Erika Saldaña

Equipo de rivales. de Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

1 abril 2019 / EL DARIO DE HOY

“Team of rivals” o “equipo de rivales” fue una de las hazañas políticas de Abraham Lincoln como Decimosexto Presidente de los Estados Unidos de América. La expresión —plasmada en el libro de la periodista Doris Goodwin— hace referencia a la capacidad que tuvo Lincoln de juntar a las mejores personas, a “los hombres más fuertes”, para que integraran su gabinete de gobierno en medio de un turbulento clima político y social. Este equipo incluía a tres exrivales de Lincoln en la lucha por la candidatura presidencial republicana y a varios demócratas. El Presidente construyó un gabinete sólido más allá de las simpatías partidarias y la complejidad de las relaciones humanas.

En El Salvador todavía no conocemos a los miembros del gabinete del presidente electo Nayib Bukele. Han pasado casi dos meses desde las elecciones presidenciales y a la fecha no sabemos los nombres del “equipo de transición” ni posibles miembros de un futuro gobierno. El cuerpo de funcionarios del Órgano Ejecutivo es el encargads de echar a andar la mayor parte del aparataje estatal y su competencia determinará el éxito para salvar instituciones manchadas por la ineficiencia desde hace décadas. Es un tema que nos interesa a todos, independientemente si simpatizamos con el presidente electo o no.

En los últimos días el debate se ha enfrascado en temas que carecen de trascendencia, como dónde se realizará el traspaso de mando. El lugar es irrelevante, lo que más urge en este momento es la buena voluntad del gobierno saliente y del entrante para que las instituciones se entreguen en orden, transparencia y civilidad. Más que el protocolo del traspaso de mando, necesitamos que se vaya consolidando un gabinete que incluya personas capaces y aptas para puestos clave y para dirigir 14 ministerios y 52 instituciones autónomas.

En el gobierno necesitamos a los mejores. Tenemos décadas de improvisar los nombramientos o de asignar esos cargos a personas por simpatías partidarias más que por especialización y capacidad de ejecutar políticas públicas en determinado rubro. A pesar que en este país hay muchísima gente con una gran formación académica y profesional, la línea que más ha pesado ha sido la partidista o una lealtad mal enfocada, donde ha prevalecido asentir con todo lo que hace o piensa el presidente, más que discrepar de manera razonada y hacer las cosas de forma correcta.
Llevar a los mejores no significará para el presidente acompañarse de las personas con las que existe mayor simpatía. En esta ocasión, como en la conformación del equipo de rivales, implicará que lo fundamental en el nombramiento de un funcionario no es nivel de amistad o cercanía con el presidente electo, sino la capacidad de echar a andar una institución, de depurar la sobrecarga de la planilla estatal y de hacer que las entidades públicas ofrezcan buenos resultados en favor de la ciudadanía.

El llamado es al presidente electo a reflexionar sobre la trascendencia del nombramiento del gabinete de gobierno. Ya no se trata de simpatías o rechazos, sino de convertirse en un verdadero líder e integrar las instituciones con las personas idóneas, más allá de si fueron quienes lo criticaron en su campaña. Y también las personas que sean consultadas para formar parte del gabinete de gobierno deben tomarse con seriedad la propuesta: tener la honestidad intelectual para rechazar un puesto para el que no tiene la experticia; o demostrar el patriotismo aceptando un puesto público a pesar de las diferencias con el nuevo presidente.

Nayib Bukele es el presidente electo y hay que apoyarlo en el buen desarrollo de las instituciones, eso nos conviene a todos. No se debe privar a la ciudadanía de tener un gabinete compuesto por los hombres y las mujeres más fuertes para dirigir al Estado.

No nos van a callar. De Erika Saldaña

Ninguna persona tiene derecho a callar a otra.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

25 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

La semana pasada, mediante la red social Twitter, cuestioné al presidente electo Nayib Bukele sobre la orden de liberar a dos personas detenidas por la PNC en los disturbios que se dieron en la marcha contra la privatización del agua. Parafraseando mi comentario fue: “Es presidente electo, no presidente que ya está gobernando. Si las capturas son ilegales o no, que lo determinen las autoridades competentes y vigentes”. Hasta ahí. Ninguna ofensa, comentario despectivo y un cuestionamiento razonable en una república democrática. Inmediatamente cayeron las turbas digitales con descalificaciones e insultos.

Uno de los principios fundamentales en cualquier república democrática es la libertad de expresión. A través de ella somos capaces de difundir nuestros pensamientos, críticas y posiciones sobre cualquier tema. Para que seamos capaces de decir lo que queramos han caído imperios, monarquías y dictaduras en todas las latitudes; todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. No importa si hay miles de personas cansadas de la opinión de una. Esa una tiene derecho a expresar lo que piensa libremente, esté equivocada o no.

Los que ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión en una red social nos sometemos voluntariamente a los dimes y diretes que se generan ante la diversidad de puntos de vista. Como opinión propia, acertada o no, todas son válidas y todos tenemos derecho a exponerlas. Sin embargo, los intentos de callar o pretender hostigar a alguien por su opinión diferente no caben en una república democrática. Callar es normalizar algo inaceptable.
La respuesta que más ha llamado la atención al comentario que hice de Bukele fue la de uno de los aliados más cercanos del presidente electo, el señor Walter Araujo; literalmente manifestó: “Usted ya cierre su trompa, estamos hartos como pueblo de sus intromisiones políticas. Defensora de privatizadores y arenazis. ¡Metida! Mejor póngase a trabajar”. No es la primera vez que trata de deslegitimar a alguien por pensar distinto a él, a Bukele y a los seguidores de Nuevas Ideas.

En las redes sociales se está construyendo una verdad inapelable, que es la que diga Nayib Bukele y sus simpatizantes. Ir en sentido contrario a ello activa las turbas digitales, los acosos selectivos y produce una avalancha de insultos, desacreditaciones y bullying. Utilizan cualquier cosa para armar una guerra psicológica contra el que tenga una opinión distinta y se atreva a emitirla; amenazan con “sacar trapos al sol”, que en muchas ocasiones no es más que hacer públicas cuestiones reservadas al ámbito personal de cada quien. Hay que señalar que estas estructuras digitales y su forma de operar no son exclusivas de los simpatizantes del presidente electo, también las hemos visto en afines a ARENA y FMLN.

El título de presidente electo no lo convierte en una persona infalible y exenta de cualquier crítica. Aquí vivimos en una república democrática donde todos tenemos derechos, no en una monarquía con un rey entronizado. Si el presidente electo accedió a entrar en la cancha política, él y sus simpatizantes deben estar claros que estará sometido al escrutinio público los cinco años de su presidencia.

En El Salvador hay leyes e instituciones que respetar, y eso nos incluye a todos, ciudadanos y funcionarios. Aunque Nayib Bukele sea el presidente electo, no puede dar órdenes cuando aún no está en funciones; no puede pasar por encima de la autoridad de la PNC y solo con base en sus apreciaciones personales.

Existe una regulación legal sobre las maneras de proceder y un preestablecimiento de las instituciones competentes que se pueden involucrar y determinar si las detenciones fueron legales o no. Sus palabras fueron para liberar a dos estudiantes involucrados en disturbios; mañana puede ser para lo contrario. Este es el riesgo de salirse de las facultades que la Constitución y las leyes otorgan a cada funcionario. Las instituciones están ahí para reducir el margen de arbitrariedad de quienes ostentan el poder. Esa es mi opinión y si alguien no está de acuerdo debatamos sin insultos, sin deslegitimar a una persona por cualquier cosa y sin pretender callarla.

La separación de poderes plasmada en la Constitución es una garantía que esta república no se convertirá en una dictadura o una monarquía. No podemos volver a las épocas donde el presidente era quien elegía funcionarios a su antojo, manejaba instituciones y dirigía todos los poderes del Estado. Así no funciona una república y el presidente electo y sus simpatizantes deberían tenerlo claro.

Mujeres y hombres: compañeros. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

11 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

Es difícil ser mujer en El Salvador. Los índices de violencia contra nosotras se han disparado en el último año y nuestro país tiene una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina. Según datos del informe “Situación de violencia letal contra las mujeres”, de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, entre 2014 y 2018 la Fiscalía General de la República recibió 599 casos de feminicidios, es decir, fueron 599 mujeres a quienes mataron por motivos de violencia de género. La muerte es la punta del iceberg de situaciones de violencia que se dan en el día a día de muchas mujeres, pero no es la única manifestación.

Bajo esa punta visible, hay muchas situaciones de maltrato y violencia que hemos invisibilizado o se han vuelto normales en nuestra sociedad. Los maltratos verbales, las burlas, el acoso, la intimidación contra una mujer, por considerarla el sexo débil, una pertenencia del hombre o un ser inferior, son manifestación de violencia que poco a poco pueden ir escalando hasta llegar a los feminicidios.

Esta normalización de la desigualdad es la raíz cultural que debemos cambiar.

En el país aún vemos resistencia en reconocer a plenitud los derechos de las mujeres. La incursión en sectores que históricamente han sido dominados por hombres (como la política, industria, profesional, empresarial, entre otras) ha ido a paso lento. Todavía no hay igualdad de salarios a pesar de la igualdad de obligaciones. Hay mujeres que son abusadas física y verbalmente en sus hogares por sus mismos familiares, en sus trabajos e incluso en los grupos de amigos. Por todos estos motivos es importante visibilizar las desigualdades a las que muchas mujeres se ven sometidas, para darnos cuenta que una situación aparentemente normal en realidad es un problema y que debemos buscarle solución.

El trabajo por la igualdad de la mujer es de todos. Hombres y mujeres. Es incompleto pensar que en la lucha por los derechos de la mujeres solo debemos pelearlas las mujeres y que los hombres deben hacerse a un lado. No se trata de ponernos a discutir la división entre hombres y mujeres, sino de eliminar esa barrera. El auge de feminismo a nivel mundial en algunas ocasiones puede entenderse como una confrontación directa de géneros, y llegar a puntos de misandría, es decir, de odio o menosprecio por lo masculino. Lo que buscamos es igualar la escala de derechos y oportunidades, no desaparecerlos de la tierra.

Los hombres no son enemigos. Algunos, lamentablemente, tienen tan arraigados las costumbres de la cultura machista o son propulsores del desprecio hacia las mujeres y la misoginia. Estas son las actitudes que deben combatirse. Pero en contraste, hay hombres que son grandes soportes de la causa de las mujeres y que no deben quedar atrás en la lucha o menospreciarlos en el camino. Hay papás, hermanos, hijos, tíos, primos, amigos, compañeros de trabajo que ven en las mujeres personas con los mismos derechos y con el mismo potencial de desarrollo que cualquier hombre. Mujeres y hombres somos compañeros en la lucha por la desigualdad.

Las mujeres somos valiosas e importantes por la misma condición de ser humano; no buscamos privilegios ni hacer a un lado a los hombres. Queremos que todos y todas podamos vivir en igualdad de condiciones y tengamos la misma posibilidad de oportunidades a nivel educativo, laboral y salarial. Que no sigamos siendo violentadas ni física ni psicológica ni sexualmente. Que nuestras niñas puedan crecer y desarrollar todo su potencial en tranquilidad. La lucha continúa.

Linchamientos mediáticos. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

4 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

En la época medieval, una mujer que retara lo dicho por la Iglesia o el Estado podía ser acusada de bruja. En 1973, dos feministas estadounidenses, Barbara Ehrenreich y Deirdre English, afirmaban en su libro “Witches, Midwives, and Nurses”, que las mujeres ajusticiadas eran las curanderas y parteras tradicionales deliberadamente eliminadas por la naciente comunidad médica dominada por hombres.

La cacería de brujas podía tener como base las supersticiones regionales, religiosas o intereses económicos, y bastaba el testimonio de alguien interesado —hombre o mujer— para ser acusado. Era una cacería en la que el peso de demostrar que era inocente recaía sobre la mujer y no en los acusadores el probar que era culpable. Suposiciones y prejuicios era lo que pesaba. Hoy día, no hay “juicios” a brujas o chamanes, pero las cacerías se mantienen.

En El Salvador hablamos intensamente sobre los temas de la semana, incluidos los hechos delictivos. Buscamos información y damos nuestra opinión en redes sociales. La libertad de expresión nos permite esto. Y repetimos, desafortunadamente, a través de medios modernos, la cacería de brujas de antes, basándonos en prejuicios, convenciones, dichos de alguien, y/o hartazgo con ciertos sectores. Así juzgamos y condenamos o exculpamos. En medio de todo esto olvidamos un tema que también debería ser relevante: la presunción de inocencia de la persona a la que juzgamos. Somos modernos cazadores de brujas.

No tenemos hoguera, batallón de fusilamiento ni linchamiento por el pueblo enardecido. Pero las redes sociales se han convertido en la plaza pública donde sin ninguna consideración ni mayor reflexión, llamamos violador degenerado a un hombre o abortista asesina a una mujer. Todo a priori, dependiendo de quién lo vea. Poco importa si contamos con prueba o no, o si la información es solo el tuit de alguien. Juzgamos y condenamos con el mínimo de datos.

Si existe la posibilidad de que la persona haya cometido el delito que se le señala y sea culpable, ya sea por los antecedentes o por las pruebas que existen, no somos nosotros quienes tenemos la última palabra. Es la vía judicial la encargada de remover esa presunción y confirmar, después de un debido proceso, que la persona realizó los hechos que se le imputan y que debe pagar por ellos.

El mayor problema de esta caza es cuando se llega a probar que la persona no cometió ningún delito. Las hordas virtuales que quemaron a esa persona se disipan y nadie sale disculpándose con la misma efervescencia con que publicaron, condenaron o insultaron. Ya no nos importa el nombre, el honor y el sentir del “brujo o bruja”. Nadie le repara su vida.

Es este el sentido de la garantía de la presunción de inocencia en los procesos judiciales. Ante la posibilidad que una persona no haya cometido los hechos que se le señalan, lo más sensato es que esperemos a que un juez quien lo confirme y sea el que le determine la pena en proporción al hecho que se comprobó. En las primeras etapas sabremos si hay indicios robustos y en los tribunales de sentencia si hay suficiente prueba o no. En las Cámaras y Salas si la decisión estuvo apegada a derecho.

Este es un llamado a la prudencia. No se trata de censura, sino reflexión sobre el daño que causamos a alguien. Detrás de cada uno de los casos no solo está el honor de la persona, también hay familias que sufren al ver el linchamiento mediático que sufren esos que nunca dejarán de ser su familia. Esto es importante porque, esperemos que no, el siguiente linchado puede ser alguien querido suyo. No caigamos en cuenta hasta ese momento que la presunción de inocencia sí es importante.

¿Cómo opera el fuero? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional y presidenta del CEJ

25 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Un tema que está sobre la mesa es el fuero de los funcionarios. No solo por los dos casos sonados en las últimas semanas, sobre si aplica o no dicha prerrogativa al presidente electo de la República y a un magistrado de cámara. El fuero y la garantía de antejuicio siempre han estado de moda, ya que durante años ha sido mal utilizado y se convirtió en un mecanismo que algunos funcionarios quisieron usar para evitar enfrentar a la justicia.

En el pasado fuimos testigos como funcionarios alegaron el fuero para evadir los tribunales y no ser juzgados. Los casos más sonados: un diputado que hirió de bala a una policía en un control de alcoholemia; y un diputado suplente que terminó condenado por lavado de dinero.

Una breve reseña de cómo opera el fuero. Se trata de una prerrogativa que nace en los artículos 125, 236 al 238 de la Constitución; el 236 señala que los funcionarios ahí mencionados “responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan” y fija el procedimiento a seguir; es decir, se establece una etapa previa a los tribunales del Órgano Judicial, y es la Asamblea Legislativa la que decide si “hay lugar a formación de causa” o, lo mismo, si el funcionario debe enfrentar o no un proceso judicial por el delito que se le atribuya.

El fuero tiene una finalidad: prevenir obstrucciones injustificadas a las labores de los funcionarios y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Es decir, no acusar a alguien solo porque sí y así apartarlo del cargo. No se trata de proteger a la persona, sino la garantía de que el ejercicio de su cargo no se verá entorpecido de manera injustificada ante señalamientos que no tengan fundamento jurídico. Por ello, el fuero está previsto para delitos relacionados con el cargo.

De los artículos 419 al 429 del Código Procesal Penal se realizan especificaciones sobre el procedimiento en el caso que se deba seguir un antejuicio ante la Asamblea o la Corte. Uno de los más relevantes es el 422, el cual señala que “antes de la declaratoria de formación de causa […] no se podrán realizar actos que impliquen una limitación personal y solo se podrán practicar los actos de investigación indispensables”. Es decir, no se puede detener al funcionario señalado del delito. De los artículos 118 al 142 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativo están más detallados los pasos a seguir en el antejuicio.

Las anteriores líneas no significan que haya una desigualdad en el trato entre funcionarios y ciudadanos comunes. Los ciudadanos enfrentamos la justicia ante los tribunales y los funcionarios también deben hacerlo, con la diferencia de que antes deben ser sometidos al procedimiento de antejuicio.

El fuero no garantiza inmunidad ante cualquier acto considerado ilegal; fue creado para proteger el disenso y la pluralidad política. Además, no se protege a delitos presuntamente cometidos con anterioridad al nombramiento del funcionario. Si alguien ha sido señalado antes por un delito y debe enfrentar a los tribunales, esta situación no desaparece con el cargo. El fuero aplica para señalamientos que se realicen durante el ejercicio del cargo; ni antes ni después.

En las anteriores líneas está la información necesaria para que cada persona concluya sobre los casos que se encuentran en boga. Las críticas que se realizan al fuero y al antejuicio tienen su raíz en el uso a conveniencia que se ha hecho de estas figuras. Su creación nunca pretendió que se tratara de una garantía de impunidad, sino de evitar alterar el normal funcionamiento del Estado a través de acusaciones infundadas. Ahora solo falta que la Asamblea empiece a aplicar como se debe dichas figuras, sin amiguismos ni para garantizar impunidad.

Menos diputados, ¿es mejor? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

18 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Catorce, veintiocho, cuarenta y ocho o sesenta. Muchos salvadoreños ven con buenos ojos la opción de tener menos diputados. Automáticamente piensan que menos diputados conlleva a menor pago de salarios, menos asesores, menos beneficios que costear con los impuestos. En las últimas semanas se ha replanteado la posibilidad de reducir el número de legisladores en la Asamblea Legislativa. El buen recibimiento de este tipo de propuestas solo es una manifestación más del cansancio de la ciudadanía con la forma en que se han manejado los partidos políticos.

Más allá de lo atractiva que nos pueda parecer la reducción de la cantidad de diputados; lejos de si esto implicaría menos gastos en una institución que ha ofrecido escasos resultados; y aparte del descontento existente, hay que analizar la posibilidad, conveniencia y viabilidad de implementar una propuesta como esta.

La reforma para reducir el número de diputados requiere modificar únicamente el Código Electoral y no la Constitución. La cantidad de diputados se encuentra fijada en el artículo 13 de dicha ley, ya que es ahí donde se manifiesta que “la Asamblea Legislativa estará compuesta por ochenta y cuatro diputados y diputadas e igual número de suplentes”. No se necesita una reforma constitucional, como mal se ha manifestado al interior de la Asamblea. La propuesta de reforma de ley solo requeriría obtener el apoyo de cuarenta y tres diputados para echarse a andar.

Hay varias consideraciones que se deben hacer antes de pensar en la implementación de esta reforma, por ejemplo: el momento en que entraría en vigencia, es decir, a partir de cuál de las próximas elecciones de diputados (2021 o 2024); con base en qué (estudio o informe) se determinaría el número idóneo de legisladores; y, además, que el número de personas a fijar no complique el actuar de la Asamblea Legislativa, es decir, que no resulte en fracciones cuando se determine “la mitad más uno de los diputados electos”, “dos tercios de los diputados electos” o “tres cuartos de los diputados electos”.

Y hay otros puntos importantes. Para saber cuál es el número ideal de diputados deberíamos considerar, en primer lugar, el censo poblacional. El último censo oficial publicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos es de 2007. La ley establece que se realizará cada diez años; en 2017 se tuvo que levantar un nuevo censo poblacional para saber en realidad cuantos salvadoreños somos, y a la fecha no hemos tenido noticias del mismo. Además, se debe considerar si las circunscripciones se mantendrán por departamento o se pueden hacer más pequeñas; esto fomentaría la cercanía del diputado con la población que lo elige. Si se quiere establecer una verdadera representación, estos son análisis básicos con los que deberíamos contar.

A pesar del descontento que existe de la ciudadanía hacia los diputados de la Asamblea Legislativa, una reforma que reduzca el número de diputados debe realizarse con seriedad. Sobre todo considerando que —en el plano ideal— se trata de distribuir en pocas manos la representación de las ideas e intereses del pueblo en uno de los órganos del Estado. Por más que consideremos que menos es mejor, en la Asamblea Legislativa deben encontrarse representados todos los sectores poblacionales y para ello la Constitución establece las circunscripciones electorales como punto de partida (actualmente divididas en departamentos).

En los próximos años vendrán varias propuestas seductoras para la ciudadanía. Pero no hay que dejarse llevar por el entusiasmo o enojo. Una propuesta, además de atractiva, debe contar con estudios de viabilidad y posibilidades presupuestarias de acuerdo con lo que se quiere lograr a la capacidad de nuestro país. No se trata de bloqueo, es que simplemente no se pueden aprobar proyectos de manera irresponsable.

El mandato de Bukele. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

11 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Nayib Bukele ganó la Presidencia de la República con 1,434,856 votos, sacándole más de medio millón de ventaja al segundo lugar. GANA llevó la delantera en 195 municipios en los 14 departamentos. Bukele encontró mucha simpatía tanto en el área urbana de San Salvador, hasta de quienes viven en un pueblito alejado de la capital como El Divisadero en Morazán. Las encuestas se cumplieron y, con una participación del 51.88 % de padrón electoral, no hubo necesidad de segunda vuelta. El electorado le dio la victoria y un mandato que está obligado a cumplir: cambiar el rumbo de El Salvador.

El mensaje fue claro: ni ARENA ni el FMLN. Esto implica que el nuevo gobierno debe dar un cambio de rumbo a lo que se ha hecho en los últimos 30 años, alejándose de las prácticas viciadas que llevaron a la gente a votar por una nueva fuerza política. Bukele y su gabinete están obligados a hacerle honor a las frases que repitieron constantemente durante la campaña: que no son como “los mismos de siempre” y que “el dinero alcanza cuando nadie roba”.

Hoy tienen la oportunidad de demostrarlo a personas que no votamos por él y la obligación de cumplirle a quienes le dieron el voto de confianza. Al nuevo presidente le acompaña la legitimidad de haber ganado en todos los departamentos del país y en municipios con características tan diferentes. Bukele es representativo del pensar de buena parte de los salvadoreños. Pero con esto lleva sobre sus hombros una gran responsabilidad: la de fallar lo menos posible.

La lucha contra la corrupción debería ser punto de honor para el nuevo gobierno. Pero esto no solo implica que quienes precedieron a Bukele “devuelvan lo robado”. GANA y Nuevas Ideas están obligados a dar en el ejemplo en transparencia interna, revelando a sus financistas; en democracia interna, abriendo espacios a una pluralidad de liderazgos que puedan surgir; en el buen manejo de la cosa pública, cumpliendo las leyes, siendo un gobierno eficiente y trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas. Esto lo deben cumplir Bukele y su gabinete por mandato del electorado, y ya lo deberían tener clarísimo ARENA y el FMLN si no quieren desaparecer en 2021. Una de las lecciones que nos dejó el 3F es que la gente no está dispuesta a perdonarles todo; así como los pone en poder, así los quita.

Bukele debe despojarse de los tintes antidemocráticos que ha dejado entrever en los últimos años. Debe tener claro que como Presidente de la República está sujeto al escrutinio público en mayor medida que un ciudadano común y corriente; la prensa, los analistas, la academia, el sector privado, quien sea, tiene derecho a cuestionar sus acciones públicas y esto no debería ser motivo de descalificaciones o enojos, como sí ha sucedido en el pasado. Debe tener claro que es el primer llamado a cumplir con la Constitución y las leyes, en una república donde todos somos iguales.

Un buen gobierno nos conviene a todos. El voto por hartazgo le trae a Bukele una gran responsabilidad, pues bajo los mecanismos democráticos se le ha otorgado el poder político para que trabaje en favor del país. La elección ya está ganada. Hoy toca que demuestre que de verdad se merece la silla y no solo que estará en Capres gracias al cansancio de la población con los mismos de siempre.

Ni ARENA ni el FMLN. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

5 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

El 3 de febrero de 2019, parafraseando su eslogan, “hicieron historia”. Nayib Bukele y el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional lograron una alternancia histórica: el FMLN entregará el poder y ARENA no volverá a tenerlo. Por primera vez después de los Acuerdos de Paz, una fuerza política distinta a estos dos dirigirá la Presidencia de la República de El Salvador. Con ello, la ciudadanía demostró su rechazo a la política tradicional y los fantasmas que la acompañan.

El mensaje de los votantes ha sido claro: ni ARENA ni el FMLN. El voto duro de los partidos tradicionales no acudió a las urnas, pues solo hubo una participación del 50.26 % del padrón electoral, cuando históricamente en las presidenciales han tenido una participación promedio del 55 % de los habilitados para votar, llegando a un máximo de 67 % en 2004. Muchos de los que acudieron, descontentos con la política tradicional, optaron por dar un salto al vacío, invocando al beneficio de la duda. Ni ARENA ni el FMLN.

Esta muestra de rechazo tiene múltiples factores: la incapacidad de reconocer los errores cometidos por los gobiernos anteriores, el descontento con las dirigencias de los partidos, la soberbia de algunos miembros de creer que hacen las cosas bien y no capitalizar la crítica, la inseguridad, la falta de empleo, la deficiente calidad de servicios públicos tan importantes como salud y educación, la falta de oportunidades y la desesperanza. No se preocuparon por mejorar el día a día de sus ciudadanos cuando gobernaron. Les importó más proteger sus intereses y aferrarse al poder. La gente se cansó de promesas incumplidas y prefirió por optar por un tercero que supo exponer las debilidades de sus rivales.

Ambos partidos intentaron explotar la imagen de sus candidatos y alejarla del desgaste que tanto ARENA como el FMLN han sufrido en los últimos veinte años. Pero esto fue insuficiente. El buen —o no tan desgastado— perfil que éstos tuvieron no alcanzó para convencer al electorado. Esto pasa cuando las candidaturas son sostenidas por dos partidos que tienen a la cabeza personas que se percibe que solo defienden sus intereses y se han negado a la renovación. Hoy más que nunca es urgente apelar a la limpieza interna y democratización al interior de estos partidos políticos.

Los liderazgos de ARENA y el FMLN tienen que ganarse con base en la victoria de las propias ideas. Se debe abrir espacio a personas que generen apoyos internos y externos, así como una correlación de fuerzas que se fundamente en el diálogo. Las dirigencias de los partidos no pueden seguir la línea de reservar los espacios únicamente a los elegidos, a los históricos, a los pura raza, a los que sudaron la camiseta o a los aristócratas de este país. Tienen que volverse instituciones plurales en toda su estructura.

Los anteriores personajes son, en buena medida, personas o sectores que buscan defender sus intereses. Es urgente que los partidos se abran a quienes desean participar y tengan una ideología política compatible y desarrollada, con principios y valores de acuerdo a la misma, con carisma y liderazgo. Estos partidos deben democratizarse internamente si no quieren desaparecer.

Las dirigencias de ARENA y el FMLN deberían renunciar a la brevedad si quieren que sus partidos se mantengan con vida para las elecciones legislativas de 2021. Dejen los espacios a nuevos liderazgos. Negarse a la renovación significa que están dispuestos a asumir la posibilidad de que El Salvador sea la tumba donde sus partidos terminarán.

¿Quién tiene el control? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

21 enero 2019 / EL DIARIO DE HOY

“Ametrallan a patrulla en San Miguel”, “muere otro agente de la Policía Nacional Civil”, “disparan contra la sede de la Subdirección de Tránsito Terrestre de la Policía”. Estas fueron algunas de las noticias con las que nos dormimos el viernes recién pasado. Viernes negro. Muchas muertes violentas de miembros de la PNC, sumados a los civiles que engrosan las estadísticas; todo en un solo día. El país se desangra y el presidente de la República está ausente.

Ese día, el viernes 18 de enero, también se reunieron en Casa Presidencial el director de la PNC, el Fiscal General, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, el ministro de Defensa y el director de Centros Penales para tratar e informar sobre la alerta por el alza en los homicidios de policías y civiles que azota al país. Y el presidente, quien hace varios meses aseguró que estaría al frente de la seguridad pública, ni siquiera se asomó.

Según datos de la PNC, en el año 2016 El Salvador sufrió 5,278 muertes violentas; en 2017 fueron 3,954 y en 2018 se dieron 3,340 homicidios. De estos, en 2016 fueron 47 policías fallecidos, en 2017 se registraron 46, mientras que en 2018 murieron 31. Con este panorama tan sombrío y repetitivo, el gobierno ya debería tener un plan coordinado de seguridad entre las distintas instituciones, pero parece que, un año más, andamos a la deriva. Mientras tanto, surge en el ambiente un nuevo fantasma de pacto con las pandillas para fines electorales. Es vergonzoso y repugnante.

Apenas nos empezábamos a alegrar por varias semanas o meses con una reducción significativa en los homicidios, y las pandillas nos vuelven a demostrar que siguen dominando a su antojo los números de la violencia. Cuando quieren, ponen en alerta al Estado y en pánico a la población. ¿Cómo es posible que se maneje con cierta resignación el alza de estos ataques en época electoral? Pareciera que hasta lo normalizamos. Somos un país que constantemente está en elecciones y a la fecha las autoridades no han sido capaces de ejecutar un plan que controle esta problemática que se repite.

Hay temas o situaciones que nos deberían unir a todos, sin importar ideología o simpatías políticas. Este es el momento para que el gobierno, los partidos políticos y sus líderes, y hasta los candidatos presidenciales dejen a un lado sus diferencias; deben trabajar en conjunto, junto a las diversas instituciones pertenecientes al sector justicia, para tratar de erradicar y solventar el problema. Mejorar la seguridad pública es un tema que nos interesa a todos y sobre el cual los antes mencionados tienen que ponerse de acuerdo sobre la manera adecuada e integral de tratarlo. Hoy se deben borrar los colores políticos, pues se trata de vidas humanas que a diario se apagan.

Cada uno debe asumir su responsabilidad. Al presidente de la República: usted está al mando de este país hasta el 1 de junio de 2019. Aunque sea en los últimos meses de su mandato es necesario que se ponga al frente de la seguridad pública de manera firme, con acciones concretas, y busque la manera de controlar la crisis social por la que estamos pasando.

A los candidatos a la presidencia: queremos planteamientos precisos y realistas sobre la manera en que abordarán el grave problema de seguridad en que permanentemente vivimos; el cómo pretenden hacer las cosas es importante, no queremos más declaraciones de lo que ya sabemos. Ya no podemos seguir lamentándonos la falta de liderazgo en materia de seguridad pública.

Sin condiciones para fraude. Der Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

7 enero 2019 / EL DIARIO DE HOY

¡Fraude, fraude, fraude! Eso están algunos gritando desde ya sobre las elecciones del 3 de febrero. Tenemos décadas de que eso no se da en nuestro país y nos costó caro: una guerra y miles de muertos. Es irresponsable y mal intencionado hablar de eso hoy cuando no hay condiciones para que se dé.

A un mes de las elecciones presidenciales, en el ambiente se ha generado un discurso de posibilidad de fraude electoral que puede ser peligroso. Una de las situaciones más dañinas para cualquier democracia es llegar a un proceso electoral donde se ponga en duda el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y bajo una nube de fraude. Nos puede llevar a un conflicto indeseable para la sociedad salvadoreña.

Desde hace años he sido muy crítica de la labor del TSE. Pareciera que a dicha institución le falta mucho trabajo y acciones para creerse a cabalidad el calificativo que la Constitución le ha otorgado de “autoridad máxima en materia electoral”. Le ha faltado un rol más protagónico en la defensa de los intereses ciudadanos al momento de ejercer el voto y le ha cedido ese control a los partidos políticos; además, ha descuidado la resolución de casos jurisdiccionales, centrando toda su atención en la organización de elecciones. Pero hay una gran diferencia entre estar inconforme con la actuación del TSE, que siempre podría mejorar, y los señalamientos que se le hacen de fraude electoral.

En elecciones pasadas el TSE ha mostrado deficiencias en la transmisión de resultados, problemas de logística y de organización que no debieron darse. Además, el trabajo de las mesas de votación no debería ser un ámbito exclusivo e incuestionable de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, cuando es su obligación verificar la aplicación de la ley electoral y de los instructivos emitidos para garantizar la pureza de las elecciones. Pero estos errores, que son totalmente superables en la próxima elección, nunca se tradujeron en indicios de fraude electoral.

También hay que señalar que los humos de fraude o de bloqueo a “la voluntad popular” no son nuevos. Con la pasada inscripción del partido político “Nuevas Ideas” se acusó al TSE, en distintas circunstancias, de “proteger un sistema que quiere un cambio”. Al final vimos que el partido se inscribió sin mayor reparo y que las actuaciones del TSE no eran trabas, sino de una aplicación de la normativa electoral vigente.

Sin duda hemos avanzado desde las épocas que generaron el conflicto armado en El Salvador, donde el rol del Consejo Central de Elecciones era duramente cuestionado y existían indicios de fraudes electorales. La situación ha cambiado. Ahora, el TSE tiene demasiados ojos sobre sus labores; hay intervención y control de todos los partidos políticos de cada paso que se da en la elección; hay mayor vigilancia ciudadana y existe la intervención de observadores nacionales e internacionales; las instituciones que colaboran o podrían intervenir en la elección (Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Sala de lo Constitucional, entre otras con un papel menos visible) han tenido un rol más activo y relevante.

El reto de todas las instituciones es trabajar activamente para que se disipe la narrativa dañina el fraude electoral. Lo que peligra ante ello no solo son las elecciones presidenciales, sino la estabilidad de nuestra democracia. El mayor peso de esta responsabilidad recae sobre el TSE, por lo que ojalá hoy sí se crea el papel de máxima autoridad en materia electoral.