Corrupción

“Evidentemente que hay un espionaje sistemático”: José Miguel Fortín

Al exdirector del IML le extraña que el Gobierno se desmarque sin investigar. También cuestiona la forma de hacer política del alcalde Bukele de parecer simpático y de tener troles detrás de él.

Dr. José Miguel Fortín Magaña, exdirector de Medicina Legal, fundador del "Movimiento Libertad"

Dr. José Miguel Fortín Magaña, exdirector de Medicina Legal, fundador del “Movimiento Libertad”

Entrevista al Dr. José Miguel Fortín, de Cristian Meléndez, 4 febrero 2017 / LPG

la prensa graficaMiguel Ángel Fortín es miembro fundador del Movimiento Libertad, organización que no duda en decir es claramente política. Desde ese escenario, critica la actuación de nuevos líderes, así como de los que tras ser investigados han salido del país. Se refiere al caso del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y al expresidente Mauricio Funes. Fortín Magaña también tiene claro que existe el espionaje en el país, sobre todo, de las instituciones a las cuales el gobierno del FMLN pudiera ver como enemigas.

¿Qué opina de la realidad salvadoreña, en lo político, en lo social? Se lo pregunto tomando en cuenta que estamos en medio de una clara polarización política.

Desde hace algunos años en lugar de ir avanzando las cosas han ido para peor, como una política sistematizada del gobierno, por lo menos del gobierno anterior. La confrontación entre un grupo y el otro se hizo más evidente y llegamos a un punto en donde la mitad uno llegó a odiar a la mitad dos, y viceversa. Realmente no hemos sabido reconciliarnos, sino que hemos llegado a odiarnos unos con otros.

¿Qué se debe hacer para superar esa polarización?

Es una cosa interesante, porque desde la perspectiva psicológica muchas veces esto hace que la ciudadanía quede sin moverse, estática, porque saben que cuando digan algo van a ser insultados por una parte importante de la gente. De los políticos o de los troles que existen.

¿Ha identificado un caso de político que recurre a esto?

Sí, y los troles también, y volvemos a la misma historia. Cuando yo oí al alcalde de San Salvador hablar de la nueva forma de hacer política, por un instante tuve la ilusión de que habría una nueva forma de hacer política, pero cuando me doy cuenta de que la nueva forma de hacer política es parecer muy simpático, pero por atrás tener troles o una serie de atacantes que hablan mal lo que él no se atreve a decir públicamente, cuando un personaje no comprende el concepto de la democracia y en una conferencia de prensa excluye a los que no le son simpáticos, por alguna razón, entonces yo no veo una nueva forma de hacer política. Simplemente veo la misma grotesca forma de imponer las ideas e intentar destruir al adversario convirtiéndolo en su enemigo.

¿Es un riesgo para la democracia esta clase de político?

No hablando de una persona en concreto, ya hablando de forma general ese es uno de los grandes riesgos. Cada uno se va enconchando en su propia esquina creyendo que todo lo que uno dice está mal y que todo lo que él diga está bien. Cuando esto sucede se va perdiendo el contacto con la realidad porque ya no se es capaz de escuchar la crítica, porque se considera a la crítica como un acto de enemistad, por lo tanto cada uno de los políticos se ha ido aislando del sentir popular. Entonces se tiene a un FMLN que dice que representa al pueblo, pero no oye nada de los intereses del pueblo. Cuando cada uno de los partidos políticos se ha ido aislando por ver en todos los contrarios a sus enemigos, los mismos partidos han perdido el contacto con la población, y al perder ese contacto con la población, la población comienza a buscar algunos líderes que pudieran de alguna manera y ahí el peligro de los liderazgos caudillismos no siempre sanos. Hay que tener cuidado con los líderes caudillos. Ahí apareció Hugo Chávez en Venezuela y así pueden aparecer algunos caudillos que aparentan tener algún interés por la población, pero no lo tienen.

La corrupción es algo que nos golpea cada vez más frecuentemente, ¿cree que se está combatiendo?

Creo que hay algunas señales, algunos intentos para combatir digamos el aspecto relativo a la corrupción. Lo que pasa es que dentro de la impunidad que ha imperado en la tierra cuscatleca, en la clase política también ha habido una especie de arreglo tácito entre esos corruptos. Quiero aclarar que hay políticos responsables; pero muchos se han distinguido por la corrupción. Resulta chocante oír el cinismo de cómo algunos políticos tachados de corruptos hablan del prójimo.

¿Qué políticos se han distinguido por la corrupción?

Sabe perfectamente de quién estoy hablando. En este último período me parece totalmente chocante que el inquilino de Managua, me refiero al (expresidente Mauricio) Funes esté hablando que a los trabajadores que hay que defender su salario mínimo, mientras tiene, seguramente, en la mesa en la que escribe con su computadora o lo que sea, una botella de Cognac Luis 13, de ¤5,000, que solo la botella vacía vale como ¤800 porque es del cristal más fino del mundo.

¿Quién está fallando en el combate a la corrupción? ¿Cree que la Asamblea está actuando en consonancia con el combate a la corrupción o en consonancia con la corrupción misma?

A lo mejor están actuando en consonancia de la corrupción algunos de ellos. Yo tengo mis dudas en el quehacer de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo con la aprobación de un Presupuesto General de la Nación que está desfinanciado. Los salvadoreños nos hemos vuelto complacientes con todo esto y llega el momento en que todos luchemos contra la corrupción dejando de ser espectadores. En las últimas semanas se ha denunciado una serie de casos de posible espionaje a instituciones que el Gobierno o el FMLN considera oposición. ¿Cree que hay espionaje? Evidentemente hay un espionaje. Ahora llama la atención que el Gobierno se desliga de esto sin ninguna investigación. Cuando uno encuentra que hay un acto sistemático en donde todos los enemigos potenciales del Gobierno están siendo espiados, en un país civilizado esto sería una crisis nacional, pero en este caso la diputada (Jackeline) Rivera se burla de esto. El señor dizque de Transparencia, y subrayo dizque porque no hay ninguna transparencia, dice que no hay ningún problema, el señor (Eugenio) Chicas dice no hay problemas. Lo que me parece inaudito es que se diga que no se va a investigar, que aparezca un aparato de espionaje y el Gobierno diga que no va a investigar nada.

¿Como Movimiento Libertad qué proponen para solucionar todos estos problemas?

Nuestras reuniones tienen que ver del porqué la población no hace nada. Ese es el sentido de este movimiento, hagamos algo. Nadie, si no es la misma población civil, puede empoderarse y decirle a los políticos que son empleados de nosotros y tenemos derecho a exigirle y decirle que no se está de acuerdo con esto o lo otro. Este es un movimiento político que pretende empoderar a los ciudadanos. No toleramos más la corrupción.

 

Perseguidos por causa de la justicia. De Mario Vega

El ataque no desalentará a estos pastores valientes que han decido ser fieles testigos del Señor justo y hacen suya la bienaventuranza de quienes son perseguidos por causa de la justicia.

SEl pastor Mario Vega asegura que recibió amenazas entre enero y febrero de este año, por medio de la cuenta en Facebook Héroe Azul El Salvador. | Foto por EDH/ Archivo

Mario Vega, pastor de ELIM

Mario Vega, 22 diciembre 2016 / EDH

En 1998 un grupo de abogados cristianos hondureños se reunió con el propósito de reflexionar sobre las implicaciones de la vida cristiana.

Llegaron a la conclusión que quedarse pasivos ante la realidad hondureña sería negar la fe. Desde sus profesiones decidieron convertirse en una voz profética que llegara a la sociedad con el reclamo divino de justicia. Su involucramiento en la solución de los problemas sociales nació de un reconocimiento del ser humano como un ser con pasado, presente y futuro; un pasado que Dios puede perdonar, un presente que los cristianos deben ayudar a mejorar, y un futuro eterno que Dios tiene asegurado. Fue así que se organizaron en la Asociación para una Sociedad más Justa. Parte directiva del movimiento son los pastores Alberto Solórzano y Jorge Machado. Desde entonces, se han enfocado en la investigación y monitoreo del desempeño del sistema gubernamental de justicia, regularización de tierras y uso de los fondos públicos.

diario hoySus investigaciones en los sistemas de salud y educación impulsaron a la ciudadanía a presentar muchas denuncias. A la vez, se produjo la necesidad de brindar asesoría legal a las víctimas o testigos para investigar, documentar y presentar las denuncias ante las instancias correspondientes y darles seguimiento hasta obtener resoluciones. Como resultado de ese trabajo trece funcionarios de gobierno han sido procesados judicialmente incluyendo a un exministro de Salud.

En abril de 2016 impulsaron un proceso de monitoreo y documentación de casos de corrupción al interior de la Policía Nacional Hondureña. Fruto de ese impulso fue la creación, por parte del Estado, de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración de la Policía Nacional. Los pastores Alberto Solórzano y Jorge Machado fueron llamados para ser parte de la misma. Hasta el presente, la Comisión ha logrado la suspensión de 419 policías, muchos de ellos oficiales, por su involucramiento en casos documentados de corrupción. La reacción era de esperarse y las amenazas a muerte comenzaron a llegar.

En junio los pastores recibieron una amenaza escrita que decía “Va a pagar duro” junto a la imagen de una persona asesinada al interior de un vehículo. Esas amenazas pasaron a los hechos el pasado 15 de diciembre cuando el pastor Jorge Machado y su esposa volvían a casa después de una reunión en la que se había informado de la suspensión de otros catorce policías más implicados en actos de corrupción.

Desde una camioneta negra fueron atacados a tiros pero el pastor Machado y su esposa resultaron ilesos, no así sus custodios, uno de los cuales falleció y otro se encuentra gravemente herido.

Los hechos responden a una lógica muy elemental que apunta a que el ataque fue una represalia de grupos de policías violentos y corruptos que se ven amenazados por los esfuerzos de estos cristianos evangélicos que contribuyen a que el sistema gubernamental funcione y sea más justo para los más vulnerables. Para ellos, buscar la justicia es obedecer a Dios quien a través del profeta ordenó “guardar el derecho y hacer justicia” (Isaías 56:1). El ataque no desalentará a estos pastores valientes que han decido ser fieles testigos del Señor justo y hacen suya la bienaventuranza de quienes son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, tal como lo dijo Jesús de Nazaret.

¿Año de la antipolítica? De Ricardo Avelar

ricardo avelar.jpgRicardo Avelar, 21 diciembre 2016 / EDH

Han pasado ya casi seis años del inicio del periodo más agitado de la historia política reciente.

Con el advenimiento de nuevas formas de comunicarse y el acercamiento de los funcionarios a los ciudadanos por medio de redes sociales -además de una inusitada capacidad de convocatoria-, 2011 se constituyó como el primer año de la sociedad civil.

Desde las calles de Túnez, pasando por la Plaza del Tahrir en El Cairo y hasta algunos parques en Madrid y San Salvador, ese año dio muestras de una verdadera indignación global por cómo se manejaba la cosa pública y parecía que por fin la ciudadanía se apropiaba de sus espacios.

diario hoyEn el norte de África, en ese año cayeron los regímenes de Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto y Muammar Gaddafi en Libia. El mundo explotó temporalmente en júbilo al ver que una de las regiones más propensas a los caudillos estaba empezando a expulsarlos.

Sin embargo, años después vemos que todos los indicadores de institucionalidad, estado de derecho e incluso seguridad han desmejorado en estos países. ¿No fueron suficientes las primaveras? ¿Qué hizo falta?

Hago esta reflexión a diez días del final de un turbulento 2016 en El Salvador. En los últimos doce meses, acompañados de una Fiscalía firme, una Corte Suprema valiente y poderosas herramientas de acceso a la información, se han ventilado casos de corrupción que llegan hasta esferas que siempre consideramos intocables.

Este año ha sido el del destape a la corrupción y clausura dignamente el ciclo de ciudadanía que inició en 2011, con el tristemente célebre decreto 743.

Este no es momento de dormir victoriosos en los laureles. Como ciudadanía, como prensa y como comunidad internacional se debe continuar la titánica tarea de exponer el mal uso de los recursos y las actitudes poco democráticas de quienes nos gobiernan.

Habiendo dicho esto, para el año que entra, me parece que los dos retos principales ya no residen exclusivamente en el terreno de juego de la sociedad civil, sino en el poder judicial y los partidos políticos, para así complementar los incipientes avances en la consolidación institucional del país.

El mismo Fiscal General ha expuesto que pese a las completas investigaciones de corrupción y crimen organizado, entre muchos otros delitos, hay tanta podredumbre en el aparato judicial (o “clicas de jueces”, como él las llamó) que muchos casos nunca llegan a su fin.

Sin la certeza de castigo, hay pocos incentivos para dejar de ser corrupto. Además, el entusiasmo ciudadano se desinfla al ver que las investigaciones bien fundamentadas terminan en… nada.

Esto le permite a los corruptos ganar la batalla mediática, pues al no haber condenas firmes, siguen siendo inocentes y pueden repartir la perorata oportunista de la “persecución política”.

Por otra parte, los partidos políticos nos han demostrado no ser dignos de nuestra confianza. Estos no han hecho mérito alguno para considerarlos entidades consistentes y apegadas a un ideario concreto. Más bien parecen sujetos a un interminable y fatal cálculo de conveniencias.

Es urgente su fortalecimiento para tener mecanismos serios de transformación de demandas ciudadanas en políticas públicas y proyectos de ley.

De no suceder esto, transitaríamos el peligroso camino de la antipolítica, donde el descontento ciudadano y las crisis de seguridad y economía terminan siendo retomadas por “líderes” carismáticos ansiosos de concentrar el poder y multiplicar su vanidad.

Al entrar a 2017, la ciudadanía salvadoreña está en un enorme punto de inflexión. Puede, por un lado, consolidar su lucha contra el mal gobierno, apoyando el fortalecimiento institucional y acuerpando a los funcionarios que se ven bajo ataques cada vez que muestran independencia. Puede, además, exigirle a sus partidos seriedad y discursos coherentes con la realidad.

De no hacerlo, 2017 se convertiría en el año de la antipolítica y la impunidad, en el que un país completo se dejó llevar por cantos de sirena y terminó estrellado en las rocas del caudillismo. En el que un país estuvo tan cerca de ser ejemplar, pero volvió a su estado típico de miseria institucional.

La primavera árabe de 2011 ya nos dio sus lecciones. No solo se trata de derribar a los corruptos, autoritarios y abusivos y luego volver al sofá. Si no se construye la institucionalidad necesaria, nos habremos curado de una gripe para que nos dé una neumonía institucional.

@docAvelar

Columna transversal: Robo es robo. De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 16 diciembre 2016 / EDH

Todo el mundo habla de corrupción. Detrás de la palabra corrupción se esconden todos los delitos donde un funcionario público consigue beneficios personales, aprovechándose de su cargo. La gama de actos de corrupción va de robar dinero del Estado hasta recibir sobornos para favorecer a terceros, o cobrar comisiones sobre contratos del Estado.

Cuando un funcionario se apropia de fondos públicos, los juristas hablan de malversación de fondos o de peculado. Pero estos son términos técnicos y jurídicos para un hecho simple que hay que llamar por su nombre: robo. Si las acusaciones contra Tony Saca y su secretario privado Elmer Charlaix se comprueban, nos seguirán hablando de malversación o peculado, pero de hecho habrán cometido un robo al Estado. O sea, a nosotros. Y así hay que llamarlo.

diario hoyLa otra forma de corrupción que un funcionario puede cometer es apropiarse de fondos de terceros, normalmente de empresas. El funcionario lo puede hacer cobrando comisión sobre un proyecto público. Ahí nos van a hablar de negociación ilícita: Yo te consigo el contrato (para diseñar,  ejecutar o supervisar) un proyecto de construcción, o yo te consigo la concesión de un servicio – y tú me vas a dar a mí un porcentaje del monto que cobrás al Estado. Los juristas van a pelear si este delito es cohecho, tráfico de influencia, negociación ilícita, o la combinación de todos, pero en el fondo siempre es un vil soborno: alguien compra la voluntad del presidente, ministro o funcionario con poder, para beneficiarse del Estado y sus fondos.

Igual es soborno cuando alguien paga al funcionario para que no le sancione, no le investigue, o para que tome ciertas decisiones que le favorecen económicamente. Lean las noticias sobre el caso del exfiscal Luis Martínez, y entenderán qué es soborno… Está acusado de cobrar soborno a Enrique Rais y a Mauricio Funes para manipular la justicia. Y a saber a quiénes más…

En todos estos casos de soborno, el funcionario se enriquece de fondos privados (a menos que el que compra la voluntad del funcionario corrupto es otro funcionario, como en el caso del pago mensual que los presidentes Funes y Sánchez Cerén hicieron llegar al exfiscal Luis Martínez según dijo). Pero aunque el soborno salga del bolsillo privado, siempre hay un daño directo al Estado. Para pagarle a un ministro de Obras Públicas 10 o 15 % de comisión sobre proyectos de construcción, antes tienen que inflar los costos. O cuando sobornan a un funcionario para que no investigue delitos económicos, o para no sancionar empresas que cometieron faltas, el Estado deja de percibir ingresos.

Usualmente el costo colateral de la corrupción es mucho más alto que el costo directo del soborno: El presidente Funes habrá usado tal vez 1 millón de fondos públicos para sobornar al fiscal Luis Martínez para que inicie una persecución jurídica contra la empresa italiana ENEL y contra un grupo de exfuncionarios de ARENA – pero el daño que esto hizo a las finanzas de la CEL, de la GEO y del Estado es mil veces más grande que la suma que Funes ilegalmente y presuntamente pagó a Luis Martínez.

Llegamos al tema de los sobresueldos. Lo que Funes y Sánchez Cerén presuntamente pagaron a Luis Martínez no es sobresueldo. Es un vil soborno. Casa Presidencial no tiene nada que ver con el sueldo de un fiscal (o magistrado, o diputado, o cualquier otro funcionario de un órgano del Estado que por Constitución debe ser independiente del Ejecutivo). Se trata de soborno la compra de voluntad de un funcionario cuyo deber es controlar al gobierno, es un acto anticonstitucional. Igual será si en algún momento se comprobaría que desde los maletines negros de la presidencia se han comprado diputados, con el fin de que abandonen la oposición y voten en favor del gobierno.

El término de sobresueldo solo aplica cuando el que paga el salario de un funcionario paga algo extra. Puede ser una forma de atraer a profesionales que fuera del gobierno ganan más que el salario asignado en el servicio público. Pero puede ser también una forma de comprar silencio y complicidad de un funcionario. En este caso también es soborno.

¿En qué categoría cae la práctica de la Asamblea de otorgar donaciones a fundaciones o asociaciones, de las cuales se benefician ciertos diputados o sus familiares (como en el caso de Guillermo Gallegos), o sus partidos? Puede ser que hubo negociación ilícita, puede ser que hubo financiamiento ilícito de partidos, puede ser que hubo malversación de fondos. Depende de lo que arrojen las investigaciones que deberían hacerse en todos estos casos. Pero no nos dejemos enredar en terminología jurídica: es otra forma de robo y de soborno.

La palabra que más suena en el contexto de la corrupción es enriquecimiento ilícito, por una simple razón: la actual lucha contra la corrupción no nace en la fiscalía, sino en la Sección Probidad de la Corte Suprema. Y su vehículo jurídico es la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito. Pero ya sabemos que detrás de este término jurídico siempre hay un robo o un soborno. Repito: Hay que llamar las cosas por su nombre.

La pérdida de la vergüenza. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 12 diciembre 2016 / EDH

En vista de que últimamente se está poniendo de moda buscar fondos perdidos (y encontrarlos en lo más profundo de las cuentas bancarias de funcionarios, amigos, prestanombres, maletines negros, y múltiples etcéteras), deberíamos establecer una comisión que busque también algo sumamente valioso que se ha perdido en nuestro país: la vergüenza en los funcionarios públicos.

No, no la inocente que causa sonrojos. Hablo de la vergüenza como aquello que turba el alma cuando se hace pública una acción propia deshonrosa. La que quema por dentro y que funciona como mecanismo de disuasión que hace que muchos se abstengan de seguir sus propios impulsos. Esa, la han perdido muchos de nuestros funcionarios salvadoreños. El ejemplo perfecto es el del recién estrenado presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado por GANA Guillermo Gallegos, que, en teoría y según la manera que hemos decidido diario hoyseparar los poderes en nuestra república democrática, es una de las más altas autoridades en nuestro país y el encargado de dirigir a la legión de representantes que hablan por nosotros a través de sus posiciones en la legislatura. Cuando luego de una investigación periodística el periódico digital El Faro le preguntó sobre el casi medio millón de dólares del erario nacional que habían ido a parar a una oenegé de su esposa (una decisión que contó con el respaldo legislativo del diputado, antes de que fuera presidente), Gallegos se lavó las manos con un “desconozco”.

No que haya ilegalidad, pero el conflicto de intereses es palpable y repugna, más si se le agrega que la oenegé no puede comprobar los resultados de los miles de dólares públicos invertidos en ella. Con independencia de si su esposa sigue o no en la organización, uno esperaría por lo menos que la vergüenza hubiera actuado como mecanismo y que el diputado se hubiera aunque sea abstenido. O que el resto de diputados hubieran señalado el conflicto de interés. Pero nadie lo hizo. La pérdida de la vergüenza entró en efecto y se repartieron los fondos. Y cuando se compara con la manera en que opera la vergüenza en los funcionarios de otros países, dan ganas de llorar. En 1995 en Suecia, la viceprimer ministra Morena Sahlin renunció, inmediatamente, luego que se descubriera que usó su tarjeta de crédito oficial para comprar… ¡dos barras de Toblerone! Esta es la vergüenza inexistente en funcionarios salvadoreños cuando se revientan viáticos provenientes del esfuerzo del contribuyente en tiendas de lujo en sus viajes oficiales, tal y como reveló la revista digital Factum acerca del exfiscal Luis Martínez.

Y uno pensaría que si algunos de ellos no tienen vergüenza, quizás los restantes funcionarios (diputados, o quienes les llevan la contabilidad) tendrían la vergüenza donde se debe y dirían algo para parar semejantes descaros. Desgraciadamente, también quienes les rodean han perdido la vergüenza. Es un requisito que se exige como entrada al exclusivísimo club de las colas pateadas, una especie de sociedad secreta (o suciedad secreta) en que el solaparse mutuamente irregularidades fiscales y otros amaños adyacentes a la ilegalidad es la actividad principal. La solución es que si ellos ya perdieron del todo la vergüenza, que por lo menos nosotros como electorado la conservemos y la usemos para no volver a darles nuestro voto.

@crislopezg

Columna transversal: ¿Hasta dónde queremos llegar? De Paolo Luers

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

paolo_luers-obsPaolo Luers, 2 diciembre 2016 / EDH

La lucha contra la corrupción, durante años una exigencia de la sociedad civil sin respuesta en las instituciones del Estado, al fin se está materializando. El Estado ha comenzado a romper con la inercia y la cultura de la impunidad. Apareció, más por accidente que por diseño, una Sala de lo Constitucional independiente. Se comenzó a abrir la Caja de Pandora. Cuando desde las esferas del poder querían callar o desmontar la Sala, desde la sociedad civil no lo permitimos, la defendimos. Se desencadenó una dinámica que empoderó ambos: la Sala y la sociedad civil.

diario hoyCon una fiscalía y una Corte de Cuentas corruptas, con un gobierno en defensiva, con una oposición tibia y enredada en su pasado, surgió el impulso fuerte de exigir una CICIES como palanca independiente para romper la inacción de las instituciones. Los gobiernos del FMLN vetaron determinantemente esta idea, pero cobró fuerza en la opinión pública, la oposición, la academia, el sector privado, y en la comunidad internacional. Comenzó a cambiar la correlación de fuerza en la Corte Suprema, donde antes estaban aislados los esfuerzos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se reactivó la Sección Probidad – y comenzaron las investigaciones contra los expresidentes Funes y Saca por enriquecimiento ilícito.

Al mismo tiempo, la sociedad civil logró obligar a los partidos a desistir de su idea de reelegir al fiscal general Luis Martínez, y se eligió a un nuevo fiscal, con el claro mandato a investigar la corrupción y romper la impunidad. Miles de ciudadanos comenzaron a hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. La transparencia, concebida por el gobierno de Funes como una válvula de escape, cobró vida propia y el destape de mucha información antes reservada comenzó a dinamizar las investigaciones de la Sección Probidad y de la Fiscalía General. La embajada de Estados Unidos, que antes había apoyado la idea de una CICIES, aprovechó la elección de un fiscal general nuevo, quien necesitaba apoyo contra las presiones de todos lados, para apadrinar la fiscalía e instalar ahí una especie de CICIES. Sólo que sin la independencia y transparencia de una Comisión Internacional, sino casi de manera conspirativa.

El resultado: Una ola de investigaciones y juicios. Ahora tenemos ya los últimos tres expresidentes acusados de corrupción, uno de ellos preso junto a sus más cercanos colaboradores, el otro exilado en Nicaragua evadiendo la justicia, y el tercero fallecido. En la agenda está investigar a los dos anteriores presidentes, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol – así que estarían cuestionados todos los presidentes de la postguerra. El último fiscal general es acusado de corrupción y otros delitos, y ya se está hablando de investigar a sus antecesores, así como a exmagistrados de la Corte Suprema. Los casos de varios diputados y exdiputados están al punto de pasar de la Sección Probidad a la fiscalía y a los tribunales civiles y penales. Un magistrado de la Sala de lo Constitucional propone investigar a todos los funcionarios de las distintas administraciones que han recibido sobresueldos. Todo el mundo sabe el sobresueldo para ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo, pagado en efectivo, fue una práctica común de todos los gobiernos. Nadie quería pagar el costo político de poner a los funcionarios salarios de mercado, todos prefirieron resolver el problema con sobresueldos.

Y muchos de los voceros de la Sociedad Civil reaccionan como perros de caza: cuando huelen sangre quieren buscar más.

En esta situación hay que preguntar: ¿Hasta dónde queremos llegar?

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

El resultado de todo esto no puede ser la erradicación de toda confianza en el servicio público y en el sistema político. La meta prioritaria tiene que ser establecer con claridad las reglas y reforzar los mecanismos del control, para que en el presente y futuro no existe impunidad para la corrupción.

¿Cómo se hace esto? Con más transparencia, eliminando las zonas grises de fondos reservados y discrecionales, de sobresueldos, de presupuestos manipulados; establecer mecanismos de control parlamentario y judicial más eficientes; reforzar la independencia de las instituciones que vigilan al poder…

¿Hasta dónde queremos llegar? Tenemos que comenzar a discutirlo y buscar una respuesta que concilia la necesidad de justicia y la necesidad de estabilidad.

Exfiscal Luis Martínez admite que Presidencia le tuvo a sueldo durante toda su gestión. El Faro

“El origen de dichos fondos era el mismo presupuesto del órgano ejecutivo”, escribió el exfiscal Martínez en un documento presentado a la Corte Suprema de Justicia en el que revela haber recibido de la Presidencia sobresueldos de entre 10 mil y 20 mil dólares. Martínez dio esta información para intentar explicar 486 mil dólares sin justificación en su patrimonio. El exfiscal es el primer exfuncionario ajeno al Ejecutivo que confiesa haber recibido sobresueldos. 

el faroSergio Arauz y Gabriel Labrador, 24 noviembre 2016 / EL FARO

El exfiscal Luis Martínez reveló a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que durante todo su periodo recibió un sobresueldo mensual “de entre 10 mil y 20 mil dólares” que provenían de una partida de gastos reservados administrada por la Presidencia de la República. Según Martínez,  estos fondos le fueron entregados de manera consecutiva durante los últimos 18 meses de la administración del expresidente Mauricio Funes y los primeros 18 meses de la gestión de Salvador Sánchez Cerén.

El exfiscal dio esta confesión el 16 de noviembre a la sección de Probidad, en un escrito con el cual intentó subsanar una investigación de enriquecimiento ilícito en su contra. Probidad le cuestiona cuatro irregularidades a sus cuentas que suman 486 mil dólares cuyo origen es desconocido. El monto mayor tiene que ver con el pago que Martínez y su familia hicieron a cuatro tarjetas de crédito del Banco Promérica hasta por 361 mil dólares.

Para justificar el origen de esos fondos, Martínez escribió a Probidad que él recibía dinero de “delegados de Casa Presidencial” a quienes no puede identificar, y que el dinero fluyó de manera constante durante las dos administraciones presidenciales del FMLN.

“La cantidad que se me entregaba de tal origen osciló aproximadamente entre los 36 (meses) ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10 mil hasta 20 mil dólares de los Estados Unidos de América, ya que cuando viajaba en misiones oficiales se me hacía entrega de una cantidad mayor a la normal y me eran entregados por diferentes personeros de Casa Presidencial, que nunca identifiqué, de manera mensual (sic.)”, escribió Martínez a la sección de Probidad.

Para el exfiscal, la normalidad con la cual se le entregó el dinero le hizo entender que se trataba de un pago por su trabajo y por eso nunca sospechó de su procedencia. En mayúsculas, Martínez escribió que “EL ORIGEN DE DICHOS FONDOS ERA EL MISMO PRESUPUESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO, por lo que no dudé de la legalidad de los mismos”. Martínez, quien juró defender la Constitución, la cual lo revistió de independencia respecto al resto de poderes del Estado, se perfila a sí mismo como un funcionario a sueldo de los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.

“Dicha cantidad me fue explicada someramente, COMO UNA CONCESIÓN INHERENTE AL CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA como un sobresueldo, situación que no me pareció ilógica en tanto que el origen, la permanencia en las entregas y sobre todo, que sucedió durante la transición de dos regímenes diferentes sin interrupción (sic.)”, escribió.

Al leer su declaración queda claro en dos ocasiones que el sobresueldo que dice haber recibido fue entregado entre el último tramo de la gestión del primer gobierno del FMLN, de diciembre de 2012 a mayo de 2014 (18 meses); y el primer tramo de la gestión de Sánchez Cerén, de  junio de 2014 a diciembre de 2015 (18 meses), periodo que se corresponde a su mandato en la FGR. En el inicio del texto, sin embargo, Martínez parece confundirse al decir que recibió fondos “inicialmente” en 29 meses del gobierno de Funes y siete meses del gobierno de Sánchez Cerén. La sumatoria de este cálculo, aparentemente erróneo, también se corresponde con el total de meses que dura un fiscal general en el cargo.

Esta es la primera vez que un exfuncionario del Estado -ajeno al organigrama del órgano ejecutivo- revela que recibió dinero de una partida de gastos reservados a través de sobresueldos. El Faro reveló en 2013 la existencia de los sobresueldos ocultos del gabinete,  una práctica que nació en el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol (1994). Desde hace 22 años ha sido la Presidencia de la República la dependencia responsable de gestionar y de entregar estos sobresueldos, que se pagan en efectivo y sin dejar rastro en la contabilidad oficial.

En su testimonio, el exfiscal Martínez confirma que la entrega de los sobresueldos no era algo exclusivo para funcionarios del gabinete de gobierno o del órgano ejecutivo, y que los montos podían sobrepasar la frontera de los 10 mil dólares mensuales. Un exfuncionario de la Presidencia Funes que formó parte del equipo que tramitaba estos pagos explicó a El Faro que a parte de los altos funcionarios del ejecutivo, el sobresueldo del exfiscal era solo uno más de una serie de “apoyos” que también recibían algunos diputados opositores, columnistas, periodistas, fundaciones privadas sin fines de lucro y hasta magistrados de la Corte Suprema.
La confesión de Martínez es el segundo indicio que recoge Probidad sobre el uso irregular de fondos públicos a tráves de partidas catalogadas como gastos reservados. La primera vez que este mecanismo se cruzó por el radar de la sección fue cuando Élmer Charlaix, el exsecretario privado del expresidente Antonio Saca, intentó justificar que 15.8 millones de dólares que pasaron por sus cuentas bancarias provenían de una cuenta de gastos secreta del expresidente Saca. Según Charlaix, él utilizó esos fondos para gastos de inteligencia ordenados por el presidente de la República. Más tarde, la Fiscalía logró detectar que entre esos movimientos de dinero, supuestamente destinados para operaciones de inteligencia, hubo pagos a tarjetas de crédito de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, y una entrega de 400 mil dólares al partido Arena, entre otros.

En el caso del exfiscal Martínez, él explicó que el dinero que le enviaba la Presidencia a través de delegados provenía de una partida presupuestaria del Ejecutivo cuyo gasto era regulado por un reglamento. Ese reglamento, según Martínez, era citado verbalmente por esos delegados cuando le entregaban el dinero. “(…) Existía ‘un reglamento interno de Casa Presidencial’ y se me hizo mención de él explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional”, planteó Martínez.

Hasta esta nueva versión narrada por el exfiscal, el sobresueldo -según confirmaron una docena de exfuncionarios y funcionarios de Arena y el FMLN con los que habló El Faro en 2013- era un complemento al salario mensual de los altos funcionarios del Ejecutivo que se definía en una negociación entre la Presidencia y el beneficiario del estipendio.

Miembros de los últimos cuatro gobiernos que confiesan haber recibido esos pagos dicen que la cantidad entregada dependía del rango del funcionario como del salario que este tenía antes de asumir funciones: unos recibían 3 mil dólares, otros 5 mil, otros 8 mil y hay, los menos, que recibían más de 10 mil dólares mensuales en billetes de 100. Esta última cifra casi equivale a tres veces el sueldo oficial de un ministro, que según la Ley de Salarios pellizca los 3,500 dólares.
En la administración de Mauricio Funes, cuentan los exfuncionarios, existió una especie de escalera de sobresueldos asignados a cada rango. Un ministro del primer gobierno del FMLN recibía cada mes 5 mil dólares de “complemento”; mientras que un viceministro recibía 3 mil. La confesión del exfiscal Martínez revaloriza esos montos, cuando él habla que llegó a recibir hasta 20 mil dólares en algunos sobresueldos.
Según las fuentes, la entrega de este dinero, en la mayoría de ocasiones, se hacía a través de sobres de manila. Quienes lo entregaban en las oficinas de los funcionarios eran motoristas o mensajeros, aunque había algunos funcionarios que llegaban a cobrar su estipendio en una oficina de la Presidencia. Ahí eran atendidos por un empleado al que no podían identificar. Tres años después de que El Faro revelara la existencia de los sobresueldos, el exfiscal Martínez confirma cómo funcionaba este mecanismo cuando declara a Probidad que él recibía el dinero “por diferentes personeros” de Casa Presidencial.
“Las cantidades ya referidas efectivamente eran entregadas a mi persona sin mediar en ello comprobantes de entregas o recibos, pero supondría que de ello existe respaldo en casa presidencial o en el Ministerio de Hacienda”, escribió.
Según el expediente de Probidad al que tuvo acceso El Faro, esta oficina consultó a la secretaría jurídica de la Presidencia si existían documentos que respaldaran los pagos mensuales que el exfiscal general dice haber recibido. “En razón de la materia que trata el requerimiento en cuestión, el mismo fue trasladado a la Gerencia Financiera Institucional, oficina que mediante nota de esta misma fecha -18 de noviembre de 2016- respondió que, luego de instruir a la verificación de la información solicitada en el precipitado requerimiento, en los archivos y registros de la referida Gerencia, se ha constatado su inexistencia en tales archivos y registros”.
Hasta finales de octubre de 2016, tres técnicos financieros de Casa Presidencial señalados por la Fiscalía como piezas claves en una maquinaria que ordeño al Estado con más de 250 millones de dólares seguían laborando para la presidencia todavía en el segundo gobierno del FMLN. Estos funcionarios fueron contratados desde la presidencia de Armando Calderón Sol y se mantuvieron en el cargo durante 22 años.

Se trata de dos contadores: Francisco Rodríguez Arteaga, el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, y Pablo Gómez, asistente técnico financiero de la Presidencia y subalterno de Élmer Charlaix durante la gestión Saca. Ellos crearon 12 cuentas por las que circularon $251.3 millones. Ambos están acusados de peculado (desviar fondos públicos), agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. El encargado de librar los cheques a lo largo de toda la gestión Saca, según la investigación fiscal, fue Jorge Alberto Herrera Castellanos, el jefe de Tesorería de la Presidencia. La acusación contra él es solo por los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas. Para hacerlo, Herrera -de 71 años- debió contar con el apoyo Rodríguez Arteaga, que también tenía firma autorizada.

Un funcionario que trabajó durante más de una década para el Ministerio de Hacienda explica que el dinero para los sobresueldos se encuentra oculto en diversas partidas del presupuesto general. Él explica que en los presupuestos elaborados por Hacienda existen bolsas de cuya liquidación no hay certidumbre porque no existe un control básico y transparente de cómo se ejecutan esas partidas en la Secretaria Privada de la Presidencia. Por ejemplo, una de las partidas está asignada a la dirección y administración institucional de la Secretaría, que en el presupuesto de 2013 tenía asignados 35 millones 616 mil 230 dólares. En 2016, esta misma partida tiene asignados 37 millones 563 mil 960 dólares.
En el presupuesto se plantea que esos fondos son utilizados para “dar seguimiento a la ejecución e implementar acciones para el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Gobierno y realizar reuniones de trabajo con el Gabinete de Gobierno” y “administrar los recursos financieros, materiales y humanos, con eficiencia, racionalidad y transparencia, a fin de contribuir con el logro de los objetivos institucionales y su funcionamiento de manera integrada e interrelacionada.”
Si se asume que durante una gestión de cinco años un ministro recibe al menos 60 sobresueldos de 5 mil dólares, la suma arroja 300 mil dólares en ingresos de los que el Estado no recibe declaraciones de impuestos. Si trasladamos ese cálculo a los 13 ministros del gabinete de gobierno, la cifra estimada asciende a 3.9 millones de dólares en cinco años. En su declaración, el exfiscal Martínez abre una puerta detrás de la cual aparece la Presidencia de la República repartiendo sobresueldos a otros funcionarios del Estado de manera discrecional y a oscuras.
Las tarjetas de Luis Martínez

En septiembre de 2016, luego de analizar las declaraciones patrimoniales del exfiscal Martínez, Probidad concluyó que hubo movimientos de dinero en sus cuentas que no tenían justificación. En concreto, Probidad detectó 125 mil 408 dólares con 80 centavos que no cuadraban. Más tarde, el 27 de octubre, la Sección descubrió que los montos irregulares eran mayores, luego de que encontraron pagos a cuatro tarjetas de crédito por 361 mil 285 dólares que Martínez no había reportado en sus declaraciones.

Cuando la Sección le pidió explicaciones sobre el pago de esas cuatro tarjetas del Banco Promérica, Martínez respondió que estas le habían sido regaladas por la empresa Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V. Según dijo, le fueron entregadas para que él y su familia las utilizaran de manera discrecional durante su mandato.

¿Por qué una empresa estaría interesada en dar cuatro tarjetas de crédito a un fiscal general? Martínez señaló que entre algunos accionistas de esta sociedad había parientes suyos. “Existe nivel de parentesco entre algunas de las personas relacionadas con el capital accionario de la sociedad y mi persona, mismas que se vieron de alguna manera fortalecidos a través de la prestación de diversos servicios profesionales rendidos por mi persona y hacía aquella (sic.) desde antes del desempeño del cargo de fiscal”, escribió. El exfiscal tiene 26 años de prestar servicios de abogacía.

La Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal prohíben a los funcionarios públicos recibir favores o dádivas de particulares cuando con estos se intenta influir en el trabajo institucional. Pero el exfiscal explicó que la entrega de las tarjetas de crédito “no obedeció a otra circunstancia que una mera concesión dado los lazos existentes ya expresados para que mi persona pudiera hacer uso de dicho beneficio sin que ello implicara pago de honorarios o prestación de naturaleza alguna y únicamente para disponer de un crédito amplio”.

Una de las cuatro tarjetas de crédito, explicó el exfiscal, fue utilizada por él. Dos tarjetas las utilizó su esposa Carla García Rossi; y la última la utilizó uno de sus hijos, Luis Carlos Martínez. El exfiscal además explicó que para amortizar el saldo de dichas tarjetas, la empresa nunca puso ni un centavo: el dinero en efectivo lo daba él mismo, aunque a veces también enviaba a empleados de la Fiscalía a entregar el dinero a la empresa para que esta hiciera los abonos.

Este ese movimiento constante de dinero es donde, según el exfiscal, entran a escena los sobresueldos de Casa Presidencial. Martínez asegura que esas tarjetas fueron manejadas con fondos entregados por la Presidencia, pero también plantea que esos fondos los ocupó para reforzar su seguridad.

“Se me hizo mención del (reglamento interno) explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional. Circunstancias que de inmediato relacioné con la posibilidad de fortalecer mi seguridad personal y la de mi familia por el cargo de alto riesgo que acarreó mi actividad en contra de diversos grupos delincuenciales como las pandillas”, escribió.

Probidad detectó que en los estados de cuenta de las cuatro tarjetas de crédito había compras personales, aunque en el informe al que tuvo acceso El Faro no había detalle de dichos gastos.

No todos los abonos al saldo de la tarjeta de crédito los hizo Martínez con fondos de Casa Presidencial. También dijo que algunos pagos los hizo con viáticos que le entregaba la Fiscalía cuando realizaba misiones oficiales.

La Fiscalía también había otorgado a Luis Martínez una tarjeta de crédito institucional para gastos personales. El exfiscal dijo a Probidad que cuando esa tarjeta de la FGR fallaba o no era admitida, le tocaba utilizar una de las tarjetas que le entregó la sociedad Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V.  “No me serví de fondos destinados a la institución (FGR) para pagar gastos relativos únicamente a mi persona o mi familia, por el contrario, mi persona utilizó la tarjeta tantas veces relacionada en auxilio a imprevistos ocasionados por la tarjeta institucional en misiones oficiales”, escribió Martínez.

Probidad pone en duda esta versión: “No se adjuntó ningún documento que respalde el uso de esas tarjetas de crédito para fines institucionales. En los estados de cuenta mensuales enviados a esta oficina por el Banco Promérica S.A. se observan compras personales cargadas a las cuatro tarjetas de crédito analizadas”.

El milagroso préstamo de Aldo Parducci

Antes de convertirse en fiscal general, Luis Martínez había sido un abogado y notario que entre sus clientes tuvo a uno de los hombres más poderosos de El Salvador. Martínez era abogado y notario del expresidente Francisco Flores, y la relación laboral que los unió duró cerca de dos décadas. Por ejemplo, cuando el expresidente Flores dejó su cargo en junio de 2004, necesitó los servicios de un abogado para presentar su declaración patrimonial ante la sección de Probidad. Quien ejerció esas funciones fue el abogado Luis Martínez, para aquellos años todo un desconocido en los pasillos públicos de la política salvadoreña.

La relación entre Martínez y el expresidente Flores era un hombre que formó parte del círculo íntimo del exmandatario. El 19 de diciembre de 2013, Martínez aceptó en una entrevista de televisión en el canal 33 que tenía una larga amistad con Aldo Parducci, el exsecretario privado de la presidencia Flores.  “Con él tengo la relación directa de trabajo por más de 25 años. He sido notario y abogado de Aldo y él estuvo desarrollando una lotificación al expresidente. De ahí viene la relación”, dijo el exfiscal en la entrevista.

Cuando Probidad le detectó otras tres irregularidades al exfiscal por un monto de $125 mil dólares, él invocó a su viejo amigo para intentar desvanecer parte de esos montos. Probidad le señala a Martínez que no se puede comprobar el origen del dinero con el que pagó deudas por 27 mil 305 dólares de su esposa y de un crédito que él abrió a su nombre ante el Banco Agrícola; que tampoco se puede explicar cómo es que gastó más de lo que tenía hasta por un monto de 37 mil dólares, y que tampoco se explica de dónde salieron los fondos para abonar a cuentas de su esposa y de uno de sus hijos 45 mil 760 dólares. Estos montos suman 110,065 de un total de 125 mil dólares que le repara Probidad al exfiscal. En el documento al que tuvo acceso El Faro no hay una explicación sobre los 14 mil 935 dólares de diferencia.

Según Martínez, en febrero de 2013, su amigo Aldo Parducci le otorgó un préstamo no bancario hipotecario por 220 mil dólares. Con ese préstamo Martínez canceló una deuda hipotecaria de 194 mil 442 dólares con el Banco Davivienda. Martínez había hipotecado su casa de residencia en Joya de las Piletas, una residencial privada a la entrada de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad. Esa deuda, según explicó a Probidad, fue saldada tres meses después de haber asumido como fiscal general con el préstamo otorgado por Parducci.

Del préstamo que le hizo su amigo, según las cuentas del fiscal, le quedaban 25 mil 558 dólares que utilizó para pagar otras deudas. En concreto abonó saldos a tres tarjetas de crédito de su esposa y pagó las últimas cuotas de un préstamo personal abierto a su nombre en el Banco Agrícola. El total de estas operaciones llegó hasta los 27 mil 305 dólares.

Pero Martínez también invocó ese mismo crédito para justificar 20 mil de los 37 mil dólares que según Probidad gastó de más.

Para Probidad, el relato de Martínez no es válido porque aunque él dice que recibió 220 mil dólares de parte de Parducci, Probidad solo ha certificado un préstamo por 200 mil dólares. Eso significa que luego de haber cancelado la hipoteca de su casa, Martínez solo pudo haber utilizado 5 mil 558 dólares -lo que le quedaba del préstamo de Parducci- para otros gastos.

El último reparo de Probidad -unos depósitos por 45 mil 760 dólares en cuentas de su esposa y su hijo- Martínez intentó subsanarlo explicando que ese dinero salió de montos que provenían de sus sueldos como fiscal, de los viáticos y gastos de representación que él obtuvo de la FGR.

Probidad cuestiona esta versión porque esos fondos, según argumentaba el mismo Martínez ante la Fiscalía, eran utilizados para necesidades de su trabajo.

“Esta oficina no puede tener como válidos esos argumentos (de Martínez) ya que según consta en la información proporcionada por la FGR, mediante oficio del 11 de julio de 2016, el fiscal general pidió en repetidas ocasiones viáticos adicionales para sus misiones oficiales y su comitiva que lo acompañaba, lo que da a entender que los asignados no le eran suficientes para sufragar sus gastos”, reza el informe de Probidad.

Manuel Cruz, el abogado del exfiscal, explicó a El Faro que su cliente no quiere dar declaraciones a ningún medio sobre ninguno de los procesos de investigación en su contra. El caso de Luis Martínez está en estudio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes definirán si este pasa a una Cámara de lo Civil a un juicio por enriquecimiento ilícito.

*Con reportes de Nelson Rauda

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña