despidos

Medicina y circo. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

10 junio 2019 / EL DIARIO DE HOY

La primera semana del nuevo gobierno de Nayib Bukele ha sacudido las instituciones y la opinión pública. Durante diez años el FMLN instauró la “fábrica de empleos”, específicamente para favorecer a los miembros del partido y sus familiares. El presidente se ha encargado de hacernos saber, a través de un show mediático, el nombre, parentesco y salario de muchos de los familiares de dirigentes y funcionarios del exgobierno. Ambas cosas son lamentables.

Lo que hemos vivido la última semana ha sido una buena dosis de “medicina y circo”. Porque si bien la depuración de la planilla del Estado ha sido una tarea pendiente de todos los gobiernos pasados, la forma en que el presidente lo ha hecho deja a un lado las formas legales necesarias en cualquier república donde todos sus ciudadanos tienen derechos; además, somete a un escarnio público innecesario a gente que no tuvo que meter en ese saco.

Los despidos que el presidente ha hecho en parte han sido medicina, porque como él mismo lo dijo en su primer discurso oficial, “el país es un niño enfermo que se tiene que curar”; se ha dejado en evidencia que el aparato estatal fue utilizado como botín por muchos dirigentes del FMLN para repartir puestos bien pagados entre familiares y amigos; la corrupción, el nepotismo y el amiguismo son enfermedades que han carcomido las instituciones.

Pero las medidas del presidente más que todo han sido circo, porque la manera en la que han tomado muchas de sus decisiones bota la buena voluntad de depurar eficientemente el Estado. Según se ha informado, no se han seguido los procedimientos establecidos en la ley para hacer estas depuraciones, se ha limitado a ordenar los despidos por Twitter y, además, ha sometido humillaciones el nombre de personas que sí trabajan y sí son competentes.

Yo he sido una de las personas que más ha insistido en la necesidad de una depuración del Estado. En la planilla del Estado hay personas que no tienen las competencias para el cargo que han ocupado; y hay muchos otros que ingresaron al servicio público por ser familiar o amigo de un funcionario, o por ser simpatizante de un partido político. Sin duda hay que depurar.

Pero para saber si metemos a una persona en el saco del nepotismo e incompetencia se debe analizar caso a caso la manera en que ingresaron a la institución, sus credenciales, su rendimiento y sus resultados. No es posible que se establezca una presunción de culpabilidad o de incompetencia por el hecho de haber trabajado para determinado gobierno o por ser familiar de alguien. Esto le falto al presidente y a su equipo de asesores.

El Salvador es una república democrática donde existen leyes, principios, instituciones y procesos que respetar. Por muy presidente de la República que sea Nayib Bukele, y por muy buena que sea su intención de depurar el Estado de los malos cuadros, el presidente y sus funcionarios deben seguir los procedimientos de despido y de supresión de plaza correspondientes.

El primero de junio, el presidente de la República se insertó en una institucionalidad que data de hace décadas. Las decisiones no pueden ser arbitrarias. Al interior de la administración pública hay procedimientos que respaldan los derechos de los trabajadores que deben respetarse.

Ojalá el presidente rectifique su manera de actuar en los despidos realizados. Y, además, que guarde la coherencia debida en cuanto a la contratación de familiares y amigos. La modernización del Estado pasa por realizar una reestructuración de las dependencias del Estado y por hacer una evaluación del recurso humano disponible. Pero debe hacerlo de manera seria, conforme a Derecho.

Procurador de Derechos Humanos incumple orden de la Sala de lo Constitucional

Se niega a reinstalar abogada que fungió como procuradora de Derechos Civiles y que despidió en enero del 2014. Se gestionó entrevista con el funcionario y se dijo que andaba en misión oficial.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, se resiste a cumplir con la resolución de la Sala de lo Constitucional de reinstalar a una...

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, se resiste a cumplir con la resolución de la Sala de lo Constitucional de reinstalar a una…

, 10 octubre 2015 / EDH

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, se ha negado de forma reiterada a cumplir con una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le ordena reinstalar a una exprocuradora adjunta a quien despidió en enero de 2014.

La denunciante, Gricelda de Ramírez, quien se desempeñaba como procuradora adjunta de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH, interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, por considerar que el procurador Morales “le violentó su derecho de defensa al despedirla de forma arbitraria sin que se cumpliera con el procedimiento para poder exponer sus argumentos, controvertir la prueba en su contra y ejercer su defensa”.

Consideró que además de violarle el derecho de audiencia y defensa, también le violentó el derecho a la estabilidad laboral por el hecho de que ella estaba  amparada bajo el régimen de Ley de Salarios. La demandante acudió el 14 de enero del 2014 a la Sala de lo Constitucional a promover el amparo en contra de la decisión del procurador.

Se gestionó una entrevista con Morales, pero en la Unidad de Comunicaciones de la PDDH se dijo que el funcionario estaba en una misión oficial en México.

El despido de la exprocuradora ocurrió el 20 de diciembre del 2013, fecha en la cual el procurador Morales le notificó a través de un memorándum que había tomado la decisión de dejar sin efecto su nombramiento, cargo que había desempeñado desde el 11 de febrero del 2013, bajo la administración del exprocurador Oscar Luna. La destitución tuvo efecto a partir del uno de enero de 2014.

Señala la demandante que Morales le pidió a ella y al resto de procuradores, a mediados de diciembre del 2013, que pusieran a su disposición sus cargos por considerarlos de “confianza y esenciales para el cumplimiento de las grandes líneas estratégicas a más tardar el 20 de diciembre del 2013.

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Sin embargo, de Ramírez le respondió en otro memorándum que no podía deponer su cargo en vista de que no contaba, por la premura de la solicitud, con otra opción laboral. Sin embargo, ella le explicó que una vez tuviera otra oferta laboral, pondría a su disposición el cargo.

Señala la denunciante que cuando ella habló con Morales sobre su situación laboral, él le dijo que necesitaba llevar a personal de su confianza a la PDDH y con quien había trabajado. Le aseguró que de todas maneras él podría disponer del cargo en cualquier momento para sustituirla por personas de su confianza, y le dio dos meses de plazo para buscar otro empleo.

“Tal circunstancia constituye despido de hecho arbitrario, pues la separación de mi cargo se decidió sin que previamente se hubiera realizado un proceso en mi contra en el que tuviera todas las garantías para mi defensa”, justifica la demandante en el  recurso.

Para el 12 de marzo de ese mismo año, la Sala le admite la petición de Amparo y le ordena al procurador Morales que tiene  que reinstalar a la demandante con el mismo cargo de Procuradora Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales, hasta que exista una sentencia definitiva, ya sea que la demandante sea amparada o le da la razón al procurador Morales. Además le ordena de abstenerse de nombrar a otra persona para sustituirla para dicho cargo.

En todo caso, si ya había sido nombrada otra persona para desempeñarse en ese puesto, Morales deberá de garantizarle el cargo en el que fungía o en otro de igual categoría.

Posteriormente, el uno de octubre del 2014, la Sala de lo Constitucional le reitera que debe de cumplir con el reinstalo de la exprocuradora de Ramírez en las condiciones señaladas en la resolución del 12 de marzo del 2014.

Y en enero de este año, los magistrados constitucionalistas le vuelven a ordenar que debe cumplir con el reinstalo de la exprocuradora.

Pese a las tres resoluciones de la Sala, Morales se resiste a cumplir con lo ordenado por los magistrados constitucionalistas, o sea que tiene más de un año de estar incumpliendo con la orden del máximo tribunal, y según la demandante, el funcionario está dilatando el  proceso con la presentación de escritos en los que asegura que le ofreció una opción laboral similar al cargo que desempeñaba al momento de ser despedida y que ella no ha aceptado.

En los escritos presentados por Morales a la Sala, en los cuales pide que anulen el reinstalo de la demandante y que él sea absuelto de cargos, el funcionario ha señalado que  al revisar el expediente profesional de la demandante se verificó que “no cumplía con el cargo de idoneidad para el cargo, que es  tener amplios conocimientos sobre la tutela, promoción, y educación en el campo de los derechos civiles e individuales, pues ninguna acreditación al respecto constaba en su expediente”.

Señala Morales que al no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de la PDDH decidió no refrendar su nombramiento para el  2014 y prescindir de sus servicios.

Sin embargo, la exprocuradora despedida asegura que Morales busca con la presentación de los escritos, en la que afirma que está cumpliendo con lo ordenado, evitar de que los magistrados  pidan a la Fiscalía General que lo investigue por el incumplimiento a una orden judicial lo que constituye delito

Y en efecto, Morales le ofreció a la demandante el cargo de Comisionada para la Gestión de Asuntos Penitenciarios de la Procuraduría, pero según ella, dicha plaza quedaba sujeta a las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias en el Ministerio de Hacienda para su contratación, y sin especificar la fecha.

La exprocuradora asegura que la opción laboral que le ofrecía Morales era por contrato con un plazo mensual, es decir, que cada mes se renovaría el contrato de la referida plaza; y el cargo que ella desempeñaba estaba regido por la Ley de Salarios.

“Dejándose ver una clara desmejora, ya que mi nombramiento del cual me destituyó arbitrariamente, inobservando el debido proceso que para ello debió seguir, era por Ley de Salarios y no por contrato mensual, como él pretende contratarme, violando e incumpliendo con la medida cautelar que se emitiera por la honorable Sala, mediante resolución del 12 de marzo del 2014”, dijo de Ramírez.

Aseguró que Morales corre el riesgo de que sea destituido del cargo por la Asamblea Legislativa, si en caso la Sala de lo Constitucional resuelve que le ha violentado sus derechos constitucionales.

Sala ordena reinstalo de cinco empleados de Economía

Según la resolución, se violó el debido proceso de audiencia de los demandantes por parte de dicho Ministerio.

Ministro de Economía, Tharsis Salomón López.

Ministro de Economía, Tharsis Salomón López.

10 octubre 2015 / EDH

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de amparo de cinco empleados, despedidos en marzo de este año por el Ministerio de Economía, y ordenó, como parte de la medida cautelar, su reinstalo inmediato para desempeñar sus funciones en esta cartera de Estado.

En la admisión que hace la Sala contra la decisión del ministro Tharsis López, dice que no se siguió el proceso de separación y que se utilizó de forma fraudulenta la figura del contrato de consultoría para encubrir “una relación laboral permanente”.

Además, reconoce que los demandantes no tuvieron oportunidad de respuesta ni de ser escuchados por las autoridades del Ministerio.

Por ello, la Sala le dice a Economía que se abstenga de nombrar a otros funcionarios, y que se elaboren los contratos de los reinstalados para que continúen en sus cargos y les pague salarios pendientes y todas las prestaciones de ley.

Los cinco empleados que demandaron a López ante la Sala el pasado mes de julio son Daniel Edgardo Cornejo, Sandra Lorena Cardoza, Carlota Adelina Posada, Flor de María Panameño y Vanesa García.

La resolución fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González.

Demandan a ministro de Economía por despidos injustificados

Son al menos seis los empleados despedidos. Dos de ellos estaban bajo Ley de Salarios y el resto por contrato.

Tharsis Salomon, Ministro de Economía, ha sido demandado por despidos injustificados.

Tharsis Salomon, Ministro de Economía, ha sido demandado por despidos injustificados.

Nota EDH, 23 julio 2015

Al menos seis personas han presentado denuncias por despidos injustificados ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del ministro de Economía, Tharsis Salomón López, con miras a ser restituidos en sus cargos.
Cuatro de los despidos se dieron el 27 de marzo de este año contra empleados que estaban bajo el régimen de contrato; mientras que los otros dos casos se tratan de jefaturas que se encontraban incluidos en el régimen de Ley de Salarios.

Todos los afectados alegan que no se les dio oportunidad de defensa ni de ser escuchados antes de que se les informara que eran cesados. Además, los demandantes consideran que su derecho al trabajo, consagrado en el Artículo 219, inciso 2, de la Constitución de la República, así como en el Artículo 24 de la Carta Internacional de Garantías Sociales, ha sido vulnerado.

Entre los afectados por la decisión del titular de Economía hay una persona quien hasta el 18 de marzo pasado fungió como Gerente de asuntos jurídicos del Ministerio, Daniel Ríos, bajo el régimen de Ley de Salarios.
Ríos fue despedido a partir de un informe elaborado por la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría (OFCIA), creada por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno, el cual no fue dado a conocer a Ríos para saber de qué se le acusaba al separarlo del cargo, de acuerdo con una publicación del periódico digital El Faro.
Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, negó ayer lo que plantea El Faro.

Pero según plantea Ríos en el amparo presentado, su despido “constituye una medida ilegal y arbitraria por cuanto constituye una sanción de hecho sin que se le hubiera dado la oportunidad de ser oído y vencido previamente”.
Otro de los casos como el de Ríos es el de la Gerente de comunicaciones del Ministerio, quien se desempeñó en el cargo desde octubre de 2012 hasta el 16 de enero de 2015, cuando fue despedida bajo un acuerdo del ministro de Economía.

Para la exgerente de comunicaciones la medida es arbitraria e ilegal, pues estaba bajo ley de salarios y su puesto no representaba un cargo de confianza.  “La calificación de un puesto como de confianza no puede supeditarse únicamente a su denominación –jefes, gerentes, administradores o directores, entre otros- y tampoco efectuarse de manera automática”, señala el escrito presentado a la Sala por la demandante.
Junto con los demás despedidos está otra exempleada que laboraba desde abril de 2011 hasta abril de 2012, bajo la modalidad de consultora para la “Terminación de Procesos de empresas mineras y canteras”.

Luego le renovaron su contrato a partir de enero de 2013, bajo el cargo de “Servicios Jurídicos para terminación de procesos de canteras”, pero bajo la figura de Servicios Profesionales y con la supervisión de la gerencia de asuntos jurídicos que tenía a su cargo Ríos;sin embargo, fue cesada el 27 de marzo.
“Cabe señalar que, desde esa fecha, he desempeñado mi cargo con eficiencia y responsabilidad con las funciones establecidas en los contratos respectivos, así como en las demás que el Gerente de Asuntos Jurídicos tuvo a bien asignarme”, argumentó.

En el mismo sentido ha sido presentada otra demanda por parte de quien fuera la encargada de “Servicios de Apoyo en la atención al Despacho de Asesores y a la Dirección de Administración y Finanzas”, bajo la modalidad de contrato.
Esta persona tenía una plaza subordinada al Jefe de asesores del Despacho Ministerial del Ministerio. Fue contratada en febrero de 2012 y despedida también el 27 de marzo.
Según alega la demandante, el Ministerio la contrató bajo la modalidad de consultora, lo que considera “fraudulento”, porque las actividades que realizaba eran permanentes y ordinarias de la institución, por lo que el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITME) solicitó que dichos empleados fueran acogidos bajo el régimen de contrato.

El mismo caso de despido sufrió la Jefa de la Unidad de Género del Ministerio de Economía, contratada bajo la modalidad de consultora para “Diseño de Estrategia en la Creación de la Unidad de Género en el Ministerio de Economía”, desde el 24 de febrero de 2014 hasta marzo de este año.
La persona despedida se queja de que su contrato no fue renovado, pese a que realizaba sus funciones adecuadamente y conforme a las exigencias que requería su cargo.
Según explicó la profesional, en diciembre de 2014 recibió una carta del ministro de Economía en la que le señalaba que seguirían requiriendo de sus servicios durante 2015.

PDDH pidió informe a Ministro de Economía

Ante el sexto caso de despido injustificado contra otra empleada del ministerio de Economía se pronunció incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Se trata de una plaza para brindar servicios de “Soporte Técnico Administrativo a la Gerencia de Fomento Productivo Territorial”. También fue despedida el 27 de marzo.
La PDDH emitió una resolución en la que le solicita al ministro de Economía un informe sobre los hechos que llevaron a no renovar el contrato de la afectada.

La institución pide, además, que el funcionario explique “si se siguió el procedimiento para ello, sus resultados y si previo al despido, la referida licenciada fue indemnizada,así como cualquier otra información que consideren pertinente hacer del conocimiento de esta institución”.
En vista de que la demandante ha señalado en su denuncia que no se le dio derecho de audiencia y defensa, la PDDH pide al funcionario verificar si la decisión de no renovarle el cargo fue legal, “a efecto de subsanar cualquier ilegalidad y asegurar a la trabajadora las garantías implícitas en el debido proceso administrativo y oportunidades reales de defensa”.

En marzo pasado, la Sala de lo Constitucional de la CSJ fijó una serie de criterios jurídicos y legales que deben tomar en cuenta los funcionarios públicos para determinar cuáles son los servidores a los que se le debe reconocer su derecho a la estabilidad laboral.

Según la Sala, los cargos que no son de confianza deben ser protegidos, además de seguir un proceso legal para que justifique los despidos.
“Las personas cuyos cargos sean técnicos y no requieran de la confianza del titular gozan de estabilidad en el cargo, los motivos para ser despedidos deben ser debatidos en los procesos establecidos en la ley”, señala la Sala, dirigiéndose además a los jueces que con competencia para conocer procesos de nulidad de despidos.

Economía no conoce demandas

El ministerio de Economía sostuvo ayer que no puede emitir un pronunciamiento por las demandas que presentaron los seis empleados despedidos, ya que no conoce dichos documentos. Ante la solicitud de El Diario de Hoy para obtener una versión del ministro de Economía, Tharsis Salomón López, el jefe de comunicaciones del Ministerio, Walter Hernández, dijo que el titular del ramo no puede emitir una opinión al respecto, ya que el despacho jurídico de esa institución aún no ha sido notificado de dichas demandas.

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