servicio público

Fuera incompetentes y corruptos. De Erika Saldaña

13 mayo 2019 / EL DIARIO DE HOY

El Estado necesita una purga urgente. Han sido décadas donde el compadrazgo, tráfico de influencias, pago de favores, el desconocimiento y la falta de voluntad de hacer bien las cosas, ha sumergido a las instituciones en una vorágine de incompetencia y corrupción. Las personas que ocupan cargos y empleos públicos en muchas ocasiones no están capacitadas para hacerlo. El servicio público debe mejorar sustancialmente y para ello es necesario dejar a un lado a las personas que aportan poco o nada.

Hay que ser justos y reconocer que en el servicio público hay muchísima gente preparada y que hace muy bien su trabajo. Pero para nadie es secreto que las instituciones estatales también están plagadas de empleados que no cumplen con los requisitos para el cargo, que su ingreso se realizó de manera irregular o no realizan su trabajo con la debida diligencia.

Con el paso del tiempo hemos sido testigos que la planilla estatal crece con cada cambio de gobierno, pero la calidad de los servicios estatales no mejora. El tamaño de las instituciones estatales debería estar directamente relacionado con la población a la que sirven y con las actividades desarrolladas en su interior.

Una mejor calidad del recurso humano del Estado no solo implica establecer procesos de selección con base en el mérito o procesos de evaluación periódicos. El Estado necesita empezar por una depuración de sus filas, tanto de gente que no tiene las acreditaciones para el cargo, como los cargos repetitivos e innecesarios en las instituciones. No es posible que existan dos o tres trabajadores para las labores que puede realizar uno.

La depuración es urgente no solo sobre personas que no tienen las competencias o en relación a la supresión de plazas innecesarias. Uno de los asuntos más urgentes e ignorados por nuestros funcionarios es la depuración por un mal manejo de la labor pública y por casos de corrupción.

En los últimos años se han dado situaciones preocupantes donde han estado involucrados los mismos empleados de las instituciones; sin embargo, la labor interna de depuración ha sido escasa o nula. La falsa creencia de que la gente contratada por el Estado no puede ser removida del cargo hace que quienes dirigen las instituciones opten por obviar el tema.

La labor de depuración no ha sido realizada a pesar del conocimiento de casos graves. Por ejemplo, en la Policía Nacional Civil se han presentado casos de extrema gravedad como los indicios de ejecuciones extrajudiciales, el fallecimiento de la agente Carla Ayala o los casos que se han llevados a tribunales por la implantación de prueba falsa.

La Fiscalía General de la República tampoco ha dado una sacudida a su personal, a pesar de la red de corrupción que Luis Martínez probablemente implantó en los años de su gestión y que ahora lo tienen pagando la pena de cárcel. El exfiscal Douglas Meléndez no hizo mucho al respecto y ojalá el fiscal Raúl Melera sí le preste atención a ello.

En el Órgano Legislativo no han sido debidamente investigados los casos de personas que tienen un buen salario y no llegan a trabajar. Y como lo reportó este periódico, en los últimos diez años el Estado aumentó su planilla en 37,118 plazas entre el gobierno central, las empresas públicas y las instituciones descentralizadas. Estas y el resto de instituciones estatales deben ser investigadas.

La depuración al interior de las instituciones públicas es una tarea que no se puede postergar más. Implica mucho dinero comprometido que podría invertirse en ramas que lo necesitan, e incide en la calidad de vida de los ciudadanos. Los incompetentes y corruptos no pueden seguir viviendo del Estado.

Vocación de servicio público. De Cristina López

El lunes 10 de julio publicamos, bajo este mismo título y a nombre de Cristina López, una columna equivocada. Dicha columna haba sido publicada anteriormente (el día 8 de julio 2017) en El Diario de Hoy por el columnista Jorge Alejandro Castrillo, bajo el título “De las intolerancias“. Lamentablemente, en Segunda Vuelta reprodujimos este error. Pedimos disculpas por esta confusión.

La columna correcta de Cristina López que aquí reproducimos, sale publicada en El Diario de Hoy el miércoles 12 de julio.

Segunda Vuelta

Cristina López, 12 julio 2017 / EDH

El servicio público es de las vocaciones más nobles a las que puede aspirar un ciudadano. Y digo vocación, porque no es para cualquiera. Si como país aspiramos al cambio, al progreso y al desarrollo, los requisitos constitucionales para los cargos públicos deberíamos considerarlos apenas un mínimo y los partidos políticos apenas un vehículo, no un fin. Las ganas, como pudimos aprender de los kilómetros de país pintados con “Urge Remberto” no bastan. Aunque la preparación importa, y mucho, la vocación de servicio es lo que distingue a los mediocres y a los malos de los líderes transformativos. En El Salvador hemos sido afortunados: la vocación de servicio público, por suerte, también ha aparecido entre miembros de la sociedad civil, que no necesariamente veían la política como fin, sino como medio para impulsar cambios cuando agotaron todas las instancias desde el activismo ciudadano.

Ya se han vertido múltiples opiniones al respecto de la crisis de verticalismo de poder que está obstaculizándole la renovación de liderazgos a ARENA y, en consecuencia, haciéndole reducir su potencial electoral únicamente a lo que pueden alcanzar con el voto duro, perdiendo la posibilidad de jalar a independientes liberales, hartos de la corrupción, la inseguridad, la incapacidad y antidemocracia del FMLN. Comparto esas opiniones, pero poco se ha dicho de lo mucho que perdimos como país al apartar a perfiles con verdadera vocación de servicio público, y como a las personas apartadas la modestia no las dejará hablar de sí como deberían, lo voy a hacer yo.

La consecuencia de escribir una columna en un medio de circulación nacional y firmarla con nombre, apellido, foto y cuenta de Twitter, es que una se hace, irrevocable y permanentemente, dueña de lo que escribe. Esta responsabilidad obliga a la verdad, y a no jugarse el pellejo por cualquiera. Por eso, y con plena conciencia del peso que tiene hacerse dueña de lo dicho y lo escrito, con toda tranquilidad doy fe de que al apartar a Aída Betancourt como aspirante a una candidatura de suplencia, y al forzar a que los principios obligaran a Juan Valiente y a Johnny Wright a renunciar a sus candidaturas, no solo ARENA, sino el país, perdió.

Aida-M-Betancourt-Simán-434x722He tenido el privilegio de conocer a Aída por más de 11 años. En lo que a política se refiere, no siempre pensábamos igual: su compasión por los más vulnerables, tendencia a valorar todos los argumentos, su pragmatismo y atención a los procesos políticos, de vez en cuando reducía mis idealismos y axiomas a platitudes inaplicables en la realidad salvadoreña. Años del ejemplo que le dejó su familia en lo que a servicio público se refiere la convirtieron en una apasionada del profesionalismo en la política pública, y es por eso que lleva años estudiando, con becas y otros reconocimientos a su mérito académico, las mejores maneras de acercar a un país a la democracia y al desarrollo.

Esto es algo que no contaría ella, pero su pasión por el servicio público la viene arrastrando desde antes de que tuviera edad de votar — no cualquiera se sabe el prólogo de las Confesiones de Rousseau de memoria. Es el tipo de ciudadana dedicada, que pone atención más a las propuestas que a los partidos; el tipo de votante que tantos candidatos no se merecen.

Como universitaria en el extranjero se regresó a El Salvador para poder estar en el año preelectoral y, según sus palabras, “oír las propuestas de los candidatos, sentir la euforia cívica y votar por primera vez en unas elecciones tan decisivas”. Eso lo saqué de un blog que escribió antes de votar por primera vez, cuando regresó a El Salvador después de su pre-grado. Continúa: “Aunque siempre he sido una empoderada de la coyuntura a pesar de la distancia, vine además con toda la intención de hacer algo por el país, que desde mi regreso ha sido aderezada de realidad, frustración y un poquito de cinismo. Vine a encontrarme con el mismo país con diputados alérgicos a la legalidad, funcionarios ignorantes (por convicción o conveniencia) del funcionamiento institucional, políticos completamente desconectados de la realidad de muchos salvadoreños y, en su mayoría, una clase política absolutamente ajena a la vocación de servicio. […] Sigo convencida de que la participación ciudadana, la vigilancia de la clase política y la exigencia de rendición de cuentas deben ser permanentes, y que las elecciones son solo un momento en la vida democrática de un país”.

Como votante y activista ciudadana, agotó todas las instancias durante más de tres años: cuidó urnas, observó elecciones, participó en protestas a favor de la institucionalidad, y fue, con un grupo plural y diverso, gran defensora de la Constitución y el Estado de Derecho cuando el gobierno de Mauricio Funes intentó decapitar a la Sala de lo Constitucional, tanto en las calles, como en aulas de discusión académica, como en redes sociales y columnas escritas. ARENA decidió que no sería la vía, pero nuestro país se merece más Aídas. Depende de nosotros como sociedad civil abrir los caminos para impulsar sus liderazgos, aunque sea de manera independiente.

@crislopezg

Depuración de la planilla estatal. De Erika Saldaña

La mejora de las finanzas públicas y la dignificación del servicio civil implican remover la “grasa” que solo engorda y no ayuda a sacar adelante el trabajo del país. Urge la mejora del servicio civil y la depuración de las contrataciones estatales.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 17 octubre 2016 / EDH

Al hablar de soluciones a la grave crisis de las finanzas del Estado generalmente se hace referencia a las medidas macroeconómicas que podrían tenerse en consideración para apalear el déficit de fondos, a los préstamos, emisión de Letes y uso de fondos de las pensiones; además, a raíz de los distintos casos que han salido a la luz sobre el uso indebido del dinero público, distintas organizaciones y la sociedad civil se han manifestado sobre la necesidad de eliminar el despilfarro y los gastos absurdos. Sin embargo, existen diversas medidas que también ayudarían en el mediano plazo a estabilizar las finanzas públicas y a volver eficiente el aparato estatal, entre ellas, la adecuada regulación y control de las contrataciones del Estado.

Para nadie es secreto que desde hace décadas (y en todos los gobiernos) las distintas instituciones estatales han omitido la selección de su personal con base en la necesidad, mérito y capacidad, estandarizando procesos irregulares en las contrataciones públicas. Un servicio civil idealmente creado para diario hoysatisfacer las características de profesionalidad, honradez y servicio, se ha transformado en la oportunidad de tener un trabajo estable, bien pagado, sin necesidad de acreditar un buen rendimiento, con el mínimo esfuerzo (a veces sin necesidad de presentarse a realizar un trabajo efectivo), con la oportunidad de salir temprano, con vacaciones fijas y muchas otras prestaciones. Trabajar para el Estado ahora es sinónimo de ser empleado con muchos privilegios y pocas obligaciones o exigencias.

A pesar de que esa concepción es realista sobre el estado del servicio público en El Salvador, tampoco es justo generalizar esta percepción. En las instituciones públicas también hay personas sumamente capaces, con los méritos suficientes para el puesto y que realizan sus labores de la mejor manera posible; lo ideal es que la Administración Pública, el legislativo, el sistema judicial, las municipalidades y las instituciones autónomas estuvieran plagadas de estos últimos profesionales y no de personal o activistas políticos que son incorporados a la planilla estatal sin exigencia del cumplimiento de requisitos para los cargos.

Para lograr reivindicar la dignidad del servicio civil y de cualquier funcionario o empleado que recibe su sueldo de fondos estatales es necesario, en primer lugar, efectuar una depuración profunda del sistema. Es urgente realizar un diagnóstico que brinde un panorama completo sobre la situación de la función pública en el país, que incluya nombres, hojas de vida, sueldos y forma de contratación. Con base en este diagnóstico debe determinarse cuántas plazas estatales son realmente necesarias y compararlas con la planilla que hoy se costea.

Lo anterior implica determinar con exactitud las funciones de cada plaza, la homologación de salarios dependiendo del trabajo que se realice y no de consideraciones subjetivas de quienes contratan; además, debe establecerse un mecanismo de contratación objetivo, los requisitos a cumplir para optar al cargo, un método de evaluación periódica a cada miembro del servicio civil y un escalafón acorde a la realidad de las finanzas públicas. Muchos de los elementos anteriores se agrupan en la Ley de la Función Pública que actualmente se encuentra en análisis en la Asamblea Legislativa, con lo cual seguimos conviviendo bajo una multiplicidad de formas de contratación (contratos, ley de salarios, etc.) que han sido distorsionadas o usadas arbitrariamente para beneficios particulares.

Los que trabajamos para el Estado y quienes tienen a su cargo la dirección de las distintas instituciones  debemos tener claro que el trabajo, la lealtad y el esfuerzo se realiza en relación a una institución y no hacia una persona o partido político; la garantía de una mayor calidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos, reside en la profesionalidad y honradez de los funcionarios y de los recursos humanos al servicio del Estado.

Trabajar para el Estado debería ser sinónimo de servir eficientemente de acuerdo a las competencias adquiridas, con un salario justo y con la satisfacción de servir a los intereses generales. La mejora de las finanzas públicas y la dignificación del servicio civil implican remover la “grasa” que solo engorda y no ayuda a sacar adelante el trabajo del país. Urge la mejora del servicio civil y la depuración de las contrataciones estatales.

El ascensorista y la enfermera. De Max Mojica

max mojica-xMax Mojica, 12 septiembre 2016 / EDH

Chepe y María son compatriotas. Ambos son ciudadanos de un muy, muy lejano país tropical, de nombre Il Salvatore (así, tal cual, como la marca de zapatos, solo que sin el Ferragamo al final). Los dos son empleados públicos, pero sus realidades son diferentes. Chepe es ascensorista, María, en cambio, es enfermera.

diario hoyChepe es ascensorista en un edificio en donde opera un Ministerio. Su delicada función consiste en sentarse en un taburete de madera, dentro del ascensor de la institución, presionando con pasmosa exactitud el botón que corresponde al piso al cual el usuario del armatoste se dirige. Hasta que se empleó en el Ministerio, Chepe no sabía que su vocación era ser ascensorista, y es que a fuerza de ser sinceros, antes de ese trabajo, Chepe ignoraba que tenía vocación alguna.

El trabajo le cayó del cielo. No en un sentido estrictamente bíblico, pero sí constituyó todo un milagro, ya que la fama que Chepe tenía como mal trabajador, era legendaria. Él había intentado de todo: desde empleado de carwash, pasando por sereno de pasaje, hasta integrante de un equipo de nado sincronizado. Nada. No pegaba en nada. Cualquier actividad productiva, por mínima que fuese, lo dejaba sin aliento.

Así las cosas, Chepe fue llamado a integrarse a la planilla del Ministerio. El milagro de que consiguiera trabajo, lo provocó ser amigo del tío del suegro de la novia de un funcionario. De hecho, debido a que dicho funcionario había realizado tantos y tantos milagros similares –al repartir a manos llenas empleos innecesarios dentro del Ministerio– motivó que muchos subalternos enviaran una carta al Vaticano para que se iniciara, en vida, su proceso de canonización. Así de milagroso era.

La vida de María es distinta. María conocía de su vocación de enfermera desde niña. Sus recuerdos de infancia incluían cuidar sus muñecas como si fueran pacientes. Decidida como estaba a poner su vida al servicio de los demás, tan pronto terminó su bachillerato, se inscribió en la Escuela Superior de Enfermería.

Los estudios fueron difíciles, pero sus excelentes notas y su actitud positiva, hicieron posible su sueño: vestir con gallardía el uniforme blanco de enfermera, al mejor estilo de Florencia Nightingale. Al momento de entregarle su título, su familia asistió en pleno para compartir –con lágrimas de satisfacción en sus ojos– la alegría de esa soñadora.

Encontrar trabajo en un hospital público no fue fácil. A pesar de su inmejorable récord académico y su disposición al servicio, el problema de María era que no tenía “conectes”. En su curriculum solo aparecían sus excelentes notas y reconocimientos, pero no aparecía ningún padrino importante. Finalmente la encargada de Recursos Humanos del Hospital la llamó: había un interinato dejado por una enfermera con permiso de maternidad. Por su dedicación, el puesto finalmente le fue concedido de forma permanente.

María tiene que trabajar más de 10 horas continuas, sin apenas sentarse. Chepe, en sus días malos, trabaja siete, cómodamente sentado mientras aprieta botones. María no tiene tiempo para política, Chepe asiste alegremente a las marchas que a las que le convoca su jefe y benefactor. Ahora María está preocupada por que han anunciado que no le concederán su escalafón, por lo que continuará devengando seiscientos dólares (menos descuentos) al mes. Chepe está feliz ¿y cómo no estarlo con sus mil trescientos dólares mensuales que gana como ascensorista?

Y es que en ese país de fantasía, se sigue premiando la incapacidad, mientras se castiga al que trabaja y emprende, por eso no extraña que se prefiere continuar en el despilfarro y gastar en cosas sin sentido e innecesarias, que pagar el escalafón a los empleados de salud.

@MaxMojica

Derechos laborales y las luchas de siempre. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 5 septiembre 2016 / EDH

La  mayoría de personas que vivimos en El Salvador necesitamos de nuestro trabajo para satisfacer las necesidades propias y de nuestro grupo familiar. Con suerte, la remuneración obtenida en nuestro trabajo logra cubrir aquel “mínimum vital” del que hablaba Alberto Masferrer en 1929: un trabajo higiénico, perenne, honesto y remunerado en justicia; una alimentación suficiente, variada, nutritiva y saludable; un lugar de habitación amplio, seco, soleado y aireado; agua buena y bastante; vestido limpio, correcto y un buen abrigo; en resumen, “la satisfacción constante y segura de nuestras necesidades primordiales”. Y no solo eso, también si tenemos la oportunidad de gozar de condiciones como un ambiente de trabajo amigable y salubre, también podemos considerarnos afortunados.

diario hoySin embargo, no todos los salvadoreños tienen la oportunidad de desarrollar sus actividades con remuneraciones acordes a la importancia de su labor o dentro de entornos adecuados, por lo que el día a día se convierte en un acto de supervivencia en los juegos del hambre; las precarias condiciones en las que muchos desarrollan sus actividades han reactivado la vieja lucha por mejorar los derechos laborales de miles de trabajadores pertenecientes al gremio de maestros, médicos y policías. Recientemente hemos observado las distintas protestas de estos sectores para que sean cumplidos los escalafones de cada gremio y la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores.

La exigencia de mejoras salariales es una lucha válida para todos aquellos que se prepararon para ejercer una profesión y para quienes todos los días hacen el esfuerzo de realizar su trabajo de la mejor manera. Y ante ello, resulta complicado decirles a los trabajadores de sectores tan importantes como salud, educación y seguridad pública, que es imposible mejorar sus condiciones laborales y los salarios, cuando todos vemos los gastos excesivos pagados con fondos estatales en el resto de instituciones. Es difícil decirle a un policía o a un maestro, que gana entre cuatrocientos y quinientos dólares, que no es posible mejorar su salario u ofrecerle mejores condiciones laborales mientras se gastan grandes cantidades de dinero en otras instituciones, en cosas de las que se puede prescindir (alimentación, bebidas, viajes, seguro médico, entre otros).

A pesar de que las peticiones de mejora de las condiciones salariales son válidas, el complejo problema de la contratación pública y la mejora de las remuneraciones no se soluciona con los escalafones o con la poesía política en forma de ofrecimiento de bonos y mejoras salariales. Enderezar estos problemas pasa por considerar la actualización de la Ley del Servicio Civil y unificación de la multiplicidad de formas de contratación que existen en las instituciones estatales. Es necesario que exista un trato igualitario en todos los sectores, que las diferencias sean propias de las labores que se realizan y no de simpatías arbitrarias.

Además, es necesario considerar medidas complementarias a la sistematización de las contrataciones, tales como: la unificación de salarios y escalafones del sector público, donde personas que realicen funciones similares tengan salarios en igualdad de condiciones;  la urgente reducción de gastos innecesarios en las distintas instituciones estatales; la depuración de personas en las estructuras de cada institución, donde existe una gran cantidad de personas que no ingresaron al servicio civil por capacidad y mérito, si no por simpatías partidarias; la  estructuración eficiente del Presupuesto General de la Nación; y el necesario control sobre los fondos públicos, donde cada dólar sea correctamente utilizado.

La promesa de cumplimiento de escalafones, bonos, aumentos salariales se torna en un ofrecimiento vacío si no se trata este problema de forma integral, planteando y ejecutando una solución sensata para cada arista que compone la complejidad de las finanzas del Estado en un país pobre. Si el problema no se aborda de forma completa, cualquier programa que pretenda beneficiar a los sectores trabajadores en los gremios de salud, educación y seguridad pública sería insostenible en el largo plazo, teniendo en consideración el tipo de gasto en el resto de instituciones del Estado y la situación actual de la economía. El Gobierno tiene que estar dispuesto a prestar toda su atención en la búsqueda de soluciones para los sectores trabajadores, tal y como lo hizo cuando era oposición.

Las nuevas protestas. Teresa Guevara de López

TeresaTeresa Guevara de López, 4 septiembre 2016 / EDH

Aunque ya nos acostumbramos a protestas callejeras de todo tipo y color, pero recientemente estamos presenciando unas protestas diferentes. Mientras el Presidente y sus voceros aseguran ir en el rumbo correcto hacia el paraíso del buen vivir, estas protestas inéditas surgen de instituciones públicas dirigidas por el FMLN.

Ya no vemos marchas de maestros, apoyando a un Gobierno que dignificaría el magisterio. Cuando el Profesor asumió el doble cargo de Vicepresidente y Ministro de Educación, el gremio esperó la realización de todos sus sueños. Pero pasaron los cinco años, y la situación de los maestros siguió igual, sin siquiera cumplirse con los aumentos salariales pactados en la ley, ni invertir nada en mejorar las escuelas.

diario hoyY como parece que el Profesor-Presidente tampoco piensa cumplirles, siguen los maestros en las calles, exigiendo además los recursos que debieron recibir para iniciar el trabajo del año escolar. Se unen las justas exigencias de los proveedores de calzado, uniformes y paquetes escolares, a quienes tampoco se les ha pagado. El actual ministro les amenaza con descontarles si cierran las escuelas, cuando muchos no han recibido sueldo. ¿Pretenderá que sigan comprando de su bolsa papel, tiza, plumones para trabajar en mínimas condiciones? Porque dinero, no hay.

Los empleados del MINSAL se amotinan ante la negativa de las autoridades a cumplir con el escalafón, calificando de absurdas e imposibles las condiciones pactadas, porque no hay dinero. También amenazan con despidos y descuentos, si llegan a cerrar las instalaciones hospitalarias como medida de presión. El Viceministro de Salud dijo a los empleados que dirijan sus protestas a la CSJ, responsables de la crisis fiscal que impide pagarles. No es por despilfarro.

En el Mintrab, los sindicalistas protestan porque la titular, no siendo abogado, sino especialista en mercadeo, desconoce las leyes, compromisos y convenios con la Organización Internacional del Trabajo, por lo que el país ha sido denunciado por incumplir compromisos.
Entre ellos, el nombramiento de representantes del sector privado ante el Consejo del Salario Mínimo, destituidos por Mauricio Funes, para nombrar personas de su confianza. Como táctica dilatoria, la Ministra ha pedido que los sindicatos le entreguen “en el plazo de 5 días” una lista con los números de documentos personales de todos los afiliados a los sindicatos integrados en el Movimiento Laboral Salvadoreño. El dirigente, Sr. Soriano asegura que la intención de la funcionaria es cambiar a los representantes del sector obrero, y colocar a miembros afines al gobierno.

A estas protestas se añaden los descontentos trabajadores de la Lotería, antes de Beneficencia, hoy en quiebra, los de Anda, la Corte de Cuentas, la PNC, quienes reciben del Ministro de Hacienda, la misma respuesta: “No hay dinero”. Aunque el Presidente acaba de anunciar solemnemente que dará una indemnización de $50 mensuales, a las víctimas del conflicto, como un gesto de solidaridad por el profundo dolor que se les causara. No dijo de dónde saldrá el dinero.

Y también es algo inédito, que funcionarios públicos se permitan atacar a otras instituciones del Estado, como la Sala de lo Constitucional, cuando sus fallos no les son propicios. Eugenio Chicas reitera la voluntad del Gobierno de seguir cumpliendo con sus compromisos, mediante una reforma al sistema de pensiones, como la única solución. ¿Qué veremos en las próximas semanas?

P. D. Circula en las redes sociales una fotografía de nuestra bandera, en Cancillería, que en la leyenda rodeando el escudo dice: “República Del Salvador” y la fecha de la Independencia “16 de septiembre”. ¿Es auténtica o es un montaje para desestabilizar al gobierno del cambio?

Barcos a la deriva. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 29 agosto 2016 / EDH

En 1865, el novelista británico Lewis Carroll publicó su obra llamada “Alicia en el país de las maravillas”. En uno de los pasajes más celebres de la misma, Alicia, su protagonista, está  perdida en un camino y al llegar a una bifurcación, no sabe cuál dirección escoger. En ese lugar Alicia se encuentra al Gato y le pregunta: “¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?” A lo que el Gato respondió: “Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar”. Alicia contestó: “¡No me importa mucho!”. Y el Gato contestó: “Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes”. Este pequeño fragmento representa lo que ha sucedido en El Salvador en las últimas décadas. No sabemos adónde  vamos como país, muchas instituciones parecen barcos a la deriva.

diario hoyBuena parte de no saber el rumbo que llevamos como país es consecuencia de la falta de enfoque de los funcionarios encargados de tomar decisiones trascendentales. Y esta falta de orientación de muchos funcionarios tiene que ver con la poca claridad sobre lo que significa la función pública. La retórica que siempre hemos escuchado al momento que se realizan las elecciones es que van a “trabajar en beneficio del país”, “velar por los intereses generales”, “defender los derechos de la ciudadanía”; todos estos conceptos han sido de puro uso publicitario, acompañados con poca o nula ejecución. Muchos de los funcionarios han utilizado estas frases antes de ocupar sus puestos y luego no tienen ni idea o se les olvidan los fines para los que fueron seleccionados.

El  servicio civil o función pública se define como “un conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articula y gestiona el empleo público y las personas que integran éste […]. Dichos arreglos comprenden normas, escritas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de una administración pública profesional y eficaz, al servicio del interés general” (Carta Iberoamericana de la Función Pública).

El régimen del servicio civil tiene una doble finalidad; en primer lugar, asegurar el correcto funcionamiento del aparato laboral estatal, en respeto a los derechos fundamentales de todo trabajador y como garantía de estabilidad laboral de los empleados públicos. En ese sentido, se establecen una serie de derechos en favor de los miembros del servicio civil, tendente a garantiza la inamovilidad (estabilidad laboral), desarrollo al interior de la institución con base en la meritocracia.

Por otra parte, la regulación del servicio civil es una pieza fundamental en el efectivo funcionamiento del sistema democrático y en la vigencia del Estado de Derecho, ya que asegura en última instancia la ejecución de las políticas públicas a través de un cuerpo de servidores públicos lo suficientemente preparado como para tomar las mejores decisiones posibles. La Sala de lo Constitucional ha señalado esta finalidad del régimen del servicio civil al establecer que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y, por tanto responden al interés general.

Nada de lo anterior ha sido entendido por muchos de nuestros funcionarios. En El Salvador ya es normal que se tenga a disposición una cantidad considerable de dinero y esa sea utilizada a discreción. Los titulares de las instituciones deben de tener poder de ejecución para que las decisiones sean más fluidas, pero no tanto como para pretender manejar una institución como que si fuera su casa. Y la arbitrariedad en la toma de decisiones no solo tiene que ver con aspectos de despilfarro financiero, sino también en medidas que afectan los derechos de los demás, como por ejemplo el “engavetamiento” de casos o solicitudes, la omisión de investigación, la creación de situaciones falsas para beneficiar o afectar a intereses particulares.

Los casos que están siendo investigados actualmente por mal manejo de bienes-fondos o por actos presuntamente arbitrarios (Corte de Cuentas, ex Fiscal General, ex Presidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa) no habrían sucedido si de verdad los funcionarios supieran lo que implica el manejo de la cosa pública. Estamos claros que muchos no están enterados del mandato que la Constitución les ha otorgado y hay que ir pensando en ni siquiera considerarlos como candidatos para futuras elecciones.