Sala de lo Constitucional ordena a SIGET respetar derechos de radios y TV

Sala garantiza libre expresión en el fallo sobre la radio y TV

Así lo reconoce la última sentencia de la Sala de lo Constitucional.

Magistrados Sidney Blanco, FlorentínMeléndez, Armando Pineda, Belarmino Jaime y Rodolfo González, miembros de la Sala. | Foto por Archivo

Roberto Alas, 31 julio 2015 / EDH

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia garantizó una vez más la libertad de expresión en los medios de comunicación (radial, escrita, televisiva y digital) en su última sentencia, en la que ordenó que se deben mantener las actuales concesiones para las radioemisoras y televisoras de libre recepción y prorrogarse por un plazo de 20 años más.

En dicha sentencia, el máximo tribunal de justicia valoró que “tanto la radio como televisión abierta se constituyen en herramientas al servicio de las libertades, la democracia y el pluralismo, dada la capacidad de penetración de esos medios de comunicación y su incidencia, según sea el uso que se le den a los mismos”.

De acuerdo con la Sala, dado  que en un sistema democrático las libertades de expresión e información tienen como función formar una opinión pública libre y que comprenden el derecho de recibir opiniones y hechos, la apertura a las diversas corrientes de opinión constituyen un requisito, ya que garantizan a los ciudadanos la posibilidad de ponderar opiniones ideológicas diversas e incluso contrapuestas.

Agregan que dicha pluralidad informativa se debe entender “como la existencia de una diversidad de medios independientes y autónomos”.
Ese pluralismo informativo la Sala lo explica como la no existencia de limitación alguna en cuanto a la orientación ideológica de los medios masivos de comunicación social.

Asimismo, implica evitar la concentración de los medios masivos en pocas personas, impidiendo la formación de oligopolios o monopolios de los mismos.

Y es que es a través de la información que brindan los medios de comunicación, explica la Sala, es que las personas adquieren los elementos cognoscitivos necesarios para entender, contextualizar y evaluar el entorno jurídico y político y los hechos de trascendencia e impacto de la comunidad.

La libertad de expresión debe estar garantizada porque los medios de comunicación en su quehacer democrático, permiten la apertura para un foro de debate público, que permite a los ciudadanos dialogar con las autoridades públicas, indican.

También señalaron que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que los medios de comunicación son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla, razón por la que es indispensable que recojan las más diversas opiniones e informaciones.

Las consideraciones de los magistrados de la Sala sostienen que: mientras mas información tenga una sociedad y entre más diversas sean sus fuentes, en mejor condición se encuentra para evaluar su entorno político y tendrá mayores y mejores oportunidades de participar sustantivamente en la construcción de un sistema democrático.

Otra de las consideraciones que hace la Sala de lo Constitucional, es que uno de los retos de la sociedad democrática es el de procurar el acceso a los medios de comunicación social, evitando que éstos operen sólo como instrumentos de persuasión de consumidores y electores o como vehículos generadores de ganancias para ciertos sectores económicos.

Importancia del derecho de la información

De acuerdo con la resolución de la Sala de lo Constitucional, la garantía de la libertad de expresión en los medios de comunicación radica en el hecho que a los ciudadanos les resulta imposible acceder, por su propia cuenta, a toda la información que necesita para formarse una opinión completa y veraz.

Es por eso que los operadores de los servicios de radiodifusión de libre recepción radial y televisiva -agencias de prensa, periódicos, periodistas independientes, entre otros- se convierten en los canalizadores, y por lo tanto,  en los principales responsables del libre flujo de ideas y de la formación de una opinión pública libre.

La sala explica en su resolución que el derecho a informar tiene dos dimensiones: el que implica el ejercicio de los derechos de libertades y autonomía, así como la posibilidad de difundir hechos noticiosos sin que se pueda censurar la información.

La otra dimensión a la que se refieren los constitucionalistas es la que ellos denominan “operativa o funcional”, la cual supone las garantías de las condiciones estructurales u operativas necesarias para el ejercicio libre y pleno, sin restricciones.

Venezuela: Un desastre evitable. De International Crisis Group

El «International Crisis Group» es una organización independiente, non-profit, no gubernamental creada para prevenir y resolver conflictos violentos. Es dirigida por ex-diplomáticos, ex-funcionarios de organismos internacionales (Naciones Unidas, NATO, etc), ex-ministros, acad´micos y periodistas. El ICG interviene en conflictos en todos los continentes. Lo que publicamos es el resúmen ejecutivo de su reporte amplio sobre Venezuela.

Segunda Vuelta

Foto: REUTERS/Jorge Silva

Caracas/Bogotá/Bruselas, 30 de julio de 2015 / ICG

El deterioro acelerado de la crisis política en Venezuela es motivo de creciente preocupación. El colapso en 2014 del incipiente diálogo entre el gobierno y la oposición abrió la puerta a una inestabilidad que ha ido en aumento. Ante las elecciones legislativas previstas para diciembre, existe el temor de que se reanude la violencia. Pero hay también otro aspecto del drama que no se suele tener tan en cuenta. El descenso pronunciado de los ingresos reales, la marcada escasez de alimentos básicos, medicamentos y otros productos básicos, junto con el colapso de los servicios sanitarios, son elementos de un problema social inminente. Si no se aborda rápidamente de forma contundente, se convertirá en una grave crisis humanitaria, con un impacto sísmico en la política y la sociedad. Esta situación es el resultado de malas decisiones políticas, incompetencia y corrupción, y aún hay tiempo para evitar sus peores consecuencias. No obstante, esto no sucederá a no ser que se logre salir del estancamiento político y se forjen nuevos consensos, lo cual a su vez requiere la sólida participación de los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales.

Como importante país productor que recientemente gozó de una de las alzas en el precio del petróleo más sostenidas de la historia, Venezuela debería estar bien posicionada para sobrellevar el repentino colapso de los precios del sector. El auge generó una importante reducción de la pobreza bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), combinado, al menos en los primeros años, con las políticas de redistribución del gobierno Sin embargo, la economía ya daba muestras de sobrecarga mucho antes del descenso del 50 por ciento en los precios hacia fines de 2014, un año en el que el PIB se redujo en más del 4 por ciento. La expropiación de tierras y empresas privadas, los duros controles de precios y de cambios, y las empresas estatales, ineficientes y a menudo gestionadas de forma corrupta, son algunos de los factores que afectan a la producción de bienes y servicios. Tras haber contraído enormes deudas, prácticamente agotado sus reservas internacionales y vaciado el fondo de estabilización constituido para afrontar tales eventualidades, el gobierno enfrenta una grave escasez de divisas y ya no puede permitirse compensar las carencias de la producción nacional mediante importaciones.

Naturalmente, quienes más han sufrido las consecuencias han sido los pobres, que dependen de los cada vez más escasos bienes subsidiados, para los cuales a menudo han de hacer cola durante horas sin ninguna garantía de obtenerlos. Las personas que sufren enfermedades como el cáncer, VIH-SIDA, o enfermedades cardiovasculares pueden pasarse meses sin acceder a los medicamentos que necesitan para sobrevivir. Los hospitales e incluso las clínicas privadas no logran mantener suficientes reservas de medicamentos y otros suministros básicos, entre ellos piezas de repuesto para reparar los equipos médicos. La crisis hospitalaria se ha visto agravada porque el gobierno no ha completado un programa de reconstrucción que comenzó en 2007 y ha incumplido sus promesas de construir nuevas instalaciones. Miles de médicos y otros profesionales sanitarios han renunciado debido a los bajos salarios y las condiciones de trabajo inseguras. Las listas de espera quirúrgica son cada vez más largas, y no se logra cubrir los puestos de trabajo.

Algunos economistas pronostican un súbito colapso del consumo y el hambre generalizada, pero la mayoría de los especialistas dicen que el país no está al borde de la hambruna. Una consecuencia más probable es la desnutrición crónica, cuyos efectos ya se vislumbran en algunas encuestas. El colapso del sistema de salud, no obstante, puede tener efectos perniciosos a corto plazo, incluida la propagación descontrolada de enfermedades contagiosas y miles de muertes evitables.

Más allá de las cuestiones puramente humanitarias, los países vecinos de Venezuela y el resto de la comunidad internacional tienen razones prácticas para actuar. El colapso de la infraestructura de salud y bienestar social probablemente dificulte aún más el manejo del conflicto político, y podría derivar en una mayor erosión de la democracia y una creciente probabilidad de violencia política.

Esto a su vez podría tener repercusiones más allá de las fronteras de Venezuela. Los riesgos potenciales incluyen la migración económica y política a gran escala, la propagación de enfermedades y la proliferación del crimen organizado. Sin un cambio de rumbo en la política económica, el país se dirige hacia un caótico default de la deuda externa. Una Venezuela inestable, incapaz de honrar sus compromisos internacionales, podría desestabilizar a otros países de la región, en particular las naciones caribeñas que dependen de la energía que importan de Caracas a precios subsidiados. Asimismo, tendría un impacto directo en Colombia, a lo largo de una frontera que ya de por sí enfrenta múltiples amenazas.

A fin de prevenir las graves consecuencias de una crisis humanitaria en Venezuela:

• El gobierno debe admitir el problema. Debe dejar de ocultar las estadísticas reales y de acosar a quienes proporcionan información o exigen acceso a ella.

• Cualquier diálogo o acuerdo político debe priorizar las acciones concertadas para garantizar el suministro básico de recursos escasos, incluidos medicamentos, suministros médicos y alimentos básicos, a los más necesitados, y un sistema de bienestar social libre de intervención o manipulación partidista, que incorpore a actores no-gubernamentales, por ejemplo la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias, como proveedores.

• El actual sistema de control de precios y cambio, que fomenta la corrupción, el contrabando y el mercado negro, al tiempo que alimenta la inflación y la escasez, es inviable y debe ser cuidadosamente desmantelado y reemplazado por mecanismos que proporcionen una red de seguridad para los pobres sin asfixiar la producción.

• El gobierno debería buscar un apoyo amplio para un programa de emergencia que restaure el equilibrio económico y proteja a los más vulnerables de las consecuencias del ajuste necesario, en lugar de culpar a la oposición y a los gobiernos extranjeros de una imaginaria “guerra económica”.

• La oposición debería resistir la tentación de sumar puntos políticos, reconocer que no hay ninguna solución indolora, y presentar una clara agenda de reformas económicas y sociales.

• Los vecinos de Venezuela y la comunidad internacional en general deben abandonar su renuencia a actuar y presionar explícitamente para que se restaure el Estado de derecho y los contrapesos y equilibrios institucionales, empezando por la estricta supervisión de las elecciones parlamentarias.

• Deberían además ayudar a aliviar los gastos sociales de la actual crisis ofreciendo alimento y ayuda médica y presionando para que se reconozcan y se controlen las epidemias.

Columna transversal: Con saludos desde La Habana. De Paolo Luers

Si un gobierno no tiene capacidad de enfrentar las crisis de un país sin recurrir a fantasmas del pasado, corre el riesgo que los fantasmas cobren vida. En el caso del fantasma “toque de queda”, esto ocurrió. En el caso del fantasma “golpe de Estado” no ocurrirá, porque no hay quien lo convierta en realidad, pero sí tiene el efecto de convertir una crisis de seguridad en una crisis política.

Paolo Luers, 31 julio 2015 / EDH

Desde Cuba, el presidente Sánchez Cerén mandó a publicar un comunicado de Casa Presidencial que dice: “Envió su fraterno saludo al pueblo salvadoreño y le afirmó que está ‘consciente’ de la situación que atraviesa la nación por lo que el Vicepresidente de la República, el Primer Designado y el Secretario Privado fueron instruidos para que den el seguimiento respectivo y adopten oportunamente las medidas necesarias”.

Otra vez Sánchez Cerén demuestra que no entiende (o no le importa) el orden constitucional. ¿Por qué menciona al primer designado, que resulta siendo el jefe del partido y diputado Medardo González? Medardo solo asumiría funciones del ejecutivo en caso que el vicepresidente tampoco pueda ejercer como presidente en funciones. Mientras tanto sigue siendo diputado y no puede meterse en asuntos de la presidencia.
¿Tanta desconfianza tienen a Oscar Ortiz? ¿O será que el vicepresidente (y por el momento presidente en funciones) también tiene planes de salir del país (como el presidente y el ministro de Seguridad) en las vacaciones de agosto?

Anteriormente, el miércoles 29 de julio, Casa Presidencial emitió otro comunicado sobre el viaje del presidente a Cuba, en el cual ni siquiera se mencionó al vicepresidente Oscar Ortiz: “El mandatario se mantiene en comunicación constante con su equipo de trabajo conduciendo las acciones que dan continuidad a los distintos programas y planes que impulsa su administración… El gobernante sigue al frente de los planes de seguridad que se ejecutan para desmontar el sabotaje en contra del transporte público y frenar los asesinatos de transportistas ocasionados por grupos criminales en este contexto”.

¿Realmente el presidente piensa que puede gobernar –y manejar una grave crisis de seguri-    dad– desde Cuba? ¿O será que piensa que puede dejar el gobierno en manos del jefe de su partido, muy a pesar de las previsiones muy claras de la Constitución? Artículo 155 dice: “En defecto del Presidente de la República, por muerte, renuncia, remoción u otra causa, lo sustituirá el Vicepresidente; a falta de este, uno de los Designados, por orden de su nominación…”

La figura de gobernar y “seguir al frente de los planes de seguridad” desde Cuba (sea desde un hospital, o desde una casa de protocolo del gobierno de Cuba, o desde un hotel en Varadero) no existe en nuestro orden constitucional. En el momento de asumir como presidente en funciones, el vicepresidente tiene todas las facultades y poderes del presidente, y tiene que asumirlas, téngale confianza el partido o no.
Todo esto evidencia que lo que tenemos es un gobierno de partido, donde la cadena de mando no depende de las normas constitucionales, sino de la correlación interna del partido gobernante.

Otros dos comentarios sobre la situación precaria del país bajo este esquema de gobierno.

Ya el paro al transporte, impuesto por las pandillas, dejó al país semiparalizado por dos días, el lunes 27 y el martes 28 de julio. Pero el miércoles 29, voceros del gobierno y de la PNC comenzaron a hablar de “toque de queda”, con el efecto que en la noche de ese día, más allá del impacto del paro al transporte público, todo se paralizó. Dijeron que “no vamos a permitir un toque de queda”, e involuntariamente (o conscientemente, quien sabe) lo impusieron. Nadie más, ni siquiera los pandilleros, hablaron de un toque de queda, solo los voceros del gobierno.

Algo parecido pasó con el “golpe de Estado”. Cuando voceros del gobierno y del FMLN comenzaron a hablar de “campañas de desestabilización” de ARENA y otros sectores, la reacción unánime de la gente fue risa. Nadie lo tomó en serio. Pero días después, en la nueva situación creada por el paro al transporte y la incapacidad del gobierno de asegurar el orden público, volvieron a insistir que todo esto era parte de un plan oscuro contra el gobierno,  y comenzamos a escuchar a mucha gente decir frases como: “Tal vez un golpe de Estado no sería tan mala idea… Alguien tiene que poner orden aquí…”

Si un gobierno no tiene capacidad de enfrentar las crisis de un país sin recurrir a fantasmas del pasado, corre el riesgo que los fantasmas cobren vida. En el caso del fantasma “toque de queda”, esto ocurrió. En el caso del fantasma “golpe de Estado” no ocurrirá, porque no hay quien lo convierta en realidad, pero sí tiene el efecto de convertir una crisis de seguridad en una crisis política.

“Todo el proceso está viciado y se han violentado derechos constitucionales”: Jorge Nieto

El exministro de Obras Públicas sostiene que llegó al MOP a solucionar una serie de problemas dejados por David Gutiérrez en más de siete proyectos; reitera su inocente porque nunca se conformó una figura delictiva durante su gestión.

Jorge Nieto, ex Ministro de Obras Publicas. | Foto por L.M.E

28 julio 2015 / EDH

El Diario de Hoy conversó con Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas y quien el viernes enfrenta la audiencia más importante en su vida, ese día puede ser absuelto de los señalamientos en la construcción del bulevar Diego de Holguín tramo I o pasar a la etapa de juicio.

¿En qué momento llega usted al MOP?

Yo llegué al MOP el 15 de enero de 2007, a terminar una gestión ya comenzada. Yo ya era servidor público desde el 1 de junio de 1999, como ministro de Trabajo. A partir del 1 de junio de 2004 fui designado como titular de la SIGET hasta el 14 de enero de 2007. Me pidieron que asumiera como titular del MOP porque la cantidad de problemas de carácter legal que había acumulado la institución entre 2004 y 2007 requería la experticia de un abogado.

¿Qué es lo que encuentra a su llegada al MOP?

Al momento de asumir encontré siete proyectos totalmente paralizados, incluyendo el Paseo General Escalón, la prolongación de la alameda Juan Pablo II, el bypass de Usulután y el trazo de Santa Ana a San Pablo Tacachico, entre otros. Los más complicados y visibles eran los tramos I y II_de la Diego de Holguín. Cuando entregué el cargo, todos estos grandes proyectos quedaron totalmente terminados, excepto el tramo II de la Diego de Holguín. Ese quedó con el contrato caducado y las fianzas debidamente cobradas, con multas impuestas a la empresa y listo para una nueva licitación.

¿El ministro Gerson Martínez dice que usted debía haber caducado el contrato de la Diego II a su llegada, por qué no lo hizo?

No caduqué el contrato a mi llegada al MOP porque no era legalmente factible, pues para caducar un contrato se requiere que haya existido un incumplimiento de la empresa constructora, según el artículo 94 de la LACAP. Si yo hubiera caducado el contrato al asocio, hubiera caído en actos arbitrarios y la empresa hubiera demandado al Estado y el litigio hubiera durado años. Y si condenaban al Estado, que era lo más posible, se hubiera encarecido aún más la obra.

¿Qué problema tenía ese contrato para caducarlo?

Eso es de lo que no se habla, no se habla de todas las anomalías que encontré. Lo que no dicen quienes me acusan es que las irregularidades que provocaron el entrampamiento del proyecto sucedieron antes que yo llegara al cargo. La principal anomalía que provocó que se paralizara la obra fue que el MOP, antes de mi llegada, en el 2005, movió el trazo original de la carretera y lo introdujo a un área de reserva forestal protegida. Esa acción ilegal complicó todo.

¿Hemos escuchado en diferentes ocasiones al ministro de Obras Públicas, decir que la carretera costó alrededor de $100 millones de dólares, es eso así?

En mi gestión se terminó un tramo completo y el 55% del segundo tramo. En la administración siguiente se terminó el 45% restante del segundo tramo. Si se suma todo nos da un gran total de $73,722,358 (setenta y tres millones, setecientos veintidós mil, trescientos cincuenta y ocho). Pero la gran diferencia es que en mi administración cada kilómetro costó alrededor de seis millones de dólares y en la administración actual cada kilómetro costó alrededor de 18 millones de dólares. Que cada quien saque sus conclusiones.

¿Si usted estaba tan respaldado documentalmente, se sentía seguro que no había cometido delito, porque estuvo prófugo tanto tiempo y por qué decide presentarse a la Justicia después?

Yo opté por ponerme a salvo de la manipulación política del caso. Recuerde que la Subsecretaría de Transparencia le subió el volumen al caso unos meses antes de iniciar la campaña presidencial de 2014. Cuando pasó el ruido electoral me presenté al tribunal porque soy inocente, porque no hubo delito alguno durante mi administración. El caso nació muerto jurídicamente, la Fiscalía hizo una investigación selectiva y buscó probar delito donde no hubo. Por eso el caso ha sido un fiasco, un proceso errático que ha violado el debido proceso.

¿De acuerdo a cómo se ha desarrollado el proceso han detectado algunas irregularidades procesales?

Todo el proceso está viciado. Se han atropellado los procedimientos, se han admitido decenas de vicios y se han violado los derechos constitucionales. En mi caso particular, por ejemplo, a pesar de tener el derecho, no se me permitió nombrar un defensor en la diligencias de investigación de la Fiscalía y como consecuencia de ello, se me vulneró el derecho de participar de las pruebas periciales que ordenó realizar el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. Otro ejemplo de irregularidad es que cuando la Fiscalía presentó el requerimiento fiscal, no se adjuntaron las pruebas periciales originales, solo se presentaron fotocopias de los dictámenes, que además estaban incompletas.

¿Eso podría dar pie a un sobreseimiento por violación del debido proceso?

De hecho, eso es muy común en nuestro sistema judicial, que por errores o violaciones procesales no prosperan muchos casos penales. En este caso, aparte que nunca hubo delito y que por tanto no existen pruebas, el proceso está plagado de irregularidades. Otra de esas irregularidades es que la principal pericia del caso, en la cual se marginó a la defensa, se extravió por más de un año, lo cual impidió que la defensa tuviera acceso a ella. Tenemos abundancia de prueba para probar que se nos violó nuestro derecho de defensa.

¿Se sienten satisfechos de las pruebas de cargo y descargo aceptadas?

No hubo equidad en el trato, nuestra defensa no tuvo igualdad de oportunidad de presentar pruebas de descargo. Desde un principio hemos estado en desventaja, especialmente porque la Fiscalía hizo una investigación selectiva y buscó probar delito donde no hubo. No hubo equidad para los acusados y tuvimos que tolerar las irregularidades y deficiencias del proceso. Además, muchas acciones o papeles que la Fiscalía llama “pruebas” son inadmisibles, irregulares o simplemente no tienen fundamento probatorio válido jurídicamente.

¿Cuáles son los puntos fuertes de la defensa?

Nunca hay pruebas donde no hubo delito, comencemos por allí. La defensa en general es fuerte porque la Fiscalía nunca presentó pruebas de las acusaciones. Es más, cometieron un error medular imperdonable: ofrecieron supuestas pruebas sin especificar lo que pretendían probar con cada uno de los supuestos elementos de prueba ofrecidos. Por eso durante la audiencia preliminar pasaron un día completo tratando de subsanar el error. La consecuencia de ese error es que la prueba ofrecida es jurídicamente inadmisible.

¿Se ha cuestionado mucho el peritaje realizado por el MOP y que es parte del proceso, es una prueba fuerte en el caso?

Uno de los grandes problemas que tiene ese peritaje es que fue realizado por empleados del MOP, cuando debió ser realizado por peritos independientes. Eso es vicio procesal. En el ánimo de probar su tesis, recurrieron a una maniobra que convierte a ese peritaje en una prueba viciada. Esto es, como decimos en buen salvadoreño, actuar como juez y parte, y eso desacredita todo el proceso judicial.

¿Por qué se decidió ir a un arbitraje?

Porque es un mecanismo totalmente legal para resolver diferencias según el artículo 165 LACAP y 45 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. El arbitraje era la forma más sensata, rápida y transparente de desentrampar la obra, pues los árbitros de forma independiente deciden la resolución final, y evitan prolongar por años un litigio que mantendría paralizada la construcción indefinidamente. Esta decisión fue consultada y avalada previamente por la Corte de Cuentas de la República.

¿En la acusación se ha querido pintar el arbitraje como una maniobra sospechosa de su parte a favor de la empresa constructora. ¿Por qué ir a un arbitraje si la empresa tenía las de ganar?

Aclaremos primero que el arbitraje lo manejó la Fiscalía y lo perdió la misma Fiscalía, a pesar que esta tenía todos los elementos probatorios para ganar, los cuales nosotros le habíamos proporcionado. Es importante recordar que presenté en su momento una resolución que mostraba que, luego de mi gestión, la empresa contratista había renunciado a reclamar incremento de precio alguno. Es el mal manejo de la Fiscalía lo que lleva a la pérdida del arbitraje. En todo caso, la opción por el arbitraje nada tiene que ver con la acusación de peculado que me hacen.

¿Qué espera resuelva la jueza en la audiencia del viernes?

Lo único que esperamos es que prevalezca la legalidad. La culpabilidad de un delito se demuestra con pruebas, es irrelevante cuántas cajas de documentos haya llevado el MOP actual a la Fiscalía o a un tribunal. Hay miles de documentos y cero pruebas. Además el caso tiene muchos vicios insalvables como para que pase a juicio. Por esos vicios y deficiencias lo que procede según la Ley es que ya se terminé esta historia tejida alrededor de una acusación sin sustento.

Corte Suprema avala entregar declaraciones patrimoniales

Ayer hubo acuerdo unánime para entregar información de magistrado, en cumplimiento a lo ordenado el viernes por el IAIP.

Transparencia. La declaración de patrimonio del magistrado Rodolfo González (izquierda) es la primera que hará pública la CSJ, luego de que el IAIP dijera que funcionarios como están sujetos al escrutinio.

J. Ávalos/E. Barrera, 30 julio 2015 / LPG

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó ayer entregar la declaración patrimonial que presentó el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, cuando tomó posesión del cargo en 2009. Lo anterior en cumplimiento de una resolución emitida el pasado viernes por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a favor del abogado Herbert Vega.

El acuerdo fue tomado por los 14 magistrados que asistieron ayer a la reunión de corte plena, incluido el magistrado González. La información estará lista el jueves porque aún falta que los funcionarios firmen el acuerdo final.

El aval del pleno de la Corte supone una autorización para que el jefe de la Sección de Probidad y el oficial de Información de la Corte entreguen todas las declaraciones patrimoniales, de funcionarios de todo rango, que sean solicitadas a futuro en la CSJ.

“Es unánime la resolución para facilitarse la información patrimonial de todo funcionario público a quien lo solicita. El análisis para nosotros comprende a toda clase de funcionarios y empleados públicos que deben declarar ante la sección de Probidad, y eso incluye a los tres órganos de gobierno: Ejecutivo, legislativo y Judicial, como funcionarios de autónomas”, explicó ayer el magistrado de lo Constitucional Sidney Blanco.

El plazo

El instituto falló el viernes que la CSJ cuenta con un plazo de cinco días hábiles para entregar una versión pública, es decir, que deberá omitir datos confidenciales del magistrado como números de cuentas bancarias, nombre de cónyuge e hijos, domicilios o direcciones de propiedades y placas de vehículos.

“La decisión ya está tomada pero falta que se firme. El jueves se entregará. Desde mi punto de vista con esta información contribuimos a que se combata la corrupción”, comentó otro de los magistrados que avaló la decisión en la reunión de ayer.

El IAIP estableció que la declaración patrimonial del magistrado no es información “reservada”, sino de carácter confidencial” como lo establece el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), ya que contienen datos personales.

“El instituto reafirma, entonces, el criterio que tanto la Constitución de la República como la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos no hacen referencia a la reserva de una información como tal, en términos regulados por la LAIP, sino a la confidencialidad, porque únicamente se puede reservar aquella información pública que es excluida temporalmente del acceso al público, mientras que la confidencialidad se atribuye a la información de naturaleza privada”, reza el fallo del IAIP.

Señor Presidente Salvador Sánchez Cerén. De Marvin Galeas

Como alguien que un día lo conoció a usted como un hombre humilde y del pueblo, le insto a que vuelva la mirada a ese pueblo y que  comience a gobernar.  Nadie le pide  que construya el paraíso, pero sí que por lo menos haga un gobierno probo y decente.

Marvin Galeas, 30 julio 2015 / EDH

Recuerdo aquella mañana de finales de 1983 cuando lo conocí en Morazán.  Tenía mucha curiosidad.  Usted era nada menos que el comandante en jefe de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), la otra gran organización guerrillera de las cinco que formaron el FMLN histórico.

Luego de las muertes, ese mismo año, de Marcial y Ana María en Managua, primero y segunda al mando de las FPL, se especulaba sobre quién sería el sustituto. Nadie mencionaba su nombre.

Se hablaba de Salvador Guerra, del ya fallecido comandante Dimas Rodríguez y de otros líderes. Pero nunca su nombre. Al final resultó que fue usted  el elegido. Se dijo en el ERP que  la opinión de La Habana fue determinante. Lo eligieron, dicen, porque lo consideraban un hombre mesurado,  hábil para lograr pactos y sobre todo un convencido  marxista-leninista.

La mañana que lo conocí en El Pedrero me llamó la atención su aspecto humilde. El típico salvadoreño pequeño y moreno. Me llamó la atención su fácil sonrisa y su hablar pausado y sencillo.

Nadie en aquellos días se hubiese imaginado que un día usted llegaría a ser Presidente de la República. Todo mundo pensaba en Villalobos o en Schafik. Pero, sea como sea, usted es ahora el Señor Presidente.

Me dirijo a usted como un ciudadano que alguna vez compartimos los mismos sueños, sentimos a nuestros muertos y tuvimos la esperanza de que algún día viviríamos en un país mejor, donde los pobres tendrían una vida digna y feliz gracias a nuestros muertos.

Observando su gobierno y recordando a esos muertos no puedo dejar de recordar el epitafio que para Joaquín Pasos escribió Ernesto Cardenal: “Recordadle cuando tengáis puentes de concreto, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos”.  Nada de lo que estamos viviendo se asemeja a lo escrito por el poeta y  al sueño de nuestros caídos.

Usted sabe que ni en el anterior ni en este gobierno se están haciendo las cosas como sus votantes esperaban. Mientras tanto el pueblo pobre sufre lo indecible ante la falta de medicinas, el desempleo, y lo más terrible: la permanente amenaza de ser asesinado por no entregar parte de lo poco que gana. Nadie, por otra parte,  tiene ganas ni armas para un golpe de Estado.

Esos rumores, esos ataques sucios  a los opositores, ese desligue de los trabajadores, los estudiantes pobres, los jornaleros agrícolas, los maestros, para privilegiar, en su lugar, alianzas con lo peor de sus antiguos adversarios, hacen  pensar que usted y sus compañeros  han perdido contacto con la realidad. Esta triste realidad con la que cada mañana amanece nuestra patria con la muerte rondando en cada esquina y recodo de camino.

Pareciera que su gobierno no tiene un plan  de país, sino un proyecto de permanencia en el  poder.  Eso explicaría esa falta de sensibilidad ante el sufrimiento de la gente, la altanería de algunos de sus funcionarios y los ataque sucios  para destruir el honor de los opositores.

Ustedes controlan prácticamente todos los poderes del Estado. Además ahora muchos de sus compañeros son millonarios. Tienen el poder. Eso es una gran responsabilidad. Ya no se vale la excusa del pasado para justificar las deficiencias del presente y menos lanzar rumores sin sentido y ataques  a sus críticos.

Como alguien que un día lo conoció a usted como un hombre humilde y del pueblo, le insto a que vuelva la mirada a ese pueblo y que  comience a gobernar.  Nadie le pide  que construya el paraíso, pero sí que por lo menos haga un gobierno probo y decente. Pero,  sobre todo, que priorice con toda la seriedad de un estadista la búsqueda de una solución integral a esta cruel matanza calificada ya como la peor en lo que va del nuevo siglo.

Acuérdese de los sueños de aquellos mártires que ya ni siquiera mencionan en sus discursos: Apolinario Serrano, Juan Chacón, Dimas Rodriguez, Toño Cardenal, Felipe Peña, Eugenia Castillo y tanto otros. Recuérdelos y póngase la mano en el corazón y respóndase a sí mismo si está siendo consecuente con el sueño de tantos caídos. Todavía tiene tiempo. Rectifique, Señor  Presidente.

marvingaleasp@hotmail.com

Carta al Comité de Ética Parlamentaria: Sancionen al diputado Gallegos. De Paolo Luers

La verdad es que sólo sé que el Comité de Ética de la Asamblea Legislativa existe, aunque nunca lo he visto actuar. No he visto noticias sobre ustedes analizando o sancionando la extraña relación entre Sigfrido Reyes y sus asesor y socio de negocios.

Paolo Luers, 30 julio 2015 / EDH

Estimados legisladores:

Tampoco he visto noticias sobre el Comité de Ética pronunciándose sobre los viáticos que pagaron a Guillermo Gallegos para viajes fantasma que nunca hizo.

Pero alguna función de vigilancia, me imagino, deben tener ustedes. Dice en el reglamento de la Asamblea que ustedes tienen que “promover entre todos los Diputados y las Diputadas el respeto y la observancia de las normas éticas contenidas en el presente Reglamento.” Y la norma #1 para los diputados que encuentro en el reglamento es: “Observar en todo momento conducta correcta y honorable, así como la compostura, la dignidad y el decoro correspondiente a su cargo”.
Les pregunto: ¿Es acaso “conducta honorable” cuando un diputado, además vicepresidente de la Asamblea, públicamente instiga a delitos graves (por ejemplo homicidio)?

El diputado Guillermo Gallegos publicó, el día 28 de julio, una serie de mensajes en Twitter:

“Muerte a los mareros” todavía se podría entender como parte de su campaña por la pena de muerte. ¿Pero con las frases siguientes: “Lo q debe pasar es que tomemos la justicia en nuestras manos” y “Es hora q uno por 5 yaaaa”, el diputado inequívocamente está llamando a los ciudadanos a que apliquen la pena de muerte, como en la Asamblea no tiene posibilidad de aprobarse, tomando la justicia en sus propias manos.

También es apología de delito, mejor dicho de las ejecuciones extrajudiciales de supuestos pandilleros que ya se están cometiendo.
La justificación es, como siempre en boca de los populistas: Estoy expresando lo que el pueblo piensa. Puedo perfectamente entender que ciudadanos que viven la violencia creada por las pandillas, en su desesperación y ante la incapacidad del Estado de protegerlos, reaccionen así. Lo vemos todos los días en los comentarios en las redes sociales. Pero un funcionario público, en vez de recoger esta desesperación y frustración de la gente y llevarlo a su molino partidario, tiene la responsabilidad de insistir que los delitos se persigan dentro de la ley.

Un diputado no puede apropiarse de los impulsos irracionales que nacen de la desesperación de la gente, y así darles legitimidad. Tiene que confrontar los resentimientos populares con la racionalidad de la ley con la ética del Estado de Derecho. Esto lo convierte en líder. Ponerse a la cabeza de la exigencia de nuevos escuadrones de la muerte lo convierte en cómplice y delincuente.

Este populismo y oportunismo, en vez de reparar el tejido social dañado por tanta violencia, lo termina destruyendo.

Además del problema ético es un asunto penal. Los llamados del diputado Gallegos constituyen un delito, incluso, suficiente grave como para abrirle un antejuicio. La Asamblea no puede tolerar este tipo de comportamientos en su seno, y para esto existe el Comité de Ética Parlamentaria. Actúen, entonces, por el bien y la credibilidad de la Asamblea Legislativa.

Respetuosamente,

¿Como en tiempos de Duarte? De Paolo Luers

Parece un Déjà vu, una pesadilla que ya pasamos: paro de transporte, buses quemados, cadáveres en la calle, colas en las paradas de buses, calles nocturnas vacías, retenes, el gobierno hablando de terrorismo y desestabilización, gente llegando a su trabajo a saber cómo, acusaciones contra la empresa privada…

Paolo Luers, 29 julio 2015 / EDH-Observadores

Todo esto ya lo vivimos en los años 80. ¿Llegamos otra vez al punto de partida?

Marcos Rodríguez salió el lunes en televisión comparando la situación actual de su gobierno con la del gobierno de Duarte, enfrentando al mismo tiempo la guerrilla y la empresa privada.

Pero que ni en los peores días del gobierno de Duarte, cuando en enero 1987 hubo un paro empresarial y en junio y noviembre la guerrilla del FMLN decretó paros del transporte que paralizaron todo el país, se les ocurrió a los Demócratas Cristianos a hablar de una conspiración entre la derecha y la guerrilla para derrocar al gobierno.

Tal vez Marcos Rodríguez y Edmundo Viera, ex ministro de Duarte y actual viceministro de Sánchez Cerén, quien también en estos días hizo esta comparación entre los gobiernos de Duarte y Sánchez Cerén, tienen razón en un aspecto: Ambos gobiernos cometieron el mismo error fatal de meterse en un conflicto con dos frentes – con la empresa privada y la derecha política, y al mismo tiempo con la guerrilla, en el caso de Duarte, o con las pandillas, en el caso de Sánchez Cerén. No es culpa de ARENA, ni mucho menos de los exponentes de la sociedad civil que exigen la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, que el gobierno del FMLN se inventa el fantasma de un golpe de Estado al mismo tiempo que se vuelve manifiesto su fracaso en su guerra contra las pandillas. Cada partido, cada gobierno, cada presidente tiene que escoger bien sus batallas – y si se equivoca, desestabiliza al país. Y si esto pasa, poco le sirve acusar a otros de la desestabilización…

Así como Duarte fracasó escogiendo mal sus batallas y quedándose solo, el gobierno de Sánchez Cerén está fracasando porque profundiza las divisiones del país. Todos las comisiones de concertación que el gobierno de Sánchez Cerén está creando (para Seguridad, para Educación, para Crecimiento e Inversión) no sirven para nada mientras el FMLN no está dispuesto a negociar en serio: ni con la oposición política, ni con la empresa privada, ni mucho menos con los pandilleros. Con todos ellos, incluyendo los pandilleros, este gobierno está haciendo jueguitos engañosos de confrontación y diálogo. Estos jueguitos suelen entrar en crisis, y actualmente entraron en crisis todos a la vez. Como un acróbata que tiene demasiados pelotas en el aire: Se le cae una, y en el intento de levantarla, se le caen todas…

Esta es la situación actual de este gobierno. Tomó la decisión de resolver la crisis de seguridad yendo a la guerra abierta contra las pandillas – pero sin antes llegar a acuerdos con la oposición y con la empresa privada. ¿Y cómo va a llegar a acuerdos, si es tan transparente que su ofensiva abierta contra las pandillas no es para resolver el problema, sino para ganar apoyo electoral en una sociedad que desesperadamente exige seguridad?

Y cuando ya no aguanta el enfrentamiento, con tasas de más de 600 homicidios mensuales en mayo y junio, el gobierno hace promesas inconfesables e imposibles de cumplir a las pandillas, con tal que la situación se calme. De hecho se calma durante el mes actual de julio – pero al no poder cumplir las promesas, las pandillas cobran la factura de la única manera que han aprendido: con violencia. Resultado: el paro de transporte.

En vez de reconocer el error y sentarse con la oposición para concertar una política de seguridad que todos pueden apoyar, y que sea integral, prefieren culpar a la oposición del caos creado por ellos mismos. Llegan al absurdo de poner a su diputado Misael Mejía a decir que detrás del paro de transporte impuesto por las pandillas están un periodista y un diputado de ARENA. Crearse múltiples enemigos (medios, empresarios, oposición política y pandillas) y luego acusarlos a todos juntos de una sola conspiración contra el gobierno, esto es la receta segura para fracasar. Sin embargo, los platos rotos los pagamos todos.

El ocaso de los burócratas con dotes de ilusionista o actor de película de acción. De Carlos Ponce

El apoyo de la ciudadanía se lo ganarán en la medida que sean transparentes y produzcan resultados. Ya pasaron de moda los burócratas con dotes de actor de película de acción o de ilusionista, los ciudadanos promedio se han vuelto más exigentes: quieren transparencia y resultados.

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, 29 julio 2015 / EDH

Durante el primer semestre de este año, las pandillas lanzaron una ofensiva delictual que elevó el promedio diario de homicidios a más de 20, unos días incluso registrándose alrededor de 30 víctimas. Mientras las estadísticas progresivamente subían, las autoridades argumentaron en diferentes ocasiones que el incremento era consecuencia directa de la efectividad de sus operaciones. Los funcionarios, usando su especial don de oratoria (que lastimosamente no logra compensar por los múltiples déficits que presentan en diferentes áreas cruciales para ostentar sus puestos), empleando peripecias semánticas y crasas mentiras, muy hábilmente trataron de engañar a la ciudadanía, asegurando hasta la saciedad que los “batallones de limpieza”, la policía comunitaria y los reacomodos en centros penales habían sido tan efectivos para debilitar a las estructuras delictuales que los incrementos en la incidencia criminal se podrían considerar patadas de ahogado.

Esta semana, las pandillas desenmascararon al gobierno, desacreditando esas mentiras a través de otra muestra de su fuerza, control e influencia, evidenciando que sus organizaciones están más pujantes que antes. Desde el lunes, los cabecillas pandilleros lograron propiciar un paro masivo del transporte público, ornamentado por una cadena de homicidios cometidos en contra de motoristas de buses y antecedido por el lanzamiento de un artefacto explosivo en la fachada de un exclusivo hotel capitalino y la quema de varias unidades de transporte.

Según declaró el mismo presidente, Salvador Sánchez Cerén, durante una conferencia de prensa celebrada el martes, el Ejecutivo tuvo conocimiento el domingo sobre la intención de los cabecillas pandilleros de paralizar el sistema de transporte público. No detalló acciones para prevenir esta táctica pandillera, pero propuso una reacción ante su ejecución y consecuencias: que de ser necesario desplegaría a la Fuerza Armada en la capital para controlar la situación.

Múltiples funcionarios relacionados a la seguridad pública y políticos oportunistas, han aprovechado la lamentable coyuntura para tratar de ganar puntos de popularidad lanzando elocuentes mensajes contra la delincuencia, al estilo superhéroe de tira cómica.

Ninguna de estas posiciones abona a solucionar el problema. Ninguna es propia de un líder que tenga la capacidad de sacar al país de esta crisis. El presidente ofrece una medida burda, populista, que no tendrá un impacto significativo. Los demás funcionarios y actores políticos solo plantean frases cuidadosamente articuladas para ganar adeptos, pero no resultados concretos. El momento de ganarse el favor de la ciudadanía a puro discurso ya pasó.

Es inconcebible, por ejemplo, que después de que las autoridades obtuvieran información con antelación sobre la táctica que planeaban implementar los cabecillas pandilleros, no fueran capaces de desmontarla. Es aún más reprochable que algunos políticos y funcionarios estén aprovechando este caos para otros fines y que, paralelamente, traten de dar la impresión que están atendiendo la crisis de forma adecuada.

La situación es tan crítica y tantos funcionarios y políticos han vendido espejismos, que a los salvadoreños ya no los convencen con discursos trillados o frases pegajosas. Esto es evidente en la reacción que muchos tuvieron ante la intervención de estas personas en las redes sociales en el contexto del paro. Los reclamos, señalamientos y críticas contenidos en la bastedad de mensajes enviados a través de Twitter y Facebook, dejan entrever un mayor nivel de exigencia y una menor celebración a funcionarios que utilizan frases elocuentes que no van acompañadas por resultados concretos. El apoyo de la ciudadanía se lo ganarán en la medida que sean transparentes y produzcan resultados. Ya pasaron de moda los burócratas con dotes de actor de película de acción o de ilusionista, los ciudadanos promedio se han vuelto más exigentes: quieren transparencia y resultados.

@cponce_sv

Hacia una filosofía de la seguridad. De Mario Vega

Aunque el plan del Ministerio de Justicia y Seguridad es secreto, en el desarrollo del mismo se intuyen sus directrices básicas. Es bastante obvio que el plan va en el sentido de aislar a los dirigentes nacionales de las pandillas de sus bases y eliminar a las jefaturas locales. No hay un mensaje claro de las autoridades que prevenga a los miembros de la Policía de cometer abusos a los derechos humanos o hacer uso indebido de la fuerza. Por el contrario, ha habido discursos de respaldo moral y sin consecuencias para quienes disparen “en cumplimiento del deber”.

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, 29 julio 2015 / EDH

Desde que se instaló el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se dejó muy en claro que el propósito del mismo no era el de elaborar el plan de seguridad del gobierno; el propósito era asesorar al gobierno, desde la experiencia de cada invitado, en temas de seguridad. Esas condiciones eran comprensibles para cualquiera pues la protección de los ciudadanos es una responsabilidad indelegable del gobierno. Pero además de los insumos del Consejo de Seguridad el gobierno cuenta con otros dos instrumentos: el programa quinquenal que es un documento del partido en el poder y el plan del Ministerio de Justicia y Seguridad, el cual, por su carácter, es secreto.

No debería existir mayor dificultad con que el gobierno cuente con tres instrumentos para abordar el tema de seguridad, siempre y cuando, ellos sean coherentes y complementarios. Pero lo que ocurre es lo inverso. Mientras el plan quinquenal y el plan El Salvador Seguro del Consejo de Seguridad poseen un fuerte ingrediente de prevención de la violencia, el plan de Justicia y Seguridad es eminentemente represivo.

Mientras que el actual es el gobierno que más consistentemente ha hablado de prevención de la violencia, en la práctica, es el gobierno más represivo de la posguerra. Las campañas propagandísticas de Mano Dura y Súper Mano Dura de gobiernos anteriores no pasaron de ser propaganda. No obstante, el actual gobierno ha llevado la represión al uso excesivo de fuerza, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias. Los mismos vicios por los cuales en los acuerdos de paz se optó por la disolución de la antigua Policía Nacional.

Mientras el gobierno desplegó en el territorio la Policía Comunitaria también creó los Batallones de Reacción Inmediata con una filosofía que desconoce totalmente la de aquella. Una acción pesa más que las muchas palabras y los grandes esfuerzos que la Policía Comunitaria ha hecho por ganarse un espacio en los pobladores de asentamientos precarios se tira por la borda con una intervención corta, pero muy violenta de los batallones que producen anticuerpos en las comunidades. Es un grave problema cuando los niños comienzan a tener temor de la Policía.

Aunque el plan del Ministerio de Justicia y Seguridad es secreto, en el desarrollo del mismo se intuyen sus directrices básicas. Es bastante obvio que el plan va en el sentido de aislar a los dirigentes nacionales de las pandillas de sus bases y eliminar a las jefaturas locales. No hay un mensaje claro de las autoridades que prevenga a los miembros de la Policía de cometer abusos a los derechos humanos o hacer uso indebido de la fuerza. Por el contrario, ha habido discursos de respaldo moral y sin consecuencias para quienes disparen “en cumplimiento del deber”.

No hay investigación de los casos bastante evidentes de ejecuciones sumarias y si acaso existieron esa investigaciones no han conducido a ninguna consecuencia legal. Se adivina entonces que el plan secreto de seguridad consiste en usar la violencia como prevención de la violencia. Por supuesto que semejante camino es una contradicción absoluta al camino de la prevención propuesta por el Consejo de Seguridad y por el plan quinquenal del partido en el poder. En el fondo, se trata de la falta de una filosofía para la seguridad que no termina por definir un camino seguro de esperanza.