El Salvador

Carta de despedida al CD: El taxi amarillo. De Paolo Luers

23 junio 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Algunas muertes se dan rápidas, de golpe. Otras pasan por una larga agonía que afecta la dignidad, porque le erosiona la independencia – y por tanto la autoestima.

De estas muertes es la de Cambio Democrático.

Nació como Convergencia Democrática, en 1988, como confluencia de los socialcristianos de Rubén Zamora y los socialdemócratas de Guillermo Manuel Ungo en una sola fuerza de la izquierda democrática, reformista, y humanista. La idea: hacer contrapeso a la izquierda ortodoxa del FMLN, en una dialéctica de competencia y complemento. Este propósito nunca lo logró cumplir, siempre quedaba en la sombra de su permanente aliado FMLN; siempre en peligro de perder su identidad y su alma. Tan así que luego de su máximo éxito, en 1997, cuando logró convertir a uno de sus líderes, el Dr. Héctor Silva, en alcalde de San Salvador, rápido su socio grande FMLN se lo apropió. Ya en el 2000, Héctor Silva corrió y ganó como candidato del FMLN…

En 1999 La Convergencia se convirtió en el CDU (Centro Democrático Unido) y como tal sufrió su primera muerte en 2004, luego de no lograr el mínimo de votos requeridos. Fue suspendido como partido. Algunos de sus dirigentes lo refundaron como Cambio Democrático. Hubo largas gestiones para reunir bajo un mismo techo a todos los grupos de tendencia socialdemócrata. Todas fracasaron. Así que la única manera de mantenerse vivo fue continuar bajo la sombra del FMLN, participando en múltiples coaliciones para diputaciones y alcaldías. Comenzó la agonía…

Hasta que en el 2009, para sobrevivir, el CD hizo alianza con Mauricio Funes. Este se aprovechó del prestigio personal de los personajes históricos del CD: Rubén Zamora, Héctor Dada y Héctor Silva. El apoyo de ellos le dio a Funes la credibilidad que necesitaba para sumar medio millón de votos al voto duro del FMLN. La participación en el gobierno de Funes le dio al CD oxígeno – y una cuota del poder muy encima de su caudal de voto. Pero también tuvo su costo: Entrando al esquema populista y corrupto de Funes, el CD terminó perdiendo su principal capital, el prestigio y la honorabilidad representada por sus fundadores: Ungo, Zamora, Dada y Silva. Estar cerca del poder, pero sin capacidad de corregirlo cuando se vuelve corrupto, pero resultó ser una victoria pírrica.

Al final de la era Funes, el CD quedó en una agonía aun peor: No listos para morir, ya sin electores, sin identidad, sin dirigentes solventes, pero siempre con cierta utilidad para el FMLN. El vacío de liderazgo lo llenaron personajes de dudosa reputación. Hasta que Héctor Dada y Juan José Martell hicieron otro intento de rescatarlo. Ya moribundo, pero todavía no dispuesto a morir. Así el CD llegó al 2018, con menos de 20 mil votos en todo el país. Y con un agravante: Ahora también su socio FMLN está en franco declive. Ya no habrá vida debajo de su sombra.

Pero apareció un palo nuevo para arrimarse: Bukele, un candidato sin partido que le permita llegar a la presidencia. Tiene popularidad, está en campaña permanente, tiene éxito como encantador de desencantados – pero necesita un partido legalmente constituido como vehículo para llegar al poder: un partido taxi.
Ahora Bukele y el CD anunciaron que Bukele se inscribirá como candidato presidencial del CD. Ya negociaron que será ratificado en las primarias obligatorias y luego su movimiento Nuevas Ideas se sumará. Lo llaman coalición. Pero coaliciones son alianzas electorales entre partidos para sumar votos. El CD no tiene votos. Tampoco tiene capital político o moral – lo empeño ya varias veces. Lo único que Bukele adquiere es un vehículo matriculado, por más destartalado que sea. Es lo único que necesita.

Un partido nacido con grandes propósitos políticos y morales, reducido a la matrícula electoral que puede ofrecer a un político que predica la anti política. Hablan de “coincidencias programáticas”, cuando ni uno ni el otro tiene programa. El CD va a dejar de existir, será absorbido por este movimiento amorfo que tiene una sola finalidad: llevar a su fundador al poder.

A todos que siempre creímos en la necesidad de una izquierda democrática, esta muerte tan indigna duele.

Saludos,

En abril 2015, ya publiqué un ‘Obituario para Cambio Democrático’

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Las verdaderas coaliciones. De Manuel Hinds

En vez de formar coaliciones entre partidos, los partidos que quieran aumentar sus votos deberían de buscar formar coaliciones de ciudadanos que los apoyen, incluyendo a los que han ido dejando de votar.

22 junio 2018 / El Diario de Hoy

Prácticamente todos los partidos políticos se han declarado abiertos a la posibilidad de crear coaliciones con otros partidos para las elecciones presidenciales de 2019. Aunque puede haber otras motivaciones para hacerlo, la idea detrás de esas coaliciones sería aumentar el caudal de votos en dichas elecciones.

En el caso de El Salvador llama la atención que los partidos políticos estén tratando de unirse para aumentar sus votos cuando el problema principal de ellos no es que se estén quitando votos entre ellos mismos sino que la población les ha estado quitando votos a todos juntos. Es decir, en nuestro caso, los partidos crearían coaliciones para sumar sus participaciones de un total de votos que se está encogiendo. En vez de formar coaliciones entre partidos, los partidos que quieran aumentar sus votos deberían de buscar formar coaliciones de ciudadanos que los apoyen, incluyendo a los que han ido dejando de votar. Ese es el lago donde hay más pescados, y donde el número de pescados está creciendo más rápidamente.

Pero, ¿por qué no hacer las dos cosas si en el peor de los casos lo que podría pasar es que la coalición no sume los votos? La respuesta es que, en nuestro caso, las coaliciones pueden resultar en menos votos que los que un partido solo podría ganar. Es decir, si el primer partido tiene 100 votantes y el segundo 25, puede suceder que su coalición gane solo 75, con lo que el partido mayor habría perdido un porcentaje alto de votos. ¿Cómo puede pasar esto, y a quiénes les puede pasar?

En el caso de El Salvador puede pasar porque los votantes se han ido decepcionando de los partidos políticos y dejando de votar por cualquiera de ellos porque los consideran corruptos, ineficientes o anticuados, motivados no por la mejoría de sus votantes sino por la mejoría de los miembros de sus cúpulas de poder. Toda acción que haga que más gente piense que esto es así, logra que se decepcionen más votantes y dejen de votar. Una de estas acciones puede darse cuando un partido político hace una coalición con un partido que la población considera que es más corrupto o ineficiente, y que pertenece a la vieja manera de hacer política. En estos casos, las coaliciones pueden reducir el número total de votantes de los partidos que tienen mejor prestigio sin aumentar el número de votos de los asociados en sus coaliciones.

Es decir, los partidos que tienen mejor prestigio, o los que lo están aumentando, son las potenciales víctimas de esta reducción de votos por decepción. En los momentos actuales, esto identifica claramente a ARENA, que, con mucho esfuerzo, ha ido institucionalizándose y ha ido mejorando muy sustancialmente en términos de candidatos y de procedimientos. Los avances de ARENA han sido muy superiores a los que han logrado otros partidos, que se han quedado en el estilo de política que ha ido decepcionando a muchos votantes. Eso le está dando ventaja a ARENA para atraer de regreso a muchos de los que se han ido yendo al campo de los que no votan.

En este momento, hacer coaliciones con esos partidos niega las reformas que han llevado a ARENA adonde está ahora, y niega la ventaja que eso le pueda dar para atraer a sus viejos partidarios ahora decepcionados. Pero aun, puede decepcionar a muchos que se han quedado y que ven las reformas con creciente esperanza. Este efecto puede ser muy grave especialmente porque ARENA está todavía luchando internamente para ir profundizando su reforma. Si está teniendo problemas con la eliminación de las herencias de su propio pasado, ¿cómo puede insertar en su propio terreno herencias peores de partidos en donde esas herencias todavía son la corriente principal de su presente?

ARENA está trabajando en coaligar sectores de la población que, sin pertenecer al partido, están de acuerdo con su evolución hacia un partido moderno, con visión al futuro. Estas son las coaliciones que ARENA necesita, las que le pueden traer votos, ideas y personas que pueden ayudar a hacer mejor a nuestro país. Las otras coaliciones hay que verlas con un lente doble: los votos que pueden traer, y los votos que pueden hacer perder.

Carta a dos funcionarios que deberían ser sustituidos. De Paolo Luers

19 juio 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

John Anthony Cruz Quijano:
“¡¡¡NORMAN QUIJANO…PRIVATIZA TU ANO!!!” fue uno de los gritos en la manifestación de la UES que llegó a la Asamblea Legislativa para protestar contra la supuesta privatización del agua y para tirar piedras y quebrar los vidrios de esta institución y joderle el brazo a un periodista (irónicamente de un medio de su propio partido).

Usted como subdirector del Instituto Nacional de Juventud, Injuve, una institución de la Presidencia, publicó esta misma patanada el 16 de junio, luego de participar en esa marcha y el desmadre que se armó frete a la Asamblea.

Dos horas después, reaccionando a las críticas que le hicieron por un comportamiento inaceptable para un funcionario de la Presidencia de la República, usted comentó en Facebook: “El derecho a la libre expresión me cobija. Un pueblo entero lo ha gritado este día en las calles, yo únicamente lo escribí.” No, señor, una cosa es que este insulto lo griten manifestantes anónimos y otra que lo publique un funcionario nombrado por el presidente.

Vaya, podría decir uno, es el calor de una batalla callejera… Pero no, señor: Para empezar, ¿qué hace un funcionario de la presidencia en una batalla callejera? Claro que tiene derecho a manifestarse, aunque no en horas laborales. Y si lo hace, como funcionario tiene la obligación de calmar los ánimos, si la marcha se vuelve violenta y las consigas insultantes. Pero usted hizo lo contrario, justificó la violencia e hizo suya la frase insultante. Pero el colmo, al lloverle críticas, publicó un meme alusivo al presidente de la Asamblea que dice así: “Y la próxima vez vaya a privatizar a su abuela”.

Esto ya no es al calor del combate, es cálculo político. Un cálculo político que no cabe en Casa Presidencial. O sea, si usted no renuncia a su cargo, el presidente debe sustituirlo.

Diputado Carlos Reyes:
A todos nos encanta el fútbol. También los viajes. Pero seguimos el Mundial de Rusia en la tele. No así usted, usted se toma la libertad de ver el Mundial en vivo, en Rusia.

Porque usted es diputado. Y no solo diputado, es jefe de fracción de ARENA y miembro del COENA. Usted piensa que es poderoso e intocable, porque Norman Quijano y Carlos Calleja le deben, tan fiel que usted les fue para conseguir que sean electos, uno presidente de la Asamblea, el otro candidato presidencial.

Pero así no es la cosa. Desde que lo pusieron de jefe de fracción fue claro que era un error, y que no lo consultaron con el candidato. Él y su partido no van a acarrear con este error que les puede costar caro. Ya no, ahora que resulta que usted en medio de importantes debates legislativos se fue a Moscú a ver el Mundial. Mucho menos luego de que se hizo público que anda en Rusia CON goce de sueldo. Quien lo hizo público fue Norman Quijano. O sea, ya no lo va a proteger. Tampoco Carlos Calleja, quien tuiteó: “Comparto la indignación de los salvadoreños de que en tiempos tan difíciles un diputado se tome vacaciones para ir al mundial. Le corresponde a Carlos Reyes explicar sus acciones.”

Así que al solo regresar de Rusia, firme su carta de renuncia como jefe de fracción. Su partido se lo va a agradecer.

No espero que me hagan caso a mi. Ni a la decencia que obviamente no tienen. Háganlo por sus partidos. Ahórrenles la molestia de tener que despedirlos.

Saludos,

El agua es de todos. De Erika Saldaña

El hecho de que sea manejada o vigilada por privados no significa que será privatizada ni que su administración será más eficiente; si es administrada primordialmente por el representantes estatales tampoco significa que todos tendremos agua o que su administración seguirá siendo deficiente. Metámonos en el debate, nos interesa a todos. Eso sí, el punto de partida es que el agua es de todos y no debe ser privatizada.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

18 junio 2018 / El Diario de Hoy

Del agua es sobre lo que ha se ha hablado esta semana. Se han intensificado los debates sobre el tema en entrevistas de televisión, radio, foros universitarios y redes sociales. Por un lado, sectores como la Conferencia Episcopal, la UCA y el partido FMLN han denunciando un posible intento de privatización del agua; por otra parte, la ANEP y el partido ARENA han dicho que no se pretende una privatización, sino la creación de mayor eficiencia en la distribución del agua y que la administración no responda a intereses políticos.

Hablemos claro. En el proyecto de ley que se está estudiando en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa no existe ningún apartado que se refiera a la privatización del agua. Pero también seamos claros en otra cuestión: la conformación de la autoridad que administrará el recurso hídrico —según el proyecto— no deja de ser curiosa y cuestionable.

El artículo 14 establece que la junta directiva de la Autoridad Hídrica estará conformada por un miembro nombrado por la Presidencia de la República, dos por la Corporación de Municipalidades (Comures, gremial privada de municipalidades) y dos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP, que aglutina a gremiales de la empresa privada). Entre algunas de sus facultades se encuentran la aprobación de permisos y tasas por el uso de recursos hídricos, la aprobación de la normativa técnica que desarrollará la ley, entre otras.

Aunque la intención no sea una privatización, la desconfianza de muchos es razonable. Cuando hablamos de un bien tan público, importante y de interés social como el agua y metemos en la ecuación a sectores privados cuya defensa (legítima) son los intereses de sus representados, surge la duda sobre a qué intereses responderá la Junta Directiva de la Autoridad Hídrica.

¿Responderá a la colectividad o a necesidades de algunos grupos interesados? La misma desconfianza y cuestionamiento surgiría si la representación fuera predominantemente pública. La defensa de los intereses privados es una cuestión legítima y necesaria, pero cuando se trata de un bien tan trascendental y escaso como el agua, lo que debe privar es el bien común. Nada tan básico como el agua. El agua es vida y es de todos.

Hay varios puntos que no están en discusión respecto al agua. Primero, se trata de uno de los bienes más importantes sobre la Tierra para cualquier forma de vida. Su ausencia afecta por igual a toda la especie humana y, por ello, no se le deba dar un manejo partidario o sectorial al tema. De ningún color o ideología. Segundo, se trata de un bien de interés público y social.

Tercero, existe la urgente necesidad de volver mucho más eficiente el uso del agua en El Salvador. Anda no ha podido hacerlo. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Recurso Hídrico, ya existen muchos países padeciendo condiciones generalizadas de escasez de agua. Ciudad del Cabo en Sudáfrica y la Ciudad de México enfrentan el problema y podrían sumarse ciudades como Sao Paulo, El Cairo, Tokio, Londres, entre otras. En El Salvador existen colonias y comunidades enteras que no tienen conexión de agua o si las tienen, la falta de agua dura semanas.

Nos encontramos frente a una oportunidad de una discusión seria y razonable sobre el manejo que le estamos dando al agua en El Salvador. La Asamblea Legislativa debería procurar la mayor transparencia posible, así como una primordial difusión del contenido de la ley y profundización de tema con todos aquellos sectores que tengan algo que aportar.

Más que si la mayoría de representación es pública o privada, hay que preocuparse por que las sillas en la Autoridad Hídrica sean ocupadas por gente que sabe lo que está haciendo y esto sea en favor de toda la sociedad. La defensa de intereses partidarios o sectoriales debe quedar fuera de la discusión en el tema del agua.

El hecho de que sea manejada o vigilada por privados no significa que será privatizada ni que su administración será más eficiente; si es administrada primordialmente por el representantes estatales tampoco significa que todos tendremos agua o que su administración seguirá siendo deficiente. Metámonos en el debate, nos interesa a todos. Eso sí, el punto de partida es que el agua es de todos y no debe ser privatizada.

No hay defensa para el expresidente. De Cristina López

Podríamos llenar varias columnas, con la infinidad de injusticias que derivan de su soberbia, falta de honradez y abuso de poder. Da asco. Ese asco es lo que hace dificilísimo tenerle siquiera lástima.

18 junio 2018 / El Diario de Hoy

Hace un par de años les hice a mis lectores sin querer una prueba de lectura comprensiva al escribir una columna sobre el presidente Funes titulada “en defensa del expresidente”. Un medio digital había publicado unas fotos del exmandatario rodeado de amistades, licores y humo de puros en un centro nocturno en Miami, Florida. Básicamente, las fotos eran el tristísimo cliché de alguien viviendo la estereotipada vida de la canción de Bacilos “el primer millón”, que casi biográficamente decía, “dejémoslo todo y vámonos para Mayami” en el instante en el que alguien hace crecer su fortuna. Recibí una inundación de críticas por parte de un número significativo de personas que no pasó de leer el titular, ofendidas por lo que pensaban era una defensa de lo indefendible.

Quienes leyeron más allá del titular se dieron cuenta de que la columna no era una defensa: ¡qué va! Era más bien un recordatorio de lo vacía que tenía que sentirse la vida de quien, después de 5 años en el servicio público, no tuviera más que mediocridad como legado. De lo mal que seguramente dormía a sabiendas de que los Johnny Walkers, los spas y las parrandas las pagó la corrupción. De lo doloroso que seguramente debía de haber sido para alguien con el desproporcionado ego de Funes ver que sus pares (exmandatarios de otros países latinoamericanos) eran invitados a dar conferencias internacionales y recibían ofertas de cátedras académicas en prestigiosas universidades, mientras él se veía relegado a la patética irrelevancia de limitarse a echar diatribas desde Twitter o de conducir un show de radio con bajísimo nivel de producción. (Funes dedicó varios minutos de ese programa a insultarme personalmente después de esa columna. Por lo visto, leyó más allá del titular).

En mi columna en ese 2015 que ahora parece lejano, decía: “Ténganle lástima”, porque las fotos de Miami se volverían un mal recuerdo en cuanto nuestro Ministerio Público subiera los estándares en lo que se espera del manejo de fondos por parte de nuestros gobernantes.

Aparentemente, el momento que con optimismo pero sin mucha convicción evoqué en esa columna, finalmente llegó y ahora confirmamos la evidencia que aquellas fotos demostraban a gritos. Que el estilo de vida, los relojes y las parrandas las pagamos nosotros. Que las compras de lujo incluyen pares de zapatos cuyo precio equivale a varios salarios mínimos salvadoreños. Que, como reportó Héctor Silva en Inside Crime la semana pasada, eran bolsas de basura repletas de efectivo el origen de semejante estilo de vida, legítimamente dándole el apropiado nombre de “saqueo público”. Que compró armas, ropa, se hospedó en hoteles cinco estrellas, todo pasándole la cuenta al contribuyente salvadoreño y a la cooperación internacional.

A ver, que no es envidia de los lujos lo que motiva condenar —por lo menos desde la opinión pública, mientras la justicia hace lo suyo— a Funes. Que gocen los que tienen mientras lo han ganado de manera honrada: así hay tantos salvadoreños, tanto en el país como en el exterior, que a base de partirse la espalda un día tras otro, con un poco de suerte, prudencia y excelente olfato para los negocios, gozan con total tranquilidad de los lujos que pueden pagarse tras haber convertido en mucho lo poco.

Lo que vuelve el caso de Funes y sus secuaces especialmente vergonzoso y desgarrador para nuestro país es pensar en el costo de oportunidad. Costo de oportunidad es el término económico que describe la mejor alternativa que no se eligió con el mismo valor: es decir, lo que hubiéramos podido comprar con la misma plata cuando compramos cualquier cosa. En esta afrenta a la Patria, el desarrollo y la gente de El Salvador, el costo de oportunidad de la vida de estrella de Hollywood de Ada Mitchell Guzmán son inversiones en nuestra infraestructura hospitalaria. El costo de oportunidad de los zapatos, relojes y armas de Funes son las reparaciones estructurales que urgen en tantas escuelas. El costo de oportunidad de sus parrandas en Miami es nuestra seguridad pública. Y así podríamos llenar varias columnas, con la infinidad de injusticias que derivan de su soberbia, falta de honradez y abuso de poder. Da asco. Ese asco es lo que hace dificilísimo tenerle siquiera lástima.

@crislopezg

Un cascabel para otro gato. De Leda Romero

La corrupción es una de las principales explicaciones para los cientos de problemas por los que nuestro país atraviesa. Por eso es importante que se disminuyan los incentivos para los corruptos.

Leda Romero, comunicadora salvadoreña radicada en Chile

17 junio 2018 / LPG-Séptimo Sentido

El Salvador nunca es aburrido, siempre se encuentra inmerso en una avalancha de acontecimientos. En los últimos días, tienen que ver con la polémica sobre la reactivación del proyecto de ley de privatización del agua, sumado al destape de la corrupción del expresidente Funes.

Esta es una buena noticia. Aunque resulte paradójico y nos llene de profunda rabia e indignación que miles de millones de dólares hayan sido malversados en la gestión del expresidente Funes, es positivo que haya una investigación y una orden de captura en su contra.

Tanto en términos de madurez política como institucional, es importante que en nuestro país se empiecen a investigar y a condenar los hechos de corrupción. Pero, al mismo tiempo, las condenas y los castigos a estos delincuentes deben ser ejemplares. La corrupción es una de las principales explicaciones para los cientos de problemas por los que nuestro país atraviesa. Por eso es importante que se disminuyan los incentivos para los corruptos.

¿Seremos capaces los salvadoreños de ponernos de acuerdo en esto? ¿Podremos dejar de lado nuestra eterna polaridad para convenir que la corrupción es asquerosa de donde sea que venga?

En su momento, Funes dijo que le había puesto el cascabel al gato, como una forma de demostrar que habían descubierto al ladrón. Sus seguidores aplaudieron la revelación y ese fue el primer paso para demostrar que en El Salvador se puede condenar a un corrupto. Ahora es su turno. A él también le pusieron el cascabel y espero que, así como en aquella oportunidad, cuando sus seguidores aplaudieron y avalaron la condena a la corrupción, esta vez también lo hagan, con el mismo ahínco y consistencia.

El punto es que no existe una corrupción más aceptable que otra porque coincida con mi punto de vista político. Toda la corrupción es condenable. Punto.

A manera de referencia regional, tenemos las experiencias de distintos países en América Latina que han ido destapando diversos escándalos de corrupción, como Brasil y Perú. Chile no ha sido la excepción, a pesar de ser uno de los países con mejores índices de transparencia y solidez institucional. Uno de los episodios más polémicos involucraba a un holding de empresas llamado PENTA. El caso aún se encuentra en los tribunales pero cuando fue descubierto, hace unos tres años, se transformó en uno de los casos más mediáticos porque no solo involucraba a poderosos empresarios, sino también a altos funcionarios.

Uno de los principales aprendizajes de este caso tiene que ver con el actuar de la Fiscalía. Para perseguir la corrupción se requiere de fiscales implacables e imparciales, dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Esto habla de la independencia de las instituciones para hacer su trabajo como corresponde, así como de la integridad de sus funcionarios.

En este caso, espero también que la Policía y las autoridades responsables de la captura de Mauricio Funes y el resto de implicados en este penoso caso de corrupción hagan su trabajo, capturando oportunamente a los acusados.

Lo ideal sería que la corrupción se eliminara del actuar público y privado; sin embargo, esa es aún una utopía. Así que, por mientras, corresponde descubrirla, perseguirla y condenarla con ímpetu en todos los niveles con la esperanza de que los castigos desincentiven a estos ladrones.

Y que se preocupen los gatos, porque les van a poner su cascabel.

Exorcismo contra un fantasma. Columna Transversal de Paolo Luers

¿Cuál el problema que inhibe llevar un debate racional sobre la mejor manera de garantizar el carácter público del recurso hídrico: vía el Estado, en manos del Ejecutivo – o mediante una Autónoma, en la cual estén representados directivos nombrados por el Estado y otros por el sector privado? No caigamos en debates pasionales sobre conflictos inventados.

16 junio 2018 / El Diario de Hoy

Mientras los obispos de Nicaragua están poniendo el pecho para proteger a los manifestantes contra los escuadrones de la muerte de Ortega, la Conferencia Episcopal de El Salvador publica un comunicado titulado “No permitamos que los pobres mueran de sed”. ¿En serio quieren arrastrar a la Iglesia a la campaña electoral, a la par del FMLN y Nuevas Ideas? Porque la campaña contra la privatización del agua es demagogia electoral, ya que nadie en este país está promoviendo tal privatización.

Se está configurando una alianza para una cruzada nada santa: el FMLN, que necesita una bandera popular para sacarse de la crisis luego de la derrota electoral de marzo 2018 y el destape de la corrupción de su primer presidente Mauricio Funes; la UES, que marchó a la Asamblea, con su rector a la cabeza y los grupos de choque armando relajos; Bukele, quien inmediatamente trató de ponerse a la cabeza: “Estoy seguro de que en un tema como el del agua, podemos hacer a un lado nuestras diferencias partidarias y hacer un frente común contra ARENA y la ANEP”.

Con esto queda claro el carácter de esta alianza: “Todos contra ARENA”. Y por supuesto, no quiso faltar el exilado en Nicaragua: “ARENA ordena reprimir y disuelve manifestaciones como la organizada este día para oponerse a la privatización del agua”.

En serio, ¿en esta alianza quiere incorporarse la Iglesia Católica? No es nada sorprendente que el FMLN, Nuevas Ideas y algunos de sus patrocinadores intelectuales en la UCA quieran convertir un debate sobre cómo administrar los recursos hídricos del país en conflictos que más bien parecen a cruzadas religiosas. La sola frase “privatización” es suficiente para abandonar toda racionalidad, crear pasiones, explotar miedos y resentimientos sociales, y satanizar un proyecto de ley —incluso cuando explícitamente declara el agua un bien público que nunca puede ser privatizado.

Parece ser suficiente que el FMLN y Nuevas Ideas inicien una cruzada contra el diablo llamado sector privado para que la Iglesia Católica se deje arrastrar a este terreno demagógico. Ante esta situación, lo que hace falta es inyectar racionalidad al debate. Nos quieren hacer creer que aquí se trata de una batalla entre quienes quieren defender el carácter público del recurso agua y quienes lo quieren convertir en mercancía. Pero analizando fríamente lo que están discutiendo en la Asamblea, queda claro que esta batalla no existe. Más bien existe un debate sobre qué significa “recurso público”. Los que gritan “privatización” quieren definir que “público” significa estatal, o incluso gubernamental —y los otros definen “público” como propiedad de la sociedad.

De ahí se desprenden dos conceptos de cómo constituir el ente público que va a administrar, regular, desarrollar y proteger el recurso público agua. Unos exigen que la Autoridad Hídrica sea estatal y en manos del gobierno; otros exigen que sea autónoma, con participación tanto del Estado (ejecutivo y municipios), como del sector privado. Este último, la presencia del sector privado en una entidad autónoma reguladora del agua, ya es sacrilegio para la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, para el FMLN, para la UCA y la UES, para Nuevas Ideas… y para los obispos católicos. Les huele a azufre privatizador y requiere exorcismo.

Parece que nadie de los que promueven la cruzada contra la privatización del agua ha tenido seguimiento a los debates, propuestas, enmiendas y primeros consensos en la Asamblea. No se dieron cuenta, o más bien no quieren reconocer que nadie, en ningún momento, ha propuesto privatización, y que tampoco está en discusión entregar la regulación y administración a ANEP. El mecanismo propuesto para asegurar el carácter autónomo y público de la entidad reguladora es que el gobierno nombre directivos, pero que no sean ni ministros, ni dirigentes partidarios, ni funcionarios de elección popular; y que ANEP nombre directivos, pero que no pueden ser dirigentes de las gremiales empresariales ni personas vinculadas a empresas que tengan interés comercial o industrial en el agua. Ambos, el Estado y el sector privado, tendrán que nombrar personas idóneas por su capacidad técnica y administrativa. Ni el gobierno de turno, ni mucho menos una gremial empresarial tendrá control de la Autoridad Hídrica.

Entonces, ¿cuál privatización? ¿Cuál necesidad de armar cruzadas? ¿Cuál el problema que inhibe llevar un debate racional sobre la mejor manera de garantizar el carácter público del recurso hídrico: vía el Estado, en manos del Ejecutivo – o mediante una Autónoma, en la cual estén representados (como en cualquier otra entidad autónoma: Seguro Social, Superintendencias, CEPA, CEL) directivos nombrados por el Estado y otros por el sector privado? No caigamos en debates pasionales sobre conflictos inventados.

 

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