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Los terroristas muertos no sirven para nada. De Kai Ambos

Este artículo de un jurista alemán, experto en derecho penal latinoamericano, provocará mucha polémica en El Salvador, un país donde cada día mueren personas consideradas ‘terroristas’ en enfrentamientos con fuerzas policiales. Precisamente por esto consideramos necesario que su punto de vista se discuta.

Segunda Vuelta

Fotografía de Christian Hartmann tomada el viernes 13 de noviembre de 2015 durante una serie de atentados terroristas que tuvieron lugar en París y arrojaron más de 150 muertos. Reuters.

Fotografía de Christian Hartmann tomada el viernes 13 de noviembre de 2015 durante una serie de atentados terroristas que tuvieron lugar en París y arrojaron más de 150 muertos. Reuters.

Kai Ambos, 15 septiembre 2016 / PRODAVINCI

prodavinciKai Ambos es Catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en Alemania en la Georg-August Universität Göttingen (GAU). Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la GAU y juez del Tribunal Provincial de Göttingen.

Resulta sorprendente la escasa discusión pública que genera el hecho de que la policía haya dado muerte a todos los autores de atentados terroristas de los últimos tiempos, ya sea en Francia, Canadá o Alemania. En un reportaje de la BBC world news sobre la muerte de los supuestos terroristas de Ontario (Canadá) se informó solamente sobre la biografía y las posibles conexiones de éstos con el denominado Estado Islámico (EI) sin decir nada respecto a las circunstancias de sus muertes.

Esto resulta sintomático de la cobertura que se da a casos de este tipo. En ese sentido, casi se tiene la impresión de que la muerte sería una consecuencia natural y necesaria de las intervenciones policiales; y esto evoca al llamado a la “lucha contra el terrorismo”, realizado por el presidente de los Estados Unidos, George Bush Jr., tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Las consecuencias para los Derechos Humanos son ampliamente conocidas. En Alemania basta recordar el destino que corrió El Masri, un ciudadano alemán de origen kuwaití que fue recluido en Guantánamo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aprovechó éste y otros casos para evaluar las denominadas “entregas extraordinarias” (extraordinary renditions) de los norteamericanos y constató, entre otras violaciones, infracciones contra el derecho a la libertad y la prohibición de tortura.

A pesar de todo esto, el presidente francés, François Hollande también se sirve de la retórica de la guerra, adhiriendo con ello a una argumentación que en lo fundamental pone en cuestión el derecho a la vida de los terroristas —ya sea como enemigos de la sociedad civil o como combatientes ilegales—. Tampoco el llamado a utilizar las fuerzas militares ayuda mucho en este contexto. Al contrario, esto no resulta digno de un Estado de Derecho que cuenta con una policía profesional.

En un Estado de Derecho, la prohibición de matar rige casi de modo absoluto en tiempos de paz. Pero incluso en un conflicto armado sólo existe un derecho limitado a matar a los combatientes, suponiendo –con base en la mencionada retórica del presidente francés– que haya un conflicto con el EI (Estado Islámico). De hecho, ya resulta bastante discutible si los miembros del EI pueden ser considerados como combatientes.

De todos modos, en tiempos de paz sólo existe un derecho a matar en casos excepcionales, en concreto, cuando matar constituye el único medio para defender bienes jurídicos fundamentales. Los penalistas llaman a esto “legítima defensa”, la cual constituye un principio general de derecho comparado e internacional. Sin embargo, en todos los sistemas jurídicos la legítima defensa tiene límites, impuestos por el principio de proporcionalidad, en casos de reacciones excesivas.

Por lo demás, de acuerdo con la comprensión alemana, ampliamente dominante en el ámbito jurídico-penal hispanoamericano, una muerte puede en todo caso ser exculpada pero no justificada, y ello cuando representa el único medio para salvar la propia vida –fuera de situaciones de grave agresión.

La distinción entre justificación y exculpación es altamente significativa pues ella demarca el límite entre el injusto objetivo y la culpabilidad subjetiva. Así, quien se halla justificado actúa de conformidad con el derecho; en cambio, quien sólo es exculpado infringe el derecho aunque, al final, esto no le pueda ser reprochado. Las causas de justificación y de exculpación son aplicables a todos los ciudadanos. Sin embargo, se discute si los policías pueden invocarlas, considerando que estos disponen de derechos de represión específicos. Esto también incluye un derecho a matar en situaciones excepcionales (“fuerza final letal”).

En ese contexto, en un Estado de Derecho todo uso letal de armas de fuego por parte de la policía puede y tiene que ser investigado y examinado de una forma crítica e independiente. Los controles democráticos estatales, sobre todo respecto del uso de la fuerza policial, pertenecen a las bases de todo Estado de Derecho. La colectividad tiene un derecho a la información, el cual tiene que plasmarse mediante un periodismo crítico de calidad. Por consiguiente, no es la pregunta sobre la necesidad de una muerte la que requiere de una justificación sino más bien el hecho de la muerte misma.

Plantear esa pregunta no significa naturalmente colocar a la policía bajo una sospecha generalizada. Más bien, sólo implica hacer lo mismo que se hace en todos los casos en los que se produce una muerte entre ciudadanos: la realización de una investigación penal para constatar si existe un comportamiento punible o, por lo menos, antijurídico. No debe olvidarse que la policía, en tanto autoridad pública y representante más notable del monopolio de la violencia estatal, está sujeta –aunque esto sea lo que precisamente se olvida muy rápido cuando la seguridad pública peligra de un modo extremo– a reglas más estrictas en comparación con los ciudadanos normales. Esto se revela ya en muchos ámbitos del ordenamiento jurídico, por ejemplo, en el hecho de que una lesión corporal causada por un policía sea sancionada más severamente que la ocasionada por un ciudadano normal.

Plantear la cuestión acerca de la justificación de una muerte no significa en ningún caso una anticipación de la respuesta. El resultado de todo examen depende –y esto lo saben muy bien la policía y la fiscalía– de las circunstancias del caso concreto. En ese sentido, los diagnósticos genéricos emitidos por los medios o incluso por los denominados expertos en terrorismo no resultan útiles. Aquí hay que considerar diversos factores, especialmente las circunstancias concretas de la intervención policial; pero también la amenaza terrorista actual, la presión sobre las fuerzas policiales vinculada a aquella, así como la formación de éstas.

En ese sentido, uno podría esperar que en una situación conflictiva concreta las fuerzas de operaciones especiales, específicamente entrenadas para afrontar esas situaciones, puedan limitarse a neutralizar la capacidad agresora del atacante cuando su muerte no sea obligatoriamente necesaria, evitando así mayores daños.

Más allá de todas estas consideraciones jurídicas también es importante recordar lo siguiente: los terroristas muertos no aportan ninguna información para la lucha antiterrorista, sólo sirven para la propaganda terrorista

Sala pide cuentas a funcionarios por hacinamiento en cárceles

Bartolinas de la PNC siguen con hacinamiento de reclusos, es decir, más de 5,000 internos.

Las condiciones de hacinamiento se mantienen en las bartolinas de la Policía, pese a que ya trasladaron a 2,900 reos a distintos penales. | Foto por JA

Las condiciones de hacinamiento se mantienen en las bartolinas de la Policía, pese a que ya trasladaron a 2,900 reos a distintos penales. | Foto por JA

, 13 septiembre 2016 / EDH

diario hoyA cuatro meses de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los reclusos en las distintas bartolinas policiales y en los Centros Penales, la situación de saturación de reos no ha cambiado.

Ayer, los magistrados constitucionalistas instalaron una audiencia para conocer la acciones que están impulsando las distintas autoridades para reducir los altos índices de hacinamiento y, además, para mejorar las condiciones higiénicas de las celdas policiales y de los penales, tal como lo demandaron los magistrados en la sentencia.

El recurso de hábeas corpus fue interpuesto por tres reclusos , Erick Roberto González Grijalva, Jorge Alberto Portillo Maldonado y Omar Oswaldo Raymundo Salguero; por considerar que estaban recluidos en celdas hasta con 40 internos y cuyas condiciones de insalubridad les provocaron distintos tipos de enfermedades.

Los tres estaban en ese momento siendo procesados por extorsión, homicidio y agrupaciones ilícitas.

Las autoridades policiales reconocieron que la saturación de reclusos que están a las órdenes de los juzgados sigue igual, ya que a pesar de haber trasladado 2 mil 909 de los 5 mil 500 internos que había en las celdas policiales a distintos penales, la cifra volvió a subir a 5 mil 139 hasta el 11 de septiembre pasado (nota aparte).

Durante la audiencia dieron sus informes el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Policía, Centros Penales, Ministerio de Salud, jueces penitenciarios y Fiscalía General.

También se había citado a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, para que asistiera a la audiencia, pero la funcionaria no llegó ni envió un representante.

Al final de la audiencia, el magistrado Florentín Meléndez dijo que la intención de haber citado a la presidente de la Asamblea era para que tomara en cuenta algunas de las recomendaciones que surgieron de parte de las autoridades asistentes, “y no para tener una audiencia confrontativa”, dijo Meléndez.

Francisco Sermeño, abogado defensor de uno de los reclusos demandantes, pidió a la Sala de lo Constitucional que promoviera un indulto para los convictos que cumplen penas menores y que, la pena máxima de cárcel, no supere los 30 años de prisión.

Los indultos o el perdón de la pena de prisión los puede otorgar la Asamblea Legislativa.

screen-shot-2016-09-13-at-9-50-28-amJueces denuncian malas condiciones de reclusión

Por su parte, los jueces penitenciarios revelaron que las condiciones de la infraestructura carcelarias en las delegaciones policiales no son las adecuadas para mantener recluidos a más de 5,000 internos, el 80 por ciento de los mismos, ya condenados.

En ese sentido, recomendaron que se clausuren las bartolinas policiales en la colonia El Cenizal, en San Marcos, por considerar que no cuentan con los mínimos servicios básicos. Además, los encargados de la referida delegación policial no han querido cooperar en mejorar las condiciones de salubridad en las mismas.

Aseguraron que en medio de 91 reos, uno de ellos padecía de tuberculosis, lo que ponía en riesgo la salud del resto de internos.

También denunciaron que en otras delegaciones policiales como la División Antinarcóticos (DAN) no permiten el ingreso de funcionarios judiciales para verificar la situación de los internos, por lo que demandaron de las máximas autoridades de la Policía que sean más flexibles en permitir el ingreso de las autoridades judiciales a las bartolinas policiales para realizar las diligencias que crean convenientes.

Explicaron que las autoridades policiales argumentaron que no podían dejarlos entrar por cuestiones de seguridad y porque exponían su vida a cualquier peligro.

Otras de las sugerencias que hicieron los jueces penitenciarios es que tengan las mismas facultades en las celdas policiales, como en los centros penales, para garantizar el cumplimiento de las penas de los reclusos.

En otros puestos policiales, como por ejemplo en Conchalío, La Libertad, los jueces penitenciarios encontraron que algunas habitaciones de las casas donde funcionan los puestos son utilizados como celdas, las cuales solo tienen una ventana y una puerta sin  ventilación.

Asimismo, algunos de los jueces demandaron mayor cooperación de las autoridades policiales para impulsar medidas higiénicas en las bartolinas de la Policía con el propósito de garantizarles la salud a los reclusos.

Los magistrados pidieron a los jueces penitenciarios que actualizaran el listado de reclusos que están a punto de cumplir con su pena de prisión y quienes estarían aptos para la libertad condicional.

Otros de los jueces aseguraron que en el penal de Zacatecoluca, las autoridades no les han permitido la salida de algunos reclusos para que vayan a pasar consulta médica, ante lo cual las autoridades han argumentado que habían detectado un plan de fuga.

Por su parte, el magistrado de la Cámara de Vigilancia Penitenciaria, Amílcar Palacios, sostuvo que “no todo es malo en el sistema penitenciario” al asegurar que en el penal de Apanteos, Santa Ana; y en la granja del penal de Izalco, Sonsonate; no existe hacinamiento. “No todo está perdido, se necesitan más esfuerzo para solventar la problemática”, dijo Palacios.

Rodolfo Delgado, representante de la Fiscalía General, rechazó que exista una política institucional de fijar cuotas de detención a los fiscales.

“No hay directrices institucionales de que deban de cumplir con cuotas de detención, en determinado tiempo, son las investigaciones y las evidencias recabadas, las que se someten a las autoridades judiciales”, dijo Delgado durante su intervención.

En la sentencia, los magistrados constitucionalistas ordenaron a la Fiscalía General a decretar detenciones administrativas “cumpliendo rigurosamente los preceptos legales y acudiendo también al carácter excepcional de la medida”.

Centros temporales de reclusión

El director de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo que se han implementado el proyecto de los centros temporales de reclusión dentro de las medidas extraordinarias.

Explicó que el referido proyecto busca hacer una clasificación de los reclusos de acuerdo a su grado de peligrosidad y al interés de readaptarse. También para tener un mejor control de la población reclusa.

“Hay un 75 por ciento de la clasificación de la población reclusa”, dijo Hernández, quien agregó que para el próximo año se tendrían 17,000 nuevos espacios para reos con las ampliaciones de algunos penales.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, sostuvo que se está haciendo una inversión de más de 80 millones de dólares para mejorar el sistema penitenciario, la mayoría con préstamos de organismos internacionales.

“Esta inversión nos va a llevaren el término de dos años a tener 17 mil 900 espacios más en todo el sistema y, además, vamos a trabajar no solo en ampliar la capacidad del sistema sino que también para que empiece gente a salir del sistema”, dijo Ramírez.

Recordó que para frenar que más personas entren al sistema penitenciario se empezará a impulsar el proyecto de los brazaletes electrónicos, para vigilar a las personas que gocen de medidas sustitutivas; así como un decreto especial para otorgarles libertad condicional a los adultos mayores, los que padecen de enfermedades crónicas y cuya penas no excedan determinado años de prisión.

Lea la resolución de la Sala de lo Constitucional
que declara inconsititucional el estado de hacinamiento

Whole families are fleeing this tiny country and entering the U.S. in massive numbers: FUSION

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Tim Rogers, Fusion's senior editor for Latin America

Tim Rogers, Fusion’s senior editor for Latin America

Tim Rogers, 19 agosto 2016 / FUSION

In 2014, a wave of unaccompanied kids from Central America caught the U.S. government off-guard when they flooded into Texas in record numbers, triggering what President Obama called an “urgent humanitarian situation.”

Two years later, a silent swell of a different type is starting to emerge on the U.S. southern border. And it could be a harbinger of another immigration crisis in the making.

Salvadorans are fleeing to the United States in massive numbers, and now they’re bringing the fusionwhole family along. Though the number of unaccompanied Salvadoran minors crossing the border has not returned to the surge numbers seen in 2014, the number of Salvadoran family units apprehended on the southern border has increased by a whopping 96% over the past year.

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Undocumented Salvadoran families are arriving in the U.S. in greater numbers than immigrants from any other Latin American nation. Ten Salvadoran families are apprehended here for every one Mexican family, according to U.S. Customs and Border Patrol statistics.

There are now more Salvadorans in U.S. immigration deportation proceedings than any other nationality.

U.S. deportation proceedings in immigration courts.

U.S. deportation proceedings in immigration courts, by nationality.

For those paying attention to the situation in El Salvador, the timing of the new surge might seem strange considering that the country’s murder rate, which was the highest in the world in 2015, has dropped significantly during the first half of this year. The country’s death toll has dropped from an average of 25 murders each day in January to around 11 murders per day over the past four months.

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At first blush, that looks like good news. But behind the numbers there could be a gathering storm that’s hard to see from the outside, but one that Salvadorans can feel in the air. And that sense that the center cannot hold might explain why so many families are pulling up sticks and heading out now.

The headlines in El Salvador suggest something’s brewing—possibly a war.

The attorney general’s office last week announced that state security forces recently foiled a dangerous terrorist plot by the MS-13 (Salvatrucha) that could have escalated the country’s gang war into something more akin to a guerrilla insurrection.

In a voluminous case filed against 78 MS-13 leaders, state prosecutors accused the criminal group of plotting to purchase high-calibre weapons in Mexico and Guatemala to arm and train an “elite” commando unit of 500 gangbangers to coordinate nationwide terrorist attacks against government targets.

The prosecutor’s case, which is allegedly based on intelligence gathered from wiretaps, says the MS-13 was in the process of raising $1 million to buy assault rifles, surface-to-air weapons to shoot down helicopters, commando uniforms and bulletproof vests, according to local media outlets allowed to review the document. The plan was allegedly to place two elite commandos in each of the 249 MS-13 cliques to lead an offensive aimed at asserting territorial control while destabilizing the country’s economy and political establishment.

In an effort to sap state coffers, the Salvatrucha shock troops were allegedly planning to target police officers and politicians for daily killings, because each public employee’s death costs the government $2,000- $3,000 in funeral costs, plus an additional $20,000-$25,000 in insurance payouts to family members.

Hundreds of people attend the funeral of the slain mayor of Tepetitán, who became the second mayor killed by the MS-13 this year.

Hundreds of Salvadorans recently attended the funeral of the slain mayor of Tepetitán, who became the second mayor killed by the MS-13 this year. FOTO: MARVIN RECINOS/AFP

In short, the alleged Salvatrucha war plan would have meant an unfathomable escalation of violence in a country that already has the dubious distinction of being one of the most dangerous places in the world.

But is it any of it true? Some claim the whole government report stinks of officialist propaganda.

“This is an operation of psychological warfare,” says Paolo Luers, a former gang truce mediator and ex-FMLN guerrilla.

Luers says he thinks the government is trying to justify the “extraordinary” measures it adopted in March to crack down on gangs, while also trying to create division among the MS-13’s top leadership, an incarcerated group known as the ranfla.

MS-13 members are transferred to a high-security prison last year as part of a government effort to break their control over the streets.

MS-13 members are transferred to a high-security prison last year as part of a government effort to break their control over the streets. FOTO: MARVIN RECINOS/AFP

“I think this whole business about the 500 men is total lie,” Luers told me. “The official policy agreed to among the three gangs (The MS-13, 18-Sureños and 18-Revolucionarios) in March is to not fall into the government’s trap by getting involved in a military-style final battle, rather to retreat and reduce the level of confrontation.”

Luers says the gangs are smart enough to realize that they would lose a war against the government. Even trying to organize a military campaign on that scale would require so much money that it would mark “the beginning of the end” of the gangs’ control in the neighborhoods, he says.

The gangs themselves insist they are trying to avoid going to war with the government. In the most recent communique issued by the MS-13 and the two factions of Barrio 18, the gangs claim the recent drop of violence in El Salvador is thanks to their decision to quiet their guns.

“The reduction of violence is due to the decision made by the gangs, because we don’t have any interest in involving the country in war,” the June 18 communique said.

Outside security analysts are also scratching their heads at the government’s claims that the MS-13 was secretly preparing for war.

Adam Isacson, a regional a regional security policy expert for the Washington Office on Latin America (WOLA), says it makes no sense for the gangs to launch some type of guerrilla insurgency against El Salvador’s government—it’s just not their m.o.

The gangs, he says, have no ideology, no political program, and no aspiration to take over the government. Their only interest is in controlling territory for extortion and other illicit business endeavors—and that model works best when the gangs aren’t fighting the police or army.

Declaring war on the El Salvador’s government would draw way too much heat, Isacson says.

Members of the Salvadoran Armed Forces patrol an MS-13 controlled area following the murder of 11 people in in March.

Members of the Salvadoran Armed Forces patrol an MS-13 controlled area following the murder of 11 people in in March. FOTO: MARVIN RECINOS/AFP

“It would be an awfully risky strategy because the Salvadoran government has more trained personnel, more firepower, and [U.S.] Southern Command would be prime to jump in on that,” he told me. “And it’s hard to imagine that going well for them.”

Whatever’s really happening with the gangs—whether they’re just hanging low or secretly preparing for war—the U.S. immigration numbers suggest that that many Salvadorans don’t think the government’s repressive crackdown, which is awful in its own right, will result in lasting peace. As is too often the case in Central America, things can always get worse.

And for many Salvadorans, the risks of emigrating to the U.S. is not a sufficient deterrent compared to the danger of staying behind.

ONU: Gobierno debe respetar los derechos humanos

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, señaló que existen versiones sobre “ejecuciones extrajudiciales”. “Algunas medidas mucho más graves se han llevado a cabo”, señaló.

La Organización de las Naciones Unidas mandó ayer un mensaje a las autoridades de El Salvador para que garanticen el respeto a los derechos humanos en la aplicación... | Foto por EDH

La Organización de las Naciones Unidas mandó ayer un mensaje a las autoridades de El Salvador para que garanticen el respeto a los derechos humanos en la aplicación… | Foto por EDH

, 14junio 2016 / EDH

diario hoyLa Organización de las Naciones Unidas mandó ayer un mensaje a las autoridades de El Salvador para que garanticen el respeto a los derechos humanos en la aplicación del plan de seguridad, y pidió que se fortalezcan las instituciones de justicia.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la organización internacional, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su discurso inaugural ante el Consejo de Derechos Humanos, se refirió a las denuncias de posibles casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de “escuadrones de la muerte”.

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“El Gobierno ha lanzado un plan para mejorar la seguridad en el país, que incluye perseguir a los responsables de los crímenes y trabajar para rehabilitar a los antiguos miembros de las bandas en prisión, pero algunas medidas mucho más graves se han llevado a cabo”, dijo, en referencia a la posible aparición de grupos irregulares.

Zeid sostuvo que los argumentos según los cuales existen ejecuciones extrajudiciales en el marco del plan de seguridad que ejecuta el gobierno “son intolerables y sólo pueden avivar la violencia”.

El alto comisionado no desaprovechó el momento para denunciar con contundencia que la violencia en El Salvador ha ido en constante aumento, alcanzando en 2015 la tasa más alta de asesinatos en el mundo entre las naciones que no están en guerra.

Así también, se refirió a que la disputa entre las pandillas ha provocado que personas huyan del país por temor. “Entre los miles que han huido a Estados Unidos hay menores que viajan solos por miedo a ser asesinados por negarse a unirse a las bandas”, destacó Zeid.

Inform dsobre El Salvador del Alto Comisionado de DDHH de la ONU

Informe sobre El Salvador del Alto Comisionado de DDHH de la ONU

Otras voces

Uno de los que alertó sobre posibles grupos de exterminio fue el periódico español El País, quien explicó a principios de junio que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investiga 30 matanzas que habrían dejado como saldo alrededor de 100 pandilleros muertos, entre ellos los registrados en el cantón El Amatón, de Jucuapa, en Usulután.

No obstante, el titular de la PDDH, David Morales, ni el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, no se pronunciaron ayer sobre el llamado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (leer nota aparte).

El periódico español sostuvo que los grupos de exterminio tienen como principal blanco las pandillas.

Otro de los organismos que pidió al país, a principios de abril, que se respeten los derechos humanos al aplicar las medidas extraordinarias de seguridad es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante distintas demandas de organizaciones de la sociedad civil que denunciaron que el gobierno salvadoreño ha recurrido a medidas “represivas y populistas” para enfrentar la crisis de inseguridad.

En los últimos meses también ha habido capturas de policías vinculados con supuestas redes de sicariato y grupos de exterminio, a quienes las autoridades han decomisado armamento y abundantes municiones.

Asimismo, la Iglesia Católica ha exhortado en varias ocasiones al gobierno a que las medidas de seguridad no afecten a la población y que se investigue si existen grupo irregulares que realicen ejecuciones extrajudiciales.

Las medidas extraordinarias fueron aprobadas por la mayoría de bancadas legislativas en un decreto transitorio que incluye alrededor de 14 acciones enfocadas en la persecución del delito y el control de los centros penales.

Entre las medidas extraordinarias que están siendo implementadas por el periodo de un año están: traslados de reos, régimen especial de internamiento, suspensión de visitas en todo el sistema penitenciario, habilitar centros temporales de reclusión en diferentes lugares  y suspender los traslados de privados a audiencias judiciales.

Incluso, el vicepresidente Óscar Ortiz anunció hace dos semanas que lanzarán medidas adicionales a las ya presentadas, entre ellas  ir a los bienes y al dinero mal habido por las pandillas, explicó.

Comisión del gobierno

A inicios de este mes, el gobierno salvadoreño, por medio del Comisionado Presidencial para la Seguridad, Hato Hasbún, anunció la creación de una comisión para garantizar el respeto a los derechos humanos durante la implementación de las medidas extraordinarias para el combate a la violencia.

Dicha comisión se encargaría de vigilar que no se cometan abusos en los planes represivos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, señaló el Comisionado Presidencial.

“Nunca hemos dicho que estamos en guerra”: Marco Tulio Lima, jefe de la FES

Es una entrevista un poco inusual la que La Prensa Gráfica publica al subcomisionado Marco Tulio Lima, jefe de la recién creada fuerza élite FES de la PNC. No hay preguntas, solo respuestas. Por tanto, tampoco hay repreguntas. En vez de esto, el periódico agrega a cada “respuesta” de Lima “un párrafo de contexto, que confirma o refuta lo dicho por el subcomisionado.” Por la ausencia de preguntas y  repreguntas, pedimos a Paolo Luers que agregue a cada bloque las preguntas que habra que hacer al oficial de la PNC.

Segunda Vuelta

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Marco Tulio Lima tiene ante sí un reto grande: comandar al proyecto estrella del ejecutivo en su combate a la criminalidad de las pandillas. Este texto se compone con frases pronunciadas por el subcomisionado en una entrevista concedida a esta revista el miércoles 18 de mayo, a las que se les da contexto para afirmar o refutar lo dicho por el policía. En ellas habla sobre la fuerza letal, el respeto a los derechos humanos y algunas de las ideas sobre las pandillas que ha sostenido desde su paso por la DAN.

Una entrevista de Moisés Alvarado, 29 mayo 2016 / LPG

Marco Tulio Lima parece mínimo en esta oficina de techos altos, típica del Castillo de la Policía Nacional Civil. El espacio está casi vacío, con apenas un escritorio, una mesa y unos elegantes muebles negros para ocupar un área de unos 50 metros cuadrados. Viste una camisa negra que apenas rompe la monotonía con un curioso escudo, el de la International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

Lima dice que solo hace 20 días se trasladó para acá para ser el comandante de la Fuerza de Reacción (Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador, FES). Dueño de una larga y desigual carrera (que incluye la captura de dos buscados narcotraficantes), el subcomisionado se enfrenta ahora al reto de dirigir el proyecto estrella del gobierno salvadoreño en su tema más sensible, la seguridad.

Detrás de su poblado bigote, Lima hace gala de corrección política en un momento en que su unidad está en el ojo de todos, sobre todo del director de la PNC, Howard Cotto, que hasta ahora permite que dé una entrevista a un medio de comunicación. La misma ha sido ordenada de la siguiente manera: a una frase expresada por Lima, le sigue un párrafo de contexto, que confirma o refuta lo dicho por el subcomisionado.

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“La posibilidad de utilizar la fuerza letal ha existido desde que existen las instituciones. Hay varios niveles. El último es el arma de fuego. Se utiliza según el nivel de agresión ilegítima y la amenaza que el agente encuentra al combatir el crimen”.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, en su artículo 15, estipula lo anterior y aclara que el agente solo podrá ejercer este derecho cuando su vida o la de un tercero estén en real peligro o con el propósito de evitar que se cometa un delito grave, que amenace la vida. Pero parece que el uso de la fuerza letal se ha hecho algo institucionalizado en la corporación desde enero de 2015, cuando su máxima autoridad de entonces hizo una invitación directa a utilizarla. “Hay una institución que los respalda, hay un gobierno que los respalda. Háganlo (disparen) con toda confianza y convicción”, dijo Mauricio Ramírez Landaverde, ahora ministro de Justicia y Seguridad. De allí que en 2015 se registraran 415 presuntos enfrentamientos entre policías y pandilleros.

Paolo Luers: ¿Por qué hay tanto uso de fuerza letal en operativos policiales, cuando estos, por definición son para detener a sospechosos, no para provocar enfrentamientos y eliminarlos? ¿No significa esto una militarización de la PNC, o sea la adopción de operatividad militar?

“En el pasado había grupos que agredían a la población, pero que no tenían dentro de su propósito principal agredir a la policía. Ahora, como ellos decidieron utilizar las armas de fuego, hay más posibilidades de que en una intervención se pueda recibir una agresión y exista la necesidad de hacer uso de la fuerza”.

Ese es el argumento con el que Marco Tulio justifica el uso letal de la fuerza de las autoridades de seguridad. En muchos casos, su utilización ha sido legítima al encontrarse policías y soldados en peligro real de muerte. Sin embargo, también se han cometido excesos de fuerza, como lo estableció una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fechada el 26 de abril de este año, en la que se hace constar que las muertes ocurridas en la finca San Blas (26 de marzo de 2015) y Panchimalco (16 de agosto) fueron ejecuciones extrajudiciales, donde se asesinó a pandilleros (y personas ajenas a la estructura) aún cuando no ofrecieron ninguna resistencia. En torno a este espinoso tema, Marco Tulio señala que la unidad que comanda ha sido responsable de una mínima parte de los presuntos enfrentamientos con pandilleros (hasta la fecha se reporta una decena de muertes en hechos como este) que la policía ha protagonizado en el último mes. Por el momento, el titular de la PDDH, David Morales, no ha denunciado ningún exceso en el uso de la fuerza por parte de la FES y afirma que no tiene siquiera indicios.

Paolo Luers: Hasta el 2014, las pandillas tuvieron como regla solo andar armados cuando andaban en operativos específicos. Según nuestras investigaciones, esto cambió, cuando la PNC comenzó a entrar en territorios conflictivos listos para disparar, y en muchos casos disparando. Entonces, las pandillas dieron permiso a su gente de andar armados siempre. ¿No puede ser que por esto se han multiplicado a partir del 2014 los enfrentamientos armados entre PNC y pandilleros?

“Vemos que los pandilleros migran a otros lugares, otros han abandonado las zonas rurales y retornado a las zonas urbanas para adoptar un comportamiento más clandestino, esconden las armas, evitan la confrontación, y eso es una señal de que están a la defensiva, y eso es bueno porque se ve que la estrategia funciona”.

Según reportes de inteligencia policial y entrevistas realizadas a pandilleros por esta revista, los pandilleros, en efecto, realizan un proceso de migración hacia otras zonas por una mayor acción de las fuerzas de la autoridad y, como se pudo comprobar en San Antonio Silva, en San Miguel, por los crímenes cometidos por un presunto grupo de exterminio del que la PNC aún no ha podido identificar a ningún miembro. Allí, sin embargo, la orden de la pandilla era migrar a otros sitios de la zona rural. Lo de la disminución de enfrentamientos no encuentra respaldo en las estadísticas: el 26 de abril, el director de la Policía, Howard Cotto, dijo que habían ocurrido 198 enfrentamientos entre la PNC y las pandillas, a una media de 49.5 por mes, mayor al promedio del año pasado, de 34.58. Ya con la FES en las calles, el número no ha dejado de crecer, pues para esta fecha pasa de 240.

Paolo Luers: Subcomisionado, ¿usted tiene conocimiento que las tres pandillas principales, desde finales de Semana Santa 2016, en diferentes comunicados han ordenado a sus miembros a mantener un cese al fuego unilateral y suspender todas las acciones ofensivas? Este período coincide con la baja sustancial de homicidios y de enfrentamientos directos con la PNC. ¿Es cierto que en este período de abril-mayo 2016 se ha reducido a un mínimo los atentados a policías y sus familiares?

 
“Este problema que tenemos (el de las pandillas) es un fenómeno social, multicausal, debido a que en El Salvador existieron políticas públicas ausentes de oportunidades para los jóvenes, sin inversión en ellos. La ausencia de eso la ocupó el crimen”.

El postulado de Marco Tulio Lima se contradice con el enfoque que parece haber tomado el Gobierno de El Salvador desde el inicio de 2015, uno que privilegia la represión por sobre los otros cuatro ejes que conforman el Plan El Salvador Seguro. En una entrevista realizada en febrero de este año, el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, no podía dar un recuento de indicadores para establecer el éxito o el fracaso del área de la prevención, pues afirmó que la estrategia para este rubro aún no contaba con financiamiento. La aprobación de 152 millones en bonos de esta semana pudiera dar luces en este campo.

Paolo Luers: Si es así, subcomisionado, ¿por qué el gobierno prioriza la confrontación represiva con los pandilleros, en vez de priorizar la inversión social en los territorios conflictivos?

 
“Esperamos que la justicia penal opere, que la Fiscalía haga su rol, que los jueces hagan su rol, y que el país camine en esa dirección”.

Este es el llamado que hace Marco Tulio Lima a las otras instancias que definen la justicia en el país. Aquí se enfrenta a un problema, pues el sistema salvadoreño se ha caracterizado por altos niveles de impunidad, al menos en el último lustro. En el reportaje “Los países que no lloran a sus muertos”, publicado el 30 de marzo de 2014, dos periodistas de LA PRENSA GRÁFICA establecieron, comparando el número de condenas por homicidio y la cantidad de asesinatos cometidos entre 2011 y 2013, que el porcentaje de impunidad en El Salvador era del 94 %.

Paolo Luers: ¿Por qué cree que el sistema judicial no “hace su rol”? ¿No tiene que ver con la pésima labor investigativa de la PNC y con una gran cantidad de capturas masivas que no se sostienen ante los juzgados? ¿Por qué la PNC, en vez de aumentar su capacidad de arrestar sospechosos, no aumenta su capacidad investigativa?

“Hemos sido sinceros con la población y hemos sabido reconocer cuando el fenómeno ha ido agravándose. En ningún momento hemos escondido las cifras de delitos y de homicidios, aún cuando ha habido grandes cifras de homicidios. Pero nunca hemos dicho que estamos en guerra. Una guerra tiene otros parámetros, otros estándares, y aquí hay suficiente experiencia en categorizar al fenómeno, porque de allí venimos”.

Marco Tulio reconoce de forma tácita que el Gobierno de El Salvador se equivocó al expresar, desde el Ejecutivo, la idea de que los medios exageraban la percepción de la violencia que se vivía en el país, aún ante la realidad de las cifras. Tal posición solo fue derribada hasta que la población contempló con horror la masacre de 11 personas en Opico. Pero el subcomisionado se desmarca de calificar al fenómeno como “guerra”. Si lo hubiera hecho, habría sido interesante escuchar de un exguerrillero, ahora a cargo de la unidad más importante de la seguridad del país, la manera en que pelearía esta. Sin embargo, se desmarca de usar esa palabra para definir el fenómeno, al que califica como “una reacción y contrareacción del combate al crimen”. En una pregunta posterior, habla de grupos de pandilleros que “decidieron irse al monte” y que portan armas de grueso calibre, “pertrechos para sobrevivencia, equipo quirúrgico para curación de heridas, equipos de comunicación”, protegidos por casas abandonadas, tatus y trincheras.

Paolo Luers: ¿Si no estamos en guerra, por qué las fuerzas especiales que usted comanda se mueven con armas, transporte y equipos de guerra: vehículos blindados, ametralladoras, helicópteros? Además, cómo interpretar las declaraciones de Oscar Ortíz y Eugenio Chicas que hablan de una guerra contra las pandillas?

“Lo que pasa es que como todavía estamos construyendo esto, hemos recibido los vehículos, hemos recibido el armamento, la alimentación, la logística, hay un montón de equipos que están en proceso. No le puedo dar un monto exacto”.

Fue la respuesta brindada por el subcomisionado acerca de los recursos con los que trabaja la FES. En cuestionamientos posteriores, asegura que su unidad no cuenta con más capital que el destinado de forma ordinaria a la PNC, por lo que dinero de otros sectores ha sido redirigido a su funcionamiento, al que la institución ha dado prioridad. También menciona a la cooperación internacional, a la que solo hizo responsable de la donación de equipos (vehículos, armas) y de capacitaciones. No habló de países donantes con nombre propio, a los que tendrían que dar cuenta de sus acciones, sobre todo en el respeto a los derechos humanos.

“Las pandillas ya están conceptualizadas como estructuras delincuenciales que han migrado al crimen organizado transnacional… hoy por hoy constituyen la principal amenaza a la seguridad nacional y de Centroamérica, y están siendo instrumentalizadas por las organizaciones de narcotraficantes que operan”.

Se trata de una idea sostenida desde hace varios años en El Salvador, incluso Lima la mantuvo durante su trabajo al frente de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, como lo reflejan notas de prensa. Sin embargo, es una que todavía no se ha comprobado, la de una instrumentalización generalizada de las pandillas por parte del narcotráfico. Existen casos aislados de clicas que sí se han puesto al servicio del crimen organizado y cuyos casos están judicializados, como la Fulton Locos (Chalatenango), que trabaja bajo la sombrilla del cartel de Texis a través de su nexo, José Misael Cisneros, o la Normandie Locos (Sonsonate), al mando de Moris Bercián Machón, a propósito hijo del condenado por narcotráfico en los noventa, Asmel Bercián, exagente de la Policía Nacional. Moris ahora es prófugo de la justicia. Ambas clicas pertenecen a la MS. Pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a la pandilla como un eslabón del tráfico de cocaína hacia esa nación norteamericana. El antropólogo Juan Martínez difiere con esta idea, pues en su opinión la pandilla no tiene una estructura lo suficientemente jerarquizada como para hacer una actividad parecida. “El pandillero, a lo mucho, llega a reconocer a su corredor de programa, pero, sobre todo, la autoridad es ‘el palabrero’, no los líderes nacionales de la pandilla. La clica es una célula que cuenta con mucha autonomía”, sostiene Martínez.

Paolo Luers: ¿Si usted habla de “amenaza a la seguridad nacional”, no está reconociendo que el conflicto traspasa la dimensión de “seguridad pública”?
Usted trabajó durante a
ños en el combate a la narcoactividad. ¿Cuáles son las pruebas de su tesis que las pandillas salvadoreñas están siendo instrumentalizadas por el narcotráfico internacional?

 
“Cuando estuve en narcóticos hicimos un estudio del narcomenudeo, donde pudimos probar las tendencias grandes de las pandillas hacia el control del narcomenudeo en El Salvador. Lo administran las pandillas, principalmente la MS. Van en esa mutación, y es algo a lo que hay que prestarle atención”.

La administración del narcomenudeo podría deberse al control que la clica de una pandilla ejerce sobre el territorio que habita y no necesariamente se traduzca como trabajo conjunto entre pandilla y operadores del narcotráfico. Según lo reconoció en una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA el actual director de la PNC, Howard Cotto, cuando era jefe de la Comisión Nacional Antidrogas, El Salvador juega un papel distinto al de los otros dos países del Triángulo Norte en el negocio de las drogas y es visto, más bien, como un espacio para lavar dinero “por su economía dolarizada”. El narcomenudeo, en su mayor parte, según datos de la DAN, está compuesto por el comercio de marihuana. La ganancia sería tan marginal que no rivalizaría con la obtenida por la extorsión, principal fuente de ingreso de la pandilla.

Paolo Luers: ¿Cómo exjefe de la DAN usted conoce la diferencia de narcomenudeo y narcotráfico internacional. ¿Por qué mezcla ahora los dos conceptos?

“Neutralizar el accionar y la expansión de las pandillas en los territorios que ahora controlan. La otra meta es capturar y llevar a la orden de los jueces a los principales 100 cabecillas que están ejerciendo violencia en el país. En términos generales esperamos que existan mejores condiciones para los planes de prevención, de reinserción. Que la recuperación del tejido social sea más efectiva”.

Capturar a los primeros 100 más buscados. Esa es la ambiciosa meta que el subcomisionado plantea para el primer año de accionar de la FES. Aunque en el más reciente informe de capturados por la unidad la cifra se coloca en 75, de los incluidos en el listado, en este primer mes de acciones se ha detenido a 12 personas. Cuatro más han muerto en intercambios de disparos. Según lo comenta el propio Lima, el grueso de las detenciones corresponde a otros miembros de pandillas aprehendidos en flagrancia por delitos como tenencia de drogas o portación ilegal de armas de fuego.

Paolo Luers: Si la tarea prioritaria de su unidad es capturar a cabecillas, ¿no sería más lógica crear unidades especiales de inteligencia e investigación, en vez de crear una fuerza especial de choque de carácter militar, como es la FES?

“La diferencia principal de la FES con las unidades anteriores es que nosotros no estamos buscando hacer operaciones de redadas. Hemos hecho un análisis del perfil criminal de los delincuentes. Algo inédito. Se les ha hecho un análisis de inteligencia, criminal e inclusive jurídico de su condición. Todos ellos tienen órdenes de capturas pendientes”.

Es uno de los puntos más novedosos de la unidad especial. El subcomisionado fue parte de las Manos Duras de Francisco Flores y Antonio Saca y reconoce la poca efectividad de esas medidas, que quizá contribuyeron a una mayor expansión del fenómeno de las pandillas. También de la creación de legislaciones como la Ley Antimaras, que en la práctica nunca pudo ser utilizada, como lo expresó varias veces el propio Marco Tulio en notas de prensa de la época cuando estuvo al frente de delegaciones complicadas, como Apopa, Soyapango y San Marcos, enfrentando un fenómeno que quizá no terminaba de entender.

Paolo Luers: Nuevamente, si es así, ¿cómo explica usted el carácter, armamento y entrenamiento militar de la FES? Da la sospecha que es para provocar enfrentamientos, en vez de detenciones.

 

Las imágines de la FES que comanda el entrevistado:

Conclusión: Si se mira como una guerra, las tropas se mueven como en una guerra, la gente muere como en una guerra, lo más probable es que sea una guerra…

Lo único extraordinario: No hubo nada extraordinario. La conferenoa de prensa del presidente

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Reproducimos la transcripción completa de la conferencia de prena, que el presidente de la República, su vicepresidente y sus gabinete de Seguridad dieron el lunes 14 de marzo “sobre avances en medidas extraordinarias en materia de Seguridad.” Puede resultar un tanto aburrido leer estas declaraciones. Pero esto es precisamente lo interesante: la ausencia de anuncios concretos, y mucho menos “extraordinarios” – y esto en una situación de mucha tensión, ya que el mismo gobierno provocó una discusión sobre “estado de excepción”, “estado de emergencia” y “medidades extraordinarias”. La imprecisión, la confusión y la falta de preparación en las declaraciones del presidente y sus colaboradores, lejos de crear confianza, despiertan más incertidumbre.

Segunda Vuelta

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE AVANCES EN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

14 DE MARZO DE 2016

 

PROF. SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El propósito de esta conferencia es informarle al país de cómo estamos trabajando para que lo más pronto posible podamos iniciar el despliegue de las medidas extraordinarias que anunciamos la semana pasada.

Ustedes saben que el país tiene un incremento criminal, delincuencial que ha causado la indignación de la nación y que es urgente tomar medidas.

En ese sentido, la semana pasada me reuní con los demás poderes del Estado y el señor fiscal. Le solicité además al comisionado para la seguridad [Hato Hasbún] que reuniera al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para informarle también mi decisión y escuchar sus puntos de vista y su enfoque, porque yo quiero volver a reafirmar que estas medidas extraordinarias o excepcionales están enmarcadas dentro del Plan El Salvador Seguro y por ello el Consejo para nosotros es muy importante sus decisiones, sus opiniones y su respaldo.

Creemos que este tema ha convocado a una unidad de la nación, que todos los sectores políticos, económicos, sociales y el gobierno estamos unidos por el país, y creo que es el momento de una gran unión nacional para derrotar la delincuencia y para derrotar el crimen. 

Inmediatamente después de anunciar esas decisiones y de esas reuniones, pues he conformado un equipo con los miembros del gobierno que están aquí presentes, este equipo es coordinado por el Vicepresidente de la República, Licenciado Oscar Ortiz y además también por quienes me acompañan en esta mesa.

El propósito es analizar qué medidas le corresponden al Ejecutivo y qué medidas tenemos que llevarlas a la Asamblea Legislativa, porque estas decisiones deben estar enmarcadas en la ley y la Constitución. No podemos tomar decisiones que pueden ser revocadas y presentadas a la Sala de lo Constitucional como que no tienen un asidero legal; necesitamos que estas medidas tengan una base firme y una base legal. Además que estemos totalmente seguro que tienen el respaldo de la población en general y de todos los sectores de la sociedad salvadoreña.

Este equipo ha comenzado a trabajar, a analizar qué medidas corresponden al Ejecutivo, cuáles corresponden a la Asamblea Legislativa. Hemos priorizado trabajar en tres áreas: Primero en el despliegue de más efectivos de la Fuerza Armada; consideramos que lo inmediato que podemos hacer es desplegar a la Fuerza Armada. Necesitamos incrementar los efectivos de la Policía Nacional Civil, pero ellos deben tener todo un proceso de formación, mientras que la Fuerza Armada puede hacer uso de la reserva y ésta puede ser convocada. 

La segunda área de decisión que estamos tomando es el sistema penitenciario. Consideramos que tenemos que reducir el número de la población penitenciaria y que hay ahí personas que no son vinculados al crimen, sino que tienen otro tipo de delitos, que ya tienen avanzada edad y tienen enfermedades terminales y que podemos evacuarlas del sistema penitenciario y que además hay otras personas que pudieran aceptar ser parte de unas medidas de libertad condicionada, estamos analizando esas medidas, cómo podemos hacer para disminuir la población y garantizar que la Policía Nacional Civil pueda utilizar los efectivos que ahora usa para cuidar a más de cinco mil personas privadas de libertad que están en la cárceles de la Policía Nacional Civil en diferentes partes del país. Eso hace que muchos efectivos de la PNC estén dedicados a ellos, esa es otra área que estamos analizando.

Y otra área que estamos analizando más jurídicamente es la declaratoria de emergencia, esto corresponde a la Asamblea Legislativa, pero tendríamos que analizar qué medidas implicarían un estado de emergencia, una declaratoria de emergencia, y analizar a algunos sectores dónde hay una delincuencia muy fuerte y en los que se han visto afectados los servicios del Estado y que trabajan bajo amenazas o trabajan bajo extorsiones. Ahí estamos analizando no una declaratoria de Estado de Excepción, no estamos considerando ninguna declaratoria de Estado de Excepción, pero sí limitar en esos lugares también ciertos derechos que se pueden limitar, pero estamos analizando si esas medidas excepcionales pues se pueden resolver por la vía de reformas legales que pueda aprobar la Asamblea Legislativa, por lo tanto tenemos ya en revisión la presentación a la Asamblea Legislativa de este tipo de medidas que estamos trabajando y esperamos que en el transcurso de esta semana podamos llevar a la Asamblea Legislativa una serie de peticiones para que sean aprobadas e implementar estas medidas excepcionales y estas medidas  extraordinarias lo más pronto posible.

Sabemos que entramos a un periodo de vacaciones en el cual la policía y la Fuerza Armada tienen que estar dedicadas a garantizar la tranquilidad, a garantizar que las vacaciones puedan ser todo un éxito y que la población  pueda aprovechar ese espacio para descansar, o sea, tenemos ese espacio en el cual pues la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada su prioridad va a ser garantizar la tranquilidad de la ciudadanía salvadoreña para que disfrute sus festejos religiosos o sus festividades recreativas por lo tanto en lo que falta del mes lo que queremos es completar todas estas medidas para ponerlas en función en el momento oportuno.

Yo quería trasladarles estas informaciones, no nos hemos cruzado de brazos, estamos trabajando y ya tenemos los primero productos que vamos a llevar a la Asamblea Legislativa lo más pronto posible.

Para que amplíen la información dejaría a varios de los ministros, al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, al Director de la Policía Nacional Civil, al Ministro de Defensa y también al Secretario de Gobernabilidad para que puedan informar, ampliar la información y luego, tanto mi persona como el vicepresidente, estamos a disposición para las preguntas que ustedes puedan hacer.

 

MAURICIO RAMIREZ LANDAVERDE, MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

De  acuerdo a lo que hasta hoy se ha determinado como lo que podría comprender las  medidas extraordinarias a adoptar para hacerle frente de una manera más eficaz al tema de la violencia y la criminalidad, tal como el señor Presidente lo mencionaba, el incremento de la presencia policial y de la Fuerza Armada en todo el territorio nacional, sobre todo en aquellos sectores y municipios más afectados por la situación de violencia.

En lo que nos corresponderá a nosotros a través de la Policía Nacional Civil, pero también de la Academia Nacional de Seguridad Pública, esta última institución está trabajando ya para garantizar que este año tengamos el incremento de mil elementos más para la Policía Nacional Civil.

A esto habrá que sumar medidas adicionales como librar de determinados servicios que los y las policías en este momento están brindando como el mantener bajo custodia aproximadamente 5 mil personas privadas de libertad que tendrían que estar en el sistema penitenciario, pero que ante la saturación de este desde hace muchos años ha habido esa necesidad, de que la Policía Nacional Civil apoye también esta labor.

Debido a ello, dentro de las medidas extraordinarias se adoptarán algunas conducentes a descongestionar el sistema penitenciario de muchas personas que por razón de su edad o de sus padecimientos pudiesen dársele la libertad o aquellas que puedan pasar a otras fases del proceso penitenciarios, como son la semilibertad o fases de confianza, que pues ya requiere medidas de menor seguridad pero que sus espacios o los espacios que hoy ocupan pudieran ser ocupados por personas de mayor peligrosidad.

Y esto nos lleva pues ya  a las medidas en el ámbito penitenciario que serán conducentes a garantizar no solo la seguridad sino cortar la comunicación que sabemos ha existido desde y hacia los centros penales y que eso ha afectado la situación de violencia y delitos en todo el territorio nacional.

Parte de las acciones que llevaremos a cabo serán orientadas a lograr ese objetivo, a garantizar la seguridad, evitar el ingreso de ilícitos hacia los centros penales, pero a la vez tomar otras medidas para lograr ese objetivo.

En ese sentido pues también habrá que garantizar cómo la señal de telecomunicaciones en los centros penitenciarios podemos eliminarla, buscando pues lo que ya el señor Presidente nos decía, la unidad de todos los sectores de la sociedad en este momento en el cual solamente bajo esa forma podemos hacerle frente de una manera más efectiva a la inseguridad.

Estas son en términos generales los ámbitos en los cuales vamos a trabajar para poder acompañar las medidas extraordinarias que el gobierno adoptará para hacerle frente a esta situación.

 

COMISIONADO HOWARD COTTO, DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 

Nosotros queremos informar que hemos dado continuidad y seguimiento a los planes desarrollados a través del Plan El Salvador Seguro, los planes específicos que tiene que ver con seguridad.

Nuestro concepto de operación sigue haciendo énfasis en los diez municipios con mayor incidencia delictiva, determinados por el plan, bajo el parámetro de control y recuperación territorial. Hemos establecido ya de forma definitiva el mecanismo de presencia policial con posicionamiento territorial permanente en estos diez municipios y específicamente en los ochenta y un sectores.

De acuerdo al análisis que hemos realizado, incluso, habría otros sectores de otros municipios en los que la Policía Nacional Civil pudiera retomar bajo este mismo concepto, ampliando así lo definido en el Plan El Salvador Seguro.

La siguiente acción que estamos a punto de realizar esta misma semana es incrementar los dispositivos logrando un nivel de masificación de fuerza en estos ochenta y un sectores, y esto se va a realizar con la designación de una mayor cantidad de personal policial y con el apoyo de la Fuerza Armada.

A su vez quiero comunicarles que el nivel de coordinación con la fiscalía se ha continuado incrementando, de tal forma que incluso hemos definido ya mecanismos de seguimiento permanente a los casos, dando prioridad también a los sectores y municipios de mayor incidencia delictiva, pero también abordando y dándole agilidad a ciertos procesos de investigación que consideramos muy importantes, independientemente de que sean dentro de estos diez municipios o no, dentro de los cuales se incluye San Salvador.

 

GENERAL DAVID MUNGUÍA PAYES, MINISTRO DE DEFENSA

La Fuerza Armada continúa su despliegue habitual cubriendo los 14 departamentos del país, 262 municipios, pero particularmente apoyando a la Policía Nacional Civil en 9 departamentos donde estamos colaborando para mantener control de los 33 municipios dónde se genera mayor violencia, también continuamos con nuestro despliegue habitual a lo largo del límite político internacional, controlando 130 puntos no habilitados, fronteras no habilitadas y manteniendo también el control de la periferia de 21 centros penales, pero además de eso controlando 627 centros educativos, colaborando de esta forma con la Policía Nacional Civil.

Pero aparte de eso, estamos haciendo un esfuerzo adicional, estamos suspendiendo algunos cursos de adiestramiento de donde estamos obteniendo una cantidad considerable también de efectivos, estamos hablando de aproximadamente 544 efectivos adicionales que los vamos a poner a la orden de la Policía Nacional Civil para incrementar el apoyo a las operaciones conjuntas y sobre todo para apoyar el trabajo que está haciendo, en los 10 municipios que están siendo intervenidos de acuerdo al Plan El Salvador Seguro y teniendo una presencia mayor en los 81 sectores.

Además, como parte de las medidas extraordinarias  que se pudieran implementar en el futuro, ya el señor Presidente anunció que pudiera en el futuro darnos la orden de movilizar algunas reservas para seguir coadyuvando a este esfuerzo de seguridad y ya estamos nosotros haciendo un trabajo de localización de nuestras reservas activas y pasivas en caso que recibamos una orden de convocar a estas reservas pues no las tenemos totalmente controladas, puesto que periódicamente hay cambios de direcciones y algunas veces perdemos un poco el control de este personal, pero ya lo estamos  localizando.

 

SR. HATO HASBÚN, SECRETARIO Y COMISIONADO PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS DE SEGURIDAD

Rápidamente referirme a la última reunión extraordinaria convocada a solicitud del Presidente de la República, como él mismo lo ha manifestado, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Se trataba fundamentalmente y eso  precisamente fue el objeto de la reunión que ustedes mismos cubrieron, primero de presentar cómo está la situación. El Ministro de Justicia y Seguridad y el Director de la Policía se encargaron concretamente de presentarla.

Segundo, oír propuestas en el marco, como decía el señor Presidente, del Plan El Salvador Seguro; todo el Consejo ratificó la necesidad del Plan El Salvador Seguro. Por lo tanto en ese ámbito se trataba de oír propuestas que serán integradas en la medida de lo posible aquellas que sean pertinentes a este marco excepcional de propuestas que se está trabajando en el equipo que el Presidente conformó.

Tercero, de aclarar de qué estábamos hablando, porque se había presentado algunos malos entendidos respecto del régimen de excepción o medidas excepcionales. El Consejo se pronunció y fue claro en la necesidad de medidas excepcionales.

Y por último, como digo, se propuso también o se dio un informe sobre la ejecución hasta ahora de determinados ámbitos del Plan El Salvador Seguro y de los montos que se han ido orientando para tal fin, a los cuales ya el Presidente de la República se ha referido en otras ocasiones.

Insisto, el Consejo ratificó que el Plan El Salvador Seguro es la vía a la que tenemos que darle continuidad.

Y al final, como todos ustedes saben, se dieron explicaciones del caso y todos quedamos claros de por dónde estamos y para dónde vamos. Así es que eso fue.

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

 

EDGARDO PORTILLO DE ORBITA TV

BUENOS DÍAS A TODOS LOS MINISTROS Y AL PRESIDENTE, BUENO ME LLAMA LA ATENCIÓN CIERTOS ASPECTOS, CUANDO SE HABLA DEL DESPLIEGUE DE EFECTIVOS DE LA FUERZA ARMADA QUE SE VAN A REALIZAR DEBIDO AL ESTADO QUE SE ESTÁ VIVIENDO, DEL ESTADO DE EMERGENCIA, ¿CUÁL VA SER LA FORMA DE ACTUAR DE ELLOS, VAN ACTUAR BAJO EL MARCO DE LA LEGALIDAD DE LA LEY COMO LOS NADA LOS FACULTA O SIMPLEMENTE EN EL CASO DE QUE SE PUEDAN ENFRENTAR CON PANDILLEROS O DELINCUENTES, SE VA PODER CAPTURAR COMO LO HACE LA POLICÍA, QUÉ TIPO DE FACULTADES VAN A TENER ELLOS PARA PODER ACTUAR EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA?

EN OTRO PUNTO, DE LLEGARSE A PRESENTAR O DECLARARSE EL ESTADO DE EMERGENCIA ¿CUÁLES VAN A SER LAS CONDICIONES CON LAS QUE SE VA A TRABAJAR PARA, EN EL CASO DE LOS HORARIOS, CÓMO SE VA PREVENIR A LA GENTE, CUÁLES SON LOS PUNTOS A SEGUIR, SI YA SE ESTÁ ANALIZANDO ESO O YA SE TIENE ANALIZADO?

 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Le voy a contestar en forma general y le voy a pedir al vicepresidente que pueda ampliar.

Como yo informaba estamos analizando qué medidas nos corresponde al Ejecutivo y qué medidas le corresponden  a la Asamblea Legislativa. Actualmente, el mecanismo es de apoyo a la Policía Nacional Civil, nosotros de lo que estamos hablando es de un mayor despliegue hasta ahora no hemos determinado cambiar esa facultad que le corresponde a la Policía Nacional Civil, sino que serían  operaciones conjuntas y despliegue conjunto, pero eso es lo que estamos analizando hasta ahora, va depender de la amplitud del despliegue y además también de si esta medida le corresponde al ejecutivo o hay que trasladarle a la Asamblea Legislativa que es cambiar facultades ya ahora la facultad pues la tiene la Policía Nacional Civil.

Entonces esos son de los temas que yo decía que estamos analizando y estamos discutiendo.

 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Gracias Presidente saludos a los ministros y secretarios que somos parte de este equipo, el Presidente nos ha delegado esta misión  y nosotros hemos estado trabajando ya intensamente en los últimos cuatro días, estamos bastante avanzados ya con las propuestas, creemos que estaremos listos en el transcurso de esta semana para presentarle ya los primeros resultados que se puedan presentar al país y a las instancias que correspondan.

Esto es algo clave, prioritario e importante por lo que ya todos sabemos, esta operación que vamos a desarrollar es de gran alcance, de escala nacional tomando en cuenta las prioridades del Plan El Salvador Seguro y va ser una combinación de fuerzas que nos va permitir multiplicar nuestra capacidad de respuesta y para lo cual vamos a necesitar el apoyo del país entero.

Como lo dijo el Presidente algunas  propuestas que ya estamos cerrando tienen que ver con competencias del Ejecutivo, las otras tendrán que ver con el compromiso de nuestra Asamblea Legislativa para respaldar todas las acciones extraordinarias y de carácter emergente o de emergencia que necesitamos poner en marcha, de hecho a la pregunta que usted hacía en cuanto al papel de nuestras fuerzas armadas se está considerando un mayor despliegue en todo sentido de nuestras fuerzas armadas, que nos permitan reforzar y acompañar todo el despliegue territorial de nuestra Policía Nacional Civil, que nos permita desplegar la mayor cantidad de recursos logísticos que están en poder de nuestras fuerzas armadas y que eso nos posibilite tener una mayor capacidad de respuesta y por supuesto eso implica reforzar con elementos para dirigir en aquellos puntos territoriales o en aquellas áreas que se requiera una mayor concentración de elementos, así como también contribuir desde las fuerzas armadas a garantizar el perímetro que vamos a potenciar dentro del sistema penitenciario.

Quiero plantear que estas propuestas como lo dijo el presidente, van a tocar varios campos, el tema penitenciario, el tema de nuestras fuerzas armadas, el tema de nuestra Policía Nacional Civil, el tema de cómo garantizar que en los próximos meses, que en el transcurso del año, vamos a tener unos mecanismos de  contención desde el territorio con una mayor participación de ciudadanos comprometidos para tratar de evitar que estas estructuras criminales  sigan expandiéndose en el territorio.

Creemos que  con  el trabajo que estamos ahora construyendo  y con el mandato que el Presidente nos ha dado en poquísimos días vamos a tener ya los primeros productos terminados que nos van a permitir a partir de la aprobación presidencial poderlos presentar al país.

 

ARELY MENJIVAR, RADIO YSKL

BUENOS DÍAS PRESIDENTE Y A TODOS LOS QUE LE ACOMPAÑAN EN LA MESA. EN PRIMER LUGAR PRESIDENTE CONSULTARLE SI TIENE FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON LAS QUE CUENTAN PARA PODER INCORPORAR A LOS  RESERVISTAS A LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUÉ FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIENEN.

NÚMERO DOS PRESIDENTE QUÉ IMPLICA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y QUÉ ES LO QUE LE ESTÁN PIDIENDO PUNTUALMENTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Y NÚMERO TRES, SI TIENEN ALGÚN PLAZO ESTABLECIDO DE QUÉ TIPO DE RESULTADOS PUEDAN TENER CON ESTE ANUNCIO DE ESTAS MEDIDAS HACIENDO UN POCO MÁS DE LO MISMO  PORQUE EFECTIVOS MILITARES YA SE ENCUENTRAN  INCORPORADOS EN TAREAS DE SEGURIDAD.

 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con relación al tema del financiamiento tenemos que hacer un ajuste a nuestro presupuesto  y eso lo estamos analizando, por eso también el equipo tiene que hacer un estudio del costo de estas medidas, y ese costo buscarlo en un reajuste del presupuesto; segundo, direccionar la contribución especial hacia ella y tercero los ahorros  que el gobierno tiene dedicarlos a este esfuerzo, o sea, creemos que se pueden obtener los recursos necesarios.

Con respecto a tu pregunta segunda, lo que le pedimos a la Asamblea Legislativa con la declaratoria de emergencia, tiene que ver con medidas en relación al sistema penitenciario, por este momento creemos de que hay que garantizar, liberar recursos de agentes policiales que ahora están custodiando a 5 mil personas privadas de libertad.

Y segundo tenemos que descongestionar el sistema penitenciario y esas medidas necesitan una reforma a la Ley Penitenciaria que solo la puede autorizar la Asamblea Legislativa y los resultados que esperamos, nosotros creemos que esto  va a permitir una mayor desorganización de las pandillas, va a permitir un mayor control territorial y va a permitir capturas de los que están dirigiendo estas acciones criminales.

 

LISETTH ORELLANA, PERIODICO DIGITAL EL METROPOLITANO

CUANDO USTEDES VAN A ENVIAR EL ANTEPROYECTO A LA ASAMBLEA QUE ENTIENDO VA SER LA PRÓXIMA SEMANA, SI DE ALGUNA MANERA USTEDES VAN A BUSCAR ALGÚN TIPO DE ENTENDIMIENTO CON EL PARTIDO ARENA PARA QUE ELLOS APOYEN LO QUE USTEDES VAN A ENVIAR. Y LE PREGUNTO PORQUE ANOCHE CASA PRESIDENCIAL EMITIÓ UN COMUNICADO DONDE MÁS BIEN INSINUABA UN POCO O LE PIDEN A LA FISCALÍA QUE INVESTIGUE SI EL AUMENTO DE LOS HOMICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS TIENE QUE VER CON EL DIÁLOGO QUE SOSTUVO DOS PERSONAS DE ARENA EN EL 2004, CON MIEMBROS DE PANDILLAS, ESTO POR UN LADO.

POR EL OTRO, SE HABLABA DEL FINANCIAMIENTO, NO SÉ SI VAN ANALIZAR TAMBIÉN ALGÚN PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO EXTERNO, O TAMBIÉN DEPENDE DE QUE SE DESENTRAMPEN LO DE LOS 900 MILLONES EN LA CORTE

 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Nosotros esperamos que la voluntad expresada en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia de todos los sectores, de todas las fuerzas políticas, de respaldar, pues no tengan ningún inconveniente, de que estas medidas de emergencia, esta declaratoria de emergencia y lo que implique de reformas legales pues tenga el respaldo de la Asamblea Legislativa. No lo dudamos, creemos que todos estamos unidos alrededor ahora de enfrentar el crimen y creemos que no podemos tener dificultades.

Y con respecto al financiamiento, nosotros consideramos que esperaríamos que el partido de oposición, el partido ARENA se decida a respaldar otras iniciativas que tienen que ver con la emisión de 1200 millones de bonos, porque eso nos permitiría tener garantizada una tranquilidad financiera del gobierno y no hacer uso de recursos extraordinarios del presupuesto. Nosotros esperamos que haya una actitud patriótica. 

El tema que te refieres a el comunicado de la Presidencia con respecto a los hechos dados a conocer en un periódico digital, pues es una posición en la cual nosotros lo que estamos solicitando es al señor fiscal que investigue, esa es la esencia de esa posición.  Pero este es otro tema, este es tema de interés nacional, es de interés del país y esperamos que haya una actitud en correspondencia con la aceptación que tiene de la población, que hay que tomar medidas urgentes y medidas extraordinarias y excepcionales.