Continua el debate que El Diario de Hoy ha abierto en sus páginas sobre la penalización absoluta del aborto y la propuesta de reforma. Comenzó con artículos de Morena Herrera y Regina Cardenal, siguieron tres columnas de Claudia Cristiani, y continúa ahora con posiciones de Federico Hernández Aguilar, Mónica Pacas de Rodríguez, Gaby Trigueros, y Rubén Zamora. Vamos a seguir documentando este debate.
Segunda Vuelta
Vidas en juego
De Federico Hernández Aguilar
17 abril 2018 / El Diario de Hoy
En tres largos artículos escritos por mi amiga Claudia Cristiani, en su apoyo a la propuesta de despenalización del aborto presentada por el diputado John Wright, ella ofrece a sus lectores un panorama sobre la realidad ética y profesional de la medicina en El Salvador, que coincide con las historias de horror que la prensa mundial ha difundido en el mundo entero sobre la supuesta e inequívoca relación que existe aquí entre la defensa legal de la vida embrionaria y las muertes de mujeres y niñas embarazadas.
Este panorama, de hecho, es tan salvaje e inhumano que el Estado salvadoreño tiene “ya decidido” que una mujer embarazada no reciba “tratamiento médico contra el cáncer” (sic), que las niñas violadas se vean “obligadas a llevar a término el embarazo” (sic) aunque mueran en el intento y que los especialistas no tengan “seguridad jurídica para actuar” (sic) en caso de urgencia para salvar la vida de la madre. Para completar el cuadro, Claudia menciona “que las complicaciones relacionadas al embarazo y al parto son las principal causa de mortalidad entre niñas menores en edad reproductiva”, sin aclararnos que esa aseveración no corresponde a nuestro país sino a un informe mundial de la OMS.
Pero veamos. Para analizar con la debida seriedad este paisaje desolador, el sentido común nos lleva a plantear algunas interrogantes. De ser cierto lo que se afirma, ¿cuántos médicos son demandados al año por los parientes de niñas fallecidas debido a que no fueron intervenidas a tiempo durante su embarazo? ¿Cuántos jueces, colocando al embrión por encima del derecho a vivir de la madre en un caso complejo, han fallado contra esas madres o contra el personal sanitario responsable? ¿Qué profesionales de la medicina, bajo la pretendida “incertidumbre” legal que existe, han dejado morir a sus pacientes gestantes por desconocimiento (inexcusable) de los protocolos que se utilizan en los embarazos complicados?
Según la versión de los artículos que hoy comento, a estas alturas deberíamos tener cifras exorbitantes para responder con propiedad a estas tres preguntas sencillas. Las asociaciones feministas radicales y el mismo gobierno —que, por cierto, dedican ingentes esfuerzos a la búsqueda de estos casos, hasta por debajo de las piedras— tendrían munición de sobra para ilustrar a los diputados y darle la razón al señor Wright. Curiosamente, lo único que hasta la fecha han podido presentar es una historia manipulada que dio la vuelta al globo —la penosa crónica de “Beatriz”— y diecisiete narrativas criminológicas no vinculadas al delito de aborto. Poco, a decir verdad, para ese terrible infierno que a Claudia le han pintado sus fuentes.
¿Por qué la causa abortista no tiene estas escandalosas cifras a su disponibilidad? Precisamente porque la práctica deontológica médica incluye el “doble efecto” —equivalente al legal “estado de necesidad” o “inexigibilidad de otra conducta”, aludidos por Claudia— y los profesionales de la medicina (los que actúan con ética al menos) lo aplican sin mayores problemas, sobre todo en las situaciones en que existe una evidente colisión de derechos entre la madre y su bebé.
El “salvajismo” con que a veces se quiere revestir a nuestra legislación vigente le hace daño a la reputación del país de manera innecesaria. Ya suficientes problemas tenemos con nuestra diaria ración de violencia como para que nos prestemos a colaborar con esa ofensiva internacional que pretende imponernos su agenda abortista, con la ONU por delante.
La dura realidad de las violaciones a menores de edad invitan a que hagamos un amplio examen sobre las alternativas que existen, sin agregar a la tragedia del ataque sexual el otro drama del aborto. Para llegar a esas alternativas, sin embargo, lo que el diputado Wright debería promover es un debate sobre las causas del problema, en lugar de concentrarse en sus efectos (con los dilemas de moralidad que ello implica). Si hay buena voluntad para enfrentar el asunto desde todos los ángulos, los buenos ejemplos de tratamientos integrales a la llamada “gestación en crisis” están a la orden de quien quiera conocerlos.
Con respecto a la “decisión” que el Estado toma “a priori” para los embarazos difíciles, algunos tenemos una lectura distinta que también merece consideración. Aclarado ya que el Estado salvadoreño no obliga a nadie a morir para salvar a un embrión, lo que sí hace es procurar que ese embrión —el más inerme, el que menos puede defenderse— sea cosificado, anulado, destruido sin justificaciones válidas. Y yo personalmente estoy de acuerdo con que así sea, porque de lo contrario estaríamos habilitándonos como sociedad a poner condicionamientos al derecho a vivir. Y ya la historia humana ha demostrado con exuberancia hacia dónde nos lleva eso.
Entiendo que a mi amiga Claudia le haga ruido el papel estatal en este tema, pero me sorprende que no le escandalice el resultado práctico de la propuesta del diputado Wright, a saber: que un grupo de legisladores le diga al Estado cuándo nos debe obligar a reconocer que un ser humano es persona, es decir, objeto y sujeto de derechos en El Salvador. (Serían doce semanas, por ejemplo, en el caso de violación de una menor de edad). Si eso no es más arbitrario que la legislación actual, me encantaría conocer un argumento convincente que lo explicara.
Mañana abordaré otros aspectos de la postura de Claudia Cristiani que me parecen dignos de comentar, pero con todo respeto quisiera dejar claro que si los razonamientos detrás del proyecto legislativo del señor Wright coinciden con los señalados por ella, mucho me temo que siguen adoleciendo de sustentación suficiente. Después de todo, como bien dice mi amiga, hablar sobre la realidad del aborto es importante porque son vidas humanas las que están en juego.
La columna de José Miguel Vivanco
La entrevista a Vivanco
¿Por qué ahora? Una reflexión en torno al aborto. De Rubén Zamora
17 abril 2018 / El Diario de Hoy
En las últimas semanas se ha recrudecido el debate sobre la reforma al Código Penal respecto a la despenalización del aborto terapéutico, es decir, si es permisible que un médico, con el consentimiento de los interesados y durante los primeros meses del embarazo, pueda practicar el aborto en los casos de violación de una menor o cuando esté en inminente peligro la vida de la madre.
Nadie está pidiendo el aborto como un derecho absoluto de la mujer, cosa que como cristiano no puedo apoyar, aunque respeto las opiniones de quienes lo sustentan; pero este no es el caso en nuestro país, simplemente se trata de reintroducir algunos –no todos– los casos de aborto terapéutico permitido por la anterior legislación penal vigente por décadas y décadas, al igual que en la mayoría de los países del mundo, excepto unos pocos cuya base son países de religión islámica.
Los oponentes a esta reforma, argumentan, por un lado que permitirlo es un asesinato y por otra parte que el aborto es una violación ala ley divina de “no mataras”; ambos argumentos me parecen muy débiles.
Respecto al asesinato, se maneja como una apelación emotiva típicamente populista y no racional que apela al laudable sentimiento de preservar la vida, pero que, como todo sentimiento esta sujete a un buen numero de excepciones; aun más, analizado desde el punto de vista jurídico, carece de toda validez, pues carece del elemento de dolo, que es esencial en el asesinato; la motivación de estos casos es de otra naturaleza que igualmente apela sentimientos humanitarios; cuando se trata del aborto por violación, la motivación es el daño causado por un crimen en una persona legalmente indefensa y en el otro caso, es claro que la motivación es salvar una vida, la de la madre. Por otra parte, argumentar que porque la ley hoy no lo permite, queda absolutamente prohibido, no pasa de ser un sofisma, pues si la ley antes lo permitía, es la ley misma –en concreto la Asamblea Legislativa– la que puede permitirlo.
Respecto a la transgresión a la ley divina de “no matarás”, de nuevo nos encontramos con un sofisma, pues en la historia de la humanidad, si bien los preceptos divinos han sido y son un invaluable guía para la humanidad, están sujetos a excepciones que la sociedad acepta y apoya; el caso más evidente es que prácticamente todos los países aceptan no solo la existencia de los ejércitos y policías, sino la facultad que tienen de matar en determinados casos que la ley establece; así mismo, tenemos el caso de la legitima defensa que es universalmente reconocida y para abundar, recuerden que otro precepto divino es “no robarás”, pero el cristianismo desde Jesucristo le da la excepción de que en caso de estar muriendo de hambre es ético y licito robar alimentos.
Para terminar, quisiera plantear a quienes adversan las excepciones al aborto una pregunta: ¿por qué hasta ahora reclaman el cumplimiento de la ley divina y claman por asesinatos, si nunca lo hicieron cuando nuestra ley penal no solo permitía estos dos casos de aborto sino otros más? ¿Acaso entonces no eran asesinatos ?… ¿Acaso en todas esas décadas no estaba vigente la ley divina que hoy aducen? Porque no puedo pensar que ha sido por ignorancia de la ley y de la realidad del país, sobre todo cuando entre los que los acuerpan hay eminentes abogados que pasaron por estudios de Derecho Penal en la universidad.
Lo que en verdad está en juego
De Mónica Pacas de Rodríguez
17 abril 2018 / El Diario de Hoy
Viendo las noticias, leyendo las redes sociales y escuchando lo que las personas comentan, me doy cuenta de que hay una terrible confusión cuando se habla y se discute en relación a la legalización o no del aborto llamado terapéutico o al aborto en los casos de embarazos fruto de una violación.
El viernes pasado presencié dos momentos diferentes en torno a este tema: el primer momento, una persona adulta, estudiada y formada, me preguntaba por qué no se debía considerar el aborto cuando el embarazo era fruto de las situaciones antes mencionadas. En ambas situaciones que están siendo consideradas legalizar, el bebé es no deseado y hasta odiado tal vez y se argumenta que se pone en riesgo la salud física y/o mental de la madre en caso de continuar el embarazo. El segundo momento, unos adolescentes hablando con total claridad y sentido común sobre por qué no se deben legalizar estos casos. A esto, sumémosle el debate que se ha generado a través de los diferentes medios masivos y otros ámbitos.
Esto me llevo a preguntarme la razón de esta ironía: los jóvenes con una consciencia clara y los adultos confundidos… La única respuesta que me resultó coherente es que las personas mayores estamos más “cargados”. Me explico.
En mi opinión, los adultos hemos sido influenciados poco a poco por una genial campaña a favor del aborto, en la que jugando con nuestras emociones, nos han ido presentando casos espeluznantes que nos han tocado la fibra de nuestro ser; y como es natural en todos, ha generado una reacción de rechazo ante estos embarazos. Algunos ejemplos: el papá que viola a la niña de 12 años y la deja embarazada; la señora que tiene cuatro hijos y ahora ha desarrollado una enfermedad que pone en riesgo su vida si continúa con el quinto embarazo; y así otra y otra y otra… Estas son realidades muy dolorosas que lastimosamente aquejan en nuestro país. Nadie lo puede negar. Y ese dolor compartido es algo que nos une a todos.
Sin embargo, se plantea el aborto como la única opción viable, cuando hay muchísimas medidas más que se pudieran implementar, en caso de querer ayudar a estas madres realmente. Se habla del aborto como de quitar una muela, sin hablar sobre las consecuencias que conlleva, tanto físicas, como mentales y emocionales.
Me parece que lo medular en esta discusión es que se está olvidando y dejando de lado el valor de la vida humana, que es el valor por excelencia. Sin vida no hay nada. Sin vida, todos los demás derechos humanos pierden sentido. Por tal razón, apelo a la sensatez y buena voluntad de quienes nos representan en la Honorable Asamblea Legislativa para que con audacia y valentía defiendan el valor de la vida y lo pongan por encima de cualquier otro tipo de interés o presión internacional. Y recordar que nadie, tiene el derecho de decidir sobre la vida de una persona. E invito a todos los salvadoreños a no dejarse confundir y cargar con amenazas, promesas e intereses personales o sectoriales. Informémonos bien antes de impulsar medidas que con certeza irían en detrimento de nuestra sociedad y encontremos otras alternativas que serían más favorables para todos. ¡Defendamos juntos la vida!
Nosotras decidimos
De Gaby Trigueros
18 abril 2018 / El Diario de Hoy
Quiero iniciar esta columna aclarando dos puntos que son esenciales y básicos. Primero, el Estado es laico y se ha diseñado de esa forma para que todos sus ciudadanos puedan convivir de manera civilizada, respetando las distintas creencias que cada uno pueda tener. Por ello es que existen cientos de países con miles de personas religiosas (de todo tipo) que se rigen bajo un marco de laicidad. Segundo, personalmente quiero hablar de la interrupción del embarazo en casos extremos, no promuevo una despenalización total ni tampoco me considero una “asesina”, que es como algunas personas, las que no han comprendido estos dos puntos básicos, me han señalado irresponsablemente. No entraré a detalle con los señalamientos, no vale la pena.
El tema de la despenalización del aborto en nuestro país ha sido extremadamente escabroso y, principalmente, incómodo para el sector ultraconservador de nuestra sociedad. Ese no es ningún secreto. De hecho, es ahí donde se origina el entrampamiento de este tema que no logra concretar un debate de altura y madurez en la Asamblea Legislativa, ante lo cual es importante esclarecer que este no debe ser un tema que se oriente bajo argumentos religiosos y mucho menos personales. Estamos hablando de una reforma al Código Penal en su artículo 133 A, para lograr que las mujeres salvadoreñas puedan tomar una decisión propia, con el apoyo de sus familias y orientación médica, y que no sea el Estado el que imponga una decisión en esos casos extremos.
Profundicemos en los casos extremos. Para ello les planteo un caso hipotético: si usted tuviese dos hijos y se vuelve a embarazar, y en el desarrollo de su embarazo el doctor diagnosticó que es un embarazo de alto riesgo y que usted podrá perder la vida, ¿quisiera usted que el Estado imponga una decisión absoluta sobre su caso, o prefiere tomar una decisión junto a su esposo y familiares bajo consejo médico? Retomemos el mismo caso hipotético, solo que en este, usted es soltera, viuda o simplemente no existe esa figura paterna para sus hijos, ¿qué será de sus hijos? ¿Quién debe escoger lo mejor para ellos, usted o el Estado? Ahora imaginémonos un caso extremo mucho más crudo, una niña de 12 años de escasos recursos fue violada por su tío, ella apenas podrá portar otra vida en su cuerpo y no tiene las posibilidades de recibir una nueva vida a este mundo bajo las condiciones dignas más básicas; esta niña no tiene a su padre, solo a su madre, ¿será justo que el Estado decida por ella o es mejor que la madre y sus médicos la orienten a tomar una decisión?
Considero importante mencionar que estoy hablando del poder de tomar decisiones sobre nuestras vidas y cuerpos, no estoy hablando de una obligación ante una interrupción del embarazo. Nada debe ser obligatorio; por ello el simple hecho de dignidad humana debe ser suficiente para que nadie imponga una decisión sobre alguien, ni el Estado ni ninguna organización. Las mujeres salvadoreñas somos capaces de tomar decisiones sensatas, de orientarnos adecuadamente con apoyo médico, y de escuchar a nuestra familia y saber qué es lo mejor para ellos, de todo esto y solo esto, debe abordarse el debate de la reforma al Código Penal. Este es un tema de ley que debe velar por el bienestar y salud de las mujeres salvadoreñas, como también debe fortalecer la capacidad de toma de decisiones que merece por derecho cada mujer.
La clave de la solución al problema está en debatirlo sin fanatismos o posturas absolutas, centrándonos en la protección de la vida y la salud de la mujer. Tengamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro para debatir con argumentos con altura. Es lo mínimo que merecemos las mujeres salvadoreñas.
@lagabyt
Vidas en peligro (2)
De Federico Hernández Aguilar
18 abril 2018 / El Diario de Hoy
En uno de sus artículos de respaldo al proyecto legislativo del diputado John Wright sobre el aborto, Claudia Cristiani nos hizo a sus lectores unas preguntas en torno a qué decisión tomaríamos si, de llegar a concretarse durante el embarazo una situación límite, nos tocara elegir entre la vida de nuestra cónyuge y la del hijo en sus entrañas. Como no tengo razones para esconder en mi conciencia esa respuesta, la doy sin problemas: los dos embarazos exitosos que hemos tenido fueron de alto riesgo, y la decisión de llevarlos hasta el final —pasara lo que pasara— ya estaba tomada por ambos.
Por supuesto, aunque admire como admiro la heroicidad de mi esposa, tengo claro que nuestras convicciones no pueden ni deben imponerse por ley a las demás parejas. Y aquí llegamos de nuevo a la arbitrariedad que yo mencionaba en mi artículo de ayer. El principio está por encima de la casuística. Por mucho que toda legislación tenga un grado inevitable de discrecionalidad, cuando estos marcos legales hacen referencia al derecho a la vida, nuestros criterios tienen que ser más amplios e interdisciplinarios que en otros asuntos. Me parece la posición más ética.
La jerarquía del derecho a vivir por encima de los demás derechos es no solo de orden social sino cronológico: jamás he visto a un muerto defendiéndose de nada. Pero el que incluso ese derecho tan importante tenga en la práctica límites y excepciones —los cuales también expliqué ayer— no significa que una legislación que señale o amplíe las causales para limitarlo sea la mejor respuesta en circunstancias complejas.
En última instancia es irrelevante cómo se llegó a determinada reforma en un código penal, siempre y cuando haya quien sepa exponer razones válidas para su vigencia. Si solo las falsedades a que se ha recurrido en otros países para legalizar el aborto invalidaran esas reformas, Estados Unidos, México, Chile y media Europa tendrían que volver a ilegalizarlo. La cuestión es cómo argumentamos nuestras posiciones y a qué fuentes recurrimos para ello.
Reconozco en Claudia la buena fe cuando dice que la propuesta de Wright “no pretende abrir puertas que siempre han estado cerradas” al aborto. El problema es que la evidencia histórica dice exactamente lo contrario. España, Alemania, Estados Unidos, Holanda, y un largo etcétera, son países cuya legislación permisiva de la interrupción del embarazo empezó con “excepcionalidades” y ha terminado ampliándose hasta prácticamente borrar casi cualquier obstáculo para las mujeres que quieran deshacerse de sus hijos.
No basta, pues, la buena fe. Se debe tener presente los contextos históricos en que ciertos proyectos de ley son empujados y el efecto que estos pueden tener en otros grupos de presión, que suelen necesitar de muy pocos resquicios para lanzarse a radicalizar los marcos vigentes. Tampoco debemos asumir que la verdad moral de las decisiones políticas descansa en mayorías coyunturales, como ya he tenido ocasión de exponer en otros artículos. Si casi todas las encuestas señalan hoy que los salvadoreños rechazan el aborto, cualquier cambio en esa opinión no dotará al aborto de mayor o menor moralidad.
Confieso que me costó mucho entender en qué sentido mi amiga Claudia introdujo el tema de la separación entre Iglesia y Estado en el último de sus tres artículos. Es obvio que nuestro Estado es laico y que a las diversas denominaciones cristianas les asiste el derecho de defender sus puntos de vista como a cualquier agrupación ciudadana. Por qué se insiste en eso dado que la decisión final queda en manos de legisladores, la verdad, no me queda claro. A menos que se presuponga que las iglesias están haciendo cosas indebidas para presionar a los diputados.
Si ese fuera el caso, las presunciones no solo deberían dirigirse a las creencias religiosas de la gente, sino también a las ideologías (que son otras formas de creencia, pero más perniciosas), porque es evidente que detrás del movimiento abortista en El Salvador hay bastante subjetividad y poca ciencia, además de mucho, mucho dinero. Si ese financiamiento se destina únicamente a movimientos feministas privados, la situación tal vez no sea tan grave; pero si por allí se cuelan fondos para partidos políticos o campañas gubernamentales, estaríamos delante de una intromisión escandalosa que convendría denunciar a nivel internacional.
Pero volvamos al tema de la arbitrariedad. Si yo le preguntara al diputado John Wright por qué doce semanas es un tiempo científicamente defendible para considerar “persona” a un ser humano en El Salvador, ¿cuál sería su respuesta? Si aludiera al aborto criminológico que tuvimos antes o a legislaciones de otros países, la pregunta seguiría en el aire: tampoco sus pares en esos países le ofrecerían respuestas satisfactorias, objetivas, apoyadas en las especialidades científicas a que corresponde acudir.
¿Qué diferencia habría entonces entre la justificación de hoy con una que en el futuro proponga que ese periodo de doce semanas se amplíe a quince o a veinte? Objetivamente, sin ciencia de por medio, no habría diferencia posible. Y eso es lo que pasa cuando nos arrogamos la autoridad para decidir quién vive y quién no vive: quedamos aparcados a centímetros de las tiranías.
Federico Hernández Aguilar, 10 enero 2018 / 
Recuerdo las palabras textuales de Schafik porque fui a apuntarlas de inmediato. De hecho, la última vez que coincidí con el Dr. Calderón, hace varios meses, le conté mi plática con Handal y pude notar la satisfacción que la anécdota le producía. “Es que se nos ha olvidado que la política es para acercarnos”, reflexionó. “Si convertimos la política en un terreno para el pleito permanente, no hay manera de sacar adelante el país”.
Es increíble. Tenemos por delante el desafío de garantizar que la voluntad de los salvadoreños, expresada en las urnas, sea fielmente respetada en marzo de 2018. De igual manera, quienes sabemos las amargas consecuencias –políticas, sociales y económicas– que podría tener para el país que el oficialismo tenga éxito en su confesada intención de meter mano a los ahorros de los trabajadores, tenemos la obligación moral de oponernos a ese robo con todos los recursos que nos otorga la Constitución.
Segunda Vuelta 