Corrupción

Los monopolios éticos. De Kevin Casas Zamora

En una democracia estamos obligados a ser desconfiados de las promesas de quienes han estado en el poder. Pero debemos ser aún más recelosos de lo que nos prometan quienes nunca lo han tenido.

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Kevin Casas Zamora fue vicepresidente de Costa Rica

Kevin Casas Zamora, 1 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

Uno de los aspectos menos estudiados del ascenso de las opciones políticas de izquierda en América Latina durante la última década y media —hoy más bien en retirada— tiene que ver con la curiosa simbiosis discursiva que precedió a su llegada al poder.

Desde la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez hasta el PT en Brasil, pasando por el FMLN en El Salvador y los movimientos de Rafael Correa y Evo Morales, en Ecuador y Bolivia, respectivamente, la izquierda latinoamericana arropó el desafío ideológico a sus adversarios en el atavío de la denuncia ética. “Neoliberal corrupto” devino así la descalificación favorita en el lenguaje de la izquierda, un insulto, además, indivisible, como la Santísima Trinidad. Allá por el año 2013, el entonces candidato presidencial del izquierdista Frente Amplio en Costa Rica, José María Villalta, lo expresaba con claridad en una entrevista: “Estamos tan mal por el gran viraje que hemos dado hacia la derecha. Esa es la causa de la corrupción y la violencia que tenemos” (25/2/2013). Villalta y sus correligionarios latinoamericanos no están solos. Hace un tiempo, Pablo Iglesias, líder de la agrupación Podemos, en España, lo decía así en uno de sus discursos: “La corrupción no es Mariano Rajoy, es el neoliberalismo, el paro, es un sistema político” (24/6/2016).

EDH logTratándose de movimientos que convirtieron la denuncia de la corrupción de sus adversarios en uno de los pilares de su discurso político, resulta tan sorprendente como aleccionador el poco interés por la pureza ética que mostraron los movimientos de izquierda una vez que llegaron al poder. Las ruinas de la promesa ética de la izquierda latinoamericana están hoy a la vista. La lista es larga: “Lula” procesado por la justicia brasileña por recibir supuestos premios de empresas constructoras; la mitad del gabinete de Cristina Fernández en Argentina en prisión por múltiples acusaciones de corrupción; el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, también preso, cortesía de su presunto involucramiento con la empresa Odebrecht; Mauricio Funes, primer presidente electo por el FMLN en El Salvador, prófugo de la justicia; la expareja del Presidente Evo Morales, procesada por una compleja madeja de casos de tráfico de influencia, etc., etc. Y de Venezuela y Nicaragua, mejor no hablemos.

No traigo esto a cuento para endilgar a la izquierda el monopolio de la corrupción en la región, lo que evidentemente sería un disparate. Esto es, de hecho, lo que hacen hoy algunas voces nostálgicas de la derecha regional, que sitúan al populismo de izquierda en la raíz de todas las desventuras éticas recientes de América Latina, olvidando con ello casos como los de Ricardo Martinelli, Antonio Saca y Otto Pérez Molina, que no tienen un hueso bolivariano en su cuerpo. Uno de los resultados de ese juego de denuncias y contradenuncias ha sido la política exaltada y colérica que hoy vemos en casi toda la región.

La experiencia reciente de la izquierda latinoamericana es muy útil no para atribuir inexistentes monopolios éticos, sino para hacer dos puntos que me parecen cruciales para nuestros debates políticos. El primero es que mezclar los desacuerdos políticos con la impugnación ética es generalmente una injusticia y siempre una mala idea. Cuando acuso a mi adversario de “neoliberal corrupto” o “bolivariano corrupto”, no delineo simplemente un desacuerdo político, sino una autoconferida posición de superioridad moral. Y resulta que con quien es intrínsecamente corrupto y malvado no hay conversación ni acuerdo posibles. Si se es el repositorio de toda virtud moral en el sistema político, no queda más que prevalecer al costo que sea. La política se convierte en un eterno juego de suma cero, en una lucha a muerte, donde cualquier transacción es una traición y una muestra de debilidad moral. En otras palabras, la política democrática deviene imposible. Nada de esto quiere decir que no haya que denunciar la corrupción. Lo que quiere decir es que a quien abusa del poder político para obtener ganancias personales —que esa y no otra es la definición de corrupción— hay que denunciarlo no por sus convicciones, sino por su conducta. Amalgamar las diferencias ideológicas con el castigo moral es la receta perfecta para una política intolerante y fanática.

La segunda lección es acaso más importante, sobre todo en esta época de feroces populismos anticorrupción. El itinerario recorrido por la izquierda regional enseña que debemos desconfiar siempre de todo aquel que nos ofrezca tierras prometidas morales sin haber estado nunca en el poder. Esto sabemos de sobra: en una democracia estamos obligados a ser desconfiados de las promesas de quienes han estado en el poder. Pero debemos ser aún más recelosos de lo que nos prometan quienes nunca lo han tenido. Por razones misteriosas, en el enrarecido clima político que vivimos hemos invertido esa regla de sentido común. Nos hemos acostumbrado a comparar en pie de igualdad las promesas de pureza ética de los recién llegados, con la experiencia —inevitablemente imperfecta— de quienes ya han pasado por el gobierno. En ese ejercicio, las aspiraciones siempre vencen a los resultados. Yo no digo que nunca debamos escoger al recién llegado, lo que digo es que es prudente aplicarles doble descuento a sus promesas de renovación moral y triple descuento si son estridentes.

Por mi parte, yo no quiero líderes impolutos ni partidos dotados de imaginarios monopolios éticos. Esa es una receta para la intolerancia y la desilusión, y siempre acaba mal. Yo prefiero instituciones fuertes, sociedades vigilantes y una prensa vigorosa, capaces de arrojar luz y establecer responsabilidades cuando el poder haga sus inevitables estragos con la fragilidad humana. Eso es mucho menos emocionante que escuchar las promesas de los iluminados, pero es la única ruta segura que conozco hacia gobiernos no perfectos, sino simplemente mejores.

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Carta a la ciudadanía organizada: Hablen claro con el fiscal. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 25 noviembre 2017 / MAS! y El Diario de Hoy

Está por terminar el juicio civil por enriquecimiento ilícito contra Mauricio Funes, Vanda Pignato y uno de los hijos del ex mandatario. El martes de la próxima semana conoceremos la sentencia.

La fiscalía ha sostenido ante la Cámara de lo Civil que los procesados se han ilícitamente enriquecido por un monto de 1.2 millones de dólares, y solicitó que les ordenen reincorporar esta suma al Estado.

logos MAS y EDHLo que nadie se explica es: Si el propio fiscal general está tan convencido que Funes aprovechó Casa Presidencial para enriquecerse, ¿por qué no lo acusa penalmente? Porque sin acusación penal, el hombre sigue tranquilo en su refugio en Managua. ¿Y por qué la fiscalía, convencida de la culpabilidad de Vanda Pignato, tampoco la acusa penalmente. Porque así le permite seguir ejerciendo su alto cargo en Casa Presidencial, manejando fondos públicos.

Tengo que aclarar una cosa: No hago estas preguntas porque quisiera ver presos a Funes y Pignato. En un juicio penal pueden salir condenados o liberados de culpa, y por supuesto les asiste la presunción de inocencia. Hago estas preguntas porque necesitamos que la Fiscalía General actúe con coherencia. Necesitamos que la ciudadanía pueda restablecer la confianza perdida en la lucha contra la corrupción que todos confiesan en sus discursos. Necesitamos que la comunidad internacional (por ejemplo el gobierno y el Congreso de Estados Unidos) deje de cuestionar su aporte financiero a nuestro desarrollo debido a la sospecha que aquí sigue reinando la impunidad.

Pocos en El Salvador (y en Washington) tendrán confianza en nuestro sistema de justicia, mientras la fiscalía permita que la señora Pignato pueda seguir ejerciendo su cargo en Casa Presidencial, como si no existiera contra ella una acusación de enriquecimiento ilícito, y como si ante cortes brasileños no haya sido mencionada en el caso Odebrecht, por haber supuestamente gestionado fondos ilícitos para la campaña presidencial de Funes.

El caso Saca demuestra que la fiscalía sí puede proceder penalmente, independiente del caso civil. Pero una vez que termine el juicio civil contra Funes y Pignato, sin que la fiscalía los acuse penalmente, ya no habrá nada que hacer.

Esta carta debería estar dirigida al fiscal general Douglas Meléndez. Pero este señor no escucha. Si no escucha al gobierno de Estados Unidos, que más le da apoyo, ¿cómo va a escuchar a un periodista?

Mando esta carta a las organizaciones cívicas que luchan contra la impunidad. Mucha condescendencia han mostrado al fiscal general. No pueden seguir así.

Saludos,

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El dinero no debe ser sucio. De Erika Saldaña

La Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo tienen que comprometerse con el combate a la corrupción y la mejor forma de hacerlo es seleccionar funcionarios bajo criterios de mérito y moralidad notoria.

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Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 20 noviembre 2017 / El Diario de Hoy

Las últimas investigaciones de la Fiscalía General de la República han puesto entre la espada y la pared a diversos exfuncionarios y sus amigos. Y han revelado, sobre todo, el uso personalista que se le ha dado al gobierno y a las instituciones estatales. Muchos funcionarios optaron a un cargo público para aprovecharse de su posición, usando a conveniencia la maquinaria estatal e involucrándose en el mal uso de bienes públicos, la contratación de familiares o de allegados sin capacidad ni mérito, el desvío de dinero y la corrupción.

De la nada, en las narices de las instituciones controladoras y supervisoras, muchos se han hecho ricos a costa del erario, realizando acciones cuestionables sin que suene ninguna alarma de sospecha. En días pasados se sumó al listado de acusados el expresentador de televisión Jorge Hernández, señalado de lavado de dinero por alrededor de ocho millones de dólares durante la administración del expresidente Saca. En un país complicado para empresarios, Hernández presuntamente logró acumular mucho dinero en poco tiempo, sin que ninguna institución sospechara nada.

EDH logAsí pasan las cosas en El Salvador, de la nada y sin que nadie diga algo. Instituciones como el Ministerio de Hacienda pasan dormidas en el combate de elusión y evasión fiscal; guardan silencio al evaluar la tributación de una persona o empresa con operaciones sospechosas, que mueven grandes cantidades de dinero sin justificar cómo lo obtuvieron, pero exprimen a los honestos que llevan en orden sus asuntos.

¿Dónde está la Superintendencia del Sistema Financiero en su rol de supervisor de la transparencia y prevención de lavado de dinero de las distintas instituciones financieras? Las alarmas de los bancos se mantuvieron apagadas mientras que en sus adentros se mueven millones de dólares de manera sospechosa, obviando la aplicación de leyes sobre lavado de dinero. La responsabilidad de combatir la corrupción compete primero al Estado, pero no es labor exclusiva; todos aquellos que tengan algún tipo de conocimiento de que se está cometiendo algún ilícito, incluidos los bancos, están en la obligación de informar a las autoridades competentes. Esto no ha pasado en el país.

Y qué decir de la Corte de Cuentas de la República, institución prácticamente ausente durante las últimas tres décadas en la supervisión de las finanzas del Estado. Al expresidente Saca se le acusa de desviar más de doscientos millones de dólares provenientes de fondos públicos, ¿cómo es posible que nadie sospechara de faltantes en el Presupuesto de la Nación y que la Corte de Cuentas tuviera la osadía de entregarle un finiquito a un par de días de dejar el cargo? En el país sigue sin supervisarse a cabalidad la ejecución del presupuesto, a pesar que el artículo 195 de la Constitución establece que es la principal labor de la Corte de Cuentas.

En El Salvador hemos tenido arraigada la cultura del silencio y encubrimiento sobre las malas acciones de los funcionarios. Tenemos conocimiento que alguien actúa de manera ilícita y lejos de denunciar, preferimos callar, perpetuando así la espiral de corrupción. Este silencio también contribuye a la impunidad y a la normalización de conductas que deberían estar vetadas en la sociedad.

Ahora personas como Saca y Hernández enfrentarán a la justicia en los tribunales, pero también hay que poner el ojo en el funcionamiento de las instituciones de control. Estas no pueden encontrarse dirigidas por personas a quienes se les otorga el cargo con base en el amiguismo o la repartición de cuotas partidarias. La Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo tienen que comprometerse con el combate a la corrupción y la mejor forma de hacerlo es seleccionar funcionarios bajo criterios de mérito y moralidad notoria, que realicen dignamente la labor asignada.

La corrupción, mala administración, desvío de fondos y enriquecimiento ilícito no pueden pasar en nuestras narices, como si nada. Las instituciones están para combatir la corrupción, no para volverse cómplices.

Corrupción: ¿héroes o leyes? De Moisés Naím

La lucha contra la corrupción no tiene por qué ser corrupta y, afortunadamente, están proliferando los esfuerzos genuinos por disminuir esta plaga.

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 Manifestantes contra el vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, investigado por el escándalo Odebrecht. Foto: RODRIGO BUENDIA AFP

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Moisés Naim, escitor y columnista venezolano

Moisés Naím, 18 noviembre 2018 / EL PAIS

La buena noticia es que el mundo está harto de la corrupción. La mala noticia es que la manera en que la estamos enfrentando es ineficaz. Buscamos gobernantes que sean héroes honestos en vez de promover leyes e instituciones que nos protejan de los deshonestos.

En todas partes aumenta el repudio popular a políticos y empresarios ladrones. Las protestas contra la corrupción son masivas, globales y frecuentes: India, México, Rusia y Tailandia son solo algunos de los muchos países donde la gente ha tomado las calles. Ya no creen ni que la corrupción sea inevitable ni que sea inútil intentar combatirla.

el paisEl impacto de algunas de estas protestas populares ha sido sorprendente: los presidentes de Guatemala y Corea del Sur, por ejemplo, fueron depuestos y encarcelados. En Brasil, enormes marchas crearon las condiciones para que la presidenta Dilma Rousseff fuese destituida.

En el mundo entero hay un enorme deseo de acabar con los líderes corruptos y reemplazarlos por otros cuya honestidad está fuera de duda. Pero ¿es la búsqueda y el subsecuente nombramiento de personas que creemos íntegras el mejor antídoto contra la corrupción? No.

Elegir gobernantes honrados es una lotería. Puede que, en efecto, resulten serlo; o puede que no. En todo caso, no basta con votar a aquellos que presumimos honestos, también hacen falta leyes y prácticas que prevengan y castiguen la deshonestidad. Las sociedades que solo le apuestan a un líder honrado casi siempre salen perdiendo. Silvio Berlusconi, Vladímir Putin y Hugo Chávez llegaron al poder prometiendo eliminar la corrupción. Y ya conocemos los resultados.

Además, en estos tiempos, también necesitamos instituciones que impidan que la lucha contra la corrupción sirva como mecanismo de represión política. Estamos viendo, por ejemplo, cómo esta nueva intolerancia popular hacia los políticos venales está siendo aprovechada por los autócratas del mundo para eliminar a sus rivales. Vladímir Putin suele acusar de corruptos y encarcelar a quienes llegan a tener demasiada influencia. En China, desde que en 2012 Xi Jinping asumiera la presidencia, más de 201.000 funcionarios han sido llevados a juicio. Algunos han sido condenados a muerte. En una redada anticorrupción, el príncipe saudí Mohamed al Salman acaba de detener a más de 200 potentados, incluyendo a uno de los hombres más ricos del mundo, el príncipe Alwaleed bin Talal. Los Gobiernos de Cuba, Irán y Venezuela regularmente usan las acusaciones de corrupción para encarcelar a sus opositores. Quizás entre los encarcelados por los dictadores haya corruptos. Pero las verdaderas razones de su detención seguramente tienen más que ver con su activismo político que con su presunta deshonestidad.

La lucha contra la corrupción no tiene por qué ser corrupta y, afortunadamente, están proliferando los esfuerzos genuinos por disminuir esta plaga. En Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está apoyando “laboratorios de innovación pública” que experimentan con nuevos métodos de monitoreo y control de la gestión del gobierno. En Brasil, un grupo de expertos en análisis de datos decidió usar las técnicas de inteligencia artificial para el control social de la administración pública. Escogieron un caso muy concreto para probar sus teorías: ¿cómo limitar el fraude en los reembolsos que piden los diputados para cubrir sus gastos de transporte y alimentación cuando viajan por motivos de trabajo? Llamaron a su proyecto Operación Serenata de Amor y recaudaron pequeñas donaciones a través de Internet. Con estos fondos crearon a Rosie, un robot computacional que analiza las solicitudes de reembolso de los parlamentarios y calcula la probabilidad de que sean injustificadas. Para sorpresa de nadie, Rosie detectó que, con frecuencia, los diputados hacían trampa. El equipo dotó a Rosie con su propia cuenta de Twitter y allí los seguidores se enteran instantáneamente de los intentos de sus parlamentarios de cargarle al Estado gastos que no tienen nada que ver con su gestión.

Rosie es un pequeño ejemplo que ilustra grandes y positivas tendencias en la lucha anti-corrupción: la potencia de la sociedad civil organizada combinada con las oportunidades que ofrecen Internet y los nuevos avances en computación, así como la prioridad que hay que darle a la transparencia de la información en la gestión pública.

Sin duda, resulta fácil desdeñar a Rosie como un esfuerzo marginal que no le hace mella a la macrocorrupción. Así, mientras algunos diputados le cargaban sus gastos personales al Estado, la empresa brasileña Odebrecht pagaba 3.300 millones de dólares en sobornos por toda América. No obstante, conviene matizar el escepticismo. Marcelo Odebrecht, el jefe de la empresa, ha sido condenado a 19 años de cárcel. Y los diputados ahora se cuidan de no abusar con el reembolso de sus gastos.

Las cosas están cambiando.

@moisesnaim

Lo que no dijo Mauricio Interiano. De Jaime García Oriani

Le faltó hablar de lo que está en juego en la próxima legislatura: la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia (cuatro de ellos integrarán la Sala de lo Constitucional), Fiscal General y elecciones de segundo grado.

JAIME GARCIA ORIANIJaime García Oriani, 10 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Al presidente del Coena, Mauricio Interiano, le faltó tratar algunos puntos capitales para El Salvador en su discurso durante la XXXVI Asamblea General de su partido. Cambiar el rumbo del país, unidad y servicio para sacarnos de la crisis en la que estamos sumergidos fueron las tres grandes temáticas, cuestiones más que evidentes y urgentes en una nación cuyos indicadores están peor que nunca.

EDH logEn un discurso “ad intra”, dirigido principalmente a los militantes y simpatizantes de ARENA, lo habitual es escuchar palabras de ánimo y arengas. La ocasión, por eso, quizás no era la mejor para mencionar cuestiones que hasta podrían resultar incómodas para más de alguno de los allí presentes.
A Mauricio Interiano le faltó condenar la corrupción y acciones no éticas, incluyendo las cometidas por personas de su partido. Conocemos bien quiénes han hecho mal uso de los recursos públicos —algunos van de candidatos otra vez— y del cinismo con el que han actuado cuando se trata realmente de ser austeros con los gastos, especialmente en la Asamblea Legislativa. Lo de los sobresueldos es historia vieja… pero algo se debe hacer al respecto.

No es suficiente recordar el despilfarro del gobierno del FMLN con su campaña engañosa para vendernos un país que no es, en lugar de destinar el dinero a seguridad y medicamentos. Eso ya lo sabemos. Queda pendiente que nos digan cómo fortalecerán el combate contra la corrupción, sin importar el partido político, y de qué forma promoverán la transparencia para procurar el buen uso de los recursos públicos.

A Mauricio Interiano le faltó hablar de lo que está en juego en la próxima legislatura: la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia (cuatro de ellos integrarán la Sala de lo Constitucional), Fiscal General y elecciones de segundo grado.

En esto nos jugamos mucho. No podemos permitir que los diputados voten por magistrados comprometidos con determinados sectores o partidos. Ya hemos visto cómo la Sala de lo Constitucional ha sido fundamental para hacer respetar nuestro ordenamiento jurídico, frenar los abusos de poder, mejorar la participación democrática y fomentar la lucha contra la corrupción.

Los ciudadanos hemos de saber a quiénes van a apoyar los futuros diputados de ARENA. Ellos deben respetar también los tiempos establecidos para su elección y no dejar en el aire a la Corte, por retrasos o aparentes falta de acuerdos. De lo contrario, será la fiesta para los corruptos y los diputados serán sus cómplices.

Lo mismo aplica para la elección del nuevo Fiscal y de magistrados de Corte de Cuentas. La repartición de cuotas e instituciones en el pasado, en el que están los famosos 20 años de gobierno de ARENA, y del presente, con casi 10 años de desastres y desatinos originados por el FMLN, ya han desgastado lo suficiente a El Salvador. ¡No más negociaciones bajo la mesa!

La última encuesta publicada por La Prensa Gráfica refleja que ARENA aventaja al FMLN por 5 puntos en la carrera por la Asamblea Legislativa. Aunque los números benefician al principal partido de oposición, tampoco se trata de lanzar la casa por la ventana, tomando en cuenta que 81.4% de los salvadoreños ve que el país va por un rumbo incorrecto, según la misma encuesta. Además, si vemos los datos de febrero de 2017, el apoyo a ARENA ha bajado, pasando de un 30.1 % a un 17.7 %. El “No sabe” es el gran ganador, con 30.4 %; mientras que el segundo lugar lo ocupa “Ninguno”, con 16.4 %. Está claro que algo no están haciendo bien los tricolores.

Todos estos puntos, omitidos en el discurso porque quizás no era el momento, deben ser retomados, profundizados y respondidos. Son cuestiones que podrían unir verdaderamente a los salvadoreños y convencerles a dar el beneficio de la duda a ARENA.

jgarciaoriani@gmail.com

Gran festival gastronómico “chucho-free”. De Cristina López

En las urnas, a quienes nos importa la lucha de la corrupción con independencia de su proveniencia o color político, nos vamos a acordar de cómo votaron en el festival chucho-free.

Cristina LópezCristina López, 24 julio 2017 / EDH

En una columna anterior mencioné cómo, entre las tendencias gastronómicas en boga, que van desde lactosa-free a gluten-free, la que parece haber capturado las pasiones de los funcionarios públicos salvadoreños es la dieta “chucho-free”. Esto, por supuesto, nada tiene que ver con la ingesta de nobles canes, sino con el famoso adagio de “chucho no come chucho”, explicando cómo cuando un grupo de personas pertenece al mismo grupo o categoría, sus individuos harán todo lo posible por protegerse entre sí.

EDH logY el pasado martes, la Asamblea Legislativa celebró por todo lo alto y a los ojos del mundo (incluidas las miradas decepcionadas de las Naciones Unidas y la Embajada estadounidense), lo que debería calificarse como un gran festival gastronómico “chucho-free”, puesto que con las reformas legislativas aprobadas a la Ley de Extinción de Dominio, se aprobó también el trato benévolo a los corruptos del pasado, presente y futuro. No ha habido hasta ahora legislador que haya podido articularle a sus representados en qué se beneficia la población con estas reformas, simplemente porque los beneficiarios son quienes tendrían algo que temerle a la normativa que pretende luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Una vez más, se cumple a la perfección el adagio: el chucho no come chucho.

La falta de interés por combatir la corrupción solo puede entenderse a través del prisma de la autopreservación, el interés propio y el instinto de supervivencia. Y hay a quienes les sobran las razones para actuar con base en el instinto de supervivencia, sobre todo al presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, a quien Probidad le encontró hace poco 3 millones de dólares injustificados. Es fácil asumir que el interés de Gallegos es desdentar la Ley de Extinción de Dominio, por si no encuentra los recibos.

Y ver gente que normalmente no piensa igual unirse en semejante acto de solidaridad empática –porque la abstención casi equivale a complicidad– sería casi sublime en un mundo donde hay más divisiones que unión. Porque aunque los principales impulsores de la reforma fueron el FMLN y GANA, aquellos que se abstuvieron no merecen crédito alguno y es empujar las fronteras del cinismo que ahora quieran aplausos y rédito político por su falta de coraje. Oponerse y abstenerse no son lo mismo. En las urnas, a quienes nos importa la lucha de la corrupción con independencia de su proveniencia o color político, nos vamos a acordar de cómo votaron en el festival chucho-free.

“Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”. Tristemente, la capacidad de hacerle frente a este descalabro legislativo no está en el Chapulín Colorado, que por lo menos presumía de astuto, sino en el Presidente Sánchez Cerén. ¿Han oído alguna vez a Sánchez Cerén condenar enfáticamente a sus predecesores –sobre todo al que pertenecía a su partido– por sus corruptelas y enriquecimiento ilícito? Yo tampoco. Solo nos queda esperar que Sánchez Cerén decida con su veto, por esta vez, no ser parte de la dieta libre de chucho.

Reiterando lo dicho en mi columna “La dieta chucho-free”: “el problema con la dieta de los que no comen chucho es que se vuelven cómplices de la cultura de impunidad que en nuestro país fomenta los delitos de corrupción desde el poder. Al llegar al poder se pasan todos al mismo bando, olvidando que se deben al cumplimiento de la ley y que los recursos del Estado deben estar al servicio de la población y no del autoservicio”.

@crislopezg

ARENA y sus peligrosos “insiders”. De Ricardo Avelar

Los insiders son perniciosos porque no tienen mucho más. Son políticos de profesión y no están dispuestos a soltar sus cargos. Siempre presentes, pero por su patri…monio.

Ricardo Avelar, 31 mayo 2017 / EDH

Durante los últimos años, los ojos de la ciencia política se han colocado sobre un interesante fenómeno.

Las demandas políticas transitan más rápido que la oferta institucionalizada de soluciones, llevando a un descontento de quienes no miran satisfechas sus aspiraciones.

La democracia va lento, pues el sistema ha sido diseñado para tener blindajes y evitar que la emoción de una coyuntura derive en decisiones desastrosas o en el abuso del poder.

Pero esta lentitud, propia de un sistema de frenos y contrapesos, lleva a buscar soluciones fuera de la institucionalidad.

Ahí surgen los outsiders: líderes mesiánicos provenientes de la periferia del sistema político. Son caras frescas, pero pueden resquebrajar la institucionalidad por su vanidad que les lleva a creer que las soluciones están en sus manos. Son los “neo-dictadorcitos cool”.

Son peligrosos, pero además de temerles a estos, siento pánico por su diametralmente opuesta contraparte: los insiders. Sí, aquellos que han hecho de la política y los cargos públicos su vida entera y tienen poco o nada que agregar a la sociedad fuera de ello.

Durante los últimos días, El Salvador ha sido testigo de algo que —francamente— ya sabíamos: nuestros dos partidos principales se parecen demasiado.

El partido opositor se ha dedicado los últimos ocho años a señalar con grandilocuencia la corrupción del FMLN, pero ante el destape de una gran trama de pagos indebidos a algunos de sus exfuncionarios, la mayoría de sus voceros han guardado silencio o, en el peor de los casos, han pretendido excusar la práctica.

Algunos han buscado escapar de la controversia afirmando con cinismo que eso también lo hacen los de hoy. Y sí, es cierto, pero no los vuelve menos cuestionables. En todo caso, los vuelve oportunistas al denunciar la corrupción solo cuando les conviene.

Otros han dicho que prefieren una solución políticamente viable. Con esto, quieren que dejemos de hablar de una alarmante lista de grandes cuadros tricolores que se beneficiaron de pagos bajo la mesa y que mejor discutamos cómo hacer que no vuelva a pasar. Sí, es necesario, pero la reparación y la no repetición pasan por llevar luz donde antes no la había y saber quiénes han actuado de forma cuestionable. Con nombre y apellido.

Otros han guardado silencio sepulcral. Entre estos, muchos jóvenes que saben que hacer olas innecesarias les ganará la expulsión. Lógicamente están cuidando una futura plaza pues han decidido que la política —lejos de ser una vocación de servicio como lo prometieron cuando cantaron su moderna (ja, ja) marcha la primera vez— es una simple profesión donde se hace todo por avanzar.

Y así, hay muchos más. Todos estos son “insiders”, enquistados en el sistema político y cegados completamente por su ambición de tener un cargo público que les garantice un feliz retiro, camionetas, y viajes y trabajos para sus familiares (ejem, David Reyes y Mayteé Iraheta).

El problema de estos no es que sean foráneos al sistema y lo puedan torpedear desde fuera. El problema es que son los de siempre. Es que no importa su edad (ejem, David Reyes y Mayteé Iraheta), traen las mismas prácticas de antaño. El problema es que al ser los corruptos de turno no renuncian y nadie entiende por qué. El problema es que no aceptan su corrupción, solo se excusan y mienten hasta que no les queda de otra. El problema es que ahí se van a quedar y cuando se abran los procesos de primarias durante las siguientes décadas, seguirán haciéndose acompañar por su séquito de aplaudidores y tira-confeti y volverán a comprometerse ante las cámaras con la decencia que en su momento pisotearon.

Los insiders son perniciosos porque no tienen mucho más. Son políticos de profesión y no están dispuestos a soltar sus cargos. Siempre presentes, pero por su patri…monio.

Y cuando algunos se atreven a denunciar el sistema dentro del mismo partido, los califican de “machos sin dueño”, de díscolos insalvables y en reuniones privadas hasta les ofrecen salir humillados… Como traidores.

Y lo peor de todo es que cuando al FMLN le salgan sus propios escándalos —que seguramente van a salir—, los insiders serán los primeros en denunciarlo, en pedir interpelaciones y en tener la más ingrata de las memorias selectivas.

@docAvelar