Erika Saldaña

Gracias, magistrados. De Erika Saldaña

Lo importante no era aferrarse a un cargo, sino hacer respetar la Constitución. Se van por la puerta grande.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

16 julio 2018 / El Diario de Hoy

Muchos calificativos se han utilizado sobre lo hecho por la Sala de lo Constitucional los últimos nueve años. Desde que “hicieron un trabajo excepcional”, “devolviéndole la majestad a la justicia”, hasta que son “la peor Sala de la historia” por las sentencias que emitieron. La mejor forma de calificar todo lo realizado por la Sala de lo Constitucional la definieron los mismos magistrados cuando les preguntaban por qué emitían ciertas sentencias: era su trabajo. Sin palabras rimbombantes ni frases llenas de exageraciones.

Tuve el enorme privilegio de trabajar con Rodolfo González, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Florentín Meléndez durante casi los nueve años de su periodo. Y entre papeles donde anotaban sus observaciones en cada caso, las discusiones maratónicas y el compañerismo que casi siempre rondó la salita de reuniones, la justificación que siempre se escuchó al tomar una decisión fue la misma: solo hacían su trabajo.

Ustedes siempre supieron la relevancia del lugar donde estaban parados. Que la Sala de lo Constitucional era la institución encargada de defender los derechos constitucionales de los ciudadanos y que con su firma podían ayudar a cambiar la realidad de un país sumido en el letargo institucional. Y no iban a desaprovechar esa oportunidad. Tenían claro que la Sala de lo Constitucional era un lugar para trabajar y no para gozar de privilegios, hacer favores o mantener el status quo. Ustedes hicieron su trabajo.

Siempre he creído que cuando todos los funcionarios entiendan que la investidura de su cargo es un trabajo como cualquier otro y no una corona de privilegios, en ese momento tendremos un país que empiece a mejorar.

Estemos o no de acuerdo con las decisiones que tomaron, con sus acciones dejaron claro que la institucionalidad independiente de intereses o injerencias políticas es posible. Porque en épocas donde todas las instituciones parecían atrapadas por la inercia, ustedes sacudieron esa pasividad y le dieron un aire nuevo a situaciones que creíamos que poco podían cambiar. Demostraron que para sacar adelante al país solo se necesita de valor y de ganas de trabajar.

Además de un trabajo con valor y mucho criterio técnico, ustedes también son ejemplo de las cosas bien hechas. A pesar de que muchos piensan que los magistrados solo firman sentencias, eso no es así. Quienes trabajamos con ustedes damos fe de la meticulosidad con la que el trabajo era corregido y observado; siempre nos sorprendieron con perspectivas más amplias sobre los temas y con ideas más ingeniosas para resolver los problemas.

Más allá de cualquier tema de derecho que alguien puede aprenden al escucharlos a ustedes, yo me llevo el aprendizaje para la vida. Con ustedes aprendí a dejar de preocuparme por el qué dirán. Que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo y menos cuando se ven afectaron sus intereses. Si uno está convencido de sus ideas, defenderlas es lo que corresponde; siempre respetando y escuchando todas las posturas y sugerencias.

También aprendí de su sencillez. Porque a pesar de su amplia experiencia como abogados y su estatus de magistrados, siempre escucharon las sugerencias e ideas de “los bichos” que les rodeaban como colaboradores. Respetaron la independencia de criterios al interior de la Sala y la libertad de expresión de cada uno de sus colaboradores; de ustedes solo he obtenido palabras de apoyo a mi labor como columnista, independientemente de si estamos de acuerdo o no con un tema.

Y aprendí de su buen humor. Porque en momentos de estrés no hay como un buen chiste para romper el hielo y que las horas interminables de trabajo se pasan mejor con un pedazo de semita mieluda. Que ante las puertas de la destitución era mejor reír que preocuparse. Ustedes sabían que Dios los puso ahí y él mismo iba a determinar la forma de su salida, pues lo importante no era aferrarse a un cargo, sino hacer respetar la Constitución. Se van por la puerta grande.

Magistrados, siéntanse orgullosos de lo que hicieron todos estos años; les queda la enorme satisfacción de haber realizado un buen trabajo. Como platicaba con un compañero y amigo: colaboradores buenos siempre hubo, mucha gente técnica ha pasado por la Sala, pero la diferencia la hicieron ustedes. El trabajo está hecho. Quienes ocupen su silla tienen un gran reto por delante y ojalá lo hagan con igual o mayor valentía. Gracias, Magistrados. Los vamos a extrañar.

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Otra vez el agua. De Erika Saldaña

Lo dije en mi columna publicada en este periódico el 25 de abril de 2015 y lo sostengo a la fecha, tanto para la reforma del FMLN como la de ARENA: De poco sirve que la Constitución contenga enunciado explícitamente el derecho al agua cuando no existe una política gubernamental que asuma la responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso al agua potable.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

9 julio 2018 / El Diario de Hoy

Seguimos hablando del tema del agua. Pero, otra vez, la discusión no está orientada a resolver los problemas sino que a armar shows innecesarios. En las últimas semanas hemos visto marchas contra la privatización del agua de un lado y pronunciamientos sobre la no privatización del otro lado. Y otros armando teorías de la conspiración sobre el rompimiento de tuberías que en nada colaboran en un ambiente ya polarizado.

Para mientas, los ciudadanos somos los tristes espectadores del desabastecimiento o inexistencia permanente del agua. Miles de personas no tienen conexión de tuberías o no gozan de servicio de agua potable en sus casas, agravado por el corte inesperado durante casi toda la semana en buena parte de la capital. Nadie está buscando soluciones a los problemas.

El miércoles de la semana pasada, varios diputados de ARENA presentaron una propuesta de reforma constitucional que pretende modificar el artículo 69 e incorporar el derecho al agua como derecho humano y fundamental para la vida. El texto propuesto por la reforma reza de la siguiente manera: “El Estado tendrá como prioridad proteger y preservar el derecho al agua como derecho humano y fundamental, debiendo regular el acceso, disposición y el saneamiento a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas que garantice este derecho de forma equitativa y la ley regulará esta materia”.

En 2015, el FMLN presentó una propuesta de reforma cuyo texto decía: “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”.

Básicamente el contenido de ambas reformas constitucionales es el mismo, pues establecen el derecho al agua como derecho humano, la creación de políticas públicas y leyes que regulen la materia. Aunque la propuesta más reciente agrega la regulación del acceso, disposición y saneamiento a los habitantes, estas son características que se encuentran implícitas en el derecho mismo.

Lo dije en mi columna publicada en este periódico el 25 de abril de 2015 y lo sostengo a la fecha, tanto para la reforma del FMLN como la de ARENA: De poco sirve que la Constitución contenga enunciado explícitamente el derecho al agua cuando no existe una política gubernamental que asuma la responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso al agua potable. Y cuando no existe una ley que ofrezca garantías del goce del derecho al agua. Si las reformas no están orientadas de verdad a resolver los problemas, son innecesarias.

Más que una reforma constitucional que ratifique el derecho constitucional al agua, necesitamos plena voluntad del gobierno central y de Anda de adoptar las medidas necesarias para abastecer del agua; además, la Asamblea Legislativa tiene una deuda desde hace más de doce años del proyecto de ley, con la cual contribuiría a garantizar una adecuada gestión del recurso hídrico. En los últimos meses las discusiones de los partidos no han estado centradas en avanzar las propuestas y soluciones, sino en atacarse mutuamente. Tal parece que los fines políticos de cara a las elecciones 2019 tienen prevalencia sobre las soluciones viables a un problema que lleva décadas.

Los partidos políticos de todos los colores ya deberían dejar a un lado la inútil práctica de presentar un proyecto de ley o reforma con fines puramente políticos o electorales. Los espectáculos mediáticos no resuelven los problemas de población; y esto es en todos los temas, pues la práctica ha sido presentar respuestas como reacción a la coyuntura y no proyectos de ley que de verdad solucione los problemas que aquejan a la sociedad. Ya basta de shows en las calles, Asamblea Legislativa y redes sociales. Hay que ponerse a trabajar para solucionar los problemas sobre el tema del agua.

Vea la columna de Erika Saldaña del 25 de abril 2015:
Derecho al agua: ¿es necesaria la reforma constitucional?

La institucionalidad no puede ser a la medida. De Erika Saldaña

Instituciones como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General y el Órgano Judicial no pueden estar sujetas a presiones políticas.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

2 julio 2918 / El Diario de Hoy

Hablamos mucho de democracia pero poco hemos entendido de qué se trata. Esta palabra no se reduce a la simple aritmética para la toma de decisiones por la mayoría; la autoatribución de que un movimiento o persona es “la voz del pueblo” y debe hacerse lo que ellos dicen, no basta en una democracia. Ni tampoco está sobrevalorada. La democracia de verdad, además de mecanismo para toma de decisiones, también significa el respeto a los derechos de las minorías, la garantía a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y, algo que algunos no tienen claro: el respeto de la institucionalidad y el cumplimiento de las reglas del juego.

Desde que se fundó la república, El Salvador está sometido a una serie de reglas que ordenan la convivencia entre nosotros, el juego. Reglas que nos permiten, prohiben u ordenan hacer algo, emitidas antes que existan los hechos que se pretende regular. Es así para que todos sepamos a qué debemos atenernos antes de hacer las cosas. Nadie puede venir a confundir un atentado a la democracia con la aplicación de la ley. Por ejemplo, nadie puede venir a decir que se le está bloqueando la inscripción de su partido político, cuando la realidad es que el árbitro electoral está siguiendo el proceso que está en la ley para su creación.

También en una democracia hay que tener claro que todos somos prescindibles. Los funcionarios llegan y se van de sus puestos, mientras que las instituciones ahí siguen. Nadie es cabeza de la democracia ni el mundo se acaba si una persona no está presente o no participa en la cancha política. La democracia se basa en reglas e instituciones permanentes, no en personas, para que nadie crea que sus decisiones serán siempre las más adecuadas o las más justas. Si tanta es la intención de hacer algo por el país, existen diez mil formas de demostrarlo y no necesariamente participando en una elección presidencial. El sol no deja de salir y formas de trabajar siempre existirán.

Y en una democracia no podemos estar de acuerdo y respetar las decisiones tomadas por una institución solo cuando estas nos convienen. Ni creer qué la presión política es herramienta válida para forzar la toma de decisiones en órganos encargados de regular el poder político. Las instituciones que por su naturaleza pueden basar sus razonamientos en la conveniencia política son únicamente la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. El resto de instituciones tiene que fundamentar sus resoluciones en lo que dice la Constitución y las leyes. Nada más. Ofrecer tarimazos afuera de las instituciones o batucadas en las casas de los funcionarios no es más que una muestra de matonería, inmadurez política y desconocimiento del funcionamiento institucional del país.

Instituciones como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General y el Órgano Judicial no pueden estar sujetas a presiones políticas ni sus decisiones basarse en los mismos motivos. Por permitir que las personas al mando se vean influenciadas por presiones o intereses políticos es que estamos tan mal en este país. Porque hemos permitido que las decisiones se tomen con base en el sentir o interés del funcionario de turno y no lo que la ética, la lógica y las leyes dicen.

Hay que darle un poco más de sentido a la palabra democracia. Esta palabra también se trata de respeto a las instituciones y decisiones tomadas conforme a las reglas del juego. Si no estamos de acuerdo con algo, para eso están todos los mecanismos legales de impugnación y que las decisiones se reviertan, pues tampoco podemos pretender que lo dicho por un funcionario es infalible; pero, otra vez, las soluciones por las que optemos deben ceñirse a las reglas del juego que nos ha dado la democracia. La institucionalidad no puede ser a la medida.

¿Se entiende?

Diputados, elijan bien. De Erika Saldaña

Los partidos políticos deben entender que una Sala de lo Constitucional objetiva e imparcial, que no responda a intereses particulares de nadie, nos conviene a todos. Incluso a los mismos partidos, ya que los miembros de la Sala a elegir estarán en el cargo tres legislaturas y dos periodos presidenciales.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

25 junio 2018 / El Diario de Hoy

En tres semanas deben tomar posesión cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y a los diputados, una vez más, parece importarles poco la calidad de esta votación de funcionarios. En El Salvador estamos frente a una de las elecciones más importantes de los últimos años, pues los actuales miembros de la Sala de lo Constitucional han evidenciado la enorme importancia de su trabajo en el control del poder político y la protección a derechos de los ciudadanos.

A pesar de esta relevancia, hay varias situaciones que dejan entrever que a los diputados no les interesa hacer una buena elección. El jefe de fracción de ARENA decidió irse a Rusia antes que liderar a su bancada en el desarrollo del proceso. Y otros diputados han expresado que nadie se va a morir si no se elige en tiempo a los magistrados; los miembros de la subcomisión política decidieron hacer únicamente dos jornadas de entrevistas a la semana, en lugar de enfocar esfuerzos en hacer las cosas bien y en el menor tiempo posible.

Ya en el desarrollo del proceso al interior de la Comisión Política, los diputados nos han quedado a deber. Desde que empezó la última etapa ante la Asamblea Legislativa, los diputados han mostrado actitudes de poco interés. Recibieron el listado de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y una de las primeras declaraciones fue liberarse de responsabilidad sobre la verificación de requisitos, señalando que eso tuvo que hacerse en etapas previas.

Diputados, ustedes son el último filtro en este proceso. En ustedes cae la responsabilidad de comprobar que la documentación enviada por el CNJ y la Fedaes realmente evidencia que los candidatos cumplen con los requisitos de moralidad y competencia notoria. Es su deber justificar que las personas que resulten electas son las más aptas del listado completo. No se laven las manos.

Y si a los diputados no les interesa hacer una buena elección de magistrados, el liderazgo tiene que salir de algún lado dentro de los partidos políticos. Los candidatos a presidente deben predicar con el ejemplo y exigir a los miembros de sus partidos que sean transparentes, objetivos y elijan bien a los magistrados.

Tanto Carlos Calleja como Hugo Martínez deben tener claro que la ciudadanía espera que asuman un rol de líderes; el discurso de devolver la credibilidad a sus ideas políticas debe traducirse en acciones, y la elección de magistrados puede ser una muestra de ello. Una mala decisión de los diputados echa a perder la institucionalidad del país y puede significar el voto de castigo en la elección más próxima de quienes reconocen la importancia de la Sala de lo Constitucional.

La ciudadanía está cansada del actuar que han mantenido tanto ARENA como el FMLN durante muchos años. Esto ha quedado en evidencia tanto en las encuestas como en las votaciones del pasado cuatro de marzo. Si los candidatos a la presidencia no quieren que quede en entredicho el ánimo de renovación que ahora exponen y poner en duda el compromiso con el país que tanto pregonan, deben hacer conciencia a los miembros de su partido que las decisiones que tomen en la Asamblea sí cuentan.

Buena parte de la ciudadanía ha entendido que en estos años la Sala de lo Constitucional no se trata de derechas, de izquierdas. Se trata de mantener viva la institucionalidad, de que funcione el control entre los distintos órganos del Estado, de limitar el poder cuando se abusa de este y de defender los derechos de la ciudadanía. Y por eso es que necesitamos que las personas que lleguen a ocupar las sillas de magistrados sean independientes de cualquier grupo de poder, que sean preparadas y con el suficiente valor para resolver problemas conforme a la Constitución.

Los partidos políticos deben entender que una Sala de lo Constitucional objetiva e imparcial, que no responda a intereses particulares de nadie, nos conviene a todos. Incluso a los mismos partidos, ya que los miembros de la Sala a elegir estarán en el cargo tres legislaturas y dos periodos presidenciales. Como ya hemos vivido, las correlaciones en los órganos políticos pueden cambiar de un momento a otro; una elección objetiva de magistrados da seguridad que las futuras decisiones no tendrán un tinte político partidario. Diputados, hagan una buena elección de magistrados.

El agua es de todos. De Erika Saldaña

El hecho de que sea manejada o vigilada por privados no significa que será privatizada ni que su administración será más eficiente; si es administrada primordialmente por el representantes estatales tampoco significa que todos tendremos agua o que su administración seguirá siendo deficiente. Metámonos en el debate, nos interesa a todos. Eso sí, el punto de partida es que el agua es de todos y no debe ser privatizada.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

18 junio 2018 / El Diario de Hoy

Del agua es sobre lo que ha se ha hablado esta semana. Se han intensificado los debates sobre el tema en entrevistas de televisión, radio, foros universitarios y redes sociales. Por un lado, sectores como la Conferencia Episcopal, la UCA y el partido FMLN han denunciando un posible intento de privatización del agua; por otra parte, la ANEP y el partido ARENA han dicho que no se pretende una privatización, sino la creación de mayor eficiencia en la distribución del agua y que la administración no responda a intereses políticos.

Hablemos claro. En el proyecto de ley que se está estudiando en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa no existe ningún apartado que se refiera a la privatización del agua. Pero también seamos claros en otra cuestión: la conformación de la autoridad que administrará el recurso hídrico —según el proyecto— no deja de ser curiosa y cuestionable.

El artículo 14 establece que la junta directiva de la Autoridad Hídrica estará conformada por un miembro nombrado por la Presidencia de la República, dos por la Corporación de Municipalidades (Comures, gremial privada de municipalidades) y dos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP, que aglutina a gremiales de la empresa privada). Entre algunas de sus facultades se encuentran la aprobación de permisos y tasas por el uso de recursos hídricos, la aprobación de la normativa técnica que desarrollará la ley, entre otras.

Aunque la intención no sea una privatización, la desconfianza de muchos es razonable. Cuando hablamos de un bien tan público, importante y de interés social como el agua y metemos en la ecuación a sectores privados cuya defensa (legítima) son los intereses de sus representados, surge la duda sobre a qué intereses responderá la Junta Directiva de la Autoridad Hídrica.

¿Responderá a la colectividad o a necesidades de algunos grupos interesados? La misma desconfianza y cuestionamiento surgiría si la representación fuera predominantemente pública. La defensa de los intereses privados es una cuestión legítima y necesaria, pero cuando se trata de un bien tan trascendental y escaso como el agua, lo que debe privar es el bien común. Nada tan básico como el agua. El agua es vida y es de todos.

Hay varios puntos que no están en discusión respecto al agua. Primero, se trata de uno de los bienes más importantes sobre la Tierra para cualquier forma de vida. Su ausencia afecta por igual a toda la especie humana y, por ello, no se le deba dar un manejo partidario o sectorial al tema. De ningún color o ideología. Segundo, se trata de un bien de interés público y social.

Tercero, existe la urgente necesidad de volver mucho más eficiente el uso del agua en El Salvador. Anda no ha podido hacerlo. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Recurso Hídrico, ya existen muchos países padeciendo condiciones generalizadas de escasez de agua. Ciudad del Cabo en Sudáfrica y la Ciudad de México enfrentan el problema y podrían sumarse ciudades como Sao Paulo, El Cairo, Tokio, Londres, entre otras. En El Salvador existen colonias y comunidades enteras que no tienen conexión de agua o si las tienen, la falta de agua dura semanas.

Nos encontramos frente a una oportunidad de una discusión seria y razonable sobre el manejo que le estamos dando al agua en El Salvador. La Asamblea Legislativa debería procurar la mayor transparencia posible, así como una primordial difusión del contenido de la ley y profundización de tema con todos aquellos sectores que tengan algo que aportar.

Más que si la mayoría de representación es pública o privada, hay que preocuparse por que las sillas en la Autoridad Hídrica sean ocupadas por gente que sabe lo que está haciendo y esto sea en favor de toda la sociedad. La defensa de intereses partidarios o sectoriales debe quedar fuera de la discusión en el tema del agua.

El hecho de que sea manejada o vigilada por privados no significa que será privatizada ni que su administración será más eficiente; si es administrada primordialmente por el representantes estatales tampoco significa que todos tendremos agua o que su administración seguirá siendo deficiente. Metámonos en el debate, nos interesa a todos. Eso sí, el punto de partida es que el agua es de todos y no debe ser privatizada.

45 minutos no son suficientes para un magistrado. De Erika Saldaña

Diputados, la pelota está en su cancha. Quizá nunca en la historia de El Salvador un proceso de elección de funcionarios había sido tan supervisado a nivel nacional e internacional por la sociedad civil. Cualquier paso mal dado tendrá repercusiones y un costo político que pagar por sus partidos en las elecciones presidenciales del 2019. Estamos vigilantes.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

11 junio 2018 / El Diario de Hoy

Los candidatos a magistrados inician sus entrevistas mañana. La Corte Suprema tendrá nuevos jueces en Sala de lo Constitucional y Civil, y todos esperamos que sean los más competentes, honestos e independientes. Esto no es tarea fácil. Las experiencias anteriores con otros procesos de selección han dejado un mal sabor de boca; entrevistas con preguntas de cajón, sin que los diputados entrevistadores parezcan muy interesados en la calidad de las respuestas y sin que luego expliquen por qué un candidato es mejor que otro y este merezca ser seleccionado.

Diputados, ¿qué tipo de preguntas les harán? ¿Se limitarán solo a verificar que no tienen cuentas pendientes con la justicia, o saber si simpatizan o no con un partido, o si tienen experiencia laboral? ¿Qué hay de la filosofía jurídica? ¿Les preguntarán si creen que los derechos amplían su contenido o actualizan? ¿Creen en la interpretación de la letra de la constitución o creen que se entiende única y exclusivamente por el significado literal de sus palabras? ¿Respetarán lo que ya se decidió como inconstitucional o piensan cambiar lo decidido? Todo esto es importante y ahí radica la filosofía jurídica de un abogado.

Hay temas que un candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional debería saber. Cuestiones importantes como su postura acerca de la forma en que la Sala ha desarrollado jurisprudencia en derechos laborales, salud, medio ambiente, impuestos, derechos económicos y sociales, derechos políticos, acceso a la información pública, verdad, libertad de expresión, etc.; si sería conservador ante lo desarrollado por la Sala o tiene una postura más progresista al defender estos derechos.

Preguntas sobre si cambiaría las líneas jurisprudenciales en temas electorales que han delineado el actual sistema electoral salvadoreño; sobre elección de funcionarios, la cual ha obligado a cumplir procedimientos más detallados y transparentes ante la Asamblea; sobre la jurisprudencia referente al control del poder político, que quizá sea lo que más le interese a los diputados. ¿Qué tanto conocen la jurisprudencia en aspectos procesales? Ésta prácticamente ha suplido los vacíos de una Ley de Procedimientos Constitucionales de 1960.

Cuarenta y cinco minutos son insuficientes para conocer a los candidatos a magistrados. Por ejemplo, el comité judicial del Senado de los Estados Unidos que evaluó la candidatura de Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch para la Corte Suprema de los Estados Unidos tardó cuatro días en concluir las audiencias en las que fueron interrogados en 2009 y 2017. Y sus preguntas indagan prácticamente desde la época universitaria hasta cada una de las decisiones que han tomado en su vida profesional y su opinión sobre casos concretos que ha resuelto la Corte. Y ojo, los candidatos no pueden alegar que están adelantando criterio cuando lo único que se pretende es conocer su pensamiento jurídico en abstracto.

Lo diputados también deben explicar a la población cómo evaluarán las respuestas de los candidatos. Lo preocupante de este proceso es que únicamente dos diputados que forman la subcomisión política son abogados. Si no tienen un conocimiento especializado en materia jurídica, y sobre todo en temas constitucionales, ¿cómo pretenden decidir cuál respuesta fue mejor o la más acertada?

Los diputados deben hacer pública la forma en la que pretenden ponderar la revisión curricular, la entrevista, la documentación que acredite moralidad notoria (no tener antecedentes penales, policiales, judiciales, en el Ministerio Público, Tribunal de Ética, estar solvente con la Corte de Cuentas y Hacienda, etc.) y cualquier otra forma de evaluación. Esto no puede quedarse en escuetas apreciaciones o valoraciones subjetivas de los diputados que den lugar a simples repartos partidarios. Tienen que elegir como magistrados a los mejores de los treinta candidatos y demostrar por qué lo son.

La entrevista a los candidatos no debe ser un simple trámite formal antes de la votación. No es posible que con la trascendencia de la elección de cuatro magistrados para la Sala de lo Constitucional y uno para otra de las Salas, los diputados se limiten a preguntar cualquier cosa y se conformen con escuchar cualquier respuesta.

Diputados, la pelota está en su cancha. Quizá nunca en la historia de El Salvador un proceso de elección de funcionarios había sido tan supervisado a nivel nacional e internacional por la sociedad civil. Cualquier paso mal dado tendrá repercusiones y un costo político que pagar por sus partidos en las elecciones presidenciales del 2019. Estamos vigilantes.

No es bloqueo, es la ley. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

4 junio 2018 / El Diario de Hoy

El descontento contra los partidos políticos actuales es tierra fértil para nuevos proyectos. En los últimos meses hemos presenciado los primeros pasos de planes liderados por políticos que se retiraron o fueron expulsados de sus partidos originarios, como Johnny Wright, exdiputado de ARENA, ahora líder de “Nuestro Tiempo”; Josué Alvarado excandidato del PDC, hoy con el partido “Vamos”, y Nayib Bukele, exalcalde del FMLN, actualmente con “Nuevas Ideas”.

Todas estas iniciativas llevan distintos ritmos de acuerdo con sus pretensiones. Construir un partido, con base en la legislación actual, requiere mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Si la idea era participar en las elecciones de 2019, ya iniciando 2018 iban tarde. En las redes sociales hemos sido testigos de que iniciativas como Nuevas Ideas han creado una narrativa de “bloqueo a la voluntad de un pueblo que quiere cambio”. Todos estamos claros de que la política salvadoreña urge de aires de renovación, cambio de las viejas mañas y que las personas tienen derecho a asociarse como lo crean conveniente.

Nuevas Ideas y cualquier otro grupo de personas tienen derecho a constituir un partido político y participar en las elecciones para cargos de elección popular. Pero esta participación debe sujetarse a lo que dice la Constitución, la Ley de Partidos Políticos y la máxima autoridad en materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral –TSE–; así ha sido con todos los partidos políticos que han entrado a la contienda en El Salvador en la época de la posguerra, sumando alrededor de 35 partidos políticos.

Parte del discurso de los simpatizantes de Nayib Bukele es que “el sistema se protege a sí mismo” y por eso se bloquea su iniciativa de un nuevo partido. Pues sí, el sistema republicano está diseñado para protegerse a sí mismo de personas que buscan tratos diferenciados bajo una misma ley, alterar a conveniencia su aplicación, de quienes manipulan la opinión pública y quieren hacerse ver como víctimas ante un descontento personal. Como dice el reconocido adagio jurídico, “dura es la ley, pero es la ley”.

Otra de las ideas que rondan el discurso de bloqueo de Bukele es que “en una democracia el pueblo decide y hay que dejar que lo haga”; por supuesto que hay que dejar al pueblo participar, pero debe decidir con base en las reglas del juego ya fijadas de manera previa por las leyes, sino viviríamos en una completa anarquía. Estamos claros de que nuestras instituciones podrían ser más eficientes. Pero una cosa es pedir al TSE que trabaje con celeridad y otra es volver a esta el villano de la historia de forma injustificada. La Ley de Partidos Políticos es la que establece las reglas del juego electoral, incluyendo requisitos y plazos en lo que deben actuar. Si estos se cumplen, no hay nada anormal.

Nayib Bukele y sus simpatizantes lo único que han hecho a la fecha es convertirse en voceros del discurso antipartidos. Pero no hemos visto acciones objetivas que demuestren por qué son distintos. Todos los partidos dijeron en su momento que querían cambiar al país y que el pueblo estaba de su lado; y todos han incumplido. Debe demostrar qué lo hace diferente a estos, transparentar dirigentes, fuentes de financiamiento, pensamiento político, cuáles son sus propuestas específicas para solucionar los problemas del país y en qué consisten las tan promocionadas nuevas ideas. Si no lo hace, su discurso no pasa de ser simple retórica y esbozos de un engaño.

Decir que “hay que cambiar el sistema” puede ser una idea peligrosa. El problema no es el sistema, sino quienes lo han ensuciado. La Constitución salvadoreña establece una forma de gobierno republicana, democrática y representativa, lo cual tiene como fundamento las reglas preestablecidas del juego, la garantía de los derechos fundamentales y el respeto a las instituciones. Esto no tiene por qué ser cambiado, pues lo contrario implica un régimen autoritario donde gobierna una o un grupo de personas.

Los malos de la historia no son el sistema, las ideologías, la política o los partidos, sino esas personas que la han utilizado para satisfacer intereses personales. Hay que renovar la política abriendo nuevos espacios de participación y limpiando los actuales partidos. Pero todo bajo el marco de lo que dice la Cotnstitución y las leyes. En el fondo se trata de respetar y defender la institucionalidad.