Corrupción

Carta sobre la corrupción: Hay que cortarle la cabeza. De Paolo Luers

19 enero 2019 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

El gran logro de los casos penales contra Saca y Funes es que ya no nos queda duda sobre cómo y desde dónde opera la corrupción: desde Casa Presidencial.

  • Por tanto, ya sabemos cómo combatir la corrupción: cortándole la cabeza, el centro operativo, el puesto de mando – o sea cambiar de fondo cómo funciona Casa Presidencial.

Saca y sus lugartenientes diseñaron un sistema relativamente simple y sumamente audaz para robar cientos de millones de dólares al Estado – y Mauricio Funes y sus lugartenientes (algunos siendo los mismos de la época de Saca) lo heredaron y perfeccionaron.

Lo primero que se necesita para armar esta operación: establecer la presidencia como centro único del poder gubernamental. Armar en Casa Presidencial un sobre gobierno, junto con tus lugartenientes incondicionales, dejando fuera de las decisiones y de toda capacidad de control al Consejo de Ministros.

  • Entonces, para desarmar el esquema mafioso, lo primero que tiene que hacer el próximo presidente es limpiar Casa Presidencial: desmontar el sobre-gobierno ahí instalado, y volver a establecer la institucionalidad del Consejo de Ministros.

Lo segundo que hizo el equipo de Tony: multiplicar los fondos reservados a disposición libre de Casa Presidencial – fondos que pueden gastar (y si quieren, robar) sin ninguna rendición de cuentas ni auditoría. Para multiplicar la ‘caja negra’, establecieron un mecanismo novedoso: asignaron a todos los ministerios partidas infladas artificialmente. Estos fondos eran exclusivamente para reportarlas como ‘sobrantes’, para que Hacienda los podía transferir (sin ninguna autorización de la Asamblea Legislativa) a Casa Presidencial, engrosando la partida de ‘fondos reservados’. De esta manera, Tony Saca logró aumentar su ‘caja negra’ por 240 millones de dólares que se sumaron a las partidas originales asignadas a Capres. De estos fondos (algo entre 300 y 350 millones de dólares) pagaron sus operaciones políticas clandestinas (como por ejemplo financiar la creación de GANA), los sobresueldos, etc. También pagaron gastos reales, como los de la Inteligencia del Estado – y el resto se lo robaron y lo transfirieron a cuentas personales o de sus empresas. El mismo mecanismo, con algunas innovaciones (un esquema de prestanombres) lo usó después Funes.

  • Entonces, lo segundo que tiene que hacer el próximo presidente es: erradicar las asignaciones ficticias en el presupuesto; prohibir cualquier transferencia a Casa Presidencial sin aprobación de la Asamblea; y erradicar el concepto de los ‘fondos reservados’. Todos los gastos tienen que ser auditados – aunque algunas, como las de Inteligencia, no puedan ser públicos. Aunque los mecanismos de la corrupción presidencial ya han sido revelados, el actual gobierno no los ha erradicado del todo. Esto tocará al presidente que elijamos…

Todo este esquema de corrupción sistemática dirigida desde Casa Presidencial solo pudo funcionar bajo la protección de un manto de impunidad. Nunca hubiera funcionado con una Corte de Cuentas independiente y profesional, ni tampoco con fiscales generales que no fueran parte de la trama.

  • Entonces, lo que el próximo gobierno tiene que promover son acuerdos políticos y legislativos para reformar la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética, y para fortalecer la Fiscalía General y Probidad.

Todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia han hablado de la corrupción. Con más o menos credibilidad han anunciado cómo piensan combatirla. Pero a la hora de firmar un compromiso contra la corrupción, a invitación de docenas de universidades y organizaciones cívicas, solo las fórmulas de ARENA y VAMOS se hicieron presentes y firmaron el documento. El FMLN por lo menos mandó a Gerson Martínez, pero GANA quedó fiel a su estrategia de ausencia.

Que cada uno decida quienes son los candidatos que de hecho están dispuestos a erradicar  la corrupción cortándole la cabeza: en Casa Presidencial. Con una presidencia sana, la corrupción gubernamental no funciona.

Saludos, Paolo Luers

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Guatemala, sí, ¡sacate el diablo de tu corazón! De Ricardo Avelar

9 enero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Advierto: esta columna no es una repentina conversión de mi parte ni un llamado al moralismo a nuestro vecino país…

A inicios de diciembre, las principales carreteras que entran y salen de la Ciudad de Guatemala se adornan de visitantes curiosos. Colgando de quioscos improvisados, aparecen sonrientes cientos de diablitos rojos.

El propósito de estos es ser adquiridos para la “quema del diablo”, que toma lugar cada 7 de diciembre. Esta tradición, con un origen religioso, ha trascendido y es ahora vista por los guatemaltecos como una forma de sacar de sí mismos “lo malo” y llegar al fin de año más “limpios”.

Lastimosamente, a gran parte de nuestro vecino país no le logró salir el diablo hace un mes, cuando se celebró la última de estas vistosas quemas. Peor aún, la parte que quedó alejada de las llamas es la que más daño le está haciendo a este país.

Este sector ha sido denominado por muchos como el “Pacto de corruptos” y comprende diputados de diferentes bancadas legislativas salpicados por supuestos manejos irregulares de recursos. También les apoyan grupos empresariales acusados de financiamiento ilícito de la política y de participar en licitaciones amañadas. Se les unen seudoperiodistas comprados para defender a la administración pública y la red la encabeza el mismísimo presidente de la República, Jimmy Morales.

Este grupo ha llevado a cabo feroces ataques contra sus principales némesis: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el Ministerio Público cuando muestra convicción de atacar a la corrupción, y los medios y generadores de opinión que han defendido el combate a las estructuras de defraudación del Estado.

El último golpe del “Pacto de Corruptos” se dio este lunes 7 de enero, cuando el presidente convocó a una conferencia de prensa junto a su gabinete, un grupo de personajes vinculados a casos de corrupción y hasta una familia rusa acusada de adquirir documentos falsos de este país.

El objetivo del presidente era acusar a la Cicig de instrumentalizar la justicia para hacer persecuciones políticas injustas. Esta comisión surgió de un acuerdo en 2006 entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas para combatir estructuras ilegales enquistadas en el Estado, pero desde que sus investigaciones se acercaron a empresarios cercanos a Morales, a su partido y hasta a su familia, este se decidió a expulsarla a como dé lugar.

De todos los intentos por expulsar a esta comisión (todos frenados por la Corte de Constitucionalidad, que ha ordenado al gobierno dejar trabajar a la Cicig), el del lunes fue torpe y burdo, pero revelador. Jimmy se hizo acompañar de algunos de los personajes más pícaros de su sociedad para atacar a una institución que en 2015 protagonizó un saneamiento radical de la política chapina.

La excusa de Jimmy para deshacerse de la Cicig es risible: que esta no está bajo supervisión de su gobierno. ¡OBVIAMENTE! El punto de cualquier instancia que combata la corrupción es que sea independiente del aparato público, precisamente para no ser cooptada por el gobernante de turno.

Con esta ofensiva, el presidente ha elevado las alarmas de quienes defienden el Estado de Derecho y la transparencia en su país. El presidente ha mostrado un carácter autoritario y anuncia que no escatimará esfuerzos en defender a las manzanas podridas de su gobierno.

En 2015, los guatemaltecos se deshicieron de gobernantes con actitudes similares. Y a un mes de la “quema del diablo”, están a tiempo de volver a empezar una resistencia pacífica que desemboque en el final de este pacto de corruptos. Parafraseando a Fito Páez: “Guatemala, sí, ¡sacate el diablo de tu corazón!”.

@docAvelar

Bukele y el escándalo de los mercados

Una investigación de El Diario de Hoy, dos notas y una entrevista a Fabio Castillo

 

I.
Nayib Bukele hizo un trato perjudicial para San Salvador con proyecto de tres nuevos mercados

El exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, firmó un contrato por $91 millones con una empresa de Guatemala, la cual se creo cinco meses antes que se lanzara la licitación.

Nayib Bukele hizo un trato perjudicial para San Salvador con proyecto de tres nuevos mercados

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El concejal del FMLN, Fabio Castillo, explicó en entrevista con El Diario de Hoy que la aprobación del contrato de más de $91 millones para la construcción de tres nuevos mercados que firmó el exalcalde Nayib Bukele no contó con la aprobación de ley.

La solicitud inicial de mejorar las condiciones de los mercados existentes en la capital se transformó en un plan para construir tres nuevos mercados, los cuales otorgó el exalcalde a una empresa privada de capital guatemalteco, constituida solo cinco meses antes de otorgarle las obras.

Para lograrlo, Bukele y un grupo de concejales no tomaron en cuenta varios procedimientos de ley para entregar la construcción y usufructo de los mercados a Direct Security Systems (DSS), una empresa que no sólo se convirtió en el socio estratégico para la alcaldía capitalina, sino a la que además se le encomendó por medio de un contrato el diseño, la construcción y operación de los mercados, facultades que no están en las bases de licitación, según consta en documentos en poder de El Diario de Hoy.

La empresa DSS que nació en junio 2015, cinco meses antes de que la alcaldía lanzara la licitación pública, no había acreditado mayor experiencia en la construcción en ese tipo de obras que le estaba confiando el exalcalde. Aún así se convirtió en el principal socio privado de la alcaldía con la que creó una Sociedad de Economía Mixta (SEM).

Esta SEM fue creada en 2016 amparada en la “Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía mixta”, una legislación que data de 1957 y que no correspondía al tipo de proyecto municipal que fue entregado a una sola empresa privada.

El millonario proyecto de los mercados, denominados centros comerciales, arrancó con la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), pero no fue concluido bajo esa ley, sino que en el proceso el exalcalde y el grupo de concejales que lo apoyó dejaron de lado la Lacap y el proyecto terminó bajo el amparo en la ley de Sociedades de Economía Mixta. Es decir, las bases de licitación para la búsqueda del socio estratégico se hicieron mediante la Lacap, pero el contrato se otorgó basado en la ley de 1957.

De esa forma, Bukele no solo le entregó a la empresa guatemalteca la construcción de los tres mercados, a través de la Sociedad de Economía Mixta, sino que además le transfirió la autonomía de administrarlos y operarlos. A eso se añade que la SEM se constituyó con una participación del 75% para DSS y solo el 25% para la comuna.

Los tres mercados a construir, denominados en el contrato como “centros comerciales”, estarían ubicados en el antiguo parque Hula-Hula; otro en el expredio de la Ex-Biblioteca Nacional, localizado en el centro de San Salvador; y otro más situado en lo que actualmente es un área verde en la colonia Escalón.

En el contrato con la SEM se estableció que el mercado de la colonia Escalón costaría $33.5 millones; el de la ex Biblioteca costaría $23.8 millones y el del Hula Hula tendría un costo de $34.1 millones, lo que suma $91.4 millones.
Sin el debido aval en el concejo El proceso para desarrollar el proyecto de los tres mercados no contó con los votos mínimos en el Concejo Municipal requeridos por la Ley de Mercados.

El 31 de enero de 2017, el Concejo Municipal aprobó con 8 votos a favor (de 14 posibles) el contrato, denominado “Marco”, de servicios de construcción, administración, operación y mantenimiento entre la alcaldía de San Salvador y la sociedad Nuevo Sistema de Mercados, nombre comercial que adquirió la empresa DSS después de vender sus acciones.

El acuerdo municipal recibió 6 votos en contra, entre ellos el del concejal del FMLN, Fabio Castillo, y de los concejales de ARENA. El artículo 4 de la Ley de Mercados ordena que para aprobar la construcción de mercados se necesita de dos tercios del total de miembros del concejo, que en este caso debía ser con 10 votos de los 14 concejales y no por 8 como ocurrió.

Por lo tanto, el contrato no cumplió con la mayoría de votos que exige el Código Municipal. Además, en congruencia con lo expresado por FabioCastillo en entrevista con El Diario de Hoy, el artículo 102 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), establece que “la nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación firme, producirá en todo caso, la nulidad del mismo contrato…”.

Además, un fallo de la Sala de lo Constitucional que estableció que los bienes del Estado o de uso público solo podrán darse en usufructo, como sucedió con uno de los terrenos para uno de los mercados, sin que tenga la autorización de la Asamblea. Y el artículo 233 de la Constitución de la República establece que los bienes de la hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse en usufructuo, comodato o arrendamiento con la autorización de la Asamblea.

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II.
Alcaldía quedó en desventaja en negocios de mercados

La comuna de Bukele sólo se quedó con el 25% de la participación en la sociedad y entregó en usufructo el área verde de la comunidad Nueva Esperanza, en colonia Escalón

Alcaldía quedó en desventaja en negocios de mercados

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La negociación entre el exalcalde Nayib Bukele, actual candidato presidencial de GANA, con la empresa Direct Security Systems (DSS) para la construcción de tres mercados en San Salvador dejó en desventaja a la comuna al solo recibir el 25 por ciento de la participación en la sociedad al entregar en usufructuo el área verde de la comunidad Nueva Esperanza, en colonia Escalón, a un valor casi 20 veces menor que el valúo de su misma alcaldía, según documentos en poder de El Diario de Hoy.

Para ejecutar el proyecto, Bukele se asoció con DSS a través de una Sociedad de Economía Mixta de C.V., (SEM) que fue creada el 27 de septiembre de 2016 ante los oficios notariales del abogado Kevin Steve Vargas Calderón. En la escritura de la constitución de la Sociedad de Economía Mixta se estableció que se constituiría con un capital de 400 mil dólares, dividido en 5 mil acciones con un valor de 80 dólares cada una.

Establecida la cantidad del capital le correspondía a Direct Security Systems pagar en acciones 300 mil dólares, mientras que a la alcaldía 100 mil dólares, según el contrato.

La alcaldía decidió pagar su parte, por un monto equivalente a $100,000, entregando en usufructo un terreno valorado en cerca de $2 millones ubicado en la colonia Escalón. En dicho valúo en junio de 2016 por la misma comuna, como consta en la documentación, el terreno tenía un valor de $1.974,533.

De haber negociado el valor del terreno entregado mediante usufructo al precio real del mercado, la participación de la alcaldía en la Sociedad de Economía Mixta pudo haber sido del 85% y no del 25%, como ocurrió por haberlo entregado a 100 mil dólares.

“La aportación en especie que consiste en un derecho de usufructuo a favor de la sociedad que se constituye por un plazo de 30 años, sobre un inmueble urbano de su propiedad de 8 mil 373 metros cuadrados, situado en la colonia Escalón”, dice en el documento de constitución de la SEM.

En la página 162 del documentose detalla que la empresa DSS pagó 75 mil dólares en acciones, las cuales equivalen al 25 por ciento de la totalidad de estas en la sociedad.

“La sociedad DSS suscribe 3,750 acciones de la serie A que representan 300 mil dólares del capital social y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de las mismas, es decir, la suma de 75 mil dólares por medio del cheque 5608271 librado el 26 de septiembre de 2016”, se lee en el contrato de constitución de la sociedad que formaron con la alcaldía.

Entre las finalidades de la SEM estaba explotar y prestar un servicio público, ejecutar compraventas, realizar préstamos, comercializar bienes, darlos en arrendamiento, disolver, además de liquidar cualesquiera sociedades u otras asociaciones, dice en el contrato.

Administración de la SEM en manos de jóvenes extranjeros y empleados de la comuna

El contrato estableció que ambas partes deberían tener directores y vocales como representantes en la Sociedad de Economía Mixta para tomar decisiones sobre los proyectos, ganancias y modificaciones.

La empresa Direct Security Systems nombró como director presidente a Uwe Christian Martinz, de 43 años de edad y de nacionalidad austríaca pero con domicilio en Guatemala. Martinz se retiró del proyecto cuando DSS fue comprada por la empresa guatemalteca MAKENSA.

También como presidente suplente nombraron a José Leopoldo Link Belchener, de 65 años, de nacionalidad colombiana e ingeniero mecánico. Además como primer vocal, Santiago Granados Balsells, de 27 años, y como vocal suplente a Karla Elizabeth Arroyo, de 32 años, ambos de nacionalidad guatemalteca.

Mientras que la comuna fue representada por empleados que trabajaron en todo el proyecto y también por empleados de confianza de Bukele.

La alcaldía se quedó con la vicepresidencia y nombraron al abogado Cecilio Vidal Sibrián Gálvez, de 50 años. Como suplente tomó el cargo Edwin Patricio Nuñez Alguera, de 44 años, quien sólo lo mencionan como estudiante. Nuñez Alguera, quien fue concejal y uno de los que votó a favor del proyecto en todo el proceso, es actualmente “emisario nacional” de Nuevas Ideas, partido fundado por Nayib Bukele, según indica en su tarjeta de presentación.

También fue designado al cargo de segundo vocal Conan Tonathiú Castro Ramírez, quien era el representante legal de la comuna en la gestión de Bukele.

Además fue nombrada como segunda vocal suplente la abogada Ana Xochitl Marchelli Canales, del FMLN.

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III.
Fabio Castillo afirma que aprobación de contrato de mercados es nula

El concejal de la alcaldía en la gestión de Nayib Bukele desconfió de los socios guatemaltecos y el porcentaje de la participación que tendrían éstos en la sociedad.

Fabio Castillo afirma que aprobación de contrato de mercados es nula

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Fabio Castillo, concejal del FMLN en la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Nayib Bukele, asegura que la aprobación en el Concejo Municipal del denominado “Contrato Marco” para construir tres centros comerciales municipales fue nula, porque no alcanzó los votos suficientes para su aval. Agrega que tiene cierta desconfianza cuando se crean “Sociedades de Economía Mixta” con socios desconocidos, ya que siempre ellos tienen todo el poder en los contratos y puede la alcaldía o el Estado terminar siendo socio de alguna “mafia o narcotraficantes”.

¿Qué piensa sobre los contratos para la construcción de los centros comerciales municipales en los que usted votó en contra?
Yo siempre he tenido cierta desconfianza en las sociedades de economía mixta donde las instituciones estatales o municipales no tienen la mayoría de las acciones. Aunque las personas sean correctas honradas y eficientes, será ese socio el que va administrar y consecuentemente la alcaldía o el Estado no tienen ningún tipo de control.
A la hora de repartir las utilidades los socios no la reparten, el dinero se queda retenido, no llega ningún beneficio a la alcaldía.
Como son acciones de libre circulación en cualquier momento a voluntad de ellos pueden traspasar esas acciones a personas indeseables y que acabe la alcaldía o el Estado siendo socio de alguna mafia o narcotraficantes o de personas de bajo nivel moral.
(La empresa Direct Security Systems que construiría el proyecto de los denominados centros comerciales municipales fue comprada por la empresa guatemalteca Makensa, según una nota periodística publicada en noviembre de 2017). http://lexlatin.com/noticia/makensa-compra-direct-security-systems-con-apoyo-de-lexincorp).

¿Cómo se debía hacer?
Me parece que había que poner algunas limitantes jurídicas en el sentido de que la alcaldía o el Estado tenga la mayoría de acciones o en caso de que los socios quieran vender, la alcaldía o el Estado tiene un derecho preferente para comprar las acciones a valor contable con un cierto porcentaje de sobreprecio a efecto de evitar el que un ente público se encuentre asociado con personas o entidades indeseables.
Yo siempre tuve una cierta reticencia a ese tema, incluso algunas cláusulas de esa sociedad se introdujeron a iniciativa mía, como la obligatoriedad de repartir dividendos. Quedaba a voluntad de los socios y no llegaba el beneficio económico que la alcaldía pretendía.
Algunos habían insinuado que ya habían hecho componendas conmigo, lo cual era totalmente falso. Yo no quería aparecer como que mi voto haya sido comprado.
En las cláusulas de la sociedad quedó establecido que se iban a repartir la mitad de las utilidades y la cuarta parte de esa mitad le iba a corresponder a la alcaldía. Sobre las utilidades el 12.5% era cierta garantía de la inversión municipal.

Para aprobar los contratos del proyecto de construcción de mercados en el Concejo Municipal no se alcanzó las dos terceras partes de los votos como dice la ley, sino que fueron ocho de 14 posibles, ¿eso fue ilegal?
De cualquier manera está fuera de las dos terceras partes de los votos.

¿Eso lo convierte en una aprobación nula?
Sí.

¿Ese tipo de proyectos millonarios se debió hacer a través de la Asamblea Legislativa y la Ley Lacap para evitar a socios desconocidos?
Yo prefiero que se haga en algunas de estas formas: o que en la sociedad de economía mixta la alcaldía tuviera mayoría y celebrara un contrato de administración con el socio por lapsos de cinco o diez años; o que la alcaldía emprendiera directamente la solución del problema, eso me hubiera encantado, pero parecía totalmente inviable en ese momento. No estaba en posibilidades. En la “Sociedad de Economía Mixta”, la alcaldía fuera mayoritaria para que no se pudiera encontrar en la situación de que llegara a ser socia de alguien indeseable y ese alguien por tener la mayoría administrara los negocios municipales.

La misma empresa que se convirtió en el socio estratégico se convirtió en el constructor y administrador de la obra, ¿qué opinión le merece?
Claro, es que ya teniendo la mayoría, pueden decidir cualquier cosa.

El artículo 233 de la Constitución dice que cuando se da un terreno en usufructuo para uso público debe pasar por la Asamblea, pero en este caso no se hizo.
Eso se puede hacer, eso no hay problema. Hay responsabilidad, pero problema no hay. Se aplica cuando son del Estado y no municipales. En el terreno de la Ex -Biblioteca habrá que ver si el municipio lo constituye en usufructuo.

Pero la alcaldía firmó el “Contrato Marco” con los socios y no tenían los usufructuos de los terrenos y el de la Ex Biblioteca, por ejemplo, es del Ministerio de Educación.
Yo puedo comprometerme a vender algo que aún no es mío, ese es mi problema cómo hago para adquirirlo. El socio puede venir a decir: usted se comprometió a traspasar los terrenos en usufructuo y no lo ha hecho, hágalo y sino lo hace me indemniza. Esa indemnización la ponen los árbitros.

Carta sobre la corrupción ante los ojos de todos. De Paolo Luers

1 noviembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Todos hablan de la lucha contra la corrupción: los partidos, los ciudadanos y sus organizaciones – y también el gobierno. Hay actos de corrupción tan invisibles que pasen inadvertidos. De estos que se encargue la fiscalía a descubrirlos. Pero irónicamente también hay actos de corrupción que pasan inadvertidos precisamente porque ocurren ante nuestros ojos todos los días, en todos los canales de televisión. Son tan visibles que no nos damos cuenta que se trata de corrupción…

Estoy hablando de los cientos de spots de televisión y radio del gobierno que se transmiten diariamente, a veces dos o tres veces dentro de un solo programa. Estamos en plena campaña electoral, pero esta no es propaganda de los partidos y candidatos: es propaganda electoral del gobierno. Son spots cuya producción puede costar fácilmente más de 10 mil dólares – pagados con fondos públicos, o sea con nuestro dinero. Ni hablar de la pauta que paga el gobierno para repetirlos hasta la saciedad en todos los canales. Fácilmente 20 o 30 mil dólares diarios…

¿Cuál es la diferencia entre sacar de la partida secreta de Casa Presidencial 1 millón de dólares en cash, darlos a su partido para que financie su campaña electoral – y hacerlo de manera “institucional”: gastar el mismo millón en propaganda del gobierno, de la CEL y de CEPA a favor del partido de gobierno? Es solo una diferencia de forma.

La propaganda del gobierno que vemos todos los días en la tele obviamente es electoral. Hay un vacío en la legislación electoral que lo permite. No es nada nuevo, no es un invento de este gobierno o del FMLN. Funes lo hizo hasta el mismo día de las elecciones presidenciales del 2014. ARENA lo hizo siempre. Saca lo perfeccionó y lo hizo durante toda su gestión, solo multiplicándolo en tiempos electorales. Su mejor alumno, Nayib Bukele, lo hizo durante sus años de alcalde – y así lo hicieron alcaldes de todos los colores.

Esto es precisamente el problema: Como todos lo hacen, y como lo hacen de manera tan sistemática y pública, parece normal. No se percibe como la corrupción que es. Estamos enfocados en los presidentes Funes y Saca quienes descaradamente robaron fondos públicos. Pero corrupción es cualquier apropiación o uso de fondos públicos para fines particulares, sean personales, empresariales o partidarios.

Cada vez que usted ve un spot electoral del gobierno, ante sus ojos unos $300 dólares han sido desviados de fondos públicos para uso particular, luego de que ya se desviaron unos 10 mil para producir este spot. Vea usted televisión un día entero y saque la suma…

Detrás de esto hay un problema más general, de abuso permanente, solo que en tiempos electorales se multiplica descaradamente: el problema que los gobiernos se toman la libertad de hacer propaganda política, de auto-promoverse permanentemente, de confundir información estatal con propaganda. Para esto han creado aparatos profesionales, por cierto muy costosos, dentro de Casa Presidencial y de cada ministerio o autónoma.

Es tiempo de parar esta corrupción encubierta e institucionalizada de una vez por todas. Hago un llamado a los candidatos presidenciales a que nos demuestren que sus promesas de luchar contra la corrupción sean serias. Les hago el llamado que tematicen el problema de la propaganda estatal en sus campañas.

¿Habrá un candidato dispuesto a comprometerse con desmantelar y prohibir dentro de su gobierno y todas sus dependencias los aparatos de propaganda y a reducir la comunicación oficial estrictamente a la difusión de información útil y necesaria para la población? ¿Estamos nosotros dispuestos a exigirlo a los candidatos? ¿O vamos a seguir viendo la corrupción en la tele y tragárnosla? 

Saludos,

Carta a los que exigen una CICIES: Cuidado con el fraude de etiqueta. De Paolo Luers

9 octubre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados amigos:
Arrancando con su campaña presidencial, Bukele se apropia de una bandera que en El Salvador ya cambió varias veces de portadores: la CICIES – una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción.

Antes de que se alegren, los movimientos sociales que durante años hablaron de una CICIES, deben analizar si esta propuesta de Bukele realmente es lo mismo que ellos pidieron – o si es un fraude de etiqueta…

Su órgano oficial “Última Hora” reporta lo que Bukele anunció en su meeting en La Unión: El candidato presidencial, Nayib Bukele, confirmó que su compañero de fórmula, Félix Ulloa, será el responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), propuesta que tiene como finalidad combatir la corrupción en El Salvador.”

Y Ulloa inmediatamente lo confirmó en su Twitter: “Gracias a mi compañero de fórmula Nayib Bukele por nombrarme como responsable de la CICIES con que combatiremos la corrupción y el clientelismo político.”

¿Esto es lo que durante años muchos sectores de la sociedad civil exigieron? Obviamente no. Exigieron que en El Salvador se instale una comisión como la CICIG de Guatemala, que estaba al punto de meter preso a la vicepresidente y al presidente de la República. Siempre se estaba hablando de una comisión internacional, que por definición tiene que ser no partidaria y absolutamente independiente del gobierno.

¿Una CICIES bajo responsabilidad del vicepresidente? Es una idea aun más descabellada que la del presidente guatemalteco Jimmy Morales, quien expulsó al jefe de la CICIG y exige a Naciones Unidas nombrar a un sustituto que tenga el beneplácito del gobierno.

La idea de Bukele tiene historia en El Salvador. Mauricio Funes propuso una CICIES en 2011, pero rápido abandonó esta idea, al ver que en Guatemala esta comisión internacional comenzó a convertirse en una amenaza real para la impunidad de los gobernantes. Desde entonces, tanto Funes como el FMLN y GANA se oponen con vehemencia una “intervención en la soberanía nacional”…

Parece irónico que hoy es el candidato de GANA, Nayib Bukele, quien quiere navegar en su campaña presidencial con la bandera de una CICIES. Solo se puede entender como un truco propagandístico, un empaque engañoso sin contendido real. Esto se llama fraude de etiqueta. La etiqueta promete una cosa novedosa y audaz, el contendido es lo mismo de siempre: Control gubernamental sobre algo que solo puede funcionar si es independiente.

Si realmente quisiera combatir la impunidad y la corrupción, no estuviera atacando la independencia de la Fiscalía General. Cada vez que la FGR comienza investigaciones que podrían afectar a Bukele, denuncia que la fiscalía es parte de un esquema para bloquear su ascenso al poder. Si su partido GANA estaría interesado en combatir la corrupción, no estuviera bloqueando la elección de magistrados independientes que podrían revivir el trabajo de la Sección Probidad.

Lo peor que podría pasar al país es una CICIES como instrumento del Ejecutivo para debilitar las instituciones que controlan la actuación de los funcionarios. Comisiones de este tipo solo tienen sentido si fortalecen la independencia de la Fiscalía, de Probidad, de la Corte de Cuentas.

Bukele, Ulloa y GANA obviamente saben que la Sociedad Civil y la Asamblea nunca van a aprobar una CICIES que no sea independiente del Ejecutivo. Conclusión: No es un propuesta seria, es propagandística, tratando de apropiarse de una causa ciudadana – no sin antes pervertirla. De manera más perversa no pueden expresar su desprecio a los movimientos ciudadanos… 

Saludos,

Lea también:
La CICIES de Nayib Bukele no es como la pintan

 

 

La lucha contra la impunidad debe seguir. De Erika Saldaña

17 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El Salvador ya tiene su primer expresidente de la República condenado a cárcel por delitos de corrupción. Motivo de vergüenza nacional. El pasado miércoles, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Elías Antonio Saca y varios de sus colaboradores más cercanos a penas de prisión y a restituir cientos de millones al Estado salvadoreño. Es discutible si la pena es ejemplarizante o injusta, pues para unos es motivo de celebración, pero para otros estas personas merecían la hoguera. La condena fue calificada como histórica por el Fiscal General de la República, y no han faltado los reproches tanto a la pena como a la afirmación del funcionario.

Para un sector de la opinión pública es risible una condena a diez años de cárcel, cuando ésta tiene como base la confesión de desfalco de más de trescientos millones de dólares por el mismo expresidente. A un ciudadano común y corriente, en un proceso judicial con todas las de la ley, le habrían tocado entre veinte y treinta años de prisión. Pero tratemos de tomar las cosas en su justa medida. Sí, es una condena mínima en relación con el impacto que los actos de corrupción han tenido en la sociedad salvadoreña; pero no es poco, ni el equivalente a un viaje al Caribe. Más que por el número de años de prisión ordenados por el juez, la condena al expresidente Saca es histórica porque, esta vez, la impunidad en los delitos de cuello blanco no se salió con la suya.

El Salvador ha tenido una historia en la que el peso de la justicia le llega al más pobre. Hemos visto duras condenas a personas que se han robado gallinas para poder comer o muchos años de prisión a quien se robó un reloj de quince dólares. Pero pocas veces la justicia le había llegado a personas en posiciones de privilegio y menos a un expresidente de la República. Lo anterior no significa que hay que aplaudir el trabajo del sistema de justicia, pues falta muchísimo por hacer; pero resulta imposible negar que existe un avance.

Ahora corresponde a la Fiscalía General de la República demostrar que esta condena no fue un golpe de suerte. En primer lugar, las investigaciones y procesos judiciales deben seguir. La confesión del expresidente dejó sobre la mesa la posibilidad de investigar el cometimiento de otros delitos por parte de personas que no han sido procesadas. Esto debe hacerse. Por otro lado, la Fiscalía está en la obligación de aplicar la Ley de Extinción de Dominio, recuperar el dinero robado y devolverlo al Estado para su inversión en la sociedad. El afectado directo por los delitos de corrupción siempre es el ciudadano que no obtuvo un servicio público de calidad por carencias económicas del gobierno.

Y para dejar a un lado especulaciones, la Fiscalía debe transparentar los motivos por los cuales negoció penas parciales con los condenados. Si se contaban con todos los elementos probatorios de los cuales se hacía alarde en cada conferencia de prensa, lo justo es que se revele a la población qué gana el Estado con bajarle una pena a alguien que se la merecía completa.

Así como una persona no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, tampoco las instituciones. La Fiscalía nunca va a quedar bien con todos y siempre le vamos a exigir más. Pero no podemos negar que la condena a un expresidente de la República por corrupción es un paso en la dirección correcta. Para cerrar uno de los tantos capítulos tenebrosos de nuestra historia, es necesario que se concluyan el resto de investigaciones y procesos judiciales en el caso “destape a la corrupción”, y que además se recupere el dinero robado.

Como sociedad debemos tener en cuenta que los cambios son procesos que llevan tiempo, no son eventos de un momento específico. Esta condena no va a limpiar el historial de corrupción, es solamente un paso en el combate de un delito enquistado en nuestra sociedad a distintos niveles. También hay que poner los ojos en el sistema de transparencia del país. Las personas que estuvieron al frente de instituciones como la Corte de Cuentas también deben responder por su pasividad u omisión de actuación durante la época de Saca. Las investigaciones y condenas deben continuar.

Carta sobre la corrupción: Ver el bosque, no solo los árboles podridos. De Paolo Luers

15 septiembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

La corrupción es un cáncer. Puede matar la democracia. De acuerdo. Pero no nos damos cuenta que la medicina que recetamos puede ser más mortal que la enfermedad.

¿Por qué ahora estamos hablando todos de la corrupción? Es porque ahora hay más transparencia; hay más investigación; hay juicios; hay un presidente confeso y condenado, y otro prófugo; hay más vigilancia ciudadana; y porque leemos sobre la corrupción todos los días en los periódicos.

¿Estos son muestras que el país se está hundiendo en corrupción – o más bien que al fin estamos empezando a superarla? El país parece asumir lo primero. Hay un clima de sospecha generalizada: Para muchos, toda la política, todos los partidos, los partidos enteros, todos los funcionarios son corruptos, incluyendo los futuros que todavía no han tenido oportunidad de mostrar de qué son hechos.

Es cierto: La corrupción es sistemática, como hemos visto en los casos Saca y Funes. Diseñaron un sistema de robo. ¿Pero es cierto que sea sistémica, como muchos nos quieren decir? Sistémico en el sentido que incluso los hombres y mujeres de buenas intenciones que asumen cargos políticos, necesariamente terminarán corruptos, porque el sistema los corrompe.

Es cierto: Todos los partidos políticos han tenido diputados, funcionarios, dirigentes corruptos. ¿Pero son corruptos los partidos, todos enteramente, y todos por igual? No.

Las medicinas contra la corrupción son: transparencia, vigilancia ciudadana, sólidas instituciones que la investigan, persiguen y enjuician. Necesitamos más de estas medicinas, y más eficientes. ¿Pero será buena medicina la sospecha generalizada? ¿Será buena medicina la descalificación general de los partidos, de la Asamblea Legislativa, del sistema de justicia? No.

La sospecha generalizada y la deslegitimación sistemática de las instituciones y los partidos, de la clase política en general, son tan erosivos para la democracia que la misma corrupción. Profundizan los resentimientos populares, dan oxígeno a la anti política, y en última instancia abren espacio para movimientos autoritarias y anti institucionales.

Hay discursos irresponsables que atizan este fuego. Algunos los usan por ingenuidad, otros por interés. Para los partidos emergentes, para tener éxito, lo más rentable es arremeter contra todo: el sistema, la clase política, el establishment, ‘los mismos de siempre’ – contra la política misma. Si fuera solamente Nuevas Ideas que emplea este discurso redentor, no lograría erosionar la confianza de la gente en el sistema democrático e institucional del país. Pero a veces también caen en este discurso otros partidos emergentes, como Vamos y Nuestro Tiempo, igual que movimientos ciudadanos que con buenas razones se organizan para denunciar las deficiencias institucionales.

Si además tenemos una embajadora de Estados Unidos, un fiscal general y medios que diariamente hablan de la corrupción, pero no saben proyectar que la crisis se debe precisamente a que al fin la estamos enfrentando, el resultado es fatal: Lo que en realidad es la fiebre producida por la lucha contra la corrupción, es percibida como la fiebre de la agonía fatal del sistema.

Es en este ambiente que vamos hacia las elecciones presidenciales. En este ambiente de sospecha generalizada corremos peligro que ningún candidato, aun cuando proponga las soluciones correctas, tenga credibilidad. En una situación donde es urgente que los incipientes esfuerzos de transformar, limpiar y abrir los partidos adquieran fuerza y logren cambios, existe el peligro que se estrellen contra el muro de la incredulidad generalizada.

Los movimientos autoritarios y demagógicos no necesitan que los ciudadanos les crean. Lo único que necesitan es que los ciudadanos ya no crean a nadie y en nada. Así se genera la situación absurda que las propuestas más indecentes de repente puedan competir en igualdad de condiciones – o incluso con ventaja, siempre cuando logren explotar y movilizar las frustraciones y los resentimientos que con sobradas razones tiene la gente.

¿Qué hacer? Ver el bosque y no solo los árboles podridos. Exigir transparencia, instituciones sólidas e independientes, mejores políticas públicas. Y más sensatez. Creamos en nuestro poder ciudadano para producir cambios en los partidos e instituciones, en vez de delegarlo a redentores.

Saludos,