Roberto Rubio

El Frente en su laberinto. De Roberto Rubio

rubioRoberto Rubio, 5 diciembre 2016 / LPG

El escenario internacional para el Frente ha venido cambiando desfavorablemente. El mal llamado Socialismo del Siglo XXI está quedando en el olvido, como una página efímera y accidentada de la historia. El Frente perdió su soporte y referente económico, y ahora pierde a Fidel Castro, su principal referente político. Rusia y China tienen sus apuestas principales en otros países latinoamericanos. Una verdadera orfandad internacional.

la prensa graficaTampoco les va bien en el escenario nacional. A nivel económico, no solo no lograron dar principios de solución o disminuir los problemas heredados de los gobiernos de ARENA, sino que su gestión gubernamental los profundizó; a tal punto que llegaron a producir algo que nunca antes había ocurrido en nuestra historia económica contemporánea: volver insolventes las finanzas públicas. Tampoco han logrado enfrentar adecuadamente los problemas estructurales de nuestro bajo crecimiento, y nuestra economía sigue tan enclenque y pasmada como antes. Han seguido haciendo más de lo mismo, y nunca se han atrevido seriamente a hacer reformas estructurales, a transformar el susodicho “modelo” que tanto han criticado y aborrecido.

Tampoco les va nada bien en el campo del combate a la opacidad, la corrupción y la impunidad. Lejos de ser percibidos, tal como lo prometieron, como agentes de cambio y contención de tales flagelos, buena parte de la opinión pública los percibe como reproductores y amplificadores de los mismos. Sus agresivos ataques a la Sala de lo Constitucional, sus críticas a la embajadora de Estados Unidos y al trabajo anticorrupción que lleva a cabo la Fiscalía General, la defensa cerrada de sus propios corruptos, sus operativos de difamación hacia todos aquellos que criticamos su opacidad y corrupción, les ha restado toda credibilidad en la materia, y es fuente muy importante de descontento ciudadano. No hay que olvidar que la agenda de la corrupción e impunidad, que hace unos años no tenía mucho peso electoral, ahora lo tendrá de manera creciente.

En cuanto a otro de los escenarios que más preocupa a la población salvadoreña, la inseguridad ciudadana, tampoco andan muy bien que digamos. Y también lo es de preocupación del mismo partido, pues es quizá el único campo donde podría haber avances con rendimiento electoral. Sin embargo, algo que parecía presentar cierta mejoría en cuanto a la baja de homicidios, parece poco a poco írseles yendo de las manos. La estrategia unilateral de mano dura, largamente ensayada y fracasada, está produciendo mayores reacciones de violencia y expansión de operaciones del crimen organizado. Sin duda, el Frente necesitará bajar los homicidios y/o contener los elevados niveles de violencia de cara a las próximas elecciones. Pero esto no podrá darse en el corto plazo, y ojalá esta deficiencia o imposibilidad de bajar los homicidios y violencia no quiera ser superada nuevamente con una oscura estrategia negociadora con las pandillas.

Valga señalar que la falta de crecimiento económico y empleo, la crisis de las finanzas públicas, la corrupción e impunidad imperante, la falta de contención de la violencia y el crimen, son factores que van minando el apoyo que ha venido recibiendo el Frente de ciertos sectores sociales, y perfilan un incremento de la protesta social y sindical.

A todo lo anterior, hay que añadir el fuerte deterioro de los negocios impulsados por medio de Alba Petróleos, lo cual ha venido reduciéndole al Frente sus márgenes políticos, económicos y sociales de maniobra.

En fin, el Frente se encuentra atrapado en un laberinto que no tiene fácil salida. Ante ello tiene al menos dos opciones. La perdedora: seguir aferrándose al pasado, seguir reproduciendo los vicios de gobiernos anteriores, seguir atrincherándose en la intolerancia y agresividad ante las críticas, seguir sintiendo urticaria ante la independencia de poderes, etcétera. La no perdedora: dar un salto hacia adelante, hacia el verdadero juego democrático, hacia la limpieza de sus corruptos, hacia la democracia interna y el abandono del autoritarismo, hacia el abandono de los dogmas, hacia las necesidades de los pobres y no de sus propios ricos, hacia nuevos liderazgos, etcétera. El famoso “salto de calidad” que tanto se pregonaba antes en su interior.

Destapando la olla. De Roberto Rubio

Ahora la justicia parece comenzar a picar no solo al que anda descalzo.

roberto rubioRoberto Rubio, 7 noviembre 2016 / LPG

Experimentamos retrocesos y avances en nuestra realidad. El pesimismo que predomina el alma nacional indica que hay aspectos esenciales de ella en franco deterioro: en materia económica y sobre todo fiscal, en oportunidades para la vida, en madurez política, en inseguridad ciudadana, en valores, etcétera. Dos casos que simbolizan ese proceso de deterioro son el aeropuerto de Comalapa y el fútbol nacional: después de ser de los mejores en Centroamérica, ahora se encuentran entre los peores.

la prensa graficaSin embargo, hay significativos avances en otros campos. Uno a destacar es el de la lucha contra la opacidad y la corrupción. Ahora no solo se sabe más de los corruptos, sino que personas que se consideraban intocables han sido capturadas, y las hemos visto pasar afligidas por la cárcel y los juzgados (y a uno de ellos pasar por la frontera huyendo a hacer “consultorías”): expresidentes, alcaldes, exdiputados, ex altos funcionarios, un millonario empresario con altos conectes políticos, un exfiscal de la República, un importante militar del Batallón Presidencial. No es poca cosa. Aunque todavía no ha habido juicio y veredicto sobre ellos (esto dependerá sobre todo de las evidencias y honestidad de los jueces), es algo que jamás nos imaginamos podría ocurrir.

Ahora la justicia parece comenzar a picar no solo al que anda descalzo. Quizá por esos avances un alcalde anda nervioso, como bien dice el fiscal. Quizá por eso un alto dirigente político que sale vinculado en los medios de comunicación con el tráfico ilegal y el lavado de dinero a nivel internacional se le confecciona un traje viceministerial a la medida para blindarlo nacionalmente con fuero (ahora somos un exótico país en el mundo donde un viceministerio lo compone una sola persona).

Por otro lado, gracias al “pedazo de institucionalidad” que sí funciona, a la acción ciudadana y al interés de varios medios de comunicación hay menos opacidad, e informaciones que se consideraban secretas empiezan a dejar de serlo. La acción ciudadana, junto con la intervención de la Sala de lo Constitucional (SC), fueron fundamentales para conocer parte de los abusivos y discrecionales manejos de fondos públicos y contrataciones de asesores en la Asamblea Legislativa. Gracias al periodismo investigativo conocemos cómo políticos y altos funcionarios negocian con las pandillas, ofreciendo dinero y otras prebendas a cambio de votos.

Algunas informaciones claves que se consideraban secretas empiezan a dejar de serlo. En efecto, debido a la acción de la SC y a la acción ciudadana, las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos dejaron de ser secreto de Estado; y las auditorías de estas permitieron a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia iniciar juicios civiles contra altos funcionarios y expresidentes. Ahora, gracias a las recientes capturas del expresidente Saca y sus cercanos colaboradores, conocemos más del uso discrecional de la mal llamada Partida Secreta de Casa Presidencial. Con tal precedente, no está lejos el día que esta partida presidencial de gastos reservados tenga que ser regulada y disponga de su sistema particular de rendición de cuentas.

La olla se está destapando, y nos debe llenar de optimismo que algo positivo está ocurriendo en este país. Pero también debe preocuparnos, pues los avances suelen. producir reacciones negativas de quienes se oponen a ellos: acusaciones y ataques a todos los que luchan contra la corrupción e impunidad; constantes y furibundas agresiones del FMLN hacia el trabajo de la SC; críticas viscerales contra el periodismo investigativo; críticas veladas, presiones y amenazas hacia la Fiscalía, etcétera.

Los ciudadanos debemos dar nuestro decidido apoyo al trabajo de la Sala de lo Constitucional, así como al accionar valiente y honesto del fiscal y sus colaboradores. No es posible que sea solo la cooperación internacional la que brinde su apoyo y solidaridad hacia la Fiscalía, y no seamos capaces de movilizar internamente ese apoyo. Si no hacemos nada por defender lo conquistado, en 2018, para la elección de nuevos magistrados de la Sala y para fiscal general, sin duda tendremos importantes retrocesos.

 

Kamikazes fiscales. De Roberto Rubio

Sí existen actitudes y declaraciones irresponsables que crean condiciones subjetivas para alimentar el pánico.

Roberto RubioRoberto Rubio, 24 octubre 2016 / LPG

Recientemente han circulado en las redes sociales afirmaciones de que el gobierno prepara un “corralito”, que se sacarán los colones para pagar a empleados públicos, que es inminente la desdolarización. Nada de esto es cierto.

No cabe duda que tenemos una crítica situación fiscal, y está claro que si no se hace nada, en un medio plazo podemos vernos sometidos a presiones por una “desdolarización forzada”, algo que casi nadie quiere. Sin embargo, no estamos al borde del precipicio. Hay tiempo y condiciones para que ello no suceda: el gobierno tiene fondos en el sistema bancario y cuenta con otros mecanismos para no caer en impago, las la prensa graficaremesas representan un sustantivo flujo de dólares que funcionan como importante amortiguador, nuestro sistema financiero es sólido, hay soluciones técnicas para resolver la crisis de liquidez gubernamental, y es factible que antes que finalice el año se tengan algunos acuerdos políticos que le bajen tensión a la problemática fiscal. No hay condiciones objetivas para el pánico.

Pero sí existen actitudes y declaraciones irresponsables que crean condiciones subjetivas para alimentar el pánico. Ahora resulta que hasta los que desde las esferas oficiales afirmaban hace algunos meses que éramos una maravilla de economía, se volvieron catastrofistas. Ahora son los primeros que esgrimen una indescifrable emergencia nacional y recurren al “cuco” del impago como parte de su estrategia negociadora. Mientras tanto, desde ciertas esferas de la oposición no faltan algunos que le hacen de Nostradamus, vaticinando una fecha determinada para el fin del mundo (se dijo que era el 7 de octubre). Ambas posiciones alimentan irresponsablemente la incertidumbre y el nerviosismo de los mercados, inversionistas, ahorrantes, presentes/futuros pensionados; ambas posiciones nutren a los kamikazes de uno y otro lado, a los abanderados de la teoría del caos.

Ahí están los kamikazes opositores que sugieren que la crisis vaya a fondo, que no hay que negociar con el gobierno, que hay que dejarlos que quiebren, que los impagos ampliarán el malestar social hacia el gobierno e incrementará la simpatía hacia la oposición, etcétera. No cabe duda que la oposición no puede darle todo lo que pide el gobierno, o caer en el simplismo de aprobarle los $1,200 millones a cambio de una ley, que tiene que usar su única fuerza negociadora al tener en sus manos la llave de los 56 votos para aprobar préstamos, y que con esto último puede inducir cambios de rumbo a la irresponsable política fiscal que tenemos. Sin embargo, si el gobierno cae, si cae en impago técnico, si estalla una crisis fiscal, entonces se llevarán de encuentro al conjunto de la economía, con nefastas consecuencias para todos. Por muy ineptos e irresponsables que sean, no se les puede dejar caer.

Ahí están también los kamikazes del oficialismo que sostienen que no hay que negociar con ARENA y menos aceptar las condiciones del FMI, que se le puede echar la culpa a este partido de las consecuencias sociales del impago y dirigir las protestas sociales hacia ellos, que no importa si se llega a la desdolarización pues así se puede resucitar su deseado colón y contar nuevamente con política monetaria, que de las cenizas que deje el caos se puede construir el nuevo y alternativo modelo, etcétera. No se dan cuenta que permitir semejante situación significará un suicidio político para el FMLN, quien seguramente no levantaría cabeza por varios años.

Estas posiciones kamikazes que circulan en conversaciones privadas, y malintencionadamente en redes sociales, atentan contra la sensatez y racionalidad que la coyuntura demanda, tienden un manto de incertidumbre que genera un nocivo e innecesario nerviosismo en el mercado nacional e internacional, y para nada favorece la salida a la crítica situación fiscal que vivimos actualmente. Son enfoques que contaminan las difíciles negociaciones entre el gobierno y la oposición, ya de por sí seriamente infectadas por el virus de los cálculos electorales. Ojalá las negociaciones den buenos frutos, y que las posiciones kamikazes se estrellen contra sus propios barcos, y no contra el bienestar de la población.

Corrupción, seguridad y democracia. De Roberto Rubio

rubioRoberto Rubio, 10 octubre 2016 / LPG

La relación de la corrupción con la seguridad, nacional o ciudadana, así como con la democracia, ha sido muy poco analizada. Los análisis sobre la corrupción han estado más relacionados con la ética y la economía. En efecto, la lucha contra la corrupción moviliza cada vez más ciudadanos pues la faceta ética de nuestro ser es sensible ante el dolor ajeno que los corruptos provocan. La corrupción mata y los corruptos son criminales (por ejemplo cuando una licitación amañada resulta en edificios frágiles que cae fácilmente ante un terremoto). Esto indigna, como indigna el hecho que por causa de la corrupción no hay medicinas y buenos equipos en los hospitales, alimentos contaminados, falta de escuelas, etcétera.

la prensa graficaEl fenómeno de la corrupción también ha sido estudiado bajo la óptica económica. Varias investigaciones han venido estimando los costos económicos y fiscales de la corrupción, su relación con los índices de productividad y con los flujos de inversión externa, y es una variable que pronto se introducirá en los modelos econométricos.

Pero poco sabemos de las complejas interrelaciones que existen entre corrupción e impunidad con la política y la seguridad. En los últimos años, esta última relación ha venido cobrando mucha relevancia tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional, más allá de las motivaciones éticas o económicas, la lucha contra la falta de transparencia y la corrupción ha recibido un empuje desde los países del Norte, entre otras razones, por las preocupaciones que el terrorismo y el narcotráfico genera: el soborno facilita el acceso a secretos e informaciones militares, mientras que los flujos financieros ilícitos potencian el accionar y movilidad de grupos como Al Qaeda o Isis. A nivel nacional, no es tanto la seguridad nacional la que preocupa, sino los efectos que la corrupción tiene sobre la seguridad ciudadana y sobre nuestra frágil democracia.

No se puede combatir adecuadamente la criminalidad si hay fuerte presencia de la corrupción dentro de la Policía; si altos oficiales de la Fuerza Armada se lucran del contrabando de armas, muchas de las cuales van a parar a manos de las pandillas; si en los penales campea el soborno; si los criminales y/o corruptos capturados por la policía y llevados a juicio por la fiscalía son al final declarados inocentes por jueces corrompidos. Tampoco se puede enfrentar adecuadamente la inseguridad si no hay una sustantiva participación ciudadana. Y esta no aflora cuando, a causa de la corrupción, hay fuerte desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades.

Asimismo, la lucha contra la corrupción es fundamental para la consolidación de nuestra precaria democracia, y viceversa, la corrupción e impunidad la fracturan y debilitan. Así para el caso, la corrupción incrementa la distancia entre el Estado y la sociedad; aumenta la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones; favorece el fraude electoral; promoviendo el transfuguismo y cambiando la aritmética legislativa, se viola la voluntad de los electores; el sistema político se ve trastocado por el financiamiento partidario por parte del narcotráfico y el crimen organizado. En conclusión, la corrupción descompone la institucionalidad democrática y es una amenaza para el Estado de Derecho y la sana gobernabilidad.

De ahí la importancia de la lucha ciudadana contra la falta de transparencia, la corrupción e impunidad. Esta puede convertirse en un factor fundamental para el fortalecimiento de nuestro hoy debilitado proceso democrático, en uno de los elementos claves para producir cambios políticos positivos.

En el país existen “parcelas” de institucionalidad que están contribuyendo al combate a la corrupción, como la Sala de lo Constitucional, la sección de Probidad de la CSJ, la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, ese buen esfuerzo institucional es insuficiente y corre el riesgo de que experimente retroceso en los próximos años con las elecciones de nuevos funcionarios. Por ello es urgente y necesario construir un movimiento ciudadano lo suficientemente preparado, sólido y sostenible para defender la institucionalidad democrática conquistada, así como para contribuir significativamente con su lucha contra la corrupción e impunidad, a los cambios políticos que nuestro proceso democrático demanda.

Necrofilia Política. De Roberto Rubio

“Aquí yacen los piratas que asaltaron la rica Venezuela y la dejaron navegando en mares de miseria”.

Roberto Rubio, 26 septiembre 2016 / LPG

Durante una entrevista en el programa televisivo Frente a Frente, compartía las cámaras con el buen amigo Miguel Fortín Magaña, exdirector del Instituto de Medicina Legal. Exponíamos nuestros puntos de vista sobre la coyuntura sociopolítica del país. Y cuando opinábamos sobre las posiciones y comportamientos políticos de algunos miembros del FMLN en torno al acontecer nacional, se me vino a la mente una idea, quizá evocada por la actividad forense: la de calificar dichas posiciones y comportamientos de Necrofilia Política.

la prensa graficaLa Necrofilia, según una de las versiones de los diccionarios en línea, hace referencia a la “atracción que siente una persona hacia la muerte y hacia todos los aspectos relacionados con ella”, o “a la seducción que siente una persona hacia los aspectos relativos a la muerte”. Por tanto, y perdón por el atrevimiento lingüístico y conceptual, la Necrofilia Política haría referencia a aquellos que se sienten seducidos hacia ideas, enfoques o experiencias políticas fallecidas o a punto de fallecer. Bajo la Necrofilia Política, la compleja, cambiante e intensa vida del presente y su despliegue hacia el futuro, queda atrapada en las inertes tumbas del pasado.

Necrofilia Política hacen algunos dirigentes del Frente cuando le siguen apostando al cementerio del llamado Socialismo del Siglo XXI, donde pronto descansará la supuesta revolución bolivariana. Se sienten atraídos por un faro que ya no alumbra, y donde se van a estrellar los barcos con tripulaciones cegadas por la espesa niebla ideológica. Sobre el mausoleo de la moribunda Venezuela de Maduro leeremos el siguiente epitafio: “Aquí yacen los piratas que asaltaron la rica Venezuela y la dejaron navegando en mares de miseria”.

Bajo la dinámica de la Necrofilia Política, se prefiere ir a conmemorar la “involución sandinista” impulsada por una corrupta dictadura que ha hecho resucitar a Somoza, ir a celebrar el aniversario de la muerte de Chávez, visitar el pasado y no el futuro de Cuba, asistir al moribundo encuentro de los países no alineados, etcétera, que ir al encuentro del primer mundo, mantener una activa presencia en el debate académico y político que sobre la región centroamericana se lleva a cabo en los círculos Washingtonianos, ver hacia la Alianza del Pacífico, etcétera.

La Necrofilia Política aproxima a las desfasadas prácticas que justamente han contribuido a los fracasos de los autodenominados gobiernos de izquierda: autoritarismo, populismo, intolerancia hacia la crítica, calificar de traidores o agentes del imperialismo o la oligarquía a los que no piensan como ellos, evitar el debate y el disenso interno, pensar los hechos con manuales y eslóganes simplistas, etcétera. La Necrofilia Política impide entender que la realidad evoluciona hacia sociedades cada vez más abiertas e informadas, donde se acelera el debate y circulación de ideas, donde florece la dialéctica entre la duda y la certeza, donde hay ciudadanos más urbanos y pensantes y menos clientelares.

Nos encaminamos hacia Estados más vigilados, no solo internamente por los contrapesos institucionales propios de la democracia, sino también externamente gracias a la creciente participación ciudadana en el quehacer público.

La lucha contra la corrupción e impunidad es parte de ese proceso de mayor escrutinio ciudadano hacia los Estados. La presión que hoy existe hacia el gobierno del FMLN en la materia no es producto, como se interpreta desde la Necrofilia Política, de una conspiración maquiavélica de la derecha opositora (aunque sin duda trata de sacar ventaja de ella), o de intentos golpistas desestabilizadores. A este gobierno le tocó un momento histórico donde la lucha contra la corrupción e impunidad se ha convertido en parte importante del quehacer internacional, donde crece su relevancia dentro de los procesos de desarrollo, donde los ciudadanos son menos tolerantes y más exigentes frente al flagelo, donde se dispone de más tecnología informativa, donde los funcionarios están más expuestos al sol.

Los que practican la Necrofilia Política, imposibilitados de percibir la dinámica de la vida a su alrededor, algún día no les quedará más remedio que deleitarse con su propio ser inanimado. Y desde ahí, desde ese encierro que mata, asistirán tarde o temprano a su propio funeral.

Eliminar placas particulares a vehículos nacionales Opinión. De Roberto Rubio

roberto rubioRoberto Rubio, 15 agosto 2016 / LPG

Sin duda, existen recientemente hechos que indignan a muchos ciudadanos. La lista es larga y sustantiva: diputados vinculados a narcotráfico; ausencias notorias de diputados/as en sus labores y berrinche ante la anulación de sus suplentes; clientelismo y nepotismo legislativo; despilfarro y uso discrecional de fondos por parte de la Presidencia de la Asamblea, así como en CEPA; las licitaciones sospechosas de esta autónoma; contaminación y encubrimiento de escenas de crimen en accidentes de tránsito, como el caso del Masferrari, o el reciente caso del vehículo fantasma de Casa Presidencial; ocultamiento de gastos de viaje y publicidad en CAPRES; posible involucramiento de altos funcionarios en la venta de armas, así como en los vericuetos de la tregua; enriquecimiento ilícito de expresidentes Saca y Funes; el caso de Chepe Diablo y sus vínculos políticos; el hasta ahora poco o nulo avance de investigación fiscal de varios sonados casos como el oscuro uso y destino de los 14 millones de los barriles, El Chaparral, el centro difamador de troles/Bunker y su vinculación con el alcalde de San Salvador; la cuestionada licitación de las luces led que llevó a cabo este con la empresa AGM Desarrollo, etcétera.

la prensa graficaEs incorrecto e injusto que vehículos que son propiedad del Estado tengan placas particulares. Por supuesto que hay excepciones, cuando se trata de funcionarios cuya función los expone a altos riesgos y no es conveniente revelar la propiedad nacional del vehículo. Son los casos del presidente y vicepresidente de la República, ministro y viceministro de Seguridad y los de Defensa, funcionarios del OIE, ciertos altos cargos de la Policía y Fiscalía, así como otros funcionarios con equivalente riesgo.

Es incorrecto. En primer lugar porque se presta al abuso o uso para fines no laborales, sobre todo cuando el funcionario tiene asignado más de un carro, ya que parece ser práctica común el asignarlo al uso de algún familiar. Y es incorrecto usar bienes públicos para fines particulares. En segundo lugar, porque “se presta a que personas particulares con seguidores privados (sea personas decentes que temen al secuestro, asalto o extorsión, o personas indecentes metidas en negocios ilícitos) no puedan ser distinguidas de aquellos funcionarios públicos que sí pueden disponer del derecho de apartarnos de la vía en razón de su cargo o función. ¿Por qué los ciudadanos tenemos que dar paso a un vehículo seguidor con placas particulares, o vernos desplazados agresivamente por él, si estos no tienen más derecho de vía que todos nosotros? (LPG, junio de 2014).

Es injusto, especialmente entre los servidores públicos, pues los vehículos de funcionarios de menor rango sí portan placas nacionales, mientras que los buenos carros de los altos funcionarios circulan con placas particulares. Irónicamente, la ahora Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, en otra de sus típicas operaciones de apariencia, durante los períodos vacacionales suele hacer campaña en contra del uso de carros nacionales en tal período. En otras palabras, hipócritamente se les exige a los funcionarios de menos rango guardar sus vehículos en vacaciones, pero se permite a los de mayor rango hacer uso discrecional de sus autos.

Ahora que la Asamblea Legislativa valora si en aras de un mejor control de los vehículos conviene pasar los centenares de autos con placas particulares a nacionales, será importante que considere eliminar las placas particulares de los vehículos de todas las instancias del Estado y no solo los de la Asamblea; haciendo por supuesto las excepciones antes mencionadas. Ojalá algún partido político tome la iniciativa.

Buscando entendimientos para salir del hoyo y comenzar a caminar. De Roberto Rubio

roberto rubioRoberto Rubio, 1 agosto 2016 / LPG

Desde hace más de 10 años, en los medios de comunicación habrán aparecido miles de artículos, análisis, declaraciones, entrevistas, llamando la atención sobre la peligrosa ruta en la que se encaminaban las finanzas públicas. Se ha venido afirmando que estas no eran ni estables ni sostenibles, que la manera de enfrentar esta situación no era con la política cortoplacista de impulsar medidas tributarias aisladas y recurrir alegremente al endeudamiento, que de seguir así íbamos derechito al camino del impago, que era necesaria una reforma fiscal integral acompañada de medidas de reactivación económica, etcétera. Ahora los hechos recientes les dan la razón. Sin embargo no es momento de decir “te lo dije”. Es momento de buscarle solución a los peligrosos retos que tenemos enfrente.

la prensa graficaPara comenzar, hay que abandonar la visión dualista, donde el oficialismo insiste en el aumento de impuestos y la oposición en la disminución de gastos. Lo uno no se puede ver sin lo otro. Asimismo, para ambos hay espacio, incluso en período de bajo crecimiento. Por el lado de los ingresos, hay impuestos que no son recesivos ni inequitativos: el impuesto a la plusvalía, el predial, el “check-off”, los tributos a bienes de lujo y nocivos, la ampliación selectiva de la base tributaria, etcétera. Por el lado del gasto hay reducciones/focalizaciones con menor impacto social: eliminación de “plazas fantasmas”, mejor focalización de subsidios y de incentivos fiscales, eliminación de “plazas improductivas” o “grasa estatal”, acciones efectivas de combate a la evasión y la corrupción, etcétera. Todo ello a la par de medidas de estímulo a la inversión y de reactivación económica.

Para ello hay que salir del debate de las culpas: de si fueron los 20 años de ARENA o los 7 del FMLN, de quién es el más ladrón del fondo de pensiones. Ojalá se entienda de una vez por todas que la culpas son compartidas, unos por haber generado problemas, y los otros por haberlos profundizado o haber generado nuevos.

De igual manera, hay que abandonar las posiciones prepotentes, incoherentes y electoreras del partido/gobierno, así como las posiciones “kamikaze” de sectores de oposición, que quisieran hacer explotar la gestión gubernamental con la creencia equivocada que los muertos votarán por ellos.

Valga señalar también que el entendimiento tiene que ser integral. No solo en el sentido fiscal, sino en el sentido amplio de lo económico. Es decir que la búsqueda de acuerdos no solo debe ser para salir del apuro y del hoyo actual en que nos encontramos, sino para darle sostenibilidad tanto a las finanzas públicas como al crecimiento, de cara a impulsar un sólido proceso de desarrollo. Sin crecimiento económico las finanzas públicas no son sanas ni sostenibles, y sin finanzas públicas sanas y sostenibles estas no pueden contribuir al crecimiento y menos al desarrollo. De ahí que la búsqueda de acuerdos debe hacerse paralelamente en materia fiscal como de reactivación económica, dando tratamiento específico pero integral a cada componente.

Uno de los principales escollos para el entendimiento es la crisis de confianza que existe entre las principales fuerzas políticas, y entre el gobierno y sectores claves de la empresa privada. El gobierno anterior incumplió acuerdos en materia fiscal con el FMI, así como con la Asamblea Legislativa, y por tanto no existen razones de peso para pensar que los compromisos gubernamentales adoptados se cumplirán; especialmente en período preelectoral donde los costos políticos de las medidas de ajuste cobran relevancia. De ahí que para desactivar la desconfianza sea necesario, por un lado, dar señales previas, como el establecimiento de un acuerdo precautorio con el FMI, y por otro lado, el establecer una buena metodología e ingeniería política para la construcción e implementación de acuerdos. Entre otros, partir de lo simple a lo complejo, contar con buena facilitación externa y testigos creíbles, considerar los acuerdos con base en su viabilidad técnica, financiera y política, y sobre todo, alejarse de la cosmética, la foto, los aplausos de payaso y los fuegos artificiales. De esto último ya estamos cansados.