El Faro

Nuestra propia guerra de Vietnam. Editorial El Faro

faroEditorial, 14 febrero 2016 / El Faro

Una vez tras otra, los últimos cuatro gobiernos —dos del partido Arena, otros dos del izquierdista FMLN― han aplicado contra las pandillas estrategias erráticas, inacabadas y de corto plazo que no solo no han acercado una solución sino provocado o acelerado sucesivas mutaciones del fenómeno que lo han agudizado. El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha son en El Salvador más organizadas y mucho más violentas que antes de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura. Son más conscientes de su poder, reflexivas y rencorosas que antes de la mal llamada Tregua. Y son, hoy, más desafiantes frente al Estado y tienen más arraigo en las comunidades que antes de que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén se lanzara hace un año a una guerra abierta, a tiro limpio, contra ellas.

La estrategia del actual gobierno, cuyo desastroso resultado se podría resumir en los 6,657 homicidios cometidos en el país en 2015, es más dura que las manos duras que impulsó la derecha; más torpe de momento que el desordenado diálogo que intentó el gobierno de Mauricio Funes; y más autodestructiva que todas las anteriores. Y está engendrando una violencia que se suma a la de las pandillas y la espolea.

El pasado lunes, tras perseguir a un grupo de asaltantes en Villas de Zaragoza, la Policía Nacional Civil volvió a ejecutar, según apuntan testigos, a pandilleros rendidos, desarmados y heridos. Y volvió a matar a sangre fría a un ciudadano común que tuvo el infortunio de quedar atrapado en medio de un operativo policial. La versión oficial, como viene siendo habitual en estos casos, que se repiten regularmente desde hace más de un año, es no solo inconsistente sino claramente falsa en varios puntos. Afirma que todas las víctimas eran parte de la pandilla Barrio 18; afirma que todas las muertes se dieron en enfrentamiento armado a pesar de que solo se reportaron dos armas en poder de las cuatro víctimas; e incluye imágenes en las que Armando Díaz Valladares, un empleado de fábrica que había tenido turno de noche y dormía en su cama cuando pandilleros y Policía irrumpieron en su casa, yace muerto boca abajo sobre un fusil, con un balazo en la espalda. Un burdo montaje.

La presencia del subdirector de la Policía en la escena del crimen, el hecho de que fuera él quien el mismo lunes dio la versión oficial de lo sucedido, compromete al cuerpo policial en pleno y descarta que se trate de un exceso fuera del control institucional. Quienes actuaron en Zaragoza fueron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), un cuerpo de élite responsable también de la masacre de San Blas, denunciada por El Faro en agosto del año pasado. Y como entonces, la Corporación calla cuando se le piden aclaraciones y no da señales de querer investigar lo sucedido.

Encaremos lo evidente: la cúpula policial, la Fiscalía, el mismo presidente de la República, saben que las ejecuciones sumarias se han vuelto una práctica habitual en El Salvador. Y las amparan con la excusa del aplauso popular. Como si el dolor de una sociedad víctima legitimara a sus fuerzas de seguridad y autoridades para ser victimarias. Escondida tras el mismo discurso cínico y triunfalista que usaba el Ejército en los 80, la Policía está rompiendo el marco de Derechos Humanos que tantas vidas —una guerra civil― costó levantar.

Pero no solo eso. La actual estrategia, que se nutre de la frustración de la población y los mismos policías, ha lanzado a los agentes a un campo de batalla sin reglas en el que están cada vez más solos, más acorralados. En muchas de las zonas más peligrosas del país, los vecinos ya temen y se protegen por igual de los pandilleros y la Policía. Al golpear sin distinción a cualquier joven de barriada pobre, irrumpir a la fuerza en cada vivienda sospechosa, amenazar y matar impunemente, la Policía dinamita el débil vínculo que aún la unía con los vecinos, de por sí sometidos desde hace años al “ver, oir y callar” impuesto por las pandillas. Los barrios se están convirtiendo en un Vietnam en el que los agentes a pie sospechan ya de todos, se protegen de todos y en última instancia golpean a todos.

En estos momentos, tras los nombramientos de las últimas semanas, en El Salvador todos los puestos de decisión del gabinete de Seguridad Pública están en manos de policías de carrera: desde el Ministerio hasta la Dirección de Migración y Extranjería, pasando por el Organismo de Inteligencia del Estado y obviamente por la Dirección de la Policía Nacional Civil. En este marco, la manera en la que la PNC se posicione éticamente ante la política del exceso de fuerza, ante las torturas en sede policial, ante las ejecuciones sumarias y la muerte del joven Armando, que descansaba en su cama cuando hombres uniformados entraron en su casa, retratará a todo el Gobierno.

El nuevo director de la PNC, Howard Cotto, tiene el deber inexcusable de reactivar la Inspectoría General y recuperar para la Policía el apego a la ley y la cordura estratégica. Es una maniobra delicada pero posible: sin dar una imagen de debilidad, ha de enviar a sus agentes el mensaje claro de que, con cada ejecución que cometen, se deprecian ellos y a su uniforme. Para hacerlo, debería contar con el apoyo o con la exigencia externa del nuevo Fiscal General, que ya ha dado las primeras muestras de querer evitar que la impunidad reinante en el país anide del todo en las fuerzas de seguridad.

También la sociedad civil y los medios de comunicación tenemos que bajarnos de inmediato de este tren de irreflexión y deseo de venganza que vitorea a los asesinos cuando llevan placa. Los periodistas debemos, por ética, reivindicar la complejidad del problema y de cualquier posible solución, y dejar de ser simples voceros de las autoridades y de la ira callejera. Aun yendo contra corriente, en estos tiempos críticos nos corresponde ser fiscales de la sociedad que estamos retratando y promoviendo.

El actual gobierno repite, como un mantra que lo quiere justificar todo, que estamos en guerra. El FMLN debería saber mejor que nadie que no todas las guerras son justas, todas las estrategias válidas ni todas las formas de combate nobles. De esta batalla, tal y como está planteada, solo podemos regresar, como individuos y como sociedad, derrotados y deshonrados.

La Policía mata y miente de nuevo. De El Faro

La versión oficial de la Policía vuelve a caer frente a testimonios de testigos directos en una escena con varios cadáveres. La Policía asegura que mató a cuatro pandilleros durante un enfrentamiento en una casa de Villas de Zaragoza. Dos testigos explican que cuando abandonaron la casa todos estaban vivos y rendidos. Uno de los muertos es un trabajador que dormía cuando tres pandilleros que huían de la Policía entraron a su casa desde el techo. Incluso un policía que estuvo en la escena desmiente detalles de la versión oficial dada por el subdirector general de la PNC. 

Óscar Martínez, 11 febrero 2016 / EL FARO

el faroMinutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Lea también un informe del “Security Assistance Monitor”:
How El Salvador’s Security Policy is Increasing Extrajudicial Killings and Abuse

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

Policías custodian la casa 33 de Villas De Zaragoza, donde ocurrieron las cuatro muertes. Foto:Fred Ramos

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El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas. Foto:Fred Ramos

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—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

La madre y la hermana menor de José Armando Díaz esperan que la policía las deje entrar a su casa, donde están los cadáveres. No las dejaron entrar hasta pasadas las 9 de la noche. Foto:Fred Ramos

 

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

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El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

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El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

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Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

Estudiantes y vecinos de la zona esperan para poder entrar a sus casas en la colonia Villas de Zaragoza. La Policía acordonó toda una manzana para el procedimiento./ Foto: Víctor Peña

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Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.

Hay que salvar la Policía. Editorial de El Faro

Este editorial de El Faro se refiere a los hechos investigados y revelados en el reportaje de El Faro titulado “La Policía masacró en la Finca San Blas”, reproducido en Segunda Vuelta.

Segunda Vuelta

el faro22 julio 2015, EL FARO

El pasado 26 de marzo un pelotón del Grupo de Reacción Policial de la PNC entró en una finca de café de San José Villanueva, al sur de San Salvador, y mató a ocho personas. El informe oficial habla de un intenso tiroteo con pandilleros armados con un resultado inevitable de muertes. Sin embargo, abundantes testimonios y documentos recogidos por El Faro apuntan a que la versión oficial es falsa: omite detalles relevantes y manipula los hechos. El relato de sobrevivientes y testigos, junto a las autopsias y decenas de fotografías de los cadáveres, hacen concluir que aquella madrugada la Policía ametralló por la espalda a pandilleros que huían sin disparar, disparó a sospechosos ya rendidos y ejecutó a sangre fría al menos a dos jóvenes que no eran pandilleros.

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El reportaje de El Faro

Hay razones para pensar que no se trata de un caso aislado. Desde enero la estrategia de seguridad del gobierno, que sobre el papel incluye medidas integrales, se basa en promover la confrontación directa y a tiros con las pandillas. En 2015 se registran ya más de 150 enfrentamientos armados entre pandilleros y policías que han terminado en su mayoría con la muerte de uno o varios —en algunos casos cinco, ocho, nueve― sospechosos. El Ejecutivo presume de esos muertos. Ya en abril el presidente de la República se vanagloriaba de que un 30 % de las víctimas de homicidio del mes anterior hubieran muerto por balas de la Policía y el Ejército.

La Policía también está pagando con una cuota de sangre el estar en primera línea de esa estrategia: en lo que va de año más de 35 agentes han sido asesinados, algunos de ellos cuando estaban fuera de servicio y en compañía de sus familias. En respuesta al desafío gubernamental las pandillas, que antes no atacaban de forma sistemática a las fuerzas de seguridad, matan policías —malpagados, malequipados, y en su mayoría residentes en comunidades de clase media baja con presencia de pandillas― para enviar al Estado un mensaje de fuerza.

Fuera de micrófonos, varios funcionarios sugieren que en esta guerra no declarada los agentes policiales han recibido licencia para no tomar prisioneros, como sucedió en San José Villanueva.

Es urgente sacar a la Policía de esa dinámica perversa y exigir que se ate con fuerza a la ley. Cuando, en las últimas semanas, este periódico ha denunciado casos de abuso de autoridad e incluso de torturas a detenidos en una sede policial, la respuesta casi generalizada ha sido la descalificación, la amenaza, y la defensa a ultranza del uniforme. En realidad, la mejor forma de defender a la Policía es condenar a quienes la utilizan para violar la ley y debilitan así su legitimidad y su vinculación con la comunidad a la que deben servir. Alentar que la Policía se libere, en su lucha contra el crimen, de la supuesta atadura de la ley no es sino corromperla, prostituirla.

De lo que hay que salvar a la Policía, tanto como de quienes disparan balas contra ella, es de prácticas, posibles directrices y estrategias que la desnaturalizan y la vuelven criminal.

Como hay que salvarla de los aplausos de gran parte de la población que ante la violencia de las pandillas pide venganza, sangre, exterminio. Es urgente que el Ejecutivo y la cúpula de las fuerzas de seguridad dejen las encuestas de popularidad de lado y hagan una profunda autocrítica que anteponga la salud de las instituciones democráticas y estrategias de largo plazo al interés político cortoplacista, a las pasiones callejeras y al patriotismo barato que pregona que en guerra todo vale.

El Salvador debe reconocer en su propio pasado el relato trágico de lo que está viviendo hoy. Ya antes se permitió que las fuerzas de seguridad pública cometieran abusos, actuaran fuera de la ley, exterminaran en defensa del orden y de la paz. El resultado fue la etapa más oscura de la historia reciente del país, una fractura social que aún no sana, una memoria del horror que por lo visto no nos ha marcado lo suficiente. Cuando terminó la guerra las policías de las décadas anteriores, brutales, dueñas de su propia ley y violadoras de derechos humanos, se consideraron insalvables y, por exigencia del mismo FMLN que hoy gobierna —qué paradoja―, se tuvo que inventar una nueva instancia: la Policía Nacional Civil.

Ahora hay que salvar a la Policía Nacional Civil de la desmemoria, denunciarla, prevenirla de repetir aquel camino.

Y hay, atención, que proteger a quienes la denuncian. Consuelo Hernández de Ramírez, la madre de una de las víctimas de la masacre de la Finca San Blas, en San José Villanueva, cuenta que teme ahora más a la Policía que a los propios pandilleros. En este clima de linchamiento al no alineado, y ante una Policía que se siente intocable, el miedo de esta mujer pobre y valiente es totalmente justificado. Junto a la investigación del caso y la depuración, una primera responsabilidad del Estado salvadoreño es garantizar la seguridad de Consuelo y su familia, cuyo caso ya es del conocimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Más que en cualquier otro momento, el Estado ha de enviar un claro mensaje de respaldo y protección a todos aquellos que tienen el valor de no quedarse callados, exigen a las autoridades el respeto a la ley y fiscalizan el poder del Estado para salvarlo de sí mismo.