Guillermo Miranda Cuestas

Déjà vu. De Guillermo Miranda Cuestas

¿Cuándo desempolvaremos los libros, y las mentes, para construir un país diferente al heredado? Siempre hay simpatía por quienes piensan igual, pero poca empatía por quienes disienten.

Guillermo Miranda Cuestas, 8 marzo 2017 / EDH

Pensar diferente no es un problema en el país de la sonrisa, hasta que se dice lo que se piensa en voz alta. Así sucedió durante la segunda mitad del siglo XIX. Roberto Valdés, en su investigación doctoral de filosofía, analiza el conflicto ocurrido entre liberales católicos, también llamados “conservadores”, y liberales radicales, conocidos como “liberales” a secas o liberales “secularizantes”, a la luz de las posturas de la época. “La enseñanza es libre; pero la que se dé en establecimientos costeados por el Estado será laica”, estableció el artículo 33 del Proyecto de la Constitución de 1885. La respuesta conservadora apareció en el semanario El Católico, donde se aseguró que los liberales lograron “privar a la niñez salvadoreña de la enseñanza religiosa, arrancar de su corazón las enseñanzas que sus padres le dan desde la cuna, sembrar en ella la duda y la negación de toda verdad católica, entregarla a maestros de su devoción que impriman en su alma formas laicas” (15 de noviembre de 1885).

El movimiento liberal generó reacciones parecidas en otros países. Valdés menciona el caso del obispo de Portoviejo, Ecuador, que en 1892 acusó a los liberales de promover un “gobierno ateo o sin Dios, conciencia sin Dios, libertad de culto o religión, enseñanza y escuelas sin Dios, matrimonio ateo o civil”. El obispo advirtió que “el mismo Lucifer que se alzó contra Dios, es el autor y maestro de todas esas falsas libertades”. ¿Nota alguna familiaridad con el presente?

En El Salvador del siglo XXI, cualquier atrevimiento a debatir sobre aborto o matrimonio entre personas del mismo sexo provoca reacciones similares. “Urge que el movimiento conservador y cristiano de la derecha retome el control”, afirmó un tuitero conocido hace algunas semanas. La misma persona, ante un incidente ocurrido en un colegio privado cuyo reglamento restringe el uso de símbolos religiosos, aseguró que “la persecución cristiana está mas cerca de lo que muchos padres pensamos”. Resulta extraño hablar de persecución en un país donde el arzobispado brinda conferencias de prensa cada domingo con amplia cobertura mediática; o bien, donde destruir un mural declarado patrimonio cultural, bajo la justificación de tener “el símbolo de la masonería”, queda impune.

En El Salvador del siglo XXI, la descalificación es recurrente. En estas mismas páginas, una colega columnista respondió a otro colega de origen alemán, que había disentido sobre el tema del aborto, con una acusación a la canciller Angela Merkel de ser parte de los “gobiernos ateos que buscan hacer de este mundo uno ‘Illuminati’ donde se rinde culto a Satanás” (octubre de 2016). En otras columnas sobre el mismo tema, la colega ha asegurado que “ninguna feminista puede ser católica” (octubre de 2011) y se ha preguntado si “no es viable creer que la Organización de las Naciones Unidas sea el Anticristo anunciado que reinará antes del final de los tiempos” (agosto de 2005).

En El Salvador del siglo XXI, los derechos humanos se violan a diario en un país que se autoproclama cristiano. El pasado 16 de enero, mientras se celebraba la firma de la paz, la Sala de lo Constitucional confirmó la desaparición forzada de tres jóvenes en un operativo militar. Meses atrás, la Sala concluyó que el sistema penitenciario, con más de 30 mil reos cuando su capacidad es de 8 mil, contraría la dignidad humana. Y la lista continúa: desde ciudadanos de segunda categoría en términos de salud, educación y protección social, hasta distintas formas de discriminación.

¿Cuándo desempolvaremos los libros, y las mentes, para construir un país diferente al heredado? Siempre hay simpatía por quienes piensan igual, pero poca empatía por quienes disienten. Ahora que las redes sociales permiten compartir opiniones con cientos de personas, incluidos familiares, amigos, conocidos y extraños, es cuando más necesitamos comprender que no es normal coincidir en todo –como bien dijo J. S. Mill, ni la humanidad es infalible ni la diversidad diabólica–; que discrepar no es motivo para personalizar la discusión, sino una oportunidad para enterarse de otras perspectivas (porque el pensamiento humano no termina en la metafísica de Aristóteles); y que mientras no ejercitemos el hábito de la escucha y de la curiosidad ante el disenso, habrá poca cabida para un diálogo constructivo.

@guillermo_mc_

Vientos de incertidumbre. De Guillermo Miranda Cuestas

guillermo miranda cuestasGuillermo Miranda Cuestas, 23 julio 2016 / EDH

En 1968, Samuel Huntington señaló un elemento común en aquellas sociedades donde el gobierno efectivamente gobierna: su grado de institucionalización. En estos países, las instituciones políticas se adaptan a cambios del entorno, son complejas en sus funciones y estructuras, guardan independencia respecto a otros grupos y existen consensos sobre cuáles son sus objetivos y cómo deben cumplirse.

Según Huntington, los períodos de inestabilidad ocurren cuando sube la participación política o la movilidad social y las instituciones no son capaces de administrar dichos cambios o de satisfacer nuevas demandas. El Salvador, donde cada semana se observan nuevos escándalos que generan conmoción e incertidumbre, no escapa de esta teoría.

diario hoyEn las décadas intermedias del siglo XX hubo procesos importantes de modernización del estado en términos de política monetaria, de programas sociales en áreas básicas como salud y vivienda y de reconocimiento constitucional de derechos de segunda generación –trabajo, educación y salud, entre otros incluidos en la Constitución de 1950. Sin embargo, no hubo voluntad de ampliar significativamente la recaudación tributaria y bajar así niveles inaceptables de exclusión social y pobreza. Asimismo, aunque en 1963 se introdujo el sistema proporcional a la elección de diputados y con ello la oposición entró al Órgano Legislativo, la política fue finalmente controlada por grupos militares al punto de violar derechos fundamentales y deslegitimar el acceso al poder a través de elecciones. Estas contradicciones no encontraron instituciones competentes para resolver dicha conflictividad y el país entró, terminada la década de los setentas, al período más triste de su historia entre dos bandos radicalizados.

Actualmente se presenta un déficit institucional preocupante. La actual Sala de lo Constitucional inició en 2010 un activismo judicial a favor de derechos como el sufragio, el acceso a la información pública o, recientemente, al acceso a la justicia tras expulsar la Ley de Amnistía de 1993. Si bien puede estarse a favor o en contra de sus sentencias, no puede negarse la validez técnica y la independencia con que actúan los magistrados. Quienes no han hecho su trabajo son los políticos que insisten en mantener las instituciones al servicio de sus intereses; poco han hecho por construir consensos sobre política fiscal, definir la concesión de servicios estratégicos, dignificar el sistema de salud y el sistema penitenciario, fiscalizar las donaciones a sus partidos, elegir funcionarios idóneos o combatir la corrupción al más alto nivel. Por ejemplo, mientras la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía requiere de un Órgano Judicial eficaz, los diputados llevan casi un año sin elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, institución clave en el sistema de justicia.

Otra área preocupante es el sistema electoral. Si bien ahora existen nuevas formas de elegir diputados, voto en el exterior, cuotas de género o concejos pluripartidarios, las instituciones no están a la altura de varios de estos avances. La Ley de Partidos Políticos no provee instrumentos para transparentar el financiamiento; el Código Electoral continúa desfasado en temas sensibles como el recuento de votos o la regulación de campañas; y el Tribunal Supremo Electoral no tiene la estructura ni los recursos necesarios para administrar y juzgar procesos electorales de forma efectiva. El tormentoso conteo de la última elección legislativa es consecuencia de lo anterior.

Se hizo la guerra, se firmó la paz, pero la institucionalización sigue pendiente. El no contar con instituciones funcionales no solo preocupa por la falta de certidumbre, sino por el riesgo de reiniciar ciclos de inestabilidad o de estancamiento. Y la culpa no será de la Sala de lo Constitucional, sino nuestra al tolerar ciertos políticos anclados en viejos vicios: desde el diputado que disparó borracho a una policía, los expresidentes con ingresos no justificados o los dirigentes de dobles discursos que ocultaron sus acercamientos con pandilleros; hasta el actual presidente y sus correligionarios que brillan por su incoherencia como se evidenció con la Ley de Amnistía, el ministro encargado de regular a la misma empresa de hidrocarburos a la que debe cientos de miles de dólares y los deshonestos que aún gritan “golpistas” o “desestabilizadores” a quienes plantean, entre otras cosas sensatas, la colaboración de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad como ocurre en Guatemala. De continuar así, la culpa será nuestra; y el costo, muy alto.

@guillermo_mc_

Los “Funes Papers”. De Guillermo Miranda Cuestas

guillermo miranda cuestasGuillermo Miranda Cuestas, 8 abril 2016 / EDH

El escándalo producido el pasado domingo por la filtración de millones de documentos del despacho de abogados en Panamá Mossak Fonseca, llamado “Panama Papers”, es una excelente oportunidad para quienes luchan por la justicia. Sin embargo, también lo es para quienes están dispuestos a desinformar y a dar cátedras de cinismo con tal de callar sus pecados. Antes de desarrollar este punto, resulta necesario aclarar lo siguiente.

La introducción de dineros resultantes de la corrupción, del tráfico de ilícitos o de la evasión de impuestos, entre otros crímenes, merecen todo el castigo de la ley. Asimismo, el debate informado sobre si es ético o no utilizar mecanismos legales diario hoypara contraer obligaciones tributarias más favorables es válido, a la vez que es válido apartar de esta discusión a quienes efectivamente han realizado inversiones en Panamá. Lo que no se vale es que un expresidente, actualmente procesado por presunto enriquecimiento ilícito, distorsione esta discusión sin afrontar sus responsabilidades.

La primera reacción del expresidente Funes ante el escándalo mencionado fue atacar a los medios de comunicación. Aunque la noticia fue cubierta en varios periódicos –incluso fue portada en este medio– el señor Funes aseguró que “los grandes medios no le han prestado mayor atención” a una noticia “que ha conmocionado al mundo”. Posteriormente, el exmandatario lanzó su diatriba tradicional contra empresarios e inició una cruzada en redes sociales contra la evasión de impuestos. Afortunadamente, tenemos memoria.

La ley salvadoreña sanciona con prisión a quienes omitan declarar hechos generadores de impuestos, precisamente, bajo el delito de “evasión de impuestos” (artículo 249-A, Código Penal). En 2009, el entonces candidato Mauricio Funes recibió de un empresario casi $3 millones de los cuales, en caso de tratarse de una donación personal, tendría que haberse pagado el impuesto correspondiente. En un enredo de contradicciones, el expresidente ofreció distintas versiones sobre dicha transacción: fue una donación personal (marzo, 2009); aunque realmente, fue un préstamo que se pagaría con la deuda política del partido (marzo, 2009); o más bien, fue una deuda personal que habría sido perdonada por el donante (noviembre, 2013); o de hecho, fue una donación al partido, ingresada a su cuenta personal para “agilizar ese recurso”, y por tanto no sujeta a impuestos porque los partidos no tributan (noviembre, 2013); o la explicación más reveladora, “encontramos la forma de no pagar impuestos, justamente para que no implicara pago de impuesto y no implicara ningún compromiso de carácter personal” (diciembre, 2013).

Lo más escandaloso no es que el donante fue posteriormente postulado por el expresidente como primer designado a la Presidencia y que su hijo fue nombrado por el exmandatario para continuar al frente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), sino la incertidumbre de lo que ocurrió después con ese dinero. Un detalle clave: el ministro de Hacienda dijo haber analizado el caso y concluyó que Funes había cedido el contrato al FMLN y por tanto nunca hubo que pagar impuestos por dos razones incompatibles: porque el empresario había condonado la deuda al FMLN y porque los partidos no pagan impuestos de sus donaciones (diciembre, 2013). Sin embargo, un mes antes de esas declaraciones y ante la pregunta de si el partido recibió ese dinero en algún momento, el secretario general del FMLN, Medardo González, respondió: “De ese tema no voy a hablar, de eso no tengo nada que decir”. Según un informe de auditoría de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la cuenta a la que ingresó esta donación fue cerrada en agosto de 2015 con saldo positivo.

Así como debe investigarse si existen actividades ilícitas asociadas a los Panama Papers, la justicia debe determinar si Mauricio Funes es o no un evasor de impuestos dado los indicios descritos. Mientras los salvadoreños no presionemos a las autoridades a actuar –en este caso, al Fiscal General– el abuso del poder seguirá impune. En Islandia, el involucramiento del primer ministro en el escándalo Panama Papers provocó que la gente saliera masivamente a las calles a exigir su renuncia. Como símbolo de protesta, varios islandeses llevaron bananas a las manifestaciones para expresar que, a su juicio, este tipo de corrupción es propio de las “repúblicas bananeras”. Al día siguiente, el funcionario suspendió sus labores indefinidamente.

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Buen viaje, señor presidente. De Guillermo Miranda Cuestas

guillermo miranda cuestasGuillermo Miranda Cuestas, 26 marzo 2016 / EDH

Hay quienes usurpan un honor que no merecen, con un oficio que no saben hacer. Así habla la conciencia del señor presidente, personaje central del primero de “Doce cuentos peregrinos”, de Gabriel García Márquez, cuyo título encabeza esta columna. Enfermo en el exilio y sin las glorias que los políticos buscan heredar del poder, el señor presidente no esconde el costo de su insensatez: “lo peor que pudo pasarle a nuestro pobre país es que yo fuera presidente”, concluye. En El Salvador, el actual presidente todavía tiene tiempo para no caer en esa desgracia; por ello escribo esta columna con dos solicitudes concretas.

diario hoyPrimero, no escape de sus responsabilidades. La masacre de San Juan Opico o la suspensión de operaciones de la principal empresa proveedora de agua potable deberían ser motivos suficientes para asumir responsabilidades. Sin embargo, hasta en estas circunstancias, usted y sus funcionarios buscan escapar de distintas formas: escapa un presidente cuando, en medio de la crisis, viaja a otro país para rendir tributo al régimen que financió su campaña presidencial mientras sumergía a Venezuela en el peor desastre económico de América Latina del que aún no sale; escapa el ministro que planeó la tregua entre pandillas cuando decide no contestar una pregunta válida sobre la autorización de actividades ilícitas en un centro penitenciario; y escapa un funcionario encargado de potenciar las inversiones cuando asegura que la suspensión de operaciones de una empresa por razones de violencia es “normal en economía”. También escapa un secretario técnico que acusa a las empresas de financiar a las pandillas sin mencionar que, en realidad, quienes pagan la extorsión lo hacen para proteger vidas humanas precisamente porque el Estado es incapaz de cumplir su función más básica.

Segundo, no jueguen con el estado de excepción. La suspensión de garantías constitucionales es una medicina que puede resultar más dañina que la propia enfermedad. Por un lado, hay antecedentes graves de abuso de poder que no han sido esclarecidos: desde la represión desproporcionada de la policía hasta la utilización de la escucha telefónica como instrumento de chantaje de un exfiscal; desde el ingreso de ilícitos a las cárceles hasta la delegación de funciones estatales a particulares que mediaron en la tregua; o desde el ocultamiento de documentos públicos en beneficio de un expresidente hasta el acoso cibernético de círculos vinculados a un alcalde. Otorgar más poder a personas que no se comportan como lo exige la ley y que no reciben sanción alguna por ello es un peligro innegable. Por otro lado, antes de decretar estado de excepción el gobierno debe agotar los canales ordinarios de represión del delito, explicar por qué aun así dichos canales son insuficientes y detallar cómo la suspensión de ciertas garantías contribuirá a alcanzar resultados específicos. Hasta este momento, la narrativa del gobierno de que la inseguridad es una percepción provocada por un plan de desestabilización contradice la supuesta necesidad de un estado de excepción.

En fin, el problema de no asumir responsabilidades al buscar culpables y de escoger la salida fácil con un estado de excepción improvisado no solo lo afecta a usted, señor presidente. Es cierto que usted sería recordado, como tantos, como otra decepción; pero el verdadero problema es el costo que pagaremos los salvadoreños en una sociedad cada vez más inviable. Basta de medidas reactivas que son más mediáticas que efectivas, como fue la Ley Antipandillas en respuesta a la masacre del bus incendiado en Mejicanos en 2010. Basta de abordar temas delicados con una ligereza monumental, como sucede con las pensiones cuya propuesta tuvo que haberse presentado en septiembre de 2014 según lo prometido. No haga el problema más grande de lo que ya es, señor presidente.

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¿Quién es Joao Santana? De Guillermo Miranda Cuestas

guillermo miranda cuestasGuillermo Miranda Cuestas, 4 marzo 2016 / EDH

“Agradezco y quiero hacer esta noche un testimonio público a mi asesor y amigo, Joao Santana”. Ese fue el primer agradecimiento personal que brindó Mauricio Funes la noche del 15 de marzo de 2009 como presidente electo. Antes de dar las gracias a su familia, a sus hijos y a su entonces esposa, el exmandatario agradeció a un personaje que todavía no era conocido en la opinión pública salvadoreña, pero que ahora ocupa varios titulares de medios de comunicación por encontrarse detenido por orden de la justicia brasileña en un escándalo de corrupción, sobornos y lavado de dinero que involucran al Partido de los Trabajadores de Brasil, a la empresa petrolera estatal brasileña, Petrobras, y a la empresa Odebrecht. Los siguientes hechos justifican que todos los salvadoreños nos preguntemos, ¿quién es Joao Santana?, ¿qué es Polistepeque?, y ¿cuál es la responsabilidad del expresidente Funes en la contratación millonaria de esta empresa en 2009?

diario hoy“Todos manipulan, todos persuaden. Existe un hilo muy débil que separa la persuasión de la manipulación”. Así se expresó Joao Santana en su bibliografía elaborada por el periodista Luiz Maklouf Carvalho. Santana es un publicista brasileño que se ha dedicado, durante las últimas décadas, a trabajar en esa área gris entre la manipulación y la persuasión como estratega de campañas electorales. Lo hizo con Lula y Rousseff en las elecciones de 2006, 2010 y 2014 –y tuvo éxito– con Chávez y Maduro en 2012 –y tuvo éxito– y con Mauricio Funes en 2009 –y tuvo éxito. De hecho, cuando las autoridades brasileñas decretaron su orden de captura, este se encontraba en República Dominicana, donde trabaja en la campaña de reelección del presidente Medina. Según la Policía Federal de Brasil, el publicista recibió cantidades millonarias de dinero a través de contratos fraudulentos de la empresa de construcción Odebrecht, vinculada a los escándalos de corrupción entre Petrobras y el Partido de los Trabajadores de Brasil.

“Se determinó que solo una empresa de las que opera en el país cumple con lo requerido, especialmente en contar, como parte de su estructura, con producción propia y amplia experiencia de su personal en el asesoramiento de estrategias gubernamentales a nivel internacional”. Esta fue la justificación dada por el gobierno salvadoreño el 9 de noviembre de 2009 para contratar de forma directa –es decir, sin licitación pública alguna– la millonaria publicidad de más de una docena de instituciones públicas a favor de la empresa Polistepeque Comunicación y Marketing, que había sido inscrita solo cinco semanas después de la toma de posesión de Mauricio Funes por Joao Santana. La ley permite este tipo de contratación cuando el servicio es brindado por un único proveedor en todo el país (artículo 72, LACAP), lo cual es sumamente cuestionable en el caso de la publicidad gubernamental. Mientras varios medios de comunicación informaron sobre esta controversial contratación, la Superintendencia de Competencia abrió una investigación (que luego cerró sin explicación alguna) y las organizaciones de sociedad civil FESPAD, ISD y FUNDE reportaron tal situación ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción en febrero de 2010.

¿Cuál es la responsabilidad de Mauricio Funes en el caso Polistepeque? El juicio de enriquecimiento de ilícito al que se encuentra sometido el expresidente es una excelente oportunidad para responder esta pregunta. Curiosamente, al conocer su orden de captura, Joao Santana aseguró que en Brasil se vive un “clima de persecución”. Tal vez Mauricio Funes todavía se asesora de este maestro de la persuasión y la manipulación; o tal vez el argumento de la “persecución” solo sea una retórica común entre los que temen el peso de la verdad.

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Tres escuelas de ciudadanía y una pregunta retórica. De Guillermo Miranda Cuestas

Mi país. La última vez que lo visité, mi primo insistió en ir al estadio a un juego de la selección mayor de fútbol. En esa ocasión, el adversario era un equipo caribeño…

guillermo miranda cuestas

Guillermo Miranda Cuestas, abogado, candidato al máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford

Guillermo Miranda Cuestas, 27 noviembre 2015 / LPG

la prensa graficaEscuchar el himno en el estadio Cuscatlán es una experiencia única. Justo al final del coro, con la frase “consagrar”, las cervezas tiemblan por el vibrante cantar de la afición. “Al menos hay algo que nos une”, pensé. Francamente, fue un pensamiento estúpido. En la jornada apareció de forma constante el mayor monstruo del país: la violencia. Violencia durante el himno del adversario, que, como ya es tradición, motivó a la mayoría a dar la espalda, sacar el dedo y silbar como trogloditas; violencia en cada saque de esquina de nuestros visitantes, quienes recibían recipientes arrojados desde la gradería y gritos cargados de racismo; violencia contra las autoridades que llamaron a la calma y recordaron las sanciones de tal comportamiento, lo que las hizo acreedoras de más insultos. Mi primo tuvo que aclararle a su hijo de nueve años, en repetidas ocasiones, que eso no era normal, que se trataba de un grupo de patanes y que mejor se concentrara en el juego.

El Salvador no es un estado fallido, pero sí disfuncional. Las cosas no funcionan no solo por los políticos, sino por nosotros, los salvadoreños. Los políticos no son extraterrestres que invadieron el gobierno; son salvadoreños elegidos –y muy pocas veces controlados– por salvadoreños. Las instituciones no funcionan porque la audacia de romper reglas básicas de convivencia es vista como una virtud. La misma agresividad observada en un evento deportivo ocurre en el tráfico, en las redes sociales, en la escuela más precaria o en el colegio más pudiente. En todos estos lugares se transmiten patrones de violencia. Por ello, cuando se discute sobre el país que viene, resulta fundamental hablar de educación y ciudadanía.

En mi capítulo titulado “Tres escuelas de ciudadanía y una pregunta retórica”, inicio con una introducción sobre el concepto de ciudadanía. La palabra viene de “ciudad”, en referencia a la polis griega. Cuando Aristóteles definió al ser humano como animal político no se refería al poder político, sino a la dinámica social de las personas en lo público, en la polis, en la ciudad. De allí que la conciencia ciudadana sea el reconocimiento de esta interacción social, que deriva en obligaciones para sus miembros y en derechos reconocidos y protegidos por una organización política llamada Estado. La familia, la academia y el trabajo son los tres espacios de formación ciudadana que planteo y de los cuales hago una breve reflexión, precedida por vivencias personales.

La conciencia ciudadana no es resultado del azar. Afuera hay varios héroes ciudadanos, como mi primo con su hijo, que se preocupan por concientizar a otros sobre la responsabilidad de vivir en comunidad y por traducir esa conciencia en acción, ya sea dentro o fuera del hogar. En un país con índices de pobreza y violencia inaceptables, la acción debe comenzar por los que contamos con un hogar donde nunca faltó afecto ni alimento, por los que recibimos una educación donde pudimos explotar nuestro ingenio o por los que tenemos trabajos donde podemos contribuir a nuestras familias y a nuestro país.

¿Cuál es el país que viene? Esa es la pregunta retórica con que finaliza el capítulo. Si el país que tenemos es el fruto de lo cosechado años atrás, el país que viene depende de lo que se construya ahora. Por ello necesitemos más héroes ciudadanos que den lo máximo cada día e inspiren a otros a creer en El Salvador.

¡Revolución o muerte, narraremos! De Guillermo Miranda Cuestas

En su libro sobre la revolución, la filósofa Hannah Arendt advierte que el poder absoluto se convierte en despotismo una vez ha perdido conexión con un poder mayor. La historia demuestra en ciertos casos cómo la narrativa de una “revolución”, que supone entregar el poder al pueblo, olvida su causa inicial y sirve de excusa para atropellar los derechos más básicos de las personas. No se trata de derechas o de izquierdas; de hecho, el primer ejemplo a destacar proviene de los regímenes militares en El Salvador.

guillermo miranda cuestasGuillermo Miranda Cuestas, 26 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyEl Salvador tuvo una revolución en 1948. Al menos, esa fue la narrativa que planteó la élite política de aquel entonces. El Monumento a la Revolución en San Salvador –conocido popularmente como “El Chulón”, por tratarse de un hombre desnudo– corresponde a este período. La “Revolución del 48” fue un movimiento militar que derrocó al poder de turno y que derivó en el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), que postuló a los dos militares que presidieron el país en los años cincuenta.

El PRUD trató de importar el modelo del Partido Revolucionario Institucional de México. En 1950 se aprobó una Constitución que insertó, por primera vez, una gama de derechos sociales –llamados también “de segunda generación”– y el sufragio universal para las mujeres. Pese a estos y otros avances, principalmente en materia social y financiados por un repunte en los mercados del café y del algodón, la narrativa revolucionaria nunca se tradujo en un verdadero proceso democratizador. Uno de los principales déficits fue establecer un sistema electoral que favorecía al partido en el gobierno. Precisamente, después de los golpes de 1960 y 1961, la primera reforma política ocurrió en 1963 cuando se abrió la representación legislativa a los partidos de oposición a través del sistema proporcional, que aún sigue vigente. Se trató entonces de una mera narrativa revolucionaria con enfoque social y autoritarismo… ¿suena familiar?

En pleno 2015, algunos afirman que hay una revolución en Venezuela. Durante la primera década del Siglo XXI, el alza en los precios del petróleo permitió al gobierno venezolano financiar numerosos programas sociales que redujeron la pobreza de forma significativa. Pasada la bonanza, la historia demostró una vez más la insostenibilidad de un modelo económico basado en el sabotaje a la iniciativa privada. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza y la indigencia han crecido en los últimos cinco años a niveles superiores a los de inicios de la década de los noventa, cuando la crisis socioeconómica abrió camino a un militar golpista que luego se convertiría en el comandante de dicha revolución. Asimismo, pasada la bonanza, las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se efectuarán a través de un sistema electoral matemáticamente tramposo y en medio de diversos ataques a la oposición, ya sea mediante el encarcelamiento de sus líderes o de las amenazas del presidente actual, quien ya prometió una “unión cívico militar” en caso de perder los comicios.

En El Salvador de 2015 también hay otra narrativa revolucionaria. El partido en el gobierno, autodenominado como “democrático, revolucionario y socialista” y cuya marcha termina con el eslogan “¡revolución o muerte, venceremos!”, acaba de realizar un congreso en el que concluyó que su socialismo integra el modelo de “empresa de economía mixta”. Su empresa Alba Petróleos de El Salvador está formada con capital público –tanto de Venezuela como de El Salvador– y financia no solo las empresas y las campañas electorales de los dirigentes del partido, sino al ministro de Economía encargado de regular el mercado de hidrocarburos. Y mientras estos gobernantes elevan la bandera del socialismo, reducen en varios millones el presupuesto en educación para el año siguiente.

Por tales contradicciones, ese tipo de narrativas no duran indefinidamente y el peso de la historia las derrumba tarde o temprano. Eso sí, entre más tarde se despierta, mayores son los costos.

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