Erika Saldaña

Medicina y circo. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

10 junio 2019 / EL DIARIO DE HOY

La primera semana del nuevo gobierno de Nayib Bukele ha sacudido las instituciones y la opinión pública. Durante diez años el FMLN instauró la “fábrica de empleos”, específicamente para favorecer a los miembros del partido y sus familiares. El presidente se ha encargado de hacernos saber, a través de un show mediático, el nombre, parentesco y salario de muchos de los familiares de dirigentes y funcionarios del exgobierno. Ambas cosas son lamentables.

Lo que hemos vivido la última semana ha sido una buena dosis de “medicina y circo”. Porque si bien la depuración de la planilla del Estado ha sido una tarea pendiente de todos los gobiernos pasados, la forma en que el presidente lo ha hecho deja a un lado las formas legales necesarias en cualquier república donde todos sus ciudadanos tienen derechos; además, somete a un escarnio público innecesario a gente que no tuvo que meter en ese saco.

Los despidos que el presidente ha hecho en parte han sido medicina, porque como él mismo lo dijo en su primer discurso oficial, “el país es un niño enfermo que se tiene que curar”; se ha dejado en evidencia que el aparato estatal fue utilizado como botín por muchos dirigentes del FMLN para repartir puestos bien pagados entre familiares y amigos; la corrupción, el nepotismo y el amiguismo son enfermedades que han carcomido las instituciones.

Pero las medidas del presidente más que todo han sido circo, porque la manera en la que han tomado muchas de sus decisiones bota la buena voluntad de depurar eficientemente el Estado. Según se ha informado, no se han seguido los procedimientos establecidos en la ley para hacer estas depuraciones, se ha limitado a ordenar los despidos por Twitter y, además, ha sometido humillaciones el nombre de personas que sí trabajan y sí son competentes.

Yo he sido una de las personas que más ha insistido en la necesidad de una depuración del Estado. En la planilla del Estado hay personas que no tienen las competencias para el cargo que han ocupado; y hay muchos otros que ingresaron al servicio público por ser familiar o amigo de un funcionario, o por ser simpatizante de un partido político. Sin duda hay que depurar.

Pero para saber si metemos a una persona en el saco del nepotismo e incompetencia se debe analizar caso a caso la manera en que ingresaron a la institución, sus credenciales, su rendimiento y sus resultados. No es posible que se establezca una presunción de culpabilidad o de incompetencia por el hecho de haber trabajado para determinado gobierno o por ser familiar de alguien. Esto le falto al presidente y a su equipo de asesores.

El Salvador es una república democrática donde existen leyes, principios, instituciones y procesos que respetar. Por muy presidente de la República que sea Nayib Bukele, y por muy buena que sea su intención de depurar el Estado de los malos cuadros, el presidente y sus funcionarios deben seguir los procedimientos de despido y de supresión de plaza correspondientes.

El primero de junio, el presidente de la República se insertó en una institucionalidad que data de hace décadas. Las decisiones no pueden ser arbitrarias. Al interior de la administración pública hay procedimientos que respaldan los derechos de los trabajadores que deben respetarse.

Ojalá el presidente rectifique su manera de actuar en los despidos realizados. Y, además, que guarde la coherencia debida en cuanto a la contratación de familiares y amigos. La modernización del Estado pasa por realizar una reestructuración de las dependencias del Estado y por hacer una evaluación del recurso humano disponible. Pero debe hacerlo de manera seria, conforme a Derecho.

Lo que esperamos de Bukele. De Erika Saldaña

3 junio 2019 / EL DIARIO DE HOY

Cada cinco años, el primer día de junio se convierte en una fecha histórica para El Salvador. El artículo 154 de la Constitución señala que ese es el día para el inicio y fin del periodo presidencial. El 1 de junio de 2019 pasará a la historia como el día en que finalizaron dos gobiernos consecutivos del FMLN. Y el día en el que, formalmente, se le puso fin al bipartidismo compartido entre ARENA y FMLN por los últimos treinta años. Lejos de si compartimos simpatías por Nayib Bukele o no, ojalá al nuevo gobierno le vaya bien. Nos conviene a todos los salvadoreños.

Ya quedaron atrás los veinte años de los gobiernos de ARENA, donde existieron ciertos avances de un país que iba saliendo de una guerra civil de más de diez años y de épocas anteriores de mucha inestabilidad; pero ese desarrollo se vio manchado por los graves actos de corrupción, defensa de intereses sectoriales privilegiados y olvido de las personas más necesitadas.

También quedan atrás diez años de gobiernos del FMLN, que nos dejaron claro que un país no se cae cuando se da una alternancia en el poder. Dejaron el mal sabor de boca de un primer gobierno de Mauricio Funes hiper confrontativo con las instituciones y los medios de comunicación; y un segundo gobierno totalmente ausente de los problemas de la ciudadanía de Salvador Sánchez Cerén. También queda la decepción de una estructura partidaria que lejos de empujar el cambio que tanto exigían cuando eran oposición, se acomodaron a los mecanismos de corrupción montadas por los gobiernos de ARENA.

Hoy es turno de “las nuevas ideas”. Una plataforma política que se autoproclamó sin ideología y que sin duda pone fin a la época posguerra. El 2019 se dio una elección presidencial en la que la ciudadanía decidió dejar atrás la política partidaria tanto de derecha como de izquierda, las cuales no le brindaron resultados durante treinta años. La población salvadoreña se cansó y los partidos tradicionales ya no la pueden seguir asustando con “el petate del muerto” del capitalismo o del comunismo. Es tiempo de renovar los discursos y aspiraciones políticas para una población que ha cambiado.

Los retos que enfrentará el nuevo gobierno son difíciles, pero fueron asumidos desde el momento que se decidió presentar la candidatura presidencial. Ahora la responsabilidad y la culpa ya no pueden ser únicamente achacadas a los gobiernos pasados. Debe asumirse el reto de mejorar las torceduras en el menor tiempo posible, para luego tener el suficiente tiempo de desarrollar planes que mejoren la calidad de vida de todos los salvadoreños.

Muchos esperamos que en los próximos meses se logre consensuar en el ámbito político un plan de acción prioritario para atender los problemas más inmediatos de la ciudadanía. Que este plan entre los órganos del Estado sea transparente y público, e incluya un pacto de no agresión que ya no hunda más al país en la confrontación.

Si el gobierno tiene buenas y viables iniciativas, éstas deben ser apoyadas e impulsadas por el resto de instituciones. Si los distintos órganos del Estado, instituciones y ciudadanía tienen una crítica hacia los planes gubernamentales, están deben ser escuchadas. Solo con la suficiente madurez política de aceptar aciertos y errores es que el país saldrá del estancamiento.

Lo que esperamos de Bukele es que el discurso no solo se quede en palabras bonitas sino se transformen en acciones concretas y efectivas. Que se respeten los principios propios de una democracia como la libertad de expresión, la separación de poderes y el respeto a las instituciones. Ojalá los próximos cinco años no pasen en vano y el 1 de junio de 2019 haya sido el inicio de un verdadero cambio.

A diez años de “el cambio”. De Erika Saldaña

27 mayo 2019 / EL DIARIO DE HOY

Hace casi diez años el FMLN llegó a la Presidencia de la República. Arribó acompañado del gran interés que generó la primera alternancia de partido político en el poder en la época post Acuerdos de Paz; con la ilusión de más o menos 1,354,000 personas que les dieron el voto y con el beneficio de la duda de muchos otros con altas expectativas en el autodenominado “cambio”. La primera presidencia del FMLN abría la posibilidad de corregir los errores de los gobiernos de ARENA. Diez años han pasado de esa histórica fecha, el cambio no llegó.

Cuando el FMLN era oposición —rol que manejó con mucha destreza por veinte años— nunca faltaron las fuertes críticas hacia las decisiones de los gobiernos de ARENA en nombre del pueblo salvadoreño. De los miembros del partido, de los simpatizantes y de las organizaciones sindicales y gremiales afines a la izquierda. Una vez el FMLN llegó al poder y durante los diez años que han pasado, estas voces se enterraron en la negación o el miedo a discrepar de la organización que apoyaron durante la época de la derecha en el poder. Fueron incapaces de criticar las decisiones que en otros años habrían sido duramente escrutadas. Quizá porque temían ser tachados de traición o de tintes areneros, o porque siempre es más fácil ver la viga en el ojo ajeno que en el propio. O porque a algunos les convenía.

Para muchos simpatizantes de la izquierda era más importante mantener la consigna de “ARENA nunca más” a enfrentar los señalamientos de corrupción que se realizaban hacia los repentinamente acaudalados dirigentes de su partido. Siempre he creído que los principales llamados a criticar y exigir a los funcionarios en el poder son las personas que votaron por ellos; sin embargo, no es extraño escuchar decir a los simpatizantes de una organización política que el enemigo es el partido opuesto, aunque la más urgente de limpiar sea la casa propia. A la izquierda le hizo falta alzar la voz crítica dentro de ella, que habría generado cambios antes de convertirse en el gran perdedor de las elecciones de 2018 y 2019.

El FMLN-oposición criticó fuertemente el uso de la partida secreta de la Presidencia de la República que permitía los gastos discrecionales. Juzgó fuertemente temas como la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, las elecciones adelantadas por parte de asambleas dominadas por la derecha, la corrupción de la que se señalaba a los gobiernos de ARENA. La llegada de “el cambio” al poder suponía que se enderezaría el rumbo de estos asuntos tan criticados.

El FMLN-gobierno continuó con el uso de la partida secreta de la Presidencia, a pesar de que la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. Cuando también la Ley de Amnistía fue declarada inconstitucional, el presidente Sánchez Cerén criticó la decisión, acusando a los magistrados de no medir el impacto de sus decisiones.

En 2012, dio impulso a las dobles elecciones de funcionarios por una misma Asamblea Legislativa, al filo del fin de período, práctica de la derecha que tanto había criticado en el pasado. El FMLN-gobierno se ha hecho del ojo pacho con la corrupción de la que han sido señalados muchos de sus dirigentes.

Una izquierda renovada es un imperativo en El Salvador. Una izquierda coherente con la defensa del interés social, que trabaje por alcanzar la mayor igualdad posible para todos los ciudadanos y el progreso de los derechos de la clase trabajadora. Esta vez no pudo ser, pero ojalá los verdaderos simpatizantes de la izquierda algún día logren reivindicar los principios y las promesas con las que fue fundado su partido.

Un buen transporte público. De Erika Saldaña

20 mayo 2019 / EL DIARIO DE HOY

Hay cosas en este país que son inexplicables. Por ejemplo, que 43 diputados de la Asamblea Legislativa se hayan negado a realizar reformas al Código de Trabajo que buscaban establecer derechos laborales a los conductores del transporte colectivo. Mediante su desidia, rechazaron una reforma en la que se buscaba incorporar a dichas personas en un régimen laboral formal, que ofrece prestaciones básicas y obligatorias por parte de los empleadores a los trabajadores. Injusto, inaceptable e indefendible.

La reforma contemplaba la obligación de los patronos de emitir un contrato por escrito con todas las formalidades que requiere el Código de Trabajo. Además, establecía el derecho de los trabajadores de recibir un salario, que no puede ser menor al salario mínimo vigente; que las jornadas de trabajo no excederían las ocho horas diarias, fijando un descanso semanal remunerado; por último, se les reconocería las prestaciones de la ley que tiene cualquier empleado, como aguinaldo, indemnización por despido injustificado, prestación de seguro social y previsión social.

Es lo mínimo decente para cualquier trabajador. La negativa de los diputados a reconocer ciertos derechos laborales resulta incomprensible, inhumana y hasta reprochable. En nuestra sociedad existen personas y sectores empresariales que todavía tratan a sus empleados como simples instrumentos que hacen mover y crecer su caudal económico. Así hay muchos, pero que estos sean protegidos por más de la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa resulta vergonzoso. A los empleados —de este y todos los sectores— hay que verlos como colaboradores y como seres humanos que merecen que se les respeten sus derechos laborales.

Nuestro sistema de transporte público colectivo está en ruinas. Hay muchísimos problemas que se deben atender; la formalización y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores son solo una parte. Una mejora del transporte público necesariamente pasa por que se les ofrezca mejores condiciones a sus trabajadores. Que estos tengan la seguridad que al final del día un día de arduo trabajo se verá justamente recompensado.

Mejorar el sistema de transporte público también pasa por eliminar la competencia salvaje que se ha instaurado en El Salvador. Hay muchísimas rutas y unidades hasta de la misma ruta que se disputan los pasajeros para lograr la meta monetaria que deben entregar a los dueños de las unidades a diario. Esto genera las feroces competencias por llegar primero, los accidentes por la imprudencia de los conductores y las muertes. También es la causa de que El Salvador sea uno de los peores países en el mundo para manejar.

Es necesario iniciar el debate sobre la mejora al sistema de transporte público; si se mantiene el sistema administrado por privados, si se migra a un sistema público que sea eficiente o se fijan las condiciones para controlar la competencia descontrolada. Los empresarios de buses es uno de los sectores que obtiene mayores beneficios y prerrogativas al interior de la Asamblea Legislativa en forma de subsidios o perdón de multas. Es inaceptable que existan unidades inservibles en circulación, que causan una grave contaminación en San Salvador, y que haya motoristas con miles de dólares pendientes de multa. Da la impresión que son ciertas las denuncias de algunos diputados, de que en la Asamblea hay diputados defensores de oficio de los empresarios transportistas.

La reforma descrita pasó al archivo, por lo cual se podrá retomar hasta dentro de seis meses si se mantiene intacta.

Ojalá no se desvanezca la urgente necesidad de replantearnos el sistema de transporte en el país, iniciando un debate serio donde se dejen a un lado los intereses sectoriales y prevalezca el beneficio de la población. La manera en que se maneja el transporte colectivo en El Salvador tiene que cambiar.

Fuera incompetentes y corruptos. De Erika Saldaña

13 mayo 2019 / EL DIARIO DE HOY

El Estado necesita una purga urgente. Han sido décadas donde el compadrazgo, tráfico de influencias, pago de favores, el desconocimiento y la falta de voluntad de hacer bien las cosas, ha sumergido a las instituciones en una vorágine de incompetencia y corrupción. Las personas que ocupan cargos y empleos públicos en muchas ocasiones no están capacitadas para hacerlo. El servicio público debe mejorar sustancialmente y para ello es necesario dejar a un lado a las personas que aportan poco o nada.

Hay que ser justos y reconocer que en el servicio público hay muchísima gente preparada y que hace muy bien su trabajo. Pero para nadie es secreto que las instituciones estatales también están plagadas de empleados que no cumplen con los requisitos para el cargo, que su ingreso se realizó de manera irregular o no realizan su trabajo con la debida diligencia.

Con el paso del tiempo hemos sido testigos que la planilla estatal crece con cada cambio de gobierno, pero la calidad de los servicios estatales no mejora. El tamaño de las instituciones estatales debería estar directamente relacionado con la población a la que sirven y con las actividades desarrolladas en su interior.

Una mejor calidad del recurso humano del Estado no solo implica establecer procesos de selección con base en el mérito o procesos de evaluación periódicos. El Estado necesita empezar por una depuración de sus filas, tanto de gente que no tiene las acreditaciones para el cargo, como los cargos repetitivos e innecesarios en las instituciones. No es posible que existan dos o tres trabajadores para las labores que puede realizar uno.

La depuración es urgente no solo sobre personas que no tienen las competencias o en relación a la supresión de plazas innecesarias. Uno de los asuntos más urgentes e ignorados por nuestros funcionarios es la depuración por un mal manejo de la labor pública y por casos de corrupción.

En los últimos años se han dado situaciones preocupantes donde han estado involucrados los mismos empleados de las instituciones; sin embargo, la labor interna de depuración ha sido escasa o nula. La falsa creencia de que la gente contratada por el Estado no puede ser removida del cargo hace que quienes dirigen las instituciones opten por obviar el tema.

La labor de depuración no ha sido realizada a pesar del conocimiento de casos graves. Por ejemplo, en la Policía Nacional Civil se han presentado casos de extrema gravedad como los indicios de ejecuciones extrajudiciales, el fallecimiento de la agente Carla Ayala o los casos que se han llevados a tribunales por la implantación de prueba falsa.

La Fiscalía General de la República tampoco ha dado una sacudida a su personal, a pesar de la red de corrupción que Luis Martínez probablemente implantó en los años de su gestión y que ahora lo tienen pagando la pena de cárcel. El exfiscal Douglas Meléndez no hizo mucho al respecto y ojalá el fiscal Raúl Melera sí le preste atención a ello.

En el Órgano Legislativo no han sido debidamente investigados los casos de personas que tienen un buen salario y no llegan a trabajar. Y como lo reportó este periódico, en los últimos diez años el Estado aumentó su planilla en 37,118 plazas entre el gobierno central, las empresas públicas y las instituciones descentralizadas. Estas y el resto de instituciones estatales deben ser investigadas.

La depuración al interior de las instituciones públicas es una tarea que no se puede postergar más. Implica mucho dinero comprometido que podría invertirse en ramas que lo necesitan, e incide en la calidad de vida de los ciudadanos. Los incompetentes y corruptos no pueden seguir viviendo del Estado.

La prensa es la que vigila, aunque no guste. De Erika Saldaña

6 mayo 2019 / EL DIARIO DE HOY

En 1783 George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, expresó que “la libertad de expresión puede ser eliminada, pero entonces, torpes y silentes seremos guiados como ovejas al matadero”. Desde hace más de dos siglos se entendió que decir lo que pensamos y el trabajo de la prensa son un poder vital para la vigilancia de las personas a las que delegamos el poder.

La soberanía radica en el pueblo y los periodistas suelen ser nuestros delegados para la vigilancia. Se dedican fundamentalmente a investigar, recoger hechos y luego contárnoslos para que los ciudadanos tomemos acciones. Esto no les gusta a algunos políticos, incluidos aparentemente el presidente Trump o el presidente electo Bukele. Vivimos en una república, no en un feudo dominado por aristócratas, lores u oligarcas. Lo que se investiga y se comprueba, se publica.

Desafortunadamente, en esta época de la posverdad, donde todo es relativo, donde cada quien tiene sus propios datos, donde todos tienen agendas y en todo vemos mala intención, desacreditar al mensajero para desprestigiar el mensaje ha sido la estrategia confiable de quienes se incomodan con los pensamientos críticos. Y hay que tener claro que no todos son así. A estas alturas de la historia, si muchos periodistas de investigación mintieran ya estarían en prisión o enfrentando juicio. ¿Por qué no pasa? Porque lo que mediáticamente se dice no se puede sustentar en los tribunales.

El ataque y/o bloqueo al periodismo incómodo es una constante a nivel mundial. En El Salvador se han agudizado ciertas prácticas contra la libertad de prensa y en el caso del presidente electo tienen sus raíces desde su época como alcalde de San Salvador. Hemos sido testigos de su clara aversión al periodismo y medios incómodos. Hoy, aún sin haber tomado posesión del cargo, Nayib Bukele ha declarado una especie de afrenta a los medios que lo investigan o critican. Estas prácticas no solo han estado dirigidas a medios institucionalizados. Se ha intensificado el acoso selectivo a personas que no están de acuerdo con sus ideas o que tiene dudas. Pasan la factura hostigando en redes sociales, inventando cuentos a sus familiares, parejas, vida privada y asuntos que poco o nada tienen que ver con la crítica que se realiza. Esta ha sido la manera de operar.

El pasado 3 de mayo se conmemoró a nivel mundial el día de la libertad de prensa. Y hoy, igual que siempre, hay que reivindicarlo en El Salvador. La prensa y el periodismo ha sido un elemento incómodo para cualquier gobierno. Precisamente ese es su rol. La prensa que únicamente pone el ojo en las cosas buenas o se dedican a alabar las decisiones de los gobernantes no son más que cajas de resonancia afines a estos. El verdadero periodismo es el que se echa al hombro la labor de decir todo aquello que los gobernantes no nos quieren mostrar; de dar a entender los asuntos que las personas afines al poder no pueden o no quieren ver; y, en síntesis, la labor del periodismo es dar a conocer todo aquello que no se quiere sacar a la luz.

En una democracia que funciona, los medios tienen la posibilidad de exponer sus opiniones e investigaciones de manera libre, independientemente de si estamos de acuerdo o no con el contenido de las mismas. La vida de una democracia también depende de que exista un periodismo libre y plural. Los retos para los medios son no alinearse a intereses privados o sectoriales al hacer su trabajo; también luchar contra los datos falsos o evitar la tergiversación de la información. Presidente Bukele, esto no es fácil, pero a la prensa respétela por principio.

Asuntos irrenunciables en una república. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

29 ABRIL 2019 / EL DIARIO DE HOY

Hay asuntos que son irrenunciables en una república, como el derecho a la libertad de expresión y la pluralidad de pensamiento. Todavía no conocemos muchos de los detalles del gobierno del presidente electo Nayib Bukele, por ejemplo su gabinete, planes de trabajo y medidas inmediatas para tratar los problemas que ya existen en el país. Pero sí vamos conociendo su hipersensibilidad a la crítica, lo cual resulta preocupante.

En el ámbito político y en el manejo de la cosa pública, lo primero que salta a la luz ante una acción de cualquier persona son las críticas. Estas podrán ser fundadas o carecer de todo sentido, pero bajo el abrigo de la libertad de expresión toda persona tiene derecho a manifestar lo que piensa siempre que no le haga daños a los demás.

En un plano más estructurado, la libertad de expresión y la crítica funcionan como un mecanismo de control de las decisiones que toman las personas que ostentan el poder político. Poner en duda una medida no solo es un acto personal de libertad de la persona que lo hace, también funciona como una alerta para poner los ojos en una decisión que podría ir en contra de la Constitución y las leyes.

Es por eso que los funcionarios del Estado están sometidos al escrutinio público y deberían estar abiertos a la crítica; al final sus decisiones nos afectan a todos y su palabra no puede tomarse como verdad absoluta. Los funcionarios y líderes políticos son humanos y se pueden equivocar. La idea de la crítica también debe ser corregir la toma de malas decisiones que afectan el ámbito público.

Por ello, resultan preocupantes las reacciones del presidente electo ante las críticas a su aun no iniciado gobierno. Bukele manifestó que él también tiene derecho a criticar a los medios de comunicación, “porque la libertad de expresión no es solo para periodistas o plumas pagadas, sino para todos. Y esa palabra: ‘todos’, incluye al presidente”. Tiene razón si habla como ciudadano, pero con el título de presidente de la república esto se percibe como una confrontación por las críticas que se le realizan. Si de verdad quiere respetar la libertad de expresión, debería ser más tolerante y abierto a la crítica.

Otra de las manifestaciones que resultan preocupantes es la intención de lograr el poder absoluto mediante las elecciones de 2021. Ni siquiera ha empezado el periodo presidencial ni han hecho el intento de entablar diálogos entre los distintos poderes del Estado, pero ya existen voces enfocadas en obtener poderes absolutos en las elecciones.

Promover su partido político y movimiento no está mal. Pero es erróneo hacer creer o pensar que la única vía para poder hacer un buen gobierno es que Nuevas Ideas obtenga la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa en 2021. El trabajo debería empezar el 1 de junio de 2019, pues los problemas del país a ser resueltos existen desde hace décadas y para ello se necesita madurez política inmediata de quienes toman decisiones, además de un consenso de todas las instituciones estatales sobre la manera en que debe abordarse las dificultades. Urge el diálogo.

Estoy lejos de defender la manera en que partidos políticos como ARENA, FMLN, PCN y PDC se han manejado durante décadas. Pero no se puede perder de vista que darle el poder político absoluto a una persona o movimiento tampoco es la solución, sobre todo cuando sus credenciales democráticas aún están en dudas; el descontento debería abrirnos a la oportunidad de crear nuevas opciones y obligar a los partidos existentes a cambiar. Estos últimos tienen una gran responsabilidad: cambian o ustedes serán cómplices de la decadencia de nuestra democracia.