Momento de diálogo. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 29 febrero 2016 / EDH

La semana pasada fue presentado en la Asamblea Legislativa el proyecto de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, con lo cual ya tenemos un poco más de claridad sobre cambio de sistema que ha resonado durante los últimos meses. El problema del pago de las pensiones no es nuevo, y con dichas reformas se pretende lograr la sostenibilidad del sistema previsional; ello, con la coexistencia de un sistema de reparto, basado en el principio de solidaridad intergeneracional, y del sistema de capitalización individual, por el cual se mantiene la posibilidad de ahorro individual de quienes ganen arriba de dos salarios mínimos. Con la presentación del proyecto de reformas del Sistema de Ahorro para Pensiones, ahora es posible que todos los involucrados e interesados en el tema (Gobierno, Asamblea, AFP y ciudadanía) nos sentemos en un diálogo franco sobre las opciones para mantener a flote el pago actual de las pensiones y el sostenimiento del ahorro de las generaciones futuras.

El llamado del ministro de Hacienda, en cuanto a que espera que su iniciativa de reformas sea apoyada y aprobada, debe tomarse con reserva. En un tema tan sensible y técnico como el de las pensiones, es necesario que se tengan en consideración los distintos puntos de vista de quienes al final verán afectado en alguna medida su ahorro. Hay que tener en cuenta que probablemente para muchos el gobierno no goce de la credibilidad o confianza para que administre todo o parte de sus ahorros, y crea más conveniente mantener su fondo en el sistema de ahorro privado. Por otra parte, el sector privado debe presentar propuestas viables y no solo limitarse a apelar a las emociones argumentando que se trata de “el robo del siglo”; dicho sector puede ejercer un rol importante educando a la población y presentando soluciones concretas a un problema que es de todos.

También hay que considerar el principio de solidaridad intergeneracional mencionado por el Gobierno, mediante el cual se pretende garantizar una pensión mínima a todos los ciudadanos. Dicho fin es totalmente legítimo, pero el Gobierno debería pensar otras opciones a las que puede acudir antes de establecer que el sistema de reparto será financiado en buena parte por las aportaciones del sistema de ahorro individual. El Gobierno puede echar mano de la reducción obligatoria del gasto de todas las instituciones del Estado, así como la posibilidad de recaudar fondos mediante el cobro de la deuda tributaria pendiente. En todo sentido, el Gobierno debe ser transparente en la forma en que pretende que el sistema sea sostenible sin que exista la posibilidad de caer en el impago y desechar desde la posibilidad de que estas reformas vean la luz de forma desfinanciada.

Con las pensiones hacemos referencia al dinero con el cual todos haremos frente a las necesidades básicas de la vejez, con lo cual se pretende garantizar una subsistencia digna al ocurrir la jubilación; lo anterior no puede estar supeditado a la eventual existencia de fondos para pagar o al apelativo “que Dios nos socorra” cuando llegue el tiempo de volverlo efectivo. La Asamblea Legislativa y el Gobierno no pueden seguir aprobando leyes desfinanciadas o que carecen de fondos para su ejecución, como al parecer ha sucedido con las prestaciones a los veteranos de guerra y los bonos a los miembros de la Policía Nacional Civil.

La participación de los sectores involucrados en las reformas al Sistema de Ahorro para Pensiones no puede limitarse a ser escuetamente escuchados en foros, sino que deben considerarse sus opiniones y observaciones en cada una de las reglas que se incorporen a la ley, ya que estas podrían involucrar afectaciones a los derechos a la pensión por vejez y propiedad de todos los ciudadanos. Le tomamos la palabra a la presidenta de la Asamblea Legislativa, quien el pasado miércoles manifestó que se comprometía a hacer un estudio serio sobre las reformas y convocar a los distintos sectores para que se tenga una discusión amplia sobre la reforma. Este es un tema que nos interesa a todos y es obligación que busquemos informarnos y participar en el diálogo. Hoy es el momento.

No nos confundamos. De Cristina López

Cristina López, Lic. en Derecho de la ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.

Cristina López, 29 febrero 2016 / EDH

Las elecciones en los Estados Unidos han alcanzado un ímpetu de espiral descendiente que ningún analista pudo haber predicho. Las posibilidades de que Donald Trump llegue a ocupar el puesto de lumbreras como George Washington son ahora bastante reales, con todo y que su plan de gobierno no cuente con un solo específico en materia de políticas públicas y que sus propuestas estén compuestas más por ataques ad-hominem que de ideales de filosofía política. Lo peor no necesariamente es el candidato: son sus seguidores. Las encuestas han demostrado que no es la demografía o la ideología necesariamente lo que explica su leal club de fans: es el autoritarismo. Sus seguidores coincidieron en que era la característica que principalmente les atraía a Trump, y de manera similarmente preocupante, otra encuesta demostró que un 20 por ciento de los seguidores de Trump consideran que la emancipación de los esclavos fue un error y un tercio considera que las personas gay deberían tener prohibida la entrada a los Estados Unidos.

El panorama por el otro lado no es mejor, y casi, casi recuerda a la situación en que el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa describió la elección en Perú en la que se enfrentaban Keiko Fujimori contra Ollanta Humala como la “disyuntiva de decidir entre el sida y el cáncer terminal”. Los demócratas tienen la amenaza de Bernie Sanders, que con una plataforma radical, pero monotemáticamente enfocada en la desigualdad económica, está prometiendo la imposibilidad fáctica (en base a las realidades fiscales actuales) de otorgar educación gratuita, con independencia de que pasar reformas que en comparación son tibiamente moderadas, como Obamacare o una reforma migratoria, sea imposible con la actual composición legislativa.

Las estridencias tanto de Trump como de Sanders, han llevado a que muchos Latinoamericanos – aún en recuperación por los traumas graves que nos ha dejado el populismo carnívoro del socialismo del siglo 21, lleno de propuestas estridentes con pocos resultados en materia de desarrollo – hayan caído en la tentación de comparar las candidaturas de Donald Trump o Bernie Sanders con payasos del circo político del calibre de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Los medios conservadores han tomado la comparación como punta de lanza para pintar el escenario apocalíptico de que de ganar uno de los dos, Trump o Sanders, los Estados Unidos se convertiría en una copia al carbón de Venezuela, y no precisamente por el clima.

A ver: no nos confundamos. La comparación entre Sanders/Trump con (inserte el nombre del populista latinoamericano de turno de su preferencia) tiene tanto de acertada como decir que un tomate y una manzana son lo mismo solo por que ambos son considerados fruta. Si bien las consecuencias para las políticas públicas son difíciles de predecir si las presidencias de Sanders/Trump se vuelven algo más que un ejercicio hipotético, lo que sí es definitivo es que el sistema, el de una república con pesos y contra pesos, no va a cambiar.

Precisamente por la rigidez —a veces incluso irritante— del sistema, es que Estados Unidos difícilmente se convertirá en la Venezuela en la que se persigue con la fuerza del estado a los opositores políticos y se los apresa, la que reformó la Constitución para expandir el ejercicio del poder presidencial y no el de los derechos individuales. En su diseño del sistema, los fundadores de la república en Estados Unidos volcaron la desconfianza absoluta que les había generado la manera que se ejercía el poder en una monarquía. Por eso, los cambios radicales o las revoluciones políticas en Estados Unidos difícilmente pueden conseguirse en una administración. Son necesarios varios ciclos electorales para cambiar la composición de las dos cámaras del legislativo, que tiene la capacidad de detener o entrampar cualquier cambio impulsado por el ejecutivo. Y, en última instancia, la Corte Suprema es el último bastión para proteger los derechos del individuo, y a menos que cayera un asteroide sobre su edificio, es poco lo que puede hacer un presidente para cambiar totalmente la composición ideológica de la magistratura. En pocas palabras: la estructura institucional y estado de derecho propios de la república liberal son la razón por la que ni el peor populista podría convertir a Estados Unidos en un paraíso del populismo. No nos confundamos.

@crislopezg

Corte teme destrucción de informes de viajes de Funes

Funcionarios de Capres aseguraban que el archivo existía pero estaba “reservado”.

Edmee Velásquez, 27 febrero 2016 / EDH

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema teme que fue destruida la información sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes y la ex Primera Dama, Vanda Pignato, después que primero Casa Presidencial informara que los expedientes estaban resguardados y más recientemente el presidente Salvador Sánchez Cerén les notificara que “no se encontraban”.

Sea lo que sea, el Tribunal Constitucional le ha dado un plazo de tres días a la Presidencia de la República para que remita la documentación, so pena de certificar los hechos a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación formal.

Este incidente se produce en medio de la investigación que envuelve a Funes después de que la Corte Suprema ordenara enviarlo a juicio por presunto enriquecimiento ilícito de $702 mil, supuestamente por compras e ingresos cuyo origen no ha justificado.

“Ordénase a la Presidencia de la República que en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, remita a este Tribunal una copia de la documentación que registre y respalde los viajes -incluyendo la logística de seguridad y transporte- efectuados por el Presidente de la República y la Primera Dama, en misiones internacionales durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014”, dice la resolución emitida ayer.

Si el fallo fue notificado ayer mismo, el plazo comienza a correr el lunes y concluye el próximo miércoles.

Investigación fiscal

“En caso de no dar cumplimiento a la medida cautelar en el plazo que ahora se concede, este Tribunal ordenará a la Secretaría que certifique a la Fiscalía General de la República sobre los hechos vertidos en el presente proceso de amparo, a fin de que este lleven a cabo las investigaciones pertinentes para determinar la posible comisión de delitos y las deducciones de responsabilidad correspondientes”, advierten los magistrados constitucionalistas.

La Sala cuestiona el hecho de que la información de los viajes de Funes le fue denegada a diferentes peticionarios con el argumento de que era “reservada”, es decir, que existía pero que no podía dar a conocer.

Pero más recientemente el presidente Sánchez Cerén notificó que, de acuerdo a su Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos, “se han revisado detenidamente los archivos de esta Secretaría sin encontrar información relativa a los viajes -incluyendo la logística de seguridad y transporte- efectuados por el Presidente de la República y la Primera Dama, en Misiones Internacionales durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014”.

Sin embargo, el gobernante remite copia de 49 acuerdos ejecutivos por los que Funes deja encargado de la Presidencia al Primer Designado o al mismo Sánchez Cerén, en periodos consecutivos de uno a ocho días.

En cuanto a la información que también le fue requerida y relativa a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el periodo de Funes, Sánchez Cerén informa que de acuerdo con su Secretario de Comunicaciones, “se han revisado los archivos de esta Secretaría de Comunicaciones sin encontrar documentación que ampare” estas actividades.

Lo que sí remitió la Presidencia es copia de la información sobre los servicios de agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas para el año 2010 y sus prórrogas, que se compone de 27 piezas documentales y la cual asegura “ha sido resguardada”.

Para los magistrados de la Sala de lo Constitucional, “las declaraciones del Presidente de la República sugieren una grave omisión por parte de los funcionarios públicos responsables del resguardo de documentos que hasta el día de hoy, ostentan la calidad de información de carácter restringido”.

“Las circunstancias descritas por el representante del Órgano Ejecutivo sugieren también la posible comisión de otras acciones, potencialmente constitutivas de delitos… Puede presumirse que, hasta las fechas antes señaladas, la información en cuestión existía y se encontraba bajo la tutela de estos funcionarios por lo que, puede inferirse que tal documentación fue objeto de extravío, sustracción o destrucción indebidas….”, dice la resolución.

Información estaba “guardada”

Un hecho claro para los magistrados es que, de acuerdo con el Índice de Información Reservada de la Presidencia de la República -instrumento de carácter público que puede ser encontrado en el Portal de Transparencia de la referida institución-, la “Documentación de viajes y logística de seguridad y transporte efectuados por el Presidente de la República y la Primera Dama en Misiones Oficiales Internacionales” fue inventariada y clasificada como información reservada por la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos el día 30-I-2013.

Igual se hizo, según la misma fuente, con la información relativa a “Actividades Protocolarias de Alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales”.

Además, dicen los magistrados, es válido presumir que cada uno de los 49 decretos ejecutivos de ausencia corresponde a un viaje realizado por Funes, “con lo cual surge el deber de contar con documentación que registre y respalde cada una de estas salidas realizadas por el primer mandatario, en los períodos señalados”.

Aplica para exPrimera Dama

Para la Sala, esta misma exigencia también es aplicable a los viajes realizados por la Primera Dama de la República durante el mismo período de tiempo.

En el caso de las actividades protocolarias, considera que tanto la Presidencia como la Cancillería de la República deben contar con un registro de cuándo se recibieron misiones internacionales en el país.

La Sala recuerda las audiencias que convocó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para obligar a Casa Presidencial a entregar la información y en las cuales la Presidencia de la República, “en ningún momento, alegó la inexistencia o el extravío de la información reservada”.

Es más, en esa ocasión, la Presidencia alegó “que dicha información se encontraba en diversas dependencias de la institución, que esta había sido producida a lo largo de cinco años y que se usaba como insumo para el cumplimiento de las atribuciones de otros Órganos de Estado”.

Incluso, el abogado Pavel Benjamín Cruz Álvarez, apoderado especial de la Presidencia de la República, manifestó al IAIP que “fue informado por las unidades administrativas correspondientes que se (habían) tomado las medidas de resguardo y la copia de seguridad de la información que obra en poder de este ente obligada”.

Carta a los amantes del arte: Escriban al señor Presidente, sin miedo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 febrero 2016 / EDH

Cada segundo sábado las redes sociales se llenan con anuncios oficiales de distintas carteras del gobierno, hablando de la decisión de la pareja presidencial de convertir su residencia oficial en una ‘casa abierta’, donde los ciudadanos pueden admirar las obras de la Colección Nacional de Arte.

Como amante del arte que soy, busqué más información, y la encontré en el sitio WEB oficial de la Presidencia de la República (www.presidencia.gob.sv):

“La Residencia Presidencial abre desde hoy domingo 6 de julio sus puertas a diferentes sectores de la sociedad salvadoreña convirtiéndose en un lugar para exponer la obra pictórica nacional y otras expresiones artísticas.El presidente Salvador Sánchez Cerén decidió vivir en su propia casa durante su mandato y destinar este inmueble del Estado para que se convierte en un espacio de  encuentro ciudadano y de conocimiento y admiración del arte nacional”, (6 julio 2014).

Y en una nota más reciente, es el mismo Presidente de la República quien nos invita a la ‘casona’:

“…a muchos les anima a llegar conocer la antigua residencia de los presidentes, pero también es muy importante la exposición pictórica que embellece las paredes de este inmueble estatal. (…) Quiero que este pueblo aspire también a demostrar su cultura, a expresarla a través del arte y para ello es importante conocer las obras de los más grandes artistas que han nacido en esta tierra”, (30 de enero 2016).

Bueno, no estaba muy seguro si realmente era una invitación abierta para todos, porque también el sitio WEB de la Presidencia y las cuentas gubernamentales en las redes  estaban hablando mucho de los invitados especiales que cada segundo sábado tuvieron el privilegio de desayunar con la pareja presidencial y luego recibir un tour por las obras de la Colección Nacional guiado por el secretario de cultura de turno.

Entonces, pensé: ¿Cómo hace un ciudadano común y corriente, que no pertenece a ningún sector que representa alguna clientela del gobierno o del FMLN? ¿Cómo hace alguien que no es amigo ni del gobierno, ni del partido ni de los Sánchez para tener acceso a la Colección Nacional de Arte?

Pregunté un par de veces por Facebook y Twitter por los horarios, en los cuales la Residencia es accesible para el público en general, para todos nosotros que no aspiramos  que doña Margarita nos sirva horchata y quesadillas, sino que sólo queremos ver las obras de Arte, que de todos modos son de la Colección Nacional, o sea ‘del pueblo’.

Como nunca nadie me contestó, hice uso de este fantástico derecho de acceso a la información pública que nos hemos conquistado. Mandé una solicitud oficial a Casa Presidencial que p.f. me comuniquen los horarios en los cuales cualquier ciudadano puede ver las obras expuestas en la Residencia.

La respuesta me llegó 12 días después, y la cito completa:

“Buenos días, de acuerdo a su solicitud recibida el 14 de febrero por esta oficina en relación a la exposición de Obras de Colección Nacional en la Residencia Presidencial, le comentamos lo siguiente
1. Que por la naturaleza de su solicitud, esta fue tramitada como “consulta ciudadana” para agilizar el trámite y brindarle la información de una manera más ágil.
2. La unidad correspondiente nos comunica que para tener acceso a las obras de la Colección Nacional se realiza a través del mecanismo “Casa abierta”. Para participar en “Casa Abierta” se hace una solicitud al Señor Presidente o la Primera Dama donde se escriba el motivo y las personas que desean visitar la Residencia Presidencial para coordinar la visita.
Esperamos que esta información sea de su provecho y dejamos este medio abierto para recibir la solicitud de la visita, si así lo desea.
Unidad de Acceso a la Información Pública (oir@presidencia)”.

Bueno, así de fácil es la cosa: Para ver las obras, el ciudadano interesado sólo tiene que mandar una carta al señor Presidente de la República o a la primera dama.

Sin embargo, todavía me quedan dos dudas: 1) ¿Qué hace el ciudadano que no quiere participar en ‘Casa Abierta’ y salir en televisión? 2) ¿Qué clase de gobierno tenemos donde el presidente autoriza visitas a expresiones de arte?

Saludos,

 

Columna transversal de Paolo Luers: Renovación y continuidad en ANEP

Paolo Luers, 26 febrero 2016 / EDH

Luego de 5 años conduciendo ANEP, Jorge Daboub se va a retirar de la presidencia de esta “gremial de gremiales”. Los estatutos se lo demandan – y su talante democrático le hace resistir las tentaciones de cambiar los estatutos para quedarse en el cargo. Varios empresarios se lo han pedido, con el argumento que ahora, más que nunca, ANEP necesita una dirección fuerte para hacer defender los intereses de la empresa privada ante un gobierno que no sabe administrar, mucho menos solventar, la crisis fiscal del Estado.

Otros empresarios, los que siempre han crecido gracias a sus buenas relaciones con los gobiernos de turno, andan de gremio en gremio diciendo que la salida de Jorge Daboub al fin abre la oportunidad de poner a alguien capaz de limar las diferencias tan marcadas entre el sector privado y el gobierno del FMLN y llegar a “entendimientos”.

No tengo ni idea quiénes son los candidatos a presidir la ANEP, pero una cosa es clara: Siempre es positivo un relevo de liderazgo y la entrada de personas con nueva energía e ideas renovadas, pero a esta altura querer producir un cambio fundamental en la política gremial me parecería un irresponsabilidad bien peligrosa. Mucho menos un cambio en dirección de evitar conflictos con el gobierno y el FMLN.

A Jorge Daboub muchos lo han criticado por su discurso muy duro. Puede ser que a veces se haya excedido, pero tomemos en cuenta que le tocó enfrentarse a las permanentes embestidas de Funes contra la empresa privada, y luego contra un FMLN que reafirma su vocación socialista y muestra su desprecio por la institucionalidad democrática. Salvador Sánchez Cerén es un presidente mucho menos agresivo que Funes, pero también mucho más ideológico. Por muy cerrada que haya sido la línea de defensa marcada por la ANEP bajo el mando de Daboub, nunca han roto el diálogo con el gobierno. Yo les recomendé buscar el diálogo directo con el partido (con los que realmente mandan en el FMLN), para llegar a entendimientos sobre áreas de concertación o incluso cooperación y otros temas donde prevalece la confrontación y la incompatibilidad. No sé si estos diálogos se han dado…

Una gran virtud de Jorge Daboub ha sido que nunca perdió de la vista que a ANEP, como expresión política del empresariado, no le toca la tarea de negociar y conciliar los intereses de los distintos sectores económicos con el gobierno, sino una misión principal: defender la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática, que son condiciones indispensables para el desarrollo de la libre empresa. Por supuesto esto iba a chocar con el gobierno de un partido que está convencido que el estado, más bien el gobierno, necesita ganar más control regulatorio o incluso confiscatorio sobre la economía. Evitar este conflicto hubiera sido irresponsable por parte de los dirigentes gremiales.

Las gremiales miembros de ANEP tienen que poner a la cabeza de esta institución a alguien que tiene esto tan claro como lo tuvo Jorge Daboub. Pueden buscar a alguien con otro estilo, pero no alguien que conduce al empresariado a la sumisión ante el gobierno.

Pero Jorge Daboub no ha estado solo en la cúpula empresarial. A la par de él han estado dos hombres que, entiendo yo, junto a Daboub han definido y representado las políticas de la ANEP: Luis Cardenal, hasta la semana pasada presidente de la Cámara de Industria y Comercio, y Javier Simán, presidente de la Asociación de Industriales (ASI). Me parece lo más lógico que uno de los dos asuma la presidencia de ANEP y dé continuidad, aunque de forma renovadora, a la política exitosa de defender la institucionalidad democrática. Muchos critican que esto es una conducta demasiado política de ANEP, que mejor había que limitarse a sus funciones gremiales. Gran falacia, este argumento. ANEP es la cabeza política del empresariado, y tratar de cortarla dejaría el sector privado indefenso. Obviamente no hay que confundir político con partidario.

En la construcción de la nueva cúpula empresarial hay otro aspecto que hay que atender con urgencia: establecer una mejor coordinación entre la dirección gremial y los empresarios prominentes que integran importantes comisiones y consejos del gobierno, no en representación de ANEP sino por nombramiento o invitación del presidente. Estos obviamente necesitan actuar con autonomía, pero tampoco tiene sentido que actúen sin interlocución y coordinación con la cúpula gremial. Si hay descoordinación, el único que se aprovecha es el gobierno, y no con buenas intenciones.

Reforma de pensiones: Denuncian que propuesta GOES es inconstitucional

Preocupación. Los 200 sindicatos reunidos en COMTRADEFOP piden una discusión técnica, amplia sobre todos los temas relacionados con las pensiones. Por ejemplo, la ampliación de cobertura y la facilitación de una pensión que sea digna y alcance para toda la vida.

Sindicatos preparan demandas y recursos por la supuesta reforma. ASAFONDOS advierte que los problemas fiscales van a complicarse más con la propuesta del Gobierno. En tanto, ANEP dijo que el Gobierno “ha jugado” con la OEA y el PNUD en materia de diálogo.

Lourdes Quintanilla, 25 febrero 2016 / LPG

Los trabajadores reunidos en el Comité de Trabajadores por la Defensa del Fondo de Pensiones (COMTRADEFOP) han preparado herramientas legales con las que pretenden detener el impacto que puede llegar a tener la reforma al sistema de pensiones que plantea el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda (MH). Se trata de una demanda por inconstitucionalidad y un recurso de amparo que estarán disponibles para el público, si los diputados aprueban la propuesta.

El MH presentó ayer la propuesta de reforma al sistema de pensiones, con el que buscan instalar un sistema mixto en el que funcionarán al mismo tiempo el Instituto Nacional de Pensiones (INP) y las AFP. En otras palabras: el Gobierno plantea que operen de manera simultánea un régimen de reparto (que sería el “nuevo”) y un régimen de capitalización individual, que es el que ha estado vigente desde 1998.

El titular del MH, Carlos Cáceres, confirmó ayer que el INP sustraerá fondos de las cuentas individuales de ahorro para pensión y que además la afiliación o ingreso al de reparto será obligatoria.

El artículo 232-C del proyecto de reforma que presentó ayer Hacienda a la Asamblea Legislativa establece que “los recursos para financiar el régimen de reparto estarán constituidos por las cotizaciones de este régimen, los recursos obtenidos del traslado de la cuenta individual de ahorro para pensiones y del traslado de los certificados de traspaso”. Es decir, este artículo consigna que el Gobierno tomará un porcentaje del fondo de pensiones, donde están reunidos los ahorros previsionales de los trabajadores, para dar sustento al INP.

“Como ya hemos tenido acceso al decreto, ya estamos listos y está la lucha con un recurso de amparo, además de la demanda por inconstitucionalidad”, dijo ayer Enrique Anaya, abogado constitucionalista y representante legal de COMTRADEFOP. En caso de que llegue a ser necesario, el comité publicará en los medios de comunicación un modelo de recurso de amparo. El interesado solo llena con sus datos y puede ir a la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a presentarlo.

Anaya explicó que la propuesta de reforma al sistema de pensiones que presentó ayer el Gobierno violenta cinco artículos de la Constitución de la República: el número 2, sobre el derecho a la propiedad y la posesión; el 3, sobre la igualdad ante la ley; el 50, sobre la obligación del Estado a proveer seguridad social; el 102, que garantiza la libertad económica; y el 103, que garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.

De acuerdo con lo que plantea el proyecto de ley, las personas que ganen un salario inferior a $504 pasarán todos sus ahorros previsionales al INP, a un fondo común, y perderán la posesión individual de la cuenta que tenían en las AFP.

Los primeros cálculos arrojan que el 78 % de los trabajadores que mantienen activa su cuenta en las AFP pasará al nuevo instituto, así que al menos 537,951 cotizantes perderán su cuenta individual y trasladarán ese dinero al régimen de reparto. Este traslado también está descrito en los artículos 232-T y 232-U. En estos textos también está consignado que las autoridades de Gobierno emitirán reglamentos, o normativas técnicas, para describir la manera en que nacerá el régimen de reparto y cómo se financiará.

Ricardo Soriano, vocero de COMTRADEFOP, denunció ayer: “Llame como se llame, significa que el Gobierno se apropiará de los ahorros de cada trabajador que tiene en su propia CIAP (Cuenta Individual de Ahorro para Pensión). Ya sea que se traslade parte de sus ahorros, o se traslade todo el saldo de la cuenta de ahorro para pensiones”.

Durante la presentación de la reforma, Carlos Cáceres, titular del MH, dijo que a su criterio la reforma tiene un “alto contenido social”. El funcionario detalló que con estos cambios pretenden que más personas puedan tener acceso a la llamada pensión mínima respaldada por el Estado.

Por ahora, la pensión mínima que devengan los jubilados por ley es de $207. Para recibirla, esta persona tiene que haber acumulado 300 cotizaciones o 25 años de trabajo, y haber cumplido la edad que estipula la ley: 55 para las mujeres y 60 para los hombres. Si no cumple uno de estos requisitos, el jubilado recibe todo su ahorro en una sola entrega y pierde el acceso al servicio de salud que presta el ISSS.

La intención del Gobierno es captar las cotizaciones a través del INP y obtener los recursos para la pensión mínima incluso si no se cumplieron los requisitos. En consecuencia, también accederían al ISSS.

En la misma presentación, Cáceres admitió que el régimen de reparto nace con un desequilibrio y que todos los fondos que llegarán a sustraer de los ahorros de los trabajadores no serán suficientes para cumplir con todas las obligaciones relacionadas con los próximos pagos de pensiones.

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, dijo que la presentación de la reforma ayer les sorprendió porque se suponía que el Gobierno había establecido una mesa con los partidos políticos y organismos como la OEA y Naciones Unidas para hacer una discusión más amplia. “Lo que demuestra es que todas esas mesas de diálogo son una farsa, que están en una situación fiscal tremenda y tercero que les urge quitarle el dinero a la gente”, opinó el dirigente, quien llamó a los diputados a que reflexionen sobre cómo van a votar.

Como representantes de los empleadores, lamentó que no se les haya participado sobre los términos de la reforma. “No tienen deseos ni voluntad de discutir la reforma. Van detrás de las pensiones de la gente… Es una manera irresponsable de hacer las cosas”, acotó Daboub. Dijo que más adelante analizarán opciones de amparo o recursos, si fuese necesario.

Mientras tanto, ASAFONDOS, que representa a las dos AFP que operan en el país, expresó a través de un comunicado que todavía no hay claridad sobre cuál será su papel en el sistema mixto.

“Es insostenible financieramente, no aumentará la cobertura, no mejorará el monto de las pensiones, incrementará aún más la deuda pública, y solo se orienta a cubrir necesidades de liquidez de corto plazo del Estado, poniendo en riesgo el bienestar de las generaciones futuras”, manifestó la gremial.

En noviembre pasado, ASAFONDOS presentó al público sus ideas sobre cuáles pueden ser los cambios necesarios al sistema actual de pensiones.

“Que el tema de pensiones es de enorme trascendencia para las actuales y futuras generaciones y merece la creación de una comisión especial de carácter técnico”, indicó la gremial.

Carta a Patty Valdivieso y Karla Hernández: Dejen que la justicia opere y la ciudadanía presione. De Paolo Luers

Paolo Luers, 25 febrero 2016 / EDH

Estimadas diputadas:
Me encanta que ustedes dos sean diputadas activas, audaces, dispuestas a tomar el riesgo del debate – rompiendo con la mala tradición de esperar que los jefes de fracción o del partido les den la palabra y les proporcionen el discurso. Diputados proactivos es precisamente lo que necesitamos, y por esto presionamos que el voto sea por cara.

Siempre lo audaz conlleva el riesgo de equivocarse. En política, no hay que tenerle miedo a equivocarse, pero sí es importante ser abierto a la crítica y a corregirse.

Todos criticamos al alcalde Bukele cuando llevó una turba partidaria a la sede del Fiscal General para presionarlo. Déjenme decirles que ustedes hicieron algo parecido, tal vez no tan grave, pero que sí es muestra del mismo error fatal de querer politizar y partidizar la justicia. Como diputadas de ARENA, fueron a la fiscalía para poner un ‘aviso’ que investiguen la relación de Mauricio Funes con el escándalo de corrupción brasileño, que involucra al señor Joao Santana, amigo personal de Vanda Pignato, estratega de la campaña electoral de Funes, y arquitecto de la muy cuestionada agencia Polistepeque, a la cual la Casa Presidencial de Funes quiso dar el monopolio de publicidad gubernamental.

No es oficio de ARENA de presionar a la fiscalía a que haga su trabajo. Hay que dejar que la justicia y sus instituciones funcionen – sobre todo ahora que hay señales que estas instituciones, incluyendo la fiscalía, se están liberando de las influencias y amarres políticas y partidarias. Y si no funcionan debidamente, ya tenemos una ciudadanía dispuesta y capaz de ejercer la presión cívica suficiente.

Los partidos y los políticos tienen que dejar que las instituciones funcionen sin indebida influencia partidaria, y tienen que dejar que la ciudadanía, la opinión pública, los medios se sigan empoderando para exigir y pedir cuentas a jueces, policías, fiscales y magistrados.

Tanto fue dañina la acción del alcalde Bukele, del sectretario general del partido de gobierno, Medardo González, y del secretario presidencial de movilización de masas, Marcos Rodríguez, en frente de la fiscalía, como la interferencia propagandística de ustedes y otros representantes de ARENA en investigaciones y procedimientos jurídicos.

En este sentido, es correcta la posición de Edwin Zamora, como dirigente arenero en el concejo municipal de San Salvador, de no dejarse presionar por cabezas calientes que quieren que use para propaganda partidista el tema de la investigación policial y fiscal, en la cual actualmente se ve involucrado el alcalde Bukele en el caso de los ciberataques contra los periódicos nacionales. Como concejales, los areneros pueden pedirle cuentas al alcalde para que explique si se han comprometido fondos y estructuras de la alcaldía en la comisión de delitos y en campañas políticas llevadas adelante con métodos ilícitos. Hasta ahí. Pero que nadie pida a Edwin Zamora y los demás concejales opositores que se conviertan en acusadores y echen leña partidaria al fuego.

Las investigaciones contra Bukele, Funes, Saca y otros están en manos de las instituciones pertinentes, y mientras no haya indicios que Probidad, Corte Suprema, las cámaras civiles y penales y la fiscalía no cumplen su rol, es contraproducente que los partidos se metan, ni en defensa de los implicados, ni acusándolos, ni mucho menos armando juicios paralelos y precondenas políticas y mediáticas.

No se olviden que también vienen casos que involucrarán a ex funcionarios de ARENA – y si ustedes actúan mal ahora, esto sólo va a provocar que otros partidos hagan lo mismo. Ustedes dirán que ya lo estaban haciendo, por ejemplo en el caso Paco Flores. Correcto, pero esto no es razón de hacer lo mismo, por lo contrario: es razón de tener el máximo cuidado de actuar correctamente y dejar que la justicia funcione.

Saludos,

Vea la respuesta de la diputada Karla Hernández:
Carta a Paolo Luers: Gracias pero no

La crisis fiscal. De Manuel Hinds

Manuel Hinds, 24 febrero 2016 / EDH-Observadores

La crisis fiscal en El Salvador consiste en que el gobierno tiene cada vez menos recursos para cumplir con sus obligaciones más fundamentales (entregar servicios sociales de educación y salud, proteger a la ciudadanía, y pagar sus deudas, primordialmente entre ellas las deudas de pensiones) a pesar de que está gastando más de lo que le entra y que lo que le entra son los recursos fiscales más grandes que ningún gobierno ha tenido jamás.

El problema no está, entonces, en que gasta más que lo que le entra; eso, es una consecuencia. El problema está en que hay algo que se está comiendo al estado mismo. Esto es como un cáncer que aunque la persona se alimente más y más, se va comiendo por dentro los huesos, los órganos, y todo lo que una persona es. Lo que se ve por fuera, que los gastos son mayores que los ingresos, es solo un síntoma del apetito insaciable de eso que no solo se come los recursos que vienen de la población en forma de impuestos y endeudamiento, sino también los recursos que antes se usaban para darle servicios sociales a la población.

Así, cuando esta enfermedad haya terminado dejará al país con mayores impuestos, mucho mayores deudas, y mucho mayores deficiencias en los servicios sociales. Ese es el problema, no solo que los gastos son mayores que los ingresos, que es la manera en la que el gobierno quiere pintarlo.

Obviamente, una persona no se cura de cáncer dándole más comida para que el alimento alcance para las células cancerosas y las sanas. Tampoco se cura una crisis fiscal como la de El Salvador solo dándole más dinero al gobierno. Ese dinero nunca será suficiente, y el cáncer seguirá comiéndose los servicios públicos. Cada vez habrá menos medicinas en los hospitales, cada vez habrá más escuelas cayéndose, la policía tendrá cada vez más dificultades para pagar sus operaciones, independientemente de cuanto dinero se le de a este gobierno. Como ya varias experiencias han demostrado, el dinero se irá para el cáncer, no para lo que se necesita para que funcione el estado.

El cáncer es tan poderoso que quiere comerse en dos o tres años más de 4 mil millones de dólares que tienen ahorrados los cotizantes de pensiones, sin garantía de que el gobierno no va a volver por más y que no va a seguir quitándole recursos a los servicios públicos.

Lo que hay que controlar y revertir es ese cáncer insaciable. El problema fiscal se mantendría aun si este gobierno lograra equilibrar ingresos con gastos pero lo hace a costa de tener cada vez menos medicinas, menos servicios públicos, menos para pagar pensiones. De esta manera, los políticos en este gobierno han estado trasladando al futuro, para cuando ellos ya no estén, los gastos que habrá que hacer para volver a tener las medicinas necesarias, para reparar las escuelas, para pagar las pensiones para las cuales ya no habrá ahorros para pagarlos. Es decir, el problema fiscal es mucho más complejo que lo que muchos piensan. Para resolverlo es necesario no solo equilibrar gastos e ingresos, sino también reorganizar los gastos para que las funciones fundamentales del estado operen como se debe mientras se equilibran los ingresos y gastos en general.

El problema es más complejo porque el cáncer es la manifestación de la anarquía que existe en el gobierno como consecuencia de su total incompetencia. El gobierno quiere más y más dinero, y gastarlo más y más, y contratar más y más de sus partidarios, sin tener prioridades y sin siquiera tener la capacidad de ejecución para realizar proyectos. Como nadie pone orden, todos mandan, y todos piden y todos gastan en un esquema de gobierno que solo puede describirse con la palabra caos.

La contradicción más grande de los gobiernos del FMLN, y del FMLN también, es que quieren el poder absoluto y no saben qué hacer con él—al menos no para promover el desarrollo social y económico del país. Toman dinero de donde pueden, de impuestos, de préstamos, de recursos que antes se usaban para dar servicios públicos, y lo tiran a la basura, porque a ellos no les cuesta, porque no saben qué hacer con él.

Es muy probable que ellos mismos no entiendan siquiera lo que está pasando. No se dan cuenta de que ellos son su propio enemigo. No se dan cuenta de que con la única otra cosa que saben hacer además de malgastar el dinero, insultar a los inversionistas y amenazarlos con quitarles sus pensiones (los inversionistas más grandes ahora son los fondos de pensiones), sus empresas, sus dólares, lo único que logran es deprimir más al país. O quizás sí lo entienden y lo hacen porque un país pobre es más fácil de controlar en una tiranía.

Ese es el cáncer. Mientras no se controle este problema, no hay fondo al que podamos caer. Siempre habrá un fondo más profundo.

La Corte Suprema de Justicia envía a juicio al expresidente Antonio Saca

Por un acuerdo de 13 magistrados, Saca se convierte en el segundo exgobernante que enfrentará un proceso judicial por enriquecimiento ilícito.

Edmee Velásquez, 24 febrero 2016 / EDH

Antonio Saca se convirtió ayer en el segundo expresidente de la República en ser enviado a juicio por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente durante su mandato entre 2004 y 2009. Ayer, 13 de 15 magistrados acordaron que su caso debe ser procesado por una Cámara de lo Civil por no haber justificado más de $5 millones de su patrimonio.

Los únicos dos magistrados que se abstuvieron de votar fueron Ovidio Bonilla y Ricardo Iglesias (suplente de Óscar López Jerez), según trascendió.

La resolución quedará firmada hoy pues había una serie de correcciones menores que hacer al documento.

La Corte en pleno tomó la decisión horas después que el  el director de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, junto al oficial de información de la CSJ, Luis Fernando Avelar, entregaron las auditorías practicadas a las cuentas y bienes tanto del expresidente Saca como de su sucesor, Mauricio Funes.

Las auditorías fueron entregadas por la Corte al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que las hizo públicas junto al Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

La auditoría del expresidente Saca, que fue divulgada ayer, refleja que Probidad le detectó 13 “irregularidades” que inicialmente alcanzaban los $6 millones 574 mil 445 y que, tras haber justificado algunos señalamientos, quedó reducida a $5 millones 62 mil 371.

Probidad  detectó depósitos iguales o mayores a los $2 mil en cuentas bancarias de Saca.

Sin embargo, señalaron que si bien Saca justificó que tras cesar sus funciones como presidente había liquidaciones de tres depósitos a plazos, así como traslados a su cuenta por gastos cubiertos anteriormente por la cuenta de Grupo Samix, una de sus empresas, según Probidad, no presentó ninguna documentación que respalde esas operaciones.

En otro de los hallazgos sobresale el de $1 millón 94 mil 507 dólares en concepto de depósitos realizados durante su mandato a una cuenta que él tenía en conjunto con la firma Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.

Saca justificó que “esta es la cuenta desconsolidadora de los pagos efectuados por los clientes del grupo de empresas radiales, de lo cual detalló el origen que son cobros por pautas comerciales en los medios radiales del Grupo”.

Probidad señaló en el examen de auditoría que el exmandatario presentó fotocopias simples de comprobantes de crédito fiscal, junto con la lista de los clientes, pero que al verificar la lista de cobros por pautas comerciales los valores consignados tenían diferencias.

“Se concluye que la información proporcionada en el escrito de contestación y los anexos no son confiables. Además de esto existen depósitos señalados por la Sección de Probidad de los cuales no se presentó ninguna documentación soporte que estableciera su motivación… nada puede justificar no llevar en regla los registros contables y sus estados financieros”, se establece en la auditoría.

Este es el único caso donde Probidad además señala “transgresión del ordenamiento jurídico contable”.

“Esta sección en el ejercicio de sus facultades de verificación de la información ha detectado que en las irregularidades mencionadas (…) se ha transgredido el ordenamiento jurídico contable”, dice en el documento.

Mencionan el artículo 443 del Código de Comercio, el cual establece que “todo balance general debe expresar con veracidad y con la exactitud compatible con sus finalidades, la situación financiera del negocio en la fecha a que se refiera”.

También asevera que ha transgredido el Código Tributario, las normas internacionales de información financiera y el principio contable de “Entidad contable”.

Asimismo, dos de las 13 irregularidades detectadas son referentes a fondos declarados por su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca y que no han logrado ser desvanecidas (ver nota aparte).

Probidad asevera que solicitó información a diferentes entidades, entre ellas al Ministerio de Hacienda y Viceministerio de Transporte, a quienes les pidió expresamente informes sobre las Sociedades Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. y Grupo Samix S.A. de C.V., referente a declaraciones de IVA y renta, así como vehículos de su propiedad.

También pidió a Migración reporte de los viajes turísticos de Saca y su familia, pero no les remitieron dicha información.

La Corte no entregó aún la auditoría practicada a los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores, por lo cual el IAIP le dio 15 días más de prórroga para entregárselas a Funde.

Dijeron que ex Primera Dama prestaba dinero

 

Los uniformes y otros mitos. De Manuel Hinds

Manuel Hinds, 23 febrero 2016 /EDH-Observadores

Hay mitos que se riegan sin que tengan ninguna base en la realidad, como el que dice que la entrega de los uniformes han sido un factor importantísimo en los triunfos electorales del FMLN. La única evidencia que presentan los que creen esto es que en las encuestas mucha gente, dice que lo mejor que ha hecho el gobierno es el regalo de uniformes para los niños. Esto sólo prueba que para la gente lo mejor que han hecho los gobiernos del FMLN son esos regalos, pero no que ellos les hagan votar por el FMLN, ni que eso signifique que crean que dar uniformes sea lo mejor que el gobierno puede hacer, ni que eso signifique que darlos sea suficiente para que un gobierno sea satisfactorio.

Para ver si es cierto que los uniformes tienen un impacto decisivo en las elecciones, debemos ver los resultados de las elecciones. La gráfica 1 muestra los porcentajes del electorado que han votado por ARENA, por el FMLN y por otros partidos, y el de los que no han votado, de 2004 a 2014. Note usted que el FMLN está estancado alrededor del 25-30 por ciento, su voto duro, a pesar de que ha repartido uniformes del 2009 hasta ahora.

Usted puede decir que eso no prueba nada porque hay otros factores que influyen en el éxito o el fracaso del FMLN, pero al decir eso me estaría dando la razón, probando mi punto que es que los uniformes no son determinantes, y que hay cosas mucho más importantes que llevan a la victoria.

FUENTE: Tribunal Supremo Electoral

Y, si esto es así, ¿por qué es que el FMLN ha ganado dos períodos presidenciales?

Mire otra vez a la gráfica. El FMLN no ha crecido. Pero el porcentaje del electorado que votaba por ARENA cayó del 40 en 2004 al 30 en 2009 y luego al 20 en la primera vuelta del 2014. En la segunda vuelta ARENA recuperó 10 puntos y terminó perdiendo sólo por unos pocos votos.

¿Y a donde se fueron los que dejaron de votar por ARENA? No se fueron a votar por el FMLN. Se fueron a abstenciones. Incluso el aumento de los votos de la segunda vuelta de 2014 salió de esa gente que se había apartado. Es decir, el FMLN no gana las elecciones; las ha perdido ARENA, no por que no da uniformes, sino por que ha perdido el atractivo para los que han decido no votar.

Estos votos no los perdió ARENA porque no daba subsidios. El único gobierno de ARENA que perdió las elecciones presidenciales subsiguientes fue precisamente el del presidente Tony Saca, que, como se ve en la gráfica 2, subió los subsidios en 2004-2009 a casi los niveles que tienen ahora. Si fuera cierto que los subsidios son la clave, el candidato del presidente Saca hubiera ganado las elecciones de 2009. Pero las perdió.

FUENTE: BCR

¿Y de donde sacó la administración del presidente Saca que los subsidios eran buenos? Del régimen de Lula, que comenzó a dar subsidios y Brasil comenzó a crecer como loco. Siguiendo una lógica superficial, la idea (que muchos, incluyendo el Banco Mundial y el BID sacaron de la experiencia brasileña) era que la economía estaba creciendo porque Lula estaba dando subsidios. Pero, como yo insistí por muchos años, y como la realidad eventualmente lo demostró, Brasil estaba creciendo no porque Lula diera subsidios sino porque los precios de los productos primarios que exporta Brasil estaban subiendo de precio. Como puede usted ver en la gráfica 3, el ingreso de Brasil subía cuando subían los precios de los productos primarios, y bajaba cuando estos bajaban…no porque el gobierno diera subsidios o los bajara.

Ahora Brasil cayó a pesar de que Dilma Rousseff siguió dando los mismos subsidios.

Esto terminó con otros mitos: con la impresión de que Lula era un genio, con la ilusión del despegue de Brasil, con la idea de que los subsidios y el ser izquierdista aumentan la tasa de crecimiento.

FUENTE: World Databank, Banco Mundial.

Esto ya es muy sabido. Pero en El Salvador la gente se atrasa. Entiende que Brasil creció y cayó con los precios de los productos primarios, pero se le ha olvidado conectar con el otro lado del cerebro para descartar la idea de que los subsidios aumentan el crecimiento. Eran los productos primarios, no los subsidios. Hay que internalizarlo, y entender que lo único que nos va a llevar al desarrollo es invertir en una mejor educación y salud del pueblo, con mejores hospitales, mejores escuelas y mejor seguridad—no con regalos.