El Salvador

Carta al Dr. Castillo: Si la verdad no es pública, no sirve para nada. De Paolo Luers

Paolo Luers, 30 marzo 2017 / EDH y MAS!

Muy estimado Fabio:
Contrario a lo que muchos asumen, lo estimo mucho. Cuando lo propusieron como magistrado, le dije algo que no lo le gustó: que usted, aunque solo le pusieran a servir café en la Corte Suprema, terminaría controlándola. Y usted me dijo “tabernero”, lo que jamás tomé como insulto: ejercí esta profesión con orgullo durante 20 años.

El lunes pasado usted dijo en televisión una frase que me confirmó porqué estimo su sabiduría: “A estas alturas pretender castigar a la gente por los errores o las barbaridades que unos y otros cometimos durante la guerra, ya no tiene ningún sentido para la reconciliación de los salvadoreños.”

Pero enseguida dijo algo que me chocó, sobre todo en boca de alguien tan ilustrado: “La Comisión de la Verdad dijo que su informe debía quedar en secreto hasta que el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad, y esas palabras fueron sabias. No he leído el informe.”

Nada más lejos de la verdad, Fabio. El Art. 2 de los Acuerdos de Chapultepec dice que la Comisión de la Verdad “tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad.”

Y cuando la Comisión entrega su informe, dice en la introducción: “Los negociadores de la paz querían que esa paz nueva esté edificada sobre la transparencia de un conocimiento que diga en público su nombre. Ese conocimiento público de la verdad es reclamado con mayor urgencia.”

Lo que complica hasta hoy al país no es que el doloroso informe se haya conocido antes de que “el pueblo salvadoreño fuera capaz de enfrentar su propia verdad.” Es al revés: No le hemos dado la difusión sistemática necesaria para que la verdad pudiera ejercer su poder de superación, sanación y reconciliación. Y pagamos el costo, con múltiples exigencias de abrir juicios…

Me parece insólito que uno de los intelectuales protagonistas de la transición de la guerra a la paz diga que nunca leyó el Informe de la Comisión de la Verdad. Ni le creo.

Lo otro que le tengo que corregir es algo que dijo sobre los que hicimos campañas para financiar la insurgencia salvadoreña. Según usted, el actual ministro de relaciones exteriores de Alemania “fue miembro de todos los comités de solidaridad con la guerrilla, o sea que la guerrilla (salvadoreña) recibió dinero del extranjero.” Pero cuando en Alemania hicimos la campaña “Armas para El Salvador”, Sigmar Gabriel tuvo apenas 19 años y estaba cumpliendo su servicio militar. Logramos apoyos inesperados con esta campaña, pero tampoco desde adentro de la Fuerza Armada alemana.

No me tome mal estas dos correcciones, Fabio. Siempre podemos coincidir sobre el bachiller Funes. Saludos,

Carta a la conciencia de los jefes de FGR y PNC: Se fueron de boca y murió alguien. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 marzo 2017 / EDH

Destacados funcionarios:
Todo es show mediático: Van al rescate de la bebé desaparecida luego del asesinato de su mamá – y ahí va el Fiscal General, con su chaqueta que dice F1, rodeado de cámaras. “El fiscal al rescate…”, se lee en los medios.

El director de la PNC no es alguien que se deja robar cámaras. Inmediatamente aparece en pantalla: “Fueron heroicos policías los que rescatan a la niña.”

En este afán de protagonismo, todo se expuso: el carro que usaron para secuestrar a la mamá, y que luego dio la pista para encontrar a la bebé; el hogar donde encontraron a la bebé. Todo en el reality show ‘El Salvador Impresionante’.

Se fueron de boca y murió la mujer. Expusieron a la testigo y la dejaron a su suerte. El día siguiente amaneció muerta.

No se necesitaba que un policía debajo de la mesa filtrara información. El fiscal general y el director de la PNC se encargaron de esto.

Si la bebé fue secuestrada junto a su mamá y luego apareció en la casa de alguien, es obvio que este alguien se convierte en testigo clave. Es el link entre los asesinos y la bebé. Ella los pudo haber identificado.

Todos estamos satisfechos que rescataron a Alexandra. Todos queremos que los asesinos de su mamá y Yamilet reciban su castigo. Nadie está criticando a fiscales y policías por hacer su trabajo investigativo. Lo que sí hay que cuestionar es la manera mediática e irresponsable de sus máximos jefes de manejar la información, dejando a la testigo expuesta y sin protección.

“A una mujer de aquí se la trajeron (a la bebé). Dice que no sabía  nada, que solo se la trajeron para que la cuidara unos días”, declaró Douglas Meléndez. ¿Por qué tenía que decir esto? ¿Por qué incluso tenía que aparecer él en la casa donde encontraron a la bebé, sabiendo que iba atrear todas las cámaras y micrófonos del país? ¿Por qué tenía el director de la PNC que aparacer en televisión dando más detalles, para mostrar que fue la PNC y no la fiscalía la que rescató a la niña?

Se fueron de boca y murió asesinada Jackeline Lisseth Cortez Aguirre. Digo el nombre para que Lorena Peña no reclame que se esté lamentando la muerte de una mujer sin decir su nombre.

No es culpa de los medios. En el momento que el fiscal general y el director de la PNC hablan, es información pública, y la responsabilidad la tienen ellos. Tampoco me digan que esto es una campaña de desprestigio a la PNC o la FGR. No tengo nada contra Douglas Meléndez y Howard Cotto, pero sí contra su afán de buscar el impacto mediático, aunque esto comprometa sus investigaciones – o incluso la vida de una testigo.

Saludos,

El tuitero prófugo. De Roberto Rubio

Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir.

Roberto Rubio, 27 marzo 2017 / LPG

La investidura de expresidente merece respeto, pero también tiene que ganárselo, darse a respetar. Sin embargo, el respeto se pierde cuando un expresidente se queda de tuitero, sus tuits son una sarta de insultos y gruesas mentiras, y peor cuando es un tuitero prófugo de la justicia.

No amerita entonces gastar palabras en el análisis de las malandanzas del susodicho, ni dedicarse a confrontar lo que emana de su lengua viperina. Lo que amerita son las reflexiones sobre el significado de sus cuestionados hechos y las lecciones que se derivan de ellos. Reflexiones/lecciones dedicadas a ciertos altos funcionarios y a los que en el futuro pretenden serlo.

En primer lugar, los altos funcionarios, en general, son efímeros, su ciclo de vida es relativamente corto. Sin embargo, el disfrute y ejercicio de su poder los hace creerse eternos. No se percatan de que su poder es momentáneamente prestado, que son mandatarios de paso o sea mandatados por la voluntad temporal del ciudadano. Roban como si siempre van a estar ahí, como si nunca los van a descubrir. Se enriquecen como si su riqueza y las sobras de poder que le quedaron le blindarán de las llaves de la justicia. Se pavonean con guardaespaldas, seguidores o caravanas de vehículos, como lo hacían el tuitero prófugo y su entonces consorte, sin caer en la cuenta de que son dioses con pies de barro, y que tarde o temprano las diosas de la justicia, Temis y Dice, los alcanzarán dentro o fuera del Olimpo. El brazo de la justicia es largo y paciente.

En segundo lugar, a muchos funcionarios el poder los vuelve soberbios y arrogantes, como el tuitero prófugo. Valga traer a cuenta una reflexión de José San Martín que llegó a mis manos por medio de la red virtual de mis compañeros de colegio: “La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. Se olvidan que manteniendo en saldo rojo la humildad, los costos que ocasionaron sus maltratos se cobrarán caro.

En tercer lugar, en estos tiempos de sociedades abiertas, de ciudadanos más informados y exigentes, con amplias y accesibles tecnologías de comunicación, donde la lucha por la transparencia y contra la corrupción han tomado alto vuelo, es cada vez más difícil esconder, especialmente lo que se apropia indebida e ilícitamente. Basta una buena justicia, una coyuntura adecuada, una presión y/o denuncia ciudadana, o intercambios de información bancaria a nivel nacional e internacional, para perfilar la ruta del dinero malhabido, para seguir las huellas de los dueños de lo ajeno. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha permitido la creación de “sistemas sabueso”, los cuales permiten ir descubriendo las huellas dejadas por los corruptos y corruptores en casi cualquier parte del mundo.

Finalmente, en estos más cristalinos tiempos es difícil esconder a los testaferros/prestanombres. Esta manera de ocultar los verdaderos propietarios de la riqueza mal habida es ahora más detectable. Basta indagar un poco más sobre ellos, basta que la fiscalía allane sus oficinas y analice la documentación incautada, para llegar al verdadero dueño. Adicionalmente, los “amigos” testaferros ya no son tan confiables, no solo porque su “amistad” no alcanza la probidad en el resguardo del bien del amigo, sino porque al verse acorralados por la justicia, se convierten en testigos criteriados, que por salvar parte de su pellejo prefieren despellejar al otrora amigo. Esto lo sabe bien el tuitero prófugo, que ya adelantó sus miedos.

Los que tuitean para mentir y difamar, los juglares del mundo de troles y clonadores de identidad y los reyes que los contratan, los que le roban al ciudadano, los que con su picardía obstaculizan al pobre el salir de su pobreza, los ricos que amañan la obtención de su fortuna, todos ellos deben tener presente esas frases populares con las que hemos encabezado algunos artículos de esta columna de opinión: “A todo chumpe le llega su Navidad”, “Quien mal anda mal acaba”.

Un país libre, parte 2. De Cristina López

Desde una perspectiva global, los salvadoreños gozan de muchas menos libertades que los ciudadanos de otras sociedades, cosa que en gran medida explica la constante fuga de talentos y potencial humano.

Cristina López, 27 marzo 2017 / EDH

En mi columna de la semana pasada usé dos ejemplos de aspiraciones legislativas de los dos partidos mayoritarios que ilustraban casi perfectamente cómo a El Salvador le faltan muchos rasgos que definirían en la práctica cómo se ve un país libre. El análisis puede también complementarse desde la academia, y la reciente publicación del Índice de Libertad Humana hecho por el Cato Institute provee herramientas interesantes de análisis que pueden aplicarse al país.

El Índice — al que tuve la oportunidad de colaborar con aportes investigativos en los temas relacionados a la libertad de las mujeres — estudia el estado de las libertades humanas alrededor del mundo desde tres perspectivas distintas: la económica, la civil y la personal. Se enfoca en la ausencia de límites coercitivos. Los indicadores utilizados comparan a los países (en base a los datos disponibles provenientes de una pluralidad de fuentes) en las áreas de estado de derecho, seguridad, libertad de movimiento, de religión, de asociación y sociedad civil, de expresión, de relaciones, tamaño del aparato estatal, acceso a una moneda “sana”, libertad de comerciar internacionalmente, y libertades financieras, laborales, y de negocios. La publicación viene a complementar otros índices de análisis de autoritarismo versus libertades que se enfocaban exclusivamente en la facilidad de hacer negocios, ignorando que a veces, en estados donde el gobierno no se mete en el bolsillo de la ciudadanía, sí se mete en su dormitorio haciendo ilegales ciertas uniones, tema que no debería ser competencia estatal y que demuestra inconsistencias en el respeto a las libertades individuales.

El índice lo lideran Hong Kong, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Irlanda, el Reino Unido y Suiza. Estados Unidos aparece en la posición 20. Vale mencionar a Chile, liderando Latino América en la decimoctava posición, y por las razones opuestas a Venezuela, en la penosa posición 144 (para contextualizar la gravedad de la situación venezolana, estados cuasi fallidos como Zimbabwe caen en el lugar 149).

¿Cómo se ve El Salvador en el índice? En la posición 58. Si bien en libertades económicas el país aparece en la posición 42 de 159, en el ranking de libertades personales caemos al puesto 74. Las razones son las obvias: las tasas de homicidios y desapariciones debilitan el indicador de seguridad personal drásticamente — ¿qué mayor obstáculo a cualquier tipo de libertad que el riesgo constante de perder la vida? Otro enorme pendiente es el del estado de derecho, en el que la impunidad continúa siendo un talón de Aquiles. También aparece que el costo del crimen en los negocios está muy por encima de otros países en situaciones comparables. Como positivos se señalan el acceso a una moneda sana, libertad en las relaciones (en el sentido que no están penalizados ciertos tipos de uniones y que hay igualdad en derechos de paternidad y fácil acceso al divorcio). Sin embargo, desde una perspectiva global, los salvadoreños gozan de muchas menos libertades que los ciudadanos de otras sociedades (en Centro América es Costa Rica quien lleva la ventaja), cosa que en gran medida explica tanto la constante fuga de talentos y potencial humano como la enorme deuda que con nosotros tienen nuestros gobernantes.

@crislopezg

Exijamos más y mejores propuestas. De Erika Saldaña

A la Asamblea Legislativa le faltan ideas, planes claros, métodos de ejecución de proyectos y concreción de resultados en temas legislativos relevantes. Es necesario que no se acuerden de los votantes solo en época preelectoral…

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 27 marzo 2017 / EDH

Por si usted aún no se había dado cuenta, la época electoral ya empezó en El Salvador. Falta más o menos un año para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y los miembros de los concejos; sin embargo, desde ya podemos ver las fotos de diputados (o pretendientes al cargo) pintando paredes, entregando una que otra ayuda material, realizando convivios, anunciando estas visitas a comunidades y pagando publicidad en redes sociales de las fotos que se tome. Lo anterior está bien, teniendo en consideración la situación de abandono de muchas familias, la pobreza y la escasa reacción del Estado por sacarlos de esta precaria situación.

Sin embargo, es preocupante ver que la política salvadoreña en época electoral se ha reducido a eso. Esa falta de propuestas a los problemas estructurales de El Salvador es, en buena parte, porque nosotros como ciudadanía lo hemos permitido. Una de las primeras cosas que cualquier persona debería tener claro es que los políticos actúan en base a incentivos. Si usted le pide que arreglen el parque de su colonia, político en precampaña hará lo posible por que el parque de esa colonia esté bonito. Si usted le pide una escoba, camisas, calendarios, pintar una pared, entre otras cosas, tenga por seguro que en los próximos meses esa persona hará lo necesario por cumplir su petición.

Como dicen por ahí, “si el principio básico en la Biblia es el temor a Dios, el principio básico en política tiene que ser el temor al elector”. Pero este temor al electorado aparentemente solo aparece cada tres años; es necesario que en el momento que alguna persona desee lanzarse como candidato tenga a la mano un plan de trabajo, las propuestas que impulsaría dentro de la Asamblea Legislativa o en concejos, las ideas que estaría dispuesto a apoyar en cuestiones como elaboración de presupuesto, elección de funcionarios, administración de fondos públicos propios de la Asamblea o la comuna, reforma de pensiones, impuestos, fortalecimiento a otras instituciones como la Fiscalía General de la República, entre otras cuestiones de trascendencia nacional o local.

Ya es común para los salvadoreños ver a los políticos de distintos colores quejarse por las dificultades del país. Pero hay que tener en cuenta que con echarle la culpa al oponente no se soluciona nada; tampoco ignorar un problema hará que este desaparezca y es una actitud bastante cómoda esperar que los problemas sean resueltos por una instancia judicial, cuando la cancha natural donde se tienen que discutir y solucionar los problemas nacionales es la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a esto nos hemos acostumbrado como país, a echarle la culpa a otro, a ignorar problemas, a esperar que otros los resuelva y a no presentar propuestas; en política esto se agrava teniendo en consideración que las decisiones que se tomen trascienden a toda la población.

Quizá uno de los problemas más recurrentes de El Salvador es que los políticos siempre piensan en clave electoral; se encuentran a la caza de votos a través de la popularidad y el reconocimiento por la mayor cantidad de personas posible. Si es así, como ciudadanos debemos aprovechar esa inclinación para solicitar respuestas concretas a problemas de país, no solo conformarnos con pequeñas ayudas que, en buena medida, son totalmente independientes del trabajo que tiene que hacer un legislador. Exijamos respuestas concretas a los problemas, que nos cuenten específicamente qué ideas impulsaría para solucionarlo y cuál sería la forma en que su partido pretende desenvolverse dentro de la Asamblea Legislativa.

Por la forma en la que ha sido administrado el país en las últimas décadas, está claro que las ochenta y cuatro personas (y sus asesores) encargadas de tomar algunas de las decisiones más trascendentales del país urgen de ayuda. A la Asamblea Legislativa le faltan ideas, planes claros, métodos de ejecución de proyectos y concreción de resultados en temas legislativos relevantes. Es necesario que no se acuerden de los votantes solo en época preelectoral, ni que su recuerdo se traduzca únicamente en ir a dejar pequeñas ayudas a las comunidades. Al conformarnos con actos o propuestas efímeras dejamos a un lado las respuestas sobre los problemas más graves del país. El reto es a la ciudadanía, exijamos más y mejores propuestas.

La máquina. De Cristian Villalta

Ese dinero no volverá. Ninguno de esos centavos, de esos millones de dólares que exfuncionarios de distinto cuño le robaron a la ciudadanía regresará. Y si vuelven, serán solo centavos.

Cristian Villalta, 26 marzo 2017 / LPG

Así pues, el ejercicio que sigue ocupando buena parte de los esfuerzos de la Fiscalía General de la República tiene como propósito la reparación a las arcas públicas solo como figura retórica, como esa metáfora más veces amarga que dulce a la que llamamos justicia.

El principal valor de ese afán institucional es que los ciudadanos conozcamos la verdad de esos desfalcos, si tales prácticas fueron posibles además de por la calaña de los indiciados gracias a la existencia de un método.

Si hubo un método para despojar al Estado y beneficiar a particulares, entonces hubo un sistema que al menos lo permitió; si ese sistema existe, instalado en el aparato gubernamental, es porque hay una cultura de desprecio al interés público.

Talvez de las eventuales condenas a esos personajes derive una convicción ciudadana más firme y menos distraída sobre la naturaleza del poder político y su estatus como antípoda de la sociedad civil.

Consciente de esta posibilidad, el partido en el Gobierno y sus ujieres –algunos de ellos enfundados en la camisa de ARENA– hacen lo imposible para popularizar otra noción, la de que la justicia que pregona la contraloría a través de los casos de los últimos dos expresidentes es una vulgar vendetta política, y que la Fiscalía salvadoreña es una locomotora, una máquina de tripas al rojo vivo, con insaciable apetito por la destrucción.

En esa descalificación del trabajo fiscal, Elías Saca y Mauricio Funes gozan de impredecibles aliados: los enemigos que dejaron en la esfera política, en los medios de comunicación y el a veces chabacano manejo de la información de la misma FGR. Entre ellos, rebajan la discusión de estos casos al campo de la politiquería nacional, y transforman el análisis de lo sucedido en una carrera de insultos divertidos, la más salvadoreña de las virguerías.

La celeridad y facilidad con la que se pasa de la información a la opinión y de la opinión a la celebración de un resultado penal cuando los juicios no han superado la instrucción –o ni siquiera se han abierto– es de mal gusto tratándose de funcionarios de elección popular, increíble cuando proviene de profesionales del derecho, e imperdonable viniendo de informadores o periodistas.

El mal disimulado encono que se le tiene a uno o a otro expresidente en esas esferas facilita la confusión del ciudadano. Es una lástima que el énfasis no se ponga en la justicia que todos queremos, sino en la venganza que unos pocos necesitan.

Igual pasa con la política de comunicaciones de la Fiscalía, que si bien ya no raya en el culto a la personalidad característico de la administración de Luis Martínez, cae más veces de lo necesario en un exceso de detalles que, si no es en manos de un juez, solo sirven para alimentar el morbo y manipular a la opinión pública. Tal práctica es irresponsable per se y ni se diga en casos a los que la volátil opinión ciudadana es tan susceptible como los de la corrupción de los primeros funcionarios del Estado.

Tan urgente es desarmar esta máquina como aquella: la del linchamiento figurado como la del despojo del erario. Queremos la verdad, no brujas en una hoguera.

Observador Político: Estadísticas irresponsables. De Paolo Luers

Paolo Luers, 27 marzo 2017 / EDH-Observador Político

Una noticia hizo impacto fuerte esta semana: El fiscal Douglas Meléndez dio a conocer una cifra de desaparecidos que es casi igual de alta como la de los homicidios. Según la fiscalía, en 2014 hubo 4,525 desapariciones (homicidios: 3,894); en 2015: 4.203 desapariciones (6,657 homicidios); y en 2016: 3,847 desapariciones (5,274 homicidios). Estos serían para los últimos tres años 12,575 desapariciones versus 15,825 homicidios. “Hay un margen de disminución de los homicidios, pero un margen elevado de desapariciones,” declaró Douglas Meléndez en la Asamblea Legislativa. Y agregó que “pueden ser más”.

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Es falso: Sólo pueden ser menos. Veamos porqué.

La policía maneja números muy distintos: 2,900 desaparecidos en 2014; 1,959 en 2015, y 1,778 en 2016. Sería para los tres años del 2014 al 2016 un total de 6,637 desaparecidos. ¿Cómo es posible que la fiscalía registra lo doble de desapariciones que la PNC? El mismo fiscal dio una pista: Reconoció que por falta de fondos la FGR no tiene capacidad de verificar sus propios números. Cabe la pregunta: ¿Entonces, para qué los divulga? ¿Será parte de su estrategia para obligar al gobierno a darle el presupuesto que exige?

Incluso, la PNC se contradice en sus propios datos. Al cierre del año 2012 hablaba de 612 desaparecidos, pero ahora la PNC habla de 1,555 para este mismo año. Extraño: la cifra de desaparecidos puede disminuirse retrospectivamente, pero no aumentarse.

¿O será todo esto parte del eterno pleito sobre el enfoque de las políticas de Seguridad? En los años de la tregua, el director de Medica Legal permanentemente publicaba cifras de desaparecidos mucho más altas que las de la PNC. Su tesis (por cierto compartida con el entonces fiscal general Luis Martínez) era que la PNC, para legitimar la tregua con su notable disminución de homicidios, no quería reconocer que hubo un incremento de desapariciones por parte de las pandillas. ¿Tenemos ahora una nueva edición de este pleito?

Independiente de los manejos políticos que todos los involucrados hacen del drama de los desaparecidos, ¿cuál es el problema de fondo?

Es la irresponsabilidad del Estado, que para desapariciones no ha creado un mecanismo interinstitucional, profesional y confiable de confrontar y depurar los datos. Para homicidios existe un mecanismo tripartita de verificación y seguimiento. Para desapariciones, los números son tan discrepantes porque cada institución trabaja con diferentes fuentes. El IML registra las denuncias de personas que acuden a sus morgues buscando a sus familiares. No es su trabajo dar seguimiento a estos casos y depurar la estadística, a menos que las personas en algún momento aparezcan muertas. En este caso se suman a la estadística de homicidios. Pero cuando aparecen vivas, o resultan que salieron del país o se unieron a la pandillas, el IML no tiene como saberlo.

La PNC y la FGR establecen sus estadísticas de desaparecidos a partir de denuncias formales. Pero sólo la policía investiga estos casos y depura la lista. Persona que luego aparece muerta o viva, es descontada. En el caso de la fiscalía, no está claro con qué datos nutre su estadística. Las familias normalmente no acuden a la fiscalía para reportar personas desaparecidas, sino a Medicina Legal y la PNC. La fiscalía simplemente retoma los números de la PNC, pero como reconoce Douglas Martínez, no tiene capacidad de dar seguimiento a los casos mientras no se judicialicen. Y como no hay mecanismo interinstitucional de verificación y seguimiento a los datos, la fiscalía simplemente se queda con el dato “bruto” – o sea con todos los casos que en algún momento han sido reportados.

Necesitamos un mecanismo independiente y profesional de monitoreo

Para tener una estadística confiable de desapariciones, es indispensable establecer un mecanismo interinstitucional entre IML, PNC y FGR. Cada institución tendría que acumular en una sola base de datos consolidada todas las denuncias de desapariciones. Luego, cada institución, sobre todo la PNC, debería pasar a esta base de datos los resultados de sus investigaciones: desaparecidos encontrados muertos; desaparecidos que aparecen vivos; denuncias que resultan falsas; desaparecidos que luego se sabe que emigraron o que se unieron a las pandillas. Descontando todos estos casos, al final quedaría un saldo de casos no resueltos, que pueden caracterizarse como desaparecidos. Mientras tanto, el manejo de la estadística de desaparecidos sigue siendo sujeto a manipulación y propaganda barata.

Si el país tuviera este mecanismo institucional, las cifras de desaparecidos (los que realmente nadie sabe qué pasó con ellos; si están vivos o muertos; si son víctimas o no; o si simplemente decidieron desaparecer por las razones que sean) estarían mucho más cerca de las cifras de la PNC que de los que tan irresponsablemente maneja el fiscal. Digo irresponsable, porque es una manera no profesional, sin ningún mecanismo de depuración, sin investigación y seguimiento de cada caso reportado.

El país ya está suficientemente golpeado por la violencia como para aumentar las angustias con cifras infladas de desaparecidos. El drama de las desapariciones es suficiente traumático, incluso si asumimos las cifras más conservadoras. Cada caso es una tragedia. La Constitución manda a las instituciones a colaborar para buscar el beneficio de la ciudadanía. ¿Será mucho pedir que al fin se crea una Comisión Interinstitucional de Monitoreo de la Violencia? Necesitamos una entidad profesional e independiente que evita las manipulaciones políticas y mediáticas del dolor de las familias.