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¿Están cayendo en la misma trampa? De Carlos Ponce

19 junio 2019 / EL DIARIO DE HOY

Estar expuestos de forma prolongada a altos niveles de delincuencia afecta cómo percibimos a los victimarios, a las víctimas y al Estado. La desesperación y angustia nos llevan a favorecer y, a veces, hasta exigir, un tratamiento más contundente, agresivo y duro del problema. Incluso estamos dispuestos a sacrificar garantías ciudadanas con tal de dotar al Estado de herramientas para que derrote a los criminales. Sin embargo, esto, sin excepción, produce un efecto totalmente opuesto al esperado. El problema no se resuelve, se empeora.

Este tipo de circunstancias son un sueño hecho realidad para los políticos populistas y los asesores en comunicación, ya que pueden explotar fácilmente la desesperación de la ciudadanía para ganar réditos políticos. La gente no solo pide a gritos ser rescatada por el gobierno, sino que, además, está dispuesta ceder lo que sea para ser salvada. Las condiciones están dadas para crear una narrativa que venda a los funcionarios de gobierno como héroes y pinte su abordaje del problema de inseguridad, por descabellado y malintencionado que sea, como una épica batalla entre el bien y el mal.

La receta siempre es la misma, no importa el país. Primero, se crean unidades especiales dentro de la policía, se despliegan a las áreas problemáticas y realizan actividades sumamente visibles. Las unidades se proyectan con una imagen intimidatoria que de la percepción de contundencia a través operativos masivos y capturas de delincuentes que se pintan como terribles villanos.

Muchos pueden pensar ¿Y qué? ¡Esto es lo que necesitamos para resolver el problema! La realidad, sin embargo, es que se trata de una ilusión. Hay ejemplos de sobra en nuestro país que demuestran que seguir esta receta empeora el problema y no lo resuelve. Mano Dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias, por ejemplo, todas agudizaron el problema.

Hay muchas razones para explicar por qué no sirven estas medidas. La predominancia de lo mediático sobre lo técnico, por ejemplo. Los asesores en comunicación se vuelven los directores de la orquesta, cometiendo errores desastrosos. No ven, por ejemplo, las devastadoras consecuencias de los mega operativos, las redadas masivas y los despliegues de contingentes policiales. Estos venden el abordaje, pero no arreglan el problema.

Es importante ponerse por un momento en los zapatos de las personas que viven en las comunidades asediadas por pandilleros. Estas personas tienen que escoger a qué gobierno obedecer ¿Al gobierno elegido por el electorado o al gobierno ilegítimo establecido por la pandilla? ¿Cuáles leyes obedezco? ¿Pago la extorsión o la denuncio? Al final, la decisión depende de cuál de las opciones implique menos incertidumbre. Aquí es donde los abordajes mediáticos de la inseguridad agudizan el problema.

Diferentes estudios demuestran que los policías que patrullan zonas de alta incidencia delincuencial son relativamente más irrespetuosos, agresivos e impacientes. Se comportan así porque perciben que están en un territorio hostil. Esto distancia a la ciudadanía del estado. Las capturas masivas generalmente no son sustentadas con pruebas robustas, por lo que la mayoría detenidos terminan saliendo libres. Entonces, no solo la gente de estas comunidades ve con desconfianza a los policías porque los trata mal, sino que los percibe como inefectivos. Sampson y Bartusch utilizan el término cinismo legal para describir cómo la gente pierde la fe en Estado para resolver sus problemas de inseguridad.

Bajo estas circunstancias, la elección que implica menos incertidumbre es el gobierno ilegítimo de las pandillas, ya que el castigo por romper sus reglas es contundente y certero.

El comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía, aseguró esta semana que el presidente ha ordenado que se enfoque en la represión. Es importante que defina exactamente qué significa eso para pronosticar con certeza si el problema se agudizará más o no.

Debate sobre la CICIES: La manzana podrida y la salud del resto. De Carlos Ponce

Urge que la sociedad (partidos, academia, organizaciones civiles, gremios, medios) discuta el concepto y los pros y contras de una CICIES. El gobierno entrante ha puesto este tema en la agenda del día, como una de sus prioridades – aunque la idea de instalar en El Salvador una comisión internacional que ayude a investigar la corrupcn y as prevenir la impunidad viene de mucho antes y surgió de la Sociedad Civil.
¿Qué competencias puede tener una CICIES sin violar normas constitucionales? ¿Cómo evitar que se vuelva instrumento de lucha política en manos del Ejecutivo? ¿Cómo sería la relación entre Fiscalía General de la República y CICIES?
Todos estos termas (y otros) tienen que abordarse, aclararse y concertarse, antes de que se pueda pensar en instalar una CICIES.
Vamos a acumular en este blog todas las aportaciones racionaes a este debate necesario.

Segunda Vuelta

13 febrero 2018 / EL DIARIO DE HOY

La confianza con la que la ciudadanía ve al gobierno se la tienen que ganar los funcionarios. Es algo que simplemente no se puede autoproclamar o exigir. Los ciudadanos confían en el gobierno según perciben las acciones y posturas que adopta el Ejecutivo a través de su gabinete. Si se perciben como objetivas, íntegras, justas, transparentes y rectas, la gente confía en ellos y en el gobierno. Cuando los funcionarios dan señales de ser parcializados, injustos, incorrectos, turbios, interesados o falsos, la ciudadanía no confía en el gobierno y hasta pone en duda la legitimidad de la autoridad conferida al Estado.

La desconfianza es contagiosa. Basta con tener un funcionario en el que la gente no confíe para que se generalice a todo el gobierno. Una manzana podrida no es vista como prueba de que el resto, que se ven sanas, realmente lo están, sino como síntoma de que todas, a pesar de verse frescas y saludables, secretamente están igual de arruinadas. Esta contaminación es una de las principales razones por las que los candidatos de ARENA y el FMLN obtuvieron tan malos resultados en las pasadas elecciones.

La CICIES, uno de los proyectos con que Nayib Bukele promocionó su campaña, así como está planteada hasta este momento, tiene el potencial de convertirse en una perfecta ilustración de la analogía de la manzana podrida. Hay varios detalles que le restan objetividad, integridad, transparencia y rectitud a la principal apuesta en la lucha contra la corrupción del nuevo gobierno. Es sumamente importante prestar atención a estos detalles si la intención es genuina.

El más importante tiene que ver con quién controlará el proyecto. Según lo han dado a entender, el Ejecutivo pretende tener control absoluto, designando como encargado a Félix Ulloa, vicepresidente electo. Ambas decisiones restan confianza al proyecto. La nueva entidad dependería del sistema al que pretenderá vigilar e investigar. Eso sería repetir el error que se cometió al subordinar la Inspectoría de la PNC al director general, sabiendo cómo esto la debilitó, solo que las consecuencias serían mucho más graves. Mantener el mando del ente contralor se interpreta como que se continuará con la práctica de aparentar luchar contra la corrupción seleccionando objetivos simbólicos a quién meter presos, mientras, a escondidas, se crea su propia red de corruptos.

La mejor forma de implementar este proyecto es que el mismo Bukele predique con el ejemplo, sometiéndose él y a sus funcionarios al escrutinio de la nueva entidad. Esto es imposible si mantiene el control del proyecto. Las actuaciones del actual secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, son un vivo ejemplo de que mantener al contralor bajo el mando del controlado es una receta para garantizar la impunidad de los funcionarios en el poder, atacar a los adversarios políticos y erosionar la confianza ciudadana.

Esta iniciativa generará confianza para el resto del gobierno en la medida en que: 1) funcione de forma independiente, sin estar subordinada al ejecutivo o a las influencias partidarias; 2) la persona que esté al frente del proyecto debe ser alguien que goce del respeto y reconocimiento de todos los sectores; 3) no usurpe las funciones de la FGR sino que las complemente y monitoree. Estas tres cosas requieren un replanteamiento del diseño del proyecto y exigen un mecanismo para que la persona encargada no sea nombrada de dedo, sino que su designación sea el resultado de un amplio consenso que no esté sujeto a las influencias partidarias. Si se pretende implementar como se ha descrito, la ciudadanía perderá la confianza, primero en el proyecto y progresivamente en el nuevo gobierno.

@_carlos_ponce

Buenos consejo a Carlos Calleja. De José Miguel Fortín, Guillermo Miranda Cuestas, Carlos Ponce

Al oído de Carlos Calleja. De José Miguel Fortín Magaña

26 abril 2018 / La Prensa Gráfica

Hoy recuerdo nuevamente aquella lectura sobre los generales victoriosos entrando en Roma, conduciendo una cuadriga, mientras un sirviente sostenía ante sus cabezas una corona de laureles, al paso de la multitud que los alababa, en tanto ese mismo esclavo les susurraba que no debían olvidar que eran mortales. Esa costumbre no solo era sabia, sino necesaria. Ojalá que hoy, los políticos triunfantes tuvieran la suerte de contar con un verdadero amigo que les advierta sobre los peligros del Poder, dado que sin duda contarán siempre con innumerable cantidad de aduladores.

Escribo al oído de Carlos Calleja en estas páginas, porque probablemente nunca lo haré personalmente, debido a mi desinterés por el halago; y porque, desafortunadamente estoy seguro, ya ha sido cuasi secuestrado por una inmensa pléyade de serviles aduladores que solo le dirán lo lindo, bueno y eficiente que resultarán todas sus acciones, desde aquí, hasta 2019.

Mire, Carlos, nos guste o no, usted deberá enfrentar a los verdaderos enemigos de la democracia solo. Si gana, por cinco años se rodeará de miles de falsas amistades que le endulzarán el oído y se reirán de cuanto chiste haga; para después, cuando pase su período, olvidarse de su existencia. Si pierde, verá ese silencio mucho más pronto de lo que cree; y en menos de un año, los que hoy lo vitorean, lo habrán abandonado.

A partir de este momento, su nombre se ha vuelto público y sus enemigos, los verdaderos, buscarán hasta debajo de las piedras para atacar su imagen, para ridiculizarlo y para encontrar flaquezas donde las haya.

Ahora que la contienda interna ha terminado, permítame (hablando con la franqueza que me caracteriza) decirle que usted me pareció una persona sincera hace ya varios meses cuando hablamos; y que esa opinión no ha cambiado; pero que creía y todavía lo hago, que se equivoca al no querer confrontar aun cuando dos ideas esenciales se yuxtapongan, como por ejemplo cuando la creencia en la libertad y en la República se oponen a la opresión y a la tiranía. Ahí no hay consenso que valga y debe uno estar dispuesto a defender la patria hasta con la vida. Supongo que por eso es que el himno de su partido reza que “libertad se escribe con sangre” (aun cuando esa frase sea incomprensible para el saliente alcalde de San Salvador) y por ello, porque el candidato de ARENA tendrá necesariamente que debatir sus ideas contra los postulantes de otros institutos políticos y particularmente y en su oportunidad contra el señor Bukele, es que lo invité a conversar; pero según entiendo, usted (o alguien cercano a su persona) lo interpretó como un acto de hostilidad por mi parte, lo que siento mucho. Hoy temo por quienes han empezado a rodearlo. ¡Huya de la lisonja y de la zalamería!; se equivoca si considera que quienes lo adulan son siempre sus amigos, o si cree que quienes hacen crítica constructiva son siempre sus enemigos. Si permite un último consejo de alguien que nada busca, sino ver la luz, como Diógenes; rodéese de un equipo capaz y técnico; pero ante todo, que esas personas sean gente recta y honesta, que adoren a Dios, veneren la Patria y sirvan al Pueblo.

Aunque yo no esté de acuerdo con usted en muchas cosas, le deseo lo mejor.

La encrucijada de Carlos Calleja. De Guillermo Miranda Cuestas

27 abril 2018 / El Diario de Hoy

Los proyectos políticos, como la vida cotidiana, están llenos de encrucijadas. Al final de las elecciones, no faltan los analistas que crean narrativas sobre cómo ocurrió cierto resultado a partir de las decisiones acertadas y desacertadas de cada candidato. Esta serie de columnas busca anticiparse a ese cómodo análisis retrospectivo e identificar, a medida aparecen los candidatos a presidir el Estado salvadoreño, sus encrucijadas. Y el primero de la lista es Carlos Calleja.

Parado en la usual tarima de la sede de ARENA, revestida de los tres colores abanderados desde 1981, Carlos Calleja es proclamado como la apuesta de su partido a competir por la Presidencia de la República. Hay dos premisas que parecen ser ignoradas en la tarima tricolor. Primero, cientos de miles de salvadoreños están desencantados con esos y otros colores. Segundo, los hijos de los cincuentones y sesentones —aquellos nacidos o crecidos después del conflicto— no están desencantados necesariamente; muchos, nunca fueron siquiera encantados.

En el discurso, pareciera que Carlos Calleja admite estas premisas y fue estratégico al no plegarse a las líneas duras de negar pertinencia al diálogo y a la reconciliación. También en el discurso, Carlos Calleja plantea una “nueva era de acuerdos”, de cara a una nueva fase de la sociedad global —la economía del conocimiento— y en un país en el que las instituciones políticas han sido incapaces de consensuar, construir e implementar verdaderas apuestas al largo plazo.

Pero las frases de buenas intenciones y la mera retórica tienen un límite en el tiempo. El discurso de cambio será creíble en la medida en que se observen acciones concretas en al menos tres direcciones: un equipo de plan de gobierno de profesionales honestos, competentes y actualizados en el debate internacional alrededor del desarrollo y las políticas públicas; una coalición de movimientos sociales y partidos políticos que potencie la inclusión y la diversidad de pensamiento y además confirme su capacidad de construir acuerdos; y un liderazgo audaz y democrático en la agenda legislativa.

Los últimos dos puntos son los más complejos. El referente chileno es sumamente valioso para comprender que sí es posible trazar una agenda común entre conservadores y liberales. La ecuánime alianza de tres partidos —uno conservador que abandera el progreso económico, otro social cristiano que subraya políticas sociales de fondo y otro liberal que defiende minorías excluidas— ha definido la libertad, la justicia y la inclusión como principios centrales que ahora sigue el gobierno de Piñera. Con ello se ha diversificado la oferta política a distintos segmentos poblacionales y generacionales y al mismo tiempo se ha renovado el sistema de partidos en Chile.

Respecto a la Asamblea Legislativa, el panorama es muy desafiante. La sola elección de presidente del Órgano Legislativo ya expuso a funcionarios que tienen en su currículum los vicios de la ARENA anclada en prácticas inaceptables. Fue Norman Quijano quien votó por una Corte de Cuentas subordinada al PCN. Fue Margarita Escobar quien votó por un decreto en 2011 con el objetivo de paralizar a la Sala de lo Constitucional. Ambos se disputan ahora una silla que, dado el funcionamiento de la innecesariamente amplia junta directiva, tiene más sentido de privilegio que de servicio. Si bien el candidato no tiene responsabilidad en el ámbito legislativo, la credibilidad de una nueva forma de hacer política empieza en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo. Bajo esta lógica, la fracción legislativa de ARENA puede ser su principal aliada o su principal contrincante. Ahí podrá confirmarse si existe o no esa “nueva ARENA” que Carlos Calleja mencionó en su discurso de proclamación.

De la idoneidad de su equipo de trabajo, de la construcción o no de una coalición incluyente y de la capacidad de provocar una agenda legislativa al servicio del país, en decisiones vitales como la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional o de fiscal general, se entenderá si Carlos Calleja está proponiendo a los salvadoreños el regreso de ARENA al poder —la ARENA que gobernó por 20 años— o el ingreso de algo realmente distinto. Ahí su encrucijada.

@guillermo_mc_

La corrupción en la carrera por la presidencia. De Carlos Ponce

27 abril 2018 /El Diario de Hoy

Las elecciones internas para elegir candidato presidencial finalizaron el fin de semana pasado en ARENA. Los afiliados eligieron a Carlos Calleja, el más joven de los tres que participaron en el proceso. Al igual que los otros dos contendientes, Javier Simán y Gustavo López, Calleja no nunca ha trabajado en el sector público y, por lo tanto, no tiene se tiene que preocupar del efecto que esto tendría sobre la credibilidad de su discurso. Sin embargo, se ha rodeado de gente que si puede debilitar sus planteamientos. Entre quienes apoyan visible y abiertamente a Calleja hay personajes vinculados al pasado político que aborrecen los salvadoreños. Esto, sin duda, choca con la “Nueva Visión” propuesta por Calleja y con su postura de cero-tolerancia a la corrupción.

La corrupción será un tema clave para las próximas elecciones. La posición de los candidatos en relación con este problema tiene el potencial de ganarles o restarles muchos adeptos. Distintos instrumentos de medición indican que la ciudadanía percibe que la corrupción se ha agudizado. La gente no cree en los funcionarios públicos y, en general, en los políticos. Peor aún, los salvadoreños asocian la corrupción con la incapacidad de los funcionarios y, en consecuencia, con su poco interés de resolver los principales problemas que afectan diariamente a la gran mayoría, como la inseguridad.

Retomando dos de los términos utilizados frecuentemente por el joven empresario, Calleja aún está a tiempo para desechar el “círculo vicioso” del que se ha rodeado y cambiarlo por un “círculo virtuoso” de personas que valgan la pena. Solo así podrá prevenir que se contamine su discurso anticorrupción y pierda fuerza su “Nueva Visión” de país. Necesita buscar mujeres y hombres íntegros, honestos y capaces, para sustituir a los que solo debilitarán sus planteamientos. Si no lo hace, no logrará convencer a los que aún no le compran su discurso.

Aun así, Calleja tiene ventaja sobre los precandidatos que han salido a desfilar en el partido oficialista. A él no lo persigue la oscura sombra de haber sido un funcionario público. En cambio, Gerson Martínez y Hugo Martínez, las posibles cartas del FMLN, sí tienen ese problema. Ambos han sido parte de dos de los gobiernos más corruptos de la historia de El Salvador. Nunca abrieron la boca para criticar o denunciar a las redes de corrupción que carcomen el aparato estatal. Eso los hace cómplices o, cuando menos, plantea serias dudas sobre cualquier postura que adopten en su campaña en contra de la corrupción o las viejas prácticas políticas.

A Nayib Bukele también lo persigue el mismo fantasma. No fue hasta hace poco cuando empezó a hablar sobre corrupción y trinquetes políticos en el FMLN. Guardó silencio por demasiado tiempo. Esto no quiere decir que cualquiera de los Martínez o Bukele no puedan revertir su actual posición; lo pueden hacer, solo que les costará más tiempo y esfuerzo.

Muchos pueden tildarme de optimista al pensar que los candidatos no se van a dejar ir así como están y harán los cambios que vayan en contra de la corriente. No obstante, prefiero ser optimista y exigente. Estoy seguro de que la mayoría está de acuerdo con demandar más de los candidatos, exigirles que vayan más allá de las palabras bonitas y que acompañen sus discursos con acciones que demuestren su compromiso con desarticular las redes de corrupción en El Salvador y cambiar la forma de hacer política. Este es el reto que los salvadoreños debemos plantearles a los candidatos.

@_carlos_ponce

 

A propósito de las medidas “excepcionales”. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, 4 abril 2018 / El Diario de Hoy

Uno de los temas centrales para esta semana es la ampliación de las medidas “excepcionales”. La semana pasada argumenté, en esta columna, que los diputados de oposición no deben dar un cheque en blanco al oficialismo como lo han hecho durante los últimos dos años. Hacerlo contribuiría a que el aparato de seguridad se continúe acomodando a trabajar fuera del marco legal regular, haciendo uso del elevado nivel de discreción y poder que le otorgan las medidas, sin adquirir compromisos que garanticen su transitoriedad, la evaluación de su impacto, la fiscalización de su ejecución y la planificación e implementación de proyectos orientados a solventar las deficiencias que justificaron su aprobación inicial.

He escuchado a funcionarios de seguridad dar declaraciones irresponsables a los medios de comunicación, en las que tratan de descargar su responsabilidad de garantizar la seguridad de los salvadoreños en los diputados que se nieguen a prorrogar la vigencia de las medidas “excepcionales”. El discurso utilizado por los burócratas ha sido similar. Todos han pintado una imagen casi caricaturesca de peligrosos criminales que se frotan las manos en sus oscuras celdas, esperando que no exista una ampliación para hacer de las suyas. Esencialmente, intentan crear una narrativa en la que cualquier persona que cuestione la prórroga de las medidas se convierta en aquella que dejó la puerta del gallinero abierto para que lobo se diera gusto. Esto es inaceptable y los diputados de oposición no deben prestarse a este chantaje. Los responsables de cualquier cosa que suceda por quitar las medidas son los funcionarios que no aprovecharon los últimos dos años para prepararse para este este momento.

Escuché al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl Antonio López, ofrecer a los diputados que cuestionan la ampliación de las medidas, una visita a los centros penitenciarios, como muestra del impacto que éstas presuntamente han tenido. Este gesto ilustra perfectamente uno de los principales problemas de los que adolecen las políticas públicas salvadoreñas: carecen de un componente robusto de fiscalización y evaluación técnica y objetiva. Entender la necesidad de incluir un componente de evaluación a cualquier proyecto, marcó un punto de inflexión en el progreso de las naciones más desarrolladas. El impacto de un proyecto no se determina con visitas de cinco minutos. La medición y evaluación de impacto requiere de una serie de indicadores previamente seleccionados para recolectar información que permita aplicar métodos cuantitativos y/o cualitativos para llegar a conclusiones técnicas.

Otros funcionarios oficialistas han hecho comentarios similares a los de López. Siempre que se les cuestiona sobre cuáles son los parámetros para medir la efectividad de las medidas “excepcionales”, ofrecen respuestas ambiguas e invitaciones a visitar recintos u oficinas. Es evidente que no se pensó (o no se quiso pensar) en eso. Nadie tiene idea de qué impacto han tenido estas medidas. Los homicidios han continuado, las pandillas han incrementado su control e influencia en las calles, las extorsiones no cesan y así se puede continuar con la lista de problemas de seguridad que permiten cuestionar los resultados de las medidas y plantear la necesidad de contar con un componente de evaluación y fiscalización robusto.

Este debería ser uno de los temas en los que los diputados de oposición se tienen que enfocar. Antes de ampliar cualquier medida temporal o financiamiento deben de crear un mecanismo de fiscalización y evaluación que permita determinar su impacto y amarre a las instituciones públicas que se benefician a compromisos concretos. Así la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer, por ejemplo, si el millonario impuesto a las comunicaciones ha sido invertido en cosas que han tenido un impacto o si el acompañamiento de la Fuerza Armada hace una diferencia significativa en el terreno. Antes de aprobar cualquier otra cosa, los diputados deben de crear un ente que tenga estas facultades y capacidades. Estoy seguro que el sector académico estará presto a colaborar.

El nuevo diputado que necesita El Salvador. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, 28 marzo 2018 / El Diario de Hoy

El debate sobre la renovación de las medidas “excepcionales” marcó las vísperas del inicio de las vacaciones. La discusión permanecerá guardada hasta que finalicé la Semana Santa. Considerando que la mayoría de los diputados del principal partido de oposición, ARENA, fueron reelegidos y, en consecuencia, constituirán el grueso de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa durante el nuevo período, su postura en este tema tiene el potencial de definir el rumbo y enfoque del primer órgano del Estado para el próximo año.

Los voceros y funcionarios del oficialismo, como era de esperarse, aparecieron en los medios de comunicación solicitando y justificando la ampliación de la vigencia de las medidas. Los diputados de oposición, por primera vez, no se mostraron del todo dispuestos a aprobar su prolongación. No obstante, su postura fue un tanto ambigua, ya que insinuaron que valía la pena que algunas de las medidas se mantuvieran. Dejaron abierta la posibilidad de realizar una ampliación selectiva.

Después de años de vivir subordinados a las pandillas, los salvadoreños favorecen cualquier abordaje que se proyecte como una solución drástica que provea a las autoridades de una mayor capacidad para controlar y castigar a dichos grupos. Esta actitud es completamente comprensible, pero peligrosa. Sucumbir ante este instinto natural, sin evaluar las consecuencias de las acciones adoptadas, puede agravar el problema en lugar de solucionarlo. Igual que las personas que se ven tentadas a tomar medicina para quitarse el dolor de un apéndice inflamada, en lugar de ir donde un médico a que determine cuál es el problema y lo trate correctamente, la desesperación de la ciudadanía puede llevarla a favorecer medidas que en apariencia erradiquen la inseguridad, pero que en realidad la escondan y contribuyan a que se agudice.

Lastimosamente, esto es lo que ha pasado. Las autoridades de turno venden estrategias cuestionables como soluciones extremas para atender la crisis en seguridad, prometiendo que su vigencia será temporal y que durarán solo hasta se logre controlar la situación. El detalle es que no resuelven el problema, ni siquiera lo debilitan. Además, al otorgar más autoridad y poder al Estado, lo hacen cómodo y, en lugar de buscar las formas de fortalecerse y formular soluciones inteligentes bajo su esquema de funcionamiento regular, solicite permanentemente la ampliación de la vigencia de lo que en un inicio se vendió como temporal.

Así es como, por ejemplo, la Fuerza Armada tiene años de desarrollar tareas de seguridad pública. Las consecuencias de esto son claras. Esta semana, por ejemplo, el periodista Carlos Monterroza entrevistó a David Victoriano Munguía Payés, ministro de Defensa, y su jefe de Estado Mayor, y las respuestas de ambos funcionarios dejaron en evidencia el peligroso desconocimiento que tienen en relación con temas operativos vinculados a la seguridad pública y a la investigación y persecución del delito. El impacto de esta ignorancia en el terreno, y los problemas que genera en términos de eficacia y eficiencia, son desastrosos. Sin embargo, la ampliación del apoyo castrense en tareas de seguridad sigue y continúa vendiéndose como una medida extrema para controlar los altos índices criminales.

Los diputados de oposición, en lugar de propiciar el estancamiento del aparato de seguridad con la aprobación ciega de medidas “excepcionales”, deben adoptar un rol más exigente. Resulta impopular cuestionar y negarse a la aprobación de estrategias que explotan la desesperación de la gente, pero es necesario hacerlo para fomentar la formulación de abordajes audaces. Similarmente, existe presión de los malos políticos y funcionarios (de todos los colores) para mantener mecanismos endebles de fiscalización, evaluación y contraloría, pero es necesario fortalecer todas las herramientas (y crear más) que nos aseguren que las instituciones trabajaran exclusivamente para beneficio de los ciudadanos.

El Salvador necesita diputados que favorezcan lo técnico sobre lo político y lo popular, que naden contracorriente en favor de los ciudadanos.

@_carlos_ponce

 

Lea también la Carta de Paolo Luers sobre el mismo tema

La disolución del GRP del partido oficial. De Carlos Ponce

Carlos PonceCarlos Ponce, 21 febrero 2018 / El Diario de Hoy

La Policía aún no ha esclarecido el caso de la agente Karla Ayala. Bueno, en realidad, la forma más acertada de plantear esta falta de efectividad es: el gabinete de seguridad no se ha atrevido a asumir el costo de revelar los detalles de lo que pasó esa noche en que la agente Ayala fue lesionada y desaparecida de las instalaciones del (ahora extinto) Grupo de Reacción Policial (GRP). Los rumores que circulan al interior de la Policía sobre el caso (y todo lo que orbita alrededor de este) son graves. La situación es tan delicada que hacen que la renuencia de las autoridades oficialistas a hacerse cargo abiertamente del caso sea entendible, pero nunca, jamás, aceptable. Tarde o temprano tendrán que dar explicaciones. Hay demasiado interés entre la comunidad internacional para que no sea así.

EDH logDetrás de la desaparición de la agente Ayala se esconde una descomposición sin precedentes dentro de la Policía, un caos del que difícilmente se puede regresar si se continúa en la actual dinámica. Entender las causas y motivaciones detrás de esto es vital para corregirlo lo antes posible. Los mismos policías expresan, en secreto, cómo el tiempo se le está acabando al gobierno para que la crisis sea virtualmente irreversible.

Preocupa que ante un problema de esta envergadura el oficialismo no reaccione con responsabilidad, transparencia y de forma técnica. Algunos guardábamos la esperanza de que se alcanzaría un punto de reflexión en el que la gravedad de la crisis haría reaccionar hasta a los más duros agentes partidarios que controlan al gabinete de seguridad. Después de todo, también sus familias viven en este país. No obstante, parece que son inmunes. Incluso en este caso han preferido aferrarse a las sesudas estrategias mediáticas con las que el oficialismo trata de engañar a la ciudadanía. Parece que nunca alcanzaremos un fondo que golpeé y despabile a los titiriteros que montan shows, aunque sean pésimo y poco creíbles, antes de emprender un esfuerzo genuino para solucionar los problemas que nos aquejan.

Este esquema de trabajo, que es eminentemente partidario, tiene ratos de prevalecer, solo que ahora se ha agudizado porque estamos en un año de elecciones y cualquier cosa que pueda influir de forma negativa el resultado de las votaciones, es tóxico para el oficialismo. La influencia partidaria en el manejo del aparato de seguridad es lo que ha descompuesto la Policía.

El GRP que acaban de deshacer no era el mismo que GRP que rescató exitosamente a tanta víctima durante la crisis de secuestro que vivió el país después de la guerra o el que se formó desvelándose y aguantando hambre en tanto operativo en contra de peligrosas estructuras criminales. Ese GRP, galardonado y reconocido a nivel internacional, poco a poco fue desarticulado por el desatino de jefes que han desfilado en la subdirección de áreas especializadas durante los últimos años. El personal veterano, ese que arriesgó sus vidas innumerables veces, progresivamente fue trasladado a otras unidades.

El GRP que desarticularon es el que crearon en los últimos años quienes ostentaban puestos clave al interior de la Policía, nombrados por su lealtad partidaria y no por su trayectoria o preparación profesional. Las unidades policiales más sensibles necesitan de verdaderos líderes que tengan la capacidad de administrar personal sometido a condiciones y situaciones en extremo complicadas. Nombrar a personas sin las cualidades idóneas pone en riesgo este tipo de dependencias. Lastimosamente, el GRP no es la única unidad en donde esto ha pasado. Sobran los ejemplos. Esto pone en perspectiva las voces dentro la Fiscalía que abogan porque se explore la posibilidad de instaurar un cuerpo de policial que no esté sujeto a los vaivenes políticos, adscrito al Ministerio Público.

@_carlos_ponce

El ocaso de los burócratas con dotes de ilusionista o actor de película de acción. De Carlos Ponce

El apoyo de la ciudadanía se lo ganarán en la medida que sean transparentes y produzcan resultados. Ya pasaron de moda los burócratas con dotes de actor de película de acción o de ilusionista, los ciudadanos promedio se han vuelto más exigentes: quieren transparencia y resultados.

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, 29 julio 2015 / EDH

Durante el primer semestre de este año, las pandillas lanzaron una ofensiva delictual que elevó el promedio diario de homicidios a más de 20, unos días incluso registrándose alrededor de 30 víctimas. Mientras las estadísticas progresivamente subían, las autoridades argumentaron en diferentes ocasiones que el incremento era consecuencia directa de la efectividad de sus operaciones. Los funcionarios, usando su especial don de oratoria (que lastimosamente no logra compensar por los múltiples déficits que presentan en diferentes áreas cruciales para ostentar sus puestos), empleando peripecias semánticas y crasas mentiras, muy hábilmente trataron de engañar a la ciudadanía, asegurando hasta la saciedad que los “batallones de limpieza”, la policía comunitaria y los reacomodos en centros penales habían sido tan efectivos para debilitar a las estructuras delictuales que los incrementos en la incidencia criminal se podrían considerar patadas de ahogado.

Esta semana, las pandillas desenmascararon al gobierno, desacreditando esas mentiras a través de otra muestra de su fuerza, control e influencia, evidenciando que sus organizaciones están más pujantes que antes. Desde el lunes, los cabecillas pandilleros lograron propiciar un paro masivo del transporte público, ornamentado por una cadena de homicidios cometidos en contra de motoristas de buses y antecedido por el lanzamiento de un artefacto explosivo en la fachada de un exclusivo hotel capitalino y la quema de varias unidades de transporte.

Según declaró el mismo presidente, Salvador Sánchez Cerén, durante una conferencia de prensa celebrada el martes, el Ejecutivo tuvo conocimiento el domingo sobre la intención de los cabecillas pandilleros de paralizar el sistema de transporte público. No detalló acciones para prevenir esta táctica pandillera, pero propuso una reacción ante su ejecución y consecuencias: que de ser necesario desplegaría a la Fuerza Armada en la capital para controlar la situación.

Múltiples funcionarios relacionados a la seguridad pública y políticos oportunistas, han aprovechado la lamentable coyuntura para tratar de ganar puntos de popularidad lanzando elocuentes mensajes contra la delincuencia, al estilo superhéroe de tira cómica.

Ninguna de estas posiciones abona a solucionar el problema. Ninguna es propia de un líder que tenga la capacidad de sacar al país de esta crisis. El presidente ofrece una medida burda, populista, que no tendrá un impacto significativo. Los demás funcionarios y actores políticos solo plantean frases cuidadosamente articuladas para ganar adeptos, pero no resultados concretos. El momento de ganarse el favor de la ciudadanía a puro discurso ya pasó.

Es inconcebible, por ejemplo, que después de que las autoridades obtuvieran información con antelación sobre la táctica que planeaban implementar los cabecillas pandilleros, no fueran capaces de desmontarla. Es aún más reprochable que algunos políticos y funcionarios estén aprovechando este caos para otros fines y que, paralelamente, traten de dar la impresión que están atendiendo la crisis de forma adecuada.

La situación es tan crítica y tantos funcionarios y políticos han vendido espejismos, que a los salvadoreños ya no los convencen con discursos trillados o frases pegajosas. Esto es evidente en la reacción que muchos tuvieron ante la intervención de estas personas en las redes sociales en el contexto del paro. Los reclamos, señalamientos y críticas contenidos en la bastedad de mensajes enviados a través de Twitter y Facebook, dejan entrever un mayor nivel de exigencia y una menor celebración a funcionarios que utilizan frases elocuentes que no van acompañadas por resultados concretos. El apoyo de la ciudadanía se lo ganarán en la medida que sean transparentes y produzcan resultados. Ya pasaron de moda los burócratas con dotes de actor de película de acción o de ilusionista, los ciudadanos promedio se han vuelto más exigentes: quieren transparencia y resultados.

@cponce_sv