La ley mordaza. De Manuel Hinds

4 octubre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El gobierno y el FMLN han presentado con cara de gran inocencia un proyecto de ley que daría al gobierno el poder de censurar los medios de comunicación. El pretexto que justifica la imagen de inocencia es que el gobierno, preocupado por la negatividad de las noticias y por el impacto que ellas y la transmisión de novelas y películas con crímenes tienen en la actitud de la ciudadanía, desea contribuir a mejorar dicha actitud a través de establecer un sistema de censura que le dejaría al gobierno el poder de decidir qué se publica y que no.

En esto el FMLN se está pasando de vivo. La depresión colectiva que existe en la población del país, evidente en el número de los que se quieren ir a vivir a otro país, equivalentes al 75 % de la población, es un sin duda una fuente de preocupación. También es cierto que es terriblemente depresivo enterarse de la cantidad de crímenes que se cometen diariamente en el país, y del desastre en el que están todos los servicios públicos, con las escuelas y las unidades de salud cayéndose y con el sistema entero de salud sin medicinas ni materiales médicos.

También es cierto que todo esto es deprimente para un partido que se enfrenta a sus hechos viendo que todo lo que prometieron por décadas ha sido un enorme fracaso, que metieron al país en una guerra fratricida y sangrienta para lograr este enorme desastre, y que luego lo endeudaron enormemente sin poder enseñar nada por todo el dinero que han gastado. Esto podría describirse parafraseando lo que Edmund Burke escribió hace dos siglos sobre la Revolución Francesa, “¡Siguiendo estas falsas luces, el FMLN ha comprado calamidades sin par a un precio por el que cualquier nación hubiera podido comprar las más claras bendiciones!”.

Pero esconder la verdad no es la manera de mejorar esta situación. Ese es un método que solo se les ocurre a los tiranos y a los incompetentes, que fue muy usado en la Unión Soviética y que todavía es muy usado en Cuba y en Venezuela, en donde Castro y Maduro pintan la vida en sus países como si fueran utopías en un esfuerzo vano de tapar las tristes realidades que sufren sus ciudadanos.

Pero hay que ser muy ingenuo para creer que estas preocupaciones puramente sicológicas son la verdadera razón por la que el FMLN y el gobierno han presentado este proyecto de ley. Ellos tienen un problema terrible en sus manos. Han tenido los dos gobiernos peores en la historia del país y ya no pueden ocultar los resultados del desperdicio, las ineficiencias y los daños institucionales que ellos han causado al país y no pueden ya echarle la culpa a gobiernos anteriores por ellos. Las consecuencias de sus acciones los han alcanzado y no encuentran ya ninguna manera de evitar que el electorado se los haga pagar en las elecciones de 2019. Es por esta razón electoral, no porque estén preocupados por la sicología del pueblo y de ellos mismos, que el FMLN quiere controlar los medios de comunicación y hacer parecer que todo está muy bien.

Pero hay otros motivos para la censura además de ocultar fracasos por razones electorales. También permite sofocar noticias que pueden generarse en el contexto de las elecciones presidenciales que vienen y de los arreglos secretos que el gobierno está realizando con China. En un artículo anterior escribí sobre la crisis constitucional que se ha planteado porque la alianza del FMLN y GANA está bloqueando la elección de la Sala de lo Constitucional. Con esta acción, esta alianza ha eliminado la protección que la Sala puede dar a los derechos constitucionales de la ciudadanía. Pero también ha neutralizado a la Asamblea porque el Presidente de la República puede vetar cualquier ley que esta apruebe, diciendo que veta por inconstitucionalidad. En este caso, la Sala debe decidir si la ley propuesta es constitucional o no, pero como no hay Sala, lo que priva es lo que decidió el Presidente, hasta que haya Sala. No tenemos defensa frente al Ejecutivo. Es obvio que una ley que censure los medios sería muy conveniente para el gobierno en estas circunstancias, para que la ciudadanía ni se dé cuenta de lo que le pasó.

Carta a los aprendices de censores: Aquí hay libertad de expresión. De Paolo Luers

4 octubre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Diputados y burócratas:
La libertad de expresión es el corazón de la democracia. Su gemela es el derecho del ciudadano de tener acceso libre a las noticias, opiniones, obras de arte, películas, diversiones y cualquier otra expresión cultural que quiere. Libre de control estatal.

Para conquistar esta libertad se libró una guerra. Ambos bandos tuvieron la libertad de expresión en sus banderas. Unos la vieron pisoteada por un Estado autoritario, otros la vieron amenazada por un movimiento insurgente, al cual vieron intenciones totalitarias. Al fin todos nos pusimos de acuerdo en construir un Estado democrático que garantice la libertad de expresión y sin espacio para censura.

Parece que no todos comparten este consenso fundamental. Dentro de una sola semana hubo tres intentos de volver a establecer censura en nuestro país. Un diputado de ARENA presentó un “dictamen recomendable” para exigir al gobierno que prohíba el concierto de una banda de heavy metal. Bueno, siempre hay algunos fanáticos que están dispuestos a sacrificar la libertad de expresión para imponer sus gustos o disgustos. Lo grave no es un diputado desequilibrado, sino el hecho que esta noción encontró una mayoría de 48 votos en la Asamblea.

Días después, el ministro de Gobernación y varios diputados del Frente presentaron una iniciativa de ley para “regular” y “normar” los contenidos de los medios de comunicación, incluyendo canales de cable y servicios como Netflix. No lo llaman así, pero es censura – y censura está explícitamente prohibida en nuestra Constitución. Es el mismo ministerio de Gobernación que diariamente coloca rótulos en las pantallas de televisión que advierten que los programas de entrevistas y debates no son aptos para menores de 18 años. O sea, el que mañana debe votar, hoy no debe ver a los candidatos en entrevistas. ¿Qué mentalidad hay detrás de estos burócratas censores?

El mismo día, un funcionario de aduanas se arrogó la potestad de no dejar entrar al país un lote de un libro llamado “El Niño de Hollywood”, que cuenta la historia de un pandillero, quien luego de servir como testigo criteriado, es abandonado por el Estado y asesinado. El argumento del funcionario: “Contenido pernicioso”.
¿Vamos a permitir que el Estado -sean diputados, sea un ministro, sea un funcionario de aduana- decida qué libros, conciertos o películas podemos consumir? Obviamente, no.

Todos nos topamos con películas, noticieros, libros o discos que detestamos. Pero todos somos diferentes y preferimos o rechazamos cosas distintas. Este dilema comienza en la familia. La única forma de resolverlo es con tolerancia – y con la regla que nadie tiene el derecho de imponer sus gustos o disgustos a los demás. Ciertamente no el Estado. Esto establece la Constitución, y aplicándola, ninguna de las tres iniciativas de censura arriba mencionadas tiene validez. El “recomendable” del diputado armado, aprobado por 48 diputados, choca con la Constitución, igual que la iniciativa de una nueva Ley de Mordaza del ministro de Gobernación – y la censura ejercida por un funcionario de aduana constituye el delito de acto arbitrario.

Cualquiera tiene derecho de criticar los contenidos de libros, películas y conciertos, en los términos duros que quiere – este es otro derecho ciudadano protegido por la libertad de expresión. Pero el Estado, en todas sus expresiones, tiene que ser neutral en estos asuntos, porque es de todos, incluyendo de los consumidores de conciertos o libros polémicos.

Los intolerantes de todos los colores siempre van a pedir censura, motivados por fanatismo religioso o estrechez ideológica, o simplemente por ínfulas de poder y control. Y si no nos cuidamos, van a actuar de censores. Depende de nosotros pararles sus pretensiones autoritarias.

Saludos,

#ElRingDeHoy: ¿Se debería penar con cárcel la difamación en redes sociales? Rodrigo Ávila versus Juan Carlos Sura

Dos ciudadanos debaten sobre la temática en #ElRingdeHoy. Únete.

10 febrero 2016 / EDH

Sí debe penarse. De Rodrigo Ávila

En Latinoamérica, algunos gobiernos han puesto de moda “leyes mordaza”. Sin embargo, no se puede caer en el error de confundir el derecho a expresarse libremente, con la capacidad irrestricta de violentar el honor ni vulnerar la dignidad o intimidad de otros, sin que esto tenga ninguna consecuencia.

Algunas posturas radicalizadas buscan minimizar las posibilidades que tiene un ciudadano de acceder a la justicia en caso sea injuriado o difamado a través del Internet.  Incomodar al vecino, a un político o funcionario; al publicar opiniones, caricaturas o memes, no es algo indebido, mucho menos constituye delito.  Pero si se utilizan las redes sociales para causar un daño deliberado, los efectos son inmensamente mayores a los que se pueden infligir por los medios tradicionales.

El Código Penal y Procesal Penal vigentes establecen el procedimiento a seguir para que un ciudadano denuncie un  delito de difamación que dañe su honor.  El mecanismo existente es de acción privada, y no interviene la Fiscalía, por lo que la víctima debe contratar abogado para interponer demanda en un Tribunal de Sentencia. Si se conoce al difamador, el problema no es tan grande, pero cuando el daño se da en las redes sociales, y  proviene de un perpetrador anónimo, o de una identidad falsa, el proceso vigente se queda corto en cuanto a las posibilidades que tiene la víctima de que se individualice el victimario,  y mucho menos que se aporten pruebas contra este.

Si la víctima tiene los recursos, podrá contratar a un Perito Forense Especial Digital, pero aun así, las posibilidades  y alcances de un experto informático son limitadas. En contraste la FGR tiene, por ejemplo, la capacidad de solicitar información a los operadores de internet y también tiene facultades para incluso secuestrar equipos informáticos en el proceso de una investigación.

Por lo anterior, se propuso una modificación al polémico artículo 24 del último proyecto de decreto para la Ley Contra Delitos Informáticos, presentado por la Comisión Interinstitucional y así posibilitar la intervención de la FGR a partir de la denuncia de la víctima.  Por escasos votos, esta iniciativa no fue incluida en Ley recién aprobada. El espíritu de la propuesta no reñía, ni con la libertad de prensa ni con la libertad de expresión, pero hubiese logrado que no solo las empresas o personas con gran capacidad de pago, pudiesen defenderse de las graves y dañosas difamaciones que se producen en el Internet.

La intervención de la FGR hubiera garantizado que no se abrieran expedientes de investigación en los casos en que no hubiese un daño real o en los que simplemente exista una afectación de susceptibilidades personales.

El internet nos da a todos una capacidad  impresionante para comunicarnos y expresarnos, pero también abre posibilidades infinitas para hacer daño. Al difundir mentiras y calumnias, se puede afectar deslealmente a competidores comerciales, un envidioso puede hacer que alguien pierda su trabajo y hasta se puede destruir moralmente a familias enteras.

Es por lo anterior, que en muchos países está penado el Cyber-Bullying; recordemos los tristemente célebres casos en que haciendo gala de la peor bajeza,  infames que publicaron actos privados con  puro afán de venganza sentimental o aquel caso del vídeo del vestidor femenino de un balneario. Lo que se subió no fue falso ni editado, las cámaras ocultas captaron imágenes reales, pero que vulneraban gravemente la privacidad.

Yo me pregunto ¿A caso los grandes defensores de los troles seguirían defendiendo el derecho a ser impunes que estos últimos pregonan si en ese vestidor se hubiese exhibido a su madre o a su hija?

Para algunas personas, sobre todo para los cobardes que usan el Internet para tirar piedras y esconder la mano, el honor y dignidad podrán valer muy poco. Pero para muchas otras personas, sobre todo las que son honestas de verdad,  el honor y reputación es lo más importante que se tiene.

Diputado. @RodrigoAvilaSV

No debe penarse. De Juan Carlos Sura

El delito de difamación ya está regulado en el Código Penal. Una reforma del 2011, mocionada por ARENA y “en nombre de la libertad de expresión”, estableció que su penalización serían días multa. Antes de dicha reforma, a excepción de personas que ejercieran periodismo, difamar podía llegar a la cárcel. Pero, en 2010, la cosa cambió: la Sala de lo Constitucional consideró que los personeros mediáticos no podían gozar de un tratamiento privilegiado porque se violaba el principio de igualdad establecido por ley. De ahí vino el cambio.

Bajo este razonamiento es que no puedo estar de acuerdo con penar con cárcel la difamación en redes sociales. Sería incongruente. Sería volver al punto en que difamar no era penado por igual; hay que preguntarse ¿sería constitucional? ¿No debería ser tema de reforma para el Código Penal? Incongruente también ARENA al insistir en penar con cárcel, cuando fueron ellos quienes mocionaron aquella reforma.

Entre conceptos varios, la difamación consiste en acusar a personas, atentando contra su reputación, sin tener pruebas fehacientes; abunda en redes sociales, ¡Ni cómo negarlo! ¿Pero regular las redes sociales cuando su origen es casi intangible -como me dijo un buen amigo-? Además, si bien la ley establece su aplicación en el territorio nacional, no especifica a qué deberán atenerse los hermanos lejanos visitando el país; ¿deberán callar? ¿deberán apagar su voz crítica sobre el quehacer nacional? Por otro lado, ¿cómo interpretar que quieran encarcelar la crítica ciudadana, pero salvaguardar la crítica periodística?

En este punto es importante aclarar que un TROL no es necesariamente una persona opinando desde el anonimato. TROLEAR ES UNA ACTITUD. Se trata de hacer publicaciones irritantes con el propósito de molestar, provocar o generar controversia. El trol ama la discordia. Trolean los políticos, periodistas, personeros de gremios, miembros de la sociedad civil, en fin, el troleo llega en vías múltiples. Es importante esta aclaración porque, quienes están pidiendo cárcel, argumentan de forma confusa la procedencia de los troles. Entonces es importante aclarar… quieren cárcel para las críticas que consideren “difamatorias”, de todo mundo, menos de periodistas.

De forma general, considero un avance la aprobación de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, no olvidemos que se puede mejorar; la misma abonará a la prevención y sanción de los de los hechos punibles cometidos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Se han contemplado delitos contra sistemas de información, relativos al contenido de datos, contra la niñez y adolescencia, contra el orden económico, y más. Restaría dotar la fiscalía de capacidades técnicas, y evitar que la ley que se vuelva letra muerta.

Contrario a amordazar opiniones, ¿por qué no mejor garantizamos el tema en educación? Garanticemos el estudio de cómo comportarse en redes sociales; enseñemos a no creer todo lo que se lee; hablémosles de las consecuencias y riesgos que acarrea compartir imágenes comprometedoras; enseñemos a preguntar, a dudar, y a especular cuidándose de no hacer señalamientos sin pruebas fehacientes; enseñemos que el bullying (acoso) puede llevar a muerte; enseñemos autorregulación.

Enseñemos que las redes sociales cuentan con normas propias mediante las cuales se pueden denunciar comportamientos abusivos –odio, acoso, contenido explícito, explotación sexual, spam, amenazas, autolesiones, intimidación, entre otros-. Enseñemos a denunciar, a bloquear usuarios indeseables, etc.

Cierro con esto:  A la clase política: las redes sociales son espacios donde deberían liderar con ejemplo -espero me entien-dan-; y, a los medios: regulen comentarios en sus espacios. Hay lugares en los que entras y como que llegas a un mundo de vulgaridades, injurias, difamaciones. ¿Responsabilidad de quién es, responsabilidad de quién comenta o de quien permite que pase la publicación? Además, ¿será tanta vulgaridad del agrado de anunciantes?

@JCSura

Regulaciones innecesarias a la libertad de expresión. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 1 febrero 2016 / EDH

Para ser delincuente en El Salvador ya no es necesario encajar en el perfil de pandillero, ladrón o corrupto. De aprobarse, el catálogo de bandidos se ampliará a personas que tengan un teléfono o computadora con acceso a internet y con un perfil en las redes sociales, pues con la pretendida ley contra delitos informáticos cualquier persona que publique una expresión por la que alguien se considere ofendido, o simplemente comparta públicamente el contenido de una idea que no sea propia y que se considere que ofende, estará cometiendo un delito conforme al artículo 24 de dicha ley.

Es cierto que muchas personas sin escrúpulos  utilizan las redes sociales y las tecnologías de la información para difundir información que pudiera dañar la dignidad y buen honor de alguien más. Sin embargo, sobre la libertad de expresión (o a cualquier otra libertad) debe existir una abstención de parte del Estado (y esto incluye al legislativo) intervenir en la conducta de sus ciudadanos y, en el caso de que sea necesaria la regulación, los actos considerados delitos deben ser lo más específicos y claros posible.

La amplitud de los conceptos establecidos en el artículo antes mencionado da lugar a interpretaciones que podrían limitar el derecho a la libertad de expresión e  información de los usuarios de estas plataformas. Las acciones que se pretende sean delito, tales como causar perjuicio, dañar la dignidad, el honor o la intimidad de una persona, así como puede ser una acción sumamente grave y evidente, también puede derivar de percepciones subjetivas y propias de la sensibilidad de cada quien. Por otra parte, las conductas que se pretenden penalizar ya se encuentran tipificadas en el Código Penal y más valdría que el sistema judicial capacite a sus jueces en la recepción de prueba que incluya tecnologías de la información como medios para delinquir.

No cabe duda que las redes sociales, hoy por hoy, juegan un papel trascendental en la difusión de información y de pensamientos.  La opinión y crítica ciudadana pueden llegar a trascender al monólogo que supone publicar una idea, y convertirse en la chispa que inicie un intenso debate desde distintos lugares del país y el mundo. Además, la participación e interacción de funcionarios en las redes vuelve más fácil que ellos se enteren de la disconformidad ante sus acciones u omisiones.

Aquí es donde adquiere una relevancia particular el artículo 24 de la ley, pues los ciudadanos y funcionarios se encuentran propensos a recibir fuertes críticas que sean consideradas perjuicios o daño al honor. En el caso de los ciudadanos, como lo mencioné antes, la protección ya se encuentra establecida en el Código Penal; y, cuando se trata de funcionarios, la protección a estos respecto del derecho al honor tiene un carácter más débil en comparación con la que se concede a los particulares. Las autoridades públicas están sometidas de forma permanente al escrutinio público y a las críticas provenientes de los diferentes sectores de la población en torno a sus decisiones y a la manera en que ejercen sus funciones y administran los bienes del Estado.

Pareciera, nuevamente, que la Asamblea Legislativa no tiene prioridades claras al momento de legislar; considera mucho más grave que alguien “tuitee” o “postee” algo en una red social, a regular, por ejemplo, la tasa de rentabilidad que reciben los certificados de inversión provisional en que se invierten los fondos de pensiones. O es mucho más relevante encontrar a la peligrosa persona que “retuitee” (comparta el pensamiento de alguien más) una idea por la que alguien se sienta ofendido, a regular el financiamiento de partidos políticos. La presente legislatura está cerca de cumplir un año de gestión y los resultados en el trabajo han sido escasos. Hay muchas leyes importantes pendientes y otras que tienen muchos años en espera que siguen sin salir del congelador; sin embargo, la Asamblea lleva 6 meses discutiendo una ley que podría utilizarse para silenciar opiniones incómodas. Ahora que la ciudadanía busca ejercer un rol más relevante en la toma de decisiones que inciden en la sociedad, los legisladores deben mantenerse al margen de una regulación perjudicial a la libertad de expresión y mejor prestarle más atención a temas que de verdad necesitan ser legislados.

Fundamedios de Ecuador: “Ley mordaza” sería un retroceso para el país

Mauricio Alarcón, director de Fundamedios, dijo que encarcelar periodistas es de países totalitarios. Propuestas de GANA y FMLN han sido cuestionadas.

Mauricio Alarcon,representante de Fundamedios de Ecuador. Foto edh por Lissette Monterrosa

José Zometa, 21 noviembre 2015 / EDH

El director de proyectos de Fundamedios, de Ecuador, Mauricio Alarcón, aseguró que aprobar una “ley mordaza” contra los periodistas  como la que impulsa GANA en la Asamblea Legislativa y que respalda el FMLN, sería un “grave retroceso” en materia de democracia y derechos humanos en El Salvador.

El director de Fundamedios se encuentra en el país para participar como ponente en el seminario “Principios Liberales” en evento Academia Libertad que hoy realiza la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). Ver programa.

“El momento en que el Legislativo de El Salvador apruebe una norma de ese tipo estaríamos retrocediendo gravemente en garantía de derechos humanos”, manifestó Alarcón, quien disertará precisamente sobre el tema: “Medios de Comunicación: Su defensa y la libertad”.

Alarcón relató cómo en su país el presidente Rafael Correa ha intentado cerrar Fundamedios, fundación dedicada desde el 2007 a monitorear y a denunciar las medidas de censura a los medios de comunicación, y de persecución y amenazas contra los periodistas por parte del gobierno ecuatoriano, pero que gracias a la presión internacional esa pretensión de Correa, se desmontó.

Visite la página de FUNDAMEDIOS

Según dijo, tanto en su país como en el nuestro, el periodismo de investigación de actividades de corrupción en las esferas del Estado, es lo que molesta a los funcionarios públicos. Eso podría estar ocurriendo con esta reforma al Código Penal que impulsa GANA, con la que pretende penalizar con cárcel los delitos de injuria, calumnia y difamación.

“Una prensa y un periodismo independiente que investiga actos de corrupción de autoridades públicas, quizá eso es lo que les molesta, que la ciudadanía se entere de lo que están haciendo sus políticos, y por eso sancionar a un periodista, sancionar a un medio de comunicación, sería fatal”, estimó Alarcón en entrevista con El Diario de Hoy.

Al director de Fundamedios también le preocupa el discurso de la dirigencia del FMLN en su recién pasado congreso partidario, donde atacó a los medios de prensa independientes, a la empresa privada y hasta dijo que irían por el control del Órgano Judicial.

A juicio de Alarcón, esos discursos son propios de la época cuando el FMLN era una estructura guerrillera.

“Se les olvidó que ya se cayó el Muro de Berlín, que ya se cayó la cortina de hierro y que ya no estamos para recuperar conceptos que lo único que les interesaba era obtener el poder para reprimir al crítico”, dijo.

También se refirió al tema de la oficina de “troles” conocida como Búnker que fue desmantelada por la Fiscalía y la Policía por clonar la página web de La Prensa Gráfica, en la cual se procesa a Andrés Ricardo Ortiz Lara, quien además trabajó en el diseño de una aplicación para la Alcaldía capitalina y fue empleado de Casa Presidencial.

“Las malas prácticas se contagian. Venezuela, Ecuador fueron de los primeros países que denunciaron la creación de “Troll Center” de manera oficial por parte de instancias del gobierno que no solo están ahí para clonar páginas de medios de comunicación, sino para a través de cuentas falsas perseguir, hostigar y amenazar a críticos en redes sociales”, dijo Alarcón.

No obstante, añadió el ecuatoriano, en esto de defender las libertades no solo es deber de los periodistas independientes, sino de todos los salvadoreños.

“La libertad es algo que se conquista día a día y que tenemos que trabajarla todos y cada uno de los ciudadanos. No tenemos que esperar a que nos toquen,  no tenemos que  esperar a que le pase algo a una persona cercana para reaccionar”, enfatizó.

FMLN respalda cárcel para difamación y calumnia

Hasta ayer, solo GANA y FMLN apoyaban castigar con cárcel por delitos de difamación, calumnia o injuria. Solamente tienen 42 votos.

Antonio Soriano, 4 noviembre 2015 / EL Mundo

La fracción del FMLN respalda la propuesta que presentó la semana pasada diputados de la fracción de GANA para penalizar con cárcel –y no con multa– la difamación, la calumnia y la injuria.

Roger Blandino Nerio, diputado del FMLN, dice que, si un empresario de un medio de comunicación escrito o de televisión difama a una persona, debe pagar con cárcel.

“No ocurre por un desliz (publicaciones), tiene intencionalidad política, tiene dolo, si tiene dolo, si es hecho con gana de afectar a la persona, ¿por qué no va a ser castigada la persona que lo hace?, así sea el dueño de un periódico importante o de una televisora”, consideró el diputado.

El legislador del partido de gobierno sostiene que castigar con cárcel la difamación, calumnia e injuria no atenta la libertad de prensa. “Así como a un ciudadano se le sigue un proceso por cometer una calumnia, al periodista o dueño de medio que cometa calumnia, se le siga el debido proceso y se le pueda meter preso. ¿En qué atenta a la libertad de prensa? Si es un delincuente el que lo hace, así sea un periodista, un dueño de medio”, declaró el diputado.

Sin embargo, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) consideró la iniciativa de GANA de un retroceso en la libertad de expresión.

Blandino Nerio aseguró que, cuando él fue alcalde de Mejicanos por el FMLN, fue difamado por varios periódicos y recordó que los señalamientos que le hacían fueron desvanecidos.

La propuesta de GANA deja fuera, al menos de manera expresa, de la nueva penalización las  difamaciones que se hagan por medio de las redes sociales. No obstante, el diputado del FMLN cree que se puede buscar aprobar la Ley de Delitos Informáticos, para penalizar a la difamación por medio de redes sociales.

Este partido presentó el proyecto de reforma, en una coyuntura en donde ha habido publicaciones periodísticas sobre el crecimiento patrimonial de diputados. Ayer, Nerio aseguró que no buscan vengarse de los medios de comunicación por estar publicando los bienes de los funcionarios.

Carlos García, diputado del FMLN, cree que debe haber ley para sancionar estos delitos contra el honor, aunque dice que antes se debe demostrar que hubo un delito de los medios de comunicación.

“Lo tenemos en debate (en la fracción), yo personalmente estoy de acuerdo, no se puede aceptar que hasta campañas (de difamación) se levanten. Si como medio informa y calumnia, tengo derecho a demandarlo, debe ser para todos, planteo que haya ley”, declaró.

El diputado del Partido Concertación Nacional (PCN), Mario Ponce, reiteró su rechazo a la iniciativa de GANA de castigar con cárcel estos delitos. “No vamos a acompañar ninguna propuesta que coarte la libertad de prensa en este país”, declaró Ponce.

PDC dice defiende la libertad de prensa

Arnoldo Marín, diputado suplente del PDC, rechazó la pieza de GANA, que pide cárcel para quienes difamen, calumnien o injurien. Marín dijo que el PDC seguirá luchando por la libertad de expresión. El PDC tiene un diputado.

PCN cree es ataque a la prensa

Mario Ponce, del PCN, dice que la propuesta de GANA es un ataque a la libertad de prensa. El PCN tiene seis diputados. Tres (Francisco Merino, Reynaldo Cardoza y Serafín Orantes) votaron el jueves junto a GANA y FMLN.

ARENA ve jugada para tapar corrupción

La bancada de ARENA no respalda la pena de prisión para dueños de medios y periodistas, dice que el proyecto pretende tapar ganancias de algunos funcionarios de esos partidos. ARENA tiene  33 diputados en la Asamblea Legislativa.

FMLN apoya cárcel por estos delitos

Dos diputados del FMLN, partido de gobierno, consideran debe haber una ley que castigue con cárcel a dueños de medios o periodistas por calumnia, difamación o injuria. El FMLN tiene 31 diputados en la Asamblea.

GANA pide hasta ocho años de prisión

Guillermo Gallegos reiteró ayer que la fracción mantiene la propuesta de penalizar la difamación, calumnia e injuria. GANA tiene 11 diputados. Las penas podrían ir desde tres a ocho años según el delito y su gravedad.