Corrupción

La justicia en la balanza. De Francisco Díaz Rodríguez

Francisco Díaz Rodríguez es Superintendente de Competencia

Francisco Díaz Rodríguez , 14 marzo 2017 / EL MUNDO

Cuando en un tribunal colegiado (de dos o más jueces) surge un empate –discordia, se dice en lenguaje judicial- y no se puede decidir, se llama a un tercero (otro juez) para desempatar -dirimir, en el mismo lenguaje. Nuestra Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) tiene cuatro jueces (magistrados), los empates pueden suceder y de hecho ha sucedido uno en un caso simbólico: la sanción impuesta en 2008 a las empresas MOLSA y HARISA por la Superintendencia de Competencia (SC). ¿Le interesa saber?

El ilícito (práctica anticompetitiva) cometido por las empresas fue repartirse el mercado de la harina de trigo: 55 % para una, 45 % para la otra). Con este tipo de acuerdos los agentes económicos pueden manipular los precios de los productos a su conveniencia. La sanción impuesta por el Consejo Directivo (CD) de la SC el 4 septiembre 2008, fue de $1,971,015.16 para MOLSA, y de $2,061,406.20 para HARISA. La sanción se basó, fundamentalmente, en pruebas materiales recogidas durante el allanamiento: agendas de empleados gerenciales de la empresa en donde aparecen anotados los porcentajes de ventas, y los cálculos según los cuales una empresa entregaba cinco dólares a la otra por cada quintal vendido en exceso del porcentaje acordado; se recogieron también los archivos electrónicos Excel de esos mismos cálculos.

Las empresas, cada una por su cuenta, presentaron recursos ante la SCA contra la resolución del CD. El recurso impulsado por HARISA ahora está listo para dictar sentencia. MOLSA, en cambio, consiguió que la (anterior) SCA, en sentencia de 1 diciembre 2011, resolviera a su favor declarando “ilegal” la resolución del CD porque, según ella, existían vicios en el procedimiento de allanamiento. En otras palabras, logró botar la resolución de la SC.

Cómo esa sentencia de la SCA pareció tan manifiestamente violatoria de varios principios al debido proceso constitucional, el CD, el 28 febrero 2012, presentó recurso de amparo contra esa sentencia. La Sala de lo Constitucional dio la razón al CD. En sentencia de 24 octubre 2014, dijo que lo actuado por la SC estaba apegado a la ley (por tanto, sus pruebas son válidas), y que la SCA, en su fallo, había violentado principios constitucionales. En consecuencia, la Sala de lo Constitucional declaró “ha lugar el amparo” y ordenó a la SCA “resuelva de conformidad con los parámetros constitucionalidad señalados”.

Estando así las cosas, MOLSA solicitó recusar -sacar del juicio- a la Presidenta de la (actual) Sala de lo Contencioso, pero debido a lo inconsistente de su argumento su solicitud fue rechazada el 25 agosto 2016.

El 15 de febrero pasado, el CD fue sorprendido por otra extraña vicisitud en el juicio: no se puede dictar sentencia, hay empate. La notificación de la SCA dice: “vistos en discordia para emitir sentencia”, llámese “para dirimirla a la magistrada suplente…”. Dicho en cristiano: estamos empatados, llamemos otro juez para que desempate. La justicia en la balanza.

Sé que el Derecho de Competencia es muy especializado y que no muchos lo conocen, pero, aun así, es difícil entender cómo, existiendo prueba material directa del ilícito y existiendo una sentencia constitucional que legitima la prueba, magistrados de Corte tengan tantas dudas, o temores, o presiones, que les confundan tanto hasta el punto de no poder resolver sobre lo evidente y comprobado. Esto no resulta razonable. Llama también la atención el hecho de que, casi a última hora, la empresa intente descabezar al (actual) tribunal recusando a su Presidenta.

Es importante decir que las prácticas anticompetitivas son modalidades de corrupción privada, de corrupción en el mercado y en los negocios, y que no sancionarlas significa contribuir a la impunidad en El Salvador. Desde la sanción del CD hasta la fecha llevamos ocho años seis meses de impunidad. Durante todos esos años -y otros hacia atrás en que se cometió la práctica ilícita, el mercado ha estado distorsionado, los panificadores y los consumidores finales hemos sido directamente perjudicados, aquéllos en sus ingresos y nosotros en nuestros bolsillos. Hago un llamado a las organizaciones que actualmente denuncian con firmeza la corrupción y la impunidad para que se informen, analicen y pronuncien sobre este caso. Pueden leer todas las resoluciones del CD, así como las de las Salas Constitucional y Contencioso Administrativo, desde cualquier dispositivo electrónico a través de la app.sc.gob.sv, o en la página http://www.sc.gob.sv. Detengamos la impunidad. Ojalá todavía estemos a tiempo.

La judicialización de las investigaciones de Probidad. De Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Contra y viento y marea, en los últimos meses la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha venido realizando una titánica labor que ha desembocado en el inicio de procesos judiciales de enriquecimiento injustificado contra varios exfuncionarios, incluidos entre ellos dos expresidentes de la República.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 27 febrero 2017 / LPG

En uno de los casos promovidos, ya existe sentencia judicial condenatoria.

La labor desempeñada por la Sección de Probidad, más el entendimiento exacto del compromiso constitucional asumido por varios de los magistrados de la Corte, ha permitido que hayamos iniciado una nueva etapa en la que –esperemos todos– los funcionarios respondan y sean sancionados cuando se han enriquecido con fondos públicos.

Estamos viviendo una realidad que aún nos tiene asombrados. Estamos presenciando el inicio de investigaciones y procesos judiciales, cuyas consecuencias probablemente todavía no logramos vislumbrar a cabalidad. A su vez, eso ha generado cierto optimismo porque nos conduce a pensar que, talvez ahora sí, se aplicará la ley sin ningún tipo de distinción.

En los días recientes hemos conocido que existen más de setenta procesos de investigación que están siendo conducidos en la Sección de Probidad, y que al menos cinco de ellos se encuentran en su etapa final. Esto significa que pronto serán sometidos a conocimiento de la Corte en pleno y que será esta la que tendrá que decidir si judicializa los casos.

Es a esto último a lo que queremos referirnos. De acuerdo con la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad y las decisiones que toma Corte en pleno no significan, bajo ningún punto de vista, que se esté condenando al funcionario investigado.

Lo único que implica es que existen elementos indiciarios suficientes, como para que en un proceso judicial con plenitud de trámite se discuta, pruebe y decida el posible enriquecimiento injustificado. La Corte no juzga; no es ese su rol en esta materia.

Siendo así, a los magistrados debe resultarles suficiente que exista una muestra o una señal que sin ser necesariamente contundente lleve a cuestionar el enriquecimiento de un funcionario en relación con el importe de sus ingresos y gastos ordinarios. Y de existir esa señal, respetando siempre la presunción de inocencia, debe remitir a la Cámara de Segunda Instancia para que sea ante ese tribunal que se identifique si existe o no la actividad ilícita. Fiscalía debe hacer su parte.

Insistimos en esto porque hemos percibido en algunos magistrados una mezcla de apatía, desinterés y de inusitada resistencia por dar continuidad a un proceso que no debe tener marcha atrás; sobre todo porque se cuenta con el apoyo decidido de la ciudadanía y hasta de la comunidad internacional. Preocupa que incluso, en algunos casos, se perciba cierto temor, quizá ocasionado por las evidentes presiones de algunos investigados.

Nadie está diciendo que todas las personas investigadas deben ser remitidas a un proceso judicial. La sola existencia de la investigación jamás puede ser suficiente. Pero si del resultado de esa investigación surgen señales que ponen en duda las fuentes del posible enriquecimiento del funcionario, es obligación de los magistrados remitir a quien corresponda, para que se deduzcan responsabilidades.

La Sección de Probidad ya fue reforzada con nuevos elementos, razón por la que con propiedad podemos exigir que las investigaciones que ahí se conducen se agilicen y se mantengan con estrictos criterios técnicos.

Y en el caso de los magistrados, pedimos no dejarse amedrentar por presiones indebidas y no cesar en su contribución por luchar contra la impunidad y la corrupción. No pretendemos que los 15 magistrados estén siempre de acuerdo, pero les exhortamos a que en este tema en particular pongan especial énfasis en lograr el mayor consenso posible. Confiamos en ustedes.

“Evidentemente que hay un espionaje sistemático”: José Miguel Fortín

Al exdirector del IML le extraña que el Gobierno se desmarque sin investigar. También cuestiona la forma de hacer política del alcalde Bukele de parecer simpático y de tener troles detrás de él.

Dr. José Miguel Fortín Magaña, exdirector de Medicina Legal, fundador del "Movimiento Libertad"

Dr. José Miguel Fortín Magaña, exdirector de Medicina Legal, fundador del “Movimiento Libertad”

Entrevista al Dr. José Miguel Fortín, de Cristian Meléndez, 4 febrero 2017 / LPG

la prensa graficaMiguel Ángel Fortín es miembro fundador del Movimiento Libertad, organización que no duda en decir es claramente política. Desde ese escenario, critica la actuación de nuevos líderes, así como de los que tras ser investigados han salido del país. Se refiere al caso del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y al expresidente Mauricio Funes. Fortín Magaña también tiene claro que existe el espionaje en el país, sobre todo, de las instituciones a las cuales el gobierno del FMLN pudiera ver como enemigas.

¿Qué opina de la realidad salvadoreña, en lo político, en lo social? Se lo pregunto tomando en cuenta que estamos en medio de una clara polarización política.

Desde hace algunos años en lugar de ir avanzando las cosas han ido para peor, como una política sistematizada del gobierno, por lo menos del gobierno anterior. La confrontación entre un grupo y el otro se hizo más evidente y llegamos a un punto en donde la mitad uno llegó a odiar a la mitad dos, y viceversa. Realmente no hemos sabido reconciliarnos, sino que hemos llegado a odiarnos unos con otros.

¿Qué se debe hacer para superar esa polarización?

Es una cosa interesante, porque desde la perspectiva psicológica muchas veces esto hace que la ciudadanía quede sin moverse, estática, porque saben que cuando digan algo van a ser insultados por una parte importante de la gente. De los políticos o de los troles que existen.

¿Ha identificado un caso de político que recurre a esto?

Sí, y los troles también, y volvemos a la misma historia. Cuando yo oí al alcalde de San Salvador hablar de la nueva forma de hacer política, por un instante tuve la ilusión de que habría una nueva forma de hacer política, pero cuando me doy cuenta de que la nueva forma de hacer política es parecer muy simpático, pero por atrás tener troles o una serie de atacantes que hablan mal lo que él no se atreve a decir públicamente, cuando un personaje no comprende el concepto de la democracia y en una conferencia de prensa excluye a los que no le son simpáticos, por alguna razón, entonces yo no veo una nueva forma de hacer política. Simplemente veo la misma grotesca forma de imponer las ideas e intentar destruir al adversario convirtiéndolo en su enemigo.

¿Es un riesgo para la democracia esta clase de político?

No hablando de una persona en concreto, ya hablando de forma general ese es uno de los grandes riesgos. Cada uno se va enconchando en su propia esquina creyendo que todo lo que uno dice está mal y que todo lo que él diga está bien. Cuando esto sucede se va perdiendo el contacto con la realidad porque ya no se es capaz de escuchar la crítica, porque se considera a la crítica como un acto de enemistad, por lo tanto cada uno de los políticos se ha ido aislando del sentir popular. Entonces se tiene a un FMLN que dice que representa al pueblo, pero no oye nada de los intereses del pueblo. Cuando cada uno de los partidos políticos se ha ido aislando por ver en todos los contrarios a sus enemigos, los mismos partidos han perdido el contacto con la población, y al perder ese contacto con la población, la población comienza a buscar algunos líderes que pudieran de alguna manera y ahí el peligro de los liderazgos caudillismos no siempre sanos. Hay que tener cuidado con los líderes caudillos. Ahí apareció Hugo Chávez en Venezuela y así pueden aparecer algunos caudillos que aparentan tener algún interés por la población, pero no lo tienen.

La corrupción es algo que nos golpea cada vez más frecuentemente, ¿cree que se está combatiendo?

Creo que hay algunas señales, algunos intentos para combatir digamos el aspecto relativo a la corrupción. Lo que pasa es que dentro de la impunidad que ha imperado en la tierra cuscatleca, en la clase política también ha habido una especie de arreglo tácito entre esos corruptos. Quiero aclarar que hay políticos responsables; pero muchos se han distinguido por la corrupción. Resulta chocante oír el cinismo de cómo algunos políticos tachados de corruptos hablan del prójimo.

¿Qué políticos se han distinguido por la corrupción?

Sabe perfectamente de quién estoy hablando. En este último período me parece totalmente chocante que el inquilino de Managua, me refiero al (expresidente Mauricio) Funes esté hablando que a los trabajadores que hay que defender su salario mínimo, mientras tiene, seguramente, en la mesa en la que escribe con su computadora o lo que sea, una botella de Cognac Luis 13, de ¤5,000, que solo la botella vacía vale como ¤800 porque es del cristal más fino del mundo.

¿Quién está fallando en el combate a la corrupción? ¿Cree que la Asamblea está actuando en consonancia con el combate a la corrupción o en consonancia con la corrupción misma?

A lo mejor están actuando en consonancia de la corrupción algunos de ellos. Yo tengo mis dudas en el quehacer de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo con la aprobación de un Presupuesto General de la Nación que está desfinanciado. Los salvadoreños nos hemos vuelto complacientes con todo esto y llega el momento en que todos luchemos contra la corrupción dejando de ser espectadores. En las últimas semanas se ha denunciado una serie de casos de posible espionaje a instituciones que el Gobierno o el FMLN considera oposición. ¿Cree que hay espionaje? Evidentemente hay un espionaje. Ahora llama la atención que el Gobierno se desliga de esto sin ninguna investigación. Cuando uno encuentra que hay un acto sistemático en donde todos los enemigos potenciales del Gobierno están siendo espiados, en un país civilizado esto sería una crisis nacional, pero en este caso la diputada (Jackeline) Rivera se burla de esto. El señor dizque de Transparencia, y subrayo dizque porque no hay ninguna transparencia, dice que no hay ningún problema, el señor (Eugenio) Chicas dice no hay problemas. Lo que me parece inaudito es que se diga que no se va a investigar, que aparezca un aparato de espionaje y el Gobierno diga que no va a investigar nada.

¿Como Movimiento Libertad qué proponen para solucionar todos estos problemas?

Nuestras reuniones tienen que ver del porqué la población no hace nada. Ese es el sentido de este movimiento, hagamos algo. Nadie, si no es la misma población civil, puede empoderarse y decirle a los políticos que son empleados de nosotros y tenemos derecho a exigirle y decirle que no se está de acuerdo con esto o lo otro. Este es un movimiento político que pretende empoderar a los ciudadanos. No toleramos más la corrupción.

 

Perseguidos por causa de la justicia. De Mario Vega

El ataque no desalentará a estos pastores valientes que han decido ser fieles testigos del Señor justo y hacen suya la bienaventuranza de quienes son perseguidos por causa de la justicia.

SEl pastor Mario Vega asegura que recibió amenazas entre enero y febrero de este año, por medio de la cuenta en Facebook Héroe Azul El Salvador. | Foto por EDH/ Archivo

Mario Vega, pastor de ELIM

Mario Vega, 22 diciembre 2016 / EDH

En 1998 un grupo de abogados cristianos hondureños se reunió con el propósito de reflexionar sobre las implicaciones de la vida cristiana.

Llegaron a la conclusión que quedarse pasivos ante la realidad hondureña sería negar la fe. Desde sus profesiones decidieron convertirse en una voz profética que llegara a la sociedad con el reclamo divino de justicia. Su involucramiento en la solución de los problemas sociales nació de un reconocimiento del ser humano como un ser con pasado, presente y futuro; un pasado que Dios puede perdonar, un presente que los cristianos deben ayudar a mejorar, y un futuro eterno que Dios tiene asegurado. Fue así que se organizaron en la Asociación para una Sociedad más Justa. Parte directiva del movimiento son los pastores Alberto Solórzano y Jorge Machado. Desde entonces, se han enfocado en la investigación y monitoreo del desempeño del sistema gubernamental de justicia, regularización de tierras y uso de los fondos públicos.

diario hoySus investigaciones en los sistemas de salud y educación impulsaron a la ciudadanía a presentar muchas denuncias. A la vez, se produjo la necesidad de brindar asesoría legal a las víctimas o testigos para investigar, documentar y presentar las denuncias ante las instancias correspondientes y darles seguimiento hasta obtener resoluciones. Como resultado de ese trabajo trece funcionarios de gobierno han sido procesados judicialmente incluyendo a un exministro de Salud.

En abril de 2016 impulsaron un proceso de monitoreo y documentación de casos de corrupción al interior de la Policía Nacional Hondureña. Fruto de ese impulso fue la creación, por parte del Estado, de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración de la Policía Nacional. Los pastores Alberto Solórzano y Jorge Machado fueron llamados para ser parte de la misma. Hasta el presente, la Comisión ha logrado la suspensión de 419 policías, muchos de ellos oficiales, por su involucramiento en casos documentados de corrupción. La reacción era de esperarse y las amenazas a muerte comenzaron a llegar.

En junio los pastores recibieron una amenaza escrita que decía “Va a pagar duro” junto a la imagen de una persona asesinada al interior de un vehículo. Esas amenazas pasaron a los hechos el pasado 15 de diciembre cuando el pastor Jorge Machado y su esposa volvían a casa después de una reunión en la que se había informado de la suspensión de otros catorce policías más implicados en actos de corrupción.

Desde una camioneta negra fueron atacados a tiros pero el pastor Machado y su esposa resultaron ilesos, no así sus custodios, uno de los cuales falleció y otro se encuentra gravemente herido.

Los hechos responden a una lógica muy elemental que apunta a que el ataque fue una represalia de grupos de policías violentos y corruptos que se ven amenazados por los esfuerzos de estos cristianos evangélicos que contribuyen a que el sistema gubernamental funcione y sea más justo para los más vulnerables. Para ellos, buscar la justicia es obedecer a Dios quien a través del profeta ordenó “guardar el derecho y hacer justicia” (Isaías 56:1). El ataque no desalentará a estos pastores valientes que han decido ser fieles testigos del Señor justo y hacen suya la bienaventuranza de quienes son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, tal como lo dijo Jesús de Nazaret.

¿Año de la antipolítica? De Ricardo Avelar

ricardo avelar.jpgRicardo Avelar, 21 diciembre 2016 / EDH

Han pasado ya casi seis años del inicio del periodo más agitado de la historia política reciente.

Con el advenimiento de nuevas formas de comunicarse y el acercamiento de los funcionarios a los ciudadanos por medio de redes sociales -además de una inusitada capacidad de convocatoria-, 2011 se constituyó como el primer año de la sociedad civil.

Desde las calles de Túnez, pasando por la Plaza del Tahrir en El Cairo y hasta algunos parques en Madrid y San Salvador, ese año dio muestras de una verdadera indignación global por cómo se manejaba la cosa pública y parecía que por fin la ciudadanía se apropiaba de sus espacios.

diario hoyEn el norte de África, en ese año cayeron los regímenes de Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto y Muammar Gaddafi en Libia. El mundo explotó temporalmente en júbilo al ver que una de las regiones más propensas a los caudillos estaba empezando a expulsarlos.

Sin embargo, años después vemos que todos los indicadores de institucionalidad, estado de derecho e incluso seguridad han desmejorado en estos países. ¿No fueron suficientes las primaveras? ¿Qué hizo falta?

Hago esta reflexión a diez días del final de un turbulento 2016 en El Salvador. En los últimos doce meses, acompañados de una Fiscalía firme, una Corte Suprema valiente y poderosas herramientas de acceso a la información, se han ventilado casos de corrupción que llegan hasta esferas que siempre consideramos intocables.

Este año ha sido el del destape a la corrupción y clausura dignamente el ciclo de ciudadanía que inició en 2011, con el tristemente célebre decreto 743.

Este no es momento de dormir victoriosos en los laureles. Como ciudadanía, como prensa y como comunidad internacional se debe continuar la titánica tarea de exponer el mal uso de los recursos y las actitudes poco democráticas de quienes nos gobiernan.

Habiendo dicho esto, para el año que entra, me parece que los dos retos principales ya no residen exclusivamente en el terreno de juego de la sociedad civil, sino en el poder judicial y los partidos políticos, para así complementar los incipientes avances en la consolidación institucional del país.

El mismo Fiscal General ha expuesto que pese a las completas investigaciones de corrupción y crimen organizado, entre muchos otros delitos, hay tanta podredumbre en el aparato judicial (o “clicas de jueces”, como él las llamó) que muchos casos nunca llegan a su fin.

Sin la certeza de castigo, hay pocos incentivos para dejar de ser corrupto. Además, el entusiasmo ciudadano se desinfla al ver que las investigaciones bien fundamentadas terminan en… nada.

Esto le permite a los corruptos ganar la batalla mediática, pues al no haber condenas firmes, siguen siendo inocentes y pueden repartir la perorata oportunista de la “persecución política”.

Por otra parte, los partidos políticos nos han demostrado no ser dignos de nuestra confianza. Estos no han hecho mérito alguno para considerarlos entidades consistentes y apegadas a un ideario concreto. Más bien parecen sujetos a un interminable y fatal cálculo de conveniencias.

Es urgente su fortalecimiento para tener mecanismos serios de transformación de demandas ciudadanas en políticas públicas y proyectos de ley.

De no suceder esto, transitaríamos el peligroso camino de la antipolítica, donde el descontento ciudadano y las crisis de seguridad y economía terminan siendo retomadas por “líderes” carismáticos ansiosos de concentrar el poder y multiplicar su vanidad.

Al entrar a 2017, la ciudadanía salvadoreña está en un enorme punto de inflexión. Puede, por un lado, consolidar su lucha contra el mal gobierno, apoyando el fortalecimiento institucional y acuerpando a los funcionarios que se ven bajo ataques cada vez que muestran independencia. Puede, además, exigirle a sus partidos seriedad y discursos coherentes con la realidad.

De no hacerlo, 2017 se convertiría en el año de la antipolítica y la impunidad, en el que un país completo se dejó llevar por cantos de sirena y terminó estrellado en las rocas del caudillismo. En el que un país estuvo tan cerca de ser ejemplar, pero volvió a su estado típico de miseria institucional.

La primavera árabe de 2011 ya nos dio sus lecciones. No solo se trata de derribar a los corruptos, autoritarios y abusivos y luego volver al sofá. Si no se construye la institucionalidad necesaria, nos habremos curado de una gripe para que nos dé una neumonía institucional.

@docAvelar

Columna transversal: Robo es robo. De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 16 diciembre 2016 / EDH

Todo el mundo habla de corrupción. Detrás de la palabra corrupción se esconden todos los delitos donde un funcionario público consigue beneficios personales, aprovechándose de su cargo. La gama de actos de corrupción va de robar dinero del Estado hasta recibir sobornos para favorecer a terceros, o cobrar comisiones sobre contratos del Estado.

Cuando un funcionario se apropia de fondos públicos, los juristas hablan de malversación de fondos o de peculado. Pero estos son términos técnicos y jurídicos para un hecho simple que hay que llamar por su nombre: robo. Si las acusaciones contra Tony Saca y su secretario privado Elmer Charlaix se comprueban, nos seguirán hablando de malversación o peculado, pero de hecho habrán cometido un robo al Estado. O sea, a nosotros. Y así hay que llamarlo.

diario hoyLa otra forma de corrupción que un funcionario puede cometer es apropiarse de fondos de terceros, normalmente de empresas. El funcionario lo puede hacer cobrando comisión sobre un proyecto público. Ahí nos van a hablar de negociación ilícita: Yo te consigo el contrato (para diseñar,  ejecutar o supervisar) un proyecto de construcción, o yo te consigo la concesión de un servicio – y tú me vas a dar a mí un porcentaje del monto que cobrás al Estado. Los juristas van a pelear si este delito es cohecho, tráfico de influencia, negociación ilícita, o la combinación de todos, pero en el fondo siempre es un vil soborno: alguien compra la voluntad del presidente, ministro o funcionario con poder, para beneficiarse del Estado y sus fondos.

Igual es soborno cuando alguien paga al funcionario para que no le sancione, no le investigue, o para que tome ciertas decisiones que le favorecen económicamente. Lean las noticias sobre el caso del exfiscal Luis Martínez, y entenderán qué es soborno… Está acusado de cobrar soborno a Enrique Rais y a Mauricio Funes para manipular la justicia. Y a saber a quiénes más…

En todos estos casos de soborno, el funcionario se enriquece de fondos privados (a menos que el que compra la voluntad del funcionario corrupto es otro funcionario, como en el caso del pago mensual que los presidentes Funes y Sánchez Cerén hicieron llegar al exfiscal Luis Martínez según dijo). Pero aunque el soborno salga del bolsillo privado, siempre hay un daño directo al Estado. Para pagarle a un ministro de Obras Públicas 10 o 15 % de comisión sobre proyectos de construcción, antes tienen que inflar los costos. O cuando sobornan a un funcionario para que no investigue delitos económicos, o para no sancionar empresas que cometieron faltas, el Estado deja de percibir ingresos.

Usualmente el costo colateral de la corrupción es mucho más alto que el costo directo del soborno: El presidente Funes habrá usado tal vez 1 millón de fondos públicos para sobornar al fiscal Luis Martínez para que inicie una persecución jurídica contra la empresa italiana ENEL y contra un grupo de exfuncionarios de ARENA – pero el daño que esto hizo a las finanzas de la CEL, de la GEO y del Estado es mil veces más grande que la suma que Funes ilegalmente y presuntamente pagó a Luis Martínez.

Llegamos al tema de los sobresueldos. Lo que Funes y Sánchez Cerén presuntamente pagaron a Luis Martínez no es sobresueldo. Es un vil soborno. Casa Presidencial no tiene nada que ver con el sueldo de un fiscal (o magistrado, o diputado, o cualquier otro funcionario de un órgano del Estado que por Constitución debe ser independiente del Ejecutivo). Se trata de soborno la compra de voluntad de un funcionario cuyo deber es controlar al gobierno, es un acto anticonstitucional. Igual será si en algún momento se comprobaría que desde los maletines negros de la presidencia se han comprado diputados, con el fin de que abandonen la oposición y voten en favor del gobierno.

El término de sobresueldo solo aplica cuando el que paga el salario de un funcionario paga algo extra. Puede ser una forma de atraer a profesionales que fuera del gobierno ganan más que el salario asignado en el servicio público. Pero puede ser también una forma de comprar silencio y complicidad de un funcionario. En este caso también es soborno.

¿En qué categoría cae la práctica de la Asamblea de otorgar donaciones a fundaciones o asociaciones, de las cuales se benefician ciertos diputados o sus familiares (como en el caso de Guillermo Gallegos), o sus partidos? Puede ser que hubo negociación ilícita, puede ser que hubo financiamiento ilícito de partidos, puede ser que hubo malversación de fondos. Depende de lo que arrojen las investigaciones que deberían hacerse en todos estos casos. Pero no nos dejemos enredar en terminología jurídica: es otra forma de robo y de soborno.

La palabra que más suena en el contexto de la corrupción es enriquecimiento ilícito, por una simple razón: la actual lucha contra la corrupción no nace en la fiscalía, sino en la Sección Probidad de la Corte Suprema. Y su vehículo jurídico es la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito. Pero ya sabemos que detrás de este término jurídico siempre hay un robo o un soborno. Repito: Hay que llamar las cosas por su nombre.

La pérdida de la vergüenza. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 12 diciembre 2016 / EDH

En vista de que últimamente se está poniendo de moda buscar fondos perdidos (y encontrarlos en lo más profundo de las cuentas bancarias de funcionarios, amigos, prestanombres, maletines negros, y múltiples etcéteras), deberíamos establecer una comisión que busque también algo sumamente valioso que se ha perdido en nuestro país: la vergüenza en los funcionarios públicos.

No, no la inocente que causa sonrojos. Hablo de la vergüenza como aquello que turba el alma cuando se hace pública una acción propia deshonrosa. La que quema por dentro y que funciona como mecanismo de disuasión que hace que muchos se abstengan de seguir sus propios impulsos. Esa, la han perdido muchos de nuestros funcionarios salvadoreños. El ejemplo perfecto es el del recién estrenado presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado por GANA Guillermo Gallegos, que, en teoría y según la manera que hemos decidido diario hoyseparar los poderes en nuestra república democrática, es una de las más altas autoridades en nuestro país y el encargado de dirigir a la legión de representantes que hablan por nosotros a través de sus posiciones en la legislatura. Cuando luego de una investigación periodística el periódico digital El Faro le preguntó sobre el casi medio millón de dólares del erario nacional que habían ido a parar a una oenegé de su esposa (una decisión que contó con el respaldo legislativo del diputado, antes de que fuera presidente), Gallegos se lavó las manos con un “desconozco”.

No que haya ilegalidad, pero el conflicto de intereses es palpable y repugna, más si se le agrega que la oenegé no puede comprobar los resultados de los miles de dólares públicos invertidos en ella. Con independencia de si su esposa sigue o no en la organización, uno esperaría por lo menos que la vergüenza hubiera actuado como mecanismo y que el diputado se hubiera aunque sea abstenido. O que el resto de diputados hubieran señalado el conflicto de interés. Pero nadie lo hizo. La pérdida de la vergüenza entró en efecto y se repartieron los fondos. Y cuando se compara con la manera en que opera la vergüenza en los funcionarios de otros países, dan ganas de llorar. En 1995 en Suecia, la viceprimer ministra Morena Sahlin renunció, inmediatamente, luego que se descubriera que usó su tarjeta de crédito oficial para comprar… ¡dos barras de Toblerone! Esta es la vergüenza inexistente en funcionarios salvadoreños cuando se revientan viáticos provenientes del esfuerzo del contribuyente en tiendas de lujo en sus viajes oficiales, tal y como reveló la revista digital Factum acerca del exfiscal Luis Martínez.

Y uno pensaría que si algunos de ellos no tienen vergüenza, quizás los restantes funcionarios (diputados, o quienes les llevan la contabilidad) tendrían la vergüenza donde se debe y dirían algo para parar semejantes descaros. Desgraciadamente, también quienes les rodean han perdido la vergüenza. Es un requisito que se exige como entrada al exclusivísimo club de las colas pateadas, una especie de sociedad secreta (o suciedad secreta) en que el solaparse mutuamente irregularidades fiscales y otros amaños adyacentes a la ilegalidad es la actividad principal. La solución es que si ellos ya perdieron del todo la vergüenza, que por lo menos nosotros como electorado la conservemos y la usemos para no volver a darles nuestro voto.

@crislopezg