El Salvador

En vez de carta: Crónica de una acusación arbitraria (2). De Paolo Luers

¿Asociación ilícita?

Paolo Luers, 23 mayo 2017 / EDH y MAS!

Voy a continuar usando este espacio para comentar lo que de otra manera quedaría fuera de la cobertura mediática, la cual se limita a repetir los argumentos de la Fiscalía en el “caso tregua”. Ayer, luego de tres días de escuchar a los fiscales, le tocó argumentar a la defensa. Hablaron los abogados de 12 de los 22 acusados. Hoy concluirán los restantes 10.

Los defensores causaron serios daños estructurales al edificio frágil que había levantado la Fiscalía: la teoría de una “asociación ilícita” entre oficiales de la PNC y de Centro Penales, junto al mediador Raúl Mijango, para fortalecer a las pandillas. Y la FGR alega que en este contexto y para este fin- cometieron delitos como la introducción de ilícitos en los penales. Esta teoría la construyeron el exfiscal Julio Arriaza, ahora prófugo para evadir su juicio por fraude procesal (elaborar pruebas falsas en un proceso), y el exfiscal general Luis Martínez, preso por el mismo delito. Ellos escribieron el requerimiento fiscal contra los 22 acusados en el “caso tregua” – y su fantasma estuvo presente durante toda la audiencia -.

Los defensores demolieron los fundamentos de este edificio. Botaron la teoría de la “asociación ilícita”, comprobando que los acusados actuaron por órdenes de una “asociación lícita” y oficial: del gabinete de Seguridad del Gobierno.
Además señalaron que la gran mayoría de las pruebas ofertadas por la Fiscalía es impertinente para los delitos imputados a sus defendidos y, por tanto, inadmisibles. El hecho que se gestionó una tregua: irrelevante, porque no es calificable como delito. El hecho que se trasladaron a los jefes de las pandillas de un penal a otros: irrelevante, porque tampoco constituye delito – y además esta decisión no estaba en manos de ninguno de los 22 imputados, ni siquiera del director de Centros Penales. El hecho que a los penales entraron televisores y comida rápida, es irrelevante, porque la Ley Penitenciaria les garantiza estos derechos a los internos. Todos estos son cargos y “pruebas” que solo tienen relevancia en el juicio paralelo que lleva al Fiscalía: el juicio mediático y político. Pero inadmisibles en el juicio formal ante un tribunal de justicia.

En cambio, los defensores señalaron que en todo el compendioso expediente de acusación no existen pruebas materiales para los delitos concretos que la Fiscalía imputa a cada uno de los 22 ciudadanos. No hay ni un solo “objeto ilícito” decomisado que la FGR pudiera vincular a uno de los imputados, ni siquiera pudo decir en qué lugar y fecha entraron cuáles objetos.

Se cierra el círculo: si no hay delito comprobable, ¿cómo puede la Fiscalía seguir hablando de una “asociación ilícita” para cometer delitos?

En resumen: en el fondo, en vez de acusar a los 22 de delitos concretos, los está acusando de haber implementado una política pública.

Ahora bien, si nuestro sistema judicial acepta el intento de penalizar las políticas públicas, ¿qué pasará con el actual ministro de Seguridad y con el actual director de la PNC, cuyas políticas públicas de Seguridad habrían permitido ejecuciones extrajudiciales, grupos de exterminio y la muerte de más de 14 mil salvadoreños en los 3 años de su gobierno? ¿Realmente queremos ir a una justicia política?

El jueves les contaré el resultado de esta audiencia. Para mi criterio,
sólo hay una salida: sobreseer a los 22 acusados.
Saludos,

Camino a la anarquía. De Erika Saldaña

Si el Estado asume que no es capaz de cumplir una de las principales funciones para las que existe, armar a la ciudadanía es el primer paso para vivir en una anarquía.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 22 mayo 2017 / EDH

“Policía mata a motociclista que le pitó para que cruzara la calle”; “Capitán de la Fuerza Aérea fue asesinado por su vecino tras discusión en el parqueo”; “Matan a pasajero tras discusión por un asiento”; “Vigilante mata a taxista por un dólar”. Este tipo de macabros titulares se están volviendo frecuentes en los medios salvadoreños y, lastimosamente, ya no nos causan el escozor que deberían.

Al leer cada historia, al menos yo me pregunto: ¿Por qué estas personas disponen tan fácilmente de un arma? ¿Acaso esa responsabilidad no debería depositarse solo en personas mentalmente sanas? ¿Qué tan efectivo es el filtro de las autoridades para entregar un permiso de portación de armas?

Actualmente en la Asamblea Legislativa se encuentra una propuesta de armar a las comunidades civiles para su propia defensa en contra de la delincuencia. En una sociedad donde reina la intolerancia en cualquier espacio, de la cual hemos sido testigos con casos y muertes propias de historias de psicópatas, más armas podrían significar muchas más muertes. Justificadas, o probablemente no, bajo el manto de la legítima defensa. Y en comunidades donde impera el miedo ante el acecho de la delincuencia y las pandillas, todo parece ser fórmula perfecta para un inminente fracaso.

Entre líneas, el Estado acepta dos cosas preocupantes en su intento de armar a civiles: que la seguridad pública sigue siendo el problema más grave hoy por hoy, aunque el índice de homicidios esté a la baja; y que no existe un control estatal de la seguridad pública. Si el Estado asume que no es capaz de cumplir una de las principales funciones para las que existe, armar a la ciudadanía es el primer paso para vivir en una anarquía.

Trasladar la obligación de la seguridad pública a civiles, bajo el manto de la legítima defensa, puede dar lugar a situaciones preocupantes. En primer lugar, una tarea excepcional como es la limitación de derechos (en este caso, de los presuntos delincuentes) se otorga al Estado bajo el entendido que los procedimientos se realizarán en el marco de la ley, de manera racional y cuando esta sea la última opción posible. El miedo es traicionero y nada nos garantiza que una persona armada tenga conocimiento que para invocar el uso de la legítima defensa se deben cumplir varios requisitos. En ese sentido, para que una persona esté habilitada para afectar los derechos de alguien más sin ser acusado penalmente, es decir, alegando defensa propia, se deben afectar los derechos personales y no los de alguien más, debe existir una verdadera acción que sea delito y no una simple amenaza, el peligro debe ser real y el uso de la defensa por la propia mano tiene que ser la última opción posible.

Si descartamos la idea de armar a los civiles para su propia defensa ante la delincuencia, ¿qué se debe hacer? Exigirle a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia que asuman el rol que les corresponde. Hay que resolver un problema que existe desde hace un par de décadas, que las autoridades de seguridad pública siempre han tenido en su nariz y prefieren ignorar: en primer lugar, es necesario depurar a la Policía Nacional Civil.

Resulta difícil invocar mayor presencia policial cuando también hemos sido observadores de su dudoso comportamiento en muchos casos; serias acusaciones de que miembros de la institución habrían realizado ejecuciones extrajudiciales, implantación de droga a un joven, introducción de objetos a bartolinas y centros penales, corrupción, entre otras, son solo algunos de los serios señalamientos. Sin embargo, en un Estado de Derecho y en una democracia constitucional es complicado señalar salidas distintas a las institucionales. Es necesario forzar al correcto funcionamiento de estas e impulsar la depuración de la corporación policial.

Paralelo a lo anterior es urgente ampliar la presencia de los policías en los territorios, mejorar la ejecución de sus procedimientos y las condiciones laborales de sus agentes. Es primordial tener verdaderos planes de reducción de delitos y no paliativos temporales. La opción de armar a la ciudadanía significa que el Estado se desentiende de una de sus principales obligaciones y esto podría convertirse en un veneno que agudice mucho más la enfermedad, desembocando en una anarquía.

La “Defensa de ARENA”. De Cristina López

Coincidimos en que las políticas que permiten más libertad para más personas generan más prosperidad que la opresión estatal. Y esto, en teoría, es algo en lo que cree también ARENA. O por lo menos eso dicen sus estatutos.

Cristina López, 22 mayo 2017 / EDH

Esta semana, un blog a medio montar que se hace llamar “Defensa de ARENA” publicó una nota en tonos de pánico sobre los supuestos intentos de infiltración al partido que un grupo de jóvenes confabuladores aparentemente se encuentra organizando. La nota era una reacción a la supuesta posibilidad de que Aída Betancourt — a quien tengo la satisfacción de contar entre mis amistades — considere lanzar una candidatura suplente acompañando al actual diputado Juan Valiente. Valiente, durante su primer período en la Asamblea, ha demostrado en repetidas ocasiones un compromiso en la lucha contra la corrupción, una honestidad intelectual refrescante y una apertura a la crítica y al debate que más servidores públicos deberían imitar.

La nota en el blog pretendía exponer al actual diputado Johnny Wright y sus planes de activar a una supuesta red de “activistas liberales” con la macabra intención de tomarse el partido. Los autores del blog anónimo presentan todo un organigrama en el que aparecen un grupo de jóvenes exintegrantes de la Juventud Republicana Nacionalista, otro columnista de este medio, Guillermo Miranda, una persona que comparte mi nombre (imposible por falta de detalle saber si la que integra la red de desestabilizadores soy yo, mi homónima marchista y actual diputada, o una tercera tocaya) y se nos acusa, entre otras cosas, de criticar públicamente al partido en las redes sociales.

Esta es la parte donde hace falta pausar para permitirnos un ataque de risa. Risa, porque es un tanto cómica la paranoia y el tono de pánico, sobre todo porque algunos de los mencionados ni siquiera nos hemos conocido en persona. Otros nunca hemos intercambiado palabra con Wright. Lo que sí tenemos en común, es el deseo de que el partido con las únicas posibilidades reales y económicas de hacerle una oposición seria al desastre tragicómico que es el FMLN, se renueve y sea un vehículo para que personas con principios basados en la libertad lleguen al servicio público a través de un proceso electoral. Ese deseo lo hemos expresado abiertamente, haciéndole críticas honestas al partido, tal y como lo permite la libertad de expresión: haciendo (a veces un tanto ingenuamente) sugerencias de buena fe de que se abran a nuevos liderazgos y permitan la entrada de gente honesta, independiente y con demostradas capacidades intelectuales para servir en la palestra pública.

Es importante notar que, a diferencia del blog cobardemente anónimo, estas críticas y sugerencias las hemos hecho siempre dando la cara: firmando con nuestro puño y letra y poniendo nuestro nombre para demostrar responsabilidad y hacernos dueños de lo que decimos y hacemos. Entre nosotros posiblemente hay una variada gama de posturas individuales en temas específicos de política pública, desde la penalización o no de las drogas hasta detalles más complicados como explorar la despenalización del aborto, pero coincidimos en que las políticas que permiten más libertad para más personas genera más prosperidad que la opresión estatal. Y esto, en teoría, es algo en lo que cree también ARENA. O por lo menos eso dicen sus estatutos.

Por supuesto que la postura de un blog anónimo no refleja necesariamente la postura del partido ni de sus dirigentes. Por supuesto que a diferencia de la paranoia estilo guerra fría, puede que los dirigentes estén sumamente abiertos a un relevo generacional. Por supuesto que unos pocos, anclados a su obsesiva lealtad al partido en lugar de coherencia de principios, no representan ni al vehículo político que podría ser ARENA, ni a quienes elijan subirse como candidatos. Pero también cabe la posibilidad de que les esté dando demasiado crédito.

@crislopezg

En vez de carta: Comentando un juicio fallido. De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 mayo 2017 / MAS! y EDH

Me tomo la libertad de usar este espacio para comentar el desarrollo de la audiencia del “caso tregua”. Es necesario, porque los medios seguirán limitándose a repetir las acusaciones de la Fiscalía. Porque hasta ahora, al terminar el tercer día, solo la Fiscalía ha hablado.

En tres días los fiscales han logrado algo extraordinario. Comprobaron, sin dejar espacio a dudas, la tesis principal de la defensa: facilitar la tregua entre las pandillas fue una política pública oficial del Estado del Gobierno de Mauricio Funes.

Relatando cientos de documentos y docenas de testimonios, la Fiscalía comprobó que:

• En marzo 2012 se dio una tregua entre las pandillas.
• Para gestionarla intervinieron mediadores.
• Que esta mediación podía dar como resultado la reducción de homicidios, solo si las autoridades facilitaban su gestación.
• El gobierno decidió dotar la mediación con un equipo de apoyo, incluyendo dos oficiales de la PNC como enlaces institucionales, y con los recursos necesarios para su labor.
• Que en este contexto, el Gobierno de Funes permitió la libre entrada de los mediadores a los penales, las veces que fuera necesario.
• Una vez que hubo un acuerdo de tregua entre las pandillas, para implementarla hubo necesidad de trasladar a los líderes de Zacatraz a las otras cárceles de pandilleros – y que el Gobierno permitió este traslado.
• Que en los siguientes 15 meses el Gobierno siguió facilitando los mecanismos de la mediación para hacer sostenible la tregua, permitiendo múltiples reuniones de los principales jefes pandilleros con los mediadores para resolver focos de conflicto en el terreno y hacer sostenible la tregua.

Todo esto quedó establecido y comprobado con las pruebas que ofreció la Fiscalía. Pero nada de esto comprueba los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. Por lo contrario: la Fiscalía comprobó que todos los funcionarios involucrados actuaron cumpliendo órdenes en el marco de una política pública adoptada por el gobierno, la cual dotó de los recursos necesarios.

Lo más que pudieron establecer los fiscales es que con todo esto el Gobierno creó oportunidades teóricas a cometer delitos, pero no que los hayan cometido. Por ejemplo: con las facilidades que Centros Penales dio a los mediadores, teóricamente tenían la oportunidad de introducir materiales o mensajes ilícitos a los penales. Pero no existe nada decomisado a ningún miembro del equipo mediador.

Otro ejemplo: la Fiscalía sostiene que las reuniones que se facilitaron entre los diferentes jefes de las pandillas fueron aprovechadas para planificar delitos. Pero no ofrecen pruebas. La defensa sostiene que fueron aprovechadas para prevenir delitos, por ejemplo, acordando cese de hostilidades contra escuelas, transporte público y personal policial. Las estadísticas de delitos del 2012/13 más bien indican que fue así.

El lunes será la hora de la defensa. Con todo lo comprobado por la Fiscalía, le saldrá más fácil sostener su tesis: los acusados (mediadores, funcionarios de Centros Penales y los oficiales de la PNC), lejos de hacerse culpables de asociación ilícita para cometer delitos, todos actuaron cumpliendo órdenes y implementando una política pública oficial, autorizada por el presidente de la República.

Hay un juicio paralelo, de carácter eminentemente político y mediático, que es contra esta política pública y la tregua. La Fiscalía solo abonó a este juicio paralelo, pero en el juicio jurídico todo esto no tiene relevancia. Políticamente han convertido la tregua y la mediación en pecado. Jurídicamente tendrían que haber comprobado delitos, y no lo lograron.

La otra semana veremos el siguiente capítulo. Saludos,

La transformación de la economía. De Manuel Hinds

El entorno ha cambiado, y ese nuevo entorno es el que crea los empleos que se han perdido en actividades especificas. Pero cada vez se requiere más educación.

Manuel Hinds, 19 mayo 2017 / EDH

La población salvadoreña parece ignorar los efectos en el mercado laboral de la profunda revolución por la que está pasando la economía mundial en estos años como resultado de la habilidad para coordinar complejas tareas a distancia que la conectividad ha introducido en nuestro mundo. Estos efectos se han dado en tres oleadas principales.

Primero, la habilidad de coordinar a distancia ha permitido a las empresas partir sus líneas de producción, dejando en países avanzados aquellas porciones que requieren habilidades especializadas para llevarse a cabo, y moviendo las que requieren pocas habilidades a países en desarrollo, en donde la mano de obra es más barata. De esta forma, las cadenas de producción dejaron de estar en un solo país que exportaba el producto terminado para dejar paso a las cadenas internacionales, en las que se comercian los productos intermedios. Esta primera oleada inició la globalización en los años ochentas.

La segunda oleada comenzó en la última década con la introducción de robots en las líneas de producción, que permiten repatriar gran parte de las cadenas internacionales de producción a los países desarrollados, aunque creando muchos menos trabajos que antes porque los robots sustituyen a humanos. Esto generó grandes temores de que la nueva revolución tecnológica iba a causar grandes tasas de desempleo.

De hecho, sí las va a causar, pero sólo en ciertos sectores, mientras que lo van a aumentar, y con salarios mucho mayores, en actividades nuevas. Esta es la tercera oleada, que ha venido mezclada con la segunda y que ya ha comenzado a manifestarse.

La tercera oleada está demostrando el error garrafal que se comete al enfocarse en sólo una parte de la economía para determinar el impacto de una tendencia general, como es la revolución tecnológica. Es como si hace 100 años uno hubiera pensado que los carros de combustión interna iban a resultar en una caída en el empleo porque, obviamente, el número de los que trabajaban en hacer látigos para caballos, o rieles para trenes, iban a quedar sin trabajo porque los carros iban a sustituir a los carruajes y a muchos de los trenes en las actividades de transporte. Por supuesto, ahora sabemos que las maquinarias han creado mucho más puestos de trabajo que los que han destruido, y que la mayor parte de estos empleos se han creado en actividades que nadie soñó en 1800. La gente ya no ara, siembra o recolecta a mano sino con tractores. Esto dejó a mucha gente sin empleo. Pero se crearon muchos empleos en las fábricas de tractores, y de muchas otras cosas, y en los servicios que los que vivieron en el siglo XVIII nunca sospecharon que se crearían.

La revolución de la conectividad creará más trabajos y mejor pagados que ahora en actividades muy distintas de las de hoy. Así como el mundo industrial es completamente distinto del mundo agrario que reemplazó, el nuevo mundo de la conectividad no será igual al de ahora solo que con más teléfonos inteligentes. No es como el de 1800 sólo que más rápido por ayuda de las máquinas. Para los de esa época la velocidad de entrega de las comunicaciones dependía de hacer barcos más rápidos, pero ahora las comunicaciones son instantáneas no porque se hayan inventado barcos más rápidos. El comercio electrónico no se maneja como una tienda de la esquina, sólo que más rápida. El entorno ha cambiado, y ese nuevo entorno es el que crea los empleos que se han perdido en actividades especificas. Pero cada vez se requiere más educación. Así, de 2008 a 2016, la economía norteamericana perdió 5.5 millones de puestos de trabajo para personas con escuela secundaria o menos, pero creó 11.6 millones de puestos en otros sectores para gente con mayor educación.

Eventualmente, los que trabajan con máquinas de coser serán desplazados por robots mientras que los educados van a ganar más y van a progresar en el nuevo mundo que nos viene. El Salvador debe entender esto, y rápido. La educación es la diferencia entre regresar a la pobreza y desarrollarnos como país.

Columna Transversal: Sólo para empezar. De Paolo Luers

Todavía estamos esperando a un candidato que se lanza a la política con un catálogo de primeras medidas que se compromete a tomar al sólo llegar a Casa Presidencial. No esperamos que llegue con un programa de gobierno o un plan quinquenal debajo del brazo. Pero sí que nos anuncie los cambios concretos y radicales que hará en la forma de gobernar – y que de manera simbólica marcan el rumbo que quieren dar a sus gobierno.

Paolo Luers, 19 mayo 2017 / EDH

La sociedad salvadoreña no está harta de política. Está harta de la política “más de lo mismo”. Los ciudadanos mandan este mensaje de múltiples formas, unos con protestas, otros con apatía, otros siguiendo a políticos antisistema. ¿Pero cómo pueden los partidos y sus candidatos convencer a los ciudadanos que entendieron estos mensajes, si bajo la promesa de “el cambio” llegó al poder un grupo de personas que resultaron más corruptos que los políticos tradicionales?

La crisis de credibilidad ya no se resolverá con discursos que invocan conceptos generales como “cambio de rumbo”, “nueva forma de hacer política”, “renovación”, “buen vivir”, “nueva sociedad”, “nuevas ideas”, “nueva visión”.

Ahora que comienzan a surgir las figuras que pretenden gobernarnos luego de tres administraciones con grandes promesas de renovación y miserables resultados, no podemos permitir que nos sigan hablando en términos generales, bonitos, pero en última instancia vacíos.

Tienen que ofrecernos, desde el inicio de las contiendas internas que definirán los candidatos, no “nuevas ideas” sino compromisos concretos, realistas, valientes y verificables.

Todavía estamos esperando a un candidato que se lanza a la política con un catálogo de primeras medidas que se compromete a tomar al sólo llegar a Casa Presidencial. No esperamos que llegue con un programa de gobierno o un plan quinquenal debajo del brazo. Pero sí que nos anuncie los cambios concretos y radicales que hará en la forma de gobernar – y que de manera simbólica marcan el rumbo que quieren dar a sus gobierno.

Si yo tuviera que escribir este “Plan para comenzar”, sería más o menos así:

  • Limpiar Casa Presidencial: Disolución de la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana; Disolución de la Secretaría de Gobernabilidad.
  • Creación de una Comisión Presidencial de Reforma al Estado.
  • Transformación de la Secretaría Técnica en un Ministerio de la Presidencia.
  • Creación de la Oficina de Asesoría Académica del Estado, adscrita al Ministro de la Presidencia, compuesta por los mejores expertos y académicos que representan diferentes corrientes de pensamiento.
  • Conversión de la Secretaría de Inclusión Social en Ministerio Social.
  • Conversión de la Secretaría de Cultura en una institución independiente del Ejecutivo, con un estatus de autonomía comparable al de la Universidad de El Salvador.
  • Reducción de la Secretaría de Comunicación a una Oficina de Prensa
  • Conversión de los medios estatales en una entidad autónoma fuera del ejecutivo.
  • Regreso de Protección Civil al Ministerio de Gobernación.
  • Creación de un Ministerio de Justicia y un Ministerio de Seguridad Pública.
  • Reducir número de viceministros.
  • Reglamente claro y estricto para la publicidad del gobierno. Eliminar cualquier publicidad política desde Casa Presidencial, ministerios y autónomas. Solo permitir publicidad informativa. Reducir drásticamente el presupuesto de publicidad gubernamental.
  • Reducir el uso de cadena nacional a casos de emergencia, eliminando cadenas para promover posiciones políticas del gobierno.
  • Dar plena autonomía al ISSS; cambiar mecanismo de nombramiento del director.
  • Venta de las flotas de camionetas de lujo del gobierno. Creación de un servicio central de transporte que atiende a ministerios y Casa Presidencial. Con vehículos funcionales, y todoterrenos solo para ciertos viajes. Medidas correspondientes en las autónomas e superintendencias.
  • Abolir las plazas de asesores de los ministros y viceministros. La Oficina de Asesoría Académica del Estado asume la asesoría de los ministerios.
  • Promover medida similar en la Asamblea: Creación de un Tanque de Pensamiento Legislativo de alta calidad académica y no partidaria. Reducir al mínimo las plazas de asesores para las fracciones.
  • Restablecer la representación del sector privado en las Juntas Directivas de las autónomas.
  • Volver a establecer las dos instituciones consultivas que han sido exitosas y productivas: la Comisión Nacional de Desarrollo; y el Consejo Nacional de Seguridad, ambos con amplia autonomía y dirigidas por personas de alto profesionalismo.
  • Delegar a estos dos organismos las consultas con la sociedad civil (incluyendo la creación de Consejos Consultivos, etc.), que en las dos últimas administraciones han sido manipuladas desde Casa Presidencial y su Secretaría de Gobernabilidad.

Esta lista puede ser incorrecta, y seguramente es incompleta, sujeta a definir prioridades. Pero algo así la sociedad está esperando. Estos cambios despertarán fuertes resistencias entre políticos, funcionarios y burócratas. Quien los anuncia se hará enemigos.

Pero, ¿de qué nos sirven líderes que no están dispuestos de enfrentarse a resistencias y superarlos?

Obviamente, el siguiente presidente de la República necesitará desarrollar nuevas políticas de Seguridad, Educación, Salud, etc., por las actuales no funcionan – pero nadie espera que ya las tenga bajo el brazo. Requiere de muchos estudios. Pero sí esperemos que tenga claro que desde el primer día tiene que limpiar el gobierno. Es como si alguien que compra una casa: Lo primero que hace es limpiarla, y luego comienza a planear como transformarla.

“Morbo” electoral… De Luis Mario Rodríguez

Caracterizar de “morbosa” esta demanda ciudadana equivale a decir que el derecho de los electores a enterarse rápidamente, aunque no de manera definitiva, acerca del número de diputados que obtuvo cada partido y de los posibles ganadores en las alcaldías es una intención enfermiza, retorcida y desagradable, por no llamarla también “malsana”.

Luis Mario Rodríguez, 18 mayo 2017 / EDH

El presidente del Tribunal Supremo Electoral calificó como “morbosa” la exigencia de varios sectores para que los resultados electorales preliminares en las legislativas y municipales de 2018 se conozcan la misma noche en la que se realicen los comicios. Caracterizar de “morbosa” esta demanda ciudadana equivale a decir que el derecho de los electores a enterarse rápidamente, aunque no de manera definitiva, acerca del número de diputados que obtuvo cada partido y de los posibles ganadores en las alcaldías es una intención enfermiza, retorcida y desagradable, por no llamarla también “malsana”.

En las elecciones del mismo tipo durante el 2012 y en las presidencias de 2014 la autoridad electoral contrató una empresa internacional para la transmisión y el procesamiento de los resultados electorales preliminares. En ambas ocasiones, la población con acceso a internet, acompañó, en tiempo real, la evolución de los datos de tal forma que, conforme llegaban las actas desde el interior del país a través del sistema informático, en el caso de las legislativas, la gente constataba cuántos votos obtenía cada partido y cuántas marcas cada candidato, y en la presidencial, los sufragios que sumaba cada presidenciable, tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Cuando el árbitro electoral convocó a la última conferencia de la noche, tanto en 2012 como en 2014, para dar lectura a los respectivos boletines que presentaban el avance del conteo preliminar, los que siguieron “en línea” el progreso de la información ya conocían la distribución de escaños entre los diferentes partidos, los candidatos a diputados que lograron una curul y la fórmula que se agenció la presidencia y la vicepresidencia de la República, respectivamente.

Esa misma es la historia para el resto de los procesos electorales celebrados después de la firma del acuerdo de paz, incluyendo el de 2009. En esa ocasión, las ansiedades en los partidos mayoritarios se desbordaban en las respectivas sedes de los candidatos presidenciales. Si los magistrados que integraban al TSE no hubieran informado, al término de la jornada, quién era el próximo presidente de la República, muy probablemente se habría producido una crisis política de dimensiones inimaginables. La rapidez con la que actuó el colegiado y la madurez que demostró tanto el candidato de derecha como su partido admitiendo, sin ambigüedades, la victoria del FMLN, le valió al país el reconocimiento internacional por aceptar una alternancia pacífica en la que Alianza Republicana entregó el poder después de 20 años de administrarlo.

En idénticas circunstancias, durante el año 2000, en México, Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aceptó, a tan solo unas horas de cerrados los centros de votación, que su adversario del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, arrasó en las urnas terminando con siete décadas de gobiernos priistas. Recientemente en Ecuador, la enconada disputa entre el candidato del oficialismo y el de la oposición, presionaron al Consejo Nacional Electoral para publicar, de manera preliminar y durante el día del evento electoral, quiénes pasaron a segunda vuelta así como el aspirante, que un mes y medio después, el día 2 de abril, se alzó con la banda presidencial. En esos mismos comicios se eligieron 137 diputados de la Asamblea Nacional y la tecnología empleada, en un sistema similar al nuestro, con el mecanismo de voto cruzado, arrojó el reparto de los asambleístas entre los partidos Alianza País, CREO-SUMA y el Partido Social Cristiano, el día de la elección.

Diferir la divulgación de los resultados electorales preliminares y hacerlos coincidir con el escrutinio definitivo, permite que los actores en contienda, los ciudadanos y la comunidad internacional especulen sobre las razones del retraso. Algunos asegurarán que se trata de un fraude mientras que los más indulgentes lo podrían atribuir a la negligencia de la autoridad electoral. Ciertamente el cálculo de los votos fraccionados y de las marcas, el llenado de actas, la transmisión y el procesamiento de datos exigen, en el caso salvadoreño, la aplicación de un sistema tecnológico sofisticado. La petición, por tanto, de corregir los errores que se presentaron en las elecciones anteriores, incluyendo la publicidad inmediata de los resultados, no es morbo de ningún sector, se trata simplemente de un reclamo elemental en un sistema democrático.