Erika Saldaña

Exijamos más y mejores propuestas. De Erika Saldaña

A la Asamblea Legislativa le faltan ideas, planes claros, métodos de ejecución de proyectos y concreción de resultados en temas legislativos relevantes. Es necesario que no se acuerden de los votantes solo en época preelectoral…

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 27 marzo 2017 / EDH

Por si usted aún no se había dado cuenta, la época electoral ya empezó en El Salvador. Falta más o menos un año para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y los miembros de los concejos; sin embargo, desde ya podemos ver las fotos de diputados (o pretendientes al cargo) pintando paredes, entregando una que otra ayuda material, realizando convivios, anunciando estas visitas a comunidades y pagando publicidad en redes sociales de las fotos que se tome. Lo anterior está bien, teniendo en consideración la situación de abandono de muchas familias, la pobreza y la escasa reacción del Estado por sacarlos de esta precaria situación.

Sin embargo, es preocupante ver que la política salvadoreña en época electoral se ha reducido a eso. Esa falta de propuestas a los problemas estructurales de El Salvador es, en buena parte, porque nosotros como ciudadanía lo hemos permitido. Una de las primeras cosas que cualquier persona debería tener claro es que los políticos actúan en base a incentivos. Si usted le pide que arreglen el parque de su colonia, político en precampaña hará lo posible por que el parque de esa colonia esté bonito. Si usted le pide una escoba, camisas, calendarios, pintar una pared, entre otras cosas, tenga por seguro que en los próximos meses esa persona hará lo necesario por cumplir su petición.

Como dicen por ahí, “si el principio básico en la Biblia es el temor a Dios, el principio básico en política tiene que ser el temor al elector”. Pero este temor al electorado aparentemente solo aparece cada tres años; es necesario que en el momento que alguna persona desee lanzarse como candidato tenga a la mano un plan de trabajo, las propuestas que impulsaría dentro de la Asamblea Legislativa o en concejos, las ideas que estaría dispuesto a apoyar en cuestiones como elaboración de presupuesto, elección de funcionarios, administración de fondos públicos propios de la Asamblea o la comuna, reforma de pensiones, impuestos, fortalecimiento a otras instituciones como la Fiscalía General de la República, entre otras cuestiones de trascendencia nacional o local.

Ya es común para los salvadoreños ver a los políticos de distintos colores quejarse por las dificultades del país. Pero hay que tener en cuenta que con echarle la culpa al oponente no se soluciona nada; tampoco ignorar un problema hará que este desaparezca y es una actitud bastante cómoda esperar que los problemas sean resueltos por una instancia judicial, cuando la cancha natural donde se tienen que discutir y solucionar los problemas nacionales es la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a esto nos hemos acostumbrado como país, a echarle la culpa a otro, a ignorar problemas, a esperar que otros los resuelva y a no presentar propuestas; en política esto se agrava teniendo en consideración que las decisiones que se tomen trascienden a toda la población.

Quizá uno de los problemas más recurrentes de El Salvador es que los políticos siempre piensan en clave electoral; se encuentran a la caza de votos a través de la popularidad y el reconocimiento por la mayor cantidad de personas posible. Si es así, como ciudadanos debemos aprovechar esa inclinación para solicitar respuestas concretas a problemas de país, no solo conformarnos con pequeñas ayudas que, en buena medida, son totalmente independientes del trabajo que tiene que hacer un legislador. Exijamos respuestas concretas a los problemas, que nos cuenten específicamente qué ideas impulsaría para solucionarlo y cuál sería la forma en que su partido pretende desenvolverse dentro de la Asamblea Legislativa.

Por la forma en la que ha sido administrado el país en las últimas décadas, está claro que las ochenta y cuatro personas (y sus asesores) encargadas de tomar algunas de las decisiones más trascendentales del país urgen de ayuda. A la Asamblea Legislativa le faltan ideas, planes claros, métodos de ejecución de proyectos y concreción de resultados en temas legislativos relevantes. Es necesario que no se acuerden de los votantes solo en época preelectoral, ni que su recuerdo se traduzca únicamente en ir a dejar pequeñas ayudas a las comunidades. Al conformarnos con actos o propuestas efímeras dejamos a un lado las respuestas sobre los problemas más graves del país. El reto es a la ciudadanía, exijamos más y mejores propuestas.

¡Renuncien ya! De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 20 marzo 2017 / EDH

En el país de lo increíble, por cosas bonitas como los paisajes y por cosas absurdas como su política, hay declaraciones de funcionarios que se superan por su desatino. En El Salvador, donde el salario mínimo alcanza únicamente para sobrevivir, donde la tasa de desempleo es alta y donde las condiciones laborales de muchos distan de ser dignas, el secretario general del partido en el Gobierno manifiesta que si reducen el salario de varios funcionarios a menos de cinco mil dólares, estos renunciarían porque no les gustaría ganar menos que el presidente de la República.

El problema del servicio público no está necesariamente en sus salarios. Gente muy preparada para un cargo puede darse por satisfecha con un salario de cinco mil dólares, incluso con menos. Y habrá personas poco aptas para un cargo que consideren mísero un salario de varios miles de dólares. Un Estado tiene que pagar salarios justos, que estén acorde al mérito de la persona y a las finanzas públicas del país. El problema del servicio público y, en especial, con los funcionarios de alto rango, es que esos salarios no corresponden con los resultados que esperaríamos en la administración del Estado. Quieren cobrar altos salarios pero sin que les exijamos mucho; o quieren que se les pague por su buen nombre, sin brindar respuestas claras a los problemas del país.

Resulta bastante ilógico que existan funcionarios que ganen arriba de los cargos más altos, y por tanto con mayor responsabilidad, como un presidente de la república, magistrados y fiscal general. Pareciera que nada ni nadie controla la forma de asignación de salarios del Órgano Ejecutivo, y los que antes se curaban con hierbas (como lo dijo una diputada del FMLN en televisión) hoy no pueden prescindir del seguro médico, carros y almuerzos de hotel con fondos públicos.

Otro de los problemas es la arbitrariedad en la creación de plazas estatales. No solo para altos funcionarios, sino para empleados públicos en general. En El Salvador es normal que con cada cambio de gobierno central o municipal, o con el simple cambio de jefaturas, se introduzcan nuevas plazas a la planilla estatal para amigos, familiares o simpatizantes. Aunado a eso, vemos la creación arbitraria de cargos de viceministros y secretarios, o que una misma persona salta entre distintos puestos públicos en labor de todólogos, aptos casi para cualquier cargo que se financie con fondos públicos. Por ello, buena parte del presupuesto general de la nación se utiliza para el pago de planilla, dejando a un lado otras inversiones necesarias para el país.

La grasa del Estado es mucha y es necesario rebajarla, hacer un análisis exhaustivo que determine las plazas estrictamente necesarias; también es urgente homogenizar los salarios públicos, pues no es posible que bajo las mismas labores haya salarios diferenciados. Y por último, que los empleados públicos trabajen con base en resultados; para esto es necesario que exista un control sobre las labores de cada uno, que se introduzcan evaluaciones periódicas de desempeño y que las personas que no trabajen o que no rindan lo suficiente sean reemplazadas.

Hay mucho trabajo por hacer en relación al servicio público. Es urgente la aprobación de una Ley de la Función Pública que profesionalice el servicio civil y por la cual los mejores perfiles se encuentren al servicio del Estado. Para levantar a El Salvador es necesario que expertos reales en muchas áreas se ocupen de los problemas del país, que los profesionales que han alcanzado reconocimiento en base al mérito sean la garantía de que las instituciones están siendo bien manejadas.

Muchos de los funcionarios actuales se han convertido en una élite que únicamente se preocupan por sus intereses y son ajenos a la realidad que viven los salvadoreños; ya que el secretario del FMLN considera que estos funcionarios y técnicos son muy bien cotizados en el sector privado, que nada los detenga en la reivindicación de su dignidad laboral; que nadie les diga que tienen que ganar menos de esos indignos cinco mil dólares. Pero háganlo afuera del Gobierno, sin la necesidad de fondos públicos para mantener su estatus; porque únicamente les pagamos buenos salarios, pero a la fecha no vemos resultados que saquen al país de los problemas. ¡Renuncien ya!

Vivir en una República. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 13 marzo 2017 / EDH

A veces damos las cosas por sentado; pensamos que por tener normas que establecen una serie de principios republicanos, estos postulados se cumplen. Creemos que por tanto escuchar la prédica de discursos que pregonan el bienestar común, estos se practican. El Salvador es una República, pero cada día somos testigos de actos que nos alejan de principios como la libertad, igualdad e integración.

Desde su época, Locke intentó desarrollar el ideal de una República; esta es una organización de personas cuyo gobierno es elegido por los ciudadanos, regido por las leyes y cuyo fin principal es el bienestar de toda la sociedad y la garantía de los derechos individuales. La legitimidad de una República depende de su capacidad de darle igual valor y sentido a todos sus individuos. La armonía social solo se logra dando cabida a todas las posturas y poniéndonos de acuerdo en temas imprescindibles del gobierno de un Estado. En El Salvador vamos para atrás.

El principal partido de derecha del país le ha cerrado las puertas a una juventud interesada en los problemas del país, a personas que no buscaban un “hueso” dentro de la política partidaria y que se animaron a hacer lo que muchos todavía no nos atrevemos: dar, ellos sí, el primer paso. Con esta acción, ARENA se suma a la postura verticalista, ortodoxa y no deliberante del FMLN, por lo que queda claro, hoy por hoy, que la política salvadoreña está cerrada para mentes frescas que renueven el camino en su respectiva  ideología. Un partido político que excluye a las minorías es cualquier cosa, menos democrático.

Un grave error que están cometiendo los políticos salvadoreños es subestimar el nivel de desencanto y apatía de los ciudadanos; eso abre la ventana para que cualquier individuo con una postura menos dogmática se adueñe de un caudal importante de votantes molestos o desencantados con la forma en que se desarrolla la cosa pública en el país. Y el día que ese mesías o populista al que tanto temen llegue al poder, ya sea de izquierda o derecha, no hay culpa de nadie más que a los excluyentes, porque cuando tuvieron la oportunidad de renovarse y de abrir puertas a mayor participación, no lo hicieron.

Una de las cosas que aquí excluyen y dividen a muchas personas es, irónicamente, la religión. La incapacidad de muchas personas de separar la política de la religión. Cuando yo quiero encontrar, analizar, vivir o practicar las creencias de una religión definitivamente prefiero buscar una iglesia antes que a un partido político. Un Estado laico o neutral a la religión no significa el rechazo o negación de alguna creencia, sino la aceptación y respeto de todas, sobre las cuales cualquier individuo esté en la posibilidad de adoptarla o abandonarla libremente. La religión es algo tan personal y propio de cada persona, que resulta increíble que muchos propongan administrar un país con la Biblia en la mano.

Y no se preocupen, no están frente a una decadencia de una sociedad o una falta de valores de jóvenes como yo, sino frente a una solicitud de respeto amplio a la pluralidad de creencias que existen en este país. Ese mismo respeto y tolerancia que profesaría el guía católico, cristiano o evangélico que orienta su vida.

La situación de la política salvadoreña es preocupante; hay una desconexión del principal partido político de derecha con la ciudadanía en general. Esto se suma a la burbuja del buen vivir en la que está inmersa el partido de izquierda en el Gobierno. Además, están retirando del espectro político a gente valiosa; no hablo solo de aquellos que se animaron a participar en política y salieron desairados, sino de todo aquel que está harto de la política tradicional que ha reinado las últimas décadas en El Salvador, que según las encuestas suma un  57 % de la población facultada para votar.

La política en El Salvador ha dejado a un lado la libertad e igualdad, así como los intereses urgentes de un país. Estos grupos imponen sus creencias religiosas y perpetúan la percepción que la política se maneja como una finca personal. Como llamarse “republicano” no te convierte en uno, hay que practicarlo incluso defendiendo los derechos de aquellas minorías o impopulares. Eso es vivir en una República.

Para creyentes y afortunados. De Erika Saldaña

Las cartas están sobre la mesa; la reforma de pensiones debe ser integral, contemplar las propuestas y observaciones de todos, no solo de los creyentes en el Gobierno o de los más afortunados.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 6 marzo 2017 / EDH

En El Salvador ya llevamos varios años con una bomba de tiempo que atenta con explotarnos en la mano. La reforma de pensiones sigue pendiente, postergando la toma de muchas decisiones que afectarán la vida de todos los ciudadanos de un país que busca soluciones y garantías sobre el derecho a una pensión digna. Para todos. Algo bueno ha pasado en los últimos días; distintas organizaciones presentaron recientemente una contrapropuesta a la ofrecida por el gobierno el año pasado, reviviendo un debate que estaba guardado en el congelador  y obligándonos a retomar las discusiones.

De ambas propuestas para reforma de pensiones hay que considerar lo bueno y lo malo. La idea de una pensión universal propuesta por el Gobierno ayudaría a mantener un mínimo de vida a todos los salvadoreños en la vejez. Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados de la propuesta presentada es que condiciona la entrega de la pensión a la disponibilidad de fondos que tenga el Estado; con las habilidades que ha demostrado el Ejecutivo en la elaboración de presupuestos y cumplimiento de obligaciones, es probable que las pensiones se conviertan en otra promesa sin cumplir y solo sus férreos creyentes confíen la promesa.

La propuesta hecha por el sector privado plantea reestructurar y ordenar los gastos provenientes de la deuda provisional, así como extender el plazo de pagos pendientes, dando un respiro a las ya forzadas finanzas públicas. Además, dentro de la cotización se constituye una reserva vitalicia, la cual permitirá mantener la pensión en caso que el monto ahorrado por el cotizante se agote.

Un punto propuesto por la iniciativa privada es que se aumente la tasa de cotización; esta ayudaría a obtener una pensión mayor y más estable a futuro, pero no considera el impacto que puede tener a los bajos sueldos que se devengan en el país. Es necesario analizar propuestas paralelas que permitan implementar esta medida y no afectar el agotado bolsillo de los salvadoreños.

Considerando ambas propuestas, ¿tendremos los salvadoreños una pensión que nos permita vivir dignamente en la vejez? La repuesta a esto depende de las condiciones de cotización de cada uno. La pensión de una persona será alrededor del 40 % del sueldo con el que cotice; entre más alto es su sueldo, mayor será su pensión; esto hay que insertarlo en una realidad donde solo una mínima cantidad de trabajadores gana más de mil dólares mensuales. Y depende de si el nivel de ingresos le permite a alguien hacer aportes voluntarios de manera permanente. Así, el sistema podría garantizar una pensión digna y suficiente para las personas más afortunadas, aquellas que gozan de un buen empleo en el presente y lo mantienen por varios años.

Al analizar los proyectos del Gobierno y del sector privado, una vez más se dejan a un lado las medidas que muchos expertos señalan como necesarias para tratar de solucionar el problema de insostenibilidad de las pensiones. Hay cuestiones complicadas que no se contemplan, por ejemplo: aumento de la edad de retiro, cuando hoy tenemos la esperanza de vivir alrededor de 73 años o más, mientas la edad de retiro se mantiene en 55 y 60 años; aumento de cobertura del sector que se mantiene informal o que no tiene trabajo, considerando que solo 1 de cada 4 personas invierte para tener una pensión a futuro. Estas medidas son impopulares y nadie quiere asumir el costo político de decisiones técnicas y realistas. En ese sentido, las propuestas dan un paso adelante en la restructuración del sistema de pensiones, pero aún resultan insuficientes para resolver el problema de las pensiones.

Para estructurar una propuesta que soluciones la bomba de tiempo de las pensiones, hay que abrirnos al diálogo y retomar las cosas buenas de cada postura. El Gobierno debe dejar de tratar de resolver su problema fiscal con los fondos de pensiones; ese dinero no puede tener un fin distinto ni asumir ningún tipo de riesgo. Por otra parte, las propuestas privadas deben contemplar opciones realistas y no caer en un populismo disfrazado al ignorar puntos necesarios. Las cartas están sobre la mesa; la reforma debe ser integral, contemplar las propuestas y observaciones de todos, no solo de los creyentes en el Gobierno o de los más afortunados.

 

Jungla de asfalto. Erika Saldaña

Un Estado no solo se construye con instituciones y funcionarios, sino también con una ciudadanía comprometida con el cumplimiento de las leyes y la Constitución, incluyendo esas normas que nos obligan a autorregular las conductas.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 27 febreror 2017 / EDH

La semana pasada, mientras transitaba a vuelta de rueda sobre el habitual y estresante congestionamiento del bulevar de Los Héroes, me puse a reflexionar acerca de los distintos tipos de conductores que imperan en esta jungla llamada tráfico. Los especímenes que he podido observar son los siguientes:

1. El vivo: este ser se la lleva de vivo; cree que es lo suficientemente habilidoso para lograr pasar antes que el semáforo cambie a rojo, pero el destino lo obliga a quedarse a media calle bloqueando al prójimo, ya que el tráfico no le permite avanzar; también se cree listo porque ahorrará tiempo al cruzar la doble línea amarilla, pero solo arma tráfico.

diario hoy2. El dueño de la calle: narcisista al volante, cree que tiene derecho a detenerse a media calle, a subir o bajar gente donde quiera o a parquearse donde hay una señal que prohíbe hacerlo; ese que piensa que con poner las luces intermitentes se vuelve invisible y no genera tráfico por hacer su voluntad.

3. El bestia: prepotente y mal educado que, solo por ir encima de un pedazo de lata (lata cara, pero lata al fin), se cree con el derecho de maltratar, humillar e insultar gestores de tránsito; piensa que su tiempo vale más que el de los demás, con licencia para desconocer a las autoridades, señales de tránsito y todo aquel que se le atraviese en su camino. Pita como loco en el tráfico o cuando alguien se niega a pasarse el semáforo en rojo, maneja bolo y atenta con pasarse llevando a la gente en cada esquina.

4. El falto: le faltan 10 para el peso; alguien lo botó de chiquito y se cree cool por ir whatsappeando, tuiteando, tomando selfies y facebookeando al mismo tiempo que maneja; avanza lento por ir poniendo filtros de Snapchat y es ese que debería dar gracias a Dios que no ha causado un accidente por esta irresponsabilidad. Aquí también caben los que botan basura en la calle y los que usan los espacios reservados para personas con discapacidad o embarazadas.

5. El busero: ser especial que abarca las características de todas las categorías anteriores, con el agravante que lleva cincuenta personas más a su cargo; hace mérito para una larga parada en el purgatorio. Sus intrépidas maniobras (en la nave forrada de versículos bíblicos) causan terror en las calles.

6. El motociclista atrevido: junto a su primo hermano, el ciclista temerario, se creen con el derecho de hacer un tercer carril entre dos carros, la doble línea amarilla se convierte en su freeway y otros vivimos estresados por ellos; ante un posible accidente la culpa siempre es del carro, no del abusivo motociclista que se mete donde quiere.

7. El buen conductor: respeta las señales de tránsito, cede el paso, agradece a los gestores de tránsito, se hace a un lado si tiene un imprevisto, espera llegar a su destino para chatear, anda bolsa para basura en el carro. No son muchos, pero existen.

Si usted cabe dentro de las seis primeras categorías déjeme decirle que tiene un problema. Sufre de falta de educación, respeto y empatía con los demás, elementos necesarios para la convivencia en una sociedad democrática. Un Estado no sólo se construye con instituciones y funcionarios, sino también con una ciudadanía comprometida con el cumplimiento de las leyes y la Constitución, incluyendo esas normas que nos obligan a autorregular las conductas.

Si día a día nos dedicamos a exigir un buen comportamiento de nuestros funcionarios, comencemos por dar el ejemplo en el ámbito que nos corresponde. Pocos pasos distancian a los que incumplen las leyes de tránsito de los que evaden impuestos o se enriquecen ilícitamente; todos estos casos son reflejo, en distinta medida, de violaciones a la ley. Resulta contradictorio que los ciudadanos reclamemos a los funcionarios o políticos cuando somos incapaces de cumplir la ley en aspectos mínimos de convivencia.

La necesidad de demostrar educación, respeto a las leyes, tolerancia, paciencia, etc., no es algo que solo debe exigirse en el ámbito político o público; como sociedad debemos ser los primeros en poner en práctica y fomentar estos principios si queremos que El Salvador mejore. Queda en nosotros convertirnos en una ciudadanía civilizada o ser un espécimen más en la jungla de asfalto.

Batallas innecesarias. De Erika Saldaña

Para potenciar la paridad entre hombres y mujeres es necesario que se brinden las mismas oportunidades de participación a ambos para obtener un cargo y que se deje a un lado la cultura o estereotipos machistas.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 20 febrero 2017 / EDH

La semana pasada, varias integrantes del grupo parlamentario de mujeres promovieron una reforma al Código Electoral donde solicitan “paridad” entre hombres y mujeres que pretenden un curul en la Asamblea Legislativa; dicha petición consiste en que, cuando el diputado propietario sea hombre, su suplente sea una mujer y viceversa. Con este tipo de medidas es que los legisladores levantan falsas banderas de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, además de agregar un matiz innecesario en el tema de legislación sobre los diputados suplentes.

En la promoción de los derechos políticos de la mujer, las soluciones que generalmente se han encontrado a la poca participación y representación del sexo femenino es el establecimiento de cuotas. Una reforma a la Ley de Partidos Políticos del año 2015 obliga a integrar el treinta por ciento de las planillas para cargos de elección popular con mujeres. Es así como sacrificamos cualquier tipo de idoneidad de una persona para optar a un cargo en la Asamblea, Concejos Municipales o Parlacen, al simple cumplimiento de una aritmética que no colabora en nada a los fines del Estado.

diario hoySi la Asamblea Legislativa es donde se discuten los temas más trascendentales para el país, donde convergen las distintas ideologías y posturas para encontrar las soluciones a los problemas de la sociedad, es lógico que las personas que deberían integrarla sean quienes representan a estos sectores y tengan la capacidad de tomar las mejores decisiones; ello con independencia de si se trata de hombres o mujeres. En El Salvador es necesario que se dejen de fomentar falsas medidas en nombre de la igualdad; para potenciar la paridad entre hombres y mujeres es necesario que se brinden las mismas oportunidades de participación a ambos para obtener un cargo y que se deje a un lado la cultura o estereotipos machistas que todavía tienen cabida en la sociedad.

En lugar de discutir si un suplente debe ser hombre o mujer, debería retomarse la discusión de los diputados suplentes de una manera más seria y productiva. La Constitución establece la existencia de este tipo de funcionarios, pero sin hacer referencia a su número, forma de elección y otras características, por lo que su regulación queda a disposición de la Asamblea Legislativa. Los diputados suplentes integrarán el trabajo legislativo en los casos de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir (artículo 131 ordinal 4° de la Constitución); todas las señaladas son situaciones excepcionales y con un origen fortuito. Pero, dado que El Salvador es el país donde lo extraordinario se vuelve ordinario, hemos sido testigos de casos en que los diputados propietarios se ausentan por largos periodos, quedando su suplente en funciones permanentes. ¿Qué sentido tiene elegir diputados propietarios cuando son los suplentes los que ejercerán el cargo?

Si los suplentes tienen encomendado asumir el trabajo de diputados en situaciones extraordinarias, el debate debería estar orientado a regular su cantidad y su rol. ¿Necesitamos 84 diputados suplentes? ¿Cuál es su rol y bajo qué circunstancias se realizará su llamamiento? Los diputados suplentes no deben ser utilizados a conveniencia como se hizo hasta antes que fueran declarados inconstitucionales; esa figura no está en la Constitución para alterar quórums en la Asamblea Legislativa cuando un diputado se niega a dar su voto para determinada decisión, ni para hacerle el trabajo a quien simplemente no quiere ir a trabajar. Una propuesta a discutirse debería ser reducir el número de suplentes, por ejemplo, un suplente por cada tres diputados propietarios que obtenga una fracción.

La reforma presentada reúne dos temas importantes (participación femenina y diputados suplentes), abordados de forma escueta e irrelevante. La inclusión de una mujer en la toma de decisiones políticas tiene que responder a su capacidad de ejercer un rol trascendental y un buen trabajo en el órgano o institución al que se pretender incorporarla. Si se le elige por el solo hecho de ser mujer no solucionamos en nada el problema de las deficientes respuestas legislativas o municipales a los problemas del país. Y en el tema de las suplencias, lo ideal es que se realice un debate serio sobre la necesidad de estos, la cantidad y el rol que deben jugar en la Asamblea Legislativa. Ya dejen las batallas innecesarias y pónganse a trabajar.

Nadie quiere ser el villano. De Erika Saldaña

Los partidos políticos deben dejar a un lado los oportunismos o intereses políticos y construir respuestas efectivas a los problemas que aquejan a El Salvador, aun si estas son medidas impopulares.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 12 febrero 2017 / EDH

Escuchar sobre la necesidad de que los partidos políticos mayoritarios se sienten a dialogar para encontrar respuesta a los problemas del país se ha convertido en el pan diario de los salvadoreños. El Ejecutivo ha organizado mesas en los temas de desarrollo económico, sostenibilidad de finanzas públicas y reforma de pensiones; la oposición le ha puesto pausa a esos diálogos, señalando la falta de voluntad de cumplir los acuerdos que poco a poco se fueron armando. Mientras dura esa pausa, la ciudadanía continúa echándose al hombro los problemas que se generan de la mala administración de las finanzas estatales, tales como la escasez en los servicios públicos y deterioro en áreas como educación, salud y seguridad.

diario hoyLa urgencia de un diálogo político en que las partes le den valor y sentido a la opinión del otro no es nada nuevo. Probablemente, la necesidad de este se encuentra desde que los dos partidos mayoritarios se consolidaron como tales. Ambos institutos políticos han centrado sus esfuerzos en mantener, obtener o regresar al poder, alejándose del ideal de procurar el bienestar de todos los ciudadanos en una sociedad democrática. Algunas personas consideran que para alcanzar este ideal es necesario estar en una posición de dominio de los órganos Ejecutivo y Legislativo, para así ejecutar las políticas que se consideren convenientes para cada problema.

Sin embargo, la solución a los problemas que afectan a El Salvador no puede resumirse en que uno u otro partido se encuentre en el poder, sino que ambos sean capaces de construir soluciones conjuntas; y, además, que estas respuestas  sean realistas al problema que se enfrentan. Cuando cualquiera de los partidos ofrece soluciones generalmente lo hace analizando una sola óptica de manera sesgada; el problema lo ven solo de un lado y por tanto las propuestas para solventarlo son incompletas. Y, además, las medidas que deben tomarse en muchas ocasiones son impopulares.

Cuando hablamos de solucionar el problema fiscal de El Salvador es necesario reducir el gasto del Estado; y hacer referencia al gasto no hablo de los montos asignados a los programas sociales como tienden a hacerlo ver los funcionarios de Gobierno, sino al gasto superfluo que no supone ningún beneficio para la población, tales como viajes, seguros médicos, alimentos, carros, gasolina, etc. Además, es imperativo que se reduzca la plantilla laboral en las instituciones públicas, pues existen plazas innecesarias y sueldos arbitrarios e insostenibles para las finanzas públicas.

En la respuesta al problema fiscal también debe analizarse el ingreso, pues es claro que el dinero que actualmente se recauda no alcanza para cubrir las obligaciones adquiridas y los gastos necesarios. Quizá sea necesario establecer impuestos adicionales o aumentar los porcentajes de los que ya tenemos; también, es obligatorio buscar la forma de combatir la evasión y elusión fiscal, así como ampliar la base tributaria mediante la formalización de muchas empresas y personas. La solución no se limita a una u otra opción, tienen que tenerse en cuenta ambas, gasto e ingreso.

En el caso de la reforma de pensiones, algunos expertos señalan la necesidad de evaluar las posibilidades de aumentar las tasas de cotización y edad de retiro de los ciudadanos. Todas las medidas mencionadas anteriormente son impopulares, pues muchos no quiere que se limiten sus beneficios, que se ordenen los sueldos, que se prescinda de los servicios de muchos en instituciones estatales, y definitivamente nadie quiere que se cobren más impuestos, pagar más al sistema de pensiones y trabajar más años. Pero si se quiere solventar el problema de manera integral, son medidas que vale la pena analizar o establecerse.

Para que los diálogos y negociaciones entre el Gobierno y la oposición tengan sentido, es necesario que estas realmente resuelvan los problemas que afectan al país, no que sean placebos que alivien temporal o falsamente las coyunturas. Estas respuestas pueden ser impopulares, pues a nadie le gusta hacer sacrificios en el corto o mediano plazo, pero pueden constituirse como las respuestas adecuadas. Los partidos políticos deben dejar a un lado los oportunismos o intereses políticos y construir respuestas efectivas a los problemas que aquejan a El Salvador, aun si estas son medidas impopulares. Nadie quiere ser el villano ante los votantes, pero, en este caso, todos tienen que serlo.