elección de magistrados

Carta a Carlos Calleja: Hora de golpear la mesa. De Paolo Luers

8 noviembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Unos hablan de 120 días de no elegir a los 5 magistrados; 120 días sin Sala de lo Constitucional, 120 días con Corte Suprema incompleta. Como esto es inaceptable, su grito ha sido “¡Elijan YA!”

Otros hablamos de 120 días de resistir el intento de elegir una Sala con magistrados no idóneos y no independientes; y de 120 días de hacer fracasar el intento de cambiar la correlación en la Corte Plena a favor de quienes quieren ponerle nuevamente candados a las investigaciones de Probidad y enriquecimiento ilícito. Presionamos con la consigna “¡Solo elijan a los más idóneos!”

No ha sido nada fácil resistir la tentación de elegir ya, aunque no sean los más idóneos, para salir del huevo. Tuvo que golpear la mesa Carlos Calleja para poner en sintonía a los diputados de las 3 fracciones de su coalición. La posición unificada de principios (principios de idoneidad y de independencia) tuvo tanto éxito en la opinión púbica que hasta el FMLN comenzó a flexibilizar sus posiciones – y solo no dio sus votos por su compromiso con GANA. Incluso dentro de GANA se produjeron fisuras y varios diputados comenzaron a cuestionar el boicot de su partido y su candidato a la elección de los magistrados, porque vieron que subió demasiado el costo político que iban a pagar.

Y en este momento crítico salen 3 diputados de ARENA diciendo que están dispuestos a votar por Sonia de Cortez, la candidata de GANA, aunque saben que es la peor evaluada de los 30 candidatos, la menos idónea. Primero Guillermo Escalante, el yerno de Milagro Navas; luego Bonner Jiménez y Arturo Simeón Magaña. Con el argumento que es hora de “desentrampar” a elección…

No sé si es la venganza de Milagro, todavía dolida porque nadie hizo caso a su intención de convertirse en la compañera de fórmula de Carlos Calleja. Algo tendrá que ver ella, porque jamás se ha visto a su yerno tomar una decisión propia, sin consultar a ella.

El problema de fondo: Todavía hay diputados, alcaldes y dirigentes dentro de ARENA que no tienen diferencias de fondo con GANA. Les da menos vergüenza votar con Gallegos y Cia. que tener una candidata a vicepresidente tan progresista y tan poco arenera como Carmen Aída Lazo. Ni siquiera el hecho que GANA se ha vuelto taxi de Bukele les impide conspirar con ellos, sobre todo cuando se trata de hacer frente común contra una Sala y una Corte Plena comprometidas con seguir investigando la corrupción, venga de donde venga.

ARENA está pagando el costo de haberse deshecho de los diputados incómodos pero honestos, como Juan Valiente y Johnny Wright, en vez de deshacerse de los diputados proclives a hacer cosa común con GANA – y que comparten más valores con una operadora política como Sonia de Madriz que con una intelectual independiente como Ivette Cardona.


Espero que Carlos Calleja nuevamente golpee la mesa, aun con el peligro de definitivamente perder el apoyo de algunos diputados. De todos modos están boicoteando su intento de crear una nueva imagen de ARENA. Si no habla claro corre el peligro que otros diputados de su coalición usen el argumento de “desentrampar” la elección de los magistrados para votar junto a GANA.


Saludos,

 

Carta a los candidatos: Pónganse serios. De Paolo Luers

6 octubre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados candidatos presidenciales:
El candidato de Gana, Nayib Bukele, hizo una propuesta a sus competidores: Propongo que los 4 candidatos presidenciales nos reunamos y consensuemos una propuesta de Sala de lo Constitucional para los diputados de la Asamblea. Si bien es atribución única de los diputados, estoy seguro que una propuesta de consenso de nosotros 4 desentramparía la elección.”

Tal vez suena bonito a algunos, pero no es una propuesta seria. Es una movida demagógica – y peligrosa, porque implica llevar el asunto de la elección de los magistrados, ya jodido por su indebida politización, al plano electorero. Por suerte, nadie le hizo caso.

¿Por qué es demagógica esta propuesta? Primero, porque gestiones de este tipo, si realmente la intención es remover obstáculos, no se hacen como reto en Twitter. Resolver una crisis institucional requiere de construir confianza – y es lo que menos hacen GANA y su candidato. Segundo, cada candidato primero tiene que poner orden en su propia casa, antes de buscar mecanismos extra-institucionales que, mal hechos, pueden profundizar la crisis en vez de resolverla. O sea, cada candidato, si quiere aportar a una solución, tiene que hacer valer su influencia en su propio partido y sus diputados. Y al ser necesario, golpear la mesa, pero la mesa en su casa, no en Twitter.

El único que ha hecho esto fue Carlos Calleja, con el resultado que las bancadas de su alianza electoral han consensuado una propuesta sólida, basada en la idoneidad de los candidatos a magistrados. Esta propuesta es perfectamente aceptable para todos que están dispuestos de despojarse del afán de regresar al esquema de cuotas partidarias – y de toda intención de bloquear la elección de la Sala.

¿Cuál sería la conveniencia de no tener Sala? Algunos en el FMLN creen que les conviene que no exista Sala de lo Constitucional que pueda ejercer control de la constitucionalidad de leyes y de las actuaciones del Ejecutivo. Para otros, en GANA y Nuevas Ideas, porque les conviene que el país viva una crisis institucional, porque les ayuda mostrar que el sistema partidario no sirve – y que se necesita a un líder que moviliza “al pueblo” a transformarlo.

El candidato del FMLN debería asumir liderazgo y convencer a su partido que no puede ser su interés seguir bloqueando la elección de los magistrados y alargar la crisis institucional – y que hay otras formas, más civilizadas, de asegurar al gobierno del FMLN la gobernabilidad que necesita para terminar su mandato sin fiasco.

Bukele y GANA deben pensar en serio si quieren seguir jugando con el fuego de una crisis artificialmente alargada. Se pueden quemar las manos. La granada que quieren tirar a lo que llaman “el sistema de los mismos de siempre” puede explotarles en la mano – electoralmente hablando.

Calleja debe asegurar que la unidad alcanzada dentro de su alianza no se rompa por bayuncadas como la última de Rodolfo Parker, cuando propuso mecanismos inconstitucionales (traslado de magistrados, elección parcial de la Sala). Y además, para desbloquear la situación, debe animar a sus partidos que se abran a una concertación con el Frente que genere gobernabilidad – tanto para el gobierno saliente como para el entrante. Mientras el FMLN ve en la alianza legislativa con GANA la única manera de terminar su gobierno sin perder la cara, va a apoyar a GANA en su afán de bloquear la constitución de la próxima Sala.

Si los candidatos presidenciales quieren aportar a resolver esta crisis, que cada uno haga su tarea – en su casa.  

Saludos,

Se deteriora la institucionalidad. De Erika Saldaña

10 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El Salvador sigue sin Sala de lo Constitucional. Han pasado casi sesenta días desde que los nuevos magistrados tuvieron que tomar posesión de su cargo. Mientras tanto, cientos de salvadoreños ven desprotegidos sus derechos constitucionales porque no hay tribunal que les resuelva sus demandas y la Asamblea Legislativa está desinflada en el esfuerzo de que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en un punto muerto.

Hace un par de semanas, varios diputados manifestaron que “nadie se muere porque no haya Sala de lo Constitucional”. No se mueren personas, pero sí se deteriora el Estado de Derecho. Sin un tribunal que proteja los derechos constitucionales de los ciudadanos y limite el poder de las entidades estatales, poco a poco se muere la institucionalidad del país. No tener Sala de lo Constitucional es igual de grave a que se elijan personas que no son idóneas para el cargo como magistrados. Se debe elegir los más pronto posible a las personas que cumplan con el perfil que demanda el cargo.

Además del desgaste en la institucionalidad, aumenta la mora judicial y son los ciudadanos los que sufren el incumplimiento de la Asamblea Legislativa. Del trabajo de la Sala de lo Constitucional, los diputados únicamente tienen en mente las sentencias que les molestaron o las que iban en contra de sus intereses políticos. Pero la Sala emitía mucho más que sentencias en esos temas. Los magistrados del periodo 2009-2018 dejaron al país un amplio legado jurisprudencial en temas relacionados a derechos a la salud, medio ambiente, a la estabilidad laboral, al agua, a la libertad económica, a la equidad tributaria, a la verdad, a la seguridad, entre otros temas relevantes.

En los últimos nueve años, la Sala de lo Constitucional emprendió una tarea titánica: se resolvieron más de novecientos procesos heredados por los magistrados que dejaron sus cargos en 2009 y, además, se le dio respuesta a las más de mil demandas anuales que se presentaron en el periodo. A la fecha la Sala de lo Constitucional tiene pendiente de resolver 159 hábeas corpus, 422 amparos y 171 inconstitucionalidades. Por esto también es grave la omisión de la Asamblea Legislativa de elegir magistrados, ya que la mora judicial aumenta y las personas desprotegidas siguen ahí.

Esto no puede seguir así. Ya es hora que exijamos a los partidos políticos que actúen conforme a lo que tanto predican en la Asamblea Legislativa. Si tanto pregonan que trabajan por elegir a los mejores perfiles para el cargo de magistrado y a personas independientes de cualquier poder político o fáctico, lo que tienen que hacer es elegirlos. Ya no es momento de inventar la rueda; el Consorcio por la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción publicó una tabla donde se promedian las notas obtenidas por cada candidato a magistrado, producto de las evaluaciones hechas por la Iniciativa Social para la Democracia, Acción Ciudadana y el diputado no partidario. Si de verdad queremos a los mejores perfiles, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben salir de los mejores evaluados.

En este punto crítico para El Salvador también los líderes de cada partido tienen que asumir un rol relevante. Y por líderes hago especial énfasis en los candidatos presidenciales de cada uno de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Carlos Calleja, Nayib Bukele y Hugo Martínez han reiterado un sinfín de veces que ellos son la cara de una renovación política; es hora que demuestren su liderazgo y su verdadero compromiso con el país haciendo conciencia a los partidos que los impulsan de la trascendencia de elegir a los mejores perfiles como magistrados. Candidatos, ustedes tienen la opción de demostrar que son parte de la renovación de los partidos y que quieren que las cosas se hagan de la mejor manera posible.

Cada encuesta recuerda a los partidos políticos que la ciudadanía está cansada y decepcionada de la forma en que actúan los políticos. Pongan atención a ese rechazo, no sigan deteriorando su imagen; las bancadas legislativas deben asumir el rol que les corresponde y elegir lo más pronto posible a las personas mejor capacitadas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sigan cometiendo errores en el proceso de elección. Recuerden que los votantes los estamos observando.

El Ejecutivo se está convirtiendo en Tribunal Constitucional. De Florentín Meléndez

Florentín Meléndez, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

3 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Ante la resistencia de nombrar Magistrados de la Sala de lo Constitucional que cumplan los requisitos de moralidad y competencia notorias, independencia, capacidad y honestidad que exige el cargo, la población queda desprotegida en sus derechos fundamentales, y los ciudadanos no pueden presentar demandas de inconstitucionalidad de las leyes ante la Sala, que es el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, a petición de cualquier ciudadano. (Art. 183)

La falta de nombramiento de los Magistrados está ocasionando graves efectos y consecuencias en la protección de los derechos constitucionales, en la institucionalidad democrática del país y, particularmente, en el proceso de formación de las leyes.

Según la Constitución, cuando la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley, lo debe enviar al Presidente de la República para que lo “sancione,” si es que está de acuerdo; o para que lo “vete” o rechace, si considera que es un proyecto de ley inconveniente o violatorio de la Constitución. En este último caso, si la Asamblea en una nueva votación ratifica el proyecto de ley con mayoría calificada (56 votos), deberá el Presidente de la República enviarlo a la Sala de lo Constitucional para que ésta resuelva, en el plazo de 15 días, el conflicto entre la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo y decida si el proyecto de ley es o no constitucional. (Arts. 138 y 174)

En la actualidad, esta facultad de control constitucional de las leyes que tiene la Sala no se puede ejercer en los casos en que el Presidente “vete” dichos proyectos por motivos de inconstitucionalidad y la Asamblea Legislativa los ratifique posteriormente en una nueva votación por mayoría calificada, ya que no está conformado el tribunal competente para resolver el conflicto entre los dos poderes del Estado –Ejecutivo y Legislativo–, imponiéndose en definitiva, el “veto” ejercido por el Presidente del Órgano Ejecutivo, que es parte interesada en el conflicto de poderes. Por lo tanto, mientras la Asamblea Legislativa no nombre a los Magistrados de la Sala no se puede resolver el conflicto entre poderes por la vía que señala la Constitución.

Como consecuencia de ello, el Órgano Ejecutivo se está convirtiendo en la práctica y de manera indefinida, en el ente decidor del conflicto de poderes que se presenta en el proceso de formación de las leyes; es decir que se está convirtiendo en el tribunal constitucional del país, ejerciendo indebidamente el poder de decidir qué proyecto de ley es o no constitucional, ante el vacío producido por la omisión de los legisladores de nombrar a Magistrados idóneos para el cargo.

Por lo tanto, el proceso de formación de las leyes se está viendo seriamente afectado, ya que por la falta de nombramiento queda anulado indefinidamente el control de constitucionalidad de las leyes que debe ejercer la Sala por mandato de la Constitución, y no se está garantizando el principio de la división de poderes ni el sistema de pesos y contrapesos, propios de un Estado Constitucional de Derecho.

Otra de las graves consecuencias que está ocasionando la falta de nombramiento de los Magistrados es que las demandas que han ingresado después del 15 de julio pasado, que suman más de 100; y los 770 procesos constitucionales que están en trámite (510 amparos, 89 habeas corpus y 171 procesos de inconstitucionalidad), están paralizados, afectándose con ello los derechos constitucionales de toda la población.

Todo este estado de cosas inconstitucionales que suceden en la Asamblea Legislativa, al no nombrar oportunamente a los candidatos idóneos para desempeñar los cargos más importantes, se ha convertido en una práctica de los legisladores que constituye una grave y flagrante violación a la Constitución, que debe ser erradicada para bien del país.

 

Maña vieja: madrugones en la Asamblea Legislativa. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

27 agosto 2018 / EL DIARIO DE HOY

Los diputados en la Asamblea Legislativa lo quieren seguir haciendo: “los madrugones”. Así como la legislatura del año 2000 dolarizó el país en un madrugón, así quisieron meternos gol el jueves pasado, casi eligiendo magistrados cuando el país dormía. Qué mala maña. Diputados, el poder del pueblo es delegado, no de ustedes. Ya deberían tener claro que la ciudadanía quiere las cosas de manera transparente y, además, magistrados competentes, honestos e independientes en la Corte Suprema de Justicia.

Para los que no saben que son “madrugones”, pues es cuando aprueban decretos a la carrera, con dispensa de trámite y de madrugada. Prometieron en enero, febrero y marzo de este año que las elecciones de funcionarios ya no se realizarían por reparto de cuotas partidarias. No han cumplido. Se dividen los puestos públicos con base en intereses partidarios. Esto no es ideológico, ni de diferencias honestas por las corrientes de pensamiento jurídico; estos intereses son: lo que yo o mi grupo quiero, necesito y lo creo que es mío. Es cualquier cosa, menos el interés por el bien público o de la mayoría.

La semana pasada vivimos un episodio en el que, mientras todos dormían, la Asamblea se preparaban para elegir magistrados. A la fecha de envío de estas palabras, los diputados llevaban cuarenta días sin elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Intentaron hacerlo en la plenaria del pasado jueves, donde la Comisión Política fue súbitamente convocada alrededor de las siete de la noche; cerca de la medianoche desistieron del intento de elección. Aunque el retraso vuelve urgente la elección, los diputados también están obligados a comprobar que eligen a los candidatos más idóneos. Y, en este caso, las formas también importan.

A pesar de que muchos diputados tienen décadas en la Asamblea Legislativa, nunca aprendieron que los madrugones, a oscuras y de espalda a la población, no son la forma en que se deben aprobar los decretos y las leyes. El debate y la transparencia son el pilar fundamental del trabajo parlamentario; ahí deberían exponerse las distintas ideas políticas y, con la discusión, llegar a un consenso que beneficie a las mayorías. Esto, a la vista de toda la población.

Los diputados deberían tener clarísima su obligación. Sin embargo, la práctica ha sido “llevar cocinados” los decretos y autorizarlos con dispensa de trámite en la madrugada. Así se aprobó de manera muy cuestionada la dolarización en la época del presidente Francisco Flores; así se aprobó la última reforma al sistema de pensiones, un parche que tendrá que revisarse dentro de un par de años porque no resuelve un problema estructural; así se han aprobado presupuestos de la Nación desfinanciados y deudas millonarias a través de préstamos; así se han elegido funcionarios que no cumplen con los requisitos de moralidad y competencia notorias; así se han acostumbrado a trabajar, a oscuras y a espaldas de la población.

Los diputados no han entendido que la erradicación de estas malas prácticas nos beneficia a todos. A los ciudadanos, porque estamos en nuestro derecho a que los representantes en la Asamblea Legislativa hagan su trabajo conforme a la Constitución. Y a ellos mismos, porque así se evita que las bancadas mayoritarias utilicen la prepotencia política a su conveniencia. La historia nos ha dejado claro que la política se mueve en forma de péndulo, pasando de izquierda a derecha y viceversa. No puede ser que, lo que tanto criticó un partido cuando era minoría, es lo que incoherente y descaradamente hace cuando tienen mayoría.

Diputados, no han hecho el esfuerzo de rectificar el proceso que pretendieron impulsar; ese que se quedó a medias, sin baremos y solo en las promesas de campaña. Si bien la Asamblea Legislativa es el órgano político por excelencia, donde la negociación se vuelve inevitable, esta debe ser sobre una base objetiva. En este caso, sobre la base de los mejores perfiles y descartando aquellos que no cumplen los requisitos para el cargo.

Los políticos han hecho lo que quieren con nuestro país, simplemente porque los hemos dejado. Nosotros debemos aspirar siempre e insistir en el “deber ser”, en que se elijan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con base en mérito y no por cuotas partidarias. Y que se haga con transparencia, no en madrugones.

Sordos y sin vergüenza. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

20 agosto 2018 / EL DIARIO DE HOY

Sordos, así son la mayoría de los políticos de El Salvador. Pensamos que después de los Acuerdos de Paz, al quitarle al presidente de la República la facultad de ser un reycito y delegar más poder en los políticos electos en la Asamblea Legislativa, el país sería mucho mejor. Creímos que la división del poder político nos aseguraba más balances y contrapesos, elemento necesario en una república. La premisa fundamental detrás de la idea anterior era que los políticos siempre tendrían en su mente el bienestar de la mayoría. Pero no fue así. Lo que inició con buenas intenciones, queriendo quitar el poder al presidente y regresar a la Fuerza Armada a los cuarteles, derivó en otra esfera de poder que ahora actúa a su antojo.

“Los poderosos hacen lo que desean y los débiles sufren los abusos”, dijo Tucídides, filósofo e historiador griego, durante las guerras del Peloponeso. Aplicándola a nuestra realidad, el poder pasó de pertenecer a un par de personas, a muchas después de los Acuerdos de Paz; pero la actitud de los que lo usan sigue siendo la misma. Hacen lo que quieren y nosotros los ciudadanos no somos escuchados y sufrimos las consecuencias. Lo peor, la mayoría de políticos se consideran intocables e impunes.

Por eso es que son sordos y sin vergüenza. Podemos señalarlos, quejarnos, pedir que renuncien y simplemente no nos hacen caso. Por eso crean viceministerios a conveniencia, para proteger funcionarios cuestionados; por eso se suben el sueldo cuando no ponemos atención; por eso compran camionetas que no necesitan o tienen vales de gasolina que despilfarran; por eso algunos se hicieron cirugías plásticas y tomaron licores finos a nuestras costillas; por eso tenemos diputados que casi matan policías; por eso contratan a parientes, amigos o más que amigos en plazas del gobierno. Por eso el gobierno está inflado de gente y es, buena parte del tiempo, inefectivo e ineficiente. ¿Por qué lo hacen? Simple, porque pueden.

¿Y por qué pueden? Primero, porque los hemos dejado. Y, además, porque después de los Acuerdos de Paz los políticos se han asegurado de manejar las elecciones de funcionarios a su antojo, para que el sistema de frenos y contrapesos funcione lo menos posible. Por eso no quieren una buena Corte Suprema de Justicia, una Corte de Cuentas efectiva, un buen Fiscal General o una Sala de lo Constitucional independiente. El Estado para muchos de ellos ha sido un buen negocio, un buen protector o la escuela de negocios de Harvard. Basta ver cuántos millonarios hay o han salido de la Asamblea Legislativa.

Cuando se trata de sus obligaciones, muchos de nuestros políticos hacen las cosas a medias. Una reforma de pensiones que es un parche, aprueban medidas extraordinarias que en poco o nada solucionan los problemas de delincuencia, son inefectivos en lograr que la población tenga agua todo el tiempo, construyen pasos a desnivel que no resuelven el problema del tráfico, mantienen los hospitales sin medicinas, mandan el presupuesto de la nación incompleto y los otros se los aprueban.

Caso especial es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta es una elección para la década. Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional anterior fueron independientes, dejándonos un país con mayor control y participación ciudadana. Pero estos cambios no son irreversibles y a muchos les gustaría volver atrás, al tiempo en el que las cúpulas partidarias de los partidos decidían con muy poquísimo o nada de control. Los diputados de todos los partidos están sacrificando la idoneidad de los candidatos para satisfacer sus intereses privados, queriendo poner en el puesto a personas que no han comprobado su competencia para el cargo.

Lo peor de todo es que los políticos no escuchan. Les decimos que respeten la institucionalidad, que hagan bien su trabajo, que los balances, los contrapesos y la transparencia son herramientas para lograr el bien común. Pero no nos escuchan, no tienen vergüenza; creen que la ganancia inmediata de muchos de ellos y sus grupos está por encima de la mayoría. No hay que quitar el dedo del renglón; aspiremos a una república en la que los políticos ya no sean sordos y sin vergüenza. La ciudadanía debe actuar. Esto tiene que cambiar.

Carta a los activistas de la Sociedad Civil: “¡Elijan bien!” versus “¡Elijan ya!”. De Paolo Luers

2 agosto 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados amigos:
Comparto la preocupación que todos ustedes expresan sobre el peligro que significa no tener Sala de lo Constitucional. Es grave. Pero pongámonos serios: Mucho más grave sería tener una mala Sala – electa a tiempo, pero incluyendo manzanas podridas.

La única manera que la Asamblea, con la matemática que tiene, hubiera podido elegir a tiempo era repartiendo cuotas: Te doy un magistrado de Sala, y de oferta dos suplentes…

Evitar esto fue la exigencia unánime de todas las organizaciones de la sociedad, que vigilan este proceso de elección de magistrados. Todos exigimos a los diputados que eligieran a los mejores, y no a los más cercanos a sus partidos.

Esta presión cayó principalmente sobre ARENA. Por una simple razón: Es el único partido que tiene capacidad de veto. Sin votos de ARENA no pueden elegir a ningún magistrado, aunque todos los demás se pusieran de acuerdo. Por esto hemos exigido a ARENA que usara su veto. Y todos, yo incluido, criticamos fuertemente a ARENA cuando sacó a luz su primera lista de elegibles, que inexplicablemente incluía a Carlos Pineda, director de Probidad, y Sonia de Madriz, titular de la Procuraduría General, ambos ampliamente cuestionados por todos nosotros – y con razón…

La presión funcionó. ARENA entendió que para evitar un serio desgaste político y electoral tenía que asumir la responsabilidad de garantizar que no hubiera chanchullo y que salieran electos solamente los candidatos más calificados, independientes e idóneos. Parece que Carlos Calleja al fin golpeó la mesa, porque sabía que el costo político de una mala elección lo iba a pagar él. ARENA depuró la lista de elegibles, y la que quedó coincide con las evaluaciones de los organismo independientes de vigilancia social.

El problema es que para elegir magistrados no son suficientes los votos que ARENA y sus aliados PCN y PDC que pueden sumar. Juntos con el diputado no partidario, quien propone a los mismos candidatos, llegan a 49 de los 56 votos que se necesitan. Nos guste o no, esto obliga a ARENA a negociar o con GANA o con el FMLN.

Hasta la fecha estos partidos no abandonaron su exigencia de tomar en cuenta a algunos de sus favoritos – que precisamente son candidatos que todos ustedes están vetando.

La única solución es: En estas negociaciones gradualmente eliminar a los no elegibles, y reducir la lista a los candidatos que cumplen todos los requisitos. Tanto GANA como el FMLN tienen en sus listas a varios candidatos que sí cumplen estos requisitos. Algunos de estos también son elegibles para ARENA y para la Sociedad Civil. Si cualquiera de los dos, el Frente o GANA, deja de insistir en los impresentables, la Asamblea puede elegir inmediatamente.

Lastimosamente, ARENA no ha sabido comunicar toda esta situación de empate. Tiene como voceros en este asunto a sus diputados con menos credibilidad y capacidad. Es por eso que ahora existe la situación absurda que el costo del retraso se lo cobran a ARENA – narrativa ágilmente construida por sus adversarios y algunos medios, como El Faro y Factum. Urge que Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, como fórmula presidencial de la coalición, asuman su liderazgo – y la responsabilidad de explicar la crisis y cómo solucionarla.

Nosotros, desde la sociedad civil y la opinión pública, deberíamos enfocar bien nuestra presión. La exigencia “¡Elijan bien!” tiene prioridad sobre la consigna “¡Elijan ya!” Si no, el “¡Elijan ya!” se convertirá en “Elijan como dé lugar” – y obtendremos un reparto de cuotas y una mala Sala.

Saludos y felices vacaciones,