Mauricio Landaverde, el director general de la PNC que el día 22 de enero fue juramentado como nuevo ministro de Seguridad, el día anterior dio respaldo al inspector jefe Joaquín Eduardo Hernández Rodríguez, quien había denunciado ante la fiscalía general a El Diario de Hoy de «apología de delitos terroristas» – por un artículo sobre el control de las pandillas en la ciudad capital. Se puede interpretar, entonces, que esta denuncia, que significa una amenaza seria para el ejercicio de la libertad de prensa, refleja la posición oficial del nuevo ministro de Justicia y Seguridad.
Segunda Plana
Mauricio Ramírez Landaverde, hasta viernes 22 de enero 2016 director general de la PNC, ahora ministro de Justicia y Seguridad
Mauricio Ramírez Landaverde, director de la PNC evadió afirmar si él había dado la orden de pedir a la Fiscalía investigar al periódico por la publicación de distribución territorial de las pandillas.
El director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaver respaldó esta mañana la decisión de la corporación policial de denunciar a El Diario de Hoy ante la Fiscalía General de la República, tras la publicación de una serie de reportajes sobre la distribución que las pandillas se han hecho de San Salvador, la capital, por considerar que se cometieron supuestos ilícitos.
Pero ante la inquietud de uno de los periodistas, que ¿si él dio la orden de investigar a EDH por sus publicaciones? sin reponder concretamente, el comisionado Ramírez Landaver contestó que «es obligación de la Policía reportar estos casos a la Fiscalía General de la República para que se investigue».
La Policía puso un aviso a la Fiscalía contra El Diario de Hoy casi un día después de las publicaciones en diciembre, y pidió que se investigara por la supuesta «apología del delito» o elogio a la actividad criminal de las pandillas. El aviso fue girado pr el jefe del Departamento de Investigaciones de la Delegación Centro, inspector Joaquín Eduardo Hernández Rodríguez.
Los reportajes que el EDH publicó entre el 19 y 22 de diciembre sobre como las pandillas se han repartido el territorio, no tenía otra motivación más que alertar preventivamente a la población para que tome sus precauciones a la hora de transitar por ellos, además para remachar el derecho a la seguridad ciudadana con más presencia policial en los sitios más violentos.
El Instituto de Acceso a la Información Pública,resolvió el lunes anterior que la Policía debe brindar los mapas de distribuición territorial que las maras se han hecho del país, tal y como lo solicitó el periódico La Prensa Gráfica y que la Corporación se lo negó por considerar que es información reservada.
El centro de San Salvador se ha convertido en uno de los principales escenarios de violencia por la falta de conocimiento de la forma en que las maras se han apoderado de la capital.
El director de proyectos de Fundamedios, de Ecuador, Mauricio Alarcón, aseguró que aprobar una “ley mordaza” contra los periodistas como la que impulsa GANA en la Asamblea Legislativa y que respalda el FMLN, sería un “grave retroceso” en materia de democracia y derechos humanos en El Salvador.
El director de Fundamedios se encuentra en el país para participar como ponente en el seminario “Principios Liberales” en evento Academia Libertad que hoy realiza la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). Ver programa.
“El momento en que el Legislativo de El Salvador apruebe una norma de ese tipo estaríamos retrocediendo gravemente en garantía de derechos humanos”, manifestó Alarcón, quien disertará precisamente sobre el tema: “Medios de Comunicación: Su defensa y la libertad”.
Alarcón relató cómo en su país el presidente Rafael Correa ha intentado cerrar Fundamedios, fundación dedicada desde el 2007 a monitorear y a denunciar las medidas de censura a los medios de comunicación, y de persecución y amenazas contra los periodistas por parte del gobierno ecuatoriano, pero que gracias a la presión internacional esa pretensión de Correa, se desmontó.
Según dijo, tanto en su país como en el nuestro, el periodismo de investigación de actividades de corrupción en las esferas del Estado, es lo que molesta a los funcionarios públicos. Eso podría estar ocurriendo con esta reforma al Código Penal que impulsa GANA, con la que pretende penalizar con cárcel los delitos de injuria, calumnia y difamación.
“Una prensa y un periodismo independiente que investiga actos de corrupción de autoridades públicas, quizá eso es lo que les molesta, que la ciudadanía se entere de lo que están haciendo sus políticos, y por eso sancionar a un periodista, sancionar a un medio de comunicación, sería fatal”, estimó Alarcón en entrevista con El Diario de Hoy.
Al director de Fundamedios también le preocupa el discurso de la dirigencia del FMLN en su recién pasado congreso partidario, donde atacó a los medios de prensa independientes, a la empresa privada y hasta dijo que irían por el control del Órgano Judicial.
A juicio de Alarcón, esos discursos son propios de la época cuando el FMLN era una estructura guerrillera.
“Se les olvidó que ya se cayó el Muro de Berlín, que ya se cayó la cortina de hierro y que ya no estamos para recuperar conceptos que lo único que les interesaba era obtener el poder para reprimir al crítico”, dijo.
También se refirió al tema de la oficina de “troles” conocida como Búnker que fue desmantelada por la Fiscalía y la Policía por clonar la página web de La Prensa Gráfica, en la cual se procesa a Andrés Ricardo Ortiz Lara, quien además trabajó en el diseño de una aplicación para la Alcaldía capitalina y fue empleado de Casa Presidencial.
“Las malas prácticas se contagian. Venezuela, Ecuador fueron de los primeros países que denunciaron la creación de “Troll Center” de manera oficial por parte de instancias del gobierno que no solo están ahí para clonar páginas de medios de comunicación, sino para a través de cuentas falsas perseguir, hostigar y amenazar a críticos en redes sociales”, dijo Alarcón.
No obstante, añadió el ecuatoriano, en esto de defender las libertades no solo es deber de los periodistas independientes, sino de todos los salvadoreños.
“La libertad es algo que se conquista día a día y que tenemos que trabajarla todos y cada uno de los ciudadanos. No tenemos que esperar a que nos toquen, no tenemos que esperar a que le pase algo a una persona cercana para reaccionar”, enfatizó.
La fracción del FMLN respalda la propuesta que presentó la semana pasada diputados de la fracción de GANA para penalizar con cárcel –y no con multa– la difamación, la calumnia y la injuria.
Roger Blandino Nerio, diputado del FMLN, dice que, si un empresario de un medio de comunicación escrito o de televisión difama a una persona, debe pagar con cárcel.
“No ocurre por un desliz (publicaciones), tiene intencionalidad política, tiene dolo, si tiene dolo, si es hecho con gana de afectar a la persona, ¿por qué no va a ser castigada la persona que lo hace?, así sea el dueño de un periódico importante o de una televisora”, consideró el diputado.
El legislador del partido de gobierno sostiene que castigar con cárcel la difamación, calumnia e injuria no atenta la libertad de prensa. “Así como a un ciudadano se le sigue un proceso por cometer una calumnia, al periodista o dueño de medio que cometa calumnia, se le siga el debido proceso y se le pueda meter preso. ¿En qué atenta a la libertad de prensa? Si es un delincuente el que lo hace, así sea un periodista, un dueño de medio”, declaró el diputado.
Sin embargo, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) consideró la iniciativa de GANA de un retroceso en la libertad de expresión.
Blandino Nerio aseguró que, cuando él fue alcalde de Mejicanos por el FMLN, fue difamado por varios periódicos y recordó que los señalamientos que le hacían fueron desvanecidos.
La propuesta de GANA deja fuera, al menos de manera expresa, de la nueva penalización las difamaciones que se hagan por medio de las redes sociales. No obstante, el diputado del FMLN cree que se puede buscar aprobar la Ley de Delitos Informáticos, para penalizar a la difamación por medio de redes sociales.
Este partido presentó el proyecto de reforma, en una coyuntura en donde ha habido publicaciones periodísticas sobre el crecimiento patrimonial de diputados. Ayer, Nerio aseguró que no buscan vengarse de los medios de comunicación por estar publicando los bienes de los funcionarios.
Carlos García, diputado del FMLN, cree que debe haber ley para sancionar estos delitos contra el honor, aunque dice que antes se debe demostrar que hubo un delito de los medios de comunicación.
“Lo tenemos en debate (en la fracción), yo personalmente estoy de acuerdo, no se puede aceptar que hasta campañas (de difamación) se levanten. Si como medio informa y calumnia, tengo derecho a demandarlo, debe ser para todos, planteo que haya ley”, declaró.
El diputado del Partido Concertación Nacional (PCN), Mario Ponce, reiteró su rechazo a la iniciativa de GANA de castigar con cárcel estos delitos. “No vamos a acompañar ninguna propuesta que coarte la libertad de prensa en este país”, declaró Ponce.
PDC dice defiende la libertad de prensa
Arnoldo Marín, diputado suplente del PDC, rechazó la pieza de GANA, que pide cárcel para quienes difamen, calumnien o injurien. Marín dijo que el PDC seguirá luchando por la libertad de expresión. El PDC tiene un diputado.
PCN cree es ataque a la prensa
Mario Ponce, del PCN, dice que la propuesta de GANA es un ataque a la libertad de prensa. El PCN tiene seis diputados. Tres (Francisco Merino, Reynaldo Cardoza y Serafín Orantes) votaron el jueves junto a GANA y FMLN.
ARENA ve jugada para tapar corrupción
La bancada de ARENA no respalda la pena de prisión para dueños de medios y periodistas, dice que el proyecto pretende tapar ganancias de algunos funcionarios de esos partidos. ARENA tiene 33 diputados en la Asamblea Legislativa.
FMLN apoya cárcel por estos delitos
Dos diputados del FMLN, partido de gobierno, consideran debe haber una ley que castigue con cárcel a dueños de medios o periodistas por calumnia, difamación o injuria. El FMLN tiene 31 diputados en la Asamblea.
GANA pide hasta ocho años de prisión
Guillermo Gallegos reiteró ayer que la fracción mantiene la propuesta de penalizar la difamación, calumnia e injuria. GANA tiene 11 diputados. Las penas podrían ir desde tres a ocho años según el delito y su gravedad.
En las últimas cinco semanas el periódico ha registrado decenas de amenazas y ha llevado el caso ante la Fiscalía. Además, ha hecho del conocimiento de esa institución y de las autoridades de Seguridad Pública información que parece apuntar a operaciones de seguimiento a sus periodistas.
El periódico El Faro presentó el pasado 16 de julio una primera denuncia, y este martes 11 de agosto de 2015 su respectiva ampliación, por una serie de amenazas recibidas en las últimas semanas, a propósito de dos publicaciones en las que denunció abusos y posibles ejecuciones extrajudiciales cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil.
El 16 de julio este periódico pidió a la Fiscalía General de la República que investigue y persiga a las personas que, a través de redes sociales, lanzaron amenazas contra la integridad física de algunos periodistas de El Faro, después de que el medio publicara la nota «Aquí ya no caben más: mátenlos», que relata una brutal paliza a un detenido esposado en la Delegación centro de la PNC. El martes de esta semana, presentó una ampliación de esa denuncia debido a que por los mismos medios fueron comunicadas otra serie de amenazas después de que se publicó la crónica «La Policía masacró en la finca San Blas», en la que se reconstruye un operativo policial en el que murieron ocho personas, ocurrido el 26 de marzo de este año en San José Villanueva, La Libertad. Los testimonios y documentos periciales recogidos por El Faro contradicen la versión oficial de la Policía, que afirma que las ocho víctimas eran pandilleros y que todas las muertes se produjeron durante un intercambio de disparos.
«Espero en Dios poder capturar a una maldita rata empleada de ese periódico basura», escribió un usuario el pasado 3 de agosto, en una publicación en la página de Facebook del periódico. «Allá por La Sultana hay que ir a ametrallar», escribió desde un perfil anónimo otra persona, en alusión a la colonia donde se ubican las oficinas de El Faro. «Ojalá hubieran acribillado a los miembros del Faro», añadió otro. «Si estuvieran en Guatemala, ya les hubieran quemado sus instalaciones y a ustedes seguro los linchan», comentó otra persona, en una publicación sobre el mismo tema, el 6 de agosto. El Faro ha archivado decenas de estos ejemplos, que en algunos casos también se individualizan contra sus periodistas.
«Español es esa mierda, matémoslo como lo que le pasó al otro en La Campanera por ser bocón», comentó un usuario en Facebook en respuesta a un tuit de uno de los autores de la crónica de la masacre de San Blas. La amenaza parecía aludir al asesinato del fotoperiodista hispano-francés Christian Poveda, en 2009. «Ojalá y termines como Poveda por insultar a todos los que no somos mareros», escribió alguien en Twitter.
El periódico también tiene información que apunta a que en las últimas tres semanas ha habido seguimiento físico a algunos de sus periodistas. Esta información, junto con un registro de las amenazas recibidas, ha sido entregada a la Fiscalía y puesta en conocimiento de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Seguridad Pública.
El artículo 154 del Código Penal dice que «el que amenazare a otro con producirle a él o a su familia, un daño que constituyere delito, en sus personas, libertad, libertad sexual, honor o en su patrimonio, será sancionado con prisión de uno a tres años», sin embargo, esa pena de prisión puede ser reemplazada por castigos alternativos. Uno de los agravantes de este delito es si las amenazas se producen de forma anónima, en cuyo caso, la pena del delito aumenta de tres a seis años y ya no es excarcelable.
El director de El Faro, José Luis Sanz, lamentó que se esté atacando a periodistas por cumplir con su labor de investigar y denunciar. «El clima de dolor y miedo que hay en el país explica que haya reacciones viscerales hacia las pandillas y hacia la denuncia que hizo El Faro, pero es inadmisible que un periodista reciba amenazas por hacer bien su trabajo. La sociedad salvadoreña tiene que reflexionar sobre el rumbo que están tomando las cosas», analizó Sanz. «La labor del periodista no es subirse en la ola de la opinión pública, sino impulsar a la sociedad a la reflexión sobre sí misma y exigirle mayores niveles de humanidad y respeto al Estado de Derecho. Ojalá que las autoridades sienten un precedente ante quienes amenazan a periodistas y garanticen la seguridad de quienes ejercen el periodismo no solo en El Faro, sino en el resto de medios del país», agregó.
El precedente más inmediato de acoso a periodistas de este medio ocurrió en julio del año pasado, cuando policías de la División Antinarcóticos detuvieron en un reten a Óscar Martínez, el coordinador de la Sala Negra de El Faro, expresamente para cuestionarlo por su relación con una fuente. Aquel caso también fue puesto en conocimiento de las autoridades pero no derivó en ninguna sanción a los agentes implicados. De acuerdo con el ránking de la organización Reporteros sin Fronteras, El Salvador bajó siete posiciones en 2014 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
En 2013, la Asociación de Periodistas de El Salvador reportó ocho casos de agresiones a la prensa; en 2014, esa cifra subió a 28 casos.
Sólo en lo que va de la década de 2010, Internet ha demostrado su poder para transmitir ideas y promover la libertad. La red permitió que el ‘periodismo ciudadano’ denunciara en videos, imágenes y texto a tiempo real, fenómenos como la denominada ‘Primavera Árabe’ en Túnez, Libia y Siria, desafiando dictaduras que gobernaron durante décadas. Internet permitió la articulación de manifestaciones contra la corrupción e injusticia social en Brasil, en vísperas del mundial de fútbol 2014, y la utilización de redes de información y comunicación en tiempo real durante las protestas estudiantiles de febrero del año pasado en Venezuela.
También fue muy útil en la ‘Revolución de los Paraguas’ de Hong Kong, que reunió a más de 100.000 personas, algo que no ocurría en China desde las protestas de la Plaza de Tiananmen, en 1989, en las que los manifestantes fueron dispersados con una sangrienta avanzada de tanques e infantería ordenada por el Gobierno chino.
Recientemente en Hong Kong, los manifestantes demandaban cambios en el sistema electoral de la región administrativa de la República Popular China. Las protestas duraron 2 meses y 23 días, y se organizaron a través de la aplicación FireChat, desarrollada en San Francisco.
Frente a este fenómeno, los gobiernos autoritarios han venido limitando las comunicaciones y controlando la información en el campo digital, monitoreando la actividad en la red, prohibiendo el acceso a internet y bloqueando contenidos.
Cuando le preguntamos al psiquiatra Javier Guevara, por qué ciertos gobiernos se sienten amenazados por la red, éste responde: “En internet hay muchas cabezas y el poder advierte que pierde el control. Todo el sistema de representaciones de un gobierno autoritario se funda en una realidad paralela. Una psicosis. Las dictaduras no se comunican con individuos: informan a la masa. La locura del poder es creerse Dios”.
Censura institucionalizada
A diferencia de Corea del Norte, que impide el acceso a Internet a la población en general, China ha alentado su uso, a fin de acelerar la construcción de la economía moderna que se propone. Si bien es cierto que ya este país ha superado el número de usuarios conectados de Estados Unidos, con 641 millones, y se perfila como una de las economías más importantes del planeta, su gobierno no tolera la libre expresión de ideas y opiniones, ni la coordinación de encuentros públicos.
La Gran Muralla de Internet (también conocida como ‘El Gran Cortafuegos’) es el sofisticado sistema con el que la República Popular China censura desde 1998, bloqueando sitios web occidentales, palabras claves en motores de búsqueda y monitoreando contenido e interacciones en redes sociales, a fin de evitar la difusión de ideas y las movilizaciones sociales.
De acuerdo con una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Europea entre 106 empresas que tienen oficinas en China, el 86% de las empresas de la Cámara de Comercio han sido afectadas negativamente por el bloqueo de contenido en la web.
Jörg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio Europea en China, sostiene que “esta preocupante tendencia ilustra cómo la restricción excesiva de Internet puede limitar el crecimiento e inversión en tecnología, áreas que son cruciales para el desarrollo de China”.
Dos millones de personas integran la División de Analistas de Opinión Pública del Departamento de Propaganda del Partido Comunista de China, según lo reportó el diario Beijing News. Su tarea es examinar millones de mensajes publicados en redes sociales y en sitios de microblogging, como Sina Weibo, considerado “el Twitter chino”. Luego de revisar el contenido, pasan la información a sus superiores, quienes deciden qué hacer.
Estos 2 millones de policías de Internet están capacitados para desarticular la coordinación de acciones colectivas por parte de la población en redes sociales. El número de censores de la red supera el número de efectivos de las fuerzas armadas, que alcanza los 1.5 millones, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de China.
“Sólo debía realizar búsquedas a partir de palabras clave, revisar opiniones negativas y redactar un reporte”, cuenta Tang Xiaotao, contratado por el Gobierno para monitorear internet. “Recibimos entrenamiento en análisis de posts, juicio de portadas y tratamiento de situaciones de crisis”, concluye Xiotao.
El software, de 490 mil dólares, empleado por los ‘analistas de opinión’ rastrea qué tanto está siendo discutido un tópico según el número de comentarios, y las veces que el comentario ha sido compartido. De alcanzar una puntuación de 40/100, el sistema enviará un alerta para la toma de decisiones y acciones lo antes posible.
Si una persona es identificada incurriendo en actos que vulneren el ‘Gran Cortafuegos’, los castigos pueden ir desde una multa de 1.800 dólares por difamar al Gobierno o subir contenido ofensivo, hasta cumplir tiempo en la cárcel, según lo reporta Britney Wilkins.
Stella Wu, una joven china estudiante del máster de leyes de la Universidad de Texas, le habló a Prodavinci sobre la situación de Internet en su país. Wu sostiene que la censura en internet no es un problema para los chinos. “Muchas personas de la generación de mis padres ni siquiera saben que existe la censura en internet, mientras que para las generaciones más jóvenes, hay tecnología suficiente para escalar el muro y ver contenidos censurados”. La estudiante de leyes desestima la posibilidad de un castigo por parte del Estado. “Siempre y cuando no intentes activamente derrocar al gobierno o mover rumores, estoy segura de que a nadie le importa lo que digas en la web.”
No obstante, cuando Liu Xiaobo, ganador del Premio Nobel de la Paz (2010) participó en la creación de la Carta 08, firmada por otros 300 ciudadanos chinos, en la cual demandaban más libertad de expresión, derechos humanos y elecciones democráticas, el Gobierno lo sentenció a 11 años de cárcel por “incitar a la subversión contra el poder del Estado”.
Jilian York, directora del departamento internacional de libertad de expresión de la Electric Frontier Foundation afirma que “la historia se repite alrededor del mundo. En Kuwait, China, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, y en otros países, los blogueros están en la mira de gobiernos que pretenden anular las críticas y silenciar voces con cargos judiciales absurdos”.
La esposa de Xiaobo, Liu Xia, permanece incomunicada en su hogar desde que su esposo ganó el premio Nobel. Amnistía Internacional difundió un video en el que un grupo de activistas logró irrumpir en su casa para celebrar el cumpleaños de su esposo, al cual no puede ver.
Legislación Draconiana
En distintos países se ha instrumentalizado a los poderes legislativo y ejecutivo para sofocar cualquier intento de libertad de expresión en internet.
Este mes, el Gobierno ruso prohibió el uso de memes que incluyan la imagen de una figura pública, en respuesta al alto flujo de memes con la imagen del presidente Putin. En Vietnam, el Ministerio de la Información y las Comunicaciones emitió el Decreto 72, que restringe el uso de blogs y redes sociales, al permitir exclusivamente la difusión de información personal y no de noticias, opiniones o cualquier información de interés público. En Gambia, la Asamblea Nacional emitió una ley que blinda al Gobierno contra cualquier detractor, estableciendo que “la difusión de noticias falsas sobre el Gobierno o funcionarios públicos será punible con 15 años de prisión o una multa de 3 millones de Dalasis (64,000 euros)”.
Venezuela, al igual que Rusia, se sumó a la persecución de memes, al aprobar la Asamblea Nacional un acuerdo de rechazo en respuesta al meme emitido en la cuenta de Twitter del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, en el que emplea una imagen de Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral en referencia a un juego de fútbol. Fue acusado de “conducta misógina” y “espíritu antipatriótico”. Dos días después a la emisión del trino, Capriles fue notificado de una demanda por retardo perjudicial.
La religión ha sido la encargada de impulsar la censura en Arabia Saudita. La monarquía teocrática, cuyo sistema legal está basado en la Sharia, una interpretación rígida del Islam como código de conducta, ha prohibido la crítica a la religión y al gobierno, dando pie a la criminalización de la disidencia política.
Desde su llegada al país en 1998, internet está en la mira del régimen y ha sido objeto de una censura acérrima. En enero de 2011, el gobierno saudí aprobó la Regulación Ejecutiva para Actividades de Publicación Electrónica, una ley que establece normas en torno a los requisitos necesarios para que un sitio web pueda operar en el país.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), el artículo 7 de esta ley establece que las versiones web de los medios tradicionales deben ser aprobadas mediante una licencia otorgada por el Ministerio de Cultura e Información. Y cualquier solicitante de una licencia para establecer un sitio web en el país, deberá ser capaz de proveer documentos que prueben buena conducta además de educación secundaria completa.
Esta misma ley estableció multas de hasta 100.000 riyals (más de 21.700 dólares), así como el cierre temporal o permanente del sitio, para cualquier persona u organización que incurra en contravenciones a las regulaciones de Internet, tales como la “violación de los principios del reino”.
En distintos países la legislación se ha utilizado para criminalizar a blogueros y periodistas que buscan emitir sus opiniones libremente. Human Rights Watch reportó que la Corte Criminal Especializada de Arabia Saudita, un ente judicial creado en 2008 para manejar casos de terrorismo, estaba siendo “usada para criminalizar a disidentes pacíficos y activistas de derechos humanos con acusaciones politizadas, en procedimientos que violan el derecho a un juicio justo”.
Monopolio de Internet
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) es la única empresa proveedora del servicio de comunicaciones de la isla, y se encuentra bajo control gubernamental.
La intención socialista de hacer iguales a los ciudadanos no opera en la isla. La penetración de internet en Cuba es del 25.7% según Internet World Stats. Sin embargo, la ONG Freedom Housesostiene que sólo el5% tiene acceso a un internet sin restricciones de contenido. Por mucho tiempo las autoridades cubanas responsabilizaron al embargo estadounidense por no permitirles contar con una infraestructura para habilitar una libre conexión a Internet. No obstante, desde que en 2011 Venezuela llevó el cable de fibra óptica, Alba-1, hasta Cuba, el internet de alta velocidad es una posibilidad en la isla.
Cuatro años después, la historia resulta la misma. El acceso a internet está limitado a funcionarios del Gobierno y la oferta comercial de la empresa está exclusivamente dirigida a extranjeros con residencia en Cuba. Según el sitio web de ETECSA, “El servicio de acceso a Internet se oferta a personas jurídicas y a personas naturales extranjeras con residencia temporal o permanente en Cuba”. Los residentes tienen acceso a centros de internet.
Pese a la intrincada situación, parece que nuevos aires llegan a la isla. Desde que se iniciaron los diálogos con Estados Unidos para reinstaurar las relaciones, las telecomunicaciones se han vuelto un importante punto en la agenda bilateral. Cuba anunció la apertura de 35 zonas de navegación con tecnología WiFi para la población general.
Hasta la fecha, el Gobierno de Cuba ha ejercido censura a través del monopolio, y el Departamento de Orientación Revolucionaria, se ha encargado de bloquear todo el contenido considerado “antirrevolucionario”. Con la nueva apertura del servicio de internet, se espera que mejoren las condiciones.
No muy lejos de Cuba se encuentra Venezuela donde, si bien no existe un monopolio del servicio de internet, el poder gubernamental tiene un alto nivel de injerencia en los proveedores. El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el bloqueo de 50 sitios web por publicar información cambiaria y ser “responsables de la guerra económica contra Venezuela”.
Durante las protestas estudiantiles en Venezuela, que se iniciaron en febrero de 2014, Nu Wexler, Manager de Comunicaciones de Twitter, confirmó que a los usuarios de CANTV les estaba siendo bloqueado el acceso a fotos de las manifestaciones publicadas en la red de microblogging. Wexler sugirió una alternativa.
Prófugos de la censura
A pesar de los sofisticados sistemas de censura que utilizan los gobiernos para neutralizar a las comunidades, hay importantes casos de organizaciones que luchan por evadir los controles, y activistas que se plantan ante el poder para denunciar y reportar la verdad.
Trial Tracker Blog (Freedom Matters)
A comienzos de 2014, el Gobierno de Etiopía encarceló a 6 blogueros y 3 periodistas del grupo Zone 9. El equipo desarrolló un blog en amhárico –lengua oficial en Etiopía– en el que promovían los derechos humanos, la justicia social y la libertad de expresión.
Ahora esperan una sentencia de entre 5 y 10 años en las cárceles de Kalinto y Kality, por “conspiración para cometer actos de terror y atentar contra el orden constitucional”.
Pudimos contactar para Prodavinci a Endalk Chala, el único miembro de Zone 9 que se salvó de ser hecho prisionero en Addis Abeba. Cuando las autoridades emitieron la orden de captura del grupo de blogueros, Chala, quien era profesor de periodismo en la Universidad Arba Minch, ya había abandonado el país para cursar estudios de doctorado en Estados Unidos.
A pesar de la distancia, Endalk Chala no ha olvidado a sus colegas en prisión. Reporta los avances del juicio y las audiencias a través del blog Trial Tracker Blog (Freedom Matters). “El blog nos ha ayudado a crear redes de colaboración y captar atención a nivel global sobre la censura y la problemática del periodismo en Etiopía”, afirma. El hashtag #FreeZone9Bloggers sigue siendo una tendencia en el país y se puede encontrar en más de 10.000 tuits. El blog pretende apoyar al grupo Zone 9 y ayudar a establecer redes de colaboración internacional contra la censura.
Libertad Colateral
Reporteros Sin Fronteras (RSF), habilitó un sistema de ‘espejos informáticos’ para hacer accesibles nueve sitios web censurados en 11 países: Rusia, China, Cuba, Irán, Vietnam, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.
La operación que promueve la libertad de expresión se llama Collateral Freedom (Libertad Colateral). El sistema implementado por la ONG consiste en crear réplicas en directo de los sitios web, alojándolos en servidores de gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Amazon.
Los gobiernos podrían bloquear los sitios web réplica, pero de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras es probable que no lo hagan, porque bloquear a Microsoft o Amazon también causaría —como daño colateral— que miles de empresas de tecnología que recurren a sus servicios de Cloud Computing, cesen operaciones, lo que tendría nefastas repercusiones económicas y políticas.
Entre los sitios web que han evadido el bloqueo de las autoridades de sus países, se encuentran: The Tibetan Post, bloqueado por China y Grani.ru, bloqueado en 2014 por Rusia, después de la cobertura que hicieron de la crisis de Ucrania. Más cerca, en el Caribe, se permitió acceso al sitio web Hablemos Press, una agencia independiente que a través de 40 corresponsales busca denunciar violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército cubano en más de 15 provincias de la isla.
Diez años de cárcel
50 veces restalló el látigo sobre la espalda de Raif Badawi. La sentencia indicó que además de pagar una multa de 266 mil dólares y permanecer 10 años en prisión, Badawi debería soportar 1000 latigazos en su cuerpo. El castigo se dividiría a lo largo de 20 semanas: 50 latigazos cada viernes.
El fallo se produjo en 2013. De hecho fue arrestado en 2012 por abrir un el blog Saudi Free Liberal Forums, en el que expresaba su opinión y criticaba al Gobierno de Arabia Saudita. La corte de Jeddah lo sentenció por “violar los valores islámicos y propagar el pensamiento liberal”.
Aún desde la cárcel y cumpliendo su condena, Badawi se convirtió en un símbolo de libertad. El 1 de abril de 2015, salió al mercado alemán el libro 1000 Latigazos – Por decir lo que pienso, un volumen que contiene los textos de Badawi traducidos al alemán. En su trabajo, el bloguero alerta sobre el extremismo religioso, critica la situación de la mujer en la sociedad saudita y lamenta el miedo que tiene el gobierno saudí a la cultura y la educación. Cada viernes desde entonces, los latigazos que debe recibir Badawi por condena, han sido pospuestos. Se espera que el Rey Salmán bin Abdulaziz otorgue clemencia al bloguero, como suele hacer con algunos prisioneros en vísperas del Ramadán.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban-Ki Moon, ha expresado su preocupación por la censura en Internet: “Me perturba la forma en la que los Estados abusan de las leyes sobre el acceso a Internet. Es preocupante que los programas de vigilancia se estén volviendo tan agresivos. Entiendo que la seguridad nacional y las actividades criminales puedan justificar algunos usos puntuales y excepcionales de monitoreo, pero esa es una razón más para salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
El llamado de Ban-Ki Moon alude inclusive a democracias occidentales como Reino Unido y Estados Unidos que ahora figuran en la lista de “Enemigos de internet 2015” de Reporteros Sin Fronteras, por sus intensos programas de vigilancia y violación de la privacidad.
Hablamos con el director de Derechos Digitales. Es una ONG con más de 10 años de experiencia en la promoción y defensa de la libertad en internet, Claudio Ruiz, sobre la tendencia del poder a buscar controlar la red. “Internet significa la posibilidad del empoderamiento social. Ha sido fundamental para distribuir discursos críticos que antes sólo podían ser encontrados en “canales formales”, afirmó Ruiz.
Así como diferentes gobiernos utilizan mecanismos de censura en Internet, cada día aparecen más personas que evaden los obstáculos y desafían los controles para poder denunciar, opinar e informar. Han transcurrido apenas 24 años desde que la primera página web apareció públicamente. Este joven medio tecnológico seguirá siendo una arena de combate para la libertad de expresión.
El director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaver respaldó esta mañana la decisión de la corporación policial de denunciar a El Diario de Hoy ante la Fiscalía General de la República, tras la publicación de una serie de reportajes sobre la distribución que las pandillas se han hecho de San Salvador, la capital, por considerar que se cometieron supuestos ilícitos.
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