los dos?

Sí, yo creo que el modelo  del FMLN en hacer negocios es absolutamente híbrido y sin la capacidad de manejar los dos escenarios. Primero, por falta de conocimiento en hacer negocios, o sea, yo creo de que es un poco mágico pensar que uno puede aprender de negocios solo por llegar a un cargo público; y dos, por falta de recursos económicos porque se hizo mucho doing business alrededor del dinero del petróleo venezolano, pero una vez se secó esa fuente de financiamiento, y sin tener una estructura bien armada de negocios, todo eso se cayó, se vino para abajo.

Tapadera a la impunidad. De Erika Saldaña

La Presidencia de la República crea cargos redundantes y con poco sentido, dando la impresión de que mejorar la actuación de las instituciones no es el único fin, sino también dotar de ese fuero constitucional a los funcionarios investigados.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 24 abril 2017 / EDH

El tema del fuero de los funcionarios está de nuevo sobre la mesa. A menos que usted viva debajo de una piedra, los motivos que inducen a pensar en la prerrogativa establecida en el artículo 236 de la Constitución están a la vista. Ante las diversas investigaciones que se encuentra realizando la Fiscalía General de la República por posibles casos de corrupción y otros delitos graves, explotan aquellas dudosas casualidades; la Presidencia de la República crea cargos redundantes y con poco sentido, dando la impresión de que mejorar la actuación de las instituciones no es el único fin, sino también dotar de ese fuero constitucional a los funcionarios investigados.

Frente a estas situaciones coyunturales es necesario debatir y aclarar para qué sirve el denominado fuero de los funcionarios. La jurisprudencia constitucional reiteradamente ha señalado que se reconocen ciertas prerrogativas a las personas que ocupan determinados cargos en el ámbito de la función pública. Bajo este tipo de inmunidad, la acusación penal contra un funcionario debe pasar primero por una autorización, ya sea de la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia, en un proceso de antejuicio; si en dicho antejuicio se recoge la información suficiente que señale el posible cometimiento de un delito, el caso pasa a los tribunales comunes para que estos juzguen la conducta. La finalidad del fuero es prevenir obstrucciones en el trabajo del funcionario y garantizar el normal funcionamiento de la institución que integre; es decir, que este funcionario no sea acusado de algún delito por razones políticas, con la intención de separarlo de su cargo o de alterar la composición de ciertos Órganos del Estado o sus dependencias.

Sin embargo, considero que el fuero de los funcionarios ha sido mal interpretado desde sus inicios. Esta prerrogativa no funciona como un blindaje a la impunidad ni asiste a un funcionario por el cometimiento de cualquier tipo de delito o falta. La lectura superficial del artículo 236 de la Constitución ha sido utilizada a conveniencia, dejando en el aire la idea de que un funcionario está protegido siempre por su simple nombramiento. Pero hay que tener claro que la Constitución bajo ninguna circunstancia puede ser utilizada para proteger la impunidad, pues de ser así se constituye un fraude a la misma. Además, partiendo del principio básico y fundamental de que en una República todos somos iguales ante la ley, las prerrogativas no pueden ser utilizadas arbitrariamente para evadir la justicia. Lo contrario permitiría caer en supuestos absurdos que propicien la impunidad ante la comisión de delitos, dejando a un lado cualquier consideración a la protección de bienes jurídicos que establecen las leyes para el Estado o los ciudadanos.

El fuero no se constituye como una garantía absoluta para el funcionario, sino que hay que tener claros los distintos límites que establecen la Constitución, leyes y jurisprudencia relacionada al tema. Dejando el plano hipotético, en El Salvador hemos sido testigos de casos donde una mala interpretación de las garantías que ofrece el fuero estuvo a punto de utilizarse erróneamente para encubrir casos de delitos graves. En el caso del exdiputado suplente Wilber Rivera, la Fiscalía inició un antejuicio en su contra ante la Asamblea Legislativa; luego advirtió su error sobre los casos donde no debe operar el fuero y desistió expresamente de dicho procedimiento, acudiendo directamente a los tribunales para su juzgamiento por lavado de dinero. A la hora de analizar la operatividad del fuero constitucional, los aplicadores de justicia (Fiscalía y Órgano Judicial) deben tener en consideración el tipo de delito que se atribuye, el contexto en que sucedieron los hechos, las funciones propias de quien pretende ampararse en esa garantía y las pruebas recabadas.

Ante la desinformación o interpretación interesada de ciertos temas jurídicos es deber de la comunidad jurídica participar en su aclaración. Como señalé antes, la Constitución no puede ser mal utilizada para beneficios particulares y menos como herramienta que proteja la impunidad. Además, también es necesario que las instituciones encargadas de perseguir y juzgar el delito tengan claros los criterios que deben aplicarse. El fuero constitucional no puede considerarse absoluto, pues no se trata de una tapadera a la impunidad.

Cómo la corrupción de Odebrecht abonó a la campaña de Mauricio Funes. De Jimmy Alvarado

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil afirman que Odebrecht hizo pagos por 5.3 millones de reales a Joao Santana para que este dirigiera la campaña electoral de Mauricio Funes en 2008. Los fondos provenían de la división de Operaciones Estructuradas, la oficina de Odebrecht que canalizaba sobornos al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Medios brasileños revelan confesiones de un ejecutivo de Odebrecht que vincula a la ex primera dama, Vanda Pignato.

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA


Jimmy Alvarado, 20 abril 2017 / EL FARO

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil han vinculado la millonaria trama de corrupción de Odebrecht con la campaña electoral del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, a través de una triangulación de fondos que habría sido diseñada por las principales cabezas de la gigante de la construcción en América Latina, el expresidente Lula da Silva y su ministro de Hacienda. El desembolso de esos fondos fue efectuado por Odebrecht y llegó hasta Joao Santana, el publicista que enrumbó la campaña presidencial del FMLN en 2009, y a quien Funes no solo lo consideró el artífice de su triunfo, sino que además le llamó “amigo”.

Las autoridades brasileñas se amparan en registros contables y testimonios de los principales involucrados en un pago de 5.3 millones de reales a Santana (1.6 millones de dólares al cambio actual, 3 millones en 2008, el año en el que habrían ocurrido esos aportes) para afirmar que la campaña del que se convertiría en el primer presidente de izquierdas en El Salvador recibió fondos provenientes de la mayor trama de corrupción y lavado de dinero en Brasil.

En la triangulación de fondos, según la Policía, participó Antonio Palocci, el ex ministro de Hacienda de Lula da Silva y operador político del Partido de los Trabajadores; el CEO de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, y Mónica Moura, esposa de Joao Santana.

Las autoridades brasileñas señalan que el pago a Santana, para que este dirigiera la campaña de Funes, fue canalizado a cuentas internacionales de la esposa del publicista, Mónica Moura, para asumir los costos de los servicios de publicidad.

“En ese caso los elementos probatorios inducen a concluir que Odebrecht a partir de un ajuste hecho por Antonio Palocci Filho pagó los gastos de Joao Cerqueira de Santana Filho y de Mónica Regina Cunha Moura relacionados a la campaña por la Presidencia de la República de El Salvador que ganó Mauricio Funes en 2009”, dice uno de los requerimientos presentados por la Policía ante el Tribunal de Curitiba el 5 de febrero de 2016.

Joao Santana se incorporó a la campaña de Mauricio Funes en junio de 2008, según declaró a El Faro el exsecretario de Comunicaciones, David Rivas. Aunque la Policía no precisa la fecha exacta en la que Santana recibió los desembolsos para trabajar en la campaña presidencial de Funes, señala que estos pagos fueron realizados ese mismo año. Joao Santana y su equipo brasileño produjeron y lanzaron una de las piezas insignia de la campaña de Funes, en la que el entonces candidato anunciaba que perseguiría a la corrupción como nunca antes en El Salvador:  “Yo sé que hay muchos corruptos preocupados con mi victoria -decía Funes en aquel spot-. Y tienen razón. Mientras faltaban medicina en los hospitales, ellos se llenaban los bolsillos. Mientras las familias no tenían qué comer, ellos construían sus mansiones sobre las champas y la miseria. Por eso, no tengan dudas amigos: se va a acabar el tiempo en el que la cárcel era solo para los ladrones de gallinas. La cárcel será para todo los criminales, pobres o ricos. Y cuánto mayor sea el robo, mayor será el castigo”.

En febrero de 2016, el arquitecto de esta pieza y su esposa fueron condenados a 8 años y 4 meses de prisión en Brasil por lavado de dinero. Quien personificó el mensaje de este spot se refugia en Nicaragua en medio de una investigación en El Salvador por corrupción y por un incremento patrimonial injustificado.

La computadora, los registros, los testimonios

La conclusión de la Policía sobre los vínculos de Odebrecht con la campaña de Mauricio Funes parten de peritajes a registros contables, a correos y a testimonios de empleados de la división de Operaciones Estructuradas. Esta división era una oficina de Odebrecht que fue creada con el propósito de canalizar pagos de sobornos a funcionarios del Partido de los Trabajadores de Brasil, según el Ministerio Público de dicho país, y también para pagar sobornos a funcionarios de países de América Latina y de África, según indagaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York.

En mayo de 2014, la Policía encontró un archivo electrónico con un registro contable del año 2008, en el que se consignaba un pago de 5.3 millones de reales en El Salvador. El archivo fue encontrado en una computadora tras un allanamiento a la residencia de María Lucía Guimaraes Tavares,  una mujer que laboró seis años en la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht hasta su captura en mayo de 2014.

Uno de los archivos que llamó la atención de la Policía fue un documento de excel “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” en el que se registraban -en palabras de la Policía- “controles de pagos” para financiar campañas del PT y también un pago para la campaña de Mauricio Funes.

“Debe hacerse notar que “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” revela que la división de Operaciones Estructuradas llevaba control de pagos hacia João Cerqueira de Santana Filho, Mónica Regina Cunha Moura y otros beneficiarios que no han sido identificados, y tales pagos eran coordinados por Antonio Palocci Filho junto con Marcelo Bahía Odebrecht”, dice el peritaje de la Policía Federal de Brasil del 20 de junio de 2016.

La Policía determinó que el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” estaba en clave: “italiano” se refería a Palocci y “MO” a Marcelo Odebrecht. Palocci fue ministro de hacienda de Lula da Silva del 1 de enero de 2003 al 27 marzo de 2006, diputado del 1 de febrero de 2007 al 31 de diciembre de 2010 y un importante operador político del Partido de los Trabajadores. Del 1 de enero al 7 de junio de 2011, fue jefe del gabinete de Dilma Rousseff. Marcelo Odebrecht fue de 2005 a 2015 el CEO de Odebrecht, una de las empresas constructoras más grandes de América Latina.

En el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” había un apartado que decía “Evento El Salvador vía Feira (2008)” y a la par decía el monto asignado, 5.3 millones de reales. Según la Policía, “Feira” es el nombre clave con el que Guimaraes y Odebrecht se referían a los esposos João Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura. Las autoridades destacan que el registro contable diga “vía” antes de “Feira”. “El vía indica que estos montos no eran destinados directamente a Joao Santana, sino que era el intermediario para hacer llegar el dinero a su destino”.

Gracias a peritajes a teléfonos y correos de Guimaraes y de Marcelo Bahía Odebrecht, la Policía concluyó que cuando en los registros contables  de la división de Operaciones Estructuradas se usaba la palabra “evento” hacían referencia a campañas electorales. Las conclusiones de estos peritajes en Brasil indican que Odebrecht financió la campaña de Funes pagando los gastos de Joao Santana.

La Policía Federal de Brasil afirma que hay evidencia robusta de que los pagos mencionados en el documento “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” se llevaron a cabo, aunque todavía no hay una sentencia en los Tribunales por este caso. “Por lo tanto, hay indicios de que efectivamente se realizaron pagos a través de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO y Mônica REGINA CUNHA MOURA, a los que se refirieron MARCELO BAHIA ODEBRECHT y el SECTOR DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS de ODEBRECHT por el código Feira, relacionados con Elecciones presidenciales en El Salvador”.

Odebrecht es investigada por el caso “Lava Jato” – auto lavado- que consistía en un grupo de empresas que se ponía de acuerdo para ganar contratos con Petrobas, la petrolera estatal brasileña. Desde marzo de 2014, la justicia brasileña investiga a alrededor de 16 empresas que ganaban contratos con sobre precio, en el que se establecía que Petrobas pagaba por una obra, por la ganancia de la empresa y un soborno que podía ascender -según el Ministerio Público Federal de Brasil- entre el 1% y el 5% del contrato que iba dirigido a funcionarios del Partido de los Trabajadores.

Este esquema fue repetido en más de 11 países por  Odebrecht y Braskem -dos empresas hermanas- según una Corte en Nueva York que los condenó a pagar 788 millones de dólares y a mejorar controles internos para evitar este tipo de prácticas. La justicia brasileña estima que la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pagó en total 3 mil 370 millones de dólares en sobornos de 2006 a 2014.

Funes y Pignato se desvinculan, pero callan sobre Santana

El 18 de abril de 2017, O Globo publicó una confesión de Hilberto Mascarenhas, grabada el 15 de diciembre de 2016, en la que el coordinador de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la oficina creada en la compañía para coordinar los pagos de sobornos en Brasil y en el extranjero, dice que fue Vanda Pignato quien solicitó al ex presidente Lula la ayuda del PT para la campaña de Funes. Según O Globo, fue Pignato -quien desde 1980 fue militante del PT- quien intermedió para que Odebrecht apoyara la campaña a través de la incorporación del publicista Joao Santana.

Ante la pregunta sobre a qué se refiere un documento cuando menciona un evento en El Salvador, Mascarenhas respondió: “Es un pago de soborno”, y mencionó a Pignato. “La esposa -de Funes- pidió que Odebrecht apoyara la campaña a través de la contratación de Joao Santana y también fue una petición del gobierno brasileño no sé de quién exactamente”.

Según O Globo, Mascarenhas incluso explica que hubo una confusión con la cantidad solicitada por Pignato a Lula. Según él, la cantidad solicitada era 5.3 millones de reales (que en esa época equivalía a 3 millones de dólares), pero que Marcelo Odebrecht aprobó 3 millones de reales. El periódico brasileño OGlobo afirma que alguien se quejó en Brasilia por la equivocación ante el presidente Lula y le fue requerido a Mascarenhas corregir el error. Mascarenhas explica que nunca tuvo certezas, pero que llegó a escuchar que la persona que se quejó fue Mónica Moura, la esposa de Joao Santana.

En El Salvador, exfuncionarios de la presidencia Funes, como el secretario de Comunicaciones David Rivas, confirman que la relación entre Vanda Pignato, Joao Santana y Mauricio Funes se construyó durante la campaña, y se fortaleció en el cierre de la misma, con el triunfo electoral. Tras la victoria presidencial, Funes se dirigió a Joao en su discurso: “Agradezco, y quiero esta noche hacer un testimonio público a mi asesor y amigo, Joao Santana, su esposa y su formidable equipo de producción y de trabajo. ¡Muchas gracias!”.

Durante el inicio de su mandato, y sin que se conociera todavia la trama de Odebrecht, funcionarios de la casa presidencial ya daban cuenta de cómo era de importante Santana en la presidencia, y quien lo había llevado hasta Funes. El Faro conversó con dos ex funcionarios de Presidencia de la República, quienes aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Uno de ellos ante la pregunta sobre quién hizo los contactos para traer a Joao Santana al país para dirigir la campaña de Funes contestó: “la respuesta es de sentido común. ¿Quién más tenía contactos con el Partido de los Trabajadores en Brasil?”. El Faro le preguntó si fue Vanda Pignato, a lo que contestó asintiendo con la cabeza. Otro ex funcionario también dijo que los contactos los hizo Vanda y afirmó que los servicios de Santana los había pagado el PT.

Pero la ex pareja presidencial niega estar vinculada a la trama de corrupción de Odebrecht, y que hayan participado del desvío de fondos desde Brasil para la campaña presidencial de Mauricio Funes. Sin embargo, si el aporte de Odebrecht a la campaña no existió, como aseguran las autoridades brasileñas, Funes y Pignato se guardan explicar cómo es que Joao Santana y su equipo llegaron al país, y quién pagó por los servicios del publicista brasileño durante la campaña presidencial 2008-2009.

El Faro solicitó respuestas a Funes y a Pignato el 19 de abril. A través de la oficina de prensa de la Secretaría de Inclusión Social de El Salvador, Pignato mandó a decir que ella no manejó el tema de la publicidad ni durante la campaña ni durante el periodo presidencial, y dijo que no haría más comentarios sobre el tema.

A través de mensajes privados en su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Funes respondió que ni él ni su equipo le pagaron a Joao Santana ni gestionaron fondos de empresas brasileñas para que este cobrara por esa vía sus honorarios.

El Faro preguntó a Funes si gracias a las gestiones de Vanda Pignato con el ex presidente Lula y con el PT Joao Santana había venido al país. También preguntó si el PT y Lula pagaron los servicios de Santana. “Joao Santana y su empresa publicitaria se limitaron a asesorar mi campaña presidencial y ni Vanda ni yo ni nadie de mi equipo de campaña pagamos este servicio ni recibimos dinero de ninguna empresa brasileña para cubrir los gastos de campaña”, dijo Funes.

El ex presidente salvadoreño se desmarcó de la publicación de OGlobo, en el que este periódico menciona a Pignato como la responsable de gestionar el apoyo de Lula para que Santana viniera a El Salvador y también se desmarcó de los pagos de Odebrecht -que según OGlobo se hicieron a cuentas internacionales de Mónica Moura- para cubrir los servicios de Santana y su equipo durante la campaña presidencial de Funes.

“Ni Vanda ni yo podemos dar cuenta de las relaciones que la empresa publicitaria de Santana pudo haber tenido con Odebrecht, el PT o el presidente Lula. Lo que haya hecho el ex ministro de finanzas del ex presidente Lula (Antonio Palocci) no es asunto de nuestra incumbencia y escapa a nuestro conocimiento. Las transferencias internacionales que según ustedes se dieron en cuentas del exterior de Mónica Moura tampoco es asunto de nuestro interés y escapa a nuestro conocimiento”, añadió Funes.

Tras el triunfo electoral,  Santana y Moura crearon una empresa de publicidad en El Salvador, Polistepeque S.A de C.V. En los primeros meses de su mandato, Funes creó con funcionarios de confianza una estructura paralela  a la Secretaría de Comunicaciones, que se encargó de manejar la billetera asignada a la publicidad gubernamental y que también se encargó de que Polistepeque no tuviera competencia.

Desde noviembre de 2009, Funes maniobró para entregarle todo el pastel de contratos de publicidad a Polistepeque. Al cabo de dos años y medio, dicha empresa de publicidad facturó en El Salvador 8.5 millones de dólares, de los cuales al menos 5.6 millones de dólares provinieron de contratos con instituciones del ejecutivo. La relación Santana-Funes acabó en enero de 2012, cuando Polistepeque cerró operaciones en El Salvador.

El Faro envió dos preguntas más a Funes: ¿Cómo le responde a la Policía Federal de Brasil que especula hubo ventajas indebidas para Joao Santana en la asignación de contratos después de las elecciones presidenciales en El Salvador? ¿Cómo le responde a quienes especulan que los contratos ganados por Polistepeque fueron una retribución por los servicios prestados durante la campaña?

“No tengo más que agregar”, respondió el expresidente.

Cinco años después del triunfo electoral de Funes, Santana y su esposa, Mónica Moura, comenzaron a ser investigados en Brasil, porque no declararon ante el fisco que tenían empresas offshore en Panamá con cuentas de banco en Suiza. La Policía solicitó prisión preventiva para Santana y para Moura y pidió ampliar la investigación por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

“Los investigados pueden estar involucrados en actividades criminales más serias como lavado de dinero y corrupción. No debe banalizarse la práctica del fraude con el uso de estos escasos recursos o por lo menos recursos inexplicables utilizados en las campañas electorales, tanto en Brasil como en el extranjero, considerando la consiguiente afectación de la integridad de los procesos políticos democráticos”, dice el pedido de prisión preventiva contra Santana y Moura del 15 de febrero de 2016.

El juez de Curitiba, Sergio Moro, condenó el 2 de febrero de 2017 a ocho años y 4 meses de prisión a la pareja por lavado de dinero. Ambos recibieron dinero de parte de Grupo Keppel Fels, un grupo de presión que pagó sobornos para recibir contratos de Petrobas. Parte de estos sobornos pagaron los servicios que Santana y Moura prestaron al Partido de los Trabajadores durante la campaña presidencial de Dilma Rousseff de 2010.