Con sorpresa leí la entrevista que el diputado de ARENA, Johnny Wright, le concedió al periódico digital El Faro, dada la transparencia con la cual abordó dos temas tabús dentro de la agenda política nacional: el aborto y los derechos de la comunidad LGTBI. Resultó agradable leer declaraciones que no respondían a un guión partidario, sino a creencias intrínsecas de un funcionario de elección popular.
Ana Giralt, 16 octubre 2015 / elmundo.sv
En el pasado solo los diputados del FMLN se habían atrevido a sentar una posición adversa a los prejuicios morales y religiosos sobre el derecho que tiene una mujer de decidir llevar a término un embarazo en condiciones extremas, o el permitir que parejas del mismo sexo se unan de manera legal.
Sorprende que sea hoy un diputado de ARENA el que se refiriera a ellos, con un mensaje que contradice el pensamiento convencional que la derecha salvadoreña mantiene cuando aborda temas vinculados al sexo, concepción y conformación de la familia.
Es de suponer que tales declaraciones provienen de un legislador dispuesto a romper lineamientos preestablecidos, a fin de ser consecuente consigo mismo, aún y cuando esto le signifique futuros obstáculos en su carrera política, generados por quienes consideran que temas como éstos no merecen tener cabida en una agenda de Nación.
Difícil pasar inadvertido un abordaje tan honesto y transparente de temas sensibles, cuando lo común ha sido escuchar argumentos legislativos sujetos a preceptos religiosos, idearios políticos y falsas morales. Es fácil suponer que con sus palabras Johnny Wright generó expectativas positivas en quienes no consideran anormal e inmoral que El Salvador propicie un debate sobre el ampliar los derechos familiares para grupos sexuales minoritarios, y aceptar la aplicación del concepto “pro-choice” en situaciones de riesgo físico y sicológico de una mujer.
Sin proponérselo, Wright estaría frente a la posibilidad de marcar la diferencia entre ser un político con un proceder mecánico (a lo que estamos acostumbrados) o uno con una agenda propia que propicie la discusión responsable y sin apasionamientos de medidas que contribuyan a respetar la diversidad y neutralicen la discriminación contra los pertenecientes a grupos históricamente oprimidos, señalados y condenados a priori.
No se trata de crear un país antivalores, o fortalecer la promiscuidad o el irrespeto a la vida y a la familia, sino de reconocer que la sociedad y sus integrantes han cambiado, y que la base de un país democrático es la libertad y la igualdad de derechos para todos.
La Asamblea Legislativa ha dado pasos tímidos pero importantes al respecto. Hace unos meses incorporó en el Código Penal un castigo contra quienes agreden o matan a otras personas movidos por el rechazo sexual o la homofobia, pero aún puede hacer mucho más sobre éste y otros temas, todo depende del riesgo que diputados como Johnny Wright están dispuestos a asumir con acciones y no solo con palabras.
Segunda Vuelta 