Derechos Humanos

Carta a los diputados: Si el gobierno manda al carajo a Naciones Unidas, manden al carajo al gobierno. De Paolo Luers

Paolo Luers, 8 febrero 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

paolo luers caricaturaEstimados diputados:
Por segunda vez nuestro país fue examinado en materia de Derechos Humanos. Por segunda vez reprobó. En noviembre 2017 nos visitó, por primera vez desde la guerra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al concluir su visita, exigió al presidente que suspenda las “medidas extraordinarias” y las “ejecuciones extrajurídicas”, porque ambas prácticas violan el Estado de Derecho.

El gobierno no hizo caso. Por el contrario: Solicitó a la Asamblea la prolongación, por un año más, de las “medidas extraordinarias”, aplicadas a los 20 mil internos de 6 centros penales.

logos MAS y EDHLa ONU no aceptó esta respuesta. Hace unos días, mandó al país a su Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales. Luego de muchas reuniones y experticias, ella confrontó al presidente con el mismo examen y la misma exigencia: las “medidas extraordinarias” son violatorias a los Derechos Humanos y tienen que ser suspendidas. Las ejecuciones extrajurídicas tienen que ser castigadas.

Por segunda vez, el gobierno mandó al carajo a Naciones Unidas. No solo insiste en que la Asamblea le autorice un año más de “medidas extraordinarias”, sino plantea que deberán convertirse en ley permanente. Y siguen desmintiendo que en nuestro país existen ejecuciones extrajurídicas, a pesar de que son documentadas por medios de comunicación, la Procuraduría de DDHH e incluso la Fiscalía.

Por suerte la última palabra no la tiene el presidente y mucho menos su ministro de Seguridad. La última palabra la tiene la Asamblea. Solo ustedes pueden decretar la prolongación de este Estado de Excepción que el gobierno aplica al sistema penitenciario, suspendiendo derechos garantizados en la Constitución, en la Ley Penitenciario y en convenios internacionales. Derechos no solo de los internos, sino de sus familiares, sus hijos, y sus defensores.

Si el gobierno quiere echarse encima la condena internacional, ustedes pueden y deben corregir este error. Pueden evitar que El Salvador quede marcado como país violatorio de los Derechos Humanos. Por esto es imperativo que no aprueben nuevamente las “medidas extraordinarias”, porque obviamente no han cumplido su razón de ser: resolver una emergencia.

No tienen por qué aceptar el paquete cerrado que el gobierno les mandó. Pueden abrirlo y examinar cada una de las medidas. Pueden aprobar el bloqueo los señales telefónicas en los penales, y suspender las medidas que han sido condenadas por los representantes de Naciones Unidas: el encierro total que provoca epidemias de tuberculosis y equivale a prácticas de tortura; la restricción absoluta del acceso a aire y sol y de las visitas de familiares, y las restricciones ilegales al derecho a la defensa.

No se hagan cómplices de prácticas que ya han sido condenadas por las instancias internacionales. Saludos,

44298-firma-paolo

Al lado del camino. De Ricardo Avelar

Si alguien decide estar al lado del camino, podrá creer —como lo decía la canción que lleva precisamente ese nombre— que es “más entretenido y más barato”. Pero no. Con esa apatía solo se contribuye a un país más injusto.

ricardo avelarRicardo Avelar, 24 noviembre 2017 / El Diario de Hoy

Como muchos países de la región, en el marco del fin de la Guerra Fría, El Salvador inició un importante proceso que poco a poco ha permitido que una democracia electoral sustituya las décadas de autoritarismo.

Pese a que nominalmente los salvadoreños podían acudir a las urnas con normalidad, el fantasma del fraude, la represión a las fuerzas opositoras y los dados cargados hacia el oficialismo volvían las elecciones meros formalismos y fachadas democráticas.

EDH logDurante los últimos 28 años es innegable el avance en construcción de instituciones y la renovada confianza en algunos procesos democráticos. Sin embargo, parece que nos estamos estancando y, peor aún, que hay retrocesos en apariencia mínimos pero significativos. Y no me refiero a que un partido u otro quiera cooptar el poder, pues en ese respecto tanto ARENA como el FMLN en diferentes momentos han vuelto “lo público” material de capital político —y económico a veces— para su partido.

Los retrocesos que me preocupan tienen que ver más con la aceptación de la democracia y la promoción de derechos humanos en el país.

Por un lado, la falta de efectividad en la implementación de políticas públicas para reducir los principales problemas del país generan una idea de que la democracia y sus procesos no son suficientes o incluso son muy lentos para las urgentes necesidades de gran parte de la población, como lo evidencian las últimas mediciones de Latinobarómetro, por ejemplo.

Si bien el problema está bien identificado (la falta de soluciones), no son la democracia y sus instituciones sus causantes per se. La falta de transparencia, la perenne corrupción, la idoneidad en asignar cargos técnicos y el nepotismo facilitan el desvío de fondos públicos y el funcionamiento a medias del Estado. Todas estas son áreas de profundización democrática y no sustitutos, como algunos, motivados por la desafección y el desencanto, quisieran creer.

Por otro lado, el respeto a los derechos humanos en el país es una deuda pendiente. En una entrevista publicada por este medio, un connotado miembro del Cuerpo Diplomático expresa algunas de esas preocupaciones con elocuencia.

Las salidas no institucionales al fenómeno de violencia —que facilitan grupos de externinio y promueven más odio en la sociedad— así como una pobre discusión sobre formas de promover una sociedad más inclusiva, los derechos sexuales de las mujeres y derechos de la comunidad LGBT+ nos hacen reflexionar sobre lo limitados que son los frutos de la democracia en el país.

El marco más básico de la democracia salvadoreña existe, pero es endeble y limitado. Si no lo robustecemos con mayor institucionalidad y políticas orientadas a atender con mayor énfasis a quienes han sido sujetos de exclusión sistemática estamos en riesgo de volver a una ficción de bienestar y a una mera sustitución de élites políticas de cuando en cuando.

En este sentido, tenemos dos opciones: o nos involucramos o permanecemos al lado del camino. Si nos involucramos, hagámoslo bien, promovamos discusiones en temas espinosos, cuestionemos a quienes pretenden liderarnos y no bajemos nunca nuestros estándares. Básicamente, no dejar de joder pero tampoco de proponer.

Si, por otro lado, alguien decide estar al lado del camino, podrá creer —como lo decía la canción que lleva precisamente ese nombre— que es “más entretenido y más barato”. Pero no. Con esa apatía solo se contribuye a un país más injusto, donde los olvidados se alejan más de los frutos de la democracia y donde las élites políticas duermen cómoda e impunemente pues sus pecados nunca serán expuestos.

Se nos ha dicho por mucho tiempo el cuento de la polarización y nos hemos situado como víctimas de las posiciones mezquinas de los principales partidos. Pero el seguirlos votando ciegamente, y el optar por el lado de farándula y no el contenido de la política y sus aspirantes nos vuelven también victimarios.

El Salvador inició una era importante de democratización cuando algunos grupos se sentaron a pactar una salida pacífica a los problemas del momento. E hicieron bien. Sin embargo, las tribulaciones del presente son más complejas y requieren más manos a la obra y más mentes discutiendo.

En resumen, que el único “al lado del camino” que disfrutemos sea la canción de Fito Páez.

@docAvelar

PDDH aplaude las medidas extraordinarias, aunque cree que violan los derechos humanos

 40 líderes de clica de la MS 13 fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, el 22 de junio de 2017. El Ministerio de Justicia y Seguridad argumentó la acción, debido al incremento de homicidios en el mes de junio. Los 40 pandilleros fueron trasladados del centro penal de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Foto: Víctor Peña

40 líderes de clica de la MS 13 fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, el 22 de junio de 2017. El Ministerio de Justicia y Seguridad argumentó la acción, debido al incremento de homicidios en el mes de junio. Los 40 pandilleros fueron trasladados del centro penal de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Foto: Víctor Peña

El informe de la Procuraduría de Derechos Humanos concluye que a la sombra de las medidas extraordinarias en seguridad pública y al cabo de un año de su aplicación, ocurrieron severas violaciones a los derechos humanos y se desató una “grave crisis” en el sistema penitenciario. Sin embargo, la procuradora aplaude los resultados y se adhiere a la versión de que la reducción de homicidios está directamente relacionada con dichas medidas.

Nelson Rauda Zablah, 6 julio 2017 / EL FARO

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) ha revelado un informe en el que se narra toda una colección de violaciones a los derechos humanos en las calles y cárceles del país, como consecuencia directa de la puesta en marcha de las medidas extraordinarias para combatir a las pandillas, pero la procuradora Raquel Caballero desafía la lógica de la información que la institución ha recogido y ratifica su apoyo a la política de seguridad que más define a la administración de Salvador Sánchez Cerén.

el faroLas medidas extraordinarias han provocado una grave crisis de salud en centros penales, violaciones al debido proceso y el incumplimiento de la obligación de rehabilitar personas que tiene el sistema penitenciario. Además, las denuncias por violaciones de derechos humanos de policías y soldados aumentaron inmediatamente después de que las medidas entraron en efecto. Esas son las conclusiones del “informe preliminar sobre el impacto de las medidas extraordinarias para combatir la delincuencia”, que tiene fecha de junio 2017 pero fue difundido el 4 de julio.

Las medidas extraordinarias consisten en limitar al máximo los derechos de los internos en las cárceles que albergan pandilleros, en eliminar visitas familiares, suspensión de audiencias judiciales, periodos de encierro permanentes en las celdas, y el aislamiento total de la comunicación electrónica en las zonas donde se ubican las prisiones. Fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa en abril de 2016. En febrero de este año, la Asamblea prorrogó las medidas por un año más y la procuradora Raquel Caballero endosó su apoyo a esa decisión, al decir que estaba “interpretando el sentir de la gran mayoría del pueblo salvadoreño”.

En el mismo informe en el que señalan violaciones a los derechos humanos, la PDDH aplaude a la estrategia del segundo gobierno del FMLN: “la cantidad de homicidios fue reducida significativamente en el periodo que llevan vigentes las medidas extraordinarias”. Sin embargo, el análisis no demuestra por qué la reducción de homicidios tiene una relación causal con las medidas, e ignora otros factores que inciden en la violencia, como las decisiones propias de las pandillas. Además, la disminución de homicidios no se vio correspondida con reducciones en otros delitos que la PDDH midió: extorsión, lesiones, desaparecidos, amenazas, violaciones y robos.

Verónica Reyna, subdirectora del Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), cree que a la Procuraduría le falta claridad en este informe. “No creo que el informe muestre que el Estado ha recuperado el control de los centros penales, ni siquiera que logre relacionar con datos objetivos que estas acciones sean las que han provocado la disminución de homicidios”, asegura Reyna. “Que el resto de delitos siga en los mismos promedios y que el número de denuncias estén disminuyendo, probablemente por falta de confianza en las instituciones, muestra que las medidas no están teniendo el impacto deseado, además de que son inhumanas y permisivas ante los abusos”, agrega.

El informe señala responsabilidades a la Dirección General de Centros Penales, por poner en riesgo la vida y la salud de los reos y empleados penitenciarios; a la Fiscalía General de la República, por su desinterés en investigar los casos de muertes ocurridos en las cárceles; y a la Policía Nacional Civil y el Ejército, por el aumento de denuncias de “ejecuciones extralegales, amenazas, malos tratos, tortura, detención ilegal e intimidación”.

Según el informe de la PDDH “las medidas extraordinarias sí afectaron negativamente la esfera de derechos humanos de la población, ya que el número de denuncias recibidas por esta Procuraduría aumentó luego de su implementación”. Como muestra, en marzo de 2016 la PDDH recibió 43 denuncias contra la Policía y 16 contra el Ejército. Al siguiente mes, cuando iniciaron las medidas, la cantidad de denuncias contra la Policía aumentó a 114 y a 23 contra el Ejército.

Screen Shot 2017-07-09 at 7.39.50 PM

Pero la Procuraduría contradice sus propios hallazgos. Por ejemplo, en una sección justifica el incremento de denuncias como “las quejas por afectación a los derechos de las personas privadas de libertad” que generaron más de 2 mil intervenciones de la PDDH en las prisiones.

Además, la postura de la PDDH contradice convenios internacionales de derechos humanos a los que El Salvador está suscrito. Por ejemplo, la situación de “necesidad o emergencia” invocada por las medidas extraordinarias no justifica “evadir el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las personas privadas de libertad”. Esa es una obligación que El Salvador asumió en marzo de 2008, al suscribir los “principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe también omite cifras que evidencian el efecto de la estrategia represiva de las medidas extraordinarias. Por ejemplo, el aumento en el número y la letalidad de enfrentamientos armados entre policías y pandilleros, según datos del Observatorio de Derechos Humanos Rufina Amaya, del SSPAS. En 2014, hubo 256 enfrentamientos con 112 víctimas. En 2015, hubo 676 enfrentamientos con 459 víctimas, 406 de ellas identificadas como pandilleros. Y el año pasado, pese a que hubo casi 300 enfrentamientos menos con 407 casos, la cantidad de víctimas incrementó a 618, 96 % de ellas identificadas como supuestos pandilleros.

El documento también omite analizar los datos de policías y militares acusados por homicidio que pasó de 49 policías y 10 militares en 2014, a 357 policías y 72 militares en 2016.

Verónica Reyna, subdirectora del Observatorio del SSPAS, dice que “el informe no es coherente con la realidad, ni con lo que el mismo informe retrata. La procuradora mostró su respaldo a estas medidas sin valorar estos elementos que recoge el informe, y el mismo informe hace un esfuerzo por no criticar lo que analiza. Además, me preocupa que tarden siete meses en publicar un informe sobre datos de 2016”.

Las medidas no han servido para recuperar las cárceles

Supuestamente, las medidas servirían al Ejecutivo para dos propósitos: retomar el control de las cárceles y evitar la planificación de delitos al interior de ellas. El informe de la PDDH evidencia que lo primero no pasó y que nunca se presentaron “estudios técnicos sobre los cuales se ampare la idea de que los delitos más graves se organizan y dirigen desde el interior de las cárceles”.

Entre enero y noviembre de 2016, 47 personas fallecieron en las prisiones: 16 fueron asesinados, 19 por enfermedad o causa natural y 12 de quienes no se ha especificado la causa de muerte. La PDDH considera “inaceptable” que no se haya disminuido drásticamente la cantidad de personas fallecidas y responsabiliza a Centros Penales por no “mantener una mejor vigilancia y una mejor atención de las condiciones de seguridad y de las necesidades sanitarias de la población reclusa”, aún después de implementar los encierros permanentes.

La Fiscalía General no ha considerado en estos casos “ninguna responsabilidad de parte del Estado por negligencia y omisión en atender la salud de los internos”, según la PDDH, y por ello “no se realiza ninguna investigación y todos esos hechos quedan en absoluta impunidad”. Ninguno de estos casos ha sido judicializado, aunque eso es menos sorprendente en un país que solo lleva uno de cada 10 homicidios a tribunales. Este incumplimiento también es violatorio de los principios de la CIDH.

 Pandilleros del Barrio 18, internos del penal de Cojutepeque, durante una misa oficiada por el obispo castrense, Fabio Colindres y el nuncio apostólico Luigu Pezzuto, el 26 de marzo de 2012 . Recinto que fue cerrado el 16 de junio de 2016. Foto: Víctor Peña

Pandilleros del Barrio 18, internos del penal de Cojutepeque, durante una misa oficiada por el obispo castrense, Fabio Colindres y el nuncio apostólico Luigu Pezzuto, el 26 de marzo de 2012 . Recinto que fue cerrado el 16 de junio de 2016. Foto: Víctor Peña

La PDDH concluye que existe una “grave crisis de salud al interior de los centros penitenciarios” en los que se están aplicando medidas extraordinarias, es decir: Zacatecoluca, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque, Chalatenango y Ciudad Barrios. Los casos de tuberculosis se multiplicaron por cuatro a partir de la implementación de las medidas. Pero la PDDH admite que ese dato es inexacto, porque no toma en cuenta “los casos que no han sido descubiertos o los que no se están atendiendo”. Por ejemplo, en el centro penal de Quezaltepeque la PDDH dice que si las brigadas médicas cubren los sectores ocupados por los cerca de mil miembros de la facción Revolucionarios del Barrio 18, no alcanzan a atender los sectores que ocupa la otra facción del Barrio, los Sureños, de un número similar.

En 2016, el departamento de Verificación Penitenciaria de la PDDH recibió 675 quejas de internos por falta de asistencia médica.

Pero además del problema de tuberculosis, las enfermedades que han incrementado incluyen problemas mentales, de la piel y del sistema digestivo como la “colitis nerviosa, ansiedad, agresividad, cuadros neuróticos y enfermedades psicosomáticas”. En el caso de las enfermedades mentales, el problema se agrava porque solo hay dos psiquiatras disponibles en el sistema penitenciario para toda la población de reclusos, que para el mes de junio de 2017 era de 38,338 personas.

Screen Shot 2017-07-09 at 7.41.13 PM.png

La subdirectora del Observatorio de SSPAS afirma, a partir de estas revelaciones, que los centros penales son “espacios institucionalizados de tortura”. Esta visión coincide con lo que hace cinco años dijo el entonces director de Centros Penales, Douglas Moreno, a El Faro, cuando aseguró que “nadie se rehabilita en un escusado“. Para Reyna, el principal objetivo del gobierno con estas medidas no ha sido retomar el control de las cárceles, sino un mecanismo de castigo contra los pandilleros, especialmente los involucrados en planificación de atentados contra policías y militares.

El Faro también consultó sobre el rol de la procuradora a Nelson Flores, un abogado con 24 años de experiencia en el trabajo de derechos humanos y exdirector del centro de estudios penales de El Salvador. Flores opina que la procuradora Caballero “está jugando a  ser gallo-gallina” con su postura respecto a las medidas extraordinarias. “En una violación a derechos humanos usted no puede decir: ‘mire, si le va a pegar, péguele suavecito’. Independientemente del tipo de violación de derechos humanos, la Procuraduría debe actuar de forma enérgica”, afirma Flores. “Ella no está jugando el papel que le corresponde. Debería ser más protagonista y no solo sacarse fotos y hacer declaraciones de manera muy intermedia”, agrega.

El informe de la PDDH arroja luces sobre cómo son este tipo de castigos. Por ejemplo, procuradores detectaron que pandilleros de la MS y de la facción Revolucionarios del Barrio 18 no reciben sol tres veces por semana, sin procedimientos de individualización de conductas. Después de implementadas las medidas, la Dirección de Centros Penales no proveyó artículos de aseo personal a todos los reos y algunos estuvieron solo con ropa interior durante un mes. El informe también  detalla el uso de “celdas de seguridad” para personas que las autoridades consideran en riesgo, pero no hay información sobre su “funcionamiento, mecanismo de utilización y qué condiciones de habitabilidad presentan”.

Otra manera en que Centros Penales pone en riesgo a los reclusos y hasta a sus mismos empleados es con la utilización de la “inteligencia penitenciaria”. De acuerdo con la PDDH, funcionarios penitenciarios solicitan la ayuda de algunos internos, que consiste en infiltrar estructuras criminales y trasladar información a las autoridades. Sin embargo, no adoptan ninguna medida para protegerlos, pese al riesgo que implica el ser tildado como delator.

A pesar de que se detectaron casos de encierro permanente hasta por tres meses, la Procuradora no desaconseja su implementación: solo pide que se individualice a quienes deben permanecer bajo esa condición. Reyna piensa que “la PDDH debería de constatar, caso por caso, si estas medidas son realmente en función del control del nivel de peligrosidad o se utilizan como forma de intimidación, pero de manera inmediata debería exigir el cese de este tipo de acciones”.

A través de la oficina de prensa de la PDDH, El Faro pidió una reacción de la procuradora Caballero. Si el informe certifica violaciones a derechos humanos, dentro y fuera de las cárceles a raíz de las medidas extraordinarias, “¿por qué la Procuradora apoya las medidas y no recomienda que se cambien?”, preguntó este períódico. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.

“Venezuela clama por una esperanza”: Pedro Nikken

El experto en Derechos Humanos Pedro Nikken es venezolano, pero no es un desconocido en El Salvador. En 1991/92 fue asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas Pérez de Cuellar para el proceso de paz en El Salvador. Luego ejerció como Relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos de El Salvador. Aquí sus opiniones sobre las opciones de salida politica del conflicto venezolano.

Segunda Vuelta

Pedro Nikken retratado por Roberto Mata

Entrevista de Hugo Prieto, 11 junio 2017 / PRODAVINCI

Quizás no valga la pena insistir en una salida negociada al conflicto que vivimos en Venezuela. Pareciera que la suerte está echada, que nos encaminamos a un desenlace, pero no a un arreglo. Son muchas las cosas que juegan en contra, la escalada en las calles, las violaciones a los Derechos Humanos y, especialmente, el atentado del presidente Maduro en contra de la Constitución, son obstáculos formidables. Difíciles, sino imposibles de superar.

Si hay algo que anotar, sería lo siguiente: Lo que ocurre nos los buscamos nosotros mismos. La anomia, la violencia desenfrenada, la desinstitucionalización, el vaciamiento de la república. Esta hora oscura que lo ensombrece todo. Digamos, que ya tenemos suficientes razones para sentir vergüenza. ¿Ahora qué? ¿Vamos al baño de sangre? ¿A la guerra civil? ¿No es suficiente? ¿Nadie va a decir basta? Aquí hay unas claves y una visión de un venezolano que tuvo el privilegio de asistir, y de alguna manera participar, en el milagro político que significó el arreglo en El Salvador. Pedro Nikken, quien además es abogado y experto en Derechos Humanos.

¿Cómo caracteriza la situación política actual?

En este momento, estamos viviendo el paroxismo de la polarización. No necesariamente porque haya penetrado a la totalidad del país, pero sí creo que la furia política está hoy mucho más presente que lo que estaba hace un año. Esa furia ha venido in crescendo a partir de las elecciones legislativas de 2015. A raíz del resultado del 6-D, el gobierno se percató de que había perdido la mayoría popular y necesitaba, por todos los medios, gobernar sin Asamblea, lo que no había hecho nunca en los últimos 20 años y, además, ingeniárselas para seguir en el poder sin tener la mayoría. Eso dio pie a una mayor distorsión de las instituciones. La Asamblea Nacional, por ejemplo, fue ignorada y desapareció violando a todas luces la Constitución y cualquier sentido de organización del Estado. Las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional vienen a consagrar lo que ya se estaba haciendo. Creo que no tienen mucho sentido. Supongo que se hicieron para lavarse la cara ante hipotéticos inversionistas internacionales y aprobar, por vía del TSJ, los créditos que se estuviese solicitando. Digamos, esa fue la gota que derramó el vaso. Yo digo siempre que cuando eso ocurre, no hay que ponerle mucha atención a la gota sino al vaso, ¿No? La gota puede ser cualquier cosa, como lo fue el aumento de la gasolina en febrero del 98. Entonces, se ha creado un movimiento de protesta, de rebelión, invocando el art. 350 de la Constitución. No dudo que el derecho a la rebelión exista, pero ese derecho sólo se materializa si la rebelión triunfa. No es problema jurídico sino de hecho.

Más allá de un problema jurídico o político, la rebelión es una expresión de fuerza. Sencilla y llanamente es la expresión más primitiva de la política.

Dentro de las distintas explicaciones que hay para los Derechos Humanos, la que me parece a mí más interesante es la que los caracteriza como la herramienta que descubrió el hombre para luchar contra la opresión. La historia de la humanidad es una lucha continua contra la opresión, y es desde esa lucha que se han abierto grandes senderos históricos. Allí están la revolución francesa, la revolución mexicana, la revolución rusa. Fueron todas grandes luchas contra la opresión, pero también momentos en los que florecieron los Derechos Humanos. Por eso cualquier fórmula de gobierno que entrañe una forma de opresión está condenada al fracaso y a suscitar violencia.

En diciembre de 2016 la sociedad venezolana estaba postrada por el fracaso, por el robo, del referéndum revocatorio. La sensación era que esto se acabó. Pero la gota que rebasó el vaso (las decisiones 155 y 156 del TSJ), plantea una interrogante. ¿Por qué el gobierno cometió ese error? Pudiera ser, tal como lo señala, por el tema financiero. Lo cierto es que el chavismo no había cometido una equivocación tan gruesa, ¿Cuál es su interpretación?

Es un autogol, según le he oído a algunos amigos cercanos al gobierno. Claro, aquí no gana el que mete más goles, sino el que encaja más autogoles. Yo creo que en parte obedece a que los asesores jurídicos del gobierno son muy limitados en su creatividad. Lo digo porque es una cosa totalmente burda, que no puede resistir el análisis de nadie ni podía ser defendida de ninguna manera. Por eso suscitó la reacción que suscitó. A lo mejor es muy ingenuo lo que voy a decir, muy simplista, pero en ciertos sectores de la izquierda comunista, el derecho es visto como una frivolidad pequeño burguesa y teniendo un TSJ que puede decir lo que es legal y lo que no lo es, basta con que los magistrados se pronuncien para que eso quede “legalizado”. Resulta que eso no es así, no es verdad, porque existen otro tipo de análisis, existe el fraude a la ley, por ejemplo, existen figuras jurídicas y políticas que desnudan una situación de esta naturaleza. Yo creo que en parte es una consecuencia del desprecio que hay por el derecho en algunas élites chavistas.

Dirigentes de la oposición afirman que esto no tiene nada que ver con la polarización, y sustentan su opinión diciendo que el 80% de los venezolanos no expresa ninguna favorabilidad por el gobierno de Nicolás Maduro. Este país, por tanto no se “divide en dos partes iguales”. La oposición tiene la mayoría en la calle, pero no tiene los resortes del poder. ¿Cuándo usted habla de polarización cómo lo contextualiza con estos señalamientos?

Primero. Hay que ser muy cuidadosos con el juego de mayorías y minorías, que son necesariamente fluctuantes. Segundo. En la hipótesis que fuera 80 a 20, que no sé si es demasiado optimista por parte de la oposición, de todas maneras son dos polos. ¿O es que el 20% de la población venezolana es despreciable? En tercer lugar, uno de los problemas que el chavismo tuvo desde su origen es considerar que la mayoría era título de legitimidad para hacer cualquier cosa. Resulta que eso no es verdad. Hay cosas, entre otras, la dignidad de la persona, la tolerancia, el derecho a existir de cada uno y de cada grupo que están fuera del ámbito de las mayorías. Chávez, al calificar de escuálidos y con desprecio a quienes se le oponían, sembró una semilla fatídica. Esa semilla no puede permanecer enterrada, especialmente si las cosas cambian. Si estamos frente a dos grupos, uno de los cuales tiene que imponerse sobre el otro estamos perdidos. Eso sería disparate histórico, es un disparate político, un disparate moral y también un disparate jurídico. Tenemos que encontrar una forma de romper la polarización haciendo balances y encontrando puntos de convergencia. Pareciera que no existieran, claro, las voces que se escuchan vienen de los extremos.

Sistemáticamente ignoramos esa advertencia. No se avizoran cambios, a pesar de la profundidad de la crisis y de que la realidad política es muy distinta.

Más allá de que los discursos sean moderados o no, en las calles se está produciendo una batallas tremendas, ¿Cómo consecuencia de qué? Ah,  la Guardia Nacional reprime de tal manera que invita a una contraofensiva. Así se produce una escalada sobre la cual, en algún momento, nadie va a tener el control. Vimos al ministro Padrino López requerirle a la Guardia Nacional moderación, que se atengan a la ley en la represión, lo cual demuestra que ellos también están perdiendo el control. Yo no estoy muy seguro de que la oposición tenga el control de estos muchachos a quienes llaman escuderos, cada uno de ellos me parece un institutos autónomos, pueden estar insuflados de una gran valentía, de una gran pasión, pero nosotros no vamos a resolver esto a fuerza de adrenalina.

pedronikkenxrobertomata-7403

Pedro Nikken retratado por Roberto Mata

Venezuela, en términos económicos, políticos e institucionales, está totalmente desmadrada, creo que no hay otro término. Pero pareciera que eso no es relevante. Lo que realmente importa es cuál de las dos fuerzas se impone. ¿Cuál es su visión?

Primero. El que una fuerza se imponga totalmente sobre la otra no es una solución, es un desenlace. Si el presidente Maduro logra imponer su constituyente a trocha y mocha, transforma el Estado y destituye a todo el mundo y crea un Estado comunal, va a abrir otro frente de resistencia frente a ese Estado comunal. Va a sumar más gente en contra. Si, en cambio, la oposición pretende aplastar al chavismo e inicia una cacería de brujas y lanza un gobierno de arbitrariedad, pues empieza otro problema, la resistencia del chavismo o del madurismo. Pero en todo caso, no será nada despreciable lo que va a ocurrir. Esa idea de que una fuerza puede aplastar a otra es una ilusión, es la ilusión del combatiente, del autoritarismo. Quizás eso pueda valer en una guerra internacional como cuando aplastaron a la Alemania Nazi.

O en una guerra civil como la de España.

Sí pero con qué resultado. Una dictadura interminable. Como dijo Antonio Machado. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Eso es lo que nos espera, si una de las dos Venezuelas se impone sobre la otra. Tenemos que darnos cuenta de que esta es la casa de todo el mundo. Es verdad que tenemos casi 20 años desacostumbrados a esa idea, donde a muchos de los que nos hemos opuesto al régimen, con distintas tonalidades, nos han hecho saber que no somos prácticamente venezolanos, que somos apátridas, que somos gente de segundo. Eso no lo vamos a resolver volteando la tortilla. La mayoría no es título de legitimidad para hacer cualquier cosa. Para eso está el estado de derecho, cuyas reglas fijan los límites del poder. Y eso no lo pueden romper las mayorías. Por ejemplo, los casos de amnistías aprobadas por referéndum, como ocurrió en Uruguay. Garantizaron la impunidad de una serie de asesinos con un referéndum ¿Qué pasó? Siguió la lucha y al final, tanto la Corte Suprema de Justicia de Uruguay como la CIDH declararon la nulidad de ese referéndum y hubo que volver a empezar. Entonces, el régimen de mayorías no es blindado cuando es injusto.

La oposición ha reiterado tantas veces los motivos que la llevaron a la calle: el reconocimiento de la AN, la apertura del canal humanitario (alimentos y medicinas), la liberación de los presos políticos y el cronograma electoral. Se produjo esta reunión en la cárcel de Ramo Verde y se habló de la oferta a Leopoldo López de casa por cárcel. Quizás era el punto de partida de una negociación, pero todo esto terminó siendo una suerte de globo de ensayo y no hay conexión ninguna.

Creo, finalmente, que el gobierno armó todo este lío, con errores, con abusos, con ambas cosas; y debería dar un paso muy claro para subsanarlo. Creo también que el gobierno, no sé si conscientemente, pareciera que sí, trató de usar la ronda anterior de negociaciones para crear problemas dentro de la oposición y para usarla como una tribuna, cuyo objetivo era demostrar que estaban dispuestos a negociar y además,  le estamos ganando a la oposición. Al final de cada ronda, Jorge Rodríguez, que es un hombre muy inteligente, muy elocuente, daba una demostración de cómo el gobierno se había “impuesto” a la oposición, lo cual, con el debido respeto, me parece una verdadera tontería. La negociación es exactamente algo donde ninguna de las partes le gana a la otra, sino que las dos salen de acuerdo. Si lo presentas así, estás matando el proceso. Y yo creo que ese fue uno de los grandes errores.

No hemos visto “el paso claro” del cual usted habla. No hemos visto nada de nada.

No, todo lo contrario. La convocatoria a esto que Maduro llama una constituyente es agravar la crisis. Es echarle gasolina al fuego. Sin embargo, sin saber lo que allí pasó, el hecho de que dos personas de tan alta jerarquía dentro del oficialismo hayan ido a visitar a Leopoldo López a mí me parece que es un buen signo, algunas cosas se pueden hacer, algunas cosas pueden moverse. Pero yo no quisiera especular sobre lo que ocurrió allí. Sin embargo, es un buen signo.

Cualquiera de los polos que demuestre la mínima disposición, diría incluso, la mínima racionalidad, ese es condenado inmediatamente, pasa al tribunal disciplinario, al ostracismo, al gulag. ¿Cómo se puede abordar un conflicto, si cualquier aproximación es inmediatamente descalificada?

Hay que hacer varias cosas, creo yo. La primera. Hay que ponerse muy imaginativo. La historia de la política y de la diplomacia está llena de negociaciones imposibles. Sin embargo, se abren. Un caso paradigmático es la guerra de Vietnam. O el paso que dio el Rey Enrique IV de Navarra que dijo París bien vale una misa y se convirtió al catolicismo con tal de llegar a la corona de Francia. Hay cosas que parecen muy raras y muy difíciles, pero que terminan resultando posibles. Yo he tenido la suerte de ver algunas. Las negociaciones de paz en El Salvador para mí fueron un ejemplo de milagro político. Había gente de lado y lado que no quería un acuerdo, pero había un núcleo al que yo le di un nombre, las fuerzas del bien, de lado y lado, que efectivamente estaban presionando para que se llegara a un acuerdo. Se dieron posiciones muy flexibles en un escenario muy difícil. Por ejemplo, en la mesa estaba el rector de una universidad, cuyo padre había sido secuestrado por la guerrilla y del otro lado estaba la guerrillera responsable del secuestro. Ahí si hay polarización de verdad y rabias acumuladas. Pero se entendieron.

Aquí estamos esperando a que el milagro ocurra en las calles. Que la batalla de un giro inesperado a favor de la oposición. Un milagro ante la mirada de todo el mundo.

Yo creo que todavía hay espacio para la imaginación y para la creatividad. Efectivamente, la oposición ha tomado las calles y debe seguir en ellas, porque no le han dejado otra alternativa, todos los espacios se han cerrado. El gobierno ha cerrado todo, la Asamblea, los tribunales, el CNE, saboteó y no se tomó en serio el proceso de negociación con el arbitrio del Santo Padre y de los ex presidentes. Entonces, alguien tiene que surgir. No sé cómo podría arrancar una nueva ronda de negociación, pero tendría que ser de una manera distinta.

En Venezuela, exiliados chilenos de diversos partidos políticos, se reunieron en la Colonia Tovar para fijar una estrategia frente a Pinochet, la llamada Concertación en su fase germinal. Está el tema de El Salvador, que además tuvo un episodio culminante en Ciudad de México. ¿Cómo es que nosotros no tenemos imaginación política? ¿Cómo es que estamos empantanados en esta interminable crisis?

Estamos todavía enfrascados en episodios de desconfianza que a veces parecen hasta infantiles. Si usted quiere llegar realmente a un entendimiento, vamos a sentarnos a ver en qué consiste. Voy a decir algo que a estas alturas no creo que sea una indiscreción. En El Salvador establecí una buena relación con las dos partes. Un día le pregunté a un comandante guerrillero. ¿Qué los movió  a ustedes a esto? Me dijo. Había entre nosotros una discusión sobre el destino de la lucha armada y un día, el rector de la Universidad de los jesuitas, el padre Eyacuria, nos convocó a requerirnos que dejáramos la lucha armada, transcurrieron meses discutiendo eso, la estrategia alternativa, cómo nos podíamos convertirnos en una referencia política y cómo iba a ser la estrategia de negociación. De ahí en adelante, todo lo hicimos de acuerdo a esa hoja de ruta. Eyacuria nos reunió y se fue. Pero nos obligó a discutir. Aquí, por el contrario, hay un punto en el que creo que estamos fallando. Pareciera que la oposición no tiene tiempo para sentarse a discutir. Están tan capturados por la calle, por la lucha política de todos los días, que no hay un cerebro común elaborando lo que se debe hacer. Por ejemplo, no sé si todos los puntos que ha presentado la oposición, sin duda todos justos, tengan la misma jerarquía. ¿Qué es primero? ¿El canal humanitario o la liberación de los presos? ¿El respeto a la Asamblea o el cronograma electoral?

pedronikkenxrobertomata-7298

Pedro Nikken retratado por Roberto Mata

Si no hay una jerarquización, por decir lo menos, no hay una claridad en los objetivos que se están buscando. Esa falla de origen no se la pueden atribuir al chavismo.

Aquí hay un problema. Se ha perdido el foco de lo que debería ser esencial. En cierta forma, ya puede haber pasado el tiempo, por el atentado de Maduro a la Constitución. Lo que debió plantearse, no como objetivo de negociación, sino como hoja de ruta es cómo garantizar que la Constitución del 99 se aplique, se cumpla, de aquí a las elecciones de 2018, en forma congruente con su texto y con su espíritu. Que haya elecciones regionales. Que Maduro gobierne hasta el final de su mandato. Ahora parece que todo se centra en unas elecciones anticipadas. Ese puede ser su deseo. Pero eso no es lo que dice la Constitución. Entonces, hay que calarse a Maduro hasta que culmine su mandato presidencial. Entonces sí, asegurarse, como objetivo de la negociación, que a partir de las elecciones de 2018, cualquiera sea el resultado, haya una transición hacia otra cosa, con un pacto de gobernabilidad, que se asegure la garantía de que se van a respetar los resultados electorales y que, de perder el chavismo en las urnas, no va a haber una cacería de brujas. Esos tendrían que ser los objetivos de una negociación para darle estabilidad a este país.

Quizás lo que está diciendo podría traerle todo tipo de descalificaciones. ¿Está consciente de eso? Seguramente, saldrá alguien a pedir juicio popular.

¿Qué me importa? Yo creo que si la lucha no tiene otro objetivo que tumbar al gobierno, no habrá sino un desenlace muy sangriento. El gobierno no se va a dejar tumbar y si lo tumban, no te digo yo en qué se van a traducir los linchamientos. Un país no se puede construir sobre la base del odio y del miedo desatado. A mí no me importa decirlo todas las veces que tenga que decirlo. Tiene que haber alguien que lo diga. Yo no dirijo a nadie, a duras penas me dirijo a mí mismo.

Vamos a dejar de lado ciertas pretensiones, vamos a poner el pie en la dura realidad que estamos viviendo. Si no hay esa negociación, si no hay esa aproximación, yo diría que la calle no va a resolver este problema. ¿Usted qué piensa?

Pienso lo mismo, eso es una prueba de fuerza que puedes ganar o perder. Pero independientemente del resultado, no resuelves el problema. El problema está en convertir a Venezuela en un país y no en el desmadre que hay, no en la inopia en la que estamos. Y no vamos a construir un país con un desenlace de una pelea de barrio. Esto tiene que resolverse de otra forma. De lo contrario vamos a una catástrofe. A una intervención militar que será muy costosa para todo el mundo. O a una guerra civil o a una situación de anarquía total, pero a nada que se le parezca a un país coherente. Es más, ¿Qué pasaría si Maduro y El Aissami aparecen en televisión está noche y dicen renunciamos? ¿Va a haber unas primarias en la oposición para saber quién va a ser el presidente? ¿Qué plan de gobierno se va a seguir? ¿Cuáles son los primeros pasos que dará ese nuevo gobierno, aparte de liberar los precios y restablecer la Asamblea, en concreto para gobernar a Venezuela? ¿Qué es lo que se va a hacer? Venezuela necesita, clama, por una esperanza. Una esperanza no se crea a carajazos. La rebelión es un derecho, pero tienes que tener la alternativa clara.

Este es un reclamo persistente, un punto dilemático, crucial, que sigue pendiente. Una causa del desespero y la frustración.

En la oposición no se ha articulado la opción política, ¿Cómo se arma un gobierno que rescate al país? ¿Cuál va a ser la política económica de urgencia? ¿De dónde se van a obtener los recursos extraordinarios para sostenerlo? ¿Cómo se va a resolver el problema del hambre y la escasez a través de la cooperación internacional? ¿Cómo se va a reestructurar la justicia sin incurrir en los mismos vicios que potenció el chavismo? ¿Cómo se va a armar el Estado y cuál es la visión de estadista que hay? Yo no veo esa visión de la transición. Nadie la dice. Y eso me parece que es suficientemente significativo.

Uno no ve la visión que tuvo Ernesto Cedillo para restarle poder al PRI dentro del PRI. O la imaginación que tuvo Fernando Henrique Cardoso en Brasil para superar la larga dictadura que ensombreció a ese país. Ni nada parecido a los acuerdos de la Concertación en Chile.

Se tragaron el sapo crudo de tener a Augusto Pinochet como comandante general del Ejército y luego como senador vitalicio.

Aquí todos hablan de la fuerza que se tiene que imponer a la otra. Ojalá sea esta misma noche, pero nadie habla de los sapos que tienen que tragarse.

Así es. Eso a mí me inquieta mucho, pero creo que no es imposible de armar, si pudiera aparecer una mediación fuerte y muy discreta, para que no se coman vivo a nadie sin que haya un resultado. Pero yo sí creo que es perfectamente posible idear un paquete de soluciones que comprenda un gobierno de transición, pero que sea digerible para el madurismo y más para el chavismo. No es imposible, pero hay que aguzar la imaginación, hay que inventar cosas. La historia del arreglo en el Salvador es una historia de esta inventando e imaginando todos los días. La primera comisión de la verdad, por ejemplo, salió de allí. Se utilizaron distintas fórmulas para lograr la reforma constitucional, en discusiones que duraron cinco semanas en Ciudad de México. Reforma que aprobó la Asamblea saliente y luego la entrante, en menos de una semana.

Usted es experto en materia de Derechos Humanos. A los manifestantes se les está abriendo juicio en tribunales militares. ¿Nadie sabe cuál es el estatus legal de esos detenidos? ¿En qué punto estamos?

En una ruptura completa. Primero. La vigencia del estado de derecho es una condición en sí misma para que los Derechos Humanos puedan existir y materializarse, algo similar podría decirse de la democracia y de la autodeterminación o de la justicia social. Segundo. La cooptación de la justicia por parte del gobierno y su partidización. Tercero. Si la Fiscal General se muestra crítica frente al camino legal que está siguiendo el gobierno, con la aprobación del TSJ, inmediatamente pierde la confianza y no es ella quien lleva la acusación penal, tal vez no se anima a acusar, porque considera que no se ha cometido un delito, pero entonces se acude a la justicia militar. Por amor de Dios. Recordarás la frase de Clemenceau después del juicio a Dreyfus. Es que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música.

¿De verdad el gobierno tiene una intención de negociar y resolver este conflicto políticamente?

Creo que hay dos tendencias, una abierta a la negociación y otra que ha resuelto que el final de esto va a ser operático. O ganamos y vencemos o morimos con las botas puestas. Una solemne tontería, porque finalmente, si el chavismo nació con la pretensión de quedarse, si opta por ese camino está condenado a extinguirse. Sea porque lo derroten de una vez o porque triunfe y se extinga a posteriori, porque sería un perfecto desastre. Entonces, es no tener perspectivas políticas, no de perder el poder, sino de volver a conquistarlo si lo pierden. Ese es el defecto de estrategia por parte del gobierno. Seguramente habrá quien cometió delitos graves, pero no creo que eso sea todo el gobierno y mucho menos todo el chavismo. ¿No decían ellos No volverán? Y ahí tenían a Henry Ramos, presidente de la Asamblea e incluso con aspiraciones de poder.

Vea una entrevista que Paolo Luers le hizo
a Pedro Nikken en Caracas en junio 2010:
“Está en peligro el concepto mismo de República”

Carta de renuncia del director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. De Paolo Luers

Paolo Luers, 9 mayo 2017 / MAS! y EDH

Señor presidente:
Le transmito la carta de renuncia de Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que este señor no tiene el valor de escribir. Le recomiendo aceptar su renuncia para minimizar el daño que sus imprudentes declaraciones están causando a su gobierno.

Atentamente,


Excelentísimo señor presidente:

Con la presente le pido aceptar mi renuncia irrevocable. Cometí el error de expresar, en un acto público de mi institución, mis firmes convicciones, sin pensar en las consecuencias que esto iba tener a su gobierno; sin pensar en que un fiel funcionario aplica estos lineamientos, pero nunca los expresa en público.

Me refiero a mis palabras en el cierre de un curso sobre tácticas operativas: “Ustedes no van a disputar territorio a los criminales. Aquí no hay disputa. Ustedes van con la legitimidad del Estado a ejercer soberanía, a ejercer legitimidad en el cumplimiento del deber que en sus manos ha depositado la institución (…) Ahí que no les tiemble la mano. Ahí no hay manera en estar pensando que hay derechos humanos de por medio, que si hay crítica de la prensa o de los organismos internacionales”.

Usted sabe que esto es lo que enseñamos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, aplicando las doctrinas definidas por su gobierno. Nosotros declaramos la guerra a las pandillas y uno no declara una guerra sin la voluntad de ganarla, cueste lo que cueste.

No renuncio porque esté en desacuerdo con este lineamiento de su gobierno. Renuncio porque cometí el error al hablar de esto en público y así comprometer su gobierno.

El director general de la PNC, y el ministro de Justicia y Seguridad, ya se vieron obligados a defenderme y a interpretar que solamente estaba hablando de situaciones de defensa propia. Sabemos que esto no es cierto y que de hecho la doctrina que en la Academia inculcamos a los policías es que no se dejen confundir por los discursos de derechos humanos, que las mismas pandillas y sus defensores están usando para desprestigiar a los cuerpos de seguridad y su accionar.

Nuestro ministro Mauricio Landaverde ya ha dejado bien claro ante la opinión pública que las denuncias de violación de derechos humanos son parte de la estrategia de las pandillas. Siento mucho que mis imprudentes declaraciones hayan puesto en duda las palabras del señor ministro y dado argumentos a los falsos defensores de los derechos humanos.

Quiero cerrar esta carta expresándole que con gusto aceptaré un nombramiento como embajador o para dirigir alguna superintendencia.

Me despido recomendándole que su gobierno maneje el asunto de los grupos civiles armados con la prudencia y discreción que lamentablemente no supe aplicar al asunto de los derechos humanos.

Atentamente, Jaime Martínez

Reprobados en derechos humanos. De Mario Vega

Deberíamos comprender que algo grave está ocurriendo con las fuerzas de seguridad y que, en lugar de resolver un problema de violencia, lo estamos convirtiendo en dos.

Mario Vega, pastor general de ELIM

Mario Vega, 24 marzo 2017 / EDH

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer recientemente su informe sobre los derechos humanos de 2016. En relación a El Salvador, el informe recopila informaciones que reflejan el poco aprecio que a la vida humana se le da en nuestro país. El informe habla tanto del irrespeto a los derechos humanos que hacen los miembros de pandillas como los miembros de las fuerzas de seguridad. En relación a los primeros, el informe dice: “Los principales problemas de derechos humanos se derivan de la extorsión generalizada y otros delitos en comunidades pobres de todo el país”. Más adelante añaden: “Cada pandilla tiene su propio territorio controlado. Los miembros de las pandillas no permiten que las personas que viven en una zona controlada por otra pandilla entren en su territorio, incluso cuando viajan en transporte público. Las pandillas obligan a las personas a presentar tarjetas de identificación (que contienen sus direcciones) para determinar adónde viven. Si los miembros de una pandilla descubren que una persona vive en el territorio de una pandilla rival, esa persona podría ser asesinada, golpeada o impedida de entrar en el territorio”.

En relación a las fuerzas de seguridad, el informe afirma: “Durante el año no hubo informes verificados de que el gobierno o sus agentes hubieran cometido asesinatos por motivos políticos. Sin embargo, hubo reportes de involucramiento de las fuerzas de seguridad en asesinatos ilegales. A partir de octubre, el Fiscal General estaba investigando 53 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. Uno ocurrió en 2013, ninguno en 2014, 11 en 2015 y 41 en 2016. La Fiscalía anunció también la formación de un Grupo Especial contra la Impunidad, dedicado a investigar este tipo de delitos. Hasta marzo, la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH) había recibido 12 denuncias de presuntos asesinatos ilegales cometidos por agentes de seguridad, militares y otros funcionarios públicos, y encontró pruebas sustanciales en dos casos. En septiembre, la PDDH declaró que tenía conocimiento de aproximadamente 50 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales. De enero a julio, la Oficina de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que 12 oficiales de la PNC fueron acusados de homicidio. Todos, menos uno de los presuntos homicidios, fueron cometidos mientras los oficiales acusados estaban de servicio”.

Cuando se habla de violaciones a los derechos humanos las personas se inclinan a reconocer como tales los cometidos por las pandillas, en tanto que los cometidos por las fuerzas de seguridad se consideran como justificados, a pesar que los niveles de crueldad y arbitrariedad utilizados son similares. Por la misma razón, se acusa sin mayor reflexión de aliados o de miembros de pandillas a las personas, organizaciones e iglesias que señalan los abusos de las autoridades. Esta vez, el señalamiento lo hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos, del cual nadie sensato afirmará ser un aliado de las pandillas. Más bien, deberíamos comprender que algo grave está ocurriendo con las fuerzas de seguridad y que, en lugar de resolver un problema de violencia lo estamos convirtiendo en dos. En la medida que la población resulta víctima de uno u otro bando, la desesperanza aumenta y eso es muy peligroso para el país. No podemos darnos el lujo de perder la esperanza, estamos aún a tiempo para reaccionar.

Justicia interrumpida: Paramilitares en Colombia, presos privilegiados en Estados Unidos

 Hernán Giraldo Serna pasó de ser el Patrón en Colombia a prisionero en Estados Unidos. Los paramilitares extraditados con Giraldo han recibido un tratamiento relativamente indulgente. Credit Todd Heisler/The New York Times

Hernán Giraldo Serna pasó de ser el Patrón en Colombia a prisionero en Estados Unidos. Los paramilitares extraditados con Giraldo han recibido un tratamiento relativamente indulgente. Credit Todd Heisler/The New York Times

Deborah Sontag, 9 septiembre 2016 / THE NEW YORK TIMES (Read in English)

NEW YORK TIMESCALABAZO, Colombia — Delgado pero imponente, con lentes de aviador, bigote poblado y sonrisa de dientes inmensos, Julio Henríquez Santamaría lideraba una reunión con miembros de esta comunidad cuando un grupo de paramilitares lo puso en la parte de atrás de una camioneta Toyota y lo secuestró.

Así desapareció para siempre el 4 de febrero de 2001.

Henríquez había estado organizando a los campesinos para que sustituyeran sus cultivos ilegales de coca por cultivos como el cacao, algo que el gobierno colombiano actual defiende como una de sus estrategia antidrogas al mismo tiempo que trata de acabar con una guerra civil que ha sido alimentada por el narcotráfico.

Pero a Hernán Giraldo Serna, o a sus hombres, no les gustaba esta estrategia. O no les gustaba Henríquez.

Ya muy lejos de aquellos tiempos en los que cultivaba marihuana a pequeña escala, Giraldo se había convertido en el Patrón, un capo de la droga y comandante paramilitar. Su misión ya había evolucionado de una lucha contra la guerrilla hasta convertirse en una empresa criminal y asesina que controlaba gran parte de la costa norte colombiana.

Henríquez no fue su única víctima; Giraldo, conocido como el Taladro por el apetito voraz que sentía por niñas menores de edad, tenía víctimas de todo tipo. Pero Henríquez fue su víctima emblemática. Y su familia fue lo suficientemente tenaz para perseguir a Giraldo incluso después de que, junto a otros 13 líderes paramilitares, se lo llevaran de Colombia a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 para afrontar acusaciones por narcotráfico.

Fue una extradición en medio de la noche que dejó al país atónito, que interrumpió de manera abrupta un proceso de Justicia y Paz en el que se acusaba a varios hombres de cometer una serie de atrocidades. La guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, por petición del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se impuso sobre los esfuerzos que el país desarrollaba para hacer frente a los crímenes contra la humanidad que habían marcado a toda una generación.

Los defensores de las víctimas dijeron que era como exportar a “14 Pinochets”. La familia de Henríquez, mientras tanto, pedía que al menos uno de ellos rindiera cuentas por la sangre colombiana vertida sobre la cocaína que había llegado a Estados Unidos.

Bela Henríquez Chacín, de 32 años, es la hija de Julio Henríquez y planea dar una declaración cuando sentencien a Giraldo en Washington el mes que viene. “Esperamos que el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años se logre, que las cosas no queden en la impunidad”. Algunos expertos creen que los Henríquez serán la primera familia extranjera a la que se le dará la oportunidad de declarar en un caso por narcotráfico en Estados Unidos.

Si será más que un acto simbólico aún está por verse. Los hombres extraditados con Giraldo han recibido un tratamiento relativamente indulgente para ser narcotraficantes importantes que, además, han sido acusados de terrorismo por cometer masacres, desapariciones forzadas y desplazar a pueblos enteros.

Una vez que los paramilitares colombianos (varias docenas en total) hayan cumplido las condenas que tienen en Estados Unidos, la media de su estancia en prisión será de siete años y medio, según los cálculos de The New York Times. Los líderes extraditados habrán cumplido un máximo de 10 años de media por haber introducido en Estados Unidos toneladas de cocaína.

En comparación, las personas acusadas de vender crack y cocaína en la calle, no más de 25 gramos, cumplen en torno a 12 años de cárcel en Estados Unidos.

Es más, para algunos traficantes colombianos, la sentencia puede rendir un dividendo importante: un permiso de residencia en Estados Unidos. Aunque las autoridades colombianas tienen acusaciones formales contra ellos, dos ya tienen autorización para quedarse en Estados Unidos junto con sus familias. Tres más han pedido el mismo beneficio y se supone que varios más lo harán.

Alirio Uribe, diputado en el congreso de Colombia, dijo que “en los tiempos de Pablo Escobar, solían decir que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, pero ahora quizás la extradición sea más beneficiosa para ellos”.

Durante 52 años, con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno colombiano ha vivido atrapado en un conflicto armado feroz con la guerrilla. Aunque al principio impulsó a los paramilitares en calidad de aliados, décadas después les retiró su apoyo. Mucho después de que hubieran sido cooptados por los terratenientes y los carteles. Antes de la desmovilización, por el 2005, los paramilitares ya igualaban a la guerrilla en cuanto a tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Ahora, ocho años después de la extradición de los paramilitares, el gobierno de Colombia ha llegado a un acuerdo de paz con sus enemigos mortales, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El 2 de octubre el país votará sobre el acuerdo y, mientras tanto, hay un debate, polarizado, sobre crimen y castigo para las Farc que se alimenta de los errores cometidos durante la desmovilización de los paramilitares.

Nadie defiende ahora que se deje la justicia del país en manos de Estados Unidos.

Pero el capítulo de la historia paramilitar de Colombia no se ha cerrado y contiene muchas páginas en blanco, según María Teresa Ronderos, autora de Guerras recicladas, una historia del paramilitarismo colombiano. “Nadie sabe lo que le sucedió a esos hombres”.

Giraldo hace bolsos con envoltorios de papas y se los vende a los otros presos por “siete pollos”, es decir, siete porciones de pollo de la bodega de la prisión. Credit Todd Heisler/The New York Times

Durante años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó los casos de los extraditados en secreto, no solo impidiendo el acceso a documentación básica para comprenderlos, sino ocultando información e incluso borrando a acusados como Giraldo de los sumarios.

A través de entrevistas, información legal abierta recientemente al público, transcripciones, documentos internos del gobierno e información obtenida de Colombia y Estados Unidos, hemos examinado los casos de 40 paramilitares extraditados y de algunos de sus socios.

La mayoría, según hemos descubierto, fueron premiados generosamente por declararse culpables y cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales en Colombia, y se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas —aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos desde el interior de esos penales—.

Por ejemplo, Salvatore Mancuso, de quien el gobierno dijo que “podría bien ser uno de los traficantes de cocaína más prolíficos que ha sido juzgado en Estados Unidos” y a quien la justicia colombiana cree responsable de la muerte o desaparición de más de mil personas.

Según el acuerdo al que llegó con las autoridades, recibiría entre 30 años de condena y cadena perpetua. Gracias a su amplia colaboración con las autoridades, los fiscales, uno de los cuales describió a Mancuso durante una entrevista como “siempre un caballero ante mí”, pidieron solo 22 años. Un juez federal lo condenó a poco más de 15 años. Al final habrá pasado poco más de 12 años tras las rejas en Estados Unidos.

‘Lo peor de lo peor’

“Es una locura”, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la clínica de derecho internacional humanitario de la Universidad de California en Berkeley, que representa a la familia Henríquez. “Estos individuos son lo peor de lo peor. Capos de la droga y criminales de guerra. ¿Por qué deberían recibir beneficios legales?”.

Las autoridades de Estados Unidos creen que las extradicciones tuvieron sentido en una coyuntura histórica determinada y “demostraron a los colombianos que no existía nadie intocable”, tal y como lo explica uno de sus funcionarios.

Varios fiscales federales respondieron a Altholz diciendo: “Vamos a acabar con ellos, no importa cuál sea el motivo”.

Para ella y otros defensores de los derechos humanos, sí importa: los crímenes contra la humanidad se llevaron por delante al narcotráfico y Estados Unidos podría haber juzgado a esos hombres por tortura, por ejemplo. O podría haberle dado una oportunidad a la justicia transicional colombiana.

Giraldo será el último de los paramilitares extraditados en ser condenado.

Aunque las autoridades de Estados Unidos dijeron que sería improbable que The New York Times tuviera acceso a él, tras pedirle permiso a Giraldo, a su abogado, a la prisión, a un fiscal y a un juez federal, una reportera y un fotógrafo lograron encontrarse con él en una cárcel de Virginia, en agosto.

Vestido con un holgado mono azul marino, el Patrón, que ahora tiene 68 años, parece una versión desmejorada de quien un día fue temible. Cabello gris, más delgado, de caminar lento. Pasa los días haciendo carteras con bolsas de papas fritas y vendiéndoselas a otros presos por “siete pollos”, es decir: siete raciones de pollo del economato de la cárcel.

“Mire”, dice con orgullo, tirando de una de las correas hechas con papel de aluminio. “Son de doble costura”.

Poco antes de la medianoche del 12 de mayo de 2008, a Giraldo lo despertaron bruscamente en una cárcel de Barranquilla, le dijeron que hiciera una maleta pequeña y lo subieron a un avión con destino a Bogotá. No le explicaron nada más.

Una vez allí, encadenado, con las manos atadas a la cintura y grilletes, lo subieron a un avión de Estados Unidos junto a una buena representación de los paramilitares colombianos. Volaron rodeados de un silencio aplastante, enfadados porque el presidente de la mano dura, con quien “compartían ideología” en palabras de Giraldo, había roto su promesa de no extraditarlos.

Tras años de negarse a entregarlos, el presidente Uribe había hecho una petición urgente a Estados Unidos: ¿esos líderes paramilitares? Llévenselos. Inmediatamente.

Quería que se los llevaran después de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia cerrara sus puertas por la tarde y antes de que las abriera de nuevo la mañana siguiente, según un funcionario estadounidense que aceptó hablar bajo anonimato. El presidente Uribe dijo que tenía miedo de que la corte bloqueara las extradiciones si no las hacían a toda prisa.

Estados Unidos se puso manos a la obra. Era una operación de logística complicada. Necesitaban, en el testimonio del funcionario, “mover a hombres desde las cuatro esquinas de Colombia a un solo lugar y después el avión tenía que despegar con todos a bordo antes de que la Corte abriera al día siguiente”.

En un momento dado, según la versión del funcionario, la autoridad antidrogas de Estados Unidos tenía seis aeronaves en funcionamiento para trasladar a los hombres desde Bogotá a Guantánamo, en Cuba, y de ahí a tribunales en Texas, Florida, Washington y Nueva York.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos hizo un despliegue de esa magnitud para complacer a un presidente de Colombia que probablemente tenía sus propias motivaciones?

“La política que dirigió el comportamiento de la administración de George Bush fue la de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Ni los derechos humanos ni las atrocidades ni los crímenes contra la humanidad cometidos por esos bastardos les han costado un solo día de cárcel en Colombia. ¿Qué haces si de la noche al día recibes un regalo del presidente de Colombia, 14 narcotraficantes? Les das la bienvenida”.

Es una historia de delitos que se mezclan con geopolítica. Colombia es el aliado más cercano a Estados Unidos y el principal receptor de ayuda de toda la región. La alianza de ambos países se basa en la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo.

Tanto la guerrilla como los paramilitares financiaban sus actividades traficando con droga, cobrando “impuesto de guerra” y como grupos de seguridad de los narcotraficantes que operaban en las zonas bajo su control. Las agencias antidrogas se centraron primero en las narcoguerrillas. Los paramilitares, que eran enemigos en la guerra contra las drogas, estaban desde un punto de vista técnico en el mismo bando que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en la guerra civil.

Desde el año 2000, cuando se creía que los paramilitares ya habían cometido al menos 75 masacres, Washington cambió de política.

El 10 de septiembre de 2001, justo un día antes de poner su atención en otro lugar, Colin Powell, Secretario de Estado, designó a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia como organización terrorista, al igual que las Farc.

Las acusaciones de tráfico de drogas contra importantes líderes paramilitares llegaron enseguida y Uribe, elegido presidente en 2002 con la promesa de aplastar a la guerrilla, utilizó la amenaza de la extradición para forzar a los paramilitares a que dejaran las armas.

Continue reading the main story Photo

Fotos de Julio Henríquez Santamaría en el Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá Credit Tomás Munita para The New York Times

Al contrario que su predecesor y su sucesor, Uribe utilizó la extradición como un arma de lucha contra el crimen. “Los bienes de mayor valor con los que Colombia y Estados Unidos comerciaban eran el café, la cocaína y los acusados por crímenes por ambos países”, según Robert Feitel, abogado de Giraldo.

Pero durante años, Uribe mantuvo una excepción con respecto a los paramilitares con el argumento de que quería darle una oportunidad al proceso de Justicia y Paz.

La ley de Justicia y Paz inicial fue blanda. Un editorial de The New York Times de entonces la calificó como “impunidad para asesinos de masas, terroristas e importantes traficantes de cocaína”. Pero en 2006, la Corte Constitucional de Colombia la endureció y le otorgó un papel central a las víctimas al incrementar la pena máxima hasta 8 años de cárcel en caso de confesiones completas y reales.

Para consternación de Uribe, los paramilitares comenzaron a confesar no solo sus crímenes de guerra sino sus vínculos con sus aliados y parientes. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, responsable de investigar a los legisladores, adoptó una actitud agresiva contra la “parapolítica” que implicó a muchos miembros de la coalición del presidente.

Uribe pasó al contraataque y acusó a los jueces de izquierdismo y de conspirar contra él. Su agencia de inteligencia grabó de manera ilegal conversaciones de los miembros de la corte suprema y otros jueces. Negó saber algo de eso.

Entonces, en abril de 2008, Mario Uribe, primo del presidente y exsenador por nombramiento presidencial, fue detenido por conspirar junto con escuadrones de la muerte paramilitares.

Unas semanas más tarde, Colombia despertó con las fotos de los paramilitares embarcando en aviones de Estados Unidos.

“El país entero entró en shock”, dijo Miguel Samper Strouss, quien fue viceministro de justicia a cargo de la justicia transicional. “Fue como si hubieran extraditado la posibilidad de conocer la verdad y de que se hiciera justicia y se reparase a las víctimas”.

En 2008, el proceso de Justicia y Paz, lento y lleno de problemas, se había convertido en algo real. Unas 200.000 víctimas se habían registrado para participar, se habían confesado miles de crímenes y se habían exhumado miles de fosas.

Silencio e impunidad

En público, Uribe justificó la interrupción del proceso con el argumento de que los hombres seguían desarrollando sus actividades ilegales desde la cárcel.

Los propios comandantes creían firmemente que Uribe los había enviado a Estados Unidos para silenciarlos. Y muchos de los defensores de las víctimas pensaban lo mismo.

“Ellos iban colectivamente a entregar testimonios que comprometían a Uribe directamente”, dijo el senador Iván Cepeda, fundador del influyente Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). “Además entraron a sus celdas, donde ellos tenían sus computadoras, sus USB, y se llevaron todo, desapareció todo el trabajo que ellos habían venido haciendo y todas las pruebas que le iban a presentar a la justicia”.

“Esas extradiciones marcaron un antes y un después”, continuó Cepeda. “Si el propósito era realmente lograr el silencio y lograr la impunidad, se consiguió en un alto grado. Solamente hasta hoy se comienza, después de tantos años, a tener un resultado”.

En una cárcel al norte de Virginia, los demás colombianos se ponían de pie cuando Giraldo entraba en la clase de inglés. Afilaban sus lápices y le daban papel, recuerda el director, Ted Hull.

Si no fuera por esos detalles, los funcionarios de la prisión no habrían sabido con quién trataban. Que ese prisionero de edad avanzada que sufría de ciática y hablaba con las manos porque nunca logró ser fluido en inglés, fue una vez líder de una organización paramilitar con unas 4000 víctimas en la memoria y unas 1800 violaciones serias de los derechos humanos. Dicen que ahora Giraldo es el tipo de reo dócil que cruza las manos a la espalda incluso cuando no está esposado.

Pero incluso aquí, en territorio que controlaba Giraldo, desde el bullicioso mercado del puerto de Santa Marta hasta las colinas de la Sierra Nevada, pasando por la costa del Caribe, sigue siendo esa especie de padrino de sombrero y foulard al cuello cuya presencia aún se siente.

“Este señor desde que se desmovilizó dejó en la zona estructuras armadas protegiendo el territorio”, dijo Priscilla Zúñiga, asesora de seguridad del alcalde de Santa Marta. “No hemos dejado desde el 2006 hasta el 2016 de tener presencia armada ilegal en la zona. Ahora se llama el clan Giraldo”.

Zúñiga habla desde la oficina ubicada en el mercado, que cuenta con una estación policial para señalar que el gobierno trata de recuperar el control de la zona de manos de los hombres de Giraldo que aún tratan de cobrar extorsiones por protección en su nombre.

Esa fuerte presencia policial sorprende a los visitantes pero, en general, la región trata de esconder su historia manchada de sangre, la amenaza que aún sigue ahí, presente. Es casi imposible imaginar los cuerpos enterrados en fosas clandestinas tras este paisaje de postal en el que montañas con picos cubiertos de nieve se yerguen sobre playas con palmeras y flotan botes de pesca en aguas cubiertas de helechos mientras grupos de mujeres lavan la ropa.

Desde el principio, la historia de Giraldo, reconstruida a partir de entrevistas, registros judiciales, documentos del gobierno y su propia confesión, se cruza con la guerra civil colombiana. Nació en 1948, el año que dio inicio a la década del baño de sangre que se conoce hoy como La Violencia.

No parecía destinado al liderazgo. Estudió hasta la secundaria y dejó su casa para trabajar en fincas. Su abogado, a quien le gusta recalcar la frase, dice que incluso ahora Giraldo sigue siendo “un campesino de corazón, el tipo de persona que quiere levantarse de madrugada y trabajar la tierra bajo el sol”.

Pero en los años setenta, Giraldo comenzó a formar parte de “la bonanza marimbera”, el boom de la marihuana que precedió al de la cocaína. Organizó un sistema de transporte en mulas que recogía la marihuana en zonas aisladas y la llevaba hasta la costa.

La primera vez que tuvo que cometer un acto violento fue cuando su hermano menor fue asesinado durante un asalto en el mercado de Santa Marta. Para vengarlo, contrató a un grupo liderado por un tal Drácula y seis hombres murieron. Fue el principio de un largo proceso de limpieza social para eliminar “indeseables”. Ladrones, prostitutas, homosexuales, mujeres infieles, brujas e izquierdistas.

Cuando Drácula fue asesinado, Giraldo se quedó con su negocio. Heredó sus intereses en la naciente industria de la cocaína que controlaba entonces el Cartel de Medellín. Transformó su grupo de seguridad en una milicia cuando las Farc trataron de poner pie en su territorio e intentaron asesinarlo tres veces.

Un mercenario israelí entrenó a sus hombres y para practicar lo aprendido masacraron sindicalistas bananeros en fincas que se suponía eran bastiones guerrilleros.

Giraldo fue arrestado como responsable de las masacres. Y ahí cayó en el radar de Estados Unidos, identificado en un cable diplomático como un “asesino de alto nivel del Cartel de Medellín”, cuya detención “muestra que las autoridades colombianas no se hacen de la vista gorda respecto a los crímenes cometidos por la derecha”.

Fue condenado a 20 años de cárcel. Pero para ese momento se había exiliado en la remota Sierra Nevada. Desde allí gobernó sobre el territorio bajo su control durante más de dos décadas, protegido por un grupo de 200 hombres y por familias de la élite y sus dependientes, según las autoridades.

Según Zúñiga, “él no usaba un campamento como tal, como en la guerrilla. Su campamento era la comunidad porque él era parte de la comunidad, entonces las casas eran sus casas, las fincas eran sus fincas”.

“A pesar de ser, para nosotros como institución, un delincuente, para las comunidades siempre fue visto con mucho respeto, y no solamente respeto por miedo sino respeto por la organización que le dio al territorio, porque había mucha ausencia de Estado en la zona”, agregó.

‘Ya comenzaba a violar niñas’

Cuando la hija mayor de Henríquez, Nadiezhda se encontró por primera vez con Giraldo, lo que vio fue su mejor lado, casi benigno, el de una autoridad local. Entonces era profesora y apreciaba que Giraldo resolviera conflictos entre su pequeña escuela y los pescadores que la utilizaban para almacenar su material.

También se dio cuenta de su lado más siniestro. Perdió a sus tres alumnas cuando su madre las envió lejos para protegerlas de la voracidad del Patrón. “Ya comenzaba a violar niñas”, recuerda.

Como un señor feudal, Giraldo ejercía “una especie de derecho de pernada” sobre las niñas de la región, según un oficial de seguridad colombiano que no está autorizado a hablar con la prensa.

“Las personas buscaban acercarse a Hernán Giraldo y llevaban a sus hijas o le facilitaban que pudiera tener relaciones sexuales con sus hijas porque era la forma de salvaguardar su vida, porque mientras tengas vínculos con el jefe, te sientes protegido”, dijo el funcionario.

Cuando Giraldo dejó las armas, un fiscal le preguntó en una vista pública por qué le llamaban el Taladro. Se sonrojó, pero parecía orgulloso del apodo, dicen quienes estuvieron presentes. El fiscal le preguntó directamente si tenía que ver con su predilección por las vírgenes.

“Podría ser”, respondió.

Los fiscales colombianos comenzaron a examinar al detalle sus relaciones, comenzando por las madres de los 24 hijos que reconoce. Llegaron a llamar a Giraldo el “mayor depredador sexual del paramilitarismo”.

Durante el proceso de Justicia y Paz, aceptó la responsabilidad de 35 actos de violencia sexual, algunos cometidos por sus subordinados, incluida la violación de 11 menores de 14 años.

El sumario de los fiscales recoge los casos como una letanía de consentimiento no informado que formaba parte de una dinámica patológica.

Víctima Número 6: “Se tiene documentado que para el mes de octubre de 2004”, la chica visitó en varias ocasiones a una tía que trabajaba en al rancho de Giraldo. Pocos meses después “este le propuso que fuera su novia, propuesta que aceptó y el día 25 de diciembre mantuvieron sus primeras relaciones sexuales, cuando Yajanis apenas contaba con la edad de 13 años”. Él, 56.

Tras el análisis de certificados de nacimiento, Humanas Colombia, una organización feminista, calculó que al menos 13 menores de edad tuvieron hijos que fueron “producto de accesos carnales violentos” de Giraldo. Nueve de ellas tenían menos de 14 años cuando dieron a luz.

Algunas eran incluso demasiado jóvenes para quedarse embarazadas, como la hija de nueve años de sus cocineros. Adriana Benjumea, directora de Humanas, dijo que Giraldo le compró muñecas a la niña y le dijo que “no le diga nunca a su mamá porque la mato”.

Desde el mismo momento que inspectores de la policía llegaron a este lugar para investigar la desaparición de Julio Henríquez, se encontraron con un muro. “Desde el momento de nuestra llegada hasta la partida, se percibe la ley del silencio que impera allí”, dice un informe de la policía.

Giraldo, cuando era conocido como el Taladro, en febrero de 2006 Credit Armando Neira/Revista Semana

La mujer de Henríquez y su hija mayor se habían enfrentado a los mismos miedos cuando huyeron a toda velocidad hacia el pueblo después de recibir la llamada en la que se les informó que había sido secuestrado. “Déjalo ir”, les dijeron. Eso enfureció a Nadiezhda Henríquez, quien ahora es abogada de derechos humanos.

“Bueno, me matarán algún día, pero no es por miedo”, dijo durante una entrevista en Bogotá.

Su padre tampoco tenía miedo, explica, era un defensor de la naturaleza, decidido a trabajar junto a los campesinos y pescadores para retomar el control de la región de manos de los traficantes. En su propia finca, muy extensa, estaba creando una reserva natural, plantando árboles indígenas y arrancando la marihuana y coca que plantaban sin su consentimiento. No era moralista ni estaba contra las drogas, pero le preocupaba la deforestación que causaba el cultivo de coca, según recuerda su hija.

El pasado de Henríquez lo convertía en objetivo, según los documentos de la justicia colombiana. Giraldo defendió ante el tribunal que no tuvo nada que ver con el crimen, pero que había dado órdenes a sus hombres de que “todo lo que oliera a subversión fuera eliminado en esa zona”.

Henríquez había sido miembro de la guerrilla del M-19 aunque se había beneficiado de una amnistía concedida 17 años antes de su muerte. Su nuevo activismo (acababa de crear una organización no gubernamental llamada Madre Tierra) era una amenaza real, de aquí y ahora, según el testimonio del exparamilitar Carmelo Sierra.

‘La mafia no perdona’

“Es obvio que el señor Hernán no compartía eso, lo que el señor le estaba planteando a los campesinos, porque él es cultivador de coca y porque al invadir sus terrenos es motivo suficiente para matar a alguien”, dijo Sierra ante el juez. “La mafia no perdona”.

Sierra dijo que Giraldo envío a uno de sus hijos, el Grillo, para entregar un aviso: “Deja la ciudad o atente a las consecuencias”. Pero Henríquez no lo hizo. Así que siete de los hombres de Giraldo se alistaron una mañana, se vistieron de civiles y se encaminaron a la montaña para “hacer desaparecer al señor de la ONG”.

“Sinceramente, no sé qué pasó con él”, testificó Sierra. “Yo no sé si lo degollaron o lo descuartizaron. No sé cómo sería la muerte de él ni dónde lo enterraron”.

Ocho meses más tarde, agentes de la lucha antidrogas que investigaban las actividades de Giraldo fueron asesinados junto con un grupo de turistas y un empleado del hotel en el que se alojaban en la playa. Eso provocó una importante operación antinarcóticos y una guerra entre los paramilitares en la que el “Frente de la resistencia” de Giraldo fue derrotado por otro señor de la guerra, Rodrigo Tovar-Pupo.

Taganga, el pueblo donde vivía Julio Henríquez Santamaría con su familia, cerca de Santa Marta Credit Tomás Munita para The New York Times

En 2005, Giraldo y Tover-Pupo fueron acusados en Washington de conspirar para fabricar cocaína y enviarla a Estados Unidos. Según los fiscales, ellos y sus aliados estaban implicados en el envío de miles de kilos de cocaína que dejaron el norte de Colombia en lanchas rápidas con motores y combustible adicionales.

Un año más tarde, Giraldo —de mala gana, según las autoridades locales— dejó las armas en el proceso de paz con los paramilitares; 597 de sus hombres entregaron 73.000 cajas de munición.

En 2007, su abogado entregó las coordenadas que llevaron a las autoridades hasta los restos de Henríquez en una fosa común. Su hija Nadiezha asistió a la exhumación con su madre. Fue un momento esperado tras años de incertidumbre.

“Nunca pensé en que lo encontraría como lo encontramos: en una tumba del monte, todo tan verde, bajo un árbol, cerca de arroyos que se vuelven ríos, con el musgo y la piedra de la Sierra Nevada”, declaró Nadiezha como parte de su testimonio el jueves. “Con las manos amarradas atrás y dos tiros de gracia en la cabeza, con una ropa que no era de él, sin un zapato, sin un pie, sin parte de su boca. Solo huesitos”.

La familia de Henríquez no creía en el proceso de Justicia y Paz y presionó para que Giraldo fuera juzgado por la desaparición forzada ante una corte ordinaria. En 2009, después de su extradición, se le condenó en ausencia a 38 años y medio en prisión y a pagar una reparación de mil gramos de oro, unos 43.000 dólares.

Pero eso está fuera del alcance de la justicia colombiana.

Así que la familia decidió viajar a Estados Unidos para pedir justicia.

Pocos meses antes de que Giraldo llegara a Estados Unidos, fue transferido a la prisión de Northern Deck, donde cumplen condena traficantes mexicanos, pandilleros centroamericanos, yihadistas y combatientes colombianos de bandos enfrentados. Según Hull, el director del penal, se llevan bien.

“Para serte honesto, y no quiero que suene como que justifico el terrorismo, tanto los presos de las Farc como los de las autodefensas unidas, los paramilitares, son presos modelo”, dijo. “Lo entienden como ‘me agarraron y estoy fuera’, todos cooperaban” con las autoridades.

Ninguno de los paramilitares extraditados fue a juicio.

Casi todos tenían abogados defensores. Pero Giraldo decía que su familia era pobre y que “un amigo” era quien asumía el coste de su defensa en Estados Unidos. Las tarifas pueden ser altas: un documento del caso de Tovar-Pupo revela que pagó a su abogado 390.000 dólares.

“Los únicos que ganan en todo esto de la extradición son los abogados”, dijo Feitel, el abogado de Giraldo.

En la defensa de estos hombres, sus abogados estadounidenses hacían hincapié en el contexto político de los crímenes y los presentaban como luchadores por la libertad cuyo movimiento se corrompió por culpa del tráfico de drogas. Uno de los abogados de la defensa, en referencia al apoyo de Estados Unidos al Ejército de Colombia, llegó a decirle al juez que un famoso líder paramilitar llamado Carlos Jiménez Naranjo “fue inicialmente, y podemos decirlo abiertamente, financiado por nuestro propio gobierno”.

‘Buenas intenciones’

En alguna instancia, las autoridades parecían ver a estos hombres como “sustantivamente diferentes” a señores de la droga que se mueven exclusivamente por el beneficio, tal y como lo explicó el juez Reggie B. Walton en Washington en la sentencia contra Tovar-Pupo: “Luchaba contra un enemigo que creo, probablemente, que si ese enemigo hubiese ganado, no habría mejorado la calidad de vida de la gente en Colombia. Lo que quiero decir es que estaban implicados en actividades con ciertas buenas intenciones”.

Robert Spelke, un fiscal antidrogas federal retirado, la persona que dijo que Mancuso es un caballero, afirmó que “algunos de estos tipos eran realmente malos, pero no tanto”.

Y continuó: “A veces es difícil creer que hicieron lo que hicieron. Está claro que hicieron cosas asquerosas. Pero ya se sabe que eso es lo que pasa en las guerras civiles. Siempre quise pensar que puesto ante la misma situación, hubiera hecho las cosas de otra manera. Pero no lo sé”.

Altholz, que representa a los Henríquez, dice que ve una ironía en esto: “Estos individuos asumieron un papel en el combate contra el ‘demonio comunista’ representado por las Farc y su identidad paramilitar mitiga en vez de agravar sus casos”.

Un oficial colombiano dice que esperaba penas mucho más duras a cambio de perder a los hombres al sistema de justicia de Estados Unidos.

“Todos hicimos muchos sacrificios para perseguirlos”, dijo. “A mí me amenazaron. Desplazaron a unos compañeros míos. Después mataron a varios compañeros míos. Nosotros creíamos que la justicia estadounidense iba a ser más drástica. Creíamos que iban a recibir penas más justas con todo el daño que hicieron, por lo menos penas superiores a 20 años”.

En los casos examinados por The New York Times, las sentencias que pudieron revisarse (algunas están selladas) iban desde libertad condicional a 30 años. Pero “la sentencia cumplida” era más fácil de comprobar y porque muchos de ellos vieron sus sentencias reducidas a “sentencia cumplida”; se usó eso como parámetro para medir.

A cambio de su colaboración, muchos consiguieron reducciones de condena, algunas veces antes, otras veces después y otras veces tanto antes como después.

Hubo una excepción notable.

La fiscalía de Nueva York rechazó permitir que Diego Murillo Bejarano, Don Berna, pudiera cambiar información por beneficios de condena. Lo condenaron a 31 años. El único paramilitar que recibió una condena de más de 30 años además de él espera una reducción de entre el 35 y el 50 por ciento de la condena gracias a su cooperación, según sus abogados.

En una ocasión, un juez de Florida obstaculizó la idea de una segunda reducción de condena a un jefe paramilitar. Así se llega a una situación, según el juez William Terrel Hidged, en la que cualquier reducción de condena “tiende a denigrar la seriedad del comportamiento del sujeto acusado y amenaza con provocar que el público le pierda respeto a la administración de la justicia criminal”.

Cuando Herbet Veloza García, conocido como HH, fue condenado esta primavera en un tribunal federal en Manhattan, el fiscal lo llamó un “acusado extraordinario por su conducta criminal grave, pero también por su extraordinaria cooperación”.

En este caso, como en la mayoría, no es posible determinar con certeza el grado en que esa cooperación ha sido útil para el gobierno de Estados Unidos porque la información específica no es de acceso público. Pero Veloza, según Rubén Oliva, su abogado, “dio una confesión completa” que permitió su propia acusación y su “asistencia sirvió para dar varios golpes a varias organizaciones importantes y a las peligrosas y corruptas organizaciones establecidas para servirles”.

Refugio tras salir de prisión

El gobierno de Estados Unidos encontró a Veloza responsable de traficar más de 450 kilos de cocaína. Sentenciado a 11 años y medio, saldrá este otoño tras haber cumplido siete años y medio tras las rejas en Estados Unidos. Y entonces, pese “a todas las cosas horribles que has hecho a lo largo de tu vida”, como le dijo el juez William H. Pauley III, podrá “tener la oportunidad de comenzar de nuevo”.

Planea quedarse en Estados Unidos, según Oliva, aunque en Colombia le espera una sentencia del proceso de Justicia y Paz por 85 delitos entre los que se incluyen tortura y homicidio.

Hasta ahora dos paramilitares han conseguido que Estados Unidos se convierta en su refugio tras salir de prisión: Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuso, que pasó cinco años en prisión, y Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, que pasó casi siete.

Ambos tienen órdenes de arresto en Colombia; Sierra en relación con un asesinato, según la Fiscalía General en Colombia.

Sus familias han recibido asilo político al igual que la familia de un tercer paramilitar, Mauricio López Cardona, conocido como Yiyo, quien también ha pedido quedarse. Igual que Guillermo Pérez Alzate, extraditado con Giraldo y que ha cumplido menos de la mitad de su condena.

Como narcotraficantes condenados, estos hombres no pueden pedir asilo. Piden una forma de protección poco habitual contra una posible expulsión basada en la Convención contra la Tortura, y argumentan que serían torturados por su gobierno, que ahora dirige el presidente Juan Manuel Santos.

“No sugiero que el presidente Santos mienta”, dijo Oliva. “Pero estos hombres no sobrevivirían fuera del aeropuerto. Literalmente, los matarían al llegar”.

Samper, hijo de quien fuera presidente de Colombia en los noventa, dice que ese argumento “no es creíble”.

“Tenemos el mejor programa de protección individual del mundo reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

El líder paramilitar Salvatore Mancuso fue extraditado desde un aeropuerto militar en Bogotá a Estados Unidos en mayo de 2008. Credit Policía Nacional de Colombia, vía Associated Press

Como paramilitar y capo de la droga, Salvatore Mancuso fue un pez más gordo que Giraldo. Fue también, y a diferencia de Giraldo, un apologeta de verbosidad excesiva. Una vez que entró en el sistema de justicia transicional colombiano, habló y habló. Hasta lloriqueó cuando pidió perdón a sus víctimas.

Después fue extraditado y cuando había pasado casi un año se sintió impelido a actuar “para evitar el estancamiento y la desaparición virtual” del Proceso de Justicia y Paz. Al menos eso dijo en una carta llena de florituras a una extraña amiga —Piedad Córdoba—, senadora entonces por el Partido Liberal que había sido secuestrada por los paramilitares.

“Respetada senadora”, escribió. “La situación que se suscitó a partir de nuestra extradición ha generado un estado de indefensión, tanto para las víctimas, como para nosotros, los postulados”.

En algo parecido a un intento de reconciliación y verdad en privado, Córdoba, junto a defensores de las víctimas entre las que estaba Cepeda, viajaron a Estados Unidos para reunirse en la cárcel con Mancuso y otros paramilitares. Las autoridades no permitieron que The New York Times se entrevistara con él.

Cepeda dice que le preguntó directamente si sabía quién había asesinado a su padre, un senador de izquierda, en 1994. El líder paramilitar le dio nombres a él y a la fiscalía. Llevó seis meses organizar ese encuentro.

“Finalmente, un día se ordenaron las estrellas en el firmamento y fuimos con una fiscal colombiana y estaba alguien del Departamento de Justicia”, explicó. “Se logró obtener el testimonio, pero eso soy yo, que tengo posibilidad de hablar con el gobierno, hablar con el fiscal general, hablar con personas que están en Estados Unidos. Un campesino de una zona como Córdoba o de Antioquia, donde hay miles de personas que son víctimas, jamás van a poder hacer ese ejercicio”.

Los restos de Henríquez se encuentran en el mausoleo de la familia. En 2007, el abogado de Giraldo entregó las coordenadas que llevaron a las autoridades hasta sus restos en una fosa común. Su hija, Nadiezha, asistió a la exhumación con su madre. Credit Tomás Munita para The New York Times

El fiscal general de Colombia y los jueces se sumaron en la protesta contra el gobierno de Obama, que había heredado los casos. Creían que se estaba coartando la justicia. Como resultado de esa gestión, en 2010, el Departamento de Justicia creó un “plan de acceso” que prometía que una docena de paramilitares estarían disponibles para hacer entrevistas por video si ellos mismos aceptaban participar en el proceso, lo que era suponer mucho.

Las autoridades de Estados Unidos dicen que se realizaron al menos 500 entrevistas. Una quinta parte fue con Mancuso y, según un fiscal colombiano que testificó el año pasado, no sirvieron de tanto.

“En total, conseguimos más o menos el ocho por ciento de lo que teníamos que conseguir”, según el fiscal Giovanni Álvarez Santoyo, señalando que Mancuso ha sido acusado de 4800 “asuntos” que van de “asesinato a desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, violencia sexual, esclavitud sexual y delitos relacionados, como secuestro, terrorismo, robo y destrucción de propiedad”.

Es imposible saber si las cosas habrían sido diferentes si los líderes no hubieran sido extraditados. Si hubiera habido más verdad, si se habría hecho más justicia o más rápido, y si los grupos paramilitares habrían sido desmantelados con mayor o menos éxito.

Iván Velásquez, que lideró la investigación de la Corte Suprema por la corrupción de los paramilitares, dijo en un foro en Bogotá hace varios años que la verdad contada por los militares antes y después de las extradiciones no fue demasiada.

“Muchos de ellos y sus lugartenientes han reducido gran parte de su ‘colaboración’, como solemos llamar su obligación de decir la verdad, a relacionar de manera descontextualizada los homicidios cometidos, justificándolos por tratarse de guerrilleros vestidos de civil, mostrando fosas”.

Garantizar la “no repetición” de las atrocidades habría requerido de mucho más. “Que se revele los auspiciadores, financiadores, promotores, beneficiarios o usufructuarios de esas estructuras criminales que en muchos casos todavía permanecen intactas”, dijo Velásquez.

Durante la última década, 128 exparamilitares han sido condenados en el Proceso de Justicia y Paz de entre los más de mil detenidos, según el gobierno colombiano. Pero mientras el país se prepara para un nuevo proceso de justicia transicional para las Farc, el modelo de Justicia y Paz sigue presionando.

Al igual que las investigaciones sobre la parapolítica: este año, el hermano menor de Álvaro Uribe, Santiago, fue detenido por vínculos con un escuadrón de la muerte, Los 12 Apóstoles.

El expresidente también fue investigado el año pasado por sus propios vínculos con los paramilitares. Pero al final no se le acusó de nada. Ahora es senador y cree que la investigación contra él y su familia tiene motivaciones políticas. Uribe es el mayor crítico del proceso de paz con la guerrilla de su sucesor y acusa a Santos de lo que le acusaron a él en relación con los paramilitares: ofrecer impunidad a criminales de guerra.

“Ahora aparecen montones de víctimas en Colombia porque les dan dinero”, dijo Giraldo en una entrevista desde la cárcel en referencia a las reparaciones, que pocas víctimas han obtenido. Credit Todd Heisler/The New York Times

El presidente Santos ha dicho que espera que un dividendo del acuerdo de paz sea una reducción en el tráfico de drogas que financió el conflicto armado. Los cultivos de coca han seguido aumentando en Colombia, y en especial en los últimos dos años.

La extradición como panacea ya no tiene tanto favor del público como antes. En 2015, las extradiciones a Estados Unidos cayeron a la mitad, 109, de las que hubo el año en que se extraditó a los líderes paramilitares. Y el nuevo acuerdo, si los votantes lo aprueban, podría garantizar la protección contra la extradición de los líderes guerrilleros por tráfico de drogas.

“Si eso puede verse como una contribución de Estados Unidos al proceso de paz, bienvenido sea”, dijo Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia.

A principios de este año, dos mujeres jóvenes se aproximaron con cautela a las autoridades de Santa Marta. Habían decidido revelar que habían sido víctimas de la violencia sexual de Giraldo incluso después de su rendición y promesa de no volver a cometer crímenes. Tenían menos de 14 años y las habían llevado con Giraldo como visitas conyugales primero en una zona de detención especial de paramilitares y luego en una cárcel.

Sus acusaciones eran tan sensibles que ahora están bajo protección. “Este año, me tocó la protección inicial de las dos chicas que denunciaron y las sacamos de la zona debido a que los hijos de Giraldo iban a matarlas”, dijo Zúñiga, la jefa de seguridad de Santa Marta.

Giraldo dijo que eran mentiras.

“Ahora aparecen montones de víctimas en Colombia porque les dan dinero”, dijo en referencia a las reparaciones, que pocas víctimas han obtenido.

Si se prueban, esas acusaciones serían la base que serviría para denegar a Giraldo la sentencia de ocho años que obtendría bajo el amparo del proceso de Justicia y Paz. Afrontaría el resto de su vida en prisión. Si Estados Unidos decide enviarlo de vuelta.

Y eso es en lo que se apoyan los Henríquez.

Les llevó casi ocho años conseguir que Estados Unidos las aceptara como víctimas para poder participar en el caso de Giraldo. Sus abogados adoptaron un enfoque nuevo al argumentar que la ley de derechos de las víctimas de 2004 es aplicable. Explicaron que aunque Henríquez era una víctima extranjera de un crimen cometido en el extranjero, su crimen fue consecuencia de la trama de narcotráfico en la que participaba y de la que se declaró culpable.

El Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo y no intercambió opiniones con los Henríquez sobre las decisiones del caso ni les informó de los pasos del procedimiento.

Bela Henríquez Chacín, a la izquierda, y su hermana, Nadiezdha, ven fotos de su padre en el Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá. Bela dará una declaración cuando sentencien a Giraldo en Washington el mes que viene. Credit Tomás Munita para The New York Times

La familia permaneció en la más completa oscuridad porque el Departamento de Justicia hizo que el juez sellara los archivos del caso, así como la moción en la que solicitaba esa restricción de información. No fue hasta que un comité de periodistas por la libertad de prensa presentó una demanda el año pasado, que se abrió el legajo del caso Giraldo.

Aunque el juez denegó en un principio que los Henríquez fueran víctimas, cambió de opinión después de que una corte de apelaciones le pidiera que lo reconsiderara: “Creo que los peticionarios han establecido que su argumento de que si no fuera por la implicación del acusado, el fallecido no habría sido asesinado”.

Feitel, que considera que los Henríquez son “falsas víctimas molestas que ladran a espaldas de mi cliente”, se enfadó. Visto con perspectiva, Paul Cassell, quien fue juez federal y es experto en derechos de las víctimas, dijo que los casos de narcotráfico suelen tratarse como casos sin víctimas. “Esto crea un precedente real”, dijo. Podría tener consecuencias para capos violentos como Joaquín Guzmán, el Chapo, cuya extradición ya ha sido aprobada por México.

Después de la vista judicial de marzo, Altholz llamó a las hijas de Henríquez a un aparte fuera del edificio de los tribunales. “Ganamos”, dijo. “Ganamos”.

A la familia Henríquez no le gusta hablar de los avances en el caso porque despierta de nuevo una sensación de dolor. “Somos como esos muñequitos de goma de un botoncito y se desbaratan”, dijo Bela Henríquez. “Pero fui contenta”. Nadiezhda fue más cauta.

“Los derechos son meramente procesales”, dijo. “Tiene su sentido pero también es bastante limitado en lo que está internacionalmente reconocido a las víctimas como su derecho: verdad, justicia y reparación”.

Dijo que durante la persecución de estos paramilitares, el gobierno de Estados Unidos se implicó en “negociaciones sobre justicia, y eso no es justicia”. Se centraron en el daño causado a Estados Unidos y no “en lo que nos hicieron”.

¿Qué tipo de sentencia quieren los Henríquez para Giraldo? “Queremos el tiempo suficiente para que esto se desmantele, para que en mi tierra haya paz”, dijo Nadiezhda.

Si se desmanteló en realidad a los paramilitares y qué papel jugaron las extradiciones, es un asunto a debate en Colombia. Pero las bandas criminales —bacrim, en la abreviatura que se usa habitualmente, que nacieron después de que los paramilitares se diluyesen— son consideradas sucesoras formales de los paramilitares en el acuerdo de paz actual.

Cerca de Santa Marta, el estallido más reciente de violencia neoparamilitar sucedió a finales de 2013. Cientos de civiles tuvieron que dejar sus pueblos durante un enfrentamiento entre el Clan Giraldo y un grupo rival que duró cuatro meses y dejó cientos de muertos. Desde entonces, los parientes de Giraldo luchan entre ellos por el control.

“Si Giraldo estuviera en la cárcel aquí y no en Virginia, no veríamos esta disputa territorial”, dijo Zúñiga. Y añadió: “No creo que Santa Marta esté preparada para su regreso”.

Bela Henríquez, que espera su visa para ir a Estados Unidos, espera poder mirar a la cara en una sala de audiencias al hombre condenado en rebeldía por la desaparición de su padre.

“Yo no sé qué estará pensando Hernán Giraldo, pero por lo menos que tenga que ver con los crímenes que cometió en Colombia, que no quede en el olvido”, dijo. “Que tenga que reconocer que su negocio cobró vidas y no solamente una vida de un líder o una vida de una comunidad, sino que influencia la vida de todo el país. Afectará no solo a las familias que tenían que cargar con el peso de la violencia, sino que influencia la vida de todo el país, la historia de todo el país, de generaciones en adelante”.

 

La isla siempre fiel. De Ricardo Avelar

ricardo avelar.jpgRicardo Avelar, 17 agosto 2016 / EDH

En las primeras décadas del siglo XIX, los países hispanoamericanos experimentaron una primera oleada de liberalismo, encabezada por revueltas independentistas, algunos experimentos federalistas y un surgimiento de nuevas élites políticas y económicas.

En los círculos políticos e intelectuales de los nuevos estados nacionales surgió un debate sobre la mejor forma de gobernar estos territorios. Por un lado, los más conservadores abogaban por una reivindicación de una monarquía de corte constitucional, y por otro los liberales que veían en la república el camino a seguir. Desde luego, la discusión fue mucho más compleja que esto.

Ediario hoyn la segunda mitad del siglo, se instauró en estos estados un “segundo liberalismo”, que supuso la construcción de instituciones, la profesionalización de las fuerzas armadas, la separación de la Iglesia Católica de la educación y, muy lentamente, la reivindicación de grupos menos privilegiados y la instauración de experimentos de estado de bienestar.

El debate sobre qué tipo de libertades, garantías y sistemas convenían estaba en curso, salvo en una isla a noventa millas de la Florida. Por décadas, el gobierno español logró controlar los diversos experimentos independentistas de Cuba y en un arranque de propaganda -o de cinismo-, denominaron al país “Isla siempre fiel”, la cual no alcanzaría su independencia sino hasta 1902, tras la Guerra Hispanoamericana.

A ciento catorce años de su salida de España, vale la pena preguntarse qué tan libre e independiente es Cuba el día de hoy. Una Cuba donde el Estado ha permeado en las instituciones sociales, con un régimen de partido único y estrictos controles sobre la economía.

Hace un año, en la Cumbre de las Américas en Panamá tuve una pequeña discusión con una joven cubana simpatizante del régimen. Cuando la increpé sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la isla y la represión a la disidencia, ella respondió con una frase lapidaria -y que se ha vuelto el lugar común de los regímenes que aplauden el experimento de los Castro-: “respeta el régimen que hemos elegido de manera soberana”.

Inicialmente un argumento fuerte. Cada país tiene, de hecho, un derecho a la autodeterminación y a elegir el sistema que le gobierna. En una inspección más detallada, sin embargo, encontré una falacia non sequitur (aquella que expone cómo una conclusión no se deriva de sus premisas).

¿Cómo hablar de soberanía de un país entero si quienes lo integran, sus ciudadanos, no tienen el gobierno sobre sus vidas, sus recursos, sus expresiones? ¿Puede divorciarse la soberanía de un país de la soberanía de su gente?

A un año de la inconclusa discusión, esa duda me sigue invadiendo. El argumento de la soberanía es ahora esgrimido por otros gobiernos. En Venezuela, la nueva oligarquía denuncia constantemente al imperialismo, pero no duda un segundo en ejercer la dominación sobre los aspectos económicos y políticos de sus ciudadanos; asimismo, la “soberanía” es la excusa de la nueva dinastía nicaragüense, cuyos exponentes cada vez se parecen más a los tiranos que derrocaron en 1979: dictadorzuelos enemigos de la prensa y la oposición.

Presumo que los valientes disidentes, los periodistas investigativos y los líderes políticos e intelectuales de estas latitudes afirmarían que tal soberanía es meramente discursiva, que poco se ha avanzado en materia de independencia y que el hecho de que una élite elija su sistema no significa, automáticamente, que sus gobernados son realmente libres.

También presumo que, a más de un siglo de la Guerra Hispanoamericana, lejos de sumarse a los aires de modernización y libertad, o a las discusiones sobre mejores formas de gobierno y transparencia, Cuba sigue siendo una isla siempre fiel. Y por fiel, lastimosamente me refiero a estar sometida al capricho de un tirano.

Hace unos días, un buen amigo escribió una columna sobre los cambios que se están dando en la isla. Yo, por el contrario, me decanto a creer la analogía que de su país hiciese el cantautor Carlos Varela: “Un amigo se compró un Chevrolet del cincuenta y nueve. No le quiso cambiar algunas piezas y ahora no se mueve”.

Pobres cubanos. Les impusieron un sistema vetusto y fracasado en el ‘59. Y sí, como el carro de la canción, a pesar de algunas “libertades” económicas, sin otros ajustes necesarios, la dignidad de los cubanos no se mueve.

Catalina Botero: “La Constitución en Venezuela es letra muerta”. De Maruja Dagnino

Fotografía de The OSCE Representative on Freedom of the Media.

Catalina Botero. Fotografía de The OSCE Representative on Freedom of the Media.

Maruja Dagnino, 24 julio 2016 / Instituto de Prensa y Sociedad IPYS y PRODAVINCI

Logo-IPYSQuien fue relatora para libertad de expresión en la CIDH, advierte que los Estados están obligados a rendir cuentas tarde o temprano, y que la contraloría social es fundamental para alejar la corrupción.

“En un gobierno autoritario el Estado espía. El Estado vigila, el Estado hackea, el Estado irrespeta la intimidad y la vida privada de las personas, y al mismo tiempo se blinda, mantiene un secreto respecto a la forma en que gestiona las actividades públicas”.

Así deslinda Catalina Botero una diferencia fundamental entre un gobierno autoritario y un gobierno democrático.

“Por un lado no hacen pública la información. No hay transparencia activa. Por el otro, no entregan la información. Se inventan excusas o simplemente no responden y no hay jueces que hagan efectivo el derecho de la ciudadanía”.

prodavinciRelatora para la libertad de expresión entre 2008 y 2014 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero Marino es sin duda una de las personalidades más influyentes en materia de libertad de expresión y acceso a la información. En el marco de la campaña ciudadana #ExpresiónSinOpresión, que adelanta el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela,Ipys Venezuela, Catalina Botero accedió a conversar en torno a la situación del país con respecto al continente en materia de derecho al acceso a la información, en un contexto en el que la sociedad civil introdujo un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional en primera discusión.

Se dice que Venezuela está muy mal en materia de libertad de expresión, pero nos gustaría saber cuál es el panorama de acceso a la información en la región y dónde se ubica Venezuela en ese panorama.
En este momento, de los 35 países de toda la región, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Cuba, y todo el Caribe, hay 24 que tienen normas en materia de acceso a la información. Normas vigorosas. En algunos casos leyes generales, en otros leyes más especiales, pero hay 24 con normas importantes en materia de acceso a la información. Hay otros países, como Costa Rica, que no tiene ley de acceso, pero sí una jurisprudencia que reúne todos los estándares internacionales, e incluso avanza en esa materia. La gran guardia en materia de acceso a la información en Costa Rica es el Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela está en el penúltimo lugar antes de Cuba, por dos razones: primero porque no hay unas normas específicas de acceso, a pesar de que se podrían derivar de la Constitución, pero la Constitución en Venezuela es letra muerta, y los tribunales lo que han hecho es avalar desde sus sentencias unas restricciones absolutamente desproporcionadas al derecho al acceso a la información.

México ha avanzado enormemente; en Chile tienen grandes avances; Colombia también, a través del derecho de petición, y luego del derecho de acceso a la información; Panamá creó un órgano dedicado a la protección de derecho a la información, lo mismo Uruguay, digamos que estos países están en proceso de profundización, que es una tendencia regional  progresiva liderada por México, pero con enormes esfuerzos institucionales de gobierno abierto en todos los países de la región, con algunas pocas excepciones. Venezuela tal vez es el país donde menos garantías existen en América Latina, salvo Cuba, Nicaragua, que está en una situación similar, sin ninguna garantía de protección. Venezuela tiene el problema de que no tiene normas garantes, no tiene una ley de acceso, no tiene una jurisprudencia que satisfaga ese derecho, entonces está en uno de los peores lugares en esta materia.

Organizaciones civiles venezolanas, alineadas en la Coalición ProAcceso, introdujeron un proyecto de ley de acceso a la información, aprobada ya en primera discusión por esta nueva Asamblea Nacional. ¿Existen algunos estándares internacionales que avalan la necesidad de que los países cuenten con una de estas leyes?
En la región hay que tener en cuenta tres cosas: por un lado hay una ley modelo de acceso a la información aprobada, entre otros países, por Venezuela. En una reunión de la Organización de Estados Americanos se aprueba una ley modelo de acceso a la información. Esa ley modelo se adecúa a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece los principios mínimos que deben tener todos los países en materia de acceso a la información, por otro lado a la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha aprobado los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión, sobre principios mínimos de ley de acceso a la información. ¿Cuáles son esos principios básicos? El primero es que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, es decir que tiene la estatura de cualquier otro derecho, como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación… o el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es decir que no es un derecho menor.

Cuando uno dice que algo es un derecho fundamental, lo que está diciendo es que en principio todas personas pueden ejercerlo, y que si el gobierno quiere restringirlo debe dar buenas razones. Eso significa que en principio toda la información que tiene el Estado es pública y solo excepcionalmente puede establecer algunas restricciones. A eso se le llama el principio de máxima divulgación. Entonces, el Estado no puede pedirle a las personas requisitos distintos al de ser una persona que habita en ese país, para entregar una información. Y si no se la quiere dar, el Estado tiene que dar razones. Yo no tengo que dar razones para para ejercerlo. Es el Estado el que tiene que dar razones cuando me lo quiere limitar. Y no cualquier tipo de razón. Porque cuando restringe un derecho fundamental, el Estado tiene que tener buenas razones.

En estos términos lo que ha dicho la corte es que la excepción  tiene que estar en una ley: debe explicar en qué casos una información puede ser reservada. La ley que reserva una información tiene que buscar una finalidad legítima, objetivamente legítima. Y demostrarse que esta restricción del derecho de acceso es más importante para una sociedad democrática y pesa más que derecho a la información. El Estado debe dar razones para explicar por qué mantener cierta información en reserva es más importante, de forma tal que justifique la restricción del derecho de acceso.

Luego, tiene que haber recursos efectivos administrativos y judiciales especializados para proteger el derecho de acceso a la información.

Estos tres principios, que son el principio de máxima divulgación, el principio de excepciones restringidas con la carga de la prueba y el principio de recursos idóneos efectivos para garantizar el acceso deben estar en todas las legislaciones, y ninguno de los tres se cumple en Venezuela.

¿Puede un tribunal impedir el acceso a las declaraciones juradas de funcionarios públicos, tal como ocurrió en Venezuela ante una solicitud de información de Transparencia Venezuela?
No puede. Es la ley la única que puede establecer restricciones en materia de acceso a la información. En Venezuela tenemos también el caso de un tribunal que exime a los empleados de entregar el monto de su salario. Es una sentencia en la cual el Tribunal Supremo le exige a Espacio Público que diga cuál es el interés que tiene en conocer el salario del contralor, lo cual es una violación flagrante del estándar más elemental del derecho al acceso a la información. Las personas no tienen que demostrar un interés particular para saber en qué está gastando el Estado los recursos que son de todos.

Una de las cosas que diferencian a un Estado autoritario de un Estado democrático es justamente dónde está la transparencia y dónde está el secreto. En un Estado democrático la Constitución, las leyes y los jueces protegen la reserva de la información privada. Que a la gente no la espíen, que no haya hackeos, que no haya vigilancia sobre las personas, y en cambio protege la publicidad de toda la información pública. Cómo se ganan los salarios públicos, cómo se invierten los recursos públicos, cómo se llevan a cabo las gestiones públicas, las funciones públicas, cuáles son los resultados de esa gestión, muestra las cifras estatales, por ejemplo. La cifra de inflación, o la cifra de pobreza, o las cifras de entrega de bienes sociales. Eso pasa en un Estado democrático.

Un Estado autoritario invierte la regla. En un gobierno autoritario el Estado espía. El Estado vigila, el Estado hackea, el Estado irrespeta la intimidad y la vida privada de las personas, y al mismo tiempo se blinda, mantiene un secreto respecto a la forma cómo gestiona las actividades públicas, respecto a la forma en que gasta los recursos públicos, esconde cifras, datos, que la gente tiene derecho a saber. Esta es una diferencia clásica entre el autoritarismo y la democracia.

¿A quién realmente beneficia una ley de acceso a la información?¿A los ciudadanos? ¿A los Estados? ¿Qué ganan los Estados? ¿Ganan algo los Estados?
Sí. Por un lado gana la sociedad justamente porque sabe en qué se están gastando los recursos, sabe cómo se están cumpliendo las funciones públicas, sabe si se están cumpliendo o no los fines del Estado. Los resultados y las cifras estatales, por ejemplo. Pero por otro lado gana el Estado. Un Estado democrático sabe que la vigilancia social lo obliga, por ejemplo, a establecer mecanismos contra la corrupción. Un Estado que se mueve en el secretismo es un Estado que muy fácilmente va a caer capturado en las garras de la corrupción. Es decir que el Estado democrático no las personas que transitoriamente ocupan los cargos públicos, que pueden ser más o menos corruptas gana enormemente porque la luz, la visibilidad, la transparencia lo obliga a actuar correctamente.

No hay sombras
No hay sombras, y por lo tanto no hay espacio para la clandestinidad. O son más reducidos. Tienen que ser más ingeniosos que un Estado que vive amparado en el secreto en donde es muy fácil que la corrupción capture a los funcionarios y a las rentas estatales, porque no hay vigilancia. Nadie puede saber exactamente qué está pasando.

En nuestros países latinoamericanos por lo general no existe mucha conciencia en torno a los derechos civiles. ¿Cuál es el rol de los ciudadanos en este asunto?
La garantía del derecho a la información es la manera cómo los ciudadanos pueden saber en qué se está gastando la plata, que no es la plata de los funcionarios públicos, sino que son unos recursos que se requieren, por ejemplo, para mejor sistema de salud, para mejor educación, para mejor estructura, para impulsar los procesos de desarrollo… porque es la única manera de saber si esa plata no se la están robando y que está siendo reinvertida en beneficio del colectivo. Es la única forma como pueden ejercer de verdad los derechos políticos, no decidir por quién votan en virtud de un eslogan, o de una propaganda sino en virtud de cifras, informaciones concretas y claras que les permiten tomar decisiones informadas.

Cuando se aprobó la ley de acceso a la información en México, ¿fue producto de un movimiento civil? ¿De quién fue la iniciativa?
Fue un movimiento precioso de la sociedad civil, que comenzó con el Movimiento de Oxaca, un proceso en el cual por fin se logró la alternancia política frente a un partido que llevaba gobernando décadas (PRI) y logran derrotarlo. En ese momento del renacer, de la primavera, no porque el partido que hubiera ganado fuera mejor o peor sino porque después de años a los que se llamó “la dictadura perfecta”, este grupo impulsa la ley de transparencia para logar que los recursos públicos ya no se administraran de manera secreta para favorecer a un partido o al otro, y lograron una enorme revolución democrática, que fue la creación de la ley de acceso, la creación de lo que en ese momento se llamó el IFAI, ahora llamado INAI, que no sólo tiene poderes federales sino incluso para vigilar a las entidades nacionales.

Hay una cosa que generalmente no queda clara, que es la relación entre transparencia y acceso a la información. ¿Podría explicarnos esa relación?
La transparencia es el principio y los mecanismos en virtud de los cuales el Estado y los funcionarios públicos cumplen sus funciones, o ejecutan sus recursos públicos, y la manera en que los ciudadanos pueden acceder al Estado, a los bienes del Estado, a los servicios del Estado. Cómo se logra que las personas puedan acceder fácilmente, cómo eso está dispuesto para la gente. El derecho de acceso es un mecanismo a través del cual se logra una parte de esa transparencia.

La transparencia incluye, por ejemplo, que por obligación propia, sin que nadie se lo pida, toda la administración pública debe publicar la información: organigrama, cuánto ganan los funcionarios, cómo se gasta el dinero, cómo son las licitaciones. Que establezcan los procedimientos de acceso a los bienes o a los servicios que esa entidad presta, establezcan los procedimientos para que la gente puede reclamar ante la entidad, todo eso debe estar público independientemente de que la gente no pregunte. En qué se gastaron la plata, cuál es el presupuesto del año entrante. Y eso tiene que ver con lo que se llama el gobierno abierto, que es un movimiento enorme a nivel global. El derecho a acceso es el derecho que yo tengo a que cuando esa información no es de libre acceso al público, yo pueda preguntar y me tengan que dar la información.

Yo puedo preguntar qué debo hacer para pedir mi pensión de jubilación, o cuáles son los criterios para establecer dónde se pone una escuela y cómo se seleccionan a los niños de esa escuela, o cuáles son los planes de evacuación en las escuelas, en caso de que hubiese un incendio. Yo puedo pedir cualquiera de esas informaciones sin tener un hijo en edad escolar.

El derecho al acceso a la información que tienen todas las personas a acceder a la información pública, o simplemente respecto a la gestión estatal, forma parte de todos los mecanismos que debe tener el Estado para hacer una gestión transparente, pero no es el único.

En periodismo se habla mucho del acceso a las fuentes y Venezuela está viviendo un momento muy dramático en ese sentido, sobre todo en relación a las fuentes del Estado. ¿Qué pasa  en un país donde se cierran las fuentes de información al periodismo? ¿Cuáles son las consecuencias?
Esa es una de las formas como los estados más autocráticos, más autoritarios, logran poner una barrera de silencio alrededor de su gestión. Por un lado no hacen pública la información. No hay transparencia activa. Por el otro lado no entregan la información. Se inventan excusas o simplemente no responden y no hay jueces que hagan efectivo el derecho de la ciudadanía a saber.

Por el otro lado bloquean el acceso de las personas que quieren preguntar y que sirven de parlante a la sociedad. No hacen ruedas de prensa, no les dejan entrar a las entidades públicas, establecen criterios de acreditación absurdos, absolutamente desproporcionados.

Una de las recomendaciones de la Relatoría para la libertad de Expresión al gobierno de Kirchner es que hiciera ruedas de prensa y que no estableciera acreditaciones discriminatorias. Que sólo pueden entrar los periodistas del medio que al Estado le convine, porque la línea editorial está alineada con el gobierno, eso es propaganda. Y esa recomendación se la hizo la relatoría a Venezuela, y me da la impresión de que lamentablemente no ha cumplido con el deber de rendir cuentas, a pesar de que algún día van a tener que rendir cuentas.

¿Cuáles son los desafíos que tenemos a corto y mediano plazo en Venezuela y en América Latina en torno a la libertad de expresión?
Por un lado, en materia de acceso y por el otro en materia de libertad de expresión. En América Latina lo que tenemos es que seguir promoviendo las leyes de acceso o fortalecer los mecanismos de implementación allí donde no la hay. Por ejemplo, que existan órganos autónomos, que sean especializados, que realmente sepan del tema cuando se toman decisiones, es decir, implementar marcos regulatorios adecuados para que la gente realmente pueda acceder, y el derecho sea efectivo. En Venezuela, en particular, me parece que hay que empezar de cero. En Venezuela nadie sabe, ni siquiera los funcionarios públicos, cómo está funcionando el Estado. Y esa es una de las razones por las cuales la situación en Venezuela es tan dramática. Pues como se blindaron el control, evidentemente lo que hicieron fue crear el caldo de cultivo perfecto para la captura de las rentas estatales y de las funciones estatales por parte de unos grupos e corrupción, criminalidad, etc.

Yo creo que en Venezuela hay que empezar de cero. Hay que pensar en una ley, hay que diseñar un marco adecuado, hay que crear unos organismos de implementación, pero va a haber una enorme resistencia porque hasta donde se sabe, la situación en Venezuela en materia de corrupción, al menos eso es lo que dicen las cifras internacionales, es posiblemente la peor de la región. Pero hay que hacer la tarea porque tarde o temprano todo eso va a pasar.

La mejor manera en que un gobierno pueda cumplir sus funciones democráticas, no importa si es un Estado más de izquierda, más de derecha o más de centro, es que estén vigilados. Estados que respeten el principio de transparencia, que permitan que haya un control sobre su gestión porque está demostrado que los Estados que suprimen los controles, que ahorcan a la prensa, que cierran el acceso a la información, que impiden las ruedas de prensa, que encarcelan a sus opositores, que capturan al poder judicial, que capturan a órganos de control, como la contraloría o la defensoría, ese tipo de modelos fracasa. No hay alternativa, porque son cooptados por grupos corruptos. Entonces no cumplen las finalidades y terminan en un norme fracaso y el problema de ese fracaso es que se lleva por delante la vida de la gente

 

ONU: Gobierno debe respetar los derechos humanos

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, señaló que existen versiones sobre “ejecuciones extrajudiciales”. “Algunas medidas mucho más graves se han llevado a cabo”, señaló.

La Organización de las Naciones Unidas mandó ayer un mensaje a las autoridades de El Salvador para que garanticen el respeto a los derechos humanos en la aplicación... | Foto por EDH

La Organización de las Naciones Unidas mandó ayer un mensaje a las autoridades de El Salvador para que garanticen el respeto a los derechos humanos en la aplicación… | Foto por EDH

, 14junio 2016 / EDH

diario hoyLa Organización de las Naciones Unidas mandó ayer un mensaje a las autoridades de El Salvador para que garanticen el respeto a los derechos humanos en la aplicación del plan de seguridad, y pidió que se fortalezcan las instituciones de justicia.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la organización internacional, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su discurso inaugural ante el Consejo de Derechos Humanos, se refirió a las denuncias de posibles casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de “escuadrones de la muerte”.

Screen Shot 2016-06-14 at 5.13.40 PM

“El Gobierno ha lanzado un plan para mejorar la seguridad en el país, que incluye perseguir a los responsables de los crímenes y trabajar para rehabilitar a los antiguos miembros de las bandas en prisión, pero algunas medidas mucho más graves se han llevado a cabo”, dijo, en referencia a la posible aparición de grupos irregulares.

Zeid sostuvo que los argumentos según los cuales existen ejecuciones extrajudiciales en el marco del plan de seguridad que ejecuta el gobierno “son intolerables y sólo pueden avivar la violencia”.

El alto comisionado no desaprovechó el momento para denunciar con contundencia que la violencia en El Salvador ha ido en constante aumento, alcanzando en 2015 la tasa más alta de asesinatos en el mundo entre las naciones que no están en guerra.

Así también, se refirió a que la disputa entre las pandillas ha provocado que personas huyan del país por temor. “Entre los miles que han huido a Estados Unidos hay menores que viajan solos por miedo a ser asesinados por negarse a unirse a las bandas”, destacó Zeid.

Inform dsobre El Salvador del Alto Comisionado de DDHH de la ONU

Informe sobre El Salvador del Alto Comisionado de DDHH de la ONU

Otras voces

Uno de los que alertó sobre posibles grupos de exterminio fue el periódico español El País, quien explicó a principios de junio que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investiga 30 matanzas que habrían dejado como saldo alrededor de 100 pandilleros muertos, entre ellos los registrados en el cantón El Amatón, de Jucuapa, en Usulután.

No obstante, el titular de la PDDH, David Morales, ni el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, no se pronunciaron ayer sobre el llamado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (leer nota aparte).

El periódico español sostuvo que los grupos de exterminio tienen como principal blanco las pandillas.

Otro de los organismos que pidió al país, a principios de abril, que se respeten los derechos humanos al aplicar las medidas extraordinarias de seguridad es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante distintas demandas de organizaciones de la sociedad civil que denunciaron que el gobierno salvadoreño ha recurrido a medidas “represivas y populistas” para enfrentar la crisis de inseguridad.

En los últimos meses también ha habido capturas de policías vinculados con supuestas redes de sicariato y grupos de exterminio, a quienes las autoridades han decomisado armamento y abundantes municiones.

Asimismo, la Iglesia Católica ha exhortado en varias ocasiones al gobierno a que las medidas de seguridad no afecten a la población y que se investigue si existen grupo irregulares que realicen ejecuciones extrajudiciales.

Las medidas extraordinarias fueron aprobadas por la mayoría de bancadas legislativas en un decreto transitorio que incluye alrededor de 14 acciones enfocadas en la persecución del delito y el control de los centros penales.

Entre las medidas extraordinarias que están siendo implementadas por el periodo de un año están: traslados de reos, régimen especial de internamiento, suspensión de visitas en todo el sistema penitenciario, habilitar centros temporales de reclusión en diferentes lugares  y suspender los traslados de privados a audiencias judiciales.

Incluso, el vicepresidente Óscar Ortiz anunció hace dos semanas que lanzarán medidas adicionales a las ya presentadas, entre ellas  ir a los bienes y al dinero mal habido por las pandillas, explicó.

Comisión del gobierno

A inicios de este mes, el gobierno salvadoreño, por medio del Comisionado Presidencial para la Seguridad, Hato Hasbún, anunció la creación de una comisión para garantizar el respeto a los derechos humanos durante la implementación de las medidas extraordinarias para el combate a la violencia.

Dicha comisión se encargaría de vigilar que no se cometan abusos en los planes represivos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, señaló el Comisionado Presidencial.