El ‘Brexit’ del PSOE. Editorial de El País

La victoria de Sánchez profundiza la crisis del Partido Socialista.

Pedro Sánchez comparece tras proclamarse su victoria. PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Editorial de El País, 22 mayo 2017 / EL PAIS

La victoria de Pedro Sánchez en las primarias del partido socialista sitúa al PSOE en una de las coyunturas más difíciles de su larga historia. El retorno a la secretaría general de un líder con un legado tan marcado por las derrotas electorales, las divisiones internas y los vaivenes ideológicos no puede sino provocar una profunda preocupación.

La propuesta programática y organizativa de Sánchez ha recogido con suma eficacia otras experiencias de nuestro entorno, desde el Brexit hasta el referéndum colombiano o la victoria de Trump, donde la emoción y la indignación ciega se han contrapuesto exitosamente a la razón, los argumentos y el contraste de los hechos. En este sentido, la victoria de Sánchez no es ajena al contexto político de crisis de la democracia representativa, en el que se imponen con suma facilidad la demagogia, las medias o falsas verdades y las promesas de imposible cumplimiento.

Finalmente España ha sufrido también su momento populista. Y lo ha sufrido en el corazón de un partido esencial para la gobernabilidad de nuestro país, un partido que desde la moderación ha protagonizado algunos de los años más prósperos y renovadores de nuestra historia reciente. Lo mismo le ocurrió en los meses pasados al socialismo francés, que se encuentra al borde de la desaparición de la mano del radical Benoît Hamon. Y un desastre parecido se avecina en el laborismo británico, dirigido por el populista Jeremy Corbyn. Sería ilusorio pensar que el PSOE no está en este momento ante un riesgo de la misma naturaleza. En todos los casos, la demagogia —conocida en Podemos o Trump— de los de abajo contra los de arriba se ha impuesto a la evidencia de la verdad, los méritos y la razón. Debemos asumir que esto nos sitúa ante una situación muy difícil para nuestro sistema político.

Sánchez ha construido su campaña sobre dos promesas de imposible cumplimiento. Una, conformar, con la actual configuración del Parlamento, una mayoría de gobierno alternativa al Partido Popular. Pero aunque se haya pretendido convencer a la militancia de que entonces se pudo pero no se quiso, esa mayoría fue imposible en octubre pasado y lo es también ahora, pues el PSOE no tiene la fuerza ni la capacidad de construir una mayoría de gobierno estable.

La segunda promesa ha sido la de redibujar el Partido Socialista como una organización sin instancias intermedias en la que solo existe un líder, el secretario general, y los militantes. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja: el PSOE es un partido profundamente descentralizado, tanto desde el punto de vista orgánico como territorial, donde existen múltiples instancias de poder con las que es inevitable contar. No entender ni respetar esa pluralidad y complejidad es lo que le llevó a perder la secretaría general en octubre pasado.

Fue la combinación de esos dos hechos, la imposibilidad de gobernar y la negativa a aceptar las consecuencias, lo que llevó a Pedro Sánchez a perder el apoyo del comité federal y, eventualmente, a dimitir. Las circunstancias no han cambiado, así que Sánchez vuelve al punto de partida de octubre. Con una diferencia crucial: que lo hace después de una serie de giros ideológicos en cuestiones clave (las alianzas con Podemos y el concepto de nación) que le alejan aún más de la posibilidad de gobernar.

En un momento en el que España enfrenta un grave problema territorial en Cataluña, era más necesario que nunca que el PSOE se configurase como un partido estable y capaz de suscitar amplios apoyos. Lamentablemente, el proyecto de Sánchez, en el que no cuenta con nadie que represente el legado de 22 años de Gobierno del PSOE ni ningún poder territorial significativo, aboca al partido a la profundización de una ya gravísima crisis interna. Como demuestran las debacles electorales que sufren los socialistas en toda Europa, y como ya han experimentado los socialistas en España, los márgenes para la supervivencia y relevancia del proyecto que aspiran a encarnar son de por sí ya muy estrechos. En esas circunstancias, la confusión ideológica y el modelo de partido asambleario en el que se ha apoyado Sánchez fácilmente podrá desmovilizar aún más a sus votantes y alejar a los socialistas del poder.

 

Frenar a Maduro. Editorial El País

La comunidad internacional debe actuar contra el régimen venezolano.

 

Editorial, 3 mayo 2017 / EL PAIS

En lugar de liberar a los presos políticos, convocar elecciones presidenciales y dar así una salida democrática a la crisis institucional que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha decidido dinamitar el orden constitucional de su país. Fracasado su empeño en despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, Maduro quiere ahora dotarse de una legalidad a su medida en la que no quepa ninguna oposición a su régimen.

Con su amenaza de ruptura definitiva con el orden constitucional vigente, Maduro coloca a Venezuela ante la disyuntiva más dramática de las últimas décadas. Usando su habitual lenguaje incendiario, el mandatario venezolano plantea a los ciudadanos que la alternativa a sus planes es la confrontación. Su apelación —criticada incluso desde el chavismo— a entes sin fundamento jurídico alguno como “los poderes originarios” y la delirante definición de un proyecto constituyente en el que participarían 500 “representantes de la comunidad” que nadie sabe cómo se elegirían (aunque sí a quién servirían) dibujan a un presidente decidido a convertir a su país en una dictadura con él al frente.

La soberanía popular de Venezuela está representada de forma legítima por la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en diciembre de 2015 y en la que la oposición tiene una mayoría incontestable. Maduro ha tratado por todos los medios —legales e ilegales— de privarla de su derecho y obligación de legislar. Su mandato no puede ser anulado con el pretexto de convocar un proceso constituyente. Y la Constitución venezolana —impulsada por el propio Hugo Chávez— no puede ser anulada por la mera voluntad de un gobernante acorralado, incapaz de lidiar con la crisis económica y sin ningún diálogo con la oposición.

Durante más de un año, Maduro ha dejado escapar oportunidades que no solo hubieran supuesto una buena solución para Venezuela, sino que incluso le hubieran permitido salir airoso de la situación. Ha despreciado los llamamientos, intermediaciones y buenos oficios de personalidades, organizaciones y Estados que se han ofrecido a colaborar en la consecución de un acuerdo con esa mayoría de venezolanos a los que él pretende dejar al margen de la ley. Incluso ha despreciado e ignorado la tremenda penuria de su pueblo mediante el recurso a inconsistentes promesas imposibles de cumplir.

Ni la comunidad latinoamericana ni la europea pueden consentir que Maduro y sus colaboradores acaben con la Constitución, la Asamblea y, por tanto, con la democracia y las libertades de los venezolanos. Tanto la OEA como la Unión Europea deberían advertir al régimen venezolano de las serias consecuencias (incluyendo la posibilidad de imponer sanciones, como la prohibición de viajar y la congelación de activos en el extranjero) a las que se exponen sus dirigentes si deciden seguir por ese camino. Y España, como puente y representante de los valores democráticos que hermanan a ambos continentes, debería implicarse a fondo en la supervivencia de la democracia en Venezuela.

La respuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges:

 

Maduro hace trampas. Editorial de El País

El retraso injustificado del referéndum revocatorio blinda al chavismo.

Nicolás Maduro durante una rueda de prensa en la cumbre de los países no alienados celebrada en Isla Margarita. RONALDO SCHEMIDT AFP

Editorial, 24 septiembre 2016 / EL PAIS

El régimen venezolano está demostrando por la vía de los hechos su nula disposición a encontrar una salida dialogada a la gravísima parálisis institucional que golpea a Venezuela y que está generando una profunda fractura social de consecuencias imprevisibles.

La decisión de celebrar —en el caso de que finalmente pueda organizarse— el referéndum revocatorio sobre la figura de Nicolás Maduro más allá del 10 de enero del año que viene supone que, sea cual sea el resultado, el chavismo seguirá en el poder por los menos hasta 2019. Se trata de un auténtico fraude de ley: las instancias administrativas controladas por el oficialismo venezolano han demorado injustificadamente todas y cada una de las fases previstas en la legislación —creada, por cierto, por el propio Hugo Chávez— para evitar que en el caso de que Maduro pierda el referéndum, el chavismo no tenga más remedio que aceptar la voluntad popular y abandone el poder.

Maduro ya ha dado sobradas muestras de que una cosa es defender al pueblo en las soflamas lanzadas en sus alocuciones y otra bien diferente es acatar el mandato popular. Mientras a lo primero siempre está dispuesto, a lo segundo se niega sistemáticamente. El desprecio y el ninguneo con que el mandatario venezolano y sus colaboradores tratan a la Asamblea Nacional Venezolana —es decir, a la representación legítima de la soberanía elegida en las urnas— no es solamente una cuestión de falta de la más elemental cortesía política, sino que constituye un inexcusable ataque contra el normal funcionamiento de una democracia. El poder Ejecutivo no puede gobernar a golpe de decreto como si el Legislativo no existiera. Eso es algo que sucede en las dictaduras, e incluso muchas de estas guardan mínimamente las formas.

Pero además, en el caso del revocatorio, hay elementos que constituyen una verdadera burla tanto a la ley como a quienes legítimamente abogan por la consulta. Los tres días de plazo otorgados a la oposición para volver a obtener un número necesario de firmas —el 20% del censo electoral total, alcanzando además el 20% del censo de cada una de las provincias— con un horario hábil absolutamente ridículo (de ocho de la mañana a doce del mediodía y de una a cuatro de la tarde) y un número totalmente insuficiente de máquinas verificadoras de identidad suponen que miles de personas se quedarán sin poder rubricar la demanda convocatoria aunque quieran hacerlo. De esto son perfectamente conscientes Maduro y el Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo. Las encuestas señalan que unos 10 millones de venezolanos están dispuestos a votar por la destitución del mandatario, que recibiría el apoyo de unos tres millones de sus correligionarios.

Llegados a este punto, sería deseable que la mediación internacional, como la apadrinada hasta ahora por UNASUR con figuras como Ernesto Samper, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero, u otras, lograra que el régimen liberara a los presos políticos y permitiera la celebración en tiempo y forma del revocatorio, evitando así el callejón sin salida al que la frustración política y la carestía económica están conduciendo al país.

Ni Rajoy ni Sánchez. Editorial de EL PAIS

Pedimos a los dos responsables del bloqueo que den un paso atrás.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en sus actos de partido este sábado.

Editorial, 4 septiembre 2016 / EL PAIS

Fracasada la investidura de Mariano Rajoy, se glosa lo sucedido como si fuera un incidente de recorrido. Domina la impresión de que el PSOE puede entrar en crisis, bien porque dirigentes de peso obliguen a Pedro Sánchez a abstenerse en un segundo intento de Rajoy, bien porque el propio Sánchez consiga seguir adelante en su insensato camino. Y empieza a ponerse sobre la mesa la necesidad de que el PP busque un nombre que sea capaz de generar más apoyos de los que ha conseguido Rajoy. No menos extendida se encuentra la idea de acudir a votar por tercera vez, en Navidad o quizá una semana antes.

Entre toda esta confusión, lo primordial a nuestro juicio es impedir que los españoles tengan que volver a las urnas, algo que hay que evitar de cualquier forma. Se detecta entre muchos de nuestros dirigentes políticos un profundo error de apreciación de lo que significan las urnas, un instrumento que no se puede banalizar. Equiparar la trascendencia de repetir las elecciones a la de una ronda de encuestas daña la credibilidad del sistema político. Lo peor es que se pretende presionar al cuerpo electoral para que acepte dar mayoría amplia a algún partido, lo cual equivale a forzarle a rectificar las decisiones que ya ha tomado. Decimos con toda claridad que forzar una tercera convocatoria de elecciones nos parece un fraude democrático de primer orden que no debe ser consentido. Convocar a la ciudadanía nuevamente simplemente porque disgusta el resultado anterior de las urnas deslegitima tanto al sistema como a los que pretenden hacernos transitar por ese camino.

«Una terceras elecciones supondrían un fraude
a la democracia que no debe ser consentido»

No se puede frivolizar con la idea de que se está mejor sin Gobierno: hasta un mal Gobierno es mejor que el vacío en el que vivimos desde hace ochos meses. Hasta ahora el crecimiento económico no se ha visto mermado por la provisionalidad del Ejecutivo, pero nadie debe tentar la suerte. No habrá Presupuestos del Estado para 2017 sin un Gobierno en plenas funciones, puesto que el Gabinete interino tiene vedado legalmente presentarlos. No se pueden realizar nombramientos. La tensión secesionista de las autoridades de Cataluña y la agitación existente en la Unión Europea —acentuada por el Brexit— requieren un Gobierno muy atento y con plenas capacidades. Tampoco se puede ejercer el control parlamentario sobre el Gobierno en funciones.

«En caso de un bloqueo como el actual,
debe gobernar la fuerza más votada»

Falta en la Constitución un mecanismo de salida para situaciones de bloqueo como la actual. Y convocar las terceras elecciones generales en un año no puede sustituirlo: llevamos dos y ni siquiera está claro que a la tercera vaya la vencida. Por eso las cúpulas partidistas, tan dispuestas a ponerse de acuerdo para una reforma exprés de la ley electoral, tienen otra tarea prioritaria: pactar un procedimiento que impida el grotesco recurso a otras elecciones navideñas. A las demás fuerzas políticas puede parecerles inconcebible permitir el gobierno del partido más votado, pero, a falta de alternativa, esta es la solución más respetuosa con la voluntad expresada en las urnas.

Hemos pedido insistentemente que el PSOE se abstuviera en la investidura de Rajoy y que le permitiese formar Gobierno, por muy poco que lo mereciese. Esa posibilidad se ha esfumado por la terquedad de Sánchez en su viaje a ninguna parte. Ahora ya ha quedado claro que ni Rajoy ni Sánchez, cuando lo intentó en abril, han sido capaces de reunir apoyos suficientes. Quizá ha llegado el momento, como sugirió el viernes Albert Rivera ante el Congreso, de que ambos políticos den un paso atrás y dejen que otros líderes en sus respectivos partidos busquen mejor suerte. Si algo ha quedado claro en todos estos meses turbulentos es que ni Rajoy ni Sánchez reúnen las condiciones adecuadas para gestionar esta crisis. El primero ha sido el más votado en dos elecciones sucesivas y reclama con razón un reconocimiento. Pero lo cierto es que también es la figura que simboliza a un partido que debe pagar un precio por la corrupción. Entendemos el sacrificio personal que esto representa para Rajoy, pero él mismo ha esgrimido en el último debate de investidura argumentos de patriotismo que muy bien pueden valer ahora para justificar ese paso. En cuanto a Sánchez, su incapacidad para hacer buen uso de esos 85 diputados que le han dado los ciudadanos ha sido palpable. Ya debería haber renunciado tras dos derrotas históricas consecutivas. Pero él mismo se ha cargado de razones para hacerlo durante este periodo en el que ha conducido al PSOE a la irrelevancia.

Hay que evitar la repetición de elecciones a cualquier precio. Cuando llegue el momento, insistiremos en que si el PSOE o el PP no pueden formar Gobierno tampoco deben impedir que el otro lo haga, descartando al mismo tiempo aventuras suicidas que los socialistas no deberían permitir jamás. Y creemos que sin Rajoy ni Sánchez las posibilidades de unir fuerzas para que se forme un Gobierno crecen considerablemente.

 

La obra conjunta de Iglesias y Rajoy. Editorial de El País

Mariano Rajoy y Pablo Iglesias EFE

Con su plan de destruir el centro, ambos nos condenan a la ingobernabilidad.

Editorial, 19 junio 2016 / EL PAIS

A una semana de las elecciones generales, algunos tratan de hacernos creer que los ciudadanos que se acerquen a las urnas solo tienen ante sí una única y dramática decisión: apoyar a un bloque de derechas dirigido por el PP o, por el contrario, sumarse a un bloque de izquierdas encabezado por Podemos.

Esa dicotomía es falsa e interesada. Primero, porque, como muestran todas las encuestas, una mayoría considerable de españoles se sitúa en posiciones ideológicas cercanas al centro. Segundo, porque, como muestra el sondeo de Metroscopia publicado hoy por EL PAÍS, aunque la mayoría de votantes del PP preferirían gobernar con Ciudadanos, y los de Podemos con el PSOE, los socialistas y los de Ciudadanos se decantan con toda claridad por coaliciones transversales que incluyan a sus partidos, antes que por fórmulas en las que no estén ellos dos.

La lógica de bloques la promueven aquellos que quieren hacer creer que solo se puede gobernar España desde un extremo ideológico en confrontación con el otro extremo. Pero esta lógica no solo es falaz sino destructiva para nuestro país. Basta con examinar las propuestas programáticas de los cuatro partidos en liza —cosa que, por desgracia, una campaña electoral basada en las emociones y el trazo grueso no parece estar permitiendo—, para comprobar que la confluencia programática entre PP y Ciudadanos, por un lado, y PSOE y Unidos Podemos, por otra, es mucho menor que la existente, por ejemplo, entre socialistas y Ciudadanos.

El nuevo tablero político, multipartidista, hace bastante inútil reivindicar la victoria en votos como única fuente de poder. Eso se aplica especialmente a Mariano Rajoy: el mal balance de legislatura, su deteriorada imagen a costa de los innumerables casos de corrupción sufridos en sus filas y su reticencia tras el 20-D a abrir negociaciones conducentes a una investidura le invalidan para liderar una coalición, necesariamente transversal, que promueva los cambios y reformas necesarios para España. Además, si como indican las encuestas, sus resultados fueran peores que los del 20-D, resultará muy difícil que continúe como líder de su partido, ya que, como ha señalado Albert Rivera, eso cerraría al PP toda posibilidad de permanecer en el Gobierno.

Al otro lado del tablero político, Pablo Iglesias es, pese a postularse como la única alternativa a Mariano Rajoy, el dirigente con menos posibilidades de ser presidente del Gobierno. Es imposible imaginar que los socialistas —después de haber visto malograda la investidura de Pedro Sánchez por la resistencia de Podemos siquiera a abstenerse— se dispongan ahora a convertir a Pablo Iglesias en jefe de un Ejecutivo en el que el PSOE juegue el papel de comparsa. Mantenemos la posición defendida en su día desde este espacio editorial de que el PSOE no puede gobernar con Podemos porque esta es una fuerza esencialmente populista y de variable orientación ideológica que no ha demostrado fiabilidad ni actitudes como para gobernar para todos los españoles. Esa posición es mucho más rotunda si el PSOE es tercera fuerza por el deseo de los votantes de ver a los socialistas en la oposición.

Además, el camino hacia La Moncloa de Podemos se ve lastrado por el hecho de que suscita casi tanta reticencia como el PP en el conjunto de la sociedad: el 57% nunca votaría a los populares, y el 43% tampoco lo haría nunca por Podemos, mientras solo un 14% manifiesta absoluto rechazo hacia el PSOE o Ciudadanos.

La centralidad viene también obligada por el deterioro de las dos fuerzas dominantes en el anterior sistema bipartidista, PP y PSOE, que parecen reunir ahora una menor intención de voto, y posiblemente, menos escaños, que en diciembre.

Hay que pedir a los electores que decidan su voto siendo conscientes del difícil marco español y europeo en que les toca decidir. Y a los partidos, que abandonen el terreno de la banalización y del simplismo. No se puede confundir al electorado gritándole que no hay más opción que Rajoy o Iglesias. Todavía existen muchos votantes indecisos y hay campaña por delante.

Desde la transversalidad se pueden encontrar soluciones de gobierno que traigan a la vez cambio y estabilidad, y reformas sin rupturas, además de soluciones para cuestiones enquistadas, como la de Cataluña. Por el contrario, desde la polarización, el frentismo y la dinámica de bloques solo se puede garantizar una continua crispación que conduce a que los problemas se perpetúen.

¿Socialdemócratas? Editorial de EL PAIS

Podemos abraza la socialdemocracia para tratar de compensar el pacto con IU.

El nuevo Consejo Político federal de Izquierda Unida, tras la elección de Alberto Garzón (centro de la foto, con camisa blanca) como nuevo coordinador en una etapa marcada por el acercamiento a Podemos. Fernando Alvarado EFE

Editorial, 7 junio 2016 / EL PAIS

La repentina autoproclamación de Pablo Iglesias como un “socialdemócrata” y el intento de situar a Podemos en el terreno de “la nueva socialdemocracia” sacrifica la coherencia ideológica al objetivo táctico de atraerse a toda costa votos socialistas y así superar electoralmente al PSOE. No existe constancia, en un partido que presume de apertura a los militantes, de un debate interno que haya llevado a Podemos a abrazar la socialdemocracia, ni menos aún de que se haya presentado con esta seña de identidad a anteriores comparecencias en las urnas. Tampoco consta que en el Parlamento Europeo Podemos haya decidido abandonar el grupo parlamentario Izquierda Unitaria Europea, al que se adscribió tras las elecciones europeas de 2014.

Editoriales anteriores

Una gran impostura (05/06/2016)

Pacto de supervivencia (11/05/2016)

No es este el único tema en el que los líderes de Podemos muestran su capacidad de retorcer los conceptos y las ideologías. Por ejemplo, cuando se reclaman patriotas plurinacionales o, mejor todavía, cuando se dicen capaces de defender un soberanismo europeísta. Si existe algo verdaderamente antagónico a lo largo del Viejo Continente es el soberanismo y el europeísmo, cuya primera ambición ha sido siempre la de superar los nacionalismos.

El problema de fondo al que parece responder la súbita conversión ideológica es el abandono de la transversalidad, concepto con el que Podemos navegó en anteriores mares electorales con la voluntad de escaparse del encasillamiento en la izquierda para captar votos en diferentes zonas del espectro ideológico. Una vez consumada la coalición con Izquierda Unida, ya es imposible sostener que la nueva oferta electoral es simplemente una fuerza política que se identifica o es capaz de representar a todo tipo de gente, con la única condición de que no formen parte de las élites.

Proclamarse socialdemócrata es la nueva astucia táctica con la que Iglesias pretende anclarse en el centroizquierda. El líder de Podemos ha entendido que para alcanzar el poder es mejor crear polémica sobre su conversión socialdemócrata y así evitar asustar a los votantes sensibles al frentismo de izquierdas.

Una vez consumada esta transformación, Iglesias alancea al PSOE con la etiqueta de “vieja socialdemocracia”, intentando otra vez sembrar la división entre los electores del partido aprovechando los altavoces que le prestan a diario los amigos del Gobierno. Este repentino viraje no debería tener mucho recorrido. Como demuestran los sondeos, los ciudadanos sitúan al PSOE casi en el centro ideológico, mientras que perciben a Podemos casi en la extrema izquierda.

Quién iba a decir que la socialdemocracia, a la que tantos han coincidido en considerar agonizante —si no muerta y enterrada—, iba a convertirse en un terreno de disputa electoral. La socialdemocracia realmente existente, es decir, el PSOE y su candidato a La Moncloa, Pedro Sánchez, deberían sacar de este episodio energías para defender con convicción que su oferta política y sus ideas tienen futuro. Porque habrá que convenir, al menos, en que algo de bueno tiene la socialdemocracia cuando tantos se reclaman de ella.

 

Así, no Podemos. Editorial de El País/España

La agresividad de Pablo Iglesias encubre los problemas en su ‘holding’ político.

Pablo Iglesias habla durante la segunda sesión de investidura de Pedro Sánchez, el 4 de marzo de 2016. Francisco Seco AP

Editorial, 9 marzo 2016 / EL PAIS

Las complicaciones en la negociación de los socialistas con Podemos se producen tras el fuerte viraje dado por esta formación en las últimas semanas. Tras disfrazarse de socialdemócrata en la campaña previa a las elecciones generales del 20 de diciembre, Pablo Iglesias bloqueó la posibilidad de un Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, tras haber pretendido imponerle su persona como vicepresidente plenipotenciario y el programa que costaba a los españoles un aumento del gasto público de 96.000 millones de euros en tres años, entre otras condiciones.

Frente a las interpretaciones electoralistas dadas en su día a ese viraje —Podemos habría exigido condiciones inviables para provocar nuevas elecciones, en la confianza de dar el sorpasso al PSOE—, las noticias sobre la multiplicación de crisis internas nos asoman a otra realidad. Consciente de que gobierna una formación inestable, Iglesias ha forzado la máquina de los ataques al enemigo exterior para tratar de encubrir las tensiones internas. Sin olvidarse de salpicarlo con gestos tan humanos como el ejercicio de alcahuetería practicado por Iglesias al comentar una hipotética relación personal entre uno de sus correligionarios y una colega del PP, utilizando para ello nada menos que un debate de investidura.

No parece que lo hayan apreciado muchos de los electores que inicialmente habían comprado los desgarradores discursos de Podemos “contra la casta” y “el candado del 78”: la mitad de sus votantes desaprueba el veto de esta formación a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno, según una encuesta de Metroscopia. Para acabarlo de arreglar, el grupo de izquierda anticapitalista que dio origen a Podemos quiere romper del todo con los socialistas y forzar las elecciones, sin duda para polarizar aún más la incandescente situación política española.

Se sorprenden algunos sectores críticos de Podemos por los procedimientos impuestos por Iglesias en el gobierno de su organización, pese a la inquietud que reina desde hace tiempo en ella por la soberbia y el “endiosamiento/arrogancia” exhibidos por el cabeza visible de la formación, como lo explica el documento interno publicado por EL PAÍS. Resulta ciertamente difícil mantener la cohesión de lo que no es un partido político, sino un holding de grupos con distintas bases territoriales, intereses no siempre coincidentes y voluntad dudosa de plegarse a la voz de mando, como lo prueban las dimisiones en cadena de dirigentes próximos al número dos, Iñigo Errejón, en la organización madrileña de Podemos.

Tratar de humillar a los adversarios políticos con imposiciones inviables, denunciar en todos los tonos el pacto del PSOE con Ciudadanos: esas son las razones políticas exhibidas desde la cúpula de Podemos. Su objetivo nunca ha sido apoyar un Gobierno socialista, como hace el resto de la izquierda en Portugal, sino sustituirlo, como Syriza hizo en Grecia con el PASOK. Pero ni siquiera eso basta para recoser las costuras. De muchas maneras, se lo están diciendo a Pablo Iglesias desde sus propias filas: así, no podemos.