Erika Saldaña

¿Gobierno de la gente y para la gente? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional; presidente del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

8 abril 2019 / EL DIARIO DE HOY

En El Salvador tenemos un gobierno de la gente y para la gente? ¿O se trata de un gobierno para los políticos y los militantes de los partidos? La calidad de los servicios públicos no mejora, pero las cifras del número de plazas del gobierno y los salarios asignados sí. El Estado ha sido utilizado durante décadas para mantener a simpatizantes, más que para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

El tamaño del gobierno debería estar directamente relacionado con la población y con las actividades desarrolladas al interior del sector público. Entre más grande es el aparato estatal, mejor debería ser la calidad y efectividad de los servicios prestados. Esta debe ser la correlación. Según datos presentados por la revista Forbes en 2017, los países escandinavos tienen el más alto índice de contratación gubernamental del mundo. Del empleo total de cada país, el gobierno de Noruega absorbe el 30 % de los empleados, Dinamarca el 29.1 %, Suecia el 28.6 % y Finlandia el 24.9 %. Estos son países donde hay una relación directa entre impuestos pagados, cantidad de empleados públicos y calidad de servicios públicos prestados. Y es lo que no pasa en nuestro país.

En El Salvador no sabemos con cuántas personas podría o debería funcionar el aparato estatal. Las instituciones no tienen delimitado cuántas personas realmente necesitan para que la institución realice su trabajo de manera normal; el límite lo han encontrado en la manera de justificar una plaza o en la disponibilidad de fondos para pagar los salarios, no en algún factor serio. Y la calidad de la mayoría de servicios públicos deja mucho que desear.

Según datos publicados por este periódico la semana pasada, en los últimos diez años el Estado aumentó su planilla en 37,118 plazas entre el gobierno central, las empresas públicas y las instituciones descentralizadas. El gasto en remuneraciones pasó de $1,451.5 millones a $2,840.3 millones entre 2008 y 2019; cerca de la mitad del presupuesto general de la nación es utilizado para pagar salarios. Además, hay casos inexplicables donde los funcionarios de instituciones como el Tribunal de Ética y la Corte de Cuentas, PROESA e incluso algunos alcaldes, ganan más que los presidentes de los tres órganos fundamentales del Estado.

El servicio público salvadoreño ha respondido a un estado clientelar, donde la constante ha sido la incorporación como funcionarios o empleados de personas activistas o de cuadros partidarios; se ha dejado de un lado la evaluación de capacidad y mérito para optar a los puestos públicos. Hay más plazas y mejor pagadas, pero la calidad de los servicios sigue por los suelos. Que a nadie le extrañe el descontento de la ciudadanía que paga impuestos con la clase política que avala y fomenta esta mala utilización de recursos públicos.

Las malas prácticas que durante décadas se han mantenido en relación al servicio público deben cesar. La implementación de leyes que unifiquen el régimen de los funcionarios y empleados, los requisitos y formas de contratación, salarios y beneficios, deben ser discutidos de manera amplia, sin satanizar de entrada que se tratan de reformas en detrimento de los trabajadores.

El reto del nuevo gobierno es implementar los mecanismos de evaluación del servicio público. Esto pasa por determinar cuáles son los empleos necesarios en cada institución financiada con fondos públicos, analizar si las personas que ocupan esas plazas cumplen con el perfil requerido para el cargo y retirar las plazas y personas que no brindan ningún resultado. Esto aliviaría las finanzas públicas y mejoraría la calidad de los servicios públicos en el país. No se trata de revanchismos partidarios ni cacería de brujas. Hay que remover de forma seria la grasa en el recurso humano del Estado.

Equipo de rivales. de Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

1 abril 2019 / EL DARIO DE HOY

“Team of rivals” o “equipo de rivales” fue una de las hazañas políticas de Abraham Lincoln como Decimosexto Presidente de los Estados Unidos de América. La expresión —plasmada en el libro de la periodista Doris Goodwin— hace referencia a la capacidad que tuvo Lincoln de juntar a las mejores personas, a “los hombres más fuertes”, para que integraran su gabinete de gobierno en medio de un turbulento clima político y social. Este equipo incluía a tres exrivales de Lincoln en la lucha por la candidatura presidencial republicana y a varios demócratas. El Presidente construyó un gabinete sólido más allá de las simpatías partidarias y la complejidad de las relaciones humanas.

En El Salvador todavía no conocemos a los miembros del gabinete del presidente electo Nayib Bukele. Han pasado casi dos meses desde las elecciones presidenciales y a la fecha no sabemos los nombres del “equipo de transición” ni posibles miembros de un futuro gobierno. El cuerpo de funcionarios del Órgano Ejecutivo es el encargads de echar a andar la mayor parte del aparataje estatal y su competencia determinará el éxito para salvar instituciones manchadas por la ineficiencia desde hace décadas. Es un tema que nos interesa a todos, independientemente si simpatizamos con el presidente electo o no.

En los últimos días el debate se ha enfrascado en temas que carecen de trascendencia, como dónde se realizará el traspaso de mando. El lugar es irrelevante, lo que más urge en este momento es la buena voluntad del gobierno saliente y del entrante para que las instituciones se entreguen en orden, transparencia y civilidad. Más que el protocolo del traspaso de mando, necesitamos que se vaya consolidando un gabinete que incluya personas capaces y aptas para puestos clave y para dirigir 14 ministerios y 52 instituciones autónomas.

En el gobierno necesitamos a los mejores. Tenemos décadas de improvisar los nombramientos o de asignar esos cargos a personas por simpatías partidarias más que por especialización y capacidad de ejecutar políticas públicas en determinado rubro. A pesar que en este país hay muchísima gente con una gran formación académica y profesional, la línea que más ha pesado ha sido la partidista o una lealtad mal enfocada, donde ha prevalecido asentir con todo lo que hace o piensa el presidente, más que discrepar de manera razonada y hacer las cosas de forma correcta.
Llevar a los mejores no significará para el presidente acompañarse de las personas con las que existe mayor simpatía. En esta ocasión, como en la conformación del equipo de rivales, implicará que lo fundamental en el nombramiento de un funcionario no es nivel de amistad o cercanía con el presidente electo, sino la capacidad de echar a andar una institución, de depurar la sobrecarga de la planilla estatal y de hacer que las entidades públicas ofrezcan buenos resultados en favor de la ciudadanía.

El llamado es al presidente electo a reflexionar sobre la trascendencia del nombramiento del gabinete de gobierno. Ya no se trata de simpatías o rechazos, sino de convertirse en un verdadero líder e integrar las instituciones con las personas idóneas, más allá de si fueron quienes lo criticaron en su campaña. Y también las personas que sean consultadas para formar parte del gabinete de gobierno deben tomarse con seriedad la propuesta: tener la honestidad intelectual para rechazar un puesto para el que no tiene la experticia; o demostrar el patriotismo aceptando un puesto público a pesar de las diferencias con el nuevo presidente.

Nayib Bukele es el presidente electo y hay que apoyarlo en el buen desarrollo de las instituciones, eso nos conviene a todos. No se debe privar a la ciudadanía de tener un gabinete compuesto por los hombres y las mujeres más fuertes para dirigir al Estado.

No nos van a callar. De Erika Saldaña

Ninguna persona tiene derecho a callar a otra.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

25 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

La semana pasada, mediante la red social Twitter, cuestioné al presidente electo Nayib Bukele sobre la orden de liberar a dos personas detenidas por la PNC en los disturbios que se dieron en la marcha contra la privatización del agua. Parafraseando mi comentario fue: “Es presidente electo, no presidente que ya está gobernando. Si las capturas son ilegales o no, que lo determinen las autoridades competentes y vigentes”. Hasta ahí. Ninguna ofensa, comentario despectivo y un cuestionamiento razonable en una república democrática. Inmediatamente cayeron las turbas digitales con descalificaciones e insultos.

Uno de los principios fundamentales en cualquier república democrática es la libertad de expresión. A través de ella somos capaces de difundir nuestros pensamientos, críticas y posiciones sobre cualquier tema. Para que seamos capaces de decir lo que queramos han caído imperios, monarquías y dictaduras en todas las latitudes; todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. No importa si hay miles de personas cansadas de la opinión de una. Esa una tiene derecho a expresar lo que piensa libremente, esté equivocada o no.

Los que ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión en una red social nos sometemos voluntariamente a los dimes y diretes que se generan ante la diversidad de puntos de vista. Como opinión propia, acertada o no, todas son válidas y todos tenemos derecho a exponerlas. Sin embargo, los intentos de callar o pretender hostigar a alguien por su opinión diferente no caben en una república democrática. Callar es normalizar algo inaceptable.
La respuesta que más ha llamado la atención al comentario que hice de Bukele fue la de uno de los aliados más cercanos del presidente electo, el señor Walter Araujo; literalmente manifestó: “Usted ya cierre su trompa, estamos hartos como pueblo de sus intromisiones políticas. Defensora de privatizadores y arenazis. ¡Metida! Mejor póngase a trabajar”. No es la primera vez que trata de deslegitimar a alguien por pensar distinto a él, a Bukele y a los seguidores de Nuevas Ideas.

En las redes sociales se está construyendo una verdad inapelable, que es la que diga Nayib Bukele y sus simpatizantes. Ir en sentido contrario a ello activa las turbas digitales, los acosos selectivos y produce una avalancha de insultos, desacreditaciones y bullying. Utilizan cualquier cosa para armar una guerra psicológica contra el que tenga una opinión distinta y se atreva a emitirla; amenazan con “sacar trapos al sol”, que en muchas ocasiones no es más que hacer públicas cuestiones reservadas al ámbito personal de cada quien. Hay que señalar que estas estructuras digitales y su forma de operar no son exclusivas de los simpatizantes del presidente electo, también las hemos visto en afines a ARENA y FMLN.

El título de presidente electo no lo convierte en una persona infalible y exenta de cualquier crítica. Aquí vivimos en una república democrática donde todos tenemos derechos, no en una monarquía con un rey entronizado. Si el presidente electo accedió a entrar en la cancha política, él y sus simpatizantes deben estar claros que estará sometido al escrutinio público los cinco años de su presidencia.

En El Salvador hay leyes e instituciones que respetar, y eso nos incluye a todos, ciudadanos y funcionarios. Aunque Nayib Bukele sea el presidente electo, no puede dar órdenes cuando aún no está en funciones; no puede pasar por encima de la autoridad de la PNC y solo con base en sus apreciaciones personales.

Existe una regulación legal sobre las maneras de proceder y un preestablecimiento de las instituciones competentes que se pueden involucrar y determinar si las detenciones fueron legales o no. Sus palabras fueron para liberar a dos estudiantes involucrados en disturbios; mañana puede ser para lo contrario. Este es el riesgo de salirse de las facultades que la Constitución y las leyes otorgan a cada funcionario. Las instituciones están ahí para reducir el margen de arbitrariedad de quienes ostentan el poder. Esa es mi opinión y si alguien no está de acuerdo debatamos sin insultos, sin deslegitimar a una persona por cualquier cosa y sin pretender callarla.

La separación de poderes plasmada en la Constitución es una garantía que esta república no se convertirá en una dictadura o una monarquía. No podemos volver a las épocas donde el presidente era quien elegía funcionarios a su antojo, manejaba instituciones y dirigía todos los poderes del Estado. Así no funciona una república y el presidente electo y sus simpatizantes deberían tenerlo claro.

Mujeres y hombres: compañeros. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

11 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

Es difícil ser mujer en El Salvador. Los índices de violencia contra nosotras se han disparado en el último año y nuestro país tiene una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina. Según datos del informe “Situación de violencia letal contra las mujeres”, de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, entre 2014 y 2018 la Fiscalía General de la República recibió 599 casos de feminicidios, es decir, fueron 599 mujeres a quienes mataron por motivos de violencia de género. La muerte es la punta del iceberg de situaciones de violencia que se dan en el día a día de muchas mujeres, pero no es la única manifestación.

Bajo esa punta visible, hay muchas situaciones de maltrato y violencia que hemos invisibilizado o se han vuelto normales en nuestra sociedad. Los maltratos verbales, las burlas, el acoso, la intimidación contra una mujer, por considerarla el sexo débil, una pertenencia del hombre o un ser inferior, son manifestación de violencia que poco a poco pueden ir escalando hasta llegar a los feminicidios.

Esta normalización de la desigualdad es la raíz cultural que debemos cambiar.

En el país aún vemos resistencia en reconocer a plenitud los derechos de las mujeres. La incursión en sectores que históricamente han sido dominados por hombres (como la política, industria, profesional, empresarial, entre otras) ha ido a paso lento. Todavía no hay igualdad de salarios a pesar de la igualdad de obligaciones. Hay mujeres que son abusadas física y verbalmente en sus hogares por sus mismos familiares, en sus trabajos e incluso en los grupos de amigos. Por todos estos motivos es importante visibilizar las desigualdades a las que muchas mujeres se ven sometidas, para darnos cuenta que una situación aparentemente normal en realidad es un problema y que debemos buscarle solución.

El trabajo por la igualdad de la mujer es de todos. Hombres y mujeres. Es incompleto pensar que en la lucha por los derechos de la mujeres solo debemos pelearlas las mujeres y que los hombres deben hacerse a un lado. No se trata de ponernos a discutir la división entre hombres y mujeres, sino de eliminar esa barrera. El auge de feminismo a nivel mundial en algunas ocasiones puede entenderse como una confrontación directa de géneros, y llegar a puntos de misandría, es decir, de odio o menosprecio por lo masculino. Lo que buscamos es igualar la escala de derechos y oportunidades, no desaparecerlos de la tierra.

Los hombres no son enemigos. Algunos, lamentablemente, tienen tan arraigados las costumbres de la cultura machista o son propulsores del desprecio hacia las mujeres y la misoginia. Estas son las actitudes que deben combatirse. Pero en contraste, hay hombres que son grandes soportes de la causa de las mujeres y que no deben quedar atrás en la lucha o menospreciarlos en el camino. Hay papás, hermanos, hijos, tíos, primos, amigos, compañeros de trabajo que ven en las mujeres personas con los mismos derechos y con el mismo potencial de desarrollo que cualquier hombre. Mujeres y hombres somos compañeros en la lucha por la desigualdad.

Las mujeres somos valiosas e importantes por la misma condición de ser humano; no buscamos privilegios ni hacer a un lado a los hombres. Queremos que todos y todas podamos vivir en igualdad de condiciones y tengamos la misma posibilidad de oportunidades a nivel educativo, laboral y salarial. Que no sigamos siendo violentadas ni física ni psicológica ni sexualmente. Que nuestras niñas puedan crecer y desarrollar todo su potencial en tranquilidad. La lucha continúa.

Linchamientos mediáticos. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

4 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

En la época medieval, una mujer que retara lo dicho por la Iglesia o el Estado podía ser acusada de bruja. En 1973, dos feministas estadounidenses, Barbara Ehrenreich y Deirdre English, afirmaban en su libro “Witches, Midwives, and Nurses”, que las mujeres ajusticiadas eran las curanderas y parteras tradicionales deliberadamente eliminadas por la naciente comunidad médica dominada por hombres.

La cacería de brujas podía tener como base las supersticiones regionales, religiosas o intereses económicos, y bastaba el testimonio de alguien interesado —hombre o mujer— para ser acusado. Era una cacería en la que el peso de demostrar que era inocente recaía sobre la mujer y no en los acusadores el probar que era culpable. Suposiciones y prejuicios era lo que pesaba. Hoy día, no hay “juicios” a brujas o chamanes, pero las cacerías se mantienen.

En El Salvador hablamos intensamente sobre los temas de la semana, incluidos los hechos delictivos. Buscamos información y damos nuestra opinión en redes sociales. La libertad de expresión nos permite esto. Y repetimos, desafortunadamente, a través de medios modernos, la cacería de brujas de antes, basándonos en prejuicios, convenciones, dichos de alguien, y/o hartazgo con ciertos sectores. Así juzgamos y condenamos o exculpamos. En medio de todo esto olvidamos un tema que también debería ser relevante: la presunción de inocencia de la persona a la que juzgamos. Somos modernos cazadores de brujas.

No tenemos hoguera, batallón de fusilamiento ni linchamiento por el pueblo enardecido. Pero las redes sociales se han convertido en la plaza pública donde sin ninguna consideración ni mayor reflexión, llamamos violador degenerado a un hombre o abortista asesina a una mujer. Todo a priori, dependiendo de quién lo vea. Poco importa si contamos con prueba o no, o si la información es solo el tuit de alguien. Juzgamos y condenamos con el mínimo de datos.

Si existe la posibilidad de que la persona haya cometido el delito que se le señala y sea culpable, ya sea por los antecedentes o por las pruebas que existen, no somos nosotros quienes tenemos la última palabra. Es la vía judicial la encargada de remover esa presunción y confirmar, después de un debido proceso, que la persona realizó los hechos que se le imputan y que debe pagar por ellos.

El mayor problema de esta caza es cuando se llega a probar que la persona no cometió ningún delito. Las hordas virtuales que quemaron a esa persona se disipan y nadie sale disculpándose con la misma efervescencia con que publicaron, condenaron o insultaron. Ya no nos importa el nombre, el honor y el sentir del “brujo o bruja”. Nadie le repara su vida.

Es este el sentido de la garantía de la presunción de inocencia en los procesos judiciales. Ante la posibilidad que una persona no haya cometido los hechos que se le señalan, lo más sensato es que esperemos a que un juez quien lo confirme y sea el que le determine la pena en proporción al hecho que se comprobó. En las primeras etapas sabremos si hay indicios robustos y en los tribunales de sentencia si hay suficiente prueba o no. En las Cámaras y Salas si la decisión estuvo apegada a derecho.

Este es un llamado a la prudencia. No se trata de censura, sino reflexión sobre el daño que causamos a alguien. Detrás de cada uno de los casos no solo está el honor de la persona, también hay familias que sufren al ver el linchamiento mediático que sufren esos que nunca dejarán de ser su familia. Esto es importante porque, esperemos que no, el siguiente linchado puede ser alguien querido suyo. No caigamos en cuenta hasta ese momento que la presunción de inocencia sí es importante.

¿Cómo opera el fuero? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional y presidenta del CEJ

25 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Un tema que está sobre la mesa es el fuero de los funcionarios. No solo por los dos casos sonados en las últimas semanas, sobre si aplica o no dicha prerrogativa al presidente electo de la República y a un magistrado de cámara. El fuero y la garantía de antejuicio siempre han estado de moda, ya que durante años ha sido mal utilizado y se convirtió en un mecanismo que algunos funcionarios quisieron usar para evitar enfrentar a la justicia.

En el pasado fuimos testigos como funcionarios alegaron el fuero para evadir los tribunales y no ser juzgados. Los casos más sonados: un diputado que hirió de bala a una policía en un control de alcoholemia; y un diputado suplente que terminó condenado por lavado de dinero.

Una breve reseña de cómo opera el fuero. Se trata de una prerrogativa que nace en los artículos 125, 236 al 238 de la Constitución; el 236 señala que los funcionarios ahí mencionados “responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan” y fija el procedimiento a seguir; es decir, se establece una etapa previa a los tribunales del Órgano Judicial, y es la Asamblea Legislativa la que decide si “hay lugar a formación de causa” o, lo mismo, si el funcionario debe enfrentar o no un proceso judicial por el delito que se le atribuya.

El fuero tiene una finalidad: prevenir obstrucciones injustificadas a las labores de los funcionarios y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Es decir, no acusar a alguien solo porque sí y así apartarlo del cargo. No se trata de proteger a la persona, sino la garantía de que el ejercicio de su cargo no se verá entorpecido de manera injustificada ante señalamientos que no tengan fundamento jurídico. Por ello, el fuero está previsto para delitos relacionados con el cargo.

De los artículos 419 al 429 del Código Procesal Penal se realizan especificaciones sobre el procedimiento en el caso que se deba seguir un antejuicio ante la Asamblea o la Corte. Uno de los más relevantes es el 422, el cual señala que “antes de la declaratoria de formación de causa […] no se podrán realizar actos que impliquen una limitación personal y solo se podrán practicar los actos de investigación indispensables”. Es decir, no se puede detener al funcionario señalado del delito. De los artículos 118 al 142 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativo están más detallados los pasos a seguir en el antejuicio.

Las anteriores líneas no significan que haya una desigualdad en el trato entre funcionarios y ciudadanos comunes. Los ciudadanos enfrentamos la justicia ante los tribunales y los funcionarios también deben hacerlo, con la diferencia de que antes deben ser sometidos al procedimiento de antejuicio.

El fuero no garantiza inmunidad ante cualquier acto considerado ilegal; fue creado para proteger el disenso y la pluralidad política. Además, no se protege a delitos presuntamente cometidos con anterioridad al nombramiento del funcionario. Si alguien ha sido señalado antes por un delito y debe enfrentar a los tribunales, esta situación no desaparece con el cargo. El fuero aplica para señalamientos que se realicen durante el ejercicio del cargo; ni antes ni después.

En las anteriores líneas está la información necesaria para que cada persona concluya sobre los casos que se encuentran en boga. Las críticas que se realizan al fuero y al antejuicio tienen su raíz en el uso a conveniencia que se ha hecho de estas figuras. Su creación nunca pretendió que se tratara de una garantía de impunidad, sino de evitar alterar el normal funcionamiento del Estado a través de acusaciones infundadas. Ahora solo falta que la Asamblea empiece a aplicar como se debe dichas figuras, sin amiguismos ni para garantizar impunidad.

Menos diputados, ¿es mejor? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

18 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Catorce, veintiocho, cuarenta y ocho o sesenta. Muchos salvadoreños ven con buenos ojos la opción de tener menos diputados. Automáticamente piensan que menos diputados conlleva a menor pago de salarios, menos asesores, menos beneficios que costear con los impuestos. En las últimas semanas se ha replanteado la posibilidad de reducir el número de legisladores en la Asamblea Legislativa. El buen recibimiento de este tipo de propuestas solo es una manifestación más del cansancio de la ciudadanía con la forma en que se han manejado los partidos políticos.

Más allá de lo atractiva que nos pueda parecer la reducción de la cantidad de diputados; lejos de si esto implicaría menos gastos en una institución que ha ofrecido escasos resultados; y aparte del descontento existente, hay que analizar la posibilidad, conveniencia y viabilidad de implementar una propuesta como esta.

La reforma para reducir el número de diputados requiere modificar únicamente el Código Electoral y no la Constitución. La cantidad de diputados se encuentra fijada en el artículo 13 de dicha ley, ya que es ahí donde se manifiesta que “la Asamblea Legislativa estará compuesta por ochenta y cuatro diputados y diputadas e igual número de suplentes”. No se necesita una reforma constitucional, como mal se ha manifestado al interior de la Asamblea. La propuesta de reforma de ley solo requeriría obtener el apoyo de cuarenta y tres diputados para echarse a andar.

Hay varias consideraciones que se deben hacer antes de pensar en la implementación de esta reforma, por ejemplo: el momento en que entraría en vigencia, es decir, a partir de cuál de las próximas elecciones de diputados (2021 o 2024); con base en qué (estudio o informe) se determinaría el número idóneo de legisladores; y, además, que el número de personas a fijar no complique el actuar de la Asamblea Legislativa, es decir, que no resulte en fracciones cuando se determine “la mitad más uno de los diputados electos”, “dos tercios de los diputados electos” o “tres cuartos de los diputados electos”.

Y hay otros puntos importantes. Para saber cuál es el número ideal de diputados deberíamos considerar, en primer lugar, el censo poblacional. El último censo oficial publicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos es de 2007. La ley establece que se realizará cada diez años; en 2017 se tuvo que levantar un nuevo censo poblacional para saber en realidad cuantos salvadoreños somos, y a la fecha no hemos tenido noticias del mismo. Además, se debe considerar si las circunscripciones se mantendrán por departamento o se pueden hacer más pequeñas; esto fomentaría la cercanía del diputado con la población que lo elige. Si se quiere establecer una verdadera representación, estos son análisis básicos con los que deberíamos contar.

A pesar del descontento que existe de la ciudadanía hacia los diputados de la Asamblea Legislativa, una reforma que reduzca el número de diputados debe realizarse con seriedad. Sobre todo considerando que —en el plano ideal— se trata de distribuir en pocas manos la representación de las ideas e intereses del pueblo en uno de los órganos del Estado. Por más que consideremos que menos es mejor, en la Asamblea Legislativa deben encontrarse representados todos los sectores poblacionales y para ello la Constitución establece las circunscripciones electorales como punto de partida (actualmente divididas en departamentos).

En los próximos años vendrán varias propuestas seductoras para la ciudadanía. Pero no hay que dejarse llevar por el entusiasmo o enojo. Una propuesta, además de atractiva, debe contar con estudios de viabilidad y posibilidades presupuestarias de acuerdo con lo que se quiere lograr a la capacidad de nuestro país. No se trata de bloqueo, es que simplemente no se pueden aprobar proyectos de manera irresponsable.