CEL-ENEL

Enel esperará cierre de juicio para concluir proceso CIADI

Aún queda pendiente un proceso civil de una resolución de un tribunal superior en El Salvador. Otro juicio penal quedó cerrado a principios de julio.

Sala de audiencias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) con sede en Washington

Sala de audiencias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) con sede en Washington

Tomás Guevara, 5 agosto 2015 / EDH

La empresa italiana Enel Green Power no retirará su demanda ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, mientras en El Salvador no se den por cerrados en su totalidad los procesos judiciales donde han sido procesados exfuncionarios y empleados de la empresa italiana.

Enel aceptará acudir al centro de arreglos en Washington, para cerrar el caso, cuando se haya cumplido en su totalidad el Acuerdo Marco, firmado en diciembre del año pasado, con el que se buscó el fin a la larga querella judicial contra la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

El abogado Luis Parada, del bufete Foley Hoag, que defiende a El Salvador en esta y otras querellas ante CIADI, aseguró que la empresa italiana ha dicho, a través de su representación legal en Washington, que espera ver cerrados en su totalidad los casos judiciales en El Salvador antes de aceptar el fin de la demanda en el CIADI.

Hasta antes de la firma de ese acuerdo había litigios activos tanto dentro como fuera de El Salvador por diferencias sobre el Acuerdo de Accionistas en el asocio público privado firmado en 2002 entre la empresa italiana y el gobierno salvadoreño para impulsar el desarrollo de la generación de energía geotérmica en el país.

La empresa italiana exigía el cumplimiento de una de las cláusulas del contrato que le permitían invertir otra millonaria suma de efectivo y con ello lograr la mayoría accionaria en el asocio con la entidad estatal.

“Los abogados de Enel han manifestado que quieren esperar a que concluyan todos los proceso judiciales abiertos en El Salvador; recordemos que todavía se está en espera de la apelación que hizo CEL ante la decisión del Juzgado Séptimo de Paz de aceptar el Acuerdo Marco y liberar así de responsabilidades a un grupo de personas señaladas”, comentó el abogado Parada.

Esa diligencia judicial surgió en un momento de tambaleo en cuanto al cumplimiento total del acuerdo negociado en Washington con el que la empresa italiana cedió -entre otros actos- vender las acciones que había comprado para el asocio público privado con el que se pretendió a principios de la década pasada explotar con alta tecnología el recurso geotérmico y así aumentar la producción de energía limpia en El Salvador.

La jueza Evelyn Jiménez aceptó el Acuerdo Marco como parte del arreglo extrajudicial en un caso donde eran sindicados un grupo de exfuncionarios de gobierno y exempleados de la compañía. Ellos fueron liberados de cargos.

Sin embargo, la CEL adujo luego que tenía derecho para mantener la demanda civil contra los supuestos implicados, entre ellos dos exempleados de Enel Green Power en el país.

La empresa estatal pretendía conseguir con un veredicto que con los bienes confiscados a los señalados poder recuperar el monto de $280 millones de dólares con los que compró las acciones de la empresa italiana pasa sacarla del asocio.

El abogado Luis Parada enfatizó que el otro caso en el Juzgado Séptimo de Instrucción donde había una demanda con responsabilidad civil y penal ya está cerrado, luego de una audiencia especial a principios de julio.

Pero agregó que mientras esté pendiente la resolución de la Cámara contra la apelación del Juzgado Séptimo de Paz, es en cierta medida comprensible la cautela de los abogados de Enel para aceptar el cierre del caso en el CIADI.

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Cuestionan traslado de acciones de Cel a empresa

INE sin ser investigada aún

La termoeléctrica de Talnique, operada por INE

La termoeléctrica de Talnique, operada por INE

27 julio 2015 / EDH

La empresa Inversiones Energéticas (INE), a la que CEL le traspasó sus acciones en la empresa LaGeo, sigue sin ser fiscalizada ni investigada por ese hecho ni por los ingresos millonarios que tiene, pese a que la misma Fiscalía General de la República ha determinado que ese traspaso “adolece de nulidad”.

INE se fundó como contraparte o socio privado de Enel cuando en 2002 arrancó la explotación de la geotermia en el país. De allí que, por ser “privada”, no sea auditada por la Corte de Cuentas pese a que   se nutrió con las acciones de la CEL.

Quien mejor describe el papel de INE es la Universidad Centroamericana (UCA) en un reciente editorial:

“La negativa a que se diera el traslado de la mayoría de acciones a (la empresa italiana) ENEL tiene una motivación corrupta. Efectivamente, cuando el Gobierno se comprometió a traspasar acciones a la empresa italiana, a cambio de nuevas inversiones y tecnología, se fundó, casi simultáneamente, una empresa, Inversiones Energéticas, conocida como INE, que manejaba las acciones de LaGeo y por supuesto se quedaba con los dividendos que producían. El socio mayoritario de esta empresa era la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, más conocida como CEL. La constitución de INE dejaba en la práctica los dineros producidos por LaGeo en manos de la CEL y, a través de ella, en las del Gobierno de la República, todo sin control de la Corte de Cuentas.

“Ya desde la administración de Antonio Saca se decía que la CEL funcionaba como la caja chica del Gobierno. En efecto, la Comisión, como propietaria de la mayoría de acciones de INE, y esta de LaGeo, terminaba disponiendo de cantidades millonarias de dinero. LaGeo generaba ganancias netas de más de cien millones de dólares al año, que, más allá de auditorías externas privadas, no tenían más control que la voluntad última del Presidente de la República, a través de su gente de confianza en la CEL”.

En las conclusiones que recoge el informe de la Fiscalía sobre el caso CEL-Enel, de noviembre de 2013, se establece que la autónoma no tenía facultad para transferir sus acciones a INE, “razón por la cual este acto adolece de nulidad”, argumentó la Fiscalía en ese documento.
El Fiscal General, Luis Martínez, ha dicho que el Ministerio Público continuará con sus propias indagaciones hasta esclarecer los hechos.

También abogados advierten que ese traslado de acciones de una entidad estatal a una privada puede llegar a tipificarse como delito de “peculado”, el cual tiene una pena de cárcel desde los 6 hasta los 15 años.

Sin embargo, como dice la UCA, ni esa forma de operar  que detalla el editorial, ni el traslado de las acciones forman parte de algún expediente de investigación en las instituciones correspondientes.

La UCA cuestiona que “mientras se está juzgando a los que firmaron un contrato que era perfectamente legal en su momento (CEL-Enel), se olvida y elimina del debate un modo de administrar fondos públicos que se puede llamar corrupto. Y se puede porque, más allá de la legalidad o ilegalidad de la administración de INE y la CEL, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas…

“…El Gobierno del FMLN ha presumido siempre de ser menos corrupto que los de Arena. Pero en el caso que nos ocupa, continúa utilizando el modo anómalo de administrar las ganancias de LaGeo que inició la administración de Francisco Flores. Y llamamos corrupta a esa triangulación entre el Ejecutivo, la CEL, como entidad autónoma del Estado, e INE, como empresa privada, liberada en cuanto tal de toda supervisión de la Corte de Cuentas”, dice la UCA.

Podría haber “peculado”
El abogado Francisco Bertrand Galindo, ex asesor legal de Enel en El Salvador, opina que vale la pena investigar a INE, especialmente porque por el hecho de trasladar las acciones de la CEL a INE hace que esta empresa, jurídicamente, sea la accionista dueña de LaGeo y no CEL.
“Entonces, aquí tenemos un problema y es que la CEL transfiere bienes que estaban en su custodia a la custodia de un tercero, y la pregunta es en beneficio de quién, porque si fue en beneficio de la misma CEL puede que no haya mayor problema; pero si derivado de ese traslado otras personas han tenido beneficio de las utilidades de LaGeo y no la CEL, sino otras personas, ese hecho mezclado con el traslado de las acciones  sí puede llegar a configurar una acción delictiva”, afirma el abogado.

El jurista detalla que esa figura jurídica podría encajar en la que se conoce como “peculado”, es decir, el desvío de recursos del Estado a particulares.

“Se estaría configurando algo similar al peculado porque las acciones que estaban en cuidado de CEL fueron transferidas a otra persona jurídica, y si eso generó beneficio a otras personas que no es la CEL, entonces allí pudiera llegar a configurarse el peculado”, consideró, aunque enfatizó que hay que estudiar muy bien el caso.

Por ello es que señala que las autoridades deben investigar a fondo si hubo algo irregular o no y determinar si la transferencia de las acciones fue ilegal o no.

Bertrand Galindo apunta que “por alguna razón la Corte de Cuentas no está haciendo las auditorías que le corresponde hacer. Ese tipo de sociedades deberían ser debidamente certificadas de acuerdo al manejo de los fondos públicos”.

También el representante de Transparencia Internacional, capítulo El Salvador, Roberto Rubio, opina que la INE es “básicamente pública porque los fondos que maneja son públicos, y porque una mínima parte es privada, (aunque) se maneja como que fuera una empresa privada”.
Rubio dijo que se desnaturalizaron los propósitos ya que esos fondos públicos se manejen al margen de la Corte de Cuentas, “precisamente para tener discrecionalidad en el uso de esos fondos”.

El representante de Transparencia Internacional señaló que hay un cuerpo de ley que dice que la Corte de Cuentas está obligada a auditar todo fondo público, no solo las instituciones públicas.

“Es decir, que si la INE tiene un porcentaje mayoritariamente público de sus acciones, la Corte de Cuentas debería auditar esos fondos públicos”, insistió Rubio.

La Asamblea no quiso investigar
La Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad el año pasado de poner bajo la lupa el caso de INE, pero rehusó hacerlo.

En agosto de 2014, los diputados cerraron la comisión que investigaría varios contratos firmados por la CEL y en ese marco investigarían el traspaso de las acciones de la CELl a INE, valoradas en $186.8 millones en 2006, el presidente de la autónoma era Nicolás Salume, quien fue ratificado por el expresidente Mauricio Funes en 2009.

En aquel momento, diputados de ARENA criticaron que LaGeo e INE se negaran a brindar información sobre los fondos públicos manejados por la empresa que no eran sujetos a ninguna fiscalización.

Legisladores areneros destacaron en esa oportunidad que Julio Valdivieso, siendo director de LaGeo, mencionó que sólo en 2012 fueron $110 millones que se obtuvieron de utilidades. Sin embargo, desde entonces no se sabe cuánto recibe INE, afirmaron.

La Asamblea Legislativa dio por cerrada la comisión que investigaría también los contratos de la CEL, entre ellos el pago que terminó haciendo  la CEL en el gobierno del expresidente Funes de $108.5 millones por el hoyo de El Chaparral y la adjudicación de obras en la 5 de Noviembre.

“Qué fácil se abrió una comisión para que se investigara Cel-Enel y para que se investigara  a los funcionarios de ARENA; pero en el momento que se llegó a que se debía continuar y abrir nada menos lo que yo llamo la caja negra de Cel, ver un poco la INE, ver esa sociedad anónima donde se transfieren todas las utilidades de LaGeo, en ese momento la comisión de la Asamblea Legislativa se cierra y el FMLN no tiene ya ningún interés en continuar”, afirmó la diputada arenera, Ana Vilma de Escobar, el pasado 22 de julio durante la entrevista de TCS, Frente a Frente.

Procesados en caso CEL-Enel quedan libres de cargos

Exfuncionarios procesados fueron exonerados de cargos penales y civiles por acuerdo marco y prescripción del caso.

Los abogados de los ocho exfuncionarios procesados expresaron que se había hecho justicia a favor de sus defendidos. foto edh / omar carbonero

Los abogados de los ocho exfuncionarios procesados expresaron que se había hecho justicia a favor de sus defendidos. foto edh / omar carbonero

David Marroquín, 4 julio 2015 / EDH

El caso CEL- Enel ha quedado cerrado en su totalidad.

Ayer, el Tribunal Cuarto de Sentencia no puso reparos para exonerar de cargos penales y civiles a los ocho exfuncionarios que eran procesados por supuestas irregularidades en el proceso de selección de la empresa italiana Enel Green Power como socio estratégico para la explotación geotérmica.

La decisión colegiada de los tres jueces del referido Tribunal fue tomada en una audiencia especial que la Fiscalía y la defensa de los acusados habían solicitado el 11 de junio pasado, para definir la responsabilidad civil (indemnización por supuestos daños y perjuicios a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Además, la defensa solicitó que se cambiara a los acusados el delito de peculado (desvío de bienes públicos) a peculado culposo, porque no hubo intención de causarle daño al patrimonio del Estado.

Dos de los jueces accedieron a esta última petición de los abogados de los ocho procesados, la cual fue avalada por la Fiscalía General.

“No vemos que terceras personas se hayan enriquecido por culpa de los exfuncionarios ahora procesados y que estuvieron en ese proceso de negociación de buscar un socio estratégico”, dijo Manuel Turcios, el juez que presidió la audiencia especial.

El abogado Luis Edgar Morales Joya explicó que las actuaciones de los exfuncionarios procesados están sustentadas con lo que les mandaba la Ley General de Electricidad que fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

La referida ley, según Morales Joya, facultaba a los funcionarios a crear sociedades anónimas de capital variable para mejorar la productividad energética por parte de CEL.

A lo anterior se le sumaba que la autónoma iba camino a la quiebra y necesitaba capital para poder pagar todas sus deudas. “Cuando Enel se incorpora a Gesal y luego LaGeo, lo hace con la emisión de nuevas acciones y CEL mantuvo su capital, nunca CEL autorizó un desprendimiento de su patrimonio, ni tampoco hubo traspaso de bienes del Estado a Enel “, dijo Morales Joya.

Sostuvo además que los ahora sobreseídos tomaron decisiones basadas en recomendaciones técnicas, legales y constitucionales que les hicieron sus asesores.

Como el delito de peculado culposo ya había prescrito (expirado el tiempo para iniciar un proceso judicial), el tribunal no tuvo otra opción que liberar de cargos penales de forma definitiva a los ocho procesados.

Cumplen con acuerdo

El Fiscal General, Luis Martínez, quien participó en la audiencia especial, le reiteró al tribunal que el Ministerio Público renunciaba a la acción civil para los ocho procesados, porque así había acordado el Estado de El Salvador con la empresa Enel en diciembre pasado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) en Washington, Estados Unidos.

Enel abrió el proceso en el Ciadi el año anterior después que las autoridades salvadoreñas abrieran una causa penal y civil contra la firma italiana, sus ejecutivos y los exfuncionarios salvadoreños.

Martínez recordó que la demanda en contra de El Salvador se encuentra en suspenso en el referido centro de mediación internacional hasta que se cumpla totalmente el acuerdo marco en su totalidad o, de lo contrario, el Estado salvadoreño se arriesga a que la empresa italiana vuelva a reactivar la demanda.

“Es una medida urgente para que El Salvador pueda acudir al Ciadi a cerrar el caso, luego de haber cumplido con el acuerdo marco”, dijo Martínez (Nota aparte).

El 6 de junio pasado se cumplió el plazo de 180 días que tenían las partes, Estado de El Salvador y Enel Green Power, para cumplir con todos los compromisos pactados en el referido acuerdo, entre estos que todos los procesados en los tribunales de justicia salvadoreños sean exonerados de la responsabilidad civil.

“Es un compromiso de país, es un compromiso de Estado, que el Fiscal General está en la obligación de hacer cumplir el acuerdo marco para acudir al Ciadi a cerrar el litigio internacional”, les dijo Martínez a los tres jueces que integran el referido tribunal.

Los abogados defensores encabezados por Edgar Morales Joya, quien defendió al expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, secundaron la petición de exonerar de la acción civil a sus defendidos.

“Este acuerdo fue firmado por el Fiscal General en representación del Estado de El Salvador”, dijo Morales Joya al respaldar la petición hecha por el fiscal Martínez.

Cesan restricciones y embargos

Tras dar a conocer el fallo, el Tribunal de Sentencia decidió levantar las medidas restrictivas que tenían los procesados y además ordenará que se levanten los embargos de los bienes y cuentas bancarias de los mismos.

El fiscal Martínez sostuvo que en ningún momento se puede considerar que hubo impunidad en este caso por el hecho de que “fueron sometidos a un proceso judicial y los jueces han resuelto, y los fallos de los jueces deben respetarse. Nosotros no somos perseguidores, ni inquisidores ni andamos buscando venganza”.

Una de las jueces votó en contra del cambio del delito de peculado a peculado culposo, porque, según destacó, ni siquiera se había establecido que hubiera delito.

“Se ha declarado un hecho culposo (no intencional) cuando no se ha definido si hay delito. Se ha declarado sobreseimiento definitivo por prescripción (liberación de cargos por expiración de la persecución del delito) sin definirse si las personas son responsables… eso es contrario a lo que señala el artículo 11 de la Constitución de la República”, dijo la jueza.

Sin embargo, la jueza estuvo de acuerdo en la extinción de la responsabilidad civil con base en el acuerdo marco firmado por el Estado salvadoreño con Enel Green Power.

De esa manera acabó en El Salvador el proceso penal contra ocho exfuncionarios relacionados con la firma del contrato con Enel para la explotación de energía geotérmica en el país.

El proceso penal se abrió después que arrancara una batería de al menos 35 programas y cadenas de radio y televisión del expresidente Funes, quien alegaba que había habido corrupción en la suscripción del contrato.

La defensa alegó durante el proceso que los acusados firmaron un contrato con la empresa italiana Enel basados en la Ley General de Electricidad, por lo que no había ningún delito que perseguir.

Pero, principalmente, el caso no tuvo razón de ser después que el Estado de El Salvador llegara a un arreglo con Enel y comprara las acciones de la compañía en LaGeo, con lo cual quedó claro que si esta transacción fue legal, también lo fue el contrato inicial.

Fallo pone fin a litigio con Enel.
Tribunal sobresee a ocho acusados en caso CEL-Enel

Fiscal general dijo que la resolución le permite presentarse al CIADI a ponerle fin al litigio con Enel. Tribunal sobreseyó luego de acceder a cambiar delito por el cual eran procesados ocho exfuncionarios.

Naj0407-CasoCELENEL-File03-1 Jessica Ávalos, 4 Julio 2015 / LPG

Los ocho procesados del caso CEL-Enel están libres de cargos desde ayer. Fueron sobreseídos definitivamente por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, en una audiencia que rompió con varias convenciones, una audiencia en la que fue el mismo fiscal general de la República, Luis Martínez, quien se sentó frente al estrado de los jueces y de su propia voz pidió que se le diera cumplimiento al Acuerdo Marco firmado con Enel para ponerle fin a un litigio comercial. La de ayer fue una audiencia en la que, a diferencia de muchas otras, tanto Fiscalía como defensa salieron satisfechas con el veredicto.

“Lo importante es que estamos cumpliendo lo que se acordó el 6 de diciembre en el CIADI… Que nadie se equivoque y que nadie los equivoque porque sabemos que va a haber gente pusilánime criticando, pero esto lo hemos hecho de frente, de cara a la población”, dijo el fiscal general, tras conocer la decisión anunciada por el juez Manuel Edgardo Turcios.

La Fiscalía, según Martínez, se presentará la próxima semana al CIADI, un centro de arreglos del Banco Mundial, a ponerle punto final a un conflicto que se intensificó desde 2008, cuando el Estado salvadoreño impidió que Enel se convirtiera en el socio mayoritario en LaGeo.

Los ocho exfuncionarios de Gobierno habían sido acusados de haber favorecido a Enel para que progresivamente se hicieran del control de LaGeo.

Édgar Morales Joya, uno de los defensores, dijo que la resolución demuestra que “fueron actuaciones de funcionarios en el marco de la ley, esa es una de las situaciones que ha establecido el tribunal para decidir. Asimismo el Estado salvadoreño ha llegado a un acuerdo y es otra de las circunstancias que el tribunal ha tomado en cuenta”.

El Tribunal Cuarto de Sentencia accedió a las dos peticiones que le hicieron en la audiencia especial: a petición de la defensa y la Fiscalía, liberó de cargos civiles a los ocho; y a petición de la defensa, y con la anuencia de la Fiscalía, cambió el tipo de delito por el cual estaban siendo procesados.

Fue ese cambio de tipificación de delito (de peculado doloso a peculado culposo) lo que dio paso al sobreseimiento definitivo, ya que el tribunal declaró la prescripción del peculado culposo, es decir, estableció que se había agotado el tiempo para juzgarlos por ese delito. Los procesados Guillermo Sol Bang (expresidente de CEL), Miguel Lacayo (exministro de Economía), Pedro Escalón, Thomas Hawk, Carlos Chavarría, Jorge Simán, Julio Olano y Ricardo Palomo.

El fiscal dijo que “de ninguna manera” el caso queda en la impunidad porque “fueron sometidos a un proceso judicial y los jueces han resuelto, y los jueces sus fallos deben respetarse y nosotros lo hemos pedido, no somos perseguidores, inquisidores”.

La audiencia especial inició a las 9:31 de la mañana. Desde el principio, la Fiscalía planteó a los jueces que el proceso judicial mantenía en suspenso el acuerdo alcanzado con Enel en Washington. “Estamos claros que a lo largo de todo este proceso se generó desaliento para las inversiones. Conscientes de eso, buscamos soluciones a grandes problemas”, dijo el fiscal durante la audiencia.

“No podemos hablar de una intención dolosa de una persona que publicita todas sus acciones”, argumentó Morales Joya, respecto al proceso que siguieron los exfuncionarios para buscar a un socio estratégico para la explotación de energía geotérmica.

Ángel Samuel Torres Rojas, el abogado que estaba en representación de INE, subsidiaria de CEL, no puso objeciones a ninguna de las dos peticiones.

Personeros de la embajada de Estados Unidos en el país permanecieron durante la audiencia como oyentes. También asistieron los diputados Ana Vilma de Escobar y Johnny Wright Sol. El caso, dijo Morales Joya, al final de la tarde, “por lo menos de parte de la Fiscalía y por parte de la defensa está cerrado”.

Fusades pide respetar el acuerdo Marco caso CEl-Enel

Hoy, viernes 3 de julio, se celebra la audiencia especial en el caso CEL-ENEL, donde la justicia salvadoreña, la fiscalâ y CEL tienen la oportunidad de desistir de la persecución de los ex-funcionarios, antes de que este caso de justicia política haga daña irreparable al país. (SEGUNDA VUELTA)

Los abogados de los involucrados en el caso CEL-Enel esperan cerrar el caso hoy en los tribunales. Foto EDH / ARCHIVO

Los abogados de los involucrados en el caso CEL-Enel esperan cerrar el caso hoy en los tribunales. Foto EDH / ARCHIVO

Jaime García, 3 julio 2015 / EDH

El Tribunal Cuarto de Sentencia celebrará hoy una audiencia especial sobre las obligaciones que asumió el Estado de El Salvador al firmar el Acuerdo Marco con la empresa Enel para acabar con un litigio de más de una década.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) llamó ayer a que el Estado salvadoreño cumpla con lo acordado en diciembre con la compañía italiana, incluyendo la exoneración de un proceso civil para los involucrados, tanto de la firma como exfuncionarios.

“El acuerdo es vinculante (de obligatorio cumplimiento). La forma en que se resuelva este caso será un precedente importante para el país, ya que es necesario revertir el daño que se ha hecho a la imagen de El Salvador por el incumplimiento de acuerdos adquiridos por el Estado y la politización del caso. Se espera de las distintas autoridades que cumplan con su rol constitucional de ser verdaderos garantes del Estado de derecho y del respeto a la Constitución”, expresa Fusades en un comunicado.

La Fiscalía ha pedido al referido tribunal que haga la audiencia especial para exponer que el país corre serios riesgos de que la empresa italiana Enel vuelva a abrir el arbitraje internacional si no cumple con el Acuerdo Marco que suscribieron en diciembre pasado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.

Al Ministerio Público le urge definir esa situación en vista de que las autoridades de CEL, pese al acuerdo, dicen que se reservan el derecho de activar la parte civil o proceso para cobro de indemnización por supuestos daños y perjuicios.

EDH20150702NEG039P

Fusades recuerda que al poner fin al conflicto, el Acuerdo Marco suscrito en Washington establece en su artículo 3 que se pone fin a la acción civil en el caso.

“Las partes (el Estado salvadoreño y Enel) han acordado como condición no suspensiva de los efectos del Acuerdo Marco, la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil del delito que involucra a Enel Green Power (EGP) y Enel Green Power El Salvador en los procesos penales números 171-A-2-13 en el Juzgado Séptimo de Paz y 133-2013-12 en el Juzgado Séptimo de Instrucción, ambos de San Salvador, que se hará extensiva a todas las personas naturales que tienen calidad de imputados en los mismos…”, consigna el acuerdo, citado por Fusades.

La entidad privada cuestiona que, pese al arreglo al que se llegó y a que el referido artículo del acuerdo deja claro que se extingue la acción civil para todos los involucrados que tienen calidad de imputados en el proceso, personeros del gobierno insistan en procesarlos civilmente.

La defensa del caso ha recordado que el mismo presidente de la CEL, David López Villafuerte, firmó finiquitos o solvencias para eximir la acción civil.

“Resulta contradictorio que funcionarios del Gobierno continúen cuestionando el caso, el cual se ha llevado para resolverse hasta el Tribunal Cuarto de Sentencia”, critica la entidad.

Para Fusades es de vital importancia cumplir lo acordado y las leyes de El Salvador.

“Es importante que en este proceso penal priven únicamente los criterios técnicos y jurídicos, y que las resoluciones se emitan con base en la ley y el estricto apego a la Constitución, ya que son evidentes los débiles argumentos del caso, al imputar a los acusados un delito ante actuaciones que se hicieron en base a la ley vigente que en esa fecha no había sido declarada inconstitucional”, explica la fundación empresarial.

La posición de Fusades es coincidente con la del Fiscal General, Luis Martínez, quien acudirá a la audiencia especial para hacer el pedido al Tribunal Cuarto de Sentencia que cumpla con el Acuerdo Marco.

Martínez afirmó recientemente que en la audiencia esperan poner punto final al caso y así acudir al CIADI a darlo por cerrado formalmente.

UCA: un caso con fines políticos

La defensa ha argumentado que los ocho acusados de promover el asocio con Enel han pasado procesados más de un año sin que se les compruebe delito alguno.

CEL contrató un asocio con Enel en 2002 para la explotación de energía geotérmica, pero cuatro años después hubo diferencias entre ambas por la mayoría accionaria, de tal manera que la empresa italiana recurrió a tribunales internacionales para demandar a El Salvador.

Tras una ofensiva emprendida por el expresidente Mauricio Funes, que incluyó una batería de al menos 35 programas en cadenas de radio y televisión, así como conferencias de prensa según la defensa, se inició un proceso penal contra los exfuncionarios que promovieron el asocio con Enel en 2002 amparados en la Ley General de Electricidad.

De allí que los acusados y sus abogados hayan determinado que más bien se trató de un claro caso de persecución política del previo y presente gobierno contra exfuncionarios de la anterior administración de ARENA.

El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andréu Oliva, declaró en una entrevista de televisión que el caso se manejó con fines políticos, pues no hay manera de demostrar que cometieron delito alguno las personas acusadas.

Para él, está claro que el caso Cel-Enel se armó, no con fines de combatir la corrupción, sino para recuperar la empresa LaGeo para el Estado, sobre todo porque había un año electoral y de esa manera se desprestigiaba al opositor partido ARENA.

“No diría yo que es una persecución política, sino que el caso se monta para obtener fines políticos como es la recuperación de la empresa y presentar al partido ARENA y a sus funcionarios como corruptos”, explicó el rector.

Anteriormente la UCA, mediante un editorial, señaló que “hoy en día, y después de la venta de acciones del Estado a la compañía italiana Enel, no puede dudarse ya de que es político el caso que se mantiene contra quienes autorizaron o firmaron el contrato de privatización progresiva de la empresa estatal LaGeo”.

En su editorial, la UCA señala que “el gobierno de Mauricio Funes comenzó a fabricar un caso en el que, entre otras cosas, se hablaba de violaciones constitucionales y de daños graves al Estado salvadoreño. Y así nació la acusación en la que los jueces dicen que el contrato era legal y que, por tanto, quienes lo autorizaron o firmaron no violaron las leyes del momento”.

ARENA: contrato fue legal

Por su parte, ARENA en un comunicado sostiene que el asocio CEL-Enel no fue lesivo al Estado salvadoreño y que aumentó la generación de energía geotérmica.

“El desarrollo del caso en los últimos meses, ha demostrado que el contrato CEL-Enel fue completamente legal y apegado al mandato de la Ley General de Electricidad, tal y como lo han manifestado prestigiosos abogados, universidades, gremiales empresariales, columnistas y juristas”, sostuvo ARENA.

En una entrevista televisiva, el exdiputado de ARENA por San Salvador Mario Valiente consideró que lo grave en el caso es la imagen negativa que se proyecta hacia el exterior.

Esto, debido al trato que se le dio a un socio estratégico como era Enel Green Power, que es toda una potencia en generación de energía geotérmica y otras fuentes en el mundo.

“Cuando viene alguien a El Salvador, hace un contrato totalmente legal, los resultados son totalmente positivos para el país, no hay en absoluto ningún lucro de parte de los funcionarios… al final van a tener que reconocerlo las autoridades judiciales de El Salvador”, consideró Valiente.

Rolando Alvarenga Argueta, diputado suplente de San Salvador, consideró que el caso es una persecución política.

Explicó que se había dicho que era ilegal y eso fue desmentido, que era lesivo al país y quedó demostrado lo contrario, ya que la energía fue más barata y además le dieron dividendos al Estado, y por último se dijo que era “oscuro”, lo cual se descartó ya que se hizo una licitación pública internacional.

Abogados: Funes creó un caso político y frenó la inversión de ENEl en la GEO

Afirmaron que Saca validó contrato en 2005, pero en 2008 impidió más participación de la italiana. Ven clave investigar las utilidades de LaGeo, que hoy es propiedad de la INE.

Carta del preesidente Saca al primer ministro Berlusconi, validando el convenio entre CEL y ENEL.

Carta del preesidente Saca al primer ministro Berlusconi de Italia, validando el convenio entre CEL y ENEL.

enel1

Carta del presidente de la CEL a ENEL, aseguránole que el convenio CEL-ENEL se va a cumplir

 

enel2Juan José Morales, 30 junio 2015 / EDH

A juicio de abogados, los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes no permitieron que Enel Green Power ampliara su inversión geotérmica en el país y que aumentara su participación en LaGeo, lo cual frenó el proceso de capitalización de la empresa bajo argumentos que fueron parte de una estrategia de persecución política y la construcción de un caso penal y civil débil y sin fundamentos.

Incluso dijeron que en la Fiscalía General de la República (FGR) hubo injerencia por parte de Funes, ya que ofreció $900 mil para crear una comisión al interior del Ministerio Público y ejerció un papel mediático en el que denunció un supuesto “plan conspirativo” para apropiarse del patrimonio nacional por parte de nueve exfuncionarios de gobierno.

En este sentido el exasesor legal de Enel, Francisco Bertrand Galindo, en el programa de entrevistas “Frente a Frente”, consideró que el exmandatario Francisco Flores cumplió el contrato suscrito, y Saca lo hizo de forma parcial, ya que permitieron que se desarrollara en gran medida la ampliación del proyecto geotérmico de Berlín, Usulután.

Sin embargo, recordó que el problema se presentó en 2008, cuando la Junta Directiva de LaGeo aprobó una lista de inversiones de $127 millones y la subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) se opuso porque habían dejado de tener pérdidas económicas y se inició un proceso de arbitraje, que luego no fue cumplido por Funes.

“Lo que siempre existió fue una diferencia entre socios que se dirimió en un arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio de París, nunca se planteó que el contrato fuera lesivo o nulo. El problema es que después Funes presionó a la Fiscalía para que metiera un juicio penal y se creó un caso, pero nada cazaba porque todo se hizo en base a una ley que daba facultades a la CEL para crear sociedades anónimas y a buscar un socio estratégico”, explicó el abogado.

enel2aPor su parte, el abogado Arturo Muyshondt, defensor de dos de los acusados (el exministro de Economía Miguel Lacayo y el exmiembro de la Junta Directiva de CEL Tom Hawk), recordó que incluso el expresidente Saca le dio validez al contrato con Enel y al acuerdo entre accionistas en una carta que le envió en diciembre de 2005 al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi (ver carta arriba).

Pese a ello en 2008, durante la administración de Saca, recordó Bertrand, el gobierno incumple el acuerdo al no permitir una nueva inversión y luego, en la gestión Funes, CEL y su otra subsidiaria, Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (hoy dueña del 100 % de LaGeo), se niegan a cumplir la sentencia emitida en París, con lo que Enel pasaría a ser propietaria del 53 % de las acciones.

“Acá se puede ver que Enel obtuvo utilidades a base de sus negociaciones, a base de inversiones que estaban claras, pero esto no es ilícito. Dicen en el juicio que estamos ante un delito de peculado, pero este se da cuando un funcionario público tiene en custodia bienes y se apropia de estos en su beneficio o en beneficio ajeno, eso no se ha dado aquí, en ningún momento”, agregó Muyshondt.

Ambos juristas coincidieron en que en todo este caso la FGR actuó como un “bufete de Casa Presidencial” y que Enel nunca recibió acciones del Estado, por lo que no existe sustracción o peculado, ya que se realizó una emisión por parte de LaGeo para pagarle a su socio.

“LaGeo tenía dos posibilidades, o la pagaba con dinero, porque la planta de Berlín ya estaba hecha, o la pagaba con acciones, que era lo que decía el contrato, entonces LaGeo emite las acciones y paga pero no eran con acciones de la CEL, estas jamás se han sustraído”, analizó Bertrand.

Clave indagar en la INE

Un punto donde los abogados sí ven un posible peculado es en el traspaso de las acciones de CEL en LaGeo a la INE, lo cual se realizó para que esta última subsidiaria fuera sujeta de créditos y poder ampliar una planta térmica.

“Resulta que las acciones que tenía la CEL fue para entregarlas a los señores de la INE, ahí sí probablemente hay un fenómeno de peculado, porque la INE es la que ha servido como la caja secreta por donde se manejan las utilidades de LaGeo. Esta es la parte corrupta del problema, no la parte de las acciones en la que siguen insistiendo los actuales funcionarios”, puntualizó el exasesor de Enel.

La INE es una firma que no se rige por las mismas normas de las instituciones del Estado, sino que se maneja como una empresa privada y no es auditada por la Corte de Cuentas aunque su presidente ad-honórem, David López Villafuerte (que también es presidente de CEL), dijo que si se está realizando este procedimiento de fiscalización.

Por último, Muyshondt reconoció que existió una clara participación del Estado en la negociación con Enel y que con ello se legitimó la decisión de la CEL de buscar en 2002 un socio e instó a la Fiscalía a “cerrar el círculo” para dar certeza jurídica al país.

La Fiscalía urge cumplir acuerdo CEL-Enel para cerrar juicio en Washington

Viernes será audiencia especial en Tribunal Cuarto de Sentencia CEL mantiene latente reclamo civil, pese a que hasta emitió finiquitos.

El presidente de la CEL, segundo desde la izquierda, celebra con altos ejecutivos de la Enel Green Power la suscripción del acuerdo marco que ponía fin al asocio . foto edh /Óscar iraheta

El presidente de la CEL, segundo desde la izquierda, celebra con altos ejecutivos de la Enel Green Power la suscripción del acuerdo marco que ponía fin al asocio . foto edh /Óscar iraheta

Nota EDH, 29 junio 2015

La Fiscalía General de la República (FGR) se propone definir de una vez por todas el caso CEL-Enel y que se cumpla el Acuerdo Marco en su totalidad, incluyendo la liberación de responsabilidad civil para los involucrados, uno de los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño en diciembre pasado.

La idea es certificar el cumplimiento de los compromisos y cerrar el juicio promovido el año anterior por Enel en el Centro de Arreglo de Disputas sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

“Hemos pedido una audiencia especial (en el Tribunal Cuarto de Sentencia) y ahí esperamos resolverlo todo para cumplir el acuerdo que se firmó en el CIADI… Ya pedimos que se liberan las responsabilidades civiles. Todo esto ya fue contenido dentro de la misma negociación financiera que se dio”, declaró el Fiscal General, Luis Martínez, tras un acto oficial ayer por la mañana (ver declaraciones en página 4).

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, ha insistido en no liberar de responsabilidad civil a los involucrados en el caso CEL-Enel, pese a que el funcionario participó en las negociaciones en las que se acordó lo anterior e incluso firmó finiquitos para la empresa italiana y los acusados.

Sin embargo, el mismo Fiscal General de la República, Luis Martínez, le recordó ayer que el Estado salvadoreño tiene la obligación de cumplir con el Acuerdo Marco suscrito entre con Enel, el cual contempla la liberación de la responsabilidad civil como se pactó.

Dicho acuerdo acabó con diez años de litigio entre el Estado salvadoreño y Enel por desacuerdos en el control de la explotación de la geotermia en el país.

CEL extendió finiquitos

Según documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy, López Villafuerte firmó, tanto en representación de CEL como de su filial INE, dos finiquitos donde liberó de responsabilidad a Enel, sus subsidiarias y afiliadas, incluyendo ejecutivos, directores y funcionarios.

También, el presidente de LaGeo, Daniel Ernesto Rodríguez, suscribió un finiquito similar a favor de Enel.

Según los documentos, CEL, INE y LaGeo se comprometieron “a no hacer más reclamos por ningún hecho contra Enel, sus accionistas, directivos, representantes, mandatarios o funcionarios por hechos pasados, actuales o futuros” (ver documentos en la parte superior).

Pero López Villafuerte alegó, la semana anterior, que CEL ya cumplió el Acuerdo Marco en su totalidad y que el caso “no se puede reactivar”, aunque no se haya cumplido la parte de que no se abrirá un proceso civil o por daños y perjuicios–como se establece en los finiquitos emitidos– en vista de que ya hubo un arreglo.

“Ya hubo un acuerdo comercial que es la base de todo lo que hemos hecho y ahí dice que cumplimos. Incluso tengo una carta en la que Enel dice que hemos finiquitado la parte comercial, el CIADI se terminó”, afirmó el presidente de CEL.

Sin embargo, el fiscal Martínez no piensa igual y sostuvo que el caso se tiene que cerrar formalmente y con el cumplimiento de todos los compromisos en el tribunal del CIADI. El cumplimiento total del Acuerdo Marco pasa por el hecho de exonerar la responsabilidad civil.

Pero al preguntarle a López Villafuerte si el proceso en el CIADI podría continuar si no se desiste de la acción civil en el país, el presidente de la autónoma se limitó a decir que “eso ya no depende de la CEL”.

Sin embargo, el abogado Luis Parada, del bufete Foley Hoag, que defiende a El Salvador en el litigio, ha advertido que el incumplimiento del Acuerdo Marco genera “incertidumbre en el proceso internacional” en el Ciadi.

El 7 de junio pasado venció el plazo acordado por el Estado salvadoreño y Enel para entrar a un proceso de revisión del cumplimiento del Acuerdo Marco.

Aplicación parcial

La defensa en el caso ha señalado que no se puede aplicar parcialmente el Acuerdo Marco.

Para Édgar Morales Joya, defensor del expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, se ha aplicado “de forma parcial” el Acuerdo Marco, lo cual es contradictorio, porque la exención de la responsabilidad civil sólo se ha aplicado a Vicente Machado, ejecutivo de Enel, pero no al resto de imputados.

Incluso, recordó que el Estado salvadoreño le compró las acciones a Enel, lo cual significa que éstas eran legítimas y, por tanto, no tiene sentido el proceso penal abierto contra ocho exfuncionarios que estuvieron relacionados con el contrato con Enel en 2002.

“Desde el momento que el Estado y CEL adquieren las acciones están reconociendo que todo fue legal, todo se hizo con fundamento”, valoró Morales Joya.

Por su parte, el abogado Arturo Muyshondt, defensor del exministro de Economía, Miguel Lacayo, señaló que tiene que haber equidad en todo el proceso porque si le compraron las acciones a Enel, era porque realmente no tenían un origen ilícito.

“Caso contrario, el presidente y los directivos de CEL actuales se exponen a una persecución judicial que puede durar hasta 15 años, después de dejar de ser funcionarios por su proceder”, advirtió el abogado.

Lo anterior significa que incluso los actuales directivos de la CEL podrían haber cometido peculado de $287.6 millones al comprar las acciones de Enel, señaló Muyshondt.

La audiencia del 3 de julio es crucial para definir el caso ante el CIADI, pero también para un proceso que ha sido calificado como parte de una “persecución política” del actual partido oficial, el FMLN, contra miembros de su principal opositor, ARENA.

Además, el juez determinará si acepta cambiar el delito de peculado a negociaciones ilícitas tal como lo ha solicitado la defensa de los exfuncionarios acusados de favorecer a la firma en la suscripción del contrato para la explotación geotérmica en el país.

Lea también:

La criminalización de la política pública. De Cristina López

El caso ENEL. Editorial de la UCA

FGR pedirá liberar de cargos civiles en caso CEL-Enel

La medida está enmarcada en el acuerdo al que llegaron la CEL y la empresa italiana Enel, según el fiscal general.

Miguel Portillo, 29 junio 2015 / LPG

 El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que pedirán liberar de responsabilidad civil (pago por daños o perjuicios económicos ocasionados) a los señalados en el caso que involucra a la empresa italiana Enel Green Power S.p.A. y a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), conocido como caso CEL-Enel.

El fiscal general, Luis Martínez, dijo que ya han pedido una audiencia especial en la que solicitarán que se libere de responsabilidades civiles un grupo de acusados en el caso CEL-Enel, entre ellos, exdirectivos de la autónoma, ejecutivos de LaGeo (empresa dedicada al a explotación del vapor del subsuelo para generar energía) y exfuncionarios de Gobierno procesados por peculado.

“Nosotros pediremos que se liberen las responsabilidades civiles. Todo esto ya fue contenido en la misma negociación financiera que se dio en el CIADI. Ya hemos pedido también una audiencia especial y esperamos resolverlo”, indicó Martínez.

Enel inició en 2008 un arbitraje en contra del Estado salvadoreño por no permitirle hacer una inversión adicional que le habría llevado a superar el 50 % de la posesión accionaria de LaGeo.

El proceso fue llevado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, en París, Francia. La inyección de capital que los italianos pensaban hacer era de $127.4 millones, con los que habrían llegado al 53.3 % de las acciones.

En diciembre de 2014, el Estado salvadoreño, representado por el fiscal general de la República, firmó con representantes de la empresa Enel Green Power el Acuerdo Marco que puso fin a un diferendo comercial que duró varios años en tribunales internacionales. Enel aceptó abandonar su operación en el país y acordó vender sus acciones en LaGeo, por un pago de $284 millones de parte del Gobierno salvadoreño.

El fiscal dijo que la medida quedó pactada en el acuerdo marco firmado entre la estatal CEL y la empresa italiana Enel. “Todo esto (exonerar de cargos civiles) es para cumplir el acuerdo que se firmó en el CIADI, y después regresar al CIADI y dejar este caso de la demanda internacional como un caso cerrado”, apuntó Martínez.

El artículo 3 del Acuerdo Marco estipula: “Las partes han acordado como condición no suspensiva de los efectos del acuerdo marco la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil”.

Fiscal: el caso no responde a persecución política

Abogados concluyen que el caso CEL-Enel tiene injerencia política.

Miguel Portillo, 29 junio 2015 / LPG

Algunos sectores han tachado el caso CEL-Enel de persecución política; sin embargo, Luis Martínez, el fiscal general de la República, desmintió dicho señalamiento.

“Yo quiero dejar bien claro, esto no es un caso de persecución política, todo eso son rumores que se han estado comentando”, dijo el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, Francisco Bertrand Galindo, quien fue representante de la empresa italiana en el país, recientemente detalló que el Acuerdo Marco firmado por el Estado salvadoreño y Enel en diciembre de 2014 puso fin al origen de la polémica, pero desde El Salvador se continuó investigando a las personas por el mismo motivo. “¿Cuál es el carácter del juicio en estos momentos contra los funcionarios, si el problema principal, el que generó todo esto, ya se resolvió?”, manifestó Bertrand.

También, el caso CEL-Enel no solo deja un precedente de persecución política, sino que pone más trabas a negociaciones y licitaciones futuras, según analistas.

Por su parte, el exvicepresidente de la República Enrique Borgo Bustamante dijo que el caso CEL-Enel marca un precedente para los futuros asocios público-privados en el país.

El Chaparral tendrá un costo de $290 millones

La CEL aseguró que rediseño encareció la obra. Esperan retomar la construcción entre noviembre y diciembre próximos y finalizar en el primer semestre de 2017. El costo del megavatio instalado será de $4 millones, cuando el costo real ronda los $2 millones.

cd0bc3f5-8829-4839-8f35-abd69789578c_XLWMiguel Portillo / Mariana Belloso, 24 Junio 2015 / LPG

La Comisión Ejecutiva Autónoma del Río Lempa (CEL) anunció el reinició de la construcción de la presa El Chaparral, pero a un costo 32 % superior al presupuesto original de la obra.

El presidente de la autónoma, David López Villafuerte, dijo que el nuevo presupuesto para finalizar la central hidroeléctrica El Chaparral asciende a $290 millones, unos $71 millones adicionales a los $219 millones proyectados originalmente.

“Las licitaciones (para continuar la obra) ya están aprobadas y en curso, ya solo estamos en la parte de no objeción de los entes financieros. Son licitaciones de la parte de la turbina, la casa de máquinas y el suministro de concreto”, dijo López, y agregó que buscarán a empresas nacionales para continuar la construcción.

El funcionario indicó que esperan reiniciar las obras de construcción entre noviembre y diciembre próximo y se han planteado finalizar la central hidroeléctrica en el primer semestre de 2017, “todo eso dependerá de los dos eventos de época seca porque es en ese tiempo cuando se construyen las presas, y en época lluviosa se sigue con la infraestructura donde no interviene el río”.

Según la planificación original, El Chaparral debía estar inyectando energía a la red eléctrica del país a partir de 2013. La central hidroeléctrica se construye en el departamento de San Miguel, sobre el cauce del río Torola, y su edificación inició en 2008; sin embargo, a raíz de los daños que ocasionó la tormenta Ágatha en 2010, por movimientos geológicos en el margen derecho de la obra, esta se retrasó.

Astaldi era la empresa encargada de la obra, bajo un contrato llave en mano, que no permitía modificaciones. Tras los daños ocasionados por el fenómeno natural, la empresa desistió en continuar con la construcción. El contrato se canceló a través de un criticado acuerdo entre Astaldi y la CEL, con el que la autónoma pagó cerca de $108 millones a la empresa en concepto de trabajos realizados. Se prevé que la hidroeléctrica tenga una potencia de 66 megavatios.

El presidente de la CEL dijo que han descartado el diseño original hecho por la empresa brasileña Intertechne, y que han decido rediseñar, con el fin de “ reducir costos”.

“Movimos el dique 670 metros más arriba donde hay una consolidación de todo el subsuelo y tiene mejores condiciones. Nos evitamos ese margen derecho que está un poco inestable y había que impermeabilizarlo completamente y eso es demasiado caro”, explicó López.

Piden claridad

Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), señaló que es necesario aclarar todo el proceso por el que ha pasado la construcción, los fondos y en especial el arreglo al que llegó la CEL y Astaldi. Además, criticó el incremento en los costos ya que significan más deuda para el país.

“El Chaparral es una de las grandes deudas que existen en el país, porque ahí es donde han desaparecido una cantidad multimillonaria de recursos. Es bueno que se haya reactivado, pero antes hay que ser transparentes y dar explicación de qué ha pasado”, dijo.

En el mismo sentido, Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), recordó que el precio promedio por megavatio instalado para un proyecto hidroeléctrico es de $2 millones.

“Esta es una obra que debió costar $120 millones, se licitó y contrató en $220 millones y ahora quieren $70 millones más, es el colmo del irrespeto a la transparencia en el país”, criticó.

El empresario pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) ser eficiente en la investigación de este caso, y prestarle la atención que se merece.

También hay dudas sobre el nivel de avance de la obra. Solo la disolución del contrato con Astaldi requirió $108 millones, que representan un 37 % del presupuesto que, según la CEL, requerirá el proyecto.

Del costo de la obra, $163 millones es préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El avance de la obra, según la autónoma, es del 30 %, pero dicho cálculo fue dado a conocer antes de que se señaló que ha habido un cambio de diseño en el proyecto.

“Se pagaron $108 millones por tener un hoyo”, se quejó Daboub, quien además recordó que la misma Astaldi advirtió que el terreno ya no era propicio para levantar una infraestructura de tal envergadura.

López defiende que se retome la obra y la ubicación de la misma. “En 1998 se hizo una prefactibilidad del proyecto, tomó nueve puntos del río Torola y el mejor evaluado fue El Chaparral”, explicó en una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA realizada a finales del año pasado. El Chaparral será la primera presa hidroeléctrica que se construye en El Salvador después de varias décadas.

Proyecto dobla costo estimado

Para generar 66 MW la presa debería haber costado unos $130 millones.

Paralizado. Desde que se canceló el contrato con Astaldi las obras en El Chaparral, principalmente excavaciones, han estado paradas.

Paralizado. Desde que se canceló el contrato con Astaldi las obras en El Chaparral, principalmente excavaciones, han estado paradas.

Mariana Belloso, 24 junio 2015 / LPG

El costo promedio de los proyectos hidroeléctricos en Latinoamérica, y en condiciones similares a las salvadoreñas, es de unos $2 millones por megavatio instalado, señalaron analistas.

Luis Membreño, economista y consultor, explicó que el sobrecosto de la presa hidroeléctrica El Chaparral, que debería rondar los $130 millones, hará que sea una inversión difícil de recuperar.

“Si cuesta mucho más, si es más del doble, ese es el precio al que la energía debería venderse para que sea rentable… Si este fuera un proyecto privado, ya no podría realizarse”, indicó.

Para el también economista Rafael Castellanos, el problema tiene dos aristas principales. La primera es que el sobreprecio de la obra puede ser aun mayor a lo que la CEL ha dicho, y calculó que incluso podría llegar a los $500 millones.

“Algo tan ostensiblemente caro llama la atención porque es un despilfarro… Se han tirado $150 millones al aire que habrían significado ya una presa en otra parte o una inversión importante en geotermia”, ejemplificó. “Posiblemente lo que quieren hacer es continuar la obra y finalizarla, para echarla a andar y que la gente ya no pregunte nada”.

Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dijo además que este era originalmente un proyecto con contrato llave en mano, que no daba lugar a modificaciones o negociaciones, y que fue el gobierno del expresidente Mauricio Funes el que decidió negociarlo y pagar $26 millones adicionales para cerrarlo.

Una cancelación millonaria

Un llave en mano que terminó en desastreEl Chaparral ha sido un proyecto que comenzó, en el papel, con estudios de prefactibilidad en 1998.

Nota LPG, 24 junio 2015

Las autoridades de la época le apostaban a construir la que sería la primera central hidroeléctrica en varias décadas. Aunque se buscaba iniciarla en 2006, la construcción comenzó oficialmente en 2008.El costo de la misma se calculaba en unos $140 millones, que, para 66 megavatios de capacidad instalada, está en el promedio de este tipo de proyectos: $2 millones por megavatio.La empresa que ganó el concurso para levantar la obra fue la italiana Astaldi, pero a un costo de $220 millones, muy superior al estimado inicialmente. La modalidad del contrato, llave en mano, no permitía cambios de presupuesto ni de condiciones.Tras los daños provocados por la tormenta Agatha, en 2010, Astaldi argumentó que se requeriría un costo adicional. En 2012, finalmente, el entonces presidente Mauricio Funes dio por concluido el contrato con Astaldi, a cambio del pago de $108 millones. Desde entonces, el proyecto quedó paralizado y se abrió una investigación fiscal.