CIRES en vez de CICIES. Columna Transversal de Paolo Luers

5 mayo 2019 / EL DIARIO DE HOY

Olvídense de la CICIES. No necesitamos una comisión internacional que ataque la corrupción por el lado de la investigación y persecución penal. Ya se ha mostrado que esta parte de la lucha contra la corrupción funciona en manos de nuestras instituciones, y con mejores presupuestos y asistencia técnica internacional lo harán aún mejor.

Pero hay otra parte de la lucha contra la corrupción que está en pañales: la consecuente e integral reforma del Estado que erradique la incapacidad e ineficiencia en la administración pública y la deficiencia de los servicio a la ciudadanía. Por que es errónea la idea de que la corrupción comienza donde un funcionario robe al Estado o acepte sobornos. Esta es la parte de la corrupción que es más fácil erradicar, y de hecho El Salvador y otros países latinoamericanos lo están haciendo con bastante éxito. La parte de la corrupción mucho más difícil es la que comienza con la contratación de un funcionario no capacitado para su cargo, y que continúa con estructuras burocráticas que en vez de solucionar problemas los complican.

La “corrupción delictiva”, para llamarla de algún modo que la distingue de la “corrupción sistémica” que tiene que ver con la forma ineficiente como se organiza el Estado, es más fácil de detectar y erradicar porque el Estado tiene instrumentos para hacerlo: instrumentos institucionales de investigación y de persecución, como la PNC, la Fiscalía, Corte de Cuentas, tribunales, la Sección de Probidad. Algunas trabajan bien, otras todavía no, pero será fácil mejorarlas con recursos adecuados y asistencia internacional, sin necesidad de una Comisión Internacional que entra en conflicto con el orden constitucional del país.

Además, la lucha contra la parte delictiva de la corrupción (los presidentes que usan partidas secretas para robar millones; ministros y alcaldes que se dejan sobornar) tiene la gran ventaja de tener la opinión pública no sólo de su lado, sino presionando a las instituciones, pidiendo resultados.

¿Pero quién denuncia, quién investiga, quién erradica la corrupción que no se deja definir como delitos perseguibles sino que requiere transformaciones estructurales en el Estado? Nadie. Leemos en los periódicos de un presidente y otros funcionarios presos por corrupción, de otro presidente prófugo por corrupción, de alcaldes procesados por corrupción, pero nunca leemos de investigaciones que nos explican que cientos de millones de dólares se pierden por ineficiencia. Lastimosamente no es cierto aquella consigna del presidente electo que dice que “el dinero alcanza cuando nadie roba”. Es una visión muy corta de la corrupción y de las reformas que necesita el Estado para erradicar la ineficiencia sistémica. Al final del día lo que perdemos por la corrupción/robo es nada en comparación con la corrupción/ineficiencia…

La crisis permanente de los hospitales públicos y de los medicamentos no se explica ni por el montón de dinero que robaron los presidentes ni tampoco por lo poquito que pueden estar robando directores o administradores del área salud. Se explican por fallas en el aparato gubernamental que impiden que los recursos existentes sean bien aprovechados y se reflejen en beneficios de los usuarios.

Lo mismo en el sistema escolar, en la manera como se administran la PNC, el agua, la política energética. Podemos armar el mejor sistema de investigación policial, la mejor fiscalía, el mejor sistema judicial, la mejor CICIG y posiblemente agarrar y meter presos a todos los ladrones metidos en salud, Educación y Seguridad, en ANDA y CEL, y con esto se aun no van a mejorar los servicios públicos que dan estas instituciones, porque siguen sin tocar las fallas sistémicas de esta administraciones públicas que evitan que trabajen con eficiencia.

Y para esta tarea no tenemos instrumentos. Así que, si queremos institucionalizar la disposición internacional de ayudarnos en la lucha contra la corrupción, no pensemos en una CICIG que duplique el trabajo de la Fiscalía General. Pensemos en una comisión que nos ayude a reformar el Estado y a hacer más eficiente el servicio público y las instituciones que brindan servicios a la ciudadanía. Para esto se necesitan leyes adecuadas, como por ejemplo la permanentemente engavetada Ley de Servicio Público; se necesita reforma profunda de la burocracia; tecnología adecuada para hacer el aparato estatal a la vez más eficiente y más transparente; sistema de evaluación de funcionarios y de incentivos…

En esta reforma del Estado se tendrá que enfrentar a resistencias muy fuertes de grupos de interés incrustados en el aparato del Estado; funcionarios privilegiados igual que sindicatos. Para esto hay que hacer investigaciones, elaborar propuestas, movilizar la opinión pública. Invito al futuro presidente de establecer y dotar de total autonomía una Comisión Internacional de Reforma del Estado –y a comprometerse a poner en práctica sus recomendaciones. CIRES en vez de CICIES. Simplemente insistir y tratar de imponer una CICIES a la guatemalteca sería demagogia.

Apoyo internacional contra la corrupción. De Roberto Rubio

8 abril 2019 / LA PRENSA GRAFICA

En los últimos años El Salvador experimentó importantes avances en la lucha contra la corrupción e impunidad, en buena medida gracias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su Sala de lo Constitucional y su Sección de Probidad, junto con la Fiscalía General (FGR), y en cierta medida el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Sin embargo, desde hace más de un año esa institucionalidad se ha venido debilitando. En efecto, los casos de Probidad dentro de la CSJ se han estancado, en el IAIP hay mayor control partidario, y los cambios en la FGR todavía son de pronóstico incierto. Mientras tanto, la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental siguen con su histórico rol complaciente con la corrupción.

En ese contexto, se ha reavivado la idea de instalar en el país una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES). Hasta el momento, un «debate» contaminado por las dinámicas político/electorales, lleno de simplicidad y dualismo donde predomina el «CICIES sí o CICIES no», entre buenos y malos, así como impregnado de desinformación y prejuicios, donde la CICIES es el cielo y la salvación, o el infierno y la condena. Un envase prácticamente vacío de sustancia.

De ahí la importancia de iniciar un debate ciudadano que pueda contribuir a darle buen contenido a una instancia de apoyo internacional contra la corrupción, llámese o no CICIES. Lo importante es ver nacer la criatura sana y robusta antes de bautizarla.

La ciudadanía organizada y pertinente debe promover un debate serio, informado y continuo sobre los principales temas y componentes que debería contener una instancia de apoyo internacional: su naturaleza, su alcance, sus principios, su sustento legal nacional e internacional, su delimitación temática, su mandato o rol, su relación con las instituciones nacionales de control, su período, su conformación, sus mecanismos independientes de participación ciudadana, su ejercicio de rendición de cuentas. Esto ayudará a despejar prejuicios, temores o intereses oscuros que puedan existir entre sus detractores o promotores.

Todo ese debate y las propuestas ciudadanas que surjan de él serán importantes insumos para que tanto el próximo Gobierno como la Asamblea Legislativa tengan mejores elementos para los procesos de toma de decisiones en la materia. Un debate sano que apunte a una instancia internacional de apoyo imparcial e independiente del propio gobierno, de los partidos políticos y grupos económicos; apegada a la Constitución, a las leyes secundarias, y en sintonía con las Convenciones Internacionales contra la Corrupción de las que El Salvador es signatario; respetuosa del mandato constitucional que otorga a la Fiscalía el monopolio de la investigación del delito, pero contribuyendo con personalidad a esta; impulsando no solo el combate sino también la prevención de la corrupción; fortaleciendo y transfiriendo conocimiento/capacidades a nuestras instituciones de control; con plazos de salida; con participación ciudadana independiente del gobierno de turno, etcétera.

Transparencia Internacional (TI), y su capítulo nacional FUNDE, han venido expresado desde hace varios meses de la necesidad de contar con una instancia internacional de apoyo al combate a la corrupción, sobre todo cuando nuestra institucionalidad está dando muestras de debilitamiento, y sus estructuras todavía dependen mucho de los titulares que pasajeramente las presiden. En consonancia con ello, TI/FUNDE, junto con otras organizaciones, impulsarán el debate en torno a la elaboración, implementación y vigilancia de tal instancia internacional de apoyo.

Carta sobre la diferencia entre la realidad y la percepción de la corrupción. De Paolo Luers

7 marzo 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Cosas extrañas están pasando en El Salvador. No solo el plato volador que observó Will Salgado en el cielo nocturno sobre San Miguel. Ahora circula una carta fantasma, primero en las redes, luego hasta en los periódicos, dirigida al presidente Salvador Sánchez Cerén. Supuestamente la mandó Cynthia Huger, vicepresidenta de la Corporación del Reto del Milenio, que es la instancia que maneja y controla los fondos de Fomilenio. Digo supuestamente, porque la copia divulgada no lleva firma. Y es imposible compararla con la original, porque esta extrañamente no ha sido recibida en Casa Presidencial, a pesar de que la copia de la supuesta correspondencia lleva fecha del 22 de febrero. ¿Tardará 3 semanas la valija diplomática desde Washington a San Salvador?

¿Qué es lo importante de la supuesta carta? El fuerte reclamo que hace en cuanto a la corrupción en El Salvador. Según la misteriosa carta, El Salvador “no ha pasado la evaluación de desempeño” respecto al “control de la corrupción.” O sea, reprobados en materia de la lucha contra la corrupción…

Bueno, es entendible que al gobierno de Estados Unidos, como donante de los fondos de Fomilenio, le preocupe la corrupción, igual que a nosotros. ¿Pero cuál es la tal “evaluación de desempeño” que hace el gobierno de Estados Unidos para llegar a la conclusión que nuestro país no está combatiendo debidamente la corrupción?

Por más increíble que parezca, la respuesta es que mandan a hacer encuestas. La tal “evaluación de desempeño” de la lucha contra la corrupción en El Salvador (y otros países del mundo) que hace el gobierno de Estados Unidos para decidir si mantiene, reduce o suspende su ayuda financiara no es un examen objetivo de la corrupción y de las medidas anticorrupción. Lo que miden es la precepción que la gente tiene sobre estos asuntos. Una metodología parecida a la del famoso “Latinobarómetro” y otras encuestas que hace el Banco Mundial.

En estas encuestas preguntan a la gente si tienen la impresión que en su país hay mucha, o poca corrupción, si la corrupción ha aumentado y si el gobierno la está combatiendo debidamente. Es obvio que de esta manera no se mide la corrupción sino la percepción que la gente tiene de ella que puede ser correcta pero igual puede ser equivocada.

Por lógica, la percepción de la corrupción aumenta cuando hay muchos funcionarios acusados de corrupción y cuando todos los días los medios y los políticos hablan de estos casos. Pero lo que aumenta no es la corrupción objetiva, sino la percepción subjetiva. La corrupción objetiva, al investigar, enjuiciar y publicitar a tantos casos de corrupción, bien puede estar reduciéndose. Y es bien probable que esto esté pasando en El Salvador. ¿Usted piensa que hoy hay más corrupción en El Salvador que bajo los gobiernos de Saca y Funes? Yo no.

Entonces, lo realmente misterioso de esta carta no es que no tenga firma y que en 3 semanas no haya llegado a Casa Presidencial. El hecho realmente misterioso es que esta carta, si es que es auténtica, confunde la percepción con la realidad y con base en esta confusión amenaza con recortar la ayuda financiera de Estados Unidos a El Salvador.

Entonces, queda la pregunta: ¿Quién anda circulando esta carta misteriosa, sin explicar la diferencia entre realidad y percepción? ¿Y con qué fin?

Saludos,

Carta a los que demandaron una CICIES: ¡Abran el debate! De Paolo Luers

16 febrero 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados amigos en DTJ, Funde, Fusades…:
Uno de los primeros grandes temas de discusión y negociación en esta fase de transición será la CICIES. La instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad fue una de las banderas principales de campaña del ahora presidente electo– dentro de su discurso central de denunciar a todos los partidos de la postguerra como corruptos.

Hagamos historia: La demanda de una CICIES no es invento de Nayib Bukele. Surgió con fuerza en la sociedad civil salvadoreña, cuando las instituciones salvadoreñas no estaban dispuestas a romper con la impunidad de los corruptos – y cuando a la vez vimos que en Guatemala, con ayuda de la CICIG, desbancaron y enjuiciaron a un presidente corrupto y su vice. Y nosotros tuvimos una Fiscalía General comandada por un delincuente y extorsionista, una sección de Probidad dormida, una Corte de Cuentas corrompida, y partidos que querían ponerle bozal a la primera Sala de lo Constitucional independiente. ¿Cómo no nos iba a dar envidia la CICIG?

Ahora ya no estamos en la misma situación. La Sala terminó sobreviviendo todos los intentos de mediatizarla, y se renovó con magistrados que prometen defender su independencia. El fiscal general corrupto, Luis Martínez, está preso, igual que el ex presidente Saca. El ex presidente Funes tiene 4 órdenes de captura. Obviamente, nada de esto hubiera pasado sin un avance sustantivo en la Fiscalía General y la Corte Suprema.

Por tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Todavía necesita El Salvador una CICIES? ¿O podemos apostar a la consolidación de las instituciones propias? Esta discusión hay que abrirla inmediatamente en toda las sociedad civil, la academia, las organizaciones civiles y la comunidad jurídica. Y hay que exigir al gobierno entrante que no impulse ninguna iniciativa unilateral sin tomar en cuenta esta discusión de la sociedad civil.

Y si se llega a la conclusión que siempre es preciso una institución externa independiente de investigación y asesoría para fortalecer a nuestras instituciones jurídicas, la pregunta central sería: ¿Cuál sería el diseño y la misión de una CICIES que realmente cumpla con esta misión?

Aquí algunas tesis iniciales:

El primer imperativo para una CICIES sería su absoluta independencia. Si no es independiente del Ejecutivo y de intereses partidarios, sería contraproducente. Por tanto, el presidente electo tendrá que despojarse de los discursos manejados durante su campaña de una CICIES controlada por el gobierno. Siempre una CICIES nacerá de un convenio entre el gobierno y la comunidad internacional (Naciones Unidas y/o OEA). Pero los términos de este convenio, en cuanto a la misión y los mecanismos de funcionamiento de la comisión, tendrían que ser discutidos y aprobados por la Asamblea Legislativa.

Hay que definir un mecanismo confiable para nombrar al jefe de la Comisión. No puede ser simplemente por acuerdo del gobierno con los organismos internacionales, si para elegir a un magistrado o un fiscal general se requiere mayoría calificada de la Asamblea.

El punto esencial a discutir y definir es la relación CICIES-FGR. La CICIES tiene que fortalecer a la Fiscalía General, no hacerle competencia ni restarle competencias.

Tiene que respetarse el monopolio de la acción penal en manos de la fiscalía. Hay que discutir hasta qué punto esto tiene que incluir las decisiones sobre la apertura de investigaciones penales, y sobre cómo comunicar sus resultados al público. Hay que evitar el populismo judicial y los juicios mediáticos.

Todo esto hay que comenzar a debatir inmediatamente, con seriedad y libre de presiones. Es un asunto demasiado delicado para dejarlo solo en manos de los políticos y gobiernos. Por esto, esta carta va a los activistas, voceros, investigadores de las organizaciones civiles, académicas, y de la comunidad jurídica.

De este debate y su incidencia política dependerá si tendremos una CICIES que fortalezca nuestra institucionalidad o un pelotón de fusilamiento. Y a los diputados hay que decir que no pueden asumir ningún compromiso antes de que este debate haya producido consensos.

Saludos,

Debate sobre la CICIES: La manzana podrida y la salud del resto. De Carlos Ponce

Urge que la sociedad (partidos, academia, organizaciones civiles, gremios, medios) discuta el concepto y los pros y contras de una CICIES. El gobierno entrante ha puesto este tema en la agenda del día, como una de sus prioridades – aunque la idea de instalar en El Salvador una comisión internacional que ayude a investigar la corrupcn y as prevenir la impunidad viene de mucho antes y surgió de la Sociedad Civil.
¿Qué competencias puede tener una CICIES sin violar normas constitucionales? ¿Cómo evitar que se vuelva instrumento de lucha política en manos del Ejecutivo? ¿Cómo sería la relación entre Fiscalía General de la República y CICIES?
Todos estos termas (y otros) tienen que abordarse, aclararse y concertarse, antes de que se pueda pensar en instalar una CICIES.
Vamos a acumular en este blog todas las aportaciones racionaes a este debate necesario.

Segunda Vuelta

13 febrero 2018 / EL DIARIO DE HOY

La confianza con la que la ciudadanía ve al gobierno se la tienen que ganar los funcionarios. Es algo que simplemente no se puede autoproclamar o exigir. Los ciudadanos confían en el gobierno según perciben las acciones y posturas que adopta el Ejecutivo a través de su gabinete. Si se perciben como objetivas, íntegras, justas, transparentes y rectas, la gente confía en ellos y en el gobierno. Cuando los funcionarios dan señales de ser parcializados, injustos, incorrectos, turbios, interesados o falsos, la ciudadanía no confía en el gobierno y hasta pone en duda la legitimidad de la autoridad conferida al Estado.

La desconfianza es contagiosa. Basta con tener un funcionario en el que la gente no confíe para que se generalice a todo el gobierno. Una manzana podrida no es vista como prueba de que el resto, que se ven sanas, realmente lo están, sino como síntoma de que todas, a pesar de verse frescas y saludables, secretamente están igual de arruinadas. Esta contaminación es una de las principales razones por las que los candidatos de ARENA y el FMLN obtuvieron tan malos resultados en las pasadas elecciones.

La CICIES, uno de los proyectos con que Nayib Bukele promocionó su campaña, así como está planteada hasta este momento, tiene el potencial de convertirse en una perfecta ilustración de la analogía de la manzana podrida. Hay varios detalles que le restan objetividad, integridad, transparencia y rectitud a la principal apuesta en la lucha contra la corrupción del nuevo gobierno. Es sumamente importante prestar atención a estos detalles si la intención es genuina.

El más importante tiene que ver con quién controlará el proyecto. Según lo han dado a entender, el Ejecutivo pretende tener control absoluto, designando como encargado a Félix Ulloa, vicepresidente electo. Ambas decisiones restan confianza al proyecto. La nueva entidad dependería del sistema al que pretenderá vigilar e investigar. Eso sería repetir el error que se cometió al subordinar la Inspectoría de la PNC al director general, sabiendo cómo esto la debilitó, solo que las consecuencias serían mucho más graves. Mantener el mando del ente contralor se interpreta como que se continuará con la práctica de aparentar luchar contra la corrupción seleccionando objetivos simbólicos a quién meter presos, mientras, a escondidas, se crea su propia red de corruptos.

La mejor forma de implementar este proyecto es que el mismo Bukele predique con el ejemplo, sometiéndose él y a sus funcionarios al escrutinio de la nueva entidad. Esto es imposible si mantiene el control del proyecto. Las actuaciones del actual secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, son un vivo ejemplo de que mantener al contralor bajo el mando del controlado es una receta para garantizar la impunidad de los funcionarios en el poder, atacar a los adversarios políticos y erosionar la confianza ciudadana.

Esta iniciativa generará confianza para el resto del gobierno en la medida en que: 1) funcione de forma independiente, sin estar subordinada al ejecutivo o a las influencias partidarias; 2) la persona que esté al frente del proyecto debe ser alguien que goce del respeto y reconocimiento de todos los sectores; 3) no usurpe las funciones de la FGR sino que las complemente y monitoree. Estas tres cosas requieren un replanteamiento del diseño del proyecto y exigen un mecanismo para que la persona encargada no sea nombrada de dedo, sino que su designación sea el resultado de un amplio consenso que no esté sujeto a las influencias partidarias. Si se pretende implementar como se ha descrito, la ciudadanía perderá la confianza, primero en el proyecto y progresivamente en el nuevo gobierno.

@_carlos_ponce

Carta sobre la frase “los mismos de siempre”. De Paolo Luers

2 febrero 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Hoy el discurso que se repite, en todas las variaciones y con distinto grado de moraleja es: “¡Tenés que votar! Es tu deber. De vos depende la democracia…”

Bueno, yo estoy lejos de llamar a no votar (o a anular el voto), como hace un año lo hizo un señor que hoy nos ruega por nuestro voto. Pero hay que aclararlo: La Constitución no dice que sea obligatorio el voto. El voto es un derecho ciudadano –  y esto incluye la libertad de no ejercerlo.

Yo sí voy a votar, y espero que igual lo hagan todos quienes seguimos convencidos que nuestro sistema de democracia representativa y liberal es válido, que merece que lo defendamos, y que para mejorar y consolidarse necesita de nuestra participación.

Pero siempre hay un pero. En este caso: pero, en esta campaña electoral hay quien sostiene que este sistema de democracia representativa ya no es válido, porque los que lo crearon con los Acuerdos de Paz del 1992 y todos los que desde entonces hemos elegido para representarnos (presidentes, diputados, partidos políticos) son corruptos.

Obviamente dicen esto para que votemos por ellos. Pero antes de hacerlo, cada uno tiene que echarles un buen vistazo a quienes denuncian al resto del mundo como corruptos. Y a lo mejor se darán cuenta que son los más corruptos de todos.

En este caso, sería más consecuente no votar por nadie. Quienes realmente se dejaron convencer que todos son corruptos, incluyendo los candidatos que dicen que quieren renovar la política para erradicar la corrupción, pero que ahora se dan cuenta que el que denuncia a los corruptos igualmente es corrupto, solo tienen dos opciones: o se resignan y dejan de votar; o les dan una segunda mirada a todos los candidatos, para ver si realmente es cierta que todos “los mismos de siempre” son iguales. Y tal vez encuentran elementos para darle el beneficio de la duda a algún candidato. Entonces, denle su voto.

Otra vez: Si no encuentran a nadie en quien confiar, ni modo. No voten. Por lo menos se ahorrarán la pena de luego descubrir que les tomaron del pelo con el viejo truco del ladrón que gritó: «¡Paren al ladrón!”, y que con esto logra despistarnos y salirse con la suya.

Si el bombardeo de propaganda negativa los ha sumido en una duda tan generalizada que ya no les permite confiar en nadie, tampoco confían de quienes predican esta desconfianza. Mejor no voten por nadie.

En cambio, si logran detectar las diferencias entre los candidatos, rompiendo con esta consigna estúpida de que todos son “los mismos de siempre”, voten por el que más honesto y capaz les parezca. 

La cosa es: No tenemos derecho de equivocarnos nuevamente.

Saludos,

La corrupción mata. De Cristina López

21 enero 2019 / EL DIARIO DE HOY

El primer episodio del año en Radio Ambulante, el podcast de NPR dedicado a contar reportajes periodísticos de Latinoamérica, se trató sobre la tragedia de la discoteca “República Cromañón” en Argentina. En 2004, la discoteca se quemó enterita en un accidente prevenible durante un concierto de rock, dejando 194 muertos y miles de heridos. Aún con los años de por medio entre la tragedia y ahora, el relato es uno que invita a la reflexión porque paso a paso y más allá de la tragedia específica, es un relato con fallos identificables que siguen vigentes en muchos de nuestros países latinoamericanos.

Según el reportaje, la cantidad de gente dentro de la discoteca sobrepasaba por mucho las capacidades físicas. Es como si a punta de mala costumbre vamos volviendo los hacinamientos (voluntarios en tantos casos, en estadios o tiendas cuando hay rebajas) tan comunes, ordinarios, e irrelevantes, que se nos hace fácil digerirlos y actuar con indiferencia ante los hacinamientos forzados en tantos centros penales. Esa noche (y muchas otras) en Cromañón, las leyes que obligan a limitar el número de personas para habilitar espacios comercialmente, simplemente quedaron de adorno.

Aparte de haber llenado el espacio más allá de su capacidad, muchas puertas de emergencia estaban cerradas con cadenas y candados inexplicablemente. Eso causó que al momento de desatarse la oscuridad total al perder electricidad en medio del incendio, un alud de personas se dirigió a los rótulos iluminados con las letras de “salida”, resultando en un altísimo número de fallecimientos bajo la estampida humana que creyó que las cosas estarían funcionando como deberían y habría efectivamente una salida. No es que no hubiera leyes: es que fueron ignoradas.

El incendio en sí mismo, si bien un accidente sin dolo alguno, pudo haberse prevenido también. Había reglamentos que impiden la pirotecnia en espacios cerrados. En muchos de nuestros países la pirotecnia en sí está regulada con rigidez. Falló la cultura: era parte de la cultura del rock en el momento iluminar candelas romanas durante los conciertos, fueran dentro o fuera. Una de las chispas encendió el techo, que estaba cubierto con materiales además de inflamables, sumamente tóxicos. Según los doctores, la asfixia derivada del humo tóxico mató más gente que las estampidas o las llamas. Muchos sobrevivientes se quitaron la vida años después de la tragedia: por secuelas de traumas psicológicos y síndromes de culpa del sobreviviente, ambas consecuencias comunes después de tragedias masivas.

Sí, todas las anteriores son circunstancias quizás muy propias del país, la cultura, y sin duda, de ese momento. Podría argumentarse que es del tipo de situaciones trágicas que difícilmente se repiten. Y sin embargo, tantos de los elementos que tuvieron que cumplirse para que se diera la tragedia, se cumplen todos los días en los países en desarrollo, incluyendo a El Salvador. Los sobornos y las mordidas le permiten a muchos comerciantes deshonestos incumplir reglamentos de seguridad. La corrupción dentro de las instituciones invita a que inspectores, policías, agentes metropolitanos y demás elementos a cargo de hacer cumplir el estado de derecho se hagan del ojo pacho. La cultura del vivianismo, donde gana el más vivo, invita a que mares de individuos vean el quebrantamiento de la ley como parte ordinaria de la vida en sociedad, y eso, en entornos donde los riesgos son intrínsecos, como el tráfico, o actividades multitudinarias, deja muertos. Hay que decirlo claramente, la corrupción mata: instituciones, culturas, y por supuesto, personas.

@crislopezg

Carta sobre la corrupción: Hay que cortarle la cabeza. De Paolo Luers

19 enero 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

El gran logro de los casos penales contra Saca y Funes es que ya no nos queda duda sobre cómo y desde dónde opera la corrupción: desde Casa Presidencial.

• Por tanto, ya sabemos cómo combatir la corrupción: cortándole la cabeza, el centro operativo, el puesto de mando – o sea cambiar de fondo cómo funciona Casa Presidencial.

Saca y sus lugartenientes diseñaron un sistema relativamente simple y sumamente audaz para robar cientos de millones de dólares al Estado – y Mauricio Funes y sus lugartenientes (algunos siendo los mismos de la época de Saca) lo heredaron y perfeccionaron.

Lo primero que se necesita para armar esta operación: establecer la presidencia como centro único del poder gubernamental. Armar en Casa Presidencial un sobre gobierno, junto con tus lugartenientes incondicionales, dejando fuera de las decisiones y de toda capacidad de control al Consejo de Ministros.

• Entonces, para desarmar el esquema mafioso, lo primero que tiene que hacer el próximo presidente es limpiar Casa Presidencial: desmontar el sobre-gobierno ahí instalado, y volver a establecer la institucionalidad del Consejo de Ministros.

Lo segundo que hizo el equipo de Tony: multiplicar los fondos reservados a disposición libre de Casa Presidencial – fondos que pueden gastar (y si quieren, robar) sin ninguna rendición de cuentas ni auditoría. Para multiplicar la ‘caja negra’, establecieron un mecanismo novedoso: asignaron a todos los ministerios partidas infladas artificialmente. Estos fondos eran exclusivamente para reportarlas como ‘sobrantes’, para que Hacienda los podía transferir (sin ninguna autorización de la Asamblea Legislativa) a Casa Presidencial, engrosando la partida de ‘fondos reservados’. De esta manera, Tony Saca logró aumentar su ‘caja negra’ por 240 millones de dólares que se sumaron a las partidas originales asignadas a Capres. De estos fondos (algo entre 300 y 350 millones de dólares) pagaron sus operaciones políticas clandestinas (como por ejemplo financiar la creación de GANA), los sobresueldos, etc. También pagaron gastos reales, como los de la Inteligencia del Estado – y el resto se lo robaron y lo transfirieron a cuentas personales o de sus empresas. El mismo mecanismo, con algunas innovaciones (un esquema de prestanombres) lo usó después Funes.

• Entonces, lo segundo que tiene que hacer el próximo presidente es: erradicar las asignaciones ficticias en el presupuesto; prohibir cualquier transferencia a Casa Presidencial sin aprobación de la Asamblea; y erradicar el concepto de los ‘fondos reservados’. Todos los gastos tienen que ser auditados – aunque algunas, como las de Inteligencia, no puedan ser públicos. Aunque los mecanismos de la corrupción presidencial ya han sido revelados, el actual gobierno no los ha erradicado del todo. Esto tocará al presidente que elijamos…

Todo este esquema de corrupción sistemática dirigida desde Casa Presidencial solo pudo funcionar bajo la protección de un manto de impunidad. Nunca hubiera funcionado con una Corte de Cuentas independiente y profesional, ni tampoco con fiscales generales que no fueran parte de la trama.

• Entonces, lo que el próximo gobierno tiene que promover son acuerdos políticos y legislativos para reformar la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética, y para fortalecer la Fiscalía General y Probidad.

Todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia han hablado de la corrupción. Con más o menos credibilidad han anunciado cómo piensan combatirla. Pero a la hora de firmar un compromiso contra la corrupción, a invitación de docenas de universidades y organizaciones cívicas, solo las fórmulas de ARENA y VAMOS se hicieron presentes y firmaron el documento. El FMLN por lo menos mandó a Gerson Martínez, pero GANA quedó fiel a su estrategia de ausencia.

Que cada uno decida quienes son los candidatos que de hecho están dispuestos a erradicar  la corrupción cortándole la cabeza: en Casa Presidencial. Con una presidencia sana, la corrupción gubernamental no funciona.

Saludos, Paolo Luers

Guatemala, sí, ¡sacate el diablo de tu corazón! De Ricardo Avelar

9 enero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Advierto: esta columna no es una repentina conversión de mi parte ni un llamado al moralismo a nuestro vecino país…

A inicios de diciembre, las principales carreteras que entran y salen de la Ciudad de Guatemala se adornan de visitantes curiosos. Colgando de quioscos improvisados, aparecen sonrientes cientos de diablitos rojos.

El propósito de estos es ser adquiridos para la “quema del diablo”, que toma lugar cada 7 de diciembre. Esta tradición, con un origen religioso, ha trascendido y es ahora vista por los guatemaltecos como una forma de sacar de sí mismos “lo malo” y llegar al fin de año más “limpios”.

Lastimosamente, a gran parte de nuestro vecino país no le logró salir el diablo hace un mes, cuando se celebró la última de estas vistosas quemas. Peor aún, la parte que quedó alejada de las llamas es la que más daño le está haciendo a este país.

Este sector ha sido denominado por muchos como el “Pacto de corruptos” y comprende diputados de diferentes bancadas legislativas salpicados por supuestos manejos irregulares de recursos. También les apoyan grupos empresariales acusados de financiamiento ilícito de la política y de participar en licitaciones amañadas. Se les unen seudoperiodistas comprados para defender a la administración pública y la red la encabeza el mismísimo presidente de la República, Jimmy Morales.

Este grupo ha llevado a cabo feroces ataques contra sus principales némesis: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el Ministerio Público cuando muestra convicción de atacar a la corrupción, y los medios y generadores de opinión que han defendido el combate a las estructuras de defraudación del Estado.

El último golpe del “Pacto de Corruptos” se dio este lunes 7 de enero, cuando el presidente convocó a una conferencia de prensa junto a su gabinete, un grupo de personajes vinculados a casos de corrupción y hasta una familia rusa acusada de adquirir documentos falsos de este país.

El objetivo del presidente era acusar a la Cicig de instrumentalizar la justicia para hacer persecuciones políticas injustas. Esta comisión surgió de un acuerdo en 2006 entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas para combatir estructuras ilegales enquistadas en el Estado, pero desde que sus investigaciones se acercaron a empresarios cercanos a Morales, a su partido y hasta a su familia, este se decidió a expulsarla a como dé lugar.

De todos los intentos por expulsar a esta comisión (todos frenados por la Corte de Constitucionalidad, que ha ordenado al gobierno dejar trabajar a la Cicig), el del lunes fue torpe y burdo, pero revelador. Jimmy se hizo acompañar de algunos de los personajes más pícaros de su sociedad para atacar a una institución que en 2015 protagonizó un saneamiento radical de la política chapina.

La excusa de Jimmy para deshacerse de la Cicig es risible: que esta no está bajo supervisión de su gobierno. ¡OBVIAMENTE! El punto de cualquier instancia que combata la corrupción es que sea independiente del aparato público, precisamente para no ser cooptada por el gobernante de turno.

Con esta ofensiva, el presidente ha elevado las alarmas de quienes defienden el Estado de Derecho y la transparencia en su país. El presidente ha mostrado un carácter autoritario y anuncia que no escatimará esfuerzos en defender a las manzanas podridas de su gobierno.

En 2015, los guatemaltecos se deshicieron de gobernantes con actitudes similares. Y a un mes de la “quema del diablo”, están a tiempo de volver a empezar una resistencia pacífica que desemboque en el final de este pacto de corruptos. Parafraseando a Fito Páez: “Guatemala, sí, ¡sacate el diablo de tu corazón!”.

@docAvelar

Bukele y el escándalo de los mercados

Una investigación de El Diario de Hoy, dos notas y una entrevista a Fabio Castillo

 

I.
Nayib Bukele hizo un trato perjudicial para San Salvador con proyecto de tres nuevos mercados

El exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, firmó un contrato por $91 millones con una empresa de Guatemala, la cual se creo cinco meses antes que se lanzara la licitación.

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El concejal del FMLN, Fabio Castillo, explicó en entrevista con El Diario de Hoy que la aprobación del contrato de más de $91 millones para la construcción de tres nuevos mercados que firmó el exalcalde Nayib Bukele no contó con la aprobación de ley.

La solicitud inicial de mejorar las condiciones de los mercados existentes en la capital se transformó en un plan para construir tres nuevos mercados, los cuales otorgó el exalcalde a una empresa privada de capital guatemalteco, constituida solo cinco meses antes de otorgarle las obras.

Para lograrlo, Bukele y un grupo de concejales no tomaron en cuenta varios procedimientos de ley para entregar la construcción y usufructo de los mercados a Direct Security Systems (DSS), una empresa que no sólo se convirtió en el socio estratégico para la alcaldía capitalina, sino a la que además se le encomendó por medio de un contrato el diseño, la construcción y operación de los mercados, facultades que no están en las bases de licitación, según consta en documentos en poder de El Diario de Hoy.

La empresa DSS que nació en junio 2015, cinco meses antes de que la alcaldía lanzara la licitación pública, no había acreditado mayor experiencia en la construcción en ese tipo de obras que le estaba confiando el exalcalde. Aún así se convirtió en el principal socio privado de la alcaldía con la que creó una Sociedad de Economía Mixta (SEM).

Esta SEM fue creada en 2016 amparada en la “Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía mixta”, una legislación que data de 1957 y que no correspondía al tipo de proyecto municipal que fue entregado a una sola empresa privada.

El millonario proyecto de los mercados, denominados centros comerciales, arrancó con la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), pero no fue concluido bajo esa ley, sino que en el proceso el exalcalde y el grupo de concejales que lo apoyó dejaron de lado la Lacap y el proyecto terminó bajo el amparo en la ley de Sociedades de Economía Mixta. Es decir, las bases de licitación para la búsqueda del socio estratégico se hicieron mediante la Lacap, pero el contrato se otorgó basado en la ley de 1957.

De esa forma, Bukele no solo le entregó a la empresa guatemalteca la construcción de los tres mercados, a través de la Sociedad de Economía Mixta, sino que además le transfirió la autonomía de administrarlos y operarlos. A eso se añade que la SEM se constituyó con una participación del 75% para DSS y solo el 25% para la comuna.

Los tres mercados a construir, denominados en el contrato como “centros comerciales”, estarían ubicados en el antiguo parque Hula-Hula; otro en el expredio de la Ex-Biblioteca Nacional, localizado en el centro de San Salvador; y otro más situado en lo que actualmente es un área verde en la colonia Escalón.

En el contrato con la SEM se estableció que el mercado de la colonia Escalón costaría $33.5 millones; el de la ex Biblioteca costaría $23.8 millones y el del Hula Hula tendría un costo de $34.1 millones, lo que suma $91.4 millones.
Sin el debido aval en el concejo El proceso para desarrollar el proyecto de los tres mercados no contó con los votos mínimos en el Concejo Municipal requeridos por la Ley de Mercados.

El 31 de enero de 2017, el Concejo Municipal aprobó con 8 votos a favor (de 14 posibles) el contrato, denominado “Marco”, de servicios de construcción, administración, operación y mantenimiento entre la alcaldía de San Salvador y la sociedad Nuevo Sistema de Mercados, nombre comercial que adquirió la empresa DSS después de vender sus acciones.

El acuerdo municipal recibió 6 votos en contra, entre ellos el del concejal del FMLN, Fabio Castillo, y de los concejales de ARENA. El artículo 4 de la Ley de Mercados ordena que para aprobar la construcción de mercados se necesita de dos tercios del total de miembros del concejo, que en este caso debía ser con 10 votos de los 14 concejales y no por 8 como ocurrió.

Por lo tanto, el contrato no cumplió con la mayoría de votos que exige el Código Municipal. Además, en congruencia con lo expresado por FabioCastillo en entrevista con El Diario de Hoy, el artículo 102 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), establece que “la nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación firme, producirá en todo caso, la nulidad del mismo contrato…”.

Además, un fallo de la Sala de lo Constitucional que estableció que los bienes del Estado o de uso público solo podrán darse en usufructo, como sucedió con uno de los terrenos para uno de los mercados, sin que tenga la autorización de la Asamblea. Y el artículo 233 de la Constitución de la República establece que los bienes de la hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse en usufructuo, comodato o arrendamiento con la autorización de la Asamblea.

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II.
Alcaldía quedó en desventaja en negocios de mercados

La comuna de Bukele sólo se quedó con el 25% de la participación en la sociedad y entregó en usufructo el área verde de la comunidad Nueva Esperanza, en colonia Escalón

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La negociación entre el exalcalde Nayib Bukele, actual candidato presidencial de GANA, con la empresa Direct Security Systems (DSS) para la construcción de tres mercados en San Salvador dejó en desventaja a la comuna al solo recibir el 25 por ciento de la participación en la sociedad al entregar en usufructuo el área verde de la comunidad Nueva Esperanza, en colonia Escalón, a un valor casi 20 veces menor que el valúo de su misma alcaldía, según documentos en poder de El Diario de Hoy.

Para ejecutar el proyecto, Bukele se asoció con DSS a través de una Sociedad de Economía Mixta de C.V., (SEM) que fue creada el 27 de septiembre de 2016 ante los oficios notariales del abogado Kevin Steve Vargas Calderón. En la escritura de la constitución de la Sociedad de Economía Mixta se estableció que se constituiría con un capital de 400 mil dólares, dividido en 5 mil acciones con un valor de 80 dólares cada una.

Establecida la cantidad del capital le correspondía a Direct Security Systems pagar en acciones 300 mil dólares, mientras que a la alcaldía 100 mil dólares, según el contrato.

La alcaldía decidió pagar su parte, por un monto equivalente a $100,000, entregando en usufructo un terreno valorado en cerca de $2 millones ubicado en la colonia Escalón. En dicho valúo en junio de 2016 por la misma comuna, como consta en la documentación, el terreno tenía un valor de $1.974,533.

De haber negociado el valor del terreno entregado mediante usufructo al precio real del mercado, la participación de la alcaldía en la Sociedad de Economía Mixta pudo haber sido del 85% y no del 25%, como ocurrió por haberlo entregado a 100 mil dólares.

“La aportación en especie que consiste en un derecho de usufructuo a favor de la sociedad que se constituye por un plazo de 30 años, sobre un inmueble urbano de su propiedad de 8 mil 373 metros cuadrados, situado en la colonia Escalón”, dice en el documento de constitución de la SEM.

En la página 162 del documentose detalla que la empresa DSS pagó 75 mil dólares en acciones, las cuales equivalen al 25 por ciento de la totalidad de estas en la sociedad.

“La sociedad DSS suscribe 3,750 acciones de la serie A que representan 300 mil dólares del capital social y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de las mismas, es decir, la suma de 75 mil dólares por medio del cheque 5608271 librado el 26 de septiembre de 2016”, se lee en el contrato de constitución de la sociedad que formaron con la alcaldía.

Entre las finalidades de la SEM estaba explotar y prestar un servicio público, ejecutar compraventas, realizar préstamos, comercializar bienes, darlos en arrendamiento, disolver, además de liquidar cualesquiera sociedades u otras asociaciones, dice en el contrato.

Administración de la SEM en manos de jóvenes extranjeros y empleados de la comuna

El contrato estableció que ambas partes deberían tener directores y vocales como representantes en la Sociedad de Economía Mixta para tomar decisiones sobre los proyectos, ganancias y modificaciones.

La empresa Direct Security Systems nombró como director presidente a Uwe Christian Martinz, de 43 años de edad y de nacionalidad austríaca pero con domicilio en Guatemala. Martinz se retiró del proyecto cuando DSS fue comprada por la empresa guatemalteca MAKENSA.

También como presidente suplente nombraron a José Leopoldo Link Belchener, de 65 años, de nacionalidad colombiana e ingeniero mecánico. Además como primer vocal, Santiago Granados Balsells, de 27 años, y como vocal suplente a Karla Elizabeth Arroyo, de 32 años, ambos de nacionalidad guatemalteca.

Mientras que la comuna fue representada por empleados que trabajaron en todo el proyecto y también por empleados de confianza de Bukele.

La alcaldía se quedó con la vicepresidencia y nombraron al abogado Cecilio Vidal Sibrián Gálvez, de 50 años. Como suplente tomó el cargo Edwin Patricio Nuñez Alguera, de 44 años, quien sólo lo mencionan como estudiante. Nuñez Alguera, quien fue concejal y uno de los que votó a favor del proyecto en todo el proceso, es actualmente “emisario nacional” de Nuevas Ideas, partido fundado por Nayib Bukele, según indica en su tarjeta de presentación.

También fue designado al cargo de segundo vocal Conan Tonathiú Castro Ramírez, quien era el representante legal de la comuna en la gestión de Bukele.

Además fue nombrada como segunda vocal suplente la abogada Ana Xochitl Marchelli Canales, del FMLN.

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III.
Fabio Castillo afirma que aprobación de contrato de mercados es nula

El concejal de la alcaldía en la gestión de Nayib Bukele desconfió de los socios guatemaltecos y el porcentaje de la participación que tendrían éstos en la sociedad.

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Fabio Castillo, concejal del FMLN en la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Nayib Bukele, asegura que la aprobación en el Concejo Municipal del denominado “Contrato Marco” para construir tres centros comerciales municipales fue nula, porque no alcanzó los votos suficientes para su aval. Agrega que tiene cierta desconfianza cuando se crean “Sociedades de Economía Mixta” con socios desconocidos, ya que siempre ellos tienen todo el poder en los contratos y puede la alcaldía o el Estado terminar siendo socio de alguna “mafia o narcotraficantes”.

¿Qué piensa sobre los contratos para la construcción de los centros comerciales municipales en los que usted votó en contra?
Yo siempre he tenido cierta desconfianza en las sociedades de economía mixta donde las instituciones estatales o municipales no tienen la mayoría de las acciones. Aunque las personas sean correctas honradas y eficientes, será ese socio el que va administrar y consecuentemente la alcaldía o el Estado no tienen ningún tipo de control.
A la hora de repartir las utilidades los socios no la reparten, el dinero se queda retenido, no llega ningún beneficio a la alcaldía.
Como son acciones de libre circulación en cualquier momento a voluntad de ellos pueden traspasar esas acciones a personas indeseables y que acabe la alcaldía o el Estado siendo socio de alguna mafia o narcotraficantes o de personas de bajo nivel moral.
(La empresa Direct Security Systems que construiría el proyecto de los denominados centros comerciales municipales fue comprada por la empresa guatemalteca Makensa, según una nota periodística publicada en noviembre de 2017). http://lexlatin.com/noticia/makensa-compra-direct-security-systems-con-apoyo-de-lexincorp).

¿Cómo se debía hacer?
Me parece que había que poner algunas limitantes jurídicas en el sentido de que la alcaldía o el Estado tenga la mayoría de acciones o en caso de que los socios quieran vender, la alcaldía o el Estado tiene un derecho preferente para comprar las acciones a valor contable con un cierto porcentaje de sobreprecio a efecto de evitar el que un ente público se encuentre asociado con personas o entidades indeseables.
Yo siempre tuve una cierta reticencia a ese tema, incluso algunas cláusulas de esa sociedad se introdujeron a iniciativa mía, como la obligatoriedad de repartir dividendos. Quedaba a voluntad de los socios y no llegaba el beneficio económico que la alcaldía pretendía.
Algunos habían insinuado que ya habían hecho componendas conmigo, lo cual era totalmente falso. Yo no quería aparecer como que mi voto haya sido comprado.
En las cláusulas de la sociedad quedó establecido que se iban a repartir la mitad de las utilidades y la cuarta parte de esa mitad le iba a corresponder a la alcaldía. Sobre las utilidades el 12.5% era cierta garantía de la inversión municipal.

Para aprobar los contratos del proyecto de construcción de mercados en el Concejo Municipal no se alcanzó las dos terceras partes de los votos como dice la ley, sino que fueron ocho de 14 posibles, ¿eso fue ilegal?
De cualquier manera está fuera de las dos terceras partes de los votos.

¿Eso lo convierte en una aprobación nula?
Sí.

¿Ese tipo de proyectos millonarios se debió hacer a través de la Asamblea Legislativa y la Ley Lacap para evitar a socios desconocidos?
Yo prefiero que se haga en algunas de estas formas: o que en la sociedad de economía mixta la alcaldía tuviera mayoría y celebrara un contrato de administración con el socio por lapsos de cinco o diez años; o que la alcaldía emprendiera directamente la solución del problema, eso me hubiera encantado, pero parecía totalmente inviable en ese momento. No estaba en posibilidades. En la “Sociedad de Economía Mixta”, la alcaldía fuera mayoritaria para que no se pudiera encontrar en la situación de que llegara a ser socia de alguien indeseable y ese alguien por tener la mayoría administrara los negocios municipales.

La misma empresa que se convirtió en el socio estratégico se convirtió en el constructor y administrador de la obra, ¿qué opinión le merece?
Claro, es que ya teniendo la mayoría, pueden decidir cualquier cosa.

El artículo 233 de la Constitución dice que cuando se da un terreno en usufructuo para uso público debe pasar por la Asamblea, pero en este caso no se hizo.
Eso se puede hacer, eso no hay problema. Hay responsabilidad, pero problema no hay. Se aplica cuando son del Estado y no municipales. En el terreno de la Ex -Biblioteca habrá que ver si el municipio lo constituye en usufructuo.

Pero la alcaldía firmó el “Contrato Marco” con los socios y no tenían los usufructuos de los terrenos y el de la Ex Biblioteca, por ejemplo, es del Ministerio de Educación.
Yo puedo comprometerme a vender algo que aún no es mío, ese es mi problema cómo hago para adquirirlo. El socio puede venir a decir: usted se comprometió a traspasar los terrenos en usufructuo y no lo ha hecho, hágalo y sino lo hace me indemniza. Esa indemnización la ponen los árbitros.