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Flores irá a bartolinas y espera juicio por cuatro delitos, incluyendo lavado de dinero

Según la acusación de la Fiscalía, el exmandatario ingresó en su patrimonio personal 5 millones de dólares, y los restantes 10 millones los desvió a un banco en Costa Rica y, posteriormente, a una cuenta en El Salvador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

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Beatriz Calderón/Irvin Alvarado/ACAN-EFE, 3 diciembre 2015 / LPG
la prensa graficaEl juez Miguel Ángel García resolvió hoy enviar a juicio al expresidente Francisco Flores por el delito de peculado, casos especiales de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.

García decretó detención provisional, por lo que se sustituye el arresto domiciliario por lo que Flores sería enviado a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN). Mientras tanto, se determinó que el próximo martes 8 de diciembre será emitida la resolución integral del caso. La defensa solicitó una revocatoria sobre esta decisión y la de separar a la querella del proceso.

Tras unos minutos de receso luego de haber decretado las medidas, fue escuchada la revocatoria de los defensores sobre algunos de los argumentos del juzgado, entre ellos la admisión de la parte querellante en el juicio y la medida de detención provisional.

El abogado Edgar Morales Joya argumentó que los querellantes se presentaron al proceso como apoderados judiciales de organizaciones y no como ciudadanos por lo que el abogado afirma que la medida de decretar no ha lugar la petición de la defensa de separar a la querella no tiene fundamento.

Morales Joya pidió al juez García que se revoque la decisión de admitir a querellantes como partes  del proceso judicial.

El abogado también solicitó la revocatoria de la detención provisional. Morales Joya dijo que el juez García nunca revisó las medidas cautelares que tenía Flores por lo solicitó que se mantenga el arresto domiciliario.

Por su parte, los fiscales del caso declararon que no están interesados en que la querella sea apartada pero sí piden que se revisen los documentos de la legitimación. Julio Zamora, fiscal, también solicitó que sea declarada inadmisible la revocatoria de la defensa sobre la detención provisional.

Según Zamora, la defensa no argumentó adecuadamente la revocatoria para pedir que Flores se mantenga en arresto domiciliario. Los fundamentos de la defensa son que las bartolinas no ofrecen las condiciones necesarias para que el expresidente no recaiga en la enfermedad que padece. En el proceso se dijo que los peritajes médicos determinaron que el tratamiento de Flores es ambulatorio y solo efectuó cuatro consultas durante todo el período de instrucción.

Berta de León, de la parte querellante, pidió que se declare no ha lugar la petición de la defensa y se mantenga resolución en caso Flores sobre mantener a la querella en el caso. Afirma que la condición de ciudadanos está debidamente acreditada.

El juez García declaró un receso hasta las 3 de la tarde para brindar una resolución de las revocatorias planteadas por parte de la defensa.

En el proceso judicial iniciado esta mañana, el juzgador argumentó que hay elementos para establecer indicios por el delito de enriquecimiento ilícito por más $343 mil no justificados.

Además dijo que, respecto a los $5 millones que el exmandatario ingresó en su patrimonio personal, cumplen los parámetros de lavado de dinero -que la querella solicitó que se añadiera- y no a enriquecimiento ilícito, como lo planteó en la acusación la FGR.

Según el juez, se comprobó que la donación de $5 millones de China Taiwán era para proyectos sociales, que no se siguió los canales regulares con la misma y que, hoy por hoy, se desconoce el paradero del dinero.

Flores es acusado de apropiarse y desviar 15 millones de dólares que fueron donados por Taiwán para obras de reconstrucción después de dos terremotos que asolaron el país en 2001.

Según la acusación de la Fiscalía, el exmandatario ingresó en su patrimonio 5 millones de dólares y los restantes 10 millones los desvió a un banco en Costa Rica y posteriormente a una cuenta en El Salvador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Los cheques endosados con los $10 millones sí fueron firmados por Flores, según las pruebas.

Por otra parte, el juez declaró sin lugar la petición de los defensores de separar del caso a los querellantes. “Los abogados querellantes se encuentran suficientemente legitimados para querellar”, argumentó el juzgador.

La defensa de Flores explicó que esperaba fuera sobreseído, mientras la parte querellante augura, de pasar a la siguiente etapa (juicio), un “panorama desolador” por la deficiente investigación de la Fiscalía.

El exmandatario afrontó el 5 y 6 de noviembre la audiencia preliminar, aplazada hasta este jueves por el juez, porque el proceso consta de 143 piezas “que hay que analizar de manera integral”.

Flores, autorizó a Joya para que este escuchará la resolución sin su presencia, dado que el podría ser sometido en los días previos a una cirugía por “pólipos en vesícula biliar”, que se complica por un padecimiento en la sangre que anteriormente le ocasionó una trombosis en una pierna.

No obstante, el abogado aseguró a Acan-Efe que Flores asistirá a la audiencia porque la intervención fue pospuesta, sin detallar la fecha en la que se realizará.

Por su parte, la querellante Bertha Deleón manifestó en una entrevista con Acan-Efe que esperaba “pasar a juicio” porque considera “que existen elementos suficientes”.

Empero, la abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) auguró un “panorama desolador” en esta etapa por una “deficiente” investigación de la Fiscalía, que tampoco pidió se incluyera el delito de lavado de dinero como lo solicitó la querella.

“La Fiscalía omitió por completo investigar y no creo que sea por ignorancia; definitivamente, es un acto claro de favorecimiento para el expresidente”, acotó.

ISD pide cancelar ARENA por estar involucrado en corrupción

Ramón Villalta, el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), una de las ONG querellantes, dijo hoy que el partido ARENA debería ser cancelado por estar vinculado al desvío de los donativos de Taiwán de los que se le acusan al expresidente Francisco Flores.

“No podemos estar con instituciones que se presten al delito de lavado de dinero”, dijo Villalta.

Según la acusación y las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente Francisco Flores ingresó a su patrimonio personal $5 millones de dólares y desvió $10 millones a una cuenta bancaria en Costa Rica del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth, que posteriormente fueron depositados a la cuenta del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Leopoldo López publica su sentencia en las redes sociales

No hay una sola prueba que individualice la responsabilidad del opositor venezolano en los delitos que lo condenan.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de López. / M. GUTIERREZ (EFE)

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de López. / M. GUTIERREZ (EFE)

Alfredo Meza, 14 octubre 2015 / EL PAIS

Las leyes venezolanas obligan a los jueces a publicar las sentencias de los juicios nueve días hábiles después del anuncio de la pena o la absolución de los imputados. En el caso del opositor Leopoldo López, sentenciado a 13 años y nueve meses de prisión a principios de septiembre, el documento se conoce ahora gracias a la iniciativa del propio preso. Este martes, en su cuenta de Twitter, el líder venezolano publicó un enlace al documento de 282 páginas que sustenta la decisión tomada por la abogada Susana Barreiros, titular del Tribunal 28 de Juicio de Caracas.

Los padres de López, Antonieta y Leopoldo, estuvieron entre las personas que escucharon el veredicto, pero ni ellos ni sus abogados recibieron una notificación formal de la publicación de la sentencia. Según ellos, solo escucharon la resolución durante unos 20 minutos. Así lo explicaron a EL PAÍS en una visita reciente a Madrid, mientras denunciaban irregularidades en todo el proceso: “La ley dice que a partir de los nueve días laborables debe hacerse pública, pero los cierres del Tribunal han postergado su publicación. La esperamos, porque solo así podemos apelar… La sentencia fue la lectura literal de la acusación de la Fiscalía. Ella no hizo el trabajo que tenía que hacer: escuchar a las partes y decidir. Leyó la acusación como si no hubiera habido juicio”.

El velo de misterio tendido sobre este caso sigue siendo la norma. Los periodistas tenían prohibida la entrada a las vistas e incluso al Palacio de Justicia, donde se desarrolló el juicio y apenas se han enterado del veredicto. En el fundamento de la sentencia no hay una sola prueba que individualice la responsabilidad de López en los delitos que lo condenan: instigación pública en grado de determinador, daños, agavillamiento e incendio. La juez se ha limitado a convalidar los elementos presentados por la Fiscalía, que mantiene la tesis de que hay una relación entre las arengas de López previas al 12 de febrero de 2014 y los disturbios ocurridos ese día en el centro de Caracas, que terminaron con destrozos en el edificio principal de la Fiscalía General de la República, en una plaza vecina —Parque Carabobo— y en siete vehículos —el balance final de las manifestaciones en las siguientes semanas fue de 43 muertos—. Solo se consideraron las pruebas incorporadas en el debate. A la defensa jamás le permitieron presentar a sus testigos ni promover pruebas.

La juez Barreiros concluye que los sentenciados Damián Martín, Ángel González y Christian Holdack, que también fueron condenados en el mismo proceso, actuaron instigados por López, quien “con un discurso violento a través de medios de comunicación convencionales y alternativos” tenía el propósito de “hacer desaparecer la tranquilidad pública al llamar a un grupo de personas a que desconocieran las leyes y a las autoridades legítimas”.

Apelaciones

La defensa y familiares de Leopoldo López encaran a partir de ahora la posibilidad de presentar recursos. Primero ante la Corte de Apelación y luego ante el Tribunal Supremo, en cuanto a las instancias nacionales.

“Todo esto sin ser nada optimista, porque durante el año y medio de juicio se intentaron varias apelaciones y no fueron concedidas. Y ninguna de las sentencias internacionales que se consiguieron a favor de Leopoldo, como de Naciones Unidas, que se pronunció a favor de su libertad, y que deberían ser de carácter obligatorio puesto que Venezuela es un firmante de los tratados de las Naciones Unidas y miembro del Consejo de Seguridad, fue respetada. Vemos con angustia que internacionalmente no hay fuerza para imponer lo que es una obligación”, sostiene el padre del preso.

Procesados en caso CEL-Enel quedan libres de cargos

Exfuncionarios procesados fueron exonerados de cargos penales y civiles por acuerdo marco y prescripción del caso.

Los abogados de los ocho exfuncionarios procesados expresaron que se había hecho justicia a favor de sus defendidos. foto edh / omar carbonero

Los abogados de los ocho exfuncionarios procesados expresaron que se había hecho justicia a favor de sus defendidos. foto edh / omar carbonero

David Marroquín, 4 julio 2015 / EDH

El caso CEL- Enel ha quedado cerrado en su totalidad.

Ayer, el Tribunal Cuarto de Sentencia no puso reparos para exonerar de cargos penales y civiles a los ocho exfuncionarios que eran procesados por supuestas irregularidades en el proceso de selección de la empresa italiana Enel Green Power como socio estratégico para la explotación geotérmica.

La decisión colegiada de los tres jueces del referido Tribunal fue tomada en una audiencia especial que la Fiscalía y la defensa de los acusados habían solicitado el 11 de junio pasado, para definir la responsabilidad civil (indemnización por supuestos daños y perjuicios a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Además, la defensa solicitó que se cambiara a los acusados el delito de peculado (desvío de bienes públicos) a peculado culposo, porque no hubo intención de causarle daño al patrimonio del Estado.

Dos de los jueces accedieron a esta última petición de los abogados de los ocho procesados, la cual fue avalada por la Fiscalía General.

“No vemos que terceras personas se hayan enriquecido por culpa de los exfuncionarios ahora procesados y que estuvieron en ese proceso de negociación de buscar un socio estratégico”, dijo Manuel Turcios, el juez que presidió la audiencia especial.

El abogado Luis Edgar Morales Joya explicó que las actuaciones de los exfuncionarios procesados están sustentadas con lo que les mandaba la Ley General de Electricidad que fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

La referida ley, según Morales Joya, facultaba a los funcionarios a crear sociedades anónimas de capital variable para mejorar la productividad energética por parte de CEL.

A lo anterior se le sumaba que la autónoma iba camino a la quiebra y necesitaba capital para poder pagar todas sus deudas. “Cuando Enel se incorpora a Gesal y luego LaGeo, lo hace con la emisión de nuevas acciones y CEL mantuvo su capital, nunca CEL autorizó un desprendimiento de su patrimonio, ni tampoco hubo traspaso de bienes del Estado a Enel “, dijo Morales Joya.

Sostuvo además que los ahora sobreseídos tomaron decisiones basadas en recomendaciones técnicas, legales y constitucionales que les hicieron sus asesores.

Como el delito de peculado culposo ya había prescrito (expirado el tiempo para iniciar un proceso judicial), el tribunal no tuvo otra opción que liberar de cargos penales de forma definitiva a los ocho procesados.

Cumplen con acuerdo

El Fiscal General, Luis Martínez, quien participó en la audiencia especial, le reiteró al tribunal que el Ministerio Público renunciaba a la acción civil para los ocho procesados, porque así había acordado el Estado de El Salvador con la empresa Enel en diciembre pasado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) en Washington, Estados Unidos.

Enel abrió el proceso en el Ciadi el año anterior después que las autoridades salvadoreñas abrieran una causa penal y civil contra la firma italiana, sus ejecutivos y los exfuncionarios salvadoreños.

Martínez recordó que la demanda en contra de El Salvador se encuentra en suspenso en el referido centro de mediación internacional hasta que se cumpla totalmente el acuerdo marco en su totalidad o, de lo contrario, el Estado salvadoreño se arriesga a que la empresa italiana vuelva a reactivar la demanda.

“Es una medida urgente para que El Salvador pueda acudir al Ciadi a cerrar el caso, luego de haber cumplido con el acuerdo marco”, dijo Martínez (Nota aparte).

El 6 de junio pasado se cumplió el plazo de 180 días que tenían las partes, Estado de El Salvador y Enel Green Power, para cumplir con todos los compromisos pactados en el referido acuerdo, entre estos que todos los procesados en los tribunales de justicia salvadoreños sean exonerados de la responsabilidad civil.

“Es un compromiso de país, es un compromiso de Estado, que el Fiscal General está en la obligación de hacer cumplir el acuerdo marco para acudir al Ciadi a cerrar el litigio internacional”, les dijo Martínez a los tres jueces que integran el referido tribunal.

Los abogados defensores encabezados por Edgar Morales Joya, quien defendió al expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, secundaron la petición de exonerar de la acción civil a sus defendidos.

“Este acuerdo fue firmado por el Fiscal General en representación del Estado de El Salvador”, dijo Morales Joya al respaldar la petición hecha por el fiscal Martínez.

Cesan restricciones y embargos

Tras dar a conocer el fallo, el Tribunal de Sentencia decidió levantar las medidas restrictivas que tenían los procesados y además ordenará que se levanten los embargos de los bienes y cuentas bancarias de los mismos.

El fiscal Martínez sostuvo que en ningún momento se puede considerar que hubo impunidad en este caso por el hecho de que “fueron sometidos a un proceso judicial y los jueces han resuelto, y los fallos de los jueces deben respetarse. Nosotros no somos perseguidores, ni inquisidores ni andamos buscando venganza”.

Una de las jueces votó en contra del cambio del delito de peculado a peculado culposo, porque, según destacó, ni siquiera se había establecido que hubiera delito.

“Se ha declarado un hecho culposo (no intencional) cuando no se ha definido si hay delito. Se ha declarado sobreseimiento definitivo por prescripción (liberación de cargos por expiración de la persecución del delito) sin definirse si las personas son responsables… eso es contrario a lo que señala el artículo 11 de la Constitución de la República”, dijo la jueza.

Sin embargo, la jueza estuvo de acuerdo en la extinción de la responsabilidad civil con base en el acuerdo marco firmado por el Estado salvadoreño con Enel Green Power.

De esa manera acabó en El Salvador el proceso penal contra ocho exfuncionarios relacionados con la firma del contrato con Enel para la explotación de energía geotérmica en el país.

El proceso penal se abrió después que arrancara una batería de al menos 35 programas y cadenas de radio y televisión del expresidente Funes, quien alegaba que había habido corrupción en la suscripción del contrato.

La defensa alegó durante el proceso que los acusados firmaron un contrato con la empresa italiana Enel basados en la Ley General de Electricidad, por lo que no había ningún delito que perseguir.

Pero, principalmente, el caso no tuvo razón de ser después que el Estado de El Salvador llegara a un arreglo con Enel y comprara las acciones de la compañía en LaGeo, con lo cual quedó claro que si esta transacción fue legal, también lo fue el contrato inicial.

Fallo pone fin a litigio con Enel.
Tribunal sobresee a ocho acusados en caso CEL-Enel

Fiscal general dijo que la resolución le permite presentarse al CIADI a ponerle fin al litigio con Enel. Tribunal sobreseyó luego de acceder a cambiar delito por el cual eran procesados ocho exfuncionarios.

Naj0407-CasoCELENEL-File03-1 Jessica Ávalos, 4 Julio 2015 / LPG

Los ocho procesados del caso CEL-Enel están libres de cargos desde ayer. Fueron sobreseídos definitivamente por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, en una audiencia que rompió con varias convenciones, una audiencia en la que fue el mismo fiscal general de la República, Luis Martínez, quien se sentó frente al estrado de los jueces y de su propia voz pidió que se le diera cumplimiento al Acuerdo Marco firmado con Enel para ponerle fin a un litigio comercial. La de ayer fue una audiencia en la que, a diferencia de muchas otras, tanto Fiscalía como defensa salieron satisfechas con el veredicto.

“Lo importante es que estamos cumpliendo lo que se acordó el 6 de diciembre en el CIADI… Que nadie se equivoque y que nadie los equivoque porque sabemos que va a haber gente pusilánime criticando, pero esto lo hemos hecho de frente, de cara a la población”, dijo el fiscal general, tras conocer la decisión anunciada por el juez Manuel Edgardo Turcios.

La Fiscalía, según Martínez, se presentará la próxima semana al CIADI, un centro de arreglos del Banco Mundial, a ponerle punto final a un conflicto que se intensificó desde 2008, cuando el Estado salvadoreño impidió que Enel se convirtiera en el socio mayoritario en LaGeo.

Los ocho exfuncionarios de Gobierno habían sido acusados de haber favorecido a Enel para que progresivamente se hicieran del control de LaGeo.

Édgar Morales Joya, uno de los defensores, dijo que la resolución demuestra que “fueron actuaciones de funcionarios en el marco de la ley, esa es una de las situaciones que ha establecido el tribunal para decidir. Asimismo el Estado salvadoreño ha llegado a un acuerdo y es otra de las circunstancias que el tribunal ha tomado en cuenta”.

El Tribunal Cuarto de Sentencia accedió a las dos peticiones que le hicieron en la audiencia especial: a petición de la defensa y la Fiscalía, liberó de cargos civiles a los ocho; y a petición de la defensa, y con la anuencia de la Fiscalía, cambió el tipo de delito por el cual estaban siendo procesados.

Fue ese cambio de tipificación de delito (de peculado doloso a peculado culposo) lo que dio paso al sobreseimiento definitivo, ya que el tribunal declaró la prescripción del peculado culposo, es decir, estableció que se había agotado el tiempo para juzgarlos por ese delito. Los procesados Guillermo Sol Bang (expresidente de CEL), Miguel Lacayo (exministro de Economía), Pedro Escalón, Thomas Hawk, Carlos Chavarría, Jorge Simán, Julio Olano y Ricardo Palomo.

El fiscal dijo que “de ninguna manera” el caso queda en la impunidad porque “fueron sometidos a un proceso judicial y los jueces han resuelto, y los jueces sus fallos deben respetarse y nosotros lo hemos pedido, no somos perseguidores, inquisidores”.

La audiencia especial inició a las 9:31 de la mañana. Desde el principio, la Fiscalía planteó a los jueces que el proceso judicial mantenía en suspenso el acuerdo alcanzado con Enel en Washington. “Estamos claros que a lo largo de todo este proceso se generó desaliento para las inversiones. Conscientes de eso, buscamos soluciones a grandes problemas”, dijo el fiscal durante la audiencia.

“No podemos hablar de una intención dolosa de una persona que publicita todas sus acciones”, argumentó Morales Joya, respecto al proceso que siguieron los exfuncionarios para buscar a un socio estratégico para la explotación de energía geotérmica.

Ángel Samuel Torres Rojas, el abogado que estaba en representación de INE, subsidiaria de CEL, no puso objeciones a ninguna de las dos peticiones.

Personeros de la embajada de Estados Unidos en el país permanecieron durante la audiencia como oyentes. También asistieron los diputados Ana Vilma de Escobar y Johnny Wright Sol. El caso, dijo Morales Joya, al final de la tarde, “por lo menos de parte de la Fiscalía y por parte de la defensa está cerrado”.