Erika Saldaña

Aprendamos de Honduras. De Erika Saldaña

Si los salvadoreños queremos agarrar lección de lo sucedido en Honduras, hay que tener en la mira el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Es necesario que se garantice un proceso transparente y sin manipulaciones.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 11 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

Honduras está en serios problemas. Hubo elecciones, pero no tienen presidente. La oposición cree que hay dictadura. Súmele que el pasado jueves los opositores desconocieron al Tribunal Supremo Electoral y han pedido que sea un tribunal internacional el que cuente las actas. La Organización de Estados Americanos enumeró una serie de más de diez irregularidades en el proceso y no descarta que la solución sea una nueva elección. Este el peor de los escenarios. El mecanismo de delegación de poder en la república carece de legitimidad y legalidad para una buena parte de la gente. Su gobierno actual perdió credibilidad.

EDH logLa crisis electoral hondureña es una suma de sucesivas irregularidades institucionales. A la raíz, la sospecha de que el presidente Juan Orlando Hernández manipuló la elección. Esto no se trata de si la izquierda es la víctima y la derecha la victimaria. En Venezuela, por ejemplo, la derecha dice ser la víctima de la izquierda. Aquí de lo que se trata es del respeto a la voluntad de los votantes y a la institucionalidad de una república democrática.

Las irregularidades vienen desde la inscripción de sus candidatos. Hernández se adjudica la candidatura del Partido Nacional con base en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la cual declaró inaplicable la prohibición de reelección presidencial. Es decir, la Sala dijo que un artículo de la Constitución es inconstitucional. Esto es una contradicción en sí misma. Toda la Constitución por su naturaleza misma es constitucional; queda en duda entonces la legitimidad de una candidatura que surgió de una sentencia complicadísima, cuya interpretación buscó favorecer a un individuo más que a la misma lógica de la democracia.

La prohibición de reelección de gobernantes nace como rechazo a aquellos que políticamente se consideran imprescindibles al frente de un país. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia se establece como una “cláusula pétrea” (inmodificable) dentro de las constituciones, con lo cual el mismo sistema busca preservar su integridad contra personas que pretendan adueñarse de un Estado. Sin embargo, casos como el de Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia ponen sobre la mesa el riesgo de perpetuación en el poder que está surgiendo en diversos países latinoamericanos a través de sentencias constitucionales.

Por esto es importante la elección de Salas, Cortes o Tribunales Constitucionales. Deben nombrarse magistrados que defiendan la institucionalidad y el republicanismo. Los jueces deben defender la Constitución y los principios republicanos, no a personas, incluyendo a caudillos que solo buscan el poder. Además, debemos perder el temor a la alternancia en el poder de los gobernantes, tanto de personas como de partidos. Si un gobierno va a continuar que sea porque es el reconocimiento a sus resultados y a sus políticas de gobierno, no a manipulaciones a los procesos.

El rol del Tribunal Supremo Electoral también ha sido sumamente cuestionado en las elecciones hondureñas. En un proceso electoral poco transparente, los alegatos de fraude toman relevancia. La Misión de Observación Electoral de la OEA reportó irregularidades en el procesamiento de actas y demora en la publicación de datos, con lo cual no se puede tener certeza de los resultados; los bajones de energía eléctrica y los repentinos (y sustanciales) cambios en el conteo de votos no han dejado de ser un fantasma de corrupción en Latinoamérica.

Si los salvadoreños queremos agarrar lección de lo sucedido en Honduras, hay que tener en la mira el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Es necesario que se garantice un proceso transparente y sin manipulaciones. También los ciudadanos debemos comprender que ni la derecha ni la izquierda por sí mismas son una garantía de democracia. Si no existe respeto a las instituciones y a los procesos electorales, y el objetivo únicamente es mantener el poder, cualquier ideología nos puede llevar a regímenes con tintes autoritarios y en el peor de los casos a un caos. Tenemos dos elecciones pronto, abramos los ojos, no queremos fraude. Aprendamos de Honduras.

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Vida, libertad, propiedad. De Erika Saldaña

El discurso de Medardo González fue dirigido a sus bases jóvenes y no es el que maneja públicamente ante la sociedad. Pero existe la posibilidad que este devele las verdaderas intenciones de un sector del FMLN.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 4 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

Preocupantes. Así podríamos catalogar las palabras del secretario general del FMLN, Medardo González, en el cuarto campamento guerrillero de la juventud de ese partido. Que el dirigente de uno de los principales partidos de El Salvador diga que “quieren que los medios de producción pasen a manos del pueblo” no puede tomarse a la ligera. Se trata de un eufemismo para hablar en realidad de expropiaciones. También el diputado del FMLN Carlos Ruiz hizo mención de éstas, específicamente habló de “expropiar a los expropiadores”.

EDH logEl diputado Medardo González dijo: “Queremos que los medios de producción pasen a manos del pueblo, que la clase trabajadora no se deje entrampar por areneros, socialdemócratas e inclusive oportunistas”. Los medios de producción es la empresa privada. Que esta pase a manos del pueblo no es más que la manera “light” para hablar de nacionalizaciones o expropiaciones.

La aspiración de Medardo tiene varias complicaciones. ¿A quién le quitamos los medios de producción? ¿A quién se los damos? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién los administrará? ¿Es lo mejor para nuestra economía? Al hablar de la propiedad, en el siglo XVII el filósofo inglés John Locke decía que “el trabajo y la labor producida por sus manos podemos decir que son suyos”; “toda porción de tierra que un hombre labre, plante, mejore, cultive y haga que produzca frutos para su uso será propiedad suya”. Es decir, lo que diferencia algo común de una propiedad de un individuo es el trabajo.

Bajo las afirmaciones anteriores, aceptadas desde la fundación de la República, si una persona ha obtenido propiedades de manera lícita debe respetarse su derecho por las demás personas, incluido el Estado. La vida, el trabajo, la propiedad y la libertad, es lo que permite a las personas desarrollar sus ideas y formar un proyecto de vida. El respeto a los derechos anteriores es el fundamento de la democracia.

En algo estamos de acuerdo con el diputado Medardo González: en que necesitamos una sociedad más incluyente. Sin lugar a dudas necesitamos un modelo económico más justo. Este se lograría si empresa privada, el gobierno, tanques de pensamiento, universidades, académicos, dialogaran y definieran qué rumbo económico debemos seguir. Pero como punto de partida necesitamos que el gobierno genere confianza en los inversores y se mejore el clima de negocios. Las palabras de Medardo González operan contra lo anterior.

Es cierto también que necesitamos que las empresas privadas inviertan en sus trabajadores, mejorando los niveles salariales, las condiciones de trabajo y las prestaciones que éstos reciben; los empleados que se sienten valorados son más productivos.

Para corregir las desigualdades sociales el Estado también debe trabajar en reducir el gasto innecesario en cada dependencia pública y reorientarlo a programas sociales eficientes; debe focalizar los subsidios para que éstos lleguen a quienes de verdad lo necesitan; debe mejorar el sistema educativo y darle así a las nuevas generaciones la posibilidad de superarse. El rol del Estado es procurar nivelar a las personas que no han tenido las posibilidades que sí tuvieron otras más afortunadas. Todo esto puede realizarse sin la necesidad de “pasar los medios de producción a manos del pueblo”.

Garantizar el derecho a la propiedad y la posibilidad de corregir las desigualdades sociales no son cuestiones excluyentes. En nuestra Constitución coexisten postulados liberales y sociales que permiten una dinámica entre el sector privado y el Estado que aseguren los derechos de todos; en primer lugar se garantizan los derechos individuales de todas las personas, un principio típicamente liberal; pero por otro lado nuestra Constitución tiene muy desarrollados diversos derechos sociales e intervenciones del Estado (como la expropiación) cuando existe un interés social. En ningún momento se opta por una economía dirigida.

El discurso de Medardo González fue dirigido a sus bases jóvenes y no es el que maneja públicamente ante la sociedad. Pero existe la posibilidad que este devele las verdaderas intenciones de un sector del FMLN, las cuales son contrarias a los postulados de una república democrática. La mejora de los sectores desfavorecidos de la sociedad no se logra mediante un discurso polarizado que sataniza al sector privado y pretende anularlo. Si el Estado y la empresa privada ejercieran el rol que les corresponde de manera justa y eficiente, El Salvador sería un país verdaderamente republicano.

¿Quo vadis, Siget? De Erika Saldaña

La trayectoria de Sánchez Trejo no refleja una experticia en este sector. No es posible que se elijan a funcionarios que requieren tanta especialización con la esperanza de “que aprendan en el camino”.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 27 noviembre 2017 / El Diario de Hoy

La Siget está envuelta en controversia. La semana pasada eligió a un representante del sector privado en la Junta Directiva y esta votación resulta irregular. Según denuncias públicas, Gregorio Sánchez Trejo fue electo bajo un procedimiento con indicios de que él tenga un fuerte conflicto de intereses y, además, con cuestionamientos sobre las credenciales técnicas que requiere trabajar en un sector tan especializado.

¿Por qué nos debe importar el correcto funcionamiento de la Siget? Pues porque se trata de la autoridad encargada de regular el sector de electricidad y telecomunicaciones; esto incluye proteger los derechos de los usuarios, operadores y proveedores de los servicios de telecomunicación, garantizar un mercado de empresas competitivo y optimizar el uso del espectro radioeléctrico. Si las anteriores funciones se realizan bien, esto se traduce en un fortalecimiento de la libertad de expresión, información y de la democracia en sí misma.

EDH logLa libertad de expresión e información son necesarias para que funcionen la República y la democracia. Para garantizarlas, el Estado debe fomentar y reconocer el valor del pluralismo en los medios de comunicación, para que los ciudadanos tengan acceso efectivo a fuentes distintas de información y sean capaces de tomar una decisión con base en información variada y suficiente. Medios como la radio y la televisión son plataformas que materializan dichos derechos, por lo que el respeto a la institucionalidad del ente regulador es primordial. Por eso es importante una correcta elección de las autoridades de la Siget.

Esta superintendencia es sumamente especializada. Requiere un alto conocimiento técnico sobre el manejo del espectro radioeléctrico, el sector electricidad y telecomunicaciones, los procesos regulatorios, sancionatorios, de concesión y subasta, entre otros asuntos jurídicos. La trayectoria de Sánchez Trejo no refleja una experticia en este sector. No es posible que se elija a funcionarios que requieren tanta especialización con la esperanza de “que aprendan en el camino”. Si no es por experticia, ¿por qué se le elige? ¿O es por objetivos políticos o intereses individuales?

Cuestiono aquí la idoneidad para el cargo, pues como profesionales tiene que existir honestidad intelectual y entender que no es posible postularse para cualquier puesto público sin demostrar capacidad y experiencia. Sánchez Trejo ha ocupado puestos como magistrado en la Corte de Cuentas, embajador de El Salvador en Colombia, Procurador General de la República, miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, cargos que no tienen ninguna relación de especialidad técnica entre ellos, más que ser públicos. Además, pasó por dichas instituciones sin brindar mayores resultados en sus gestiones y bajo fuertes críticas, incluso dos declaratorias de inconstitucionalidad.

Cuestiono también el proceso de selección, en la forma en que se hizo. El Diario de Hoy informó que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador rechazaron su elección debido a que se realizó con el voto de más de cincuenta asociaciones creadas específicamente para incidir en dicha elección. Con el exceso de burocracia y lo tardado de los trámites en nuestro país es muy cuestionable que dichas asociaciones hayan sido constituidas en diez días y se les haya reconocido legitimidad de representación con apenas un mes de existencia. Sospechoso, ¿o no?

Como dice el dicho, no solo hay que serlo sino también parecerlo. La ANEP también ha denunciado que el señor Sánchez Trejo tiene vínculos familiares con el representante legal de AES, la corporación que aglutina a las cuatro empresas más grandes distribuidoras de electricidad en el país, que dominan la mayoría del mercado. No es posible que Sánchez Trejo pretenda resolver los conflictos que se presenten ante la Siget ni regular a las empresas que son representadas por un familiar. No parece nada imparcial, objetivo ni profesional.

Si pretendemos proteger los derechos de las personas, la democracia y los principios republicanos, empecemos por respetar la institucionalidad y la puridad de los procesos de elección de funcionarios. El señor Sánchez Trejo debería renunciar a su pretensión de ser parte de la Junta Directiva de la Siget y el Ministerio de Economía tiene que repetir la elección. Respeten la institucionalidad.

El dinero no debe ser sucio. De Erika Saldaña

La Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo tienen que comprometerse con el combate a la corrupción y la mejor forma de hacerlo es seleccionar funcionarios bajo criterios de mérito y moralidad notoria.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 20 noviembre 2017 / El Diario de Hoy

Las últimas investigaciones de la Fiscalía General de la República han puesto entre la espada y la pared a diversos exfuncionarios y sus amigos. Y han revelado, sobre todo, el uso personalista que se le ha dado al gobierno y a las instituciones estatales. Muchos funcionarios optaron a un cargo público para aprovecharse de su posición, usando a conveniencia la maquinaria estatal e involucrándose en el mal uso de bienes públicos, la contratación de familiares o de allegados sin capacidad ni mérito, el desvío de dinero y la corrupción.

De la nada, en las narices de las instituciones controladoras y supervisoras, muchos se han hecho ricos a costa del erario, realizando acciones cuestionables sin que suene ninguna alarma de sospecha. En días pasados se sumó al listado de acusados el expresentador de televisión Jorge Hernández, señalado de lavado de dinero por alrededor de ocho millones de dólares durante la administración del expresidente Saca. En un país complicado para empresarios, Hernández presuntamente logró acumular mucho dinero en poco tiempo, sin que ninguna institución sospechara nada.

EDH logAsí pasan las cosas en El Salvador, de la nada y sin que nadie diga algo. Instituciones como el Ministerio de Hacienda pasan dormidas en el combate de elusión y evasión fiscal; guardan silencio al evaluar la tributación de una persona o empresa con operaciones sospechosas, que mueven grandes cantidades de dinero sin justificar cómo lo obtuvieron, pero exprimen a los honestos que llevan en orden sus asuntos.

¿Dónde está la Superintendencia del Sistema Financiero en su rol de supervisor de la transparencia y prevención de lavado de dinero de las distintas instituciones financieras? Las alarmas de los bancos se mantuvieron apagadas mientras que en sus adentros se mueven millones de dólares de manera sospechosa, obviando la aplicación de leyes sobre lavado de dinero. La responsabilidad de combatir la corrupción compete primero al Estado, pero no es labor exclusiva; todos aquellos que tengan algún tipo de conocimiento de que se está cometiendo algún ilícito, incluidos los bancos, están en la obligación de informar a las autoridades competentes. Esto no ha pasado en el país.

Y qué decir de la Corte de Cuentas de la República, institución prácticamente ausente durante las últimas tres décadas en la supervisión de las finanzas del Estado. Al expresidente Saca se le acusa de desviar más de doscientos millones de dólares provenientes de fondos públicos, ¿cómo es posible que nadie sospechara de faltantes en el Presupuesto de la Nación y que la Corte de Cuentas tuviera la osadía de entregarle un finiquito a un par de días de dejar el cargo? En el país sigue sin supervisarse a cabalidad la ejecución del presupuesto, a pesar que el artículo 195 de la Constitución establece que es la principal labor de la Corte de Cuentas.

En El Salvador hemos tenido arraigada la cultura del silencio y encubrimiento sobre las malas acciones de los funcionarios. Tenemos conocimiento que alguien actúa de manera ilícita y lejos de denunciar, preferimos callar, perpetuando así la espiral de corrupción. Este silencio también contribuye a la impunidad y a la normalización de conductas que deberían estar vetadas en la sociedad.

Ahora personas como Saca y Hernández enfrentarán a la justicia en los tribunales, pero también hay que poner el ojo en el funcionamiento de las instituciones de control. Estas no pueden encontrarse dirigidas por personas a quienes se les otorga el cargo con base en el amiguismo o la repartición de cuotas partidarias. La Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo tienen que comprometerse con el combate a la corrupción y la mejor forma de hacerlo es seleccionar funcionarios bajo criterios de mérito y moralidad notoria, que realicen dignamente la labor asignada.

La corrupción, mala administración, desvío de fondos y enriquecimiento ilícito no pueden pasar en nuestras narices, como si nada. Las instituciones están para combatir la corrupción, no para volverse cómplices.

Uber. De Erika Saldaña

El sistema de Uber no es ilegal, sino que nuestra legislación no camina acorde al desarrollo de las nuevas tecnologías y estas cuestiones no han sido normadas en aspectos básicos, como los permisos para operar.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 13 noviembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

El Salvador es un país complicado para inversionistas. Y, esta vez, para la innovación y las nuevas tecnologías. Esto quedó claro con la advertencia del viceministro de Transporte a la gente, a quienes pidió que se abstuvieran de usar el servicio de transporte mediante la aplicación Uber; amenazó también a sus conductores con multas y decomiso de sus vehículos. Lejos de buscar soluciones a los problemas de transporte, pareciera que el VMT tiene la brújula orientada en generarlos.

En El Salvador los problemas de transporte público son complejos. No tenemos un sistema que ayude a la población a hacer más llevaderos sus días. La mayoría de los buses son viejos, en mal estado y son contaminadores sobre ruedas; el problema se agudiza con la salvaje competencia que existe entre las rutas para ganar pasajeros. Esto causa malos tratos, accidentes y hasta muertes. Uber, para algunos, es una alternativa ante las pobres opciones de transporte público.

EDH logUber es gente ayudando a gente a vivir la vida y a ganarse la vida, es economía colaborativa. Es decir, una persona necesita transportarse hacia un lugar y otra está dispuesta a ofrecerle el servicio, y ambas se conectan por medio de una aplicación instalada en el teléfono. Quien solicita el servicio recibe en su pantalla el nombre de la persona que la llevará, el número de placa del automóvil y el rango de precio que se le cargará a su tarjeta por el viaje. El servicio es más barato que un taxi tradicional y los conductores han sido sometidos a un proceso de selección para lograr su título de conductor.

El servicio que brinda Uber no es ilegal, simplemente los servicios de economía colaborativa no se encuentran regulados en nuestras leyes. La Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial divide el servicio de transporte entre: a) colectivo de pasajeros (buses, microbuses y otro tipo de vehículos), que a su vez se divide en servicios públicos y servicios de oferta libre, cuya característica es trasladar pasajeros de un punto a otro sin realizar paradas; y, b) selectivo de pasajeros (taxis). Uber funciona con un sistema de intermediación mediante plataforma digital, con lo cual es difícil encajarlo en alguna de las anteriores opciones.

Los abogados sabemos algo básico del Derecho y la libertad, lo cual la gente también debe saberlo: si algo no está prohibido, entonces está permitido. El sistema de Uber no es ilegal, sino que nuestra legislación no camina acorde al desarrollo de las nuevas tecnologías y estas cuestiones no han sido normadas en aspectos básicos, como los permisos para operar. Durante muchos años el gobierno no ha sido capaz de solventar el problema del transporte público, por lo que resulta inconcebible que cuando se presenta una opción viable, esta pretenda ser restringida sin mayor análisis y con un exabrupto del viceministro.

El trabajo en conjunto del Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Economía y las instituciones que promueven la inversión (por ejemplo, Proesa) debe ser establecer un marco legal que permita el desarrollo de este tipo de servicios de economía colaborativa. La legislación debe modernizarse y abarcar los aspectos fundamentales, sin que esto se traduzca en una multiplicación de trámites que echen a perder los beneficios, tales como el bajo precio, eficiencia, seguridad y confort.

La actitud del viceministro de Transporte no es la de un funcionario comprometido con solventarle problemas a la ciudadanía. Sus declaraciones afectan a quienes enfrentan el desempleo, ganándose la vida o complementando su salario como conductores de Uber. Esto es un retroceso también para los que ahora tenemos una opción barata y segura de movilizarnos.

El viceministro debería estar enfocado en asegurar medios de transporte dignos para todos los salvadoreños, en mejorar la circulación de vehículos y reducir la contaminación en la ciudad. Una de las labores del Estado es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, no arruinar mediante leyes algo que le funciona bien a la gente; tampoco dejar sin trabajo a muchas personas por acciones restrictivas y arbitrarias de algunos de sus funcionarios. Uber sí es una fábrica de empleos.

Partidos indecentes. De Erika Saldaña

Los ciudadanos no nos podemos dar por vencidos en la lucha por un mejor país. No involucrarse, no ir a votar o comerse la papeleta no es opción si queremos que las cosas cambien.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 30 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Los partidos no quieren hacer política decentemente. Ello los está llevando a su decaimiento. No es algo bueno porque, quiérase o no, los partidos políticos son un medio importantísimo de representación de la ciudadanía dentro del manejo del Estado. Esa falta de voluntad de actuar decentemente se refleja en los casos de corrupción en que se ven involucrados, en la negativa de dar información sobre su financiamiento, en su indiferencia a resolver los problemas de la ciudadanía. Lo anterior ha impulsado la creación de movimientos y candidaturas independientes que buscan incursionar en el ámbito político del país.

EDH logEn El Salvador ha habido varias experiencias de escisiones dentro de los partidos políticos, que ante la discrepancia de ideas, decisiones y acciones internas, han pretendido formar grupos de representación diferentes, aunque de ideología similar. Por ejemplo, de la separación de Facundo Guardado del FMLN surgió el Partido Movimiento Renovador; de igual manera, con la salida de Joaquín Villalobos del mismo partido surgió el Partido Demócrata, idea que fue retomada en los últimos años como Partido Social Demócrata por Jorge Meléndez, también disidente del FMLN. De la separación de Gloria Salguero Gross de ARENA surgió el Partido Popular Republicano. Ninguno de estas separaciones alcanzó el desarrollo político que pretendían.

Y aunque la historia no les haya favorecido mucho, es probable que la creciente desconfianza en los partidos tradicionales les brinde a los movimientos que ahora se pretende crear (los que se conocen hasta ahora son los de Johnny Wright y Nayib Bukele) una oportunidad de desarrollarse en el espectro político salvadoreño. Todo dependerá de la calidad de sus propuestas y la habilidad de canalizar constructivamente la apatía y el descontento ciudadano.

Los nuevos movimientos políticos que surjan deben tener claro que el solo rechazo a los partidos políticos tradicionales no es motivo para endosarles un apoyo a ciegas. Con el simple repudio a la forma tradicional de hacer política no ganamos nada, eso no resuelve problemas ni nos da una guía de un plan creíble a seguir. No busquen que la gente reproduzca un mensaje que no conocen o que no existe; si quieren tener el apoyo de la sociedad es urgente que su organización vaya más allá de replicar descontento, concretando programas que involucren a la ciudadanía, presenten propuestas y respuestas concretas a los problemas.

Abrir nuevos espacios de expresión y representación política es sano para la democracia. Si a los partidos políticos tradicionales no les gusta, estos deberían enfocarse en hacer mejor su trabajo y no en cerrar las puertas mediante leyes que obstaculizan la competencia política. Recuerden que esta necesidad de renovación ha surgido de las malas experiencias que nos han dejado ARENA, FMLN y el resto de partidos desde la firma de los Acuerdos de Paz. No han sabido convertirse en una opción política viable, con la que la gente se identifique o sienta deseo de pertenecer.

En un país con tantos problemas y necesidades, la participación de la mayor cantidad de personas en la construcción de respuestas es más que necesaria. Los partidos políticos, si quieren mantenerse dentro del ámbito político y recuperar la confianza perdida, deberían renovar sus formas de dirigencia, aumentar la participación en la toma de decisiones y trabajar desde adentro para que sus simpatizantes no tengan que ver hacia otros lados por la decepción que sienten al ver las estructuras arcaicas en que se han convertido.

A pesar del descontento y decepción que la política trae, los ciudadanos no nos podemos dar por vencidos en la lucha por un mejor país. No involucrarse, no ir a votar o comerse la papeleta no es opción si queremos que las cosas cambien. Aunque cueste, hay que explorar y analizar detenidamente las opciones que se nos presenten en las próximas elecciones y votar por los candidatos que de verdad presenten propuestas y no solo palabrería.

No ir a votar o anular el voto lo único que hace es entregarle la decisión al voto duro de cada partido, a ese grupo de personas que muchas veces no piensa y actúa por inercia; o al otro grupo del voto duro, el que tiene un interés específico y no el bienestar común. Sacar adelante a este país no es tarea solo de los partidos políticos. Nos toca involucrarnos a todos.

Las buenas ideas de cada uno. De Erika Saldaña

Los salvadoreños hemos olvidado que el sentido de una lucha política debería ser mejorar la vida de todos. Todos, sin importar ideología política, credo, orientación sexual, nivel económico, etc.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 23 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

En El Salvador abunda el pensamiento poco fundamentado que se basa en “si no estás conmigo, estás contra mí”; algo como que “el enemigo de tu enemigo es tu amigo” o “si haces críticas al FMLN es porque sos de ARENA” (y viceversa). Hemos rebajado tanto la calidad del debate o el valor que le damos a las relaciones interpersonales que tendemos a descalificar a alguien solo porque no es o piensa igual que nosotros; nos encanta polarizar y negar las razones del prójimo porque es rico, pobre, de derecha, de izquierda, hombre, mujer, o cualquier tipo de categorización que nos separe en dos.

EDH logEl resquebrajamiento de la sociedad salvadoreña lo vemos en el día a día. El odio y la intolerancia se respira en las calles; basta con ver el conductor que le echa el carro al peatón porque lleva prisa, el vecino que hace lo imposible por incomodar a los demás solo porque sí; se ve en las peleas entre hinchas de distintos equipos de fútbol y los insultos en redes sociales a quien se atreve a emitir su opinión. El problema se agrava cuando hablamos de política; cada quien tiene su opinión y en ocasiones tiende a considerarse como inequívoca e incuestionable.

Los salvadoreños hemos olvidado que el sentido de una lucha política debería ser mejorar la vida de todos. Todos, sin importar ideología política, credo, orientación sexual, nivel económico etc. En una república todos tenemos derechos y es deber del Estado buscar un equilibrio para que todos puedan ser garantizados en la mayor medida posible. Pero aquí no le damos a cada persona el valor que merece y, en su lugar, si no estamos de acuerdo con sus ideas lo que hacemos es descalificarlo y anularlo.

En redes sociales abundan las desacreditaciones, por un lado, a las personas que son de izquierda solo porque son de izquierda, sin ponerse a pensar que esta persona probablemente tenga argumentos sólidos (y razón) cuando habla de corregir desigualdades, falta de equidad, necesidad de invertir adecuadamente en programas sociales, entre otros temas. Y, por el otro lado, a las personas que son de derecha tienden a desacreditarlas solo porque son de derecha, sin tener en cuenta que las ideas de desarrollo económico, eficiencia en el uso de los recursos, inversión, disminución de gasto innecesario, entre otras, son medidas urgentes si queremos salir del bache económico.

Al leer o escuchar una crítica a una persona o partido, no tiene lógica inferir automáticamente que el autor es defensor del bando contrario. No se trata de establecer de qué lado estamos a ciegas, sino de ofrecer ideas claras y sólidas de por qué se está de acuerdo con uno u otro; además, de retomar la mejor opción para resolver un problema y no la que le conviene a un sector específico.

No conocí a Armando Calderón Sol, pero Rubén Zamora hizo referencia a él como un hombre conciliador y lo llamó “mi buen amigo” en una columna de opinión publicada en el periódico digital El Faro; Fabio Castillo lo catalogó como el mejor presidente que ha tenido El Salvador. No conocí a Hato Hasbún, pero diversos líderes de derecha y diplomáticos reconocieron su capacidad de dialogo y formar acuerdos.

En los dos casos anteriores, el legado de dos personas con ideologías muy distintas es la capacidad y, sobre todo, la voluntad de escuchar las ideas del adversario para lograr consensos políticos. Los méritos y reconocimientos que se les atribuyen fueron producto de su capacidad de escuchar.

Siempre he creído que a este país le falta empatía y reconocimiento al valor de las demás personas en todos los niveles, desde la política hasta la convivencia diaria. Muchos de los problemas actuales de El Salvador radican en la incapacidad del Gobierno y la oposición de sentarse a dialogar. Ambas partes han distorsionado el concepto de diálogo a la idea de aceptación simple y llana de sus propias opciones, dejando a un lado cualquier opinión que el otro tenga que emitir.

En política, nos hemos olvidado de que antes que adversarios en pensamientos somos seres humanos iguales que buscamos un mejor país. La posibilidad de lograr acuerdos pasa por darle el valor que merece a la opinión del otro, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas.