Erika Saldaña

Camino a la anarquía. De Erika Saldaña

Si el Estado asume que no es capaz de cumplir una de las principales funciones para las que existe, armar a la ciudadanía es el primer paso para vivir en una anarquía.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 22 mayo 2017 / EDH

“Policía mata a motociclista que le pitó para que cruzara la calle”; “Capitán de la Fuerza Aérea fue asesinado por su vecino tras discusión en el parqueo”; “Matan a pasajero tras discusión por un asiento”; “Vigilante mata a taxista por un dólar”. Este tipo de macabros titulares se están volviendo frecuentes en los medios salvadoreños y, lastimosamente, ya no nos causan el escozor que deberían.

Al leer cada historia, al menos yo me pregunto: ¿Por qué estas personas disponen tan fácilmente de un arma? ¿Acaso esa responsabilidad no debería depositarse solo en personas mentalmente sanas? ¿Qué tan efectivo es el filtro de las autoridades para entregar un permiso de portación de armas?

Actualmente en la Asamblea Legislativa se encuentra una propuesta de armar a las comunidades civiles para su propia defensa en contra de la delincuencia. En una sociedad donde reina la intolerancia en cualquier espacio, de la cual hemos sido testigos con casos y muertes propias de historias de psicópatas, más armas podrían significar muchas más muertes. Justificadas, o probablemente no, bajo el manto de la legítima defensa. Y en comunidades donde impera el miedo ante el acecho de la delincuencia y las pandillas, todo parece ser fórmula perfecta para un inminente fracaso.

Entre líneas, el Estado acepta dos cosas preocupantes en su intento de armar a civiles: que la seguridad pública sigue siendo el problema más grave hoy por hoy, aunque el índice de homicidios esté a la baja; y que no existe un control estatal de la seguridad pública. Si el Estado asume que no es capaz de cumplir una de las principales funciones para las que existe, armar a la ciudadanía es el primer paso para vivir en una anarquía.

Trasladar la obligación de la seguridad pública a civiles, bajo el manto de la legítima defensa, puede dar lugar a situaciones preocupantes. En primer lugar, una tarea excepcional como es la limitación de derechos (en este caso, de los presuntos delincuentes) se otorga al Estado bajo el entendido que los procedimientos se realizarán en el marco de la ley, de manera racional y cuando esta sea la última opción posible. El miedo es traicionero y nada nos garantiza que una persona armada tenga conocimiento que para invocar el uso de la legítima defensa se deben cumplir varios requisitos. En ese sentido, para que una persona esté habilitada para afectar los derechos de alguien más sin ser acusado penalmente, es decir, alegando defensa propia, se deben afectar los derechos personales y no los de alguien más, debe existir una verdadera acción que sea delito y no una simple amenaza, el peligro debe ser real y el uso de la defensa por la propia mano tiene que ser la última opción posible.

Si descartamos la idea de armar a los civiles para su propia defensa ante la delincuencia, ¿qué se debe hacer? Exigirle a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia que asuman el rol que les corresponde. Hay que resolver un problema que existe desde hace un par de décadas, que las autoridades de seguridad pública siempre han tenido en su nariz y prefieren ignorar: en primer lugar, es necesario depurar a la Policía Nacional Civil.

Resulta difícil invocar mayor presencia policial cuando también hemos sido observadores de su dudoso comportamiento en muchos casos; serias acusaciones de que miembros de la institución habrían realizado ejecuciones extrajudiciales, implantación de droga a un joven, introducción de objetos a bartolinas y centros penales, corrupción, entre otras, son solo algunos de los serios señalamientos. Sin embargo, en un Estado de Derecho y en una democracia constitucional es complicado señalar salidas distintas a las institucionales. Es necesario forzar al correcto funcionamiento de estas e impulsar la depuración de la corporación policial.

Paralelo a lo anterior es urgente ampliar la presencia de los policías en los territorios, mejorar la ejecución de sus procedimientos y las condiciones laborales de sus agentes. Es primordial tener verdaderos planes de reducción de delitos y no paliativos temporales. La opción de armar a la ciudadanía significa que el Estado se desentiende de una de sus principales obligaciones y esto podría convertirse en un veneno que agudice mucho más la enfermedad, desembocando en una anarquía.

La polarización ciega. De Erika Saldaña

El punto en discusión es que si la entrega de dos carriles de la alameda Juan Pablo II y la explotación del servicio transporte público tuvo que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa o no, ya que se trata de un bien público que nos pertenece a todos.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 15 mayo 2017 / EDH

¿El Sitramss debió concesionarse por la Asamblea Legislativa? Este no es un tema de lucha de clases, sino de si el mecanismo usado para entregar el proyecto es constitucional o no. Con la liberación del carril segregado ha quedado evidenciada la habilidad de funcionarios del Gobierno de tergiversar los temas, orientando las discusiones, casi siempre, hacia un odio y pelea de clases sociales. El punto principal en la discusión sobre Sitramss es si este fue entregado de acuerdo a los parámetros que establece el artículo 120 de la Constitución.

Negar la pobreza, falta de oportunidades y desigualdad en el país, es equivalente a sufrir de una grave incapacidad de ver más allá de la propia nariz. En El Salvador no todos nacemos con las mismas oportunidades de acceder a servicios de educación, salud y seguridad; no todas las personas pueden obtener un empleo digno. El Sitramss es una de las tantas maneras de nivelar el terreno, dando un transporte rápido y directo a miles que viajan desde el oriente al centro de la capital. Es darle facilidades a los que usualmente no las tienen, por lo menos en transporte; pero esto no quiere decir que se debía hacer pasando por encima de las leyes.

En algo estamos claros, es obligación del Estado corregir las desigualdades mediante subsidios focalizados, programas sociales, educación, salud pública de calidad o un transporte público eficiente. Lamentablemente, en El Salvador cuando esos programas son cuestionados por ineficiencia o ilegalidad, quienes los impulsaron creen que se les critica basados en criterios de clase, bajo la premisa que lo queremos es que El Salvador siga siendo desigual y que los pobres sigan siendo pobres. Nada más alejado de eso. Encendemos la mecha de la polarización, todo por defender o desaparecer las acciones que se les cuestionan.

No nos perdamos, el artículo 120 de la Constitución dice que toda concesión para la explotación de obras de uso público debe ser sometida al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. El punto en discusión es que si la entrega de dos carriles de la alameda Juan Pablo II y la explotación del servicio transporte público tuvo que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa o no, ya que se trata de un bien público que nos pertenece a todos.

Los funcionarios, sospecho, están conscientes de esto. Sin embargo, usan un discurso de ricos versus pobres, “gente de a pie” versus “gente de carro”, o que la Sala de lo Constitucional pretende despojar de los pocos buenos beneficios a las personas con escasos recursos. Es una falacia tal vez políticamente útil, pero falacia al fin y al cabo.

Hay que aclarar varios puntos fundamentales. Desde la admisión de la demanda de inconstitucionalidad se dejó claro que el motivo principal que se discutiría en el juicio no es el sistema de transporte en sí mismo sino la falta de concesión. Es claro que la inversión ha sido grande y no puede desaparecer así por así, ni volver al estado en que se encontraba antes.

El proceso de inconstitucionalidad no tiene nada que ver con el hecho de si los buses usados por el Sitramss actualmente son buenos, ni se pretende la imposición de un resquebrajado transporte público anterior. Si el argumento es que necesitamos un transporte moderno, los legisladores deberían empezar, en primer lugar dejando de prorrogar los permisos para que los buses chatarra sigan funcionando y focalizar el subsidio al pasaje de una mejor manera.

El hecho de que una obra beneficie a muchos no limpia los pecados mediante los cuales fue concebida. Por ejemplo, el hecho de que el bulevar ex Diego de Holguín ahora es una calle que brinda fluidez y conexión entre varias ciudades del área metropolitana, no desaparece el hecho de que existe sospecha de corrupción en los planes y manejo de dineros que llevaron a construirlo.

Mientras veamos los casos de corrupción, acciones del Gobierno, de partidos o de funcionarios a través de un cristal partidario, nunca veremos el interés de la República o el bien común. La partidización de los análisis solo lleva a más polarización. Y la polarización ciega. No deja ver que los corruptos y las malas acciones vienen en todos los colores partidarios.

Los cálculos que nadie hizo. De Erika Saldaña

El Salvador se encuentra en un punto en el que los placebos temporales pueden convertirse en una bomba de tiempo que amenaza con estallarnos en la mano.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 8 mayo 2017 / EDH

En las últimas semanas El Salvador se puso al mismo nivel que países como Venezuela, Grecia y la República del Congo en el pago de sus obligaciones estatales; caímos en impago, es decir, el país no fue capaz de solventar su deuda contraída con las Administradoras de Fondos de Pensiones. Y digo “caímos” porque las acciones de las cabezas del Gobierno nos terminarán afectando a todos, aunque a primera vista no lo advirtamos así.

Genera mucha duda y algo de desconfianza el hecho que el país haya caído en impago y, al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda haya expuesto en un comunicado que dicha insolvencia no es por falta de dinero o por problemas de caja. Las complicaciones a las que Hacienda quiso culpar del impago (llámese Sala de lo Constitucional, falta de aprobación de préstamos o ausencia de partidas presupuestarias), no dejan de crear la impresión que esa situación fue fruto de la negligencia o, en el peor de los casos, de una intención de la que todavía no sabemos con claridad los motivos.

Lo preocupante de la condición de mala paga es que, aparentemente, nadie en Hacienda o en el Gobierno calculó cuáles serían las consecuencias de ese escenario intencional ni previeron que las cosas se nos complicarían a nosotros, los ciudadanos. Ningún funcionario recordó que la estabilidad de una economía y, sobre todo, de un sistema financiero se basa en la confianza. Nadie quiso advertir que el impago trae consecuencias como la baja calificación de riesgo como país, la cual se realizó casi de manera inmediata. Nadie en el Gobierno señaló las secuelas que pueden causarse a futuro, que, según la reconocida economista Carmen Aída Lazo, podrían traducirse en un aumento de las tasas de interés, lo cual volverá más difícil el endeudamiento del Estado debido a que menos instituciones estarán dispuestas a darnos su dinero ante el riesgo que no les paguemos; también, que los prestamos serán más caros debido a esa alza en las tasas. Otra de las consecuencias del default es una menor disponibilidad de fondos para préstamos, que provocará la desaceleración de la actividad económica; y, además, se podría complicar la capacidad de los bancos de obtener líneas de crédito en el extranjero. El Gobierno irresponsablemente jugó a que la única salida era la aprobación de préstamos y prefirió ignorar los otros efectos que sus decisiones conllevaban.

La mayor vergüenza de esta situación es que las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales (como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) sitúan la gravedad del problema en la falta de diálogo de país, así como en la incapacidad de los políticos de acordar soluciones viables a las dificultades que venimos arrastrando desde hace varios años.

La semana pasada el Gobierno hizo público un comunicado en que la calificadora Fitch Rating mejoró la situación de El Salvador de impago selectivo a CCC; eso es como pasar de una nota de 2 a 4 en un examen que tiene como base 10. Así que no pensemos que el problema se ha solucionado; no estamos fuera de riesgo, pues falta que el Estado realice los pagos de deuda del sistema privado de pensiones programados para junio y octubre del presente año. Al Ministerio de Hacienda le hacen falta 227 millones necesarios para pagar la deuda de pensiones con el sistema privado (pago de capital e intereses); esta, a pesar de ser una obligación previsible y certera, no fue incluida en el presupuesto general de la nación. Como lo he manifestado en anteriores columnas, todos los esfuerzos deben centrarse en resolver los problemas del país, lo cual implica dejar a un lado la preocupación o el cálculo político que algunas medidas impopulares puedan causar. El Salvador se encuentra en un punto en el que los placebos temporales pueden convertirse en una bomba de tiempo que amenaza con estallarnos en la mano. Deben construirse respuestas adecuadas lideradas por personas serias y racionales, ajenas a cualquier interés político. Ojalá en un par de meses no nos toque referirnos a problemas más complejos, ni tengamos que volver a hacer cuentas de los cálculos que no se hicieron.

Un verdadero Tribunal Supremo Electoral. De Erika Saldaña

El Tribunal debe dotar de las herramientas necesarias a cada centro de votación y junta receptora de votos para que el trabajo se desarrolle con fluidez y transparencia.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 1 mayo 2017 / EDH

Un año parece mucho tiempo; pero cuando se trata de organizar y ejecutar las elecciones para miembros de concejos municipales y diputados para la Asamblea Legislativa, un año está a la vuelta de la esquina. El Tribunal Supremo Electoral está obligado a levantarse de su estrepitosa caída en las elecciones de 2015, donde tuvimos que esperar más de setenta días para tener un resultado concreto de las votaciones y donde diversas situaciones nos dieron pena propia.

Si bien es cierto que las elecciones, la forma de votación y el conteo de votos se ha tornado en una tarea compleja debido a los cambios en el sistema ordenados por la Sala de lo Constitucional, esta crítica se disipa cuando solo alrededor del 2.96 % (Parlacen) y 7 % (Asamblea Legislativa) de las personas que se presentaron a votar utilizaron dicha modalidad. Los problemas de transparencia y buen manejo de las elecciones datan de hace varios años; trasladar la culpa a terceros no es más que una forma fácil de lavarse las manos ante la suma de errores cometidos.

A pesar de que la Constitución otorga la calidad de “máxima autoridad” al Tribunal Supremo Electoral en la materia, este todavía no se ha creído completamente su rol; hemos sido testigos de cómo los partidos políticos han manejado a su antojo cada proceso electoral y en muchas juntas receptoras la labor principal de sus miembros y vigilantes ha sido intentar anular el votos de los oponentes. Y en el tema de resoluciones y sentencias que potencien las garantías del voto ciudadano, ha sido la jurisprudencia constitucional quien ha desarrollado criterios específicos ante la inactividad de la jurisdicción electoral.

El trabajo del Tribunal Supremo Electoral debe ser más activo, constituirse como un verdadero contralor y no un simple espectador del proceso. Esto implica, de inicio, la supervisión de la democracia interna de los partidos, la evaluación de los perfiles de las personas que los partidos presenten en sus listas; a pesar de que se trata de cargos de elección popular, es necesario que se verifique el cumplimiento de los requisitos mínimos de instrucción y moralidad notoria, pues, aunque una persona sea popular es inconcebible que los puestos públicos sean ocupados por gente señalada por delitos o corrupción.

Además, el Tribunal debe dotar de las herramientas necesarias a cada centro de votación y junta receptora de votos para que el trabajo se desarrolle con fluidez y transparencia. También debería considerar la posibilidad de implementar la figura de “auxiliares electorales” (establecida en países como Costa Rica y México), quienes son personas presentes en cada mesa de votación encargadas de orientar de manera imparcial y técnica el trabajo de los miembros de las juntas receptoras de votos. Muchas personas preparadas en temas electorales estamos dispuestas a colaborar en el proceso; de esta manera se reducirían los errores cometidos al momento de realizar el conteo de votos, lo cual quedó evidenciado con la recuperación de más de veintiún mil votos en el recuento realizado en la elección pasada.

Es necesario tener presente que el proceso electoral es un pilar fundamental en cualquier Estado de Derecho, por lo que la buena organización y transparencia de los comicios debe ser una preocupación de todos. El Tribunal Supremo Electoral es el principal encargado de que exista plena capacidad de opción de los ciudadanos para elegir a quien consideren que mejor les representa; para que se refleje esa libertad, los votantes deben encontrarse habilitados para elegir entre los diferentes candidatos que permite el pluralismo político, sin que la restricción de la bandera partidaria se haga presente y sin que los errores humanos en el conteo de votos sea un factor que determine una candidatura. El Tribunal Supremo Electoral ya cuenta con presupuesto asignado para ejecutar las elecciones del siguiente año; el dinero es una cuestión trascendental para echar a andar el proceso, pero también es necesario que esta institución tenga conciencia y se crea el rol que ejerce, garantizando plenamente los derechos políticos de todos los ciudadanos. Una vez más, el reto sigue siendo velar por el correcto funcionamiento del sistema electoral, para que los buenos salvadoreños tengamos a los gobernantes que de verdad nos representen.

Tapadera a la impunidad. De Erika Saldaña

La Presidencia de la República crea cargos redundantes y con poco sentido, dando la impresión de que mejorar la actuación de las instituciones no es el único fin, sino también dotar de ese fuero constitucional a los funcionarios investigados.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 24 abril 2017 / EDH

El tema del fuero de los funcionarios está de nuevo sobre la mesa. A menos que usted viva debajo de una piedra, los motivos que inducen a pensar en la prerrogativa establecida en el artículo 236 de la Constitución están a la vista. Ante las diversas investigaciones que se encuentra realizando la Fiscalía General de la República por posibles casos de corrupción y otros delitos graves, explotan aquellas dudosas casualidades; la Presidencia de la República crea cargos redundantes y con poco sentido, dando la impresión de que mejorar la actuación de las instituciones no es el único fin, sino también dotar de ese fuero constitucional a los funcionarios investigados.

Frente a estas situaciones coyunturales es necesario debatir y aclarar para qué sirve el denominado fuero de los funcionarios. La jurisprudencia constitucional reiteradamente ha señalado que se reconocen ciertas prerrogativas a las personas que ocupan determinados cargos en el ámbito de la función pública. Bajo este tipo de inmunidad, la acusación penal contra un funcionario debe pasar primero por una autorización, ya sea de la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia, en un proceso de antejuicio; si en dicho antejuicio se recoge la información suficiente que señale el posible cometimiento de un delito, el caso pasa a los tribunales comunes para que estos juzguen la conducta. La finalidad del fuero es prevenir obstrucciones en el trabajo del funcionario y garantizar el normal funcionamiento de la institución que integre; es decir, que este funcionario no sea acusado de algún delito por razones políticas, con la intención de separarlo de su cargo o de alterar la composición de ciertos Órganos del Estado o sus dependencias.

Sin embargo, considero que el fuero de los funcionarios ha sido mal interpretado desde sus inicios. Esta prerrogativa no funciona como un blindaje a la impunidad ni asiste a un funcionario por el cometimiento de cualquier tipo de delito o falta. La lectura superficial del artículo 236 de la Constitución ha sido utilizada a conveniencia, dejando en el aire la idea de que un funcionario está protegido siempre por su simple nombramiento. Pero hay que tener claro que la Constitución bajo ninguna circunstancia puede ser utilizada para proteger la impunidad, pues de ser así se constituye un fraude a la misma. Además, partiendo del principio básico y fundamental de que en una República todos somos iguales ante la ley, las prerrogativas no pueden ser utilizadas arbitrariamente para evadir la justicia. Lo contrario permitiría caer en supuestos absurdos que propicien la impunidad ante la comisión de delitos, dejando a un lado cualquier consideración a la protección de bienes jurídicos que establecen las leyes para el Estado o los ciudadanos.

El fuero no se constituye como una garantía absoluta para el funcionario, sino que hay que tener claros los distintos límites que establecen la Constitución, leyes y jurisprudencia relacionada al tema. Dejando el plano hipotético, en El Salvador hemos sido testigos de casos donde una mala interpretación de las garantías que ofrece el fuero estuvo a punto de utilizarse erróneamente para encubrir casos de delitos graves. En el caso del exdiputado suplente Wilber Rivera, la Fiscalía inició un antejuicio en su contra ante la Asamblea Legislativa; luego advirtió su error sobre los casos donde no debe operar el fuero y desistió expresamente de dicho procedimiento, acudiendo directamente a los tribunales para su juzgamiento por lavado de dinero. A la hora de analizar la operatividad del fuero constitucional, los aplicadores de justicia (Fiscalía y Órgano Judicial) deben tener en consideración el tipo de delito que se atribuye, el contexto en que sucedieron los hechos, las funciones propias de quien pretende ampararse en esa garantía y las pruebas recabadas.

Ante la desinformación o interpretación interesada de ciertos temas jurídicos es deber de la comunidad jurídica participar en su aclaración. Como señalé antes, la Constitución no puede ser mal utilizada para beneficios particulares y menos como herramienta que proteja la impunidad. Además, también es necesario que las instituciones encargadas de perseguir y juzgar el delito tengan claros los criterios que deben aplicarse. El fuero constitucional no puede considerarse absoluto, pues no se trata de una tapadera a la impunidad.

Necesitamos un liderazgo claro. De Erika Saldaña

El Salvador urge de un liderazgo fuerte y claro; de esos que asumen sus errores y responsabilidades, de los que buscan soluciones concretas a los problemas y no solo se limitan a echarle la culpa a otro o pretenden vender la idea de que no pasa nada.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 17 abril 2017 / EDH

“Es por este alto propósito que ahora llamo a mi pueblo en casa, y a mi gente cruzando los mares, que harán suya nuestra causa. Les pido que se mantengan calmados, firmes y unidos en esta época de juicio. La tarea será difícil. Puede haber días oscuros por delante, y la guerra ya no puede limitarse al campo de batalla, pero solo podemos hacer lo correcto cuando vemos lo correcto y confiamos nuestra causa a Dios. Si uno y todos nos mantenemos fieles a eso, dispuestos a cualquier servicio o sacrificio que se nos pueda exigir, entonces con la ayuda de Dios prevaleceremos”. Este fue parte del discurso dado por el rey Jorge VI de Gran Bretaña el 3 de septiembre de 1939, el cual dio inicio a la II Guerra Mundial contra la Alemania nazi. Parecen palabras simples, pero fueron el inicio de una resistencia mundial contra la idea de un imperio de Adolfo Hitler en Europa; además, la claridad y solidez del discurso resultó ser sorprendente, ya que según la historia el rey Jorge VI era introvertido, inseguro y tartamudo.

Cada vez que veo a un gobernante frente a un micrófono me acuerdo de la película que popularizó el anterior discurso histórico. Porque cuando son tiempos difíciles, ya sea en ámbito económico, político, social o ante desastres naturales, lo que todos necesitamos es tener claro el panorama, saber qué se avecina, sacar ánimos de cualquier lado y tener la esperanza de que las cosas mejorarán. Esa confianza que se necesita es la que debería transmitir un líder, en especial el presidente de un país, quien a pesar de sus propias limitantes sea capaz de tomar decisiones difíciles y estar presente en situaciones urgentes para la población.

En El Salvador vemos a diario que carecemos de un liderazgo visible. El país vive una dura situación económica, donde el ruido de un inminente impago ha llevado a las calificadoras de riesgo a degradar la nota del país y a compararlo con Venezuela y Grecia. Ante el problema del pago de la deuda del país, el Gobierno se enredó en un discurso contradictorio; mientras en la mañana anunciaban el impago si no se aprobaban los préstamos, en la tarde el Ministerio de Hacienda sacó un comunicado diciendo que contaban con el dinero. Y desde hace años vivimos en uno de los países más violentos del mundo, que aunque traten de matizar la situación con publicaciones bonitas, la realidad es que muchas personas mueren y los vivos no podemos andar tranquilamente por las calles.

La semana pasada, la capital del país se vio afectada por un enjambre sísmico. Mientras la población entraba en pánico y había caos vehicular en las calles (quizá porque resulta inevitable pensar en los terremotos del año 2001 al estar en una situación así), el presidente de la República no apareció por ningún lado. Sus ministros dieron la cara ante la población, un rostro descontrolado, asustado y con respuestas titubeantes ante las preguntas de la prensa. El ministro de Gobernación manifestaba que no había ningún tipo de alerta, al mismo tiempo que la Dirección de Protección Civil emitía alerta amarilla; la ministra de Medio Ambiente nos mandaba a la playa o a la montaña, sin pensar en el caos en las calles ni en el latente riesgo de desprendiendo de tierra y rocas en carreteras, como lo que pasó en Los Chorros. ¿Cómo es posible que viviendo en el Valle de las Hamacas no tengamos un plan claro en el caso de un terremoto? ¿Dónde está el presidente para controlar todas estas situaciones alarmantes?

El Salvador urge de un liderazgo fuerte y claro; de esos que asumen sus errores y responsabilidades, de los que buscan soluciones concretas a los problemas y no solo se limitan a echarle la culpa a otro o pretenden vender la idea de que no pasa nada. A pesar de que faltan alrededor de dos años para la elección presidencial, ya los posibles candidatos de cada partido se empiezan a perfilar; es hora que nosotros, los votantes, trabajemos para romper ese esquema de elegir como opción “al menos peor” entre muchos males.

Necesitamos un liderazgo claro para el país y eso nos toca exigirlo a nosotros.

League El Salvador. De Erika Saldaña

League se ha convertido en un tubo de movilidad social para sus empleados, pues personas pobres, sin esperanza o humillados por distintas situaciones de la vida, ahora ven una luz al final del túnel y pueden crearse un plan de vida distinto.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 10 abril 2017 / EDH

“A mí trabajar en esta maquila me ha cambiado la vida y estoy agradecida por todo lo que hacen aquí por nosotros”, expresó una mujer en su testimonio; “yo creí que nunca nadie me daría una segunda oportunidad por ser expandillero y aquí me abrieron las puertas”, dijo un hombre tatuado y con la voz cortada; “siéntanse bienvenidos a esta empresa y gracias por querer conocer el proyecto”, manifestó un joven que no era el dueño sino un técnico en informática. Cuando varias personas se manifiestan de esa manera de una maquila, entidades símbolo de explotación laboral en casi todos los países del mundo, algo resulta extraño y llama mucho la atención.

Tuve la oportunidad de conocer el proyecto desarrollado por la empresa textil “League”, ubicada en el parque industrial American Park, en Ciudad Arce; los testimonios de las personas que trabajan ahí rompen completamente con el paradigma de empleados sin otro futuro más que vivir cosiendo prendas y cortando tela de manera indefinida. También deja a un lado el estereotipo de que las empresas únicamente piensan en bajar costos y multiplicar las ganancias para beneficio individual.

League es una empresa textilera que exporta prendas a universidades de Estados Unidos y Canadá. Cuenta con alrededor de cuatrocientos empleados y ha pasado de ser un pequeño proyecto a una empresa de considerable tamaño en menos de una década. Además de su crecimiento interno y externo, lo más admirable de League es el compromiso que su gerente general, el señor Roberto Bolaños, ha adquirido con los empleados de su empresa y la comunidad de Ciudad Arce.

Adentro de las instalaciones de la maquila cuentan con un área reservada para los trabajadores que, a la vez, son estudiantes universitarios de tres carreras técnicas; ahí reciben clases de lunes a jueves después de sus labores (con la cooperación de una Universidad privada) y los sábados se trasladan a San Salvador para recibir su formación en la sede de la universidad. Además, cuentan con un centro de cómputo donde diariamente todos los empleados reciben media hora de clase de inglés de forma obligatoria; han desarrollado diversos programas que benefician a todos los que trabajan ahí, tales como subsidios en la alimentación diaria, inclusión laboral de expandilleros y personas con alguna discapacidad, cooperativa de empleados, centro de desarrollo infantil para los niños, entre otros.

Todo lo anterior no sería posible sin la visión de un verdadero líder, un gerente general con calidad humana y creyente de tres cosas que me llamaron la atención: uno, la educación es la única forma que alguien tiene para salir adelante; dos, todas las personas merecen un incentivo para superarse o una segunda oportunidad en la vida; y tres, cada persona debe empezar cambiando su vida para luego cambiar a la sociedad. Con base en todos los incentivos que reciben sus empleados, que no necesariamente se trata de aumentos salariales directos o bonificaciones monetarias, han logrado hacer crecer la empresa en poco tiempo; esto es un vivo ejemplo de que las personas que se sienten parte de un proyecto son más productivas, hacen su trabajo de una mejor manera enfocadas en un fin común. Si la empresa crece, ellos también se ven beneficiados. League se ha convertido en un tubo de movilidad social para sus empleados, pues personas pobres, sin esperanza o humilladas por distintas situaciones de la vida, ahora ven una luz al final del túnel y pueden crearse un plan de vida distinto.

En League han aprendido a inculcar el deseo de que cada persona forme un proyecto de desarrollo propio y se guíe por un objetivo claro; la maquila no es el fin de desarrollo de nadie, sino que se trata de un trabajo temporal que de manera simultánea permitirá continuar con los estudios de bachillerato o universitarios. Los jóvenes dentro de la empresa tienen claro que trabajarán ahí durante dos años, mientras concluyen sus estudios; saben que pueden crecer laboralmente y tener una vida mejor.

Conocer este tipo de proyectos devuelve la esperanza en la humanidad; personalmente me llevé un mensaje valiosísimo: una persona tal vez no cambie el mundo ella sola, pero sí es capaz de impactar positivamente la vida de una o varias personas. Imitemos este esfuerzo.