Erika Saldaña

Sin condiciones para fraude. Der Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

7 enero 2019 / EL DIARIO DE HOY

¡Fraude, fraude, fraude! Eso están algunos gritando desde ya sobre las elecciones del 3 de febrero. Tenemos décadas de que eso no se da en nuestro país y nos costó caro: una guerra y miles de muertos. Es irresponsable y mal intencionado hablar de eso hoy cuando no hay condiciones para que se dé.

A un mes de las elecciones presidenciales, en el ambiente se ha generado un discurso de posibilidad de fraude electoral que puede ser peligroso. Una de las situaciones más dañinas para cualquier democracia es llegar a un proceso electoral donde se ponga en duda el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y bajo una nube de fraude. Nos puede llevar a un conflicto indeseable para la sociedad salvadoreña.

Desde hace años he sido muy crítica de la labor del TSE. Pareciera que a dicha institución le falta mucho trabajo y acciones para creerse a cabalidad el calificativo que la Constitución le ha otorgado de “autoridad máxima en materia electoral”. Le ha faltado un rol más protagónico en la defensa de los intereses ciudadanos al momento de ejercer el voto y le ha cedido ese control a los partidos políticos; además, ha descuidado la resolución de casos jurisdiccionales, centrando toda su atención en la organización de elecciones. Pero hay una gran diferencia entre estar inconforme con la actuación del TSE, que siempre podría mejorar, y los señalamientos que se le hacen de fraude electoral.

En elecciones pasadas el TSE ha mostrado deficiencias en la transmisión de resultados, problemas de logística y de organización que no debieron darse. Además, el trabajo de las mesas de votación no debería ser un ámbito exclusivo e incuestionable de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, cuando es su obligación verificar la aplicación de la ley electoral y de los instructivos emitidos para garantizar la pureza de las elecciones. Pero estos errores, que son totalmente superables en la próxima elección, nunca se tradujeron en indicios de fraude electoral.

También hay que señalar que los humos de fraude o de bloqueo a “la voluntad popular” no son nuevos. Con la pasada inscripción del partido político “Nuevas Ideas” se acusó al TSE, en distintas circunstancias, de “proteger un sistema que quiere un cambio”. Al final vimos que el partido se inscribió sin mayor reparo y que las actuaciones del TSE no eran trabas, sino de una aplicación de la normativa electoral vigente.

Sin duda hemos avanzado desde las épocas que generaron el conflicto armado en El Salvador, donde el rol del Consejo Central de Elecciones era duramente cuestionado y existían indicios de fraudes electorales. La situación ha cambiado. Ahora, el TSE tiene demasiados ojos sobre sus labores; hay intervención y control de todos los partidos políticos de cada paso que se da en la elección; hay mayor vigilancia ciudadana y existe la intervención de observadores nacionales e internacionales; las instituciones que colaboran o podrían intervenir en la elección (Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Sala de lo Constitucional, entre otras con un papel menos visible) han tenido un rol más activo y relevante.

El reto de todas las instituciones es trabajar activamente para que se disipe la narrativa dañina el fraude electoral. Lo que peligra ante ello no solo son las elecciones presidenciales, sino la estabilidad de nuestra democracia. El mayor peso de esta responsabilidad recae sobre el TSE, por lo que ojalá hoy sí se crea el papel de máxima autoridad en materia electoral.

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Hay corrupción de todos. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

22 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Hoy quería escribir un bonito mensaje de Navidad… pero se me atravesaron los “audios presidenciales” publicados por la Revista Factum. En ellos se puede escuchar a los expresidentes Funes y Saca conspirar contra el expresidente Flores; citando textualmente el reportaje: “Funes y Saca supieron, en 2013, de la existencia de un documento que comprometía a Flores con posibles ilícitos y decidieron obtenerlo a toda costa, no para favorecer a la justicia, sino para atacar al adversario”. Una trama de complot político digno de una serie de Netflix.

Lo que revelan esos audios es algo que ya sabíamos o que al menos sospechábamos: las instituciones de nuestro país han sido corrompidas durante décadas y el Órgano Ejecutivo ha sido utilizado para fines personales y no para servir plenamente a la población. Eso lo han hecho tanto gobiernos de ARENA como del FMLN; todos los gobiernos post-Acuerdos de Paz. Unos más y otros menos, pero hay que tener claro algo: corrupción es corrupción, venga de donde venga.

A pesar de lo anterior, es curioso y lamentable cómo los sesgos todavía se encuentran presentes en la ciudadanía y nublan el pensamiento racional, ya sea por prejuicios personales o por conveniencia política. En todos los lados del espectro político han sucedido hechos cuestionables relacionados con la corrupción, pero muchas veces se tiende a defender a quienes nos simpatizan, aunque hayan actuado mal; y se acusa a la hoguera al oponente, sin importar la gravedad del asunto.

Cada quien está en el derecho de sacar sus propias conclusiones del reporte periodístico. Para unos, lo más importante del reportaje de Factum es que Francisco Flores recibió dinero de Taiwán destinado para damnificados por el terremoto de 2001 y lo desvió a cuentas de su partido. Para otros lo más relevante es que GANA nació del brazo del expresidente Antonio Saca y financiado indebidamente con dinero público. Y para otros, que “el gobierno del cambio” cayó en lo que tanto criticaba. Lo cierto es que hay corrupción de todos lados.

En las últimas décadas se han utilizado los escasos recursos del Estado para sobornar, sufragar gastos de asuntos que nada tienen que ver con cuestiones públicas, disponer de instituciones estatales para intereses personales. Y los que hemos perdido con estas actuaciones de los funcionarios somos todos los ciudadanos; tenemos deplorables servicios de salud, educación y seguridad pública. La calidad de vida de todos los salvadoreños ha sido desmejorada por culpa de la corrupción.

Como sociedad debemos madurar y aprender a ver la viga incrustada en el ojo propio, no solo la paja que anda rondando los ojos ajenos. Es fácil ver la corrupción del equipo contrario, pero, para ser coherentes, deberíamos ser los primeros en poner el grito en el cielo por los malos actos de quienes nos simpatizan. Uno de los problemas que tenemos como país es que hemos normalizado la corrupción por sectores o de quienes nos caen bien, sin pensar que esto lo único que incentiva es a multiplicarla. La finalidad debería ser combatir la corrupción de todos.

Que la época navideña nos sirva para reflexionar sobre la sociedad que queremos; una que trabaja junta, sin importar la ideología política, para sacar adelante al país; o una que siempre viva en confrontación defendiendo intereses de los que nos simpatizan. Una sociedad que se desarrolle por el buen camino solo la vamos a lograr estableciendo acuerdos mínimos en que todos los sectores estemos de acuerdo. Uno de los asuntos en los que todos deberíamos concordar es que la corrupción no se tolera de ningún lado.

Postdata: Feliz Navidad y felices fiestas a todos los que se toman el tiempo de leer esta columna. Gracias.

Él cree que las leyes no le aplican. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

10 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La amenaza a instituciones públicas cuando una decisión en contra no cae en gracia es matonería política. La idea de utilizar a las instituciones para satisfacer intereses o ideas personales, también. El candidato a la presidencia Nayib Bukele ha tenido varios deslices relacionados con la institucionalidad democrática de nuestro país, lo cual resulta preocupante.

El pasado jueves, el candidato del partido GANA manifestó en sus redes sociales que el TSE estaba “fraguando un fraude electoral” y que si se consumaba, se iban a las calles. Todo porque en la impresión de las papeletas de votación variaba el tono de celeste del que supuestamente se había aprobado. Después de la serie de fraudes electorales que dieron lugar a la guerra civil en los Años Ochenta, acusar de fraude por una bandera mal teñida en una impresión es subestimar la inteligencia de las personas.

No es la primera vez que los exabruptos del candidato ignoran deliberadamente los años de trabajo para tratar de consolidar las instituciones en el país. En 2016 llamó a una protesta afuera de la Fiscalía General de la República después que el titular de la institución confirmara que el entonces alcalde era mencionado en unas investigaciones por delitos contra El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica; retó al Fiscal General a que bajara y le dijera “en su cara” las acusaciones. Como si fuera un adolescente retando a un compañerito de escuela. En el proceso de formación del partido Nuevas Ideas se creó una narrativa de que existía un “bloqueo a la voluntad popular”, por las distintas objeciones que el TSE le hizo al partido antes de inscribirlo. Convirtieron a la institución en el villano de forma injustificada.

El pasado noviembre, en relación con la aprobación de leyes a favor de la Universidad de El Salvador en la Asamblea Legislativa, manifestó: “¿A quién nos van a lanzar para detenernos? ¿A la UMO? ¿A la Policía? ¿Al Ejército? Ellos van a marchar con nosotros. Porque todos ellos son comandados por el presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Qué les va a quedar?”. El uso arbitrario de la Fuerza Armada revive fantasmas y da miedo.

El factor común en todas esas situaciones ha sido un rechazo implícito e irracional a la institucionalidad y a las decisiones adversas. Todo bajo la excusa “que los mismos de siempre” están detrás de los reveses que sufre. Si llega a la Presidencia, ¿con qué temperamento asumirá una negativa de la Asamblea de aprobar cualquier ley o el Presupuesto de la Nación? ¿Cómo se tomará un revés judicial? Nayib cree que se lo merece todo. Y son preocupantes las decisiones que pueda tomar una persona que cree que no se equivoca.

Las instituciones públicas tienen sus fallas y eso es innegable. Pero para combatir estas situaciones es que las leyes prevén los canales institucionales y las instancias para controlar una decisión errónea. Es injusto afirmar que todas las instituciones están tiradas a la perdición o que responden “a los mismos de siempre”, cuando dentro de ellas hay miles de personas trabajando para reivindicarlas de las culpas de sus predecesores. Es injusto pensar que las crisis que ha sufrido este país han pasado en vano y que preferimos volver a tiempos de tiranías y autoritarismos.

Como sociedad no podemos tomarnos a la ligera el irrespeto a las instituciones ni los llamados a la rebeldía por un descontento personal con determinadas decisiones. Todo eso desemboca en violencia. Es demasiado pretencioso creer que uno está por encima del bien y del mal, o pensar que nunca se equivoca. En una República todos nos debemos someter a las reglas e instituciones. Hay un problema cuando él cree que las leyes no le aplican.


No aprenden. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

3 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El jueves terminaron las entrevistas a los candidatos a Fiscal General de la República. Parece que los diputados no han aprendido de las experiencias y continuaremos sin un procedimiento objetivo para seleccionar funcionarios. Seguirán aplaudiéndose después de cada elección sin motivo alguno, pues si los nombramientos llegan a feliz término, con personas capaces de ejercer el cargo con competencia y rectitud, es producto únicamente del mérito que los elegidos puedan tener y por la presión de la sociedad civil que ha mantenido a los legisladores bajo la lupa. Los diputados, a la fecha, no han sido capaces de construir un proceso objetivo y transparente que sea la base de cualquier elección de funcionarios.

Hay que partir del perfil de abogado que se necesita para ser Fiscal General. Los diputados no pueden acudir de nuevo al argumento dado en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que todos los candidatos eran igualmente capaces. Eso es falso. Y con lo anterior no se trata de insultar, minimizar o rechazar a las personas. Solo hay que tener claro que no todos tenemos la misma educación, experiencia laboral y ni todos los candidatos presentaron los mismos planes de desarrollo institucional. No todas las personas son igualmente idóneas para una institución que necesita a profesionales preparados.

Los diputados también deben tener claro que el haber sido funcionarios de alto rango de dependencias del Estado no vuelve a una persona competente para el cargo. En listado de candidatos hay muchos que han pasado por diversas entidades públicas. A ellos debe cuestionárseles más sobre los resultados que han tenido y ponderar si merecen una nueva elección. La función pública no es un estilo de vida.

Las entrevistas deben tener un fin sustancioso y no tomarlas como una simple formalidad. Los diputados tuvieron la oportunidad de cuestionar a los diversos candidatos y no lo hicieron a profundidad. Sin embargo, de dichas entrevistas son rescatables los planes de desarrollo institucional que cada uno de los candidatos presentaron, pues brindan una idea de hacia dónde iría enfocado el trabajo del nuevo Fiscal. Considerando que tres años es un periodo corto e insuficiente para desarrollar la infinidad de planes que necesita la FGR a nivel interno y externo, como país no podemos darnos el lujo que una persona llegue a aprender al cargo.

Y dado a que la Asamblea Legislativa ha quedado en deuda en relación con el procedimiento al interior de la Comisión y Subcomisión Política, es necesario que los legisladores corrijan las deficiencias en el camino. De manera urgente debe establecerse los próximos pasos a seguir, que incluyan la depuración de las hojas de vida que cumplen los requisitos mínimos y que cuenten con un perfil de conocimiento relacionado al quehacer del Fiscal General; aquellos que presentaron documentación deficiente deben ser dejados a un lado; de ahí analizar de manera detallada y pública el perfil de cada uno y dejar para la decisión final solo a los mejores evaluados. Es lo menos que pueden hacer.

Como país no podemos acostumbrarnos a que la elección de funcionarios sea un “golpe de suerte” o quedarnos a rogarle a Dios que los nombramientos resulten provechosos para la institucionalidad. Las personas a las que nos interesa el bienestar y futuro de nuestro país no nos vamos a cansar de insistir en que hagan bien su trabajo. La elección del Fiscal General es de vital importancia para El Salvador, por la defensa de los intereses del Estado, el combate a la corrupción, la efectiva garantía de los derechos de las personas. Hay que ponerse serios, diputados.


Elijan al mejor Fiscal General. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

26 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Ya empezó la carrera por la Fiscalía General de la República. Recién salimos de la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y tenemos sobre la mesa el proceso para reelegir o buscarle sustituto a Douglas Meléndez. En los últimos tres años, aún con las deficiencias humanas, la FGR ha sido una institución trascendental para el combate a la corrupción; hay que poner los ojos en los candidatos y sobre el trabajo que se encuentra realizando la Asamblea legislativa en el proceso de elección.

Los diputados nos han quedado debiendo desde el principio. Las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para mejorar los procesos de elección de funcionarios todavía no han visto la luz. Desde el año pasado, diversas organizaciones de la sociedad civil mencionaban la necesidad de un procedimiento compuesto de varias etapas por medio del cual se determine quién cumple con los requisitos y quién no.

Los diputados dijeron que estas reformas al RIAL no se lograban implementar para el proceso de la CSJ, entonces las prometieron para elección de la cabeza de la FGR; sin embargo, ni siquiera están siendo discutidas, por lo que empezamos mal. Hay que tener claro que no todas las personas que se someten al proceso gozan de la misma idoneidad, por lo que un proceso de depuración se vuelve sumamente necesario.

El proceso de elección debería estar compuesto, como mínimo, de las etapas siguientes: convocatoria con un perfil preestablecido; posteriormente que una comisión acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos, luego que se analicen aspectos cualitativos individuales de cada candidato; además, debe existir participación ciudadana, para que aporten diversas perspectivas de cargos tan trascendentales; el desarrollo de entrevistas no debe ser un mero requisito formal, sino la oportunidad de profundizar la filosofía de trabajo del candidato e indagar su trayectoria profesional; por último debe existir una motivación razonable por parte de los legisladores de por qué el elegido es la mejor opción entre los candidatos que compiten. Esto es lo mínimo, y ni siquiera con eso han cumplido a cabalidad.

No se ha establecido un perfil mínimo, considerando las atribuciones que la Constitución otorga a la FGR, tales como la defensa de los variados intereses del Estado, defensa de la legalidad, la dirección de la investigación, la promoción de la acción penal, entre otras. No se ha determinado cuáles son los criterios de evaluación, concretizado en el ahora tan odiado baremo. Estas herramientas no son perfectas ni constituyen los únicos elementos a considerar para una elección, pero son una base objetiva para determinar quiénes cumplen los requisitos y tienen méritos para optar a un cargo.

Algo importante es que hay que dejar a un lado a los “funcionarios de carrera”, esas personas que quieren exhibir una experticia para casi todo y se postulan a cualquier puesto público; también a quienes ya han ocupado antes una silla al frente de una institución pública. Estas personas ya tuvieron su oportunidad de demostrar lo que podían hacer por el país; muchos de estos funcionarios pasaron por las instituciones sin pena ni gloria y no deberían estarse considerando para un nuevo cargo.

También es necesario señalar que la Asamblea Legislativa tiene una especial responsabilidad de hacer un escrutinio más intenso a las personas que ya fungieron como funcionarios. Los diputados están en la obligación de comprobar los resultados que lograron anteriormente estas personas al frente de las instituciones y por qué merecen una reconsideración para otro cargo público.

La elección de un funcionario siempre debe presentarse como el reto de elegir al mejor. No al que más bulla hace, al que anda buscando apoyos políticos a escondidas o el que promete favores a cambio de la elección. En el caso de la FGR, se trata de elegir a la persona que de verdad eche a andar una institución que por varios años se convirtió en garante de la impunidad; alguien que cuente con la suficiente independencia para trabajar frente a cualquier caso y quien goce de la credibilidad de la sociedad civil con base en sus méritos y no a conveniencia política. La ciudadanía salvadoreña merece el esfuerzo de elegir comprobadamente a los mejores. Diputados, los seguimos observando.


Los incuestionables (III). De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

19 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

A los políticos no les gusta que se les cuestione. No les cae en gracia que se les critique las malas decisiones que toman sobre asuntos públicos. Ante los cuestionamientos y críticas por el retraso de más de cuatro meses en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, varios políticos dijeron que si queremos incidir sobre las personas que ocuparían el cargo de magistrado que “nos postulemos como diputados”. Nada más contradictorio que una persona que debe su cargo al voto popular se niegue a escuchar a la ciudadanía.

Partamos de lo más básico. Podemos criticar o cuestionar algo solo porque sí, porque es nuestro derecho a expresarnos libremente. Porque mientras respetemos los derechos de los demás, la libertad de expresión nos da pauta para manifestar lo que pensamos. Este derecho es importante porque somos humanos e iguales. Pero cuando se trata de crítica al manejo de los asuntos públicos, este derecho adquiere especial relevancia. Se trata de un control sobre la manera en que los funcionarios administran las instituciones y el dinero público. Las decisiones que toman los funcionarios inciden en la vida de todos y por ellos nos interesan. Por eso es importante y necesario que la ciudadanía se exprese.

La discusión sobre la elección de funcionarios que realiza la Asamblea Legislativa va más allá de si un candidato a un puesto cae bien o mal, si es buena gente o no. Ha sido la falta de idoneidad de los funcionarios para dirigir las instituciones públicas lo que nos ha llevado a las distintas crisis que ahora sufre el país. La incapacidad de administrar instituciones importantes han sido factor determinante para su declive.

Instituciones dormidas, que se hacen del ojo pacho e inoperantes han sido caldo de cultivo para la ineficiencia en la prestación de servicios y la corrupción. Hemos tenido una Fiscalía General convertida en tienda que transaba impunidad, una Corte de Cuentas que dejó pasar reparos por el uso del dinero público y por lo que hoy un presidente está preso. Todo por culpa de personas que no saben tomar decisiones adecuadas o porque lo hacen con un interés ajeno al bienestar público. La elección de funcionarios importa mucho porque determina la forma en que se manejarán las instituciones: al servicio de la población o de intereses corruptos. No nos pidan que no nos metamos.

Por las razones anteriores es que tiene mucha relevancia la capacidad de las personas que se postulan para ser funcionarios. Y por eso es que molesta que existan diputados y alcaldes que rechacen que la sociedad civil se meta en esa decisión, que piden que no se critique o que se deje de presionar por los más idóneos. Ese rechazo a la crítica constructiva es una falta de respeto al electorado que les dio su voto de confianza, que creyeron en sus promesas o en su criterio para tomar decisiones y que pensaron que serían buenos representantes de sus pensamientos e intereses. Les están dando la espalda a quienes los pusieron en la silla que hoy ocupan. Inaceptable.

Y el rechazo a la crítica, sugerencias y exigencias que hace la sociedad civil también es una muestra de la soberbia de nuestros funcionarios. Ahora que ya están en el puesto creen que únicamente ellos saben qué es lo mejor para el país, que sus decisiones son las mejores y que nadie tiene motivos para criticarlos. Nada más falso que eso. Hay ciudadanos que están muchísimo mejore preparados o que tienen mejor criterio que un funcionario, que desarrollan buenas ideas y que merecen ser escuchadas. No caigan en el error de creer que sus respuestas son las únicas y las más acertadas.

Hace muchos meses escribí dos columnas tituladas “Los incuestionables”, sobre los funcionarios que se quejan de la crítica de la ciudadanía. Las cosas no han cambiado. En El Salvador todavía hay personas que creen que este país es una finca bajo su dominio. Se equivocan. Este pedacito de tierra nos importa tanto que vamos a seguir trabajando para que la institucionalidad se enderece y para que los malos elementos queden fuera de la función pública.

Los incuestiobales I
Los incuestionabes II

Gente brava, agresiva y violenta. De Erika Sadaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional y presidenta del Centro de Estudios Juridicos

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Somos una sociedad agresiva. Lo ocurrido el pasado jueves en Santa Tecla es una de las últimas manifestaciones de lo violento que somos como pueblo salvadoreño. Lejos de determinar quién tiene la culpa o quién pegó primero, el percance dejó como resultado un muerto y más de sesenta heridos. Ni la Alcaldía ni los vendedores fueron capaces de construir una solución como gente que piense en eso y no en conflictos para lograr algo. No es la primera vez que estos disturbios pasan en Santa Tecla y no será la última. Somos un pueblo carente de inteligencia emocional, tolerancia y diálogo.

El salvadoreño tiene muchas cualidades buenas, reconocidas a nivel mundial. Somos gente trabajadora, incansable y, según dicen, bastante amigable. Pero algo que no hemos cultivado en nuestra sociedad es la reflexión sobre nuestros actos; somos gente impulsiva y hay ocasiones en que eso nos transforma en personas violentas. No nos caracterizamos por pensar lo que hacemos, por reflexionar nuestras acciones y prever las consecuencias de las mismas.

La gente brava, agresiva y violenta está presente en todos lados. Funcionarios, empleados, alcaldes, diputados, agentes del CAM, tuiteros, facebookeros, líderes de opinión, policías, vendedores, estudiantes, amas de casa, mamás, papás, hijos. La cultura de la violencia nos ha impregnado tanto, que el ambiente cargado de negatividad y estrés lo vivimos casi en todos los entornos. Y de parte de casi todas las personas, pues el nivel educativo de alguien no es sinónimo de persona educada.

Lo presenciamos en la Asamblea Legislativa, donde las acusaciones entre los padres de la Patria están a la orden del día. Pareciera que el objetivo principal es hacer quedar mal al otro en vez de tender puentes de diálogo, poner por delante los intereses de un país y buscar soluciones para los distintos problemas que nos aquejan.

A todos nos estresa la agresiva campaña política que se ha desatado en las últimas semanas; los candidatos han dejado a un lado la promesa de impulsar más y mejores propuestas y se han centrado en despellejar al contrincante por cualquier mal paso que dan. Los candidatos y sus equipos deberían estar promoviendo un discurso civil, decente, con soluciones y no agresivo; pero parece que este último es más efectivo.

Lo sentimos en las redes sociales, que han pasado de ser un lugar de distracción e información, a parecerse a campos de batalla virtual donde si no estás conmigo, estás contra mí. Tóxico. Los discursos bajeros de personas reales que se dedican a atacar o difamar, así como las maniobras con “trolles” y “boots”, amenazan a diario la libertad de expresión y no permiten una construcción civil de ideas.

Lo vemos en el tráfico diario, donde la poca cortesía, los pitos sin sentido y las infracciones a las señales de tránsito, son lo más común de la jungla de asfalto. Ya deberíamos dar por sentado el tráfico diario y salir más temprano hacia nuestros destinos, en vez de pretender llegar de manera milagrosa o manejar de forma “ensatanada”.

Lo vivimos con los vecinos, porque no hemos sido capaces de procurar una buena convivencia ni en nuestro entorno básico y respetar los derechos de los demás. Optamos por “sulfurarnos” en vez de buscar soluciones racionales a las discrepancias. Preferimos responder con insultos o golpes a llegar a acuerdos y ser vecinos respetuosos. Así podemos ir ilustrando los distintos niveles de agresión y violencia que tienen herido a nuestro país.

Debemos buscarle un paro a la cultura de la agresión y violencia. Hay que empezar poniendo de nuestra parte y no solo exigir que sea la otra persona la que cambie. Tenemos que dar el ejemplo desde nuestras casas, en la calle y los lugares de trabajo. Seamos reflejo del respeto y la tolerancia que exigimos a los demás. El progreso de una sociedad depende en parte de la educación, respeto, diálogo y tolerancia de cada uno de sus ciudadanos. Seamos el cambio que queremos ver.