Erika Saldaña

Batallas innecesarias. De Erika Saldaña

Para potenciar la paridad entre hombres y mujeres es necesario que se brinden las mismas oportunidades de participación a ambos para obtener un cargo y que se deje a un lado la cultura o estereotipos machistas.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 20 febrero 2017 / EDH

La semana pasada, varias integrantes del grupo parlamentario de mujeres promovieron una reforma al Código Electoral donde solicitan “paridad” entre hombres y mujeres que pretenden un curul en la Asamblea Legislativa; dicha petición consiste en que, cuando el diputado propietario sea hombre, su suplente sea una mujer y viceversa. Con este tipo de medidas es que los legisladores levantan falsas banderas de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, además de agregar un matiz innecesario en el tema de legislación sobre los diputados suplentes.

En la promoción de los derechos políticos de la mujer, las soluciones que generalmente se han encontrado a la poca participación y representación del sexo femenino es el establecimiento de cuotas. Una reforma a la Ley de Partidos Políticos del año 2015 obliga a integrar el treinta por ciento de las planillas para cargos de elección popular con mujeres. Es así como sacrificamos cualquier tipo de idoneidad de una persona para optar a un cargo en la Asamblea, Concejos Municipales o Parlacen, al simple cumplimiento de una aritmética que no colabora en nada a los fines del Estado.

diario hoySi la Asamblea Legislativa es donde se discuten los temas más trascendentales para el país, donde convergen las distintas ideologías y posturas para encontrar las soluciones a los problemas de la sociedad, es lógico que las personas que deberían integrarla sean quienes representan a estos sectores y tengan la capacidad de tomar las mejores decisiones; ello con independencia de si se trata de hombres o mujeres. En El Salvador es necesario que se dejen de fomentar falsas medidas en nombre de la igualdad; para potenciar la paridad entre hombres y mujeres es necesario que se brinden las mismas oportunidades de participación a ambos para obtener un cargo y que se deje a un lado la cultura o estereotipos machistas que todavía tienen cabida en la sociedad.

En lugar de discutir si un suplente debe ser hombre o mujer, debería retomarse la discusión de los diputados suplentes de una manera más seria y productiva. La Constitución establece la existencia de este tipo de funcionarios, pero sin hacer referencia a su número, forma de elección y otras características, por lo que su regulación queda a disposición de la Asamblea Legislativa. Los diputados suplentes integrarán el trabajo legislativo en los casos de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir (artículo 131 ordinal 4° de la Constitución); todas las señaladas son situaciones excepcionales y con un origen fortuito. Pero, dado que El Salvador es el país donde lo extraordinario se vuelve ordinario, hemos sido testigos de casos en que los diputados propietarios se ausentan por largos periodos, quedando su suplente en funciones permanentes. ¿Qué sentido tiene elegir diputados propietarios cuando son los suplentes los que ejercerán el cargo?

Si los suplentes tienen encomendado asumir el trabajo de diputados en situaciones extraordinarias, el debate debería estar orientado a regular su cantidad y su rol. ¿Necesitamos 84 diputados suplentes? ¿Cuál es su rol y bajo qué circunstancias se realizará su llamamiento? Los diputados suplentes no deben ser utilizados a conveniencia como se hizo hasta antes que fueran declarados inconstitucionales; esa figura no está en la Constitución para alterar quórums en la Asamblea Legislativa cuando un diputado se niega a dar su voto para determinada decisión, ni para hacerle el trabajo a quien simplemente no quiere ir a trabajar. Una propuesta a discutirse debería ser reducir el número de suplentes, por ejemplo, un suplente por cada tres diputados propietarios que obtenga una fracción.

La reforma presentada reúne dos temas importantes (participación femenina y diputados suplentes), abordados de forma escueta e irrelevante. La inclusión de una mujer en la toma de decisiones políticas tiene que responder a su capacidad de ejercer un rol trascendental y un buen trabajo en el órgano o institución al que se pretender incorporarla. Si se le elige por el solo hecho de ser mujer no solucionamos en nada el problema de las deficientes respuestas legislativas o municipales a los problemas del país. Y en el tema de las suplencias, lo ideal es que se realice un debate serio sobre la necesidad de estos, la cantidad y el rol que deben jugar en la Asamblea Legislativa. Ya dejen las batallas innecesarias y pónganse a trabajar.

Nadie quiere ser el villano. De Erika Saldaña

Los partidos políticos deben dejar a un lado los oportunismos o intereses políticos y construir respuestas efectivas a los problemas que aquejan a El Salvador, aun si estas son medidas impopulares.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 12 febrero 2017 / EDH

Escuchar sobre la necesidad de que los partidos políticos mayoritarios se sienten a dialogar para encontrar respuesta a los problemas del país se ha convertido en el pan diario de los salvadoreños. El Ejecutivo ha organizado mesas en los temas de desarrollo económico, sostenibilidad de finanzas públicas y reforma de pensiones; la oposición le ha puesto pausa a esos diálogos, señalando la falta de voluntad de cumplir los acuerdos que poco a poco se fueron armando. Mientras dura esa pausa, la ciudadanía continúa echándose al hombro los problemas que se generan de la mala administración de las finanzas estatales, tales como la escasez en los servicios públicos y deterioro en áreas como educación, salud y seguridad.

diario hoyLa urgencia de un diálogo político en que las partes le den valor y sentido a la opinión del otro no es nada nuevo. Probablemente, la necesidad de este se encuentra desde que los dos partidos mayoritarios se consolidaron como tales. Ambos institutos políticos han centrado sus esfuerzos en mantener, obtener o regresar al poder, alejándose del ideal de procurar el bienestar de todos los ciudadanos en una sociedad democrática. Algunas personas consideran que para alcanzar este ideal es necesario estar en una posición de dominio de los órganos Ejecutivo y Legislativo, para así ejecutar las políticas que se consideren convenientes para cada problema.

Sin embargo, la solución a los problemas que afectan a El Salvador no puede resumirse en que uno u otro partido se encuentre en el poder, sino que ambos sean capaces de construir soluciones conjuntas; y, además, que estas respuestas  sean realistas al problema que se enfrentan. Cuando cualquiera de los partidos ofrece soluciones generalmente lo hace analizando una sola óptica de manera sesgada; el problema lo ven solo de un lado y por tanto las propuestas para solventarlo son incompletas. Y, además, las medidas que deben tomarse en muchas ocasiones son impopulares.

Cuando hablamos de solucionar el problema fiscal de El Salvador es necesario reducir el gasto del Estado; y hacer referencia al gasto no hablo de los montos asignados a los programas sociales como tienden a hacerlo ver los funcionarios de Gobierno, sino al gasto superfluo que no supone ningún beneficio para la población, tales como viajes, seguros médicos, alimentos, carros, gasolina, etc. Además, es imperativo que se reduzca la plantilla laboral en las instituciones públicas, pues existen plazas innecesarias y sueldos arbitrarios e insostenibles para las finanzas públicas.

En la respuesta al problema fiscal también debe analizarse el ingreso, pues es claro que el dinero que actualmente se recauda no alcanza para cubrir las obligaciones adquiridas y los gastos necesarios. Quizá sea necesario establecer impuestos adicionales o aumentar los porcentajes de los que ya tenemos; también, es obligatorio buscar la forma de combatir la evasión y elusión fiscal, así como ampliar la base tributaria mediante la formalización de muchas empresas y personas. La solución no se limita a una u otra opción, tienen que tenerse en cuenta ambas, gasto e ingreso.

En el caso de la reforma de pensiones, algunos expertos señalan la necesidad de evaluar las posibilidades de aumentar las tasas de cotización y edad de retiro de los ciudadanos. Todas las medidas mencionadas anteriormente son impopulares, pues muchos no quiere que se limiten sus beneficios, que se ordenen los sueldos, que se prescinda de los servicios de muchos en instituciones estatales, y definitivamente nadie quiere que se cobren más impuestos, pagar más al sistema de pensiones y trabajar más años. Pero si se quiere solventar el problema de manera integral, son medidas que vale la pena analizar o establecerse.

Para que los diálogos y negociaciones entre el Gobierno y la oposición tengan sentido, es necesario que estas realmente resuelvan los problemas que afectan al país, no que sean placebos que alivien temporal o falsamente las coyunturas. Estas respuestas pueden ser impopulares, pues a nadie le gusta hacer sacrificios en el corto o mediano plazo, pero pueden constituirse como las respuestas adecuadas. Los partidos políticos deben dejar a un lado los oportunismos o intereses políticos y construir respuestas efectivas a los problemas que aquejan a El Salvador, aun si estas son medidas impopulares. Nadie quiere ser el villano ante los votantes, pero, en este caso, todos tienen que serlo.

Dignificar la profesión del abogado. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 6 febrero 2017 / EDH

El once de noviembre de dos mil seis, mi profesor de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho, doctor Albino Tinetti, nos entregó una hoja color amarillo que contenía “Los mandamientos del abogado”. Uno de esos mandamientos reza así: “tu deber es luchar por el Derecho; pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la justicia, lucha por la justicia”. Una hoja un poco desteñida que aún guardo y que para mí representa el fin de la educación que recibí.

diario hoyHan pasado los años y ya cumplí siete años de trabajo, donde me he visto rodeada de excelentes ejemplos de abogados, que han sido compañeros, amigos, jefes, maestros y mentores; sin embargo, también he visto de lejos a aquellos que han vuelto el Derecho una mercancía que está disponible al mejor postor.

La sociedad pierde un poco la fe en la profesión del abogado cuando salen a la luz casos de jueces o abogados dispuestos a torcer el derecho a conveniencia, personas que enseñan la ley y también la trampa, quienes hacen interpretaciones absurdas, que se inventan jurisdicciones internacionales cuando los juzgados nacionales les han negado sus pretensiones, quienes están orientados a defender lo indefendible y a mostrar sobrada ignorancia o mala intención. Estas personas están dispuestas a apartarse completamente de cualquier lógica jurídica para sustentar sus posturas.

Con lo anterior no quiero decir que siempre será evidente una respuesta única y absoluta por parte de la comunidad jurídica en la resolución de un caso. Las opiniones en cada oportunidad pueden variar dependiendo de la corriente de pensamiento jurídico a la que la persona se adscriba, sin embargo, es obligación de cada abogado realizar un planteamiento técnicamente honesto de la solución que se ofrezca y no apartarse convenientemente de la ley y Constitución.

Sin embargo, esa fe perdida en los mercenarios del Derecho es recuperada cuando vemos a abogados ejerciendo su profesión apegada a las leyes y la Constitución, pero sobre todo a sus principios. En El Salvador y en el resto del mundo. El New York Times reportó la movilización de muchos abogados de inmigración a los distintos aeropuertos de los Estados Unidos después de la orden del presidente Trump contra los provenientes de Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Estas personas se ofrecieron a prestar servicios gratuitos contra una orden que consideraron inconstitucional e inhumana, pues ordenaba la detención de personas provenientes de estos siete países musulmanes aún y cuando tuvieran sus permisos en regla. Todo bajo el argumento que podrían ser consideradas “un riesgo terrorista”. Una Jueza Federal en Nueva York consideró sus argumentos y bloqueó temporalmente la medida del presidente. En las redes sociales circularon numerosas fotos de abogados voluntarios trabajando en el suelo, cafeterías y terminales de los aeropuertos en las peticiones de hábeas corpus.

En relación a la misma orden migratoria, la Fiscal General interina Sally Yates ordenó al Departamento de Justicia no defender la orden de inmigración ante las cortes. Ella manifestó que “era la responsable de asegurar que las posiciones tomadas en la corte sean consistentes con la solemne obligación de la institución de siempre buscar la justicia y representar lo correcto”. Así dio una muestra de dignidad profesional, pues antepuso sus principios y los de su carrera a la posibilidad de ser relevada del cargo, como sucedió a las pocas horas.

En El Salvador también hay muchos profesionales del Derecho que con honradez y argumentos sólidos defienden sus posturas en busca de la correcta solución a las controversias que surjan. Muchos abogados que en sus lugares de trabajo defienden la ley y la Constitución, aunque su postura sea contraria a la de sus jefes; muchos jueces y magistrados que resuelven los casos que ante ellos se presentan de manera imparcial, ecuánime y justa.

Como dice el dicho, de todo hay en la viña del Señor. Hay excelentes abogados, honrados y profesionales, así como también hay muchos a quienes debería revocárseles la autorización para ejercer esta labor. Es deber de quienes estamos comprometidos con el Derecho y la justicia a dar la cara por el gremio, comentar, discutir y sentar postura en cuestiones jurídicas; debemos convertirnos en un buen ejemplo para las nuevas generaciones que se están formando. Hay que dignificar la profesión del abogado.

Mismas reglas, pero hoy el árbitro sí pita. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 30 enero 2017 / EDH

En los últimos años, varios personajes públicos del ámbito político han justificado actos cuestionables en el aforismo símbolo de la mediocridad, el cual reza “siempre se ha hecho así”. Esa respuesta se ha obtenido ante los discusiones sobre la asignación arbitraria de fondos a las mal llamadas organizaciones no gubernamentales (porque el “no” está de más al financiarse con fondos públicos); también ante las críticas sobre lo desfinanciado del Presupuesto General de la Nación, cuando algunas partidas que necesitan millones de dólares cuentan con una asignación de mil dólares para el año, la respuesta ha sido “así se hacía antes y nadie decía nada”; y cuando se cuestiona la necesidad de que los funcionarios y empleados públicos gocen de un seguro médico privado, además de necesario lo consideran una práctica que siempre ha tenido cabida.

diario hoyAl menos en el ordenamiento jurídico, pocas cosas han cambiado desde los años noventa a la fecha. Contamos con la Constitución que fue emitida en 1983 y cuyas reformas más relevantes se hicieron en 1991. La mayoría de las leyes generales son preconstitucionales o tienen ya varios años de encontrarse funcionando. Con las mismas reglas, algunas instituciones que se encontraban “dormidas” ahora ejercen un rol más activo en el control al poder público.

La Corte de Cuentas recientemente aceptó su facultad para investigar el uso del dinero público otorgado a instituciones que no pertenecen al Estado, con lo cual los ojos de la ciudadanía se encuentran puestos en el desarrollo de estas auditorías; también esperamos que la nueva conformación de esta Corte traiga consigo un despegue en la actividad que esta institución contralora está obligada a realizar. Por otro lado, la Fiscalía General de la República también ha tenido un ascenso inédito en sus labores, pues ha demostrado la capacidad de enfrentarse e investigar a cualquier persona involucrada en delitos de corrupción.

Por su parte, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, después de muchos años de encontrarse amordazada, ahora tiene bajo la mira el patrimonio y enriquecimiento ilícito de los funcionarios del país. El Instituto de Acceso a la Información Pública, una de las instituciones de creación más reciente, ha puesto al alcance de la ciudadanía la posibilidad de obtener información sobre la administración pública que antes era secreta. Y el Tribunal Supremo Electoral está despertando lentamente en la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, con la deuda pendiente de adquirir un rol más activo en los próximos periodos electorales que se avecinan.

Las reglas del juego en El Salvador, en relación al correcto funcionamiento de las instituciones públicas, son las mismas que hace varios años. Sin embargo, hoy el árbitro se ha dado cuenta que tiene un silbato que funciona si lo quiere usar. En los últimos años hemos visto que los órganos de control están más conscientes de su rol y entienden que deben tomarse en serio su trabajo, por lo que se refleja más cada acción que realizan por mínima que sea. La actuación de las instituciones públicas puede mejorar a través de reformas legales o constitucionales que faciliten o fortalezcan su desenvolvimiento; sin embargo, el reciente “despertar” de muchas instituciones (que se sintetiza en “hacer el trabajo que les corresponde”) no depende solo de la actualización legislativa o constitucional, sino también de la conciencia de los funcionarios del rol que juegan y de las facultades que se les ha otorgado. Los funcionarios “se creen” su rol y lo ejecutan; en esto radica la importancia de la correcta elección de funcionarios, pues estos deben estar dispuestos a realizar su trabajo a pesar de las críticas y presiones que podrían recibir.

Hemos pasado de una época en la que no se investigaba nada, en la que lo normal era la inactividad de las instituciones y en la que los actores políticos o funcionarios tomaban decisiones sin temer algún tipo de consecuencia; a una época en la que estos mismos actores se encuentran bajo constante escrutinio y cuestionamiento público. Como ciudadanía nos toca poner los ojos en el trabajo de esos árbitros, presionando la continuidad de su labor y la presentación de resultados.

Los nuevos acuerdos de país. De Erika Saldaña

El problema actual es que no se ha hecho nada para construir las bases de un debate público decente sobre los temas fundamentales de la nación.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 16 enero 2017 / EDH

Hoy se conmemora el XXV aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, fecha que trae mucha nostalgia a El Salvador, en la cual se puso fin al conflicto armado y se marcaba el inicio de una época de reconstrucción y esperanza para el país. La firma de la paz en Chapultepec cerró un ciclo de doce años que dejó cerca de ochenta mil muertes (en promedio, alrededor de seis mil cada año), miles de desplazados internos y comunidades sumidas en la destrucción y pobreza. Con los recuerdos de una época difícil tendemos a sentarnos a hacer el recuento de lo alcanzado a la fecha y a enumerar las deudas pendientes que tenemos como sociedad.

diario hoyEn la época de la posguerra, la sociedad salvadoreña ha sido cuna de una de las tasas de homicidios más altas a nivel mundial (cien muertes violentas por cada cien mil habitantes, superando la barrera de las seis mil por año); además, ha sido víctima de la corrupción de diversos funcionarios desde los años noventa, la cual poco a poco sale a la luz y está encontrando castigo en el sistema judicial. Estas situaciones, aunadas al déficit de representación percibido por la ciudadanía salvadoreña, la pobreza, la falta de educación y las precarias condiciones del sistema de salud, han sumido al país en una crisis social y política. Todos los problemas antes citados se ven agravados por la escasa intención de acercamiento o diálogo entre los dos partidos políticos mayoritarios, sobre casi cualquier tema que se les ponga sobre la mesa.

Sin embargo, aunque los números de fallecidos sean similares, los desacuerdos tengan la misma división ideológica como base y sintamos que estamos más divididos que nunca como sociedad, es arriesgado afirmar que volvimos al mismo punto de los ochentas y que hoy estamos igual o peor que en la época de la guerra. Después de veinticinco años las condiciones de la sociedad salvadoreña han cambiado y las dificultades a las que nos enfrentamos son distintas.

El problema principal hoy en día es la incapacidad de reconocer el valor y la opinión del otro, lo cual se refleja desde la intolerancia en las calles entre ciudadanos, hasta el permanente enfrentamiento verbal entre funcionarios. Las reiteradas y poco espaciadas elecciones de cargos populares han fijado en el diario vivir de la ciudadanía una discusión permanente y escueta entre las fuerzas políticas principales en el país, siguiendo el pensamiento arraigado en el ámbito político salvadoreño de actuar en términos electorales, con miras siempre a la siguiente elección. Es así que los políticos en El Salvador han basado sus acciones en la emoción de mantener la atención de las masas y no en la razón en la toma de sus decisiones.

Aunque existan diferentes ideologías y desacuerdos en la política salvadoreña, el problema actual es que no se ha hecho nada para construir las bases de un debate público decente sobre los temas fundamentales de la nación, tales como políticas educativas, salud, seguridad pública, pensiones, entre otras cuestiones que afectan al país. No existe una cultura política de respeto a las opiniones y propuestas del adversario, y las acciones se toman siempre en clave electoral. La realidad que vivimos hoy es muy distinta a la que sufrieron nuestros padres en el desarrollo y fin del conflicto armado.

A los Acuerdos de Paz hay que darles el valor que se merecen. Lograr el cese al fuego, una salida negociada de manera pacífica y la implementación de una nueva institucionalidad en temas de defensa, seguridad, sistema judicial y electoral, son algunos de los grandes logros posconflicto. Hay que tener en cuenta que las distintas generaciones hemos enfrentado los problemas propios de cada época; unos tuvieron que iniciar la lucha por sus ideales, otros sobrevivir a una guerra cruel, otros buscar la forma de terminar el conflicto, otros reconstruir un país después de la guerra e impulsar el desarrollo económico, otros superar los desastres naturales y muchos estamos hoy aquí intentando recuperar la institucionalidad resquebrajada.

A las distintas generaciones de ciudadanos que conformamos la sociedad salvadoreña se nos han presentado retos distintos. El único punto en común entre los verdaderos ciudadanos de las distintas épocas ha sido la intención de dejar a las nuevas generaciones un país mejor. Asumamos el reto como sociedad y construyamos nuevos acuerdos de país.

Machismo vestido de mujer. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 9 enero 2017 / EDH

Las recientes capturas de empresarios y un famoso presentador de televisión han sacudido las ya turbulentas aguas en El Salvador, poniendo sobre la mesa un secreto a voces en nuestra sociedad: la trata de personas y la prostitución infantil. En lo personal, lo que más me ha sorprendido, indignado y preocupado son los comentarios sobre el tema; desde “ellas lo buscaron”, “ellas los provocaron”, “si eso les gusta a ellas”, “la culpa es de ellas”, hasta una desviación total del problema atendiendo a los memes y la mofa; dichos pronunciamientos se convierten en una muestra de lo insensible, desinformado y deshumanizado de nuestro entorno. Y lo más triste es cuando este tipo de señalamientos provienen de otra mujer.

diario hoyEl primer pensamiento –casi por inercia– al ver a una mujer ofreciendo sexo en las calles es que son niñas promiscuas o mujeres a las que les gusta la vida y el dinero fácil. Así, rápidamente dejamos del lado cualquier intento de entender de manera completa la realidad de esa mujer y por qué está esperando recibir dinero a cambio de una relación sexual. Antes de señalar a una niña o mujer de haber provocado a un hombre, de ofrecerse sexualmente de forma voluntaria a alguno o encontrarse involucrada en una red de prostitución por diversión, es obligatorio que como sociedad investiguemos sobre el delito de trata de personas y, sobre todo, que intentemos analizar los motivos que las llevaron a iniciar y mantenerse en la prostitución.

La trata de personas, según el Código Penal, se define como la actividad de explotación sexual, trabajos o servicios forzados y prácticas análogas a la esclavitud realizadas por una persona u organización con el propósito de obtener un beneficio económico; es decir, comete trata quien utiliza a otra persona para ofrecerla a la venta. Por otra parte, sea trata de personas o no, en la tipificación de los delitos contra la libertad sexual la ley salvadoreña casi presume la incapacidad de un menor de edad de contar con los suficientes elementos de razón, considerando como delito cualquier relación sexual entre una persona adulta y un menor de edad, exista consentimiento o no por parte de este último.

Antes de juzgar y criticar con un mínimo de datos, pensemos en las circunstancias propias de cada quien que sirvieron de empuje para aceptar una vida de prostitución y explotación. Algunas mujeres pueden considerar que esa es una forma fácil de ganar dinero y lo hagan sin ningún tipo de remordimiento; sin embargo, no podemos obviar que una infancia llena de abusos, una amenaza a muerte propia o para familiares, una inmadurez e incapacidad de tomar decisiones correctas a temprana edad, una desolación ante la falta de recursos y oportunidades para mantener una vida digna, hasta un trastorno psicológico, pueden constituirse como factores que sumerjan a una persona en una red de trata de manera involuntaria. Generalizar este tipo de casos es injusto y conlleva a una doble victimización, pues la niña o mujer que sufre las consecuencias del delito cometido tiene que aguantar, además, el reproche social de quienes piensan que lo hace por voluntad o placer.

Muchas mujeres hoy en día no solo tienen que luchar contra falta de educación, pobreza, maltrato, abandono, falta de oportunidades o el machismo arraigado a nuestra cultura. Además, tristemente, las mujeres tenemos que lidiar con el machismo vestido de mujer, el de aquellas que –en lugar de mostrar un poco de empatía por la difícil situación que vive una mujer abusada– culpan a estas de los hechos en las que se ven involucradas.

Cualesquiera que sean los motivos por los que una niña o mujer se encuentre en la prostitución, como sociedad debemos estar claros en que esa no es una vida digna para ninguna mujer y, de alguna forma, la situación que vive es producto de la indiferencia que mostramos a quienes tienen pocas opciones de salir adelante y construir un mejor futuro. Mujeres, practiquemos un poco la sensibilización hacia nuestras congéneres en estos casos y evitemos criticar sin conocer realmente la vida y penas por las que ellas deben pasar a diario. No perpetuemos el sufrimiento de las vidas de niñas y mujeres doblegadas por la injusticia.

Tiempo de definiciones. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 2 enero 2016 / EDH

El año 2016 será recordado por las múltiples controversias que han acechado al país. El fantasma permanente de nuevos impuestos, la polémica reforma de pensiones que sigue en indecisión, la elección de un nuevo Fiscal General que ha revolucionado la administración de justicia, una Sección de Probidad activa, el retraso en el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte de Cuentas, los operativos contra las finanzas de las pandillas, la crisis fiscal y la falta de liquidez en los últimos meses; estas han sido solo algunas situaciones de las que hemos sido testigos como sociedad en los últimos meses.

diario hoyLos años 2015 y 2016 han estado marcados por un hecho histórico: la reactivación de la olvidada Sección de Probidad, la cual fue despojada de toda facultad de investigación y control del patrimonio de los funcionarios cuando en el año 2005 daba muestras de encontrarse indagando las cuentas del expresidente Flores y su gabinete. Dicha dependencia de la Corte Suprema de Justicia ha puesto entre la espada y la pared a tres expresidentes, un diputado, un exdirector del ISSS, un alcalde, y mantiene en vilo a muchos funcionarios que están siendo investigados.

Ese trabajo de la Sección de Probidad, sumada a las investigaciones de la Fiscalía General de la República, los reportajes periodísticos y las denuncias ciudadanas, nos han evidenciado que durante décadas los fondos de la ciudadanía para mantener el aparato estatal han sido mal administrados y robados. Esta situación es la raíz de muchos males que aquejan a la sociedad, pues si este dinero hubiera llegado al objetivo que pertenecían probablemente no tendríamos servicios sociales tan precarios. Y, quizá, el problema de la violencia y las pandillas no se habría fortalecido tanto en los últimos años por culpa de la pobreza, desempleo y desigualdad económica.

En este año preelectoral debemos estar conscientes sobre las luchas con las que tendremos que lidiar como sociedad. En primer lugar, seguir vigilantes para que se investiguen los casos de corrupción que están pendientes y, sobre todo, que estas investigaciones culminen en condenas a los responsables y el dinero sea devuelto al Estado. Además, es necesario contrarrestar el juego de la memoria cortoplacista por el que  apostarán muchos políticos en este nuevo año; esa estrategia de omitir con cinismo las controvertidas acciones y decisiones que realizaron como funcionarios municipales o legislativos, buscando la reelección sin ninguna pena para un nuevo periodo que inicia en 2018.

Las próximas elecciones de concejos municipales y diputados son trascendentales para la política en El Salvador, no solo por el hecho que elegiremos los gobernantes para un nuevo periodo, sino también porque ellos serán los que hagan posible que los cambios iniciados recientemente continúen. Los avances se encuentran amenazados con desaparecer si en 2018 no se elige a cinco personas idóneas e independientes para ocupar cuatro puestos en la Sala de lo Constitucional y uno en otra Sala de la Corte Suprema de Justicia; si en ese año no se elige un Fiscal General con el suficiente carácter para enfrentar al delito y corrupción; si no se eligen personas conscientes de la precariedad de las finanzas públicas, con la voluntad de exigir cambios y ordenar el estado presupuestario del país.

El nuevo año urge de ciudadanos comprometidos con el control hacia los funcionarios, personas con ganas de tomar el bastón que guíe y continúe la lucha para mejorar los pequeños cambios y avances que se han logrado. La sociedad civil debe estar consciente que los cambios no provienen de la buena voluntad de la clase política, sino de la presión creada alrededor de las situaciones controversiales. El temor al elector indudablemente jugará un rol trascendental en el actuar de los políticos en los próximos meses, por lo que debe orientarse  en favor de las buenas decisiones.

El 2017 debe ser un tiempo de definiciones para la sociedad salvadoreña. Un año en que el impulso adquirido en los años anteriores no sea detenido por aquellas personas a quienes les interesa que la lucha contra la corrupción, el despilfarro, la delincuencia se mantenga en beneficio propio. Que el año nuevo nos traiga nuevos ánimos para seguir persiguiendo los cambios que tanto hemos anhelado para El Salvador. ¡Feliz 2017!