Corrupción

Tapadera a la impunidad. De Erika Saldaña

La Presidencia de la República crea cargos redundantes y con poco sentido, dando la impresión de que mejorar la actuación de las instituciones no es el único fin, sino también dotar de ese fuero constitucional a los funcionarios investigados.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 24 abril 2017 / EDH

El tema del fuero de los funcionarios está de nuevo sobre la mesa. A menos que usted viva debajo de una piedra, los motivos que inducen a pensar en la prerrogativa establecida en el artículo 236 de la Constitución están a la vista. Ante las diversas investigaciones que se encuentra realizando la Fiscalía General de la República por posibles casos de corrupción y otros delitos graves, explotan aquellas dudosas casualidades; la Presidencia de la República crea cargos redundantes y con poco sentido, dando la impresión de que mejorar la actuación de las instituciones no es el único fin, sino también dotar de ese fuero constitucional a los funcionarios investigados.

Frente a estas situaciones coyunturales es necesario debatir y aclarar para qué sirve el denominado fuero de los funcionarios. La jurisprudencia constitucional reiteradamente ha señalado que se reconocen ciertas prerrogativas a las personas que ocupan determinados cargos en el ámbito de la función pública. Bajo este tipo de inmunidad, la acusación penal contra un funcionario debe pasar primero por una autorización, ya sea de la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia, en un proceso de antejuicio; si en dicho antejuicio se recoge la información suficiente que señale el posible cometimiento de un delito, el caso pasa a los tribunales comunes para que estos juzguen la conducta. La finalidad del fuero es prevenir obstrucciones en el trabajo del funcionario y garantizar el normal funcionamiento de la institución que integre; es decir, que este funcionario no sea acusado de algún delito por razones políticas, con la intención de separarlo de su cargo o de alterar la composición de ciertos Órganos del Estado o sus dependencias.

Sin embargo, considero que el fuero de los funcionarios ha sido mal interpretado desde sus inicios. Esta prerrogativa no funciona como un blindaje a la impunidad ni asiste a un funcionario por el cometimiento de cualquier tipo de delito o falta. La lectura superficial del artículo 236 de la Constitución ha sido utilizada a conveniencia, dejando en el aire la idea de que un funcionario está protegido siempre por su simple nombramiento. Pero hay que tener claro que la Constitución bajo ninguna circunstancia puede ser utilizada para proteger la impunidad, pues de ser así se constituye un fraude a la misma. Además, partiendo del principio básico y fundamental de que en una República todos somos iguales ante la ley, las prerrogativas no pueden ser utilizadas arbitrariamente para evadir la justicia. Lo contrario permitiría caer en supuestos absurdos que propicien la impunidad ante la comisión de delitos, dejando a un lado cualquier consideración a la protección de bienes jurídicos que establecen las leyes para el Estado o los ciudadanos.

El fuero no se constituye como una garantía absoluta para el funcionario, sino que hay que tener claros los distintos límites que establecen la Constitución, leyes y jurisprudencia relacionada al tema. Dejando el plano hipotético, en El Salvador hemos sido testigos de casos donde una mala interpretación de las garantías que ofrece el fuero estuvo a punto de utilizarse erróneamente para encubrir casos de delitos graves. En el caso del exdiputado suplente Wilber Rivera, la Fiscalía inició un antejuicio en su contra ante la Asamblea Legislativa; luego advirtió su error sobre los casos donde no debe operar el fuero y desistió expresamente de dicho procedimiento, acudiendo directamente a los tribunales para su juzgamiento por lavado de dinero. A la hora de analizar la operatividad del fuero constitucional, los aplicadores de justicia (Fiscalía y Órgano Judicial) deben tener en consideración el tipo de delito que se atribuye, el contexto en que sucedieron los hechos, las funciones propias de quien pretende ampararse en esa garantía y las pruebas recabadas.

Ante la desinformación o interpretación interesada de ciertos temas jurídicos es deber de la comunidad jurídica participar en su aclaración. Como señalé antes, la Constitución no puede ser mal utilizada para beneficios particulares y menos como herramienta que proteja la impunidad. Además, también es necesario que las instituciones encargadas de perseguir y juzgar el delito tengan claros los criterios que deben aplicarse. El fuero constitucional no puede considerarse absoluto, pues no se trata de una tapadera a la impunidad.

Cómo la corrupción de Odebrecht abonó a la campaña de Mauricio Funes. De Jimmy Alvarado

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil afirman que Odebrecht hizo pagos por 5.3 millones de reales a Joao Santana para que este dirigiera la campaña electoral de Mauricio Funes en 2008. Los fondos provenían de la división de Operaciones Estructuradas, la oficina de Odebrecht que canalizaba sobornos al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Medios brasileños revelan confesiones de un ejecutivo de Odebrecht que vincula a la ex primera dama, Vanda Pignato.

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA

El 9 de agosto de 2010, el presidente Mauricio Funes y la primera dama Vanda Pignato hicieron una visita oficial a Brasil. Se reunieron con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una ceremonia en Sao Paulo de la Federación de Industriales (FIESP). AFP PHOTO/Mauricio LIMA / AFP PHOTO / MAURICIO LIMA


Jimmy Alvarado, 20 abril 2017 / EL FARO

La Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil han vinculado la millonaria trama de corrupción de Odebrecht con la campaña electoral del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, a través de una triangulación de fondos que habría sido diseñada por las principales cabezas de la gigante de la construcción en América Latina, el expresidente Lula da Silva y su ministro de Hacienda. El desembolso de esos fondos fue efectuado por Odebrecht y llegó hasta Joao Santana, el publicista que enrumbó la campaña presidencial del FMLN en 2009, y a quien Funes no solo lo consideró el artífice de su triunfo, sino que además le llamó “amigo”.

Las autoridades brasileñas se amparan en registros contables y testimonios de los principales involucrados en un pago de 5.3 millones de reales a Santana (1.6 millones de dólares al cambio actual, 3 millones en 2008, el año en el que habrían ocurrido esos aportes) para afirmar que la campaña del que se convertiría en el primer presidente de izquierdas en El Salvador recibió fondos provenientes de la mayor trama de corrupción y lavado de dinero en Brasil.

En la triangulación de fondos, según la Policía, participó Antonio Palocci, el ex ministro de Hacienda de Lula da Silva y operador político del Partido de los Trabajadores; el CEO de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, y Mónica Moura, esposa de Joao Santana.

Las autoridades brasileñas señalan que el pago a Santana, para que este dirigiera la campaña de Funes, fue canalizado a cuentas internacionales de la esposa del publicista, Mónica Moura, para asumir los costos de los servicios de publicidad.

“En ese caso los elementos probatorios inducen a concluir que Odebrecht a partir de un ajuste hecho por Antonio Palocci Filho pagó los gastos de Joao Cerqueira de Santana Filho y de Mónica Regina Cunha Moura relacionados a la campaña por la Presidencia de la República de El Salvador que ganó Mauricio Funes en 2009”, dice uno de los requerimientos presentados por la Policía ante el Tribunal de Curitiba el 5 de febrero de 2016.

Joao Santana se incorporó a la campaña de Mauricio Funes en junio de 2008, según declaró a El Faro el exsecretario de Comunicaciones, David Rivas. Aunque la Policía no precisa la fecha exacta en la que Santana recibió los desembolsos para trabajar en la campaña presidencial de Funes, señala que estos pagos fueron realizados ese mismo año. Joao Santana y su equipo brasileño produjeron y lanzaron una de las piezas insignia de la campaña de Funes, en la que el entonces candidato anunciaba que perseguiría a la corrupción como nunca antes en El Salvador:  “Yo sé que hay muchos corruptos preocupados con mi victoria -decía Funes en aquel spot-. Y tienen razón. Mientras faltaban medicina en los hospitales, ellos se llenaban los bolsillos. Mientras las familias no tenían qué comer, ellos construían sus mansiones sobre las champas y la miseria. Por eso, no tengan dudas amigos: se va a acabar el tiempo en el que la cárcel era solo para los ladrones de gallinas. La cárcel será para todo los criminales, pobres o ricos. Y cuánto mayor sea el robo, mayor será el castigo”.

En febrero de 2016, el arquitecto de esta pieza y su esposa fueron condenados a 8 años y 4 meses de prisión en Brasil por lavado de dinero. Quien personificó el mensaje de este spot se refugia en Nicaragua en medio de una investigación en El Salvador por corrupción y por un incremento patrimonial injustificado.

La computadora, los registros, los testimonios

La conclusión de la Policía sobre los vínculos de Odebrecht con la campaña de Mauricio Funes parten de peritajes a registros contables, a correos y a testimonios de empleados de la división de Operaciones Estructuradas. Esta división era una oficina de Odebrecht que fue creada con el propósito de canalizar pagos de sobornos a funcionarios del Partido de los Trabajadores de Brasil, según el Ministerio Público de dicho país, y también para pagar sobornos a funcionarios de países de América Latina y de África, según indagaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York.

En mayo de 2014, la Policía encontró un archivo electrónico con un registro contable del año 2008, en el que se consignaba un pago de 5.3 millones de reales en El Salvador. El archivo fue encontrado en una computadora tras un allanamiento a la residencia de María Lucía Guimaraes Tavares,  una mujer que laboró seis años en la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht hasta su captura en mayo de 2014.

Uno de los archivos que llamó la atención de la Policía fue un documento de excel “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” en el que se registraban -en palabras de la Policía- “controles de pagos” para financiar campañas del PT y también un pago para la campaña de Mauricio Funes.

“Debe hacerse notar que “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” revela que la división de Operaciones Estructuradas llevaba control de pagos hacia João Cerqueira de Santana Filho, Mónica Regina Cunha Moura y otros beneficiarios que no han sido identificados, y tales pagos eran coordinados por Antonio Palocci Filho junto con Marcelo Bahía Odebrecht”, dice el peritaje de la Policía Federal de Brasil del 20 de junio de 2016.

La Policía determinó que el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” estaba en clave: “italiano” se refería a Palocci y “MO” a Marcelo Odebrecht. Palocci fue ministro de hacienda de Lula da Silva del 1 de enero de 2003 al 27 marzo de 2006, diputado del 1 de febrero de 2007 al 31 de diciembre de 2010 y un importante operador político del Partido de los Trabajadores. Del 1 de enero al 7 de junio de 2011, fue jefe del gabinete de Dilma Rousseff. Marcelo Odebrecht fue de 2005 a 2015 el CEO de Odebrecht, una de las empresas constructoras más grandes de América Latina.

En el archivo “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” había un apartado que decía “Evento El Salvador vía Feira (2008)” y a la par decía el monto asignado, 5.3 millones de reales. Según la Policía, “Feira” es el nombre clave con el que Guimaraes y Odebrecht se referían a los esposos João Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura. Las autoridades destacan que el registro contable diga “vía” antes de “Feira”. “El vía indica que estos montos no eran destinados directamente a Joao Santana, sino que era el intermediario para hacer llegar el dinero a su destino”.

Gracias a peritajes a teléfonos y correos de Guimaraes y de Marcelo Bahía Odebrecht, la Policía concluyó que cuando en los registros contables  de la división de Operaciones Estructuradas se usaba la palabra “evento” hacían referencia a campañas electorales. Las conclusiones de estos peritajes en Brasil indican que Odebrecht financió la campaña de Funes pagando los gastos de Joao Santana.

La Policía Federal de Brasil afirma que hay evidencia robusta de que los pagos mencionados en el documento “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” se llevaron a cabo, aunque todavía no hay una sentencia en los Tribunales por este caso. “Por lo tanto, hay indicios de que efectivamente se realizaron pagos a través de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO y Mônica REGINA CUNHA MOURA, a los que se refirieron MARCELO BAHIA ODEBRECHT y el SECTOR DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS de ODEBRECHT por el código Feira, relacionados con Elecciones presidenciales en El Salvador”.

Odebrecht es investigada por el caso “Lava Jato” – auto lavado- que consistía en un grupo de empresas que se ponía de acuerdo para ganar contratos con Petrobas, la petrolera estatal brasileña. Desde marzo de 2014, la justicia brasileña investiga a alrededor de 16 empresas que ganaban contratos con sobre precio, en el que se establecía que Petrobas pagaba por una obra, por la ganancia de la empresa y un soborno que podía ascender -según el Ministerio Público Federal de Brasil- entre el 1% y el 5% del contrato que iba dirigido a funcionarios del Partido de los Trabajadores.

Este esquema fue repetido en más de 11 países por  Odebrecht y Braskem -dos empresas hermanas- según una Corte en Nueva York que los condenó a pagar 788 millones de dólares y a mejorar controles internos para evitar este tipo de prácticas. La justicia brasileña estima que la oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pagó en total 3 mil 370 millones de dólares en sobornos de 2006 a 2014.

Funes y Pignato se desvinculan, pero callan sobre Santana

El 18 de abril de 2017, O Globo publicó una confesión de Hilberto Mascarenhas, grabada el 15 de diciembre de 2016, en la que el coordinador de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la oficina creada en la compañía para coordinar los pagos de sobornos en Brasil y en el extranjero, dice que fue Vanda Pignato quien solicitó al ex presidente Lula la ayuda del PT para la campaña de Funes. Según O Globo, fue Pignato -quien desde 1980 fue militante del PT- quien intermedió para que Odebrecht apoyara la campaña a través de la incorporación del publicista Joao Santana.

Ante la pregunta sobre a qué se refiere un documento cuando menciona un evento en El Salvador, Mascarenhas respondió: “Es un pago de soborno”, y mencionó a Pignato. “La esposa -de Funes- pidió que Odebrecht apoyara la campaña a través de la contratación de Joao Santana y también fue una petición del gobierno brasileño no sé de quién exactamente”.

Según O Globo, Mascarenhas incluso explica que hubo una confusión con la cantidad solicitada por Pignato a Lula. Según él, la cantidad solicitada era 5.3 millones de reales (que en esa época equivalía a 3 millones de dólares), pero que Marcelo Odebrecht aprobó 3 millones de reales. El periódico brasileño OGlobo afirma que alguien se quejó en Brasilia por la equivocación ante el presidente Lula y le fue requerido a Mascarenhas corregir el error. Mascarenhas explica que nunca tuvo certezas, pero que llegó a escuchar que la persona que se quejó fue Mónica Moura, la esposa de Joao Santana.

En El Salvador, exfuncionarios de la presidencia Funes, como el secretario de Comunicaciones David Rivas, confirman que la relación entre Vanda Pignato, Joao Santana y Mauricio Funes se construyó durante la campaña, y se fortaleció en el cierre de la misma, con el triunfo electoral. Tras la victoria presidencial, Funes se dirigió a Joao en su discurso: “Agradezco, y quiero esta noche hacer un testimonio público a mi asesor y amigo, Joao Santana, su esposa y su formidable equipo de producción y de trabajo. ¡Muchas gracias!”.

Durante el inicio de su mandato, y sin que se conociera todavia la trama de Odebrecht, funcionarios de la casa presidencial ya daban cuenta de cómo era de importante Santana en la presidencia, y quien lo había llevado hasta Funes. El Faro conversó con dos ex funcionarios de Presidencia de la República, quienes aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Uno de ellos ante la pregunta sobre quién hizo los contactos para traer a Joao Santana al país para dirigir la campaña de Funes contestó: “la respuesta es de sentido común. ¿Quién más tenía contactos con el Partido de los Trabajadores en Brasil?”. El Faro le preguntó si fue Vanda Pignato, a lo que contestó asintiendo con la cabeza. Otro ex funcionario también dijo que los contactos los hizo Vanda y afirmó que los servicios de Santana los había pagado el PT.

Pero la ex pareja presidencial niega estar vinculada a la trama de corrupción de Odebrecht, y que hayan participado del desvío de fondos desde Brasil para la campaña presidencial de Mauricio Funes. Sin embargo, si el aporte de Odebrecht a la campaña no existió, como aseguran las autoridades brasileñas, Funes y Pignato se guardan explicar cómo es que Joao Santana y su equipo llegaron al país, y quién pagó por los servicios del publicista brasileño durante la campaña presidencial 2008-2009.

El Faro solicitó respuestas a Funes y a Pignato el 19 de abril. A través de la oficina de prensa de la Secretaría de Inclusión Social de El Salvador, Pignato mandó a decir que ella no manejó el tema de la publicidad ni durante la campaña ni durante el periodo presidencial, y dijo que no haría más comentarios sobre el tema.

A través de mensajes privados en su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Funes respondió que ni él ni su equipo le pagaron a Joao Santana ni gestionaron fondos de empresas brasileñas para que este cobrara por esa vía sus honorarios.

El Faro preguntó a Funes si gracias a las gestiones de Vanda Pignato con el ex presidente Lula y con el PT Joao Santana había venido al país. También preguntó si el PT y Lula pagaron los servicios de Santana. “Joao Santana y su empresa publicitaria se limitaron a asesorar mi campaña presidencial y ni Vanda ni yo ni nadie de mi equipo de campaña pagamos este servicio ni recibimos dinero de ninguna empresa brasileña para cubrir los gastos de campaña”, dijo Funes.

El ex presidente salvadoreño se desmarcó de la publicación de OGlobo, en el que este periódico menciona a Pignato como la responsable de gestionar el apoyo de Lula para que Santana viniera a El Salvador y también se desmarcó de los pagos de Odebrecht -que según OGlobo se hicieron a cuentas internacionales de Mónica Moura- para cubrir los servicios de Santana y su equipo durante la campaña presidencial de Funes.

“Ni Vanda ni yo podemos dar cuenta de las relaciones que la empresa publicitaria de Santana pudo haber tenido con Odebrecht, el PT o el presidente Lula. Lo que haya hecho el ex ministro de finanzas del ex presidente Lula (Antonio Palocci) no es asunto de nuestra incumbencia y escapa a nuestro conocimiento. Las transferencias internacionales que según ustedes se dieron en cuentas del exterior de Mónica Moura tampoco es asunto de nuestro interés y escapa a nuestro conocimiento”, añadió Funes.

Tras el triunfo electoral,  Santana y Moura crearon una empresa de publicidad en El Salvador, Polistepeque S.A de C.V. En los primeros meses de su mandato, Funes creó con funcionarios de confianza una estructura paralela  a la Secretaría de Comunicaciones, que se encargó de manejar la billetera asignada a la publicidad gubernamental y que también se encargó de que Polistepeque no tuviera competencia.

Desde noviembre de 2009, Funes maniobró para entregarle todo el pastel de contratos de publicidad a Polistepeque. Al cabo de dos años y medio, dicha empresa de publicidad facturó en El Salvador 8.5 millones de dólares, de los cuales al menos 5.6 millones de dólares provinieron de contratos con instituciones del ejecutivo. La relación Santana-Funes acabó en enero de 2012, cuando Polistepeque cerró operaciones en El Salvador.

El Faro envió dos preguntas más a Funes: ¿Cómo le responde a la Policía Federal de Brasil que especula hubo ventajas indebidas para Joao Santana en la asignación de contratos después de las elecciones presidenciales en El Salvador? ¿Cómo le responde a quienes especulan que los contratos ganados por Polistepeque fueron una retribución por los servicios prestados durante la campaña?

“No tengo más que agregar”, respondió el expresidente.

Cinco años después del triunfo electoral de Funes, Santana y su esposa, Mónica Moura, comenzaron a ser investigados en Brasil, porque no declararon ante el fisco que tenían empresas offshore en Panamá con cuentas de banco en Suiza. La Policía solicitó prisión preventiva para Santana y para Moura y pidió ampliar la investigación por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

“Los investigados pueden estar involucrados en actividades criminales más serias como lavado de dinero y corrupción. No debe banalizarse la práctica del fraude con el uso de estos escasos recursos o por lo menos recursos inexplicables utilizados en las campañas electorales, tanto en Brasil como en el extranjero, considerando la consiguiente afectación de la integridad de los procesos políticos democráticos”, dice el pedido de prisión preventiva contra Santana y Moura del 15 de febrero de 2016.

El juez de Curitiba, Sergio Moro, condenó el 2 de febrero de 2017 a ocho años y 4 meses de prisión a la pareja por lavado de dinero. Ambos recibieron dinero de parte de Grupo Keppel Fels, un grupo de presión que pagó sobornos para recibir contratos de Petrobas. Parte de estos sobornos pagaron los servicios que Santana y Moura prestaron al Partido de los Trabajadores durante la campaña presidencial de Dilma Rousseff de 2010.

Carta a doña Norma Guevara: No trate de tapar el sol con un dedo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 18 abril 2017 / MAS! y EDH

Estimada diputada:
Puede ser un gesto noble que usted trate de defender a un amigo, a quien todos los demás han abandonado, como es el caso con Mauricio Funes. O puede ser el intento vano de tapar el sol con un dedo.

“No hay ninguna prueba que incrimine que el expresidente Funes se enriqueció con fondos públicos,” dijo usted. Y saca la conclusión atrevida que el proceso que se sigue en contra de Funes “no es más que una forma de persecución política orquestada.”

Incluso en el caso hipotético que usted tuviera razón que “Funes no tomó dinero de las arcas del Estado para beneficio propio y de su familia”, su conclusión es engañosa. Hay distintas formas de enriquecimiento ilícito, y no todas significan que se haya robado al arco público como lo hizo Toni Saca.

Las ‘donaciones’ que Mauricio Funes recibió de Nico Salume y Odebrecht (por conducto de Lula y su representante en El Salvador, Vanda Pignato) no provienen del arco público, pero igual constituyen enriquecimiento ilícito.

Tampoco el enriquecimiento ilícito es la única manera que un presidente puede cometer delitos de corrupción. Asumamos generosamente que no fuera cierto (o que no se pudiera comprobar) que una porción de los más de 100 millones de dólares que la CEL hizo a ASTALDI (por órdenes del entonces presidente Funes, pagando obras no realizadas en El Chaparral) se haya reciclado a cuentas de Funes, pasando por diferentes cuentas en Panamá. Incluso bajo esta hipótesis quedaría fuera de duda que Funes causó un enorme daño al Estado y sus finanzas. Quedaría también fuera de duda que cometió delitos.

Con su experiencia usted debería saber que siempre el ‘daño colateral’ de la corrupción es mucho más alto que los montos que malos funcionarios roban al Estado. Hablando del primer mandatario de su partido, el ‘daño colateral’ que causó al país con sus decisiones corruptas en los casos CEL-ENEL y El Chaparral es infinitamente más grande que un par de millones que puede haberse apropiado. Es un daño a la eficiencia y sostenibilidad de nuestra sistema de generación eléctrica, desfinanciando a instituciones estatales como CEL y LaGeo. Este daño lo pagamos todos los meses los consumidores y las empresas productoras con tarifas altas de energía.

Si sumamos el daño que las decisiones corruptas de Funes y sus operadores en CEL y CEPA causaron a la confianza de los inversionistas, realmente los lujos que estos hombres se dan como resultado de enriquecimiento ilícito parecen de poca monta.

Incluso si usted tuviera razón en afirmar que Funes no robó fondos del Estado, su intento de tapar el sol con un dedo ciertamente no es la noble defensa de un hombre que se ha quedado sin amigos.

Saludos,

 

 

El camino del infierno. De Joaquín Villalobos

El combate contra la corrupción en Latinoamérica es muy complicado. La intención no basta.

Nicolás Maduro, durante una ‘marcha anti-imperalista’ en Caracas. Ariana Cubillos AP

Joaquín Villalobos, 1 abril 2017 / EL PAIS

La justicia y la política deben marchar juntas para lograr la convivencia y el progreso. En Italia, hace 25 años, el fiscal Antonio Di Pietro inició una tenaz lucha contra la corrupción conocida como Manos Limpias. Más de 1.200 empresarios y políticos fueron condenados, la mitad del Parlamento estuvo bajo investigación; ni el Vaticano quedó libre de culpa. Berlusconi se convirtió en el redentor y los partidos que habían gobernado Italia desde 1948 fueron destrozados. Los resultados de aquel huracán de moralidad fueron fatales para la economía, la política y los ciudadanos; Italia sigue sin recuperarse y la corrupción empeoró.

En Venezuela, a finales de los ochenta, medios de comunicación, intelectuales y poderes económicos atacaron por la corrupción a toda la clase política. En 1989 tuvo lugar una gran movilización y en 1992 la telenovela Por estas calles llegó a ser la más exitosa de la televisión; ambos sucesos tuvieron por tema la corrupción. Hugo Chávez se convirtió así en el redentor, el viejo sistema de partidos fue despedazado y un grupo de corruptos oportunistas con banderas revolucionarias tomó el poder. Venezuela sufre ahora un desastre.

Guatemala fue intervenida internacionalmente para perseguir genocidas, corruptos y criminales. A finales del 2015 el presidente, el general Otto Pérez Molina, promotor del proceso de paz, fue destituido por corrupción. El resultado fue que el partido de los militares genocidas tomó el poder con el comediante Jaime Morales como candidato. Familiares de Morales se enfrentan ahora a cargos por corrupción. Guatemala tiene a los genocidas en el Gobierno y el crimen es más fuerte que nunca.

En Brasil la lucha contra la corrupción derrumbó un Gobierno, estableció una polarización que puede arruinar al país por muchos años y se está hablando de amnistía porque la corrupción abarca a todos los partidos.

La corrupción apareció como problema simultáneamente en varios países. Cuando esto ocurre existe un problema estructural que tiene causas que debemos entender y atender. La política continental ha pasado por tres temas centrales: derechos humanos, liberalización económica e inclusión social. En democracia, Gobiernos de derecha e izquierda se han alternado y con ello la corrupción, que siempre existió, dejó de ser invisible. Sin democracia la política era barata y los partidos, los parlamentarios y los jueces irrelevantes. Los poderes económicos instrumentaban al Estado y nadie podía competirles. Estamos frente a una nueva realidad en la que factores objetivos y hasta culturales generan corrupción. La financiación de la política, la gobernabilidad con Parlamentos de composición complicada, la existencia de recursos estatales sin controles y el surgimiento de nuevas élites económicas que consideran tener derecho de utilizar al Estado para fortalecerse porque eso fue lo que hicieron las antiguas élites. Esto ha ocurrido cuando la democracia está independizando y empoderando a la justicia. No se trata entonces de una lucha de “buenos” contra “malos”, sino de un reto que requiere considerar todo el contexto; de nada sirve atacar los síntomas si no se resuelven las causas. Reducir la corrupción requiere abordar los temas señalados de forma abierta y pragmática y esforzarse porque justicia y política avancen juntas.

Obviamente, los debates sobre institucionalidad son aburridos y los linchamientos no, pero el enfoque estrictamente moral, judicial y mediático puede resultar fatal. Si la justicia no tiene en cuenta el contexto histórico, cae en la politización y pierde la independencia que apenas empezaba a ganar. Sin acuerdos políticos nacionales que aborden el tema de la corrupción, como se hizo con los derechos humanos, con la estabilidad macroeconómica y la inclusión social, hay riesgo de un ciclo interminable de venganzas que deslegitimaría la democracia representativa, generaría vacíos de poder, fortalecería la antipolítica y abriría el camino a los redentores.

No se trata de avalar la corrupción, sino de resolver sus causas. Cada país es diferente, pero los riesgos de equivocar la ruta están en todas partes. No somos democracias maduras con electores ilustrados; el resultado final del enfoque estrictamente moral será que todos los políticos son ladrones. El progreso es siempre relativo, gradual e imperfecto; lo contrario es imposible. Las acciones deben juzgarse siempre por sus resultados, nunca por sus intenciones, porque, como bien dicen, de buenas intenciones está lleno el camino del infierno.

El tuitero prófugo. De Roberto Rubio

Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir.

Roberto Rubio, 27 marzo 2017 / LPG

La investidura de expresidente merece respeto, pero también tiene que ganárselo, darse a respetar. Sin embargo, el respeto se pierde cuando un expresidente se queda de tuitero, sus tuits son una sarta de insultos y gruesas mentiras, y peor cuando es un tuitero prófugo de la justicia.

No amerita entonces gastar palabras en el análisis de las malandanzas del susodicho, ni dedicarse a confrontar lo que emana de su lengua viperina. Lo que amerita son las reflexiones sobre el significado de sus cuestionados hechos y las lecciones que se derivan de ellos. Reflexiones/lecciones dedicadas a ciertos altos funcionarios y a los que en el futuro pretenden serlo.

En primer lugar, los altos funcionarios, en general, son efímeros, su ciclo de vida es relativamente corto. Sin embargo, el disfrute y ejercicio de su poder los hace creerse eternos. No se percatan de que su poder es momentáneamente prestado, que son mandatarios de paso o sea mandatados por la voluntad temporal del ciudadano. Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir. Se enriquecen como si su riqueza y las sobras de poder que le quedaron le blindarán de las llaves de la justicia. Se pavonean con guardaespaldas, seguidores o caravanas de vehículos, como lo hacían el tuitero prófugo y su entonces consorte, sin caer en la cuenta de que son dioses con pies de barro, y que tarde o temprano las diosas de la justicia, Temis y Dice, los alcanzarán dentro o fuera del Olimpo. El brazo de la justicia es largo y paciente.

En segundo lugar, a muchos funcionarios el poder los vuelve soberbios y arrogantes, como el tuitero prófugo. Valga traer a cuenta una reflexión de José San Martín que llegó a mis manos por medio de la red virtual de mis compañeros de colegio: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. Se olvidan que manteniendo en saldo rojo la humildad, los costos que ocasionaron sus maltratos se cobrarán caro.

En tercer lugar, en estos tiempos de sociedades abiertas, de ciudadanos más informados y exigentes, con amplias y accesibles tecnologías de comunicación, donde la lucha por la transparencia y contra la corrupción han tomado alto vuelo, es cada vez más difícil esconder, especialmente lo que se apropia indebida e ilícitamente. Basta una buena justicia, una coyuntura adecuada, una presión y/o denuncia ciudadana, o intercambios de información bancaria a nivel nacional e internacional, para perfilar la ruta del dinero malhabido, para seguir las huellas de los dueños de lo ajeno. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha permitido la creación de “sistemas sabueso”, los cuales permiten ir descubriendo las huellas dejadas por los corruptos y corruptores en casi cualquier parte del mundo.

Finalmente, en estos más cristalinos tiempos es difícil esconder a los testaferros/prestanombres. Esta manera de ocultar los verdaderos propietarios de la riqueza mal habida es ahora más detectable. Basta indagar un poco más sobre ellos, basta que la fiscalía allane sus oficinas y analice la documentación incautada, para llegar al verdadero dueño. Adicionalmente, los “amigos” testaferros ya no son tan confiables, no solo porque su “amistad” no alcanza la probidad en el resguardo del bien del amigo, sino porque al verse acorralados por la justicia, se convierten en testigos criteriados, que por salvar parte de su pellejo prefieren despellejar al otrora amigo. Esto lo sabe bien el tuitero prófugo, que ya adelantó sus miedos.

Los que tuitean para mentir y difamar, los juglares del mundo de troles y clonadores de identidad y los reyes que los contratan, los que le roban al ciudadano, los que con su picardía obstaculizan al pobre el salir de su pobreza, los ricos que amañan la obtención de su fortuna, todos ellos deben tener presente esas frases populares con las que hemos encabezado algunos artículos de esta columna de opinión: “A todo chumpe le llega su Navidad”, “Quien mal anda mal acaba”.

La justicia en la balanza. De Francisco Díaz Rodríguez

Francisco Díaz Rodríguez es Superintendente de Competencia

Francisco Díaz Rodríguez , 14 marzo 2017 / EL MUNDO

Cuando en un tribunal colegiado (de dos o más jueces) surge un empate –discordia, se dice en lenguaje judicial- y no se puede decidir, se llama a un tercero (otro juez) para desempatar -dirimir, en el mismo lenguaje. Nuestra Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) tiene cuatro jueces (magistrados), los empates pueden suceder y de hecho ha sucedido uno en un caso simbólico: la sanción impuesta en 2008 a las empresas MOLSA y HARISA por la Superintendencia de Competencia (SC). ¿Le interesa saber?

El ilícito (práctica anticompetitiva) cometido por las empresas fue repartirse el mercado de la harina de trigo: 55 % para una, 45 % para la otra). Con este tipo de acuerdos los agentes económicos pueden manipular los precios de los productos a su conveniencia. La sanción impuesta por el Consejo Directivo (CD) de la SC el 4 septiembre 2008, fue de $1,971,015.16 para MOLSA, y de $2,061,406.20 para HARISA. La sanción se basó, fundamentalmente, en pruebas materiales recogidas durante el allanamiento: agendas de empleados gerenciales de la empresa en donde aparecen anotados los porcentajes de ventas, y los cálculos según los cuales una empresa entregaba cinco dólares a la otra por cada quintal vendido en exceso del porcentaje acordado; se recogieron también los archivos electrónicos Excel de esos mismos cálculos.

Las empresas, cada una por su cuenta, presentaron recursos ante la SCA contra la resolución del CD. El recurso impulsado por HARISA ahora está listo para dictar sentencia. MOLSA, en cambio, consiguió que la (anterior) SCA, en sentencia de 1 diciembre 2011, resolviera a su favor declarando “ilegal” la resolución del CD porque, según ella, existían vicios en el procedimiento de allanamiento. En otras palabras, logró botar la resolución de la SC.

Cómo esa sentencia de la SCA pareció tan manifiestamente violatoria de varios principios al debido proceso constitucional, el CD, el 28 febrero 2012, presentó recurso de amparo contra esa sentencia. La Sala de lo Constitucional dio la razón al CD. En sentencia de 24 octubre 2014, dijo que lo actuado por la SC estaba apegado a la ley (por tanto, sus pruebas son válidas), y que la SCA, en su fallo, había violentado principios constitucionales. En consecuencia, la Sala de lo Constitucional declaró “ha lugar el amparo” y ordenó a la SCA “resuelva de conformidad con los parámetros constitucionalidad señalados”.

Estando así las cosas, MOLSA solicitó recusar -sacar del juicio- a la Presidenta de la (actual) Sala de lo Contencioso, pero debido a lo inconsistente de su argumento su solicitud fue rechazada el 25 agosto 2016.

El 15 de febrero pasado, el CD fue sorprendido por otra extraña vicisitud en el juicio: no se puede dictar sentencia, hay empate. La notificación de la SCA dice: “vistos en discordia para emitir sentencia”, llámese “para dirimirla a la magistrada suplente…”. Dicho en cristiano: estamos empatados, llamemos otro juez para que desempate. La justicia en la balanza.

Sé que el Derecho de Competencia es muy especializado y que no muchos lo conocen, pero, aun así, es difícil entender cómo, existiendo prueba material directa del ilícito y existiendo una sentencia constitucional que legitima la prueba, magistrados de Corte tengan tantas dudas, o temores, o presiones, que les confundan tanto hasta el punto de no poder resolver sobre lo evidente y comprobado. Esto no resulta razonable. Llama también la atención el hecho de que, casi a última hora, la empresa intente descabezar al (actual) tribunal recusando a su Presidenta.

Es importante decir que las prácticas anticompetitivas son modalidades de corrupción privada, de corrupción en el mercado y en los negocios, y que no sancionarlas significa contribuir a la impunidad en El Salvador. Desde la sanción del CD hasta la fecha llevamos ocho años seis meses de impunidad. Durante todos esos años -y otros hacia atrás en que se cometió la práctica ilícita, el mercado ha estado distorsionado, los panificadores y los consumidores finales hemos sido directamente perjudicados, aquéllos en sus ingresos y nosotros en nuestros bolsillos. Hago un llamado a las organizaciones que actualmente denuncian con firmeza la corrupción y la impunidad para que se informen, analicen y pronuncien sobre este caso. Pueden leer todas las resoluciones del CD, así como las de las Salas Constitucional y Contencioso Administrativo, desde cualquier dispositivo electrónico a través de la app.sc.gob.sv, o en la página http://www.sc.gob.sv. Detengamos la impunidad. Ojalá todavía estemos a tiempo.

La judicialización de las investigaciones de Probidad. De Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Contra y viento y marea, en los últimos meses la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha venido realizando una titánica labor que ha desembocado en el inicio de procesos judiciales de enriquecimiento injustificado contra varios exfuncionarios, incluidos entre ellos dos expresidentes de la República.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 27 febrero 2017 / LPG

En uno de los casos promovidos, ya existe sentencia judicial condenatoria.

La labor desempeñada por la Sección de Probidad, más el entendimiento exacto del compromiso constitucional asumido por varios de los magistrados de la Corte, ha permitido que hayamos iniciado una nueva etapa en la que –esperemos todos– los funcionarios respondan y sean sancionados cuando se han enriquecido con fondos públicos.

Estamos viviendo una realidad que aún nos tiene asombrados. Estamos presenciando el inicio de investigaciones y procesos judiciales, cuyas consecuencias probablemente todavía no logramos vislumbrar a cabalidad. A su vez, eso ha generado cierto optimismo porque nos conduce a pensar que, talvez ahora sí, se aplicará la ley sin ningún tipo de distinción.

En los días recientes hemos conocido que existen más de setenta procesos de investigación que están siendo conducidos en la Sección de Probidad, y que al menos cinco de ellos se encuentran en su etapa final. Esto significa que pronto serán sometidos a conocimiento de la Corte en pleno y que será esta la que tendrá que decidir si judicializa los casos.

Es a esto último a lo que queremos referirnos. De acuerdo con la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad y las decisiones que toma Corte en pleno no significan, bajo ningún punto de vista, que se esté condenando al funcionario investigado.

Lo único que implica es que existen elementos indiciarios suficientes, como para que en un proceso judicial con plenitud de trámite se discuta, pruebe y decida el posible enriquecimiento injustificado. La Corte no juzga; no es ese su rol en esta materia.

Siendo así, a los magistrados debe resultarles suficiente que exista una muestra o una señal que sin ser necesariamente contundente lleve a cuestionar el enriquecimiento de un funcionario en relación con el importe de sus ingresos y gastos ordinarios. Y de existir esa señal, respetando siempre la presunción de inocencia, debe remitir a la Cámara de Segunda Instancia para que sea ante ese tribunal que se identifique si existe o no la actividad ilícita. Fiscalía debe hacer su parte.

Insistimos en esto porque hemos percibido en algunos magistrados una mezcla de apatía, desinterés y de inusitada resistencia por dar continuidad a un proceso que no debe tener marcha atrás; sobre todo porque se cuenta con el apoyo decidido de la ciudadanía y hasta de la comunidad internacional. Preocupa que incluso, en algunos casos, se perciba cierto temor, quizá ocasionado por las evidentes presiones de algunos investigados.

Nadie está diciendo que todas las personas investigadas deben ser remitidas a un proceso judicial. La sola existencia de la investigación jamás puede ser suficiente. Pero si del resultado de esa investigación surgen señales que ponen en duda las fuentes del posible enriquecimiento del funcionario, es obligación de los magistrados remitir a quien corresponda, para que se deduzcan responsabilidades.

La Sección de Probidad ya fue reforzada con nuevos elementos, razón por la que con propiedad podemos exigir que las investigaciones que ahí se conducen se agilicen y se mantengan con estrictos criterios técnicos.

Y en el caso de los magistrados, pedimos no dejarse amedrentar por presiones indebidas y no cesar en su contribución por luchar contra la impunidad y la corrupción. No pretendemos que los 15 magistrados estén siempre de acuerdo, pero les exhortamos a que en este tema en particular pongan especial énfasis en lograr el mayor consenso posible. Confiamos en ustedes.