jorge nieto

Carta al ministro de Obras Públicas: ¿Quién lo nombró justiciero del pueblo? De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 junio 2017 / MAS! y EDH

Estimado Gerson:
Comienza nuevamente el juicio contra Jorge Nieto en el “caso Diego de Holguín” – con la sorpresa de ver a usted, nuestro albañil del pueblo, asumiendo funciones novedosas en el sistema judicial: Nosotros vamos a representar al país, al interés público. No más impunidad”, escribió en Twitter. La última vez que revisé la Constitución, era el fiscal general que representaba los intereses de la sociedad y del Estado, no un ministro.

Lo irónico es que usted, en su rol de justiciero, está haciendo precisamente lo contrario de lo que predica: genera impunidad. Todos sabemos -y usted mejor que nadie- que el robo de la Diego Holguín tiene un culpable principal: David Gutiérrez, ex ministro de Obras Públicas; y un responsable político: Tony Saca, ex presidente de la República.

Pero por diseño político del entonces Mauricio Funes (el que le hizo ministro a usted) y del entonces fiscal general Luis Martínez, y con apoyo de usted, desde el principio desviaron toda la investigación de la escandalosa corrupción en el MOP de Saca y su ministro Gutiérrez a un chivo expiatorio: Jorge Nieto, el hombre que asumió el MOP con la misión de limpiar el desastre. La interrogante: ¿Por qué querían proteger a Gutiérrez y al hombre detrás de sus diseños de corrupción, Tony Saca?

En agosto del 2015, cuando inició este juicio contra Jorge Nieto, escribí una carta contestando esta pregunta:

“Cuando el caso Diego de Holguín comenzó a sonar con el nuevo ministro del MOP, Gerson Martínez, mandando (literalmente) camionadas de documentos a la Fiscalía, todo el mundo dijo: Que bueno, van por David Gutiérrez y Tony Saca.
Al principio varios de los líderes del FMLN, incluyendo Gerson Martínez, dijeron: Esto no es con Jorge Nieto, quien s
ólo trató de salvar el proyecto Diego de Holguín, esto es con David Gutiérrez. La mala suerte (de Jorge Nieto) fue que los autonombrados luchadores contra la corrupción (Mauricio Funes y Gerson Martínez), luego de denunciar con bombos y platillos la escandalosa corrupción alrededor de la construcción del Diego de Holguín, de repente terminaron haciendo un pacto político con Tony Saca y GANA.

En esta trama política todavía está atrapado el “caso Diego de Holguín”, y sobre todo Jorge Nieto. Entonces, la pregunta del millón: ¿Por qué ahora, con Tony Saca ya procesado y preso por otros casos de corrupción; con Mauricio Funes evadiendo la justicia en Nicaragua; y con Luis Martínez, quien hizo la carpintería jurídica para esta trama, también preso y procesado por fraude procesal, todavía insisten en proteger a Gutiérrez y (en este caso) a Saca – y en enjuiciar al chivo expiatorio?

Esta pregunta sólo la pueden contestar dos personas: usted, el autonombrado justiciero, y el actual fiscal general Douglas Meléndez, quien heredó este caso viciado y decidió no rectificarlo.

Tal vez, con tantas entrevistas que da, usted nos puede dar la explicación.
Saludos,

“Todo el proceso está viciado y se han violentado derechos constitucionales”: Jorge Nieto

El exministro de Obras Públicas sostiene que llegó al MOP a solucionar una serie de problemas dejados por David Gutiérrez en más de siete proyectos; reitera su inocente porque nunca se conformó una figura delictiva durante su gestión.

 Jorge Nieto, ex Ministro de Obras Publicas. | Foto por L.M.E

Jorge Nieto, ex Ministro de Obras Publicas. | Foto por L.M.E

28 julio 2015 / EDH

El Diario de Hoy conversó con Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas y quien el viernes enfrenta la audiencia más importante en su vida, ese día puede ser absuelto de los señalamientos en la construcción del bulevar Diego de Holguín tramo I o pasar a la etapa de juicio.

¿En qué momento llega usted al MOP?

Yo llegué al MOP el 15 de enero de 2007, a terminar una gestión ya comenzada. Yo ya era servidor público desde el 1 de junio de 1999, como ministro de Trabajo. A partir del 1 de junio de 2004 fui designado como titular de la SIGET hasta el 14 de enero de 2007. Me pidieron que asumiera como titular del MOP porque la cantidad de problemas de carácter legal que había acumulado la institución entre 2004 y 2007 requería la experticia de un abogado.

¿Qué es lo que encuentra a su llegada al MOP?

Al momento de asumir encontré siete proyectos totalmente paralizados, incluyendo el Paseo General Escalón, la prolongación de la alameda Juan Pablo II, el bypass de Usulután y el trazo de Santa Ana a San Pablo Tacachico, entre otros. Los más complicados y visibles eran los tramos I y II_de la Diego de Holguín. Cuando entregué el cargo, todos estos grandes proyectos quedaron totalmente terminados, excepto el tramo II de la Diego de Holguín. Ese quedó con el contrato caducado y las fianzas debidamente cobradas, con multas impuestas a la empresa y listo para una nueva licitación.

¿El ministro Gerson Martínez dice que usted debía haber caducado el contrato de la Diego II a su llegada, por qué no lo hizo?

No caduqué el contrato a mi llegada al MOP porque no era legalmente factible, pues para caducar un contrato se requiere que haya existido un incumplimiento de la empresa constructora, según el artículo 94 de la LACAP. Si yo hubiera caducado el contrato al asocio, hubiera caído en actos arbitrarios y la empresa hubiera demandado al Estado y el litigio hubiera durado años. Y si condenaban al Estado, que era lo más posible, se hubiera encarecido aún más la obra.

¿Qué problema tenía ese contrato para caducarlo?

Eso es de lo que no se habla, no se habla de todas las anomalías que encontré. Lo que no dicen quienes me acusan es que las irregularidades que provocaron el entrampamiento del proyecto sucedieron antes que yo llegara al cargo. La principal anomalía que provocó que se paralizara la obra fue que el MOP, antes de mi llegada, en el 2005, movió el trazo original de la carretera y lo introdujo a un área de reserva forestal protegida. Esa acción ilegal complicó todo.

¿Hemos escuchado en diferentes ocasiones al ministro de Obras Públicas, decir que la carretera costó alrededor de $100 millones de dólares, es eso así?

En mi gestión se terminó un tramo completo y el 55% del segundo tramo. En la administración siguiente se terminó el 45% restante del segundo tramo. Si se suma todo nos da un gran total de $73,722,358 (setenta y tres millones, setecientos veintidós mil, trescientos cincuenta y ocho). Pero la gran diferencia es que en mi administración cada kilómetro costó alrededor de seis millones de dólares y en la administración actual cada kilómetro costó alrededor de 18 millones de dólares. Que cada quien saque sus conclusiones.

¿Si usted estaba tan respaldado documentalmente, se sentía seguro que no había cometido delito, porque estuvo prófugo tanto tiempo y por qué decide presentarse a la Justicia después?

Yo opté por ponerme a salvo de la manipulación política del caso. Recuerde que la Subsecretaría de Transparencia le subió el volumen al caso unos meses antes de iniciar la campaña presidencial de 2014. Cuando pasó el ruido electoral me presenté al tribunal porque soy inocente, porque no hubo delito alguno durante mi administración. El caso nació muerto jurídicamente, la Fiscalía hizo una investigación selectiva y buscó probar delito donde no hubo. Por eso el caso ha sido un fiasco, un proceso errático que ha violado el debido proceso.

¿De acuerdo a cómo se ha desarrollado el proceso han detectado algunas irregularidades procesales?

Todo el proceso está viciado. Se han atropellado los procedimientos, se han admitido decenas de vicios y se han violado los derechos constitucionales. En mi caso particular, por ejemplo, a pesar de tener el derecho, no se me permitió nombrar un defensor en la diligencias de investigación de la Fiscalía y como consecuencia de ello, se me vulneró el derecho de participar de las pruebas periciales que ordenó realizar el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. Otro ejemplo de irregularidad es que cuando la Fiscalía presentó el requerimiento fiscal, no se adjuntaron las pruebas periciales originales, solo se presentaron fotocopias de los dictámenes, que además estaban incompletas.

¿Eso podría dar pie a un sobreseimiento por violación del debido proceso?

De hecho, eso es muy común en nuestro sistema judicial, que por errores o violaciones procesales no prosperan muchos casos penales. En este caso, aparte que nunca hubo delito y que por tanto no existen pruebas, el proceso está plagado de irregularidades. Otra de esas irregularidades es que la principal pericia del caso, en la cual se marginó a la defensa, se extravió por más de un año, lo cual impidió que la defensa tuviera acceso a ella. Tenemos abundancia de prueba para probar que se nos violó nuestro derecho de defensa.

¿Se sienten satisfechos de las pruebas de cargo y descargo aceptadas?

No hubo equidad en el trato, nuestra defensa no tuvo igualdad de oportunidad de presentar pruebas de descargo. Desde un principio hemos estado en desventaja, especialmente porque la Fiscalía hizo una investigación selectiva y buscó probar delito donde no hubo. No hubo equidad para los acusados y tuvimos que tolerar las irregularidades y deficiencias del proceso. Además, muchas acciones o papeles que la Fiscalía llama “pruebas” son inadmisibles, irregulares o simplemente no tienen fundamento probatorio válido jurídicamente.

¿Cuáles son los puntos fuertes de la defensa?

Nunca hay pruebas donde no hubo delito, comencemos por allí. La defensa en general es fuerte porque la Fiscalía nunca presentó pruebas de las acusaciones. Es más, cometieron un error medular imperdonable: ofrecieron supuestas pruebas sin especificar lo que pretendían probar con cada uno de los supuestos elementos de prueba ofrecidos. Por eso durante la audiencia preliminar pasaron un día completo tratando de subsanar el error. La consecuencia de ese error es que la prueba ofrecida es jurídicamente inadmisible.

¿Se ha cuestionado mucho el peritaje realizado por el MOP y que es parte del proceso, es una prueba fuerte en el caso?

Uno de los grandes problemas que tiene ese peritaje es que fue realizado por empleados del MOP, cuando debió ser realizado por peritos independientes. Eso es vicio procesal. En el ánimo de probar su tesis, recurrieron a una maniobra que convierte a ese peritaje en una prueba viciada. Esto es, como decimos en buen salvadoreño, actuar como juez y parte, y eso desacredita todo el proceso judicial.

¿Por qué se decidió ir a un arbitraje?

Porque es un mecanismo totalmente legal para resolver diferencias según el artículo 165 LACAP y 45 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. El arbitraje era la forma más sensata, rápida y transparente de desentrampar la obra, pues los árbitros de forma independiente deciden la resolución final, y evitan prolongar por años un litigio que mantendría paralizada la construcción indefinidamente. Esta decisión fue consultada y avalada previamente por la Corte de Cuentas de la República.

¿En la acusación se ha querido pintar el arbitraje como una maniobra sospechosa de su parte a favor de la empresa constructora. ¿Por qué ir a un arbitraje si la empresa tenía las de ganar?

Aclaremos primero que el arbitraje lo manejó la Fiscalía y lo perdió la misma Fiscalía, a pesar que esta tenía todos los elementos probatorios para ganar, los cuales nosotros le habíamos proporcionado. Es importante recordar que presenté en su momento una resolución que mostraba que, luego de mi gestión, la empresa contratista había renunciado a reclamar incremento de precio alguno. Es el mal manejo de la Fiscalía lo que lleva a la pérdida del arbitraje. En todo caso, la opción por el arbitraje nada tiene que ver con la acusación de peculado que me hacen.

¿Qué espera resuelva la jueza en la audiencia del viernes?

Lo único que esperamos es que prevalezca la legalidad. La culpabilidad de un delito se demuestra con pruebas, es irrelevante cuántas cajas de documentos haya llevado el MOP actual a la Fiscalía o a un tribunal. Hay miles de documentos y cero pruebas. Además el caso tiene muchos vicios insalvables como para que pase a juicio. Por esos vicios y deficiencias lo que procede según la Ley es que ya se terminé esta historia tejida alrededor de una acusación sin sustento.

Débiles pruebas en caso de la Diego de Holguín

Abogado señala que problemas en la construcción se dieron en gestión de exministro David Gutiérrez.

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Nota EDH, 24 junio 2015

El proceso judicial del bulevar Diego de Holguín entró a su fase final en la etapa de instrucción que se conocerá este viernes si resuelve absolver o llevar a juicio a varias personas, entre ellos al exministro Jorge Nieto y su exviceministro Sigifredo Ochoa Gómez, pero el caso ha estado lleno de pruebas que la defensa llama inconsistentes.

Para el defensor del exministro Jorge Nieto, René Castellón, existe mucha debilidad y parcialidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante el juzgado Quinto de Instrucción.

El abogado, en incontables ocasiones, ha reiterado que el bulevar Diego de Holguín nació con problemas por las modificaciones que hizo el anterior ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez Miranda, que terminaron complicando y elevando el costo de la carretera.

Entre esos cambios hechos por Gutiérrez, que enumera el abogado, está la modificación y cambio del trazo del diseño original del bulevar para incorporar dos derivadores u orejas más que conectaran con la avenida Jerusalén.

EDH20150624EN_003PEsas orejas y el cambio del lineamiento provocó la tala de árboles en la zona del Espino, un área considerada como protegida, donde no se tenían los permisos ambientales correspondientes, pero además, provocó la intervención de la alcaldía de San Salvador, dirigida por Violeta Menjívar, que paró de inmediato los trabajos.

El cambio de diseño por las orejas y el cierre por parte de la Alcaldía de San Salvador, provocó atrasos a la empresa, pérdidas económicas por tener maquinaria y personal sin trabajar, algo que Copreca-Linares acumuló como pérdidas que eran imputables al Ministerio de Obras Públicas y no al contratista.

Esas pérdidas económicas se reflejaron en varios tratos directos (demandas) de la empresa y que obligó un posterior arbitraje que perdió la Fiscalía General y el MOP.

Sobre esos hechos, Castellón prefiere sostener que hay “un error” u omisión por parte del Ministerio Público en no procesar al exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, según él, es el verdadero responsable de los problemas en la carretera y quien inició el proceso de licitación y luego construcción.

Incluso en el mismo requerimiento, la Fiscalía dedica muchas páginas y argumentos para señalar supuestas irregularidades en la construcción de la carretera que corresponden a la gestión de Gutiérrez y no a Jorge Nieto; sin embargo, Gutiérrez es el gran ausente en este proceso judicial.

Gutiérrez, según fuentes judiciales, no es procesado por la Diego de Holguín, en su momento el Fiscal General, Luis Martínez, dijo que no habían indicios que apuntaran hacia él, algo que le provocó cuestionamientos por parte de los abogados defensores.

Además del requerimiento de la Fiscalía ante el juzgado Quinto de Instrucción, también varios informes elaborados por el actual gobierno señalan supuestos vicios e irregularidades desde el proceso de licitación y posterior adjudicación al asocio Copreca-Linares, cuyo propietario el guatemalteco Jesús Hernández Campollo es prófugo de la justicia salvadoreña.

Hernández Campollo ha sido apartado del proceso judicial para luego ser procesado en forma individual cuando sea detenido. Sobre el guatemalteco existe una orden de captura internacional de Interpol para ser detenido y traído a El Salvador por la Diego de Holguín.

Pero sí son procesados por el juzgado Quinto de Instrucción el exministro Jorge Nieto, el exviceministro Sigifredo Ochoa, así como varios técnicos del MOP, de la empresa supervisora y constructora.

En el caso de Nieto, es procesado por los delitos de peculado, falsedad documental e incumplimiento de deberes.

Según Castellón la mayoría de esas pruebas han sido cuestionadas y algunas desestimadas a estas alturas del proceso por la jueza del tribunal, incluso por la misma Fiscalía, porque eran inconsistentes y no aportaban nada al proceso.

“Perdimos un día en el tribunal debido a que la Fiscalía está revisando y sacando elementos deficientes”, afirma el abogado defensor.

Agrega que muchos de los argumentos del Ministerio Público son débiles y carecen de respaldo jurídico, algo que ha quedado demostrado en todo el proceso, y la misma jueza lo ha hecho ver a las partes.

“Esperamos que en esta etapa la jueza valore todos esos elementos inconsistentes y resuelva absolviendo a Nieto, porque todas las irregularidades se cometieron en el período de David Gutiérrez”, afirmó Castellón.

Peritaje con firmas escaneadas

Castellón arremete contra un peritaje realizado por el Ministerio de Obras Públicas sobre la carretera, debido a que es “imparcial” y nunca se tomó como parte del mismo a la defensa de Nieto, violentando así una garantía constitucional.

“El peritaje es algo imparcial, que no tiene validez y violenta el derecho de la defensa”, según el abogado, ya que fue elaborado por los mismos técnicos de Obras Públicas.

Ese peritaje forma parte de las evidencias presentadas por la Fiscalía y que la jueza se encuentra evaluando para dar su resolución el próximo viernes.

Castellón agrega que en el peritaje hay diversas inconsistencias que no deberían ser tomadas en cuenta: como personas que por ley no pueden ejercer ciertos trabajos técnicos, porque legalmente la ley se los prohíbe; como el caso de la función de un topógrafo que la ley establece que debe ser profesional en topografía, pero en el peritaje de Obras Públicas lo hizo un arquitecto, según documentos y firmas.

Además, existen notas en el peritaje que no son documentos originales, sino copias de copias anexadas, cuando en este tipo de diligencias deben ser documentos originales y certificados para que tengan validez jurídica.

Pero otro elemento, más grave según el abogado de Nieto, son documentos del mismo peritaje que han sido calzados con firmas escaneadas de algunos técnicos, que pudieron ser colocadas por cualquier persona con el fin de complementar los documentos y presentarlos en el tribunal.

Agrega que por lo delicado del caso no se trata de cantidad de documentos presentados como evidencias, sino que sirvan para comprobar un posible delito, y esas evidencias, señala, no lo sustentan.

Caducidad de contrato y fianzas

Sobre el delito que se le imputa a Nieto de incumplimiento de deberes, Castellón lo desvirtúo totalmente afirmando que cuando fue ministro sancionó en varias ocasiones a la empresa, le caducó el contrato de la obra y le ejecutó las diferentes fianzas a Copreca-Linares, recuperando dinero a favor del Estado.