Erika Saldaña

Votemos por buenos candidatos, saquemos a los malos. De Erika Saldaña

Hay que votar por los mejores candidatos que podamos encontrar en las próximas elecciones. Votemos por caras, no por banderas, o votemos por candidatos independientes.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 19 junio 2017 / EDH

Hace una semana escribí sobre el resentimiento, la apatía, el descontento y el rechazo que existe en El Salvador hacia los partidos políticos. Pero la vida sigue a pesar de los políticos y sus partidos. Así que no podemos caer en la desesperanza, que es lo peor que puede sentir una persona o sociedad. Pareciera que en la política el cielo está nublado y que no tenemos opciones, pero las tenemos, pocas, pero las tenemos. Hay que votar por los mejores candidatos que podamos encontrar en las próximas elecciones. Votemos por caras, no por banderas, o votemos por candidatos independientes.

Hablemos de los candidatos independientes. Para quienes rechazan a los partidos políticos, estas candidaturas pueden significar una opción para las elecciones de 2018. Los independientes tienen que hacer gala de su calificativo; si esa es la forma por la que se deciden para participar en la política, sus acciones, pensamientos y discursos no pueden ser a imagen y semejanza de las actuaciones de los partidos existentes; tampoco puede resultar en alianzas cuestionables con estos, porque entonces no salimos de lo ya reprobado públicamente.

Votar por rostro y no por banderas políticas también es otra opción para la necesaria renovación política. A pesar de los altos niveles de apatía, está fuera de la realidad pensar que los partidos políticos actuales perderán la representación mayoritaria con la que ahora cuentan. Por eso es necesario que en los partidos se involucre gente nueva y capaz de mejorar las filas partidarias. Es un error mal etiquetar a una persona por involucrarse con un partido; no hay que satanizar las afinidades partidarias, querer ser político no es siempre sinónimo de querer “componerse” por la “vía rápida” y ser “político” no es ni debería ser considerada mala palabra o desprestigio. Si gente capaz y honesta no se involucra, estaremos perdidos con representantes incapaces y deshonestos. Apoyemos a las personas que actúan y son el cambio que queremos ver.

Los que nos quedemos fuera de la actividad política formal también tenemos que hacer nuestra tarea. Debemos depurar conscientemente nuestras opciones y votar por los mejores candidatos que se presenten. Recordemos que quienes resulten ser diputados en 2018 serán los encargados y votarán en las elecciones de funcionarios. Estas son vitales en nuestra república para mantener balances y contrapesos entre los órganos del Estado.

Estos diputados electos votarán por cuatro magistrados que formarán parte de la Sala de lo Constitucional por los próximos nueve años y elegirán al nuevo Fiscal General. Por si fuera poco, podrían decidir sobre la reforma de pensiones e impactarán el rumbo económico y financiero del país. Esta elección es trascendental. No elijamos por simple simpatía, caras bonitas o fidelidad ciega a los partidos. Si queremos mantener a flote esta sociedad, los discursos huecos, prefabricados, y las ideas con soluciones a medias ya no tienen cabida en la política salvadoreña.

En la ya latente campaña electoral, si un candidato no le explica los temas que impulsará en la Asamblea Legislativa o concejos municipales, sus propuestas concretas y la forma en que estas funcionarían, es muy probable que sus ideas estén pegadas con saliva. No vote por él. Si un candidato a diputado limita su desempeño a ir al Salón Azul cuando hay plenaria, a sacarse la foto para ponerla en Twitter y Facebook, pero no brinda resultados concretos de su trabajo, no vote por él. Si un candidato hace un trabajo escueto, a medias, se pierde las votaciones de leyes y dictámenes por cuestiones banales (como andar fumando o haciendo cualquier otra cosa), llega tarde injustificadamente o solo se le ve una vez al mes, no asiste a comisiones de trabajo, abusó de bienes públicos (prestando carros nacionales a familiares o viajando con fondos públicos), realizó tráfico de influencias para contratar a familiares, ha estado involucrado en corrupción o cualquier otra situación cuestionable, no vote por él.

Ahora existe la posibilidad de tener los diputados que nos merecemos, porque podemos votar por rostro. Elijamos con pinza a las personas que conformarán la Asamblea Legislativa, no desperdiciemos este poder. Vote por la renovación.

Apatía política (parte I). De Erika Saldaña

Los partidos políticos han dejado de ser instituciones que representan sectores de la población e ideologías, convirtiéndose en defensores de intereses de grupos particulares y hasta propios.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 12 junio 2017 / EDH

La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA ha venido a reiterar lo que desde hace años sabemos: existe una latente crisis de los partidos políticos actuales en El Salvador; esta se manifiesta en el enojo de muchos ciudadanos, en el desencanto hacia el partido que alguna vez quisieron, en la indiferencia a ir a votar cuando se acercan las elecciones y, en general, los salvadoreños repudian la forma en que se ha llevado la política a lo largo de dos décadas.

Si las elecciones se realizaran en estos días, el 63.4 % de la población no desea que el FMLN siga gobernando; sin embargo, el 68.1 % tampoco quiere que ARENA vuelva a gobernar. Lo anterior se nos presenta desde ya como una encrucijada complicada; en un sistema prácticamente bipartidista, el rechazo hacia los dos partidos mayoritarios genera un panorama de incertidumbre de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2018, y las presidenciales de 2019.

En este punto, es necesario reflexionar sobre qué nos ha llevado a este desprecio de la ciudadanía hacia los partidos políticos. La respuesta está a la vista: los partidos políticos han dejado de ser instituciones que representan sectores de la población e ideologías, convirtiéndose en defensores de intereses de grupos particulares y hasta propios. Lo inaudito de tener una respuesta evidente sobre las causas del rechazo a los partidos es que estos no capitalicen el descontento y no hagan nada por levantar cabeza.

Los partidos políticos van cargando en sus filas, como si nada, a personas señaladas con antecedentes de corrupción y otro tipo de delitos. Además, se trata de gente que lleva años viviendo tranquilamente desde su puesto de privilegio en la política, a quienes se les ve más casa por casa prometiendo unicornios y pidiendo el voto, que en sus lugares de trabajo solucionando problemas que afectan el país. Estas personas, con el paso de los años, se han vuelto millonarios terratenientes, han convertido al Estado en una empresa familiar, mientras sus representados luchan contracorriente para encontrar el sustento diario.

Es imposible que no exista resentimiento, apatía, descontento y rechazo hacia los partidos políticos, si sus integrantes pasan de personas amigables, dialogantes y receptivas en épocas electorales, a mostrar su verdadera personalidad prepotente, autoritaria y vividora cuando ya están en el cargo. La consecuencia de que los partidos políticos promuevan un discurso de cambio, mejora y transparencia, pero al momento de actuar hagan cosas totalmente distintas, es que la ciudadanía no quiera saber nada de la política y sus integrantes.

El problema más profundo de la denominada crisis de los partidos políticos es que, en un país polarizado, desinformado y en el que muchas personas carecen de educación cívica, es probable que varios se dejen llevar por las malas artes del líder carismático, fascista o populista que promete restaurar la democracia dañada por algunas élites. Esa persona que es producto del marketing político, que busca (y consigue) caerle bien a muchos, que promete resolver todos los problemas con su altísima bondad, sabiduría y presencia. Pero al final, los resultados de sus promesas no pasan de ser un cuete soplado.

Algo así le ocurrió a Venezuela en los años noventa. Cuando el sistema de partidos políticos prácticamente hizo implosión producto del descontento ciudadanos y la marginación de la clase trabajadora, surgió Hugo Chávez. Y ya sabemos cómo continúa la dura historia; todas las instituciones que se oponen o contradicen al plan político de este tipo de caudillos se convierten en enemigos, porque el fin siempre será obtener el control de todas las instituciones.

Como dicen por ahí, quienes no aprenden de la historia están condenadas a repetirla. Esta vez, quienes deben aprender del pasado no solo son los ciudadanos al momento de acudir a las urnas y decidir por quién votar, sino también (y en mayor medida) los partidos políticos. Si los políticos pertenecientes a sus filas y las dirigencias no se renuevan, si no depuran sus a sus líderes y candidatos, si no cambian su manera de trabajar y ofrecer soluciones, los principales culpables del decaimiento del sistema político salvadoreño son ustedes.

Tres años, un discurso y escasas decisiones de país. De Erika Saldaña

No necesitamos de discursos de extremistas que nos dicen que el Gobierno debería reducir su tamaño al mínimo o que la empresa privada debería desaparecer, o que la Sala de lo Constitucional es la oficina legal de la oposición o que los medios de comunicación son panfletos.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 5 junio 2017 / EDH

El presidente Salvador Sánchez Cerén habló de sus tres años frente al gobierno de El Salvador y su discurso estuvo lleno de datos y afirmaciones controversiales, los cuales deben analizarse con lupa. El “Fact check” es una herramienta utilizada por los gringos para revisar, datos en mano, los discursos políticos; así detectan errores, imprecisiones o mentiras en ellos. Afirmaciones y datos como la (supuesta) reducción de la pobreza, la cuantiosa (e imprecisa) inversión social, la reducción (aparente) de los homicidios y extorsiones, la (falsa) conservación de los subsidios y programas sociales quedan en duda cuando los contrastamos con la realidad.

Algo que me llamó mucho la atención y que el presidente repitió en varias ocasiones es el supuesto fortalecimiento de la democracia salvadoreña y la continua búsqueda de soluciones a los problemas a través del diálogo, concertación y participación de todos los sectores. A menos que usted viva debajo de una piedra o en Narnia, sabe que nada es más falso que esto. Se pactan reuniones, se toman la foto, se presume el diálogo y luego hay cero o poco seguimiento a lo acordado, según lo que manifiestan los políticos de todos los partidos y los funcionarios de distintas gremiales. A ello súmele que somos testigos, día a día, de constantes pugnas del Gobierno con empresa privada, con la oposición, con la Sala de lo Constitucional, con los medios de comunicación, con Estados Unidos y con todo aquel que no coincida con su visión de la realidad.

La falta de diálogo entre los diversos sectores del país es uno de los problemas más graves que tenemos y así lo ha confirmado el Fondo Monetario Internacional. No hemos entendido que, para salir adelante, necesitamos de un Gobierno estable, eficiente y eficaz; un sector privado fuerte, un sistema de frenos y contrapesos que funcione y medios de comunicación libres e independientes del gobierno. No necesitamos de discursos de extremistas que nos dicen que el Gobierno debería reducir su tamaño al mínimo o que la empresa privada debería desaparecer, o que la Sala de lo Constitucional es la oficina legal de la oposición o que los medios de comunicación son panfletos. Necesitamos de un debate civilizado de las ideas, sin insultos ni descalificaciones a priori.

Hay que entender, por ejemplo, que reducir al Estado a un mínimo de funciones como la seguridad, es ignorar que en este país no todos gozan de educación o salud de calidad, de oportunidades de empleo o de un tiempo asegurado de comida al día. Por ello, es necesario que el Gobierno supla las necesidades de los sectores más pobres a través de programas sociales focalizados y eficientes. Entender esto es producto de pragmatismo informado por la realidad, desechando ideologías rígidas.

Por otro lado, pretender la eliminación de las empresas privadas significa ignorar que estas son pieza fundamental para impulsar el desarrollo económico, la generación de empleos, la atracción de inversión extranjera e impulso de la local, contribuyen a la recaudación fiscal y hay muchas que cumplen un importante rol social en la comunidad.

El reto para los últimos dos años de la presidencia de Sánchez Cerén, la oposición y el sector privado es dejar a un lado las confrontaciones, dialogar y negociar en temas que nos interesan a todos, y echar a andar planes de trabajo sostenibles que vayan más allá de un periodo de gobierno. Urge atraer inversión, generar empleos, mejorar el sector laboral privado, reducir la burocracia, fortalecer y focalizar la inversión social, reformar integralmente al sistema de pensiones, reducir el gasto del Estado, combatir la evasión y elusión fiscal y ampliar la base tributaria mediante la formalización de empresas y personas.

La mayoría de estos son temas de interés común, a los cuales ningún sector se puede negar si queremos salir de la crisis. Estos no son temas electorales, son temas de nación. Necesitamos de estadistas en la Asamblea y en el Ejecutivo. Y necesitamos de un presidente que nos diga en su informe anual lo que debemos y necesitamos oír y no la “verdad” con la que engancha a sus bases. El informe anual es para sincerarnos, aceptar la realidad y buscar soluciones, no para dibujar un país que no existe. Señor presidente, sea estadista y no politiquero.

La partida que no era secreta. De Erika Saldaña

Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 29 mayo 2017 / EDH

Uno de los secretos a voces más fuertes en El Salvador, posconflicto armado, es la existencia de la mal llamada partida secreta. Digo mal llamada, pues cuando un funcionario dice que la partida secreta no existe, tiene razón. Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

De estas líneas presupuestarias, cuentan diversos reportes periodísticos, salió dinero para pagar sobresueldos a funcionarios en diferentes periodos gubernamentales, “actividades de inteligencia”, “reparar crisis políticas” y quién sabe qué otro tipo de cuestiones, porque aquí podemos especular lo que sea, ya que nunca se ha transparentado su verdadero uso. Los indicios de las investigaciones de la Sección de Probidad y la Fiscalía señalan que algunos de estos dineros, probablemente, fueron a parar a cuentas privadas de expresidentes o exsecretarios privados de la Presidencia, lo cual ya degenera en corrupción.

Aunque su existencia en sí misma no es inconstitucional, la forma oscura y discrecional en la que se han utilizado las partidas de gastos imprevistos o gastos reservados deja muchísimas dudas. Antes del año 2010 nunca se habían aceptado los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del Presupuesto General de la Nación y las asignaciones presupuestarias sin control alguno; esto, a pesar de que algunos demandantes habían manifestado que este tipo de partidas podían llegar a acumular grandes cantidades de recursos que, al carecer de transparencia y control, no garantizaban que se estuvieran utilizando adecuadamente, para los fines del Estado.

A partir de la sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, cuando la Sala de lo Constitucional aclaró que en casos anteriores sobre el presupuesto la interpretación hecha no había sido lo suficientemente fundada, se estableció que el presupuesto debe especificar con precisión la cantidad, finalidad y entidad que ha de realizar los gastos públicos. Debe señalarse de manera clara cuánto gasta, en qué gasta y quién lo gasta. Además que ningún ente público puede tomar una decisión jurídica que implique un gasto no previsto en la Ley de Presupuesto; tampoco se pueden gastar las sumas autorizadas para una finalidad diferente a la plasmada en la ley, sin realizar el procedimiento establecido para la modificación del presupuesto.

La Sala también expuso que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser garantizadas por todas las dependencias del Estado, de manera que todas las cuentas del presupuesto puedan verificarse en su ejecución, transferencia y destino, salvo en las excepciones que exista una causal justificada de reserva de la información. La sentencia fue clara al señalar que las denominadas “partidas secretas”, entendidas como aquellas que no están sujetas a control y rendición de cuentas, no tienen asidero constitucional.

En los últimos cuatro gobiernos se han gastado cientos de millones de dólares de los que no se ha rendido cuentas por pertenecer a gastos imprevistos o reservados; se ha tratado de justificar su opacidad en que es información reservada del Estado por atender a funciones del Organismo de Inteligencia del Estado, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada o porque se trata de gastos urgentes que surgen de alguna emergencia nacional. Pero en un rubro tan delicado como las finanzas del Estado, entre más transparencia y más información hay, mejor. No hay lugar para partidas secretas ni para que algunos funcionarios decidan discrecionalmente en qué gastar.

Después de tantas líneas cuestionando la partida de gastos imprevistos y reservados, la duda del millón es ¿dónde ha estado, está y estará la Corte de Cuentas para investigar la forma en que se administran y gastan los fondos públicos? ¿por qué la Corte de Cuentas se resiste a auditar la forma en que se usan todos los fondos públicos cuando se supone que es su principal misión? Nuevamente el tema está sobre la mesa, y ante la próxima elección de los magistrados de la Corte de Cuentas a los ciudadanos nos toca exigir que nos expliquen con detalle en qué se gastan el pisto del Estado.

Camino a la anarquía. De Erika Saldaña

Si el Estado asume que no es capaz de cumplir una de las principales funciones para las que existe, armar a la ciudadanía es el primer paso para vivir en una anarquía.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 22 mayo 2017 / EDH

“Policía mata a motociclista que le pitó para que cruzara la calle”; “Capitán de la Fuerza Aérea fue asesinado por su vecino tras discusión en el parqueo”; “Matan a pasajero tras discusión por un asiento”; “Vigilante mata a taxista por un dólar”. Este tipo de macabros titulares se están volviendo frecuentes en los medios salvadoreños y, lastimosamente, ya no nos causan el escozor que deberían.

Al leer cada historia, al menos yo me pregunto: ¿Por qué estas personas disponen tan fácilmente de un arma? ¿Acaso esa responsabilidad no debería depositarse solo en personas mentalmente sanas? ¿Qué tan efectivo es el filtro de las autoridades para entregar un permiso de portación de armas?

Actualmente en la Asamblea Legislativa se encuentra una propuesta de armar a las comunidades civiles para su propia defensa en contra de la delincuencia. En una sociedad donde reina la intolerancia en cualquier espacio, de la cual hemos sido testigos con casos y muertes propias de historias de psicópatas, más armas podrían significar muchas más muertes. Justificadas, o probablemente no, bajo el manto de la legítima defensa. Y en comunidades donde impera el miedo ante el acecho de la delincuencia y las pandillas, todo parece ser fórmula perfecta para un inminente fracaso.

Entre líneas, el Estado acepta dos cosas preocupantes en su intento de armar a civiles: que la seguridad pública sigue siendo el problema más grave hoy por hoy, aunque el índice de homicidios esté a la baja; y que no existe un control estatal de la seguridad pública. Si el Estado asume que no es capaz de cumplir una de las principales funciones para las que existe, armar a la ciudadanía es el primer paso para vivir en una anarquía.

Trasladar la obligación de la seguridad pública a civiles, bajo el manto de la legítima defensa, puede dar lugar a situaciones preocupantes. En primer lugar, una tarea excepcional como es la limitación de derechos (en este caso, de los presuntos delincuentes) se otorga al Estado bajo el entendido que los procedimientos se realizarán en el marco de la ley, de manera racional y cuando esta sea la última opción posible. El miedo es traicionero y nada nos garantiza que una persona armada tenga conocimiento que para invocar el uso de la legítima defensa se deben cumplir varios requisitos. En ese sentido, para que una persona esté habilitada para afectar los derechos de alguien más sin ser acusado penalmente, es decir, alegando defensa propia, se deben afectar los derechos personales y no los de alguien más, debe existir una verdadera acción que sea delito y no una simple amenaza, el peligro debe ser real y el uso de la defensa por la propia mano tiene que ser la última opción posible.

Si descartamos la idea de armar a los civiles para su propia defensa ante la delincuencia, ¿qué se debe hacer? Exigirle a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia que asuman el rol que les corresponde. Hay que resolver un problema que existe desde hace un par de décadas, que las autoridades de seguridad pública siempre han tenido en su nariz y prefieren ignorar: en primer lugar, es necesario depurar a la Policía Nacional Civil.

Resulta difícil invocar mayor presencia policial cuando también hemos sido observadores de su dudoso comportamiento en muchos casos; serias acusaciones de que miembros de la institución habrían realizado ejecuciones extrajudiciales, implantación de droga a un joven, introducción de objetos a bartolinas y centros penales, corrupción, entre otras, son solo algunos de los serios señalamientos. Sin embargo, en un Estado de Derecho y en una democracia constitucional es complicado señalar salidas distintas a las institucionales. Es necesario forzar al correcto funcionamiento de estas e impulsar la depuración de la corporación policial.

Paralelo a lo anterior es urgente ampliar la presencia de los policías en los territorios, mejorar la ejecución de sus procedimientos y las condiciones laborales de sus agentes. Es primordial tener verdaderos planes de reducción de delitos y no paliativos temporales. La opción de armar a la ciudadanía significa que el Estado se desentiende de una de sus principales obligaciones y esto podría convertirse en un veneno que agudice mucho más la enfermedad, desembocando en una anarquía.

La polarización ciega. De Erika Saldaña

El punto en discusión es que si la entrega de dos carriles de la alameda Juan Pablo II y la explotación del servicio transporte público tuvo que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa o no, ya que se trata de un bien público que nos pertenece a todos.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 15 mayo 2017 / EDH

¿El Sitramss debió concesionarse por la Asamblea Legislativa? Este no es un tema de lucha de clases, sino de si el mecanismo usado para entregar el proyecto es constitucional o no. Con la liberación del carril segregado ha quedado evidenciada la habilidad de funcionarios del Gobierno de tergiversar los temas, orientando las discusiones, casi siempre, hacia un odio y pelea de clases sociales. El punto principal en la discusión sobre Sitramss es si este fue entregado de acuerdo a los parámetros que establece el artículo 120 de la Constitución.

Negar la pobreza, falta de oportunidades y desigualdad en el país, es equivalente a sufrir de una grave incapacidad de ver más allá de la propia nariz. En El Salvador no todos nacemos con las mismas oportunidades de acceder a servicios de educación, salud y seguridad; no todas las personas pueden obtener un empleo digno. El Sitramss es una de las tantas maneras de nivelar el terreno, dando un transporte rápido y directo a miles que viajan desde el oriente al centro de la capital. Es darle facilidades a los que usualmente no las tienen, por lo menos en transporte; pero esto no quiere decir que se debía hacer pasando por encima de las leyes.

En algo estamos claros, es obligación del Estado corregir las desigualdades mediante subsidios focalizados, programas sociales, educación, salud pública de calidad o un transporte público eficiente. Lamentablemente, en El Salvador cuando esos programas son cuestionados por ineficiencia o ilegalidad, quienes los impulsaron creen que se les critica basados en criterios de clase, bajo la premisa que lo queremos es que El Salvador siga siendo desigual y que los pobres sigan siendo pobres. Nada más alejado de eso. Encendemos la mecha de la polarización, todo por defender o desaparecer las acciones que se les cuestionan.

No nos perdamos, el artículo 120 de la Constitución dice que toda concesión para la explotación de obras de uso público debe ser sometida al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. El punto en discusión es que si la entrega de dos carriles de la alameda Juan Pablo II y la explotación del servicio transporte público tuvo que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa o no, ya que se trata de un bien público que nos pertenece a todos.

Los funcionarios, sospecho, están conscientes de esto. Sin embargo, usan un discurso de ricos versus pobres, “gente de a pie” versus “gente de carro”, o que la Sala de lo Constitucional pretende despojar de los pocos buenos beneficios a las personas con escasos recursos. Es una falacia tal vez políticamente útil, pero falacia al fin y al cabo.

Hay que aclarar varios puntos fundamentales. Desde la admisión de la demanda de inconstitucionalidad se dejó claro que el motivo principal que se discutiría en el juicio no es el sistema de transporte en sí mismo sino la falta de concesión. Es claro que la inversión ha sido grande y no puede desaparecer así por así, ni volver al estado en que se encontraba antes.

El proceso de inconstitucionalidad no tiene nada que ver con el hecho de si los buses usados por el Sitramss actualmente son buenos, ni se pretende la imposición de un resquebrajado transporte público anterior. Si el argumento es que necesitamos un transporte moderno, los legisladores deberían empezar, en primer lugar dejando de prorrogar los permisos para que los buses chatarra sigan funcionando y focalizar el subsidio al pasaje de una mejor manera.

El hecho de que una obra beneficie a muchos no limpia los pecados mediante los cuales fue concebida. Por ejemplo, el hecho de que el bulevar ex Diego de Holguín ahora es una calle que brinda fluidez y conexión entre varias ciudades del área metropolitana, no desaparece el hecho de que existe sospecha de corrupción en los planes y manejo de dineros que llevaron a construirlo.

Mientras veamos los casos de corrupción, acciones del Gobierno, de partidos o de funcionarios a través de un cristal partidario, nunca veremos el interés de la República o el bien común. La partidización de los análisis solo lleva a más polarización. Y la polarización ciega. No deja ver que los corruptos y las malas acciones vienen en todos los colores partidarios.

Los cálculos que nadie hizo. De Erika Saldaña

El Salvador se encuentra en un punto en el que los placebos temporales pueden convertirse en una bomba de tiempo que amenaza con estallarnos en la mano.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 8 mayo 2017 / EDH

En las últimas semanas El Salvador se puso al mismo nivel que países como Venezuela, Grecia y la República del Congo en el pago de sus obligaciones estatales; caímos en impago, es decir, el país no fue capaz de solventar su deuda contraída con las Administradoras de Fondos de Pensiones. Y digo “caímos” porque las acciones de las cabezas del Gobierno nos terminarán afectando a todos, aunque a primera vista no lo advirtamos así.

Genera mucha duda y algo de desconfianza el hecho que el país haya caído en impago y, al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda haya expuesto en un comunicado que dicha insolvencia no es por falta de dinero o por problemas de caja. Las complicaciones a las que Hacienda quiso culpar del impago (llámese Sala de lo Constitucional, falta de aprobación de préstamos o ausencia de partidas presupuestarias), no dejan de crear la impresión que esa situación fue fruto de la negligencia o, en el peor de los casos, de una intención de la que todavía no sabemos con claridad los motivos.

Lo preocupante de la condición de mala paga es que, aparentemente, nadie en Hacienda o en el Gobierno calculó cuáles serían las consecuencias de ese escenario intencional ni previeron que las cosas se nos complicarían a nosotros, los ciudadanos. Ningún funcionario recordó que la estabilidad de una economía y, sobre todo, de un sistema financiero se basa en la confianza. Nadie quiso advertir que el impago trae consecuencias como la baja calificación de riesgo como país, la cual se realizó casi de manera inmediata. Nadie en el Gobierno señaló las secuelas que pueden causarse a futuro, que, según la reconocida economista Carmen Aída Lazo, podrían traducirse en un aumento de las tasas de interés, lo cual volverá más difícil el endeudamiento del Estado debido a que menos instituciones estarán dispuestas a darnos su dinero ante el riesgo que no les paguemos; también, que los prestamos serán más caros debido a esa alza en las tasas. Otra de las consecuencias del default es una menor disponibilidad de fondos para préstamos, que provocará la desaceleración de la actividad económica; y, además, se podría complicar la capacidad de los bancos de obtener líneas de crédito en el extranjero. El Gobierno irresponsablemente jugó a que la única salida era la aprobación de préstamos y prefirió ignorar los otros efectos que sus decisiones conllevaban.

La mayor vergüenza de esta situación es que las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales (como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) sitúan la gravedad del problema en la falta de diálogo de país, así como en la incapacidad de los políticos de acordar soluciones viables a las dificultades que venimos arrastrando desde hace varios años.

La semana pasada el Gobierno hizo público un comunicado en que la calificadora Fitch Rating mejoró la situación de El Salvador de impago selectivo a CCC; eso es como pasar de una nota de 2 a 4 en un examen que tiene como base 10. Así que no pensemos que el problema se ha solucionado; no estamos fuera de riesgo, pues falta que el Estado realice los pagos de deuda del sistema privado de pensiones programados para junio y octubre del presente año. Al Ministerio de Hacienda le hacen falta 227 millones necesarios para pagar la deuda de pensiones con el sistema privado (pago de capital e intereses); esta, a pesar de ser una obligación previsible y certera, no fue incluida en el presupuesto general de la nación. Como lo he manifestado en anteriores columnas, todos los esfuerzos deben centrarse en resolver los problemas del país, lo cual implica dejar a un lado la preocupación o el cálculo político que algunas medidas impopulares puedan causar. El Salvador se encuentra en un punto en el que los placebos temporales pueden convertirse en una bomba de tiempo que amenaza con estallarnos en la mano. Deben construirse respuestas adecuadas lideradas por personas serias y racionales, ajenas a cualquier interés político. Ojalá en un par de meses no nos toque referirnos a problemas más complejos, ni tengamos que volver a hacer cuentas de los cálculos que no se hicieron.