Columna transversal

Columna Transversal: Paralizados por nuestros tabúes. De Paolo Luers

Paolo Luers, 21 abril 2017 / EDH

El país no va a avanzar mientras nadie se atreva a romper algunos tabúes muy arraigados que frenan su desarrollo.

La reforma agraria
Es un tabú tan fuerte que ni siquiera hay debate sobre este tema. Todo el mundo sabe que la reforma agraria de Duarte, recetada por Estados Unidos, ha fracasado rotundamente. La idea central de la reforma agraria fue contrainsurgente: Había que parar la masiva incorporación de campesinos al movimiento insurgente, y a la vez establecer una base social sólida a la Democracia Cristiana, el socio principal de los militares en la aplicación de las políticas contrainsurgentes de Estados Unidos. Era un plan político, más que un plan económico. Fracasó en ambas dimensiones. La Reforma Agraria fracasó políticamente, porque nunca llevó a una consolidación de la Democracia Cristiana, sino que buena parte de los cooperativistas se volvieron base social del FMLN – y tuvo que nacer ARENA, vinculada a las víctimas de la Reforma Agraria, para dar sostén político a la guerra. Y económicamente fracasó, porque el Estado nunca logró hacer productivas las cooperativas de la Reforma Agraria. Muchas tierras expropiadas quedaron, incluso hasta la fecha, sin explotación agrícola. Más bien la Reforma Agraria destruyó la agricultura nacional. Hoy, cuando la agricultura tendría que dar el paso a la agroindustria, no hay disponibilidad de las extensiones de tierra necesarias, porque todavía la Constitución prohíbe la concentración de tierras. La consigna “la tierra a quien la trabaja” ha llevado a que nadie la trabaje, o solamente para la subsistencia. La agricultura como factor del desarrollo, está condenada a la muerte, porque nadie se atreve a romper el tabú y revertir la reforma, reformando la Constitución.

Privatización y nacionalización
Otros tabúes son la privatización, pero absurdamente también la nacionalización. Ambos temas son vetados, porque al tocarlos inmediatamente se desata una especie de guerra religiosa. Esto no permite un debate racional sobre ventajas y desventajas de nacionalización o privatización en ciertas áreas de los servicios o de la economía. No puede haber un debate sobre la privatización de partes del sistema de Seguro Social, a pesar de que probablemente tuviéramos menores costos y mejores servicios si el ISSS pudiera contratar servicios ambulatorios e incluso clínicos privados para mejorar la atención. Un sacrilegio para nuestra izquierda de solo pensarlo…

En cambio, la derecha se levanta en armas siempre cuando detecta el fantasma de la nacionalización. Incluso en áreas como el transporte público y los desechos sólidos, donde está más que comprobado que la empresa privada está fallando, y donde en muchos países empresas públicas prestan mejores servicios a menos costos.

El debate sobre privatización, nacionalización o empresas mixtas debería ser un debate técnico y no ideológico con características de guerras religiosas. Estos temas no son asuntos de fe, sino asuntos prácticos y de eficiencia. El Seguro Social perfectamente podría transformarse en un seguro que deja de ofrecer servicios médicos, y se limite a pagar a los proveedores de salud, sean públicos y privados. Por otra parte, el Estado hace ratos hubiera tenido que destruir el mafioso monopolio privado de MIDES, creando empresas públicas (o público-privadas) bajo control regulatorio de los municipios. Habría que analizar si no sería más eficiente que las alcaldías conjuntamente crearan una empresa metropolitana de recolección de basura, y si esta tendría que ser de carácter municipal, privado o mixto, para ser eficiente.

El transporte público urbano posiblemente sería más eficiente si fuera administrado por una empresa pública manejada por los municipios del Gran San Salvador, que por supuesto podría subcontratar o concesionar parte de los servicios unificados a los empresarios o cooperativas de transporte. Todo esto depende de estudios de factibilidad y no de credos ideológicos.

La cobardía de los partidos ante estos tabúes es la única forma de explicar el escandaloso hecho que luego de 9 año de terminar su construcción del Puerto de La Unión todavía no está operando. El Estado no lo puede operar, pero tampoco permite que lo haga un consorcio privado. A esta altura, ambos puertos y ambos aeropuertos deberían estar bajo administración de concesionarios privados, por supuesto regulados por instituciones del Estado.

Con el tabú de la privatización como fantasma los gobiernos de Saca, Funes y Sánchez Cerén han destruido el único Asocio Público-Privado exitoso que tuvimos: LaGeo, que genera electricidad haciendo uso de la fuerza térmica de nuestro subsuelo, operada con gran éxito tecnológico, económico y ecológico en conjunto por CEL y la multinacional italiana ENEL. Sacaron a ENEL con amenazas, embargos, vetos y casi a palos del país, y nuestra industria geotérmica quedó estancada.

Así es la fuerza destructiva de los tabúes que nadie se atreve a enfrentar.

El orden. Columna transversal de Paolo Luers

Estamos acostumbrados de ubicarnos en el espectro político sobre una coordenada entre izquierda y derecha. Pero hay otra que mide y explica mucho mejor el carácter de partidos, movimientos, o líderes: la coordenada entre autoritario y democrático.

Paolo Luers, 7 abril 2017 / EDH

Nuestro adorado cuarto de niño, este reino del desorden que defendimos contra las intromisiones y regulaciones de los adultos, vive en nuestra memoria como símbolo de libertad y felicidad. Pero al crecer nos enseñaron que todo ser maduro tiene que aspirar a un orden que nos da estabilidad. De la libertad del desorden sólo nos queda la nostalgia.

En política, los conservadores se ven como garantes de este orden. En Alemania hay un partido conservador de derecha, cuyo programa se llama “Ordnung”. Un término muy alemán, mucho más pesado que “orden” en español. No es sólo un principio, es una manera de actuar, controlar, imponer, sancionar. En alemán, las fuerzas de seguridad se llaman “Ordnungskräfte”: fuerzas del orden. No defienden la libertad, ni los derechos ciudadanos, defienden el orden. “Ordung muss sein” (orden es necesario) fue la frase preferida de la dictadura nazi y de la dictadura comunista.

Para los conservadores, la mente desordenada es una carga para el hombre y una amenaza para la sociedad, y la creación de orden la ven como una tarea de la sabiduría. Así ya lo dijeron en cristiana convicción Agustín y Tomás de Aquino. “Ordnung” es el término fundamental del conservadurismo político.

Del principio del orden se derivan una serie de axiomas que caracterizan y dominan el pensamiento del conservadurismo, sea de derecha o de izquierda: realismo, jerarquía, autoridad, disciplina, patria, seguridad, armonía, moral, unión… Su punto común es la prevalencia de lo existente sobre lo posible. Los liberales, la izquierda democrática y la izquierda antiautoritaria tienen otros axiomas: pluralismo, debate, tolerancia, derecho a la disidencia, emancipación, autodeterminación, libertad….

La izquierda democrática, los liberales, los libertarios y los antiautoritarios desarrollan utopías, la derecha conservadora se aferra a tradiciones e identidades. Confinando la utopía al ámbito de la fantasía y lo imposible, los conservadores tienden a elevar la tradición y la identidad a categoría de necesario. No existe alternativa, este es el refrán conocido de los conservadores. La pérdida del orden (como en la crisis de refugiados en Europa; o en las manifestaciones ciudadanas en Venezuela) significa caos, y es imposible vivir. El desorden genera miedo, y el miedo genera fuerza para los conservadores. Así se explican el Brexit, el triunfo de Trump, el surgimiento de derechas ultraconservadoras en Francia, Holanda, Alemania, Hungría, Polonia y Rusia.

El hecho que todo orden político es sucesible a perturbaciones, los liberales y la izquierda democrática lo vemos como normal y hasta necesario para producir cambios. Para la derecha conservadora y la izquierda ortodoxa, ansiosas de armonía, disciplina y unidad, cualquier perturbación significa peligro. Es por esto que los conservadores pueden vivir mejor con injusticia que con desorden. Y esto incluye a los conservadores marxistas. Ahí reside en el fondo la diferencia entre autoritarios (derecha conservadora, comunistas) y antiautoritarios (liberales, izquierda democrática).

Tal vez ser conservador o ser liberal y antiautoritario es asunto de temperamento. Unos prefieren el calor del cuarto de niño desordenado; otros, la seguridad y el orden de un escritorio de oficinista.

Pero más allá de temperamentos individuales, también es asunto del tipo de convivencia que se quiere en una familia, en una sociedad, en un país, en el mundo: ¿Una convivencia basada en orden-unidad, o en pluralismo-diversidad? Unidad del pueblo (los nacionalistas) o unidad de clase (la izquierda ortodoxa) versus sociedad abierta. Pueblo versus ciudadanía. Identidad versus personalidad. Colectivo versus individuo.

Estamos acostumbrados de ubicarnos en el espectro político sobre una coordenada entre izquierda y derecha. Pero hay otra que mide y explica mucho mejor el carácter de partidos, movimientos, o líderes: la coordenada entre autoritario y democrático. Si usamos esta coordenada para entender el espectro político, de repente vemos mucha cercanía entre los polos clásicos de derecha e izquierda. Y mucha coincidencia entre liberales e izquierda democrática, libertarios y antiautoritarios. Pero el espectro partidario (aun) no refleja esto.

Mari Le Pen (la líder ultraderechista de Francia) y Pablo Iglesias (el líder de la nueva izquierda populista española) se parecen mucho más de lo que ellos mismos creen. Comunistas y fascistas han erigido dictaduras muy parecidas. Nacionalistas y marxistas tienen el mismo irrespeto por los individuos, sus libertades y sus diferencias. Es tiempo que los verdaderos liberales y los verdaderos socialdemócratas entendamos que tenemos mucho más en común que cada uno con los extremos en la coordenada izquierda-derecha.

(Inspirado en una nota de Roman Leik en Spiegel-Online)

Columna transversal: Correcciones para mantener el país al flote. De Paolo Luers

Los que le ponen metas falsas o irreales, no le hacen ningún favor al incipiente diálogo nacional. Le hacen estorbo.

Paolo Luers, 10 marzo 2017 / EDH

Los que hablan de ‘Segundos Acuerdos de Paz’ o de ‘Acuerdos de Paz de Segunda Generación’ son igualmente irresponsables que los que piden un ‘Pacto de Nación’ que defina, de una por todas, el rumbo del país, o incluso la ‘Refundación de la República’ mediante una Constituyente…

Buscar unos ‘Segundos Acuerdos de Paz’ sólo tendría sentido si habláramos de buscar la paz, mediante diálogo y tal vez negociaciones, en el actual conflicto sangriento, que es entre Estado y pandillas. Pero ni el gobierno, que invitó a Naciones Unidas a esta iniciativa, ni este organismo internacional, ni los partidos políticos dejan duda que no están buscando esto. Entonces, ¿‘Segundo Acuerdo de Paz’ entre quiénes? ¿Entre los que firmaron el primer Acuerdo de Paz: ARENA y FMLN? La última vez que chequeé, no estaban en guerra. Olvidémenos de este término.

Otros hablan de ‘Acuerdos de Segunda Generación’, obviamente viendo los de 1992 como acuerdos incompletos. Es una idea erronea pensar que los Acuerdos de Paz se quedaron cortos y por tanto habrá que completarlos ahora. Los acuerdos del 1992 cumplieron a cabalidad lo que eran sus propósitos: terminar la guerra; erradicar la violencia como instrumento de la política; y establecer el pluralismo democrático, en el cual la izquierda se podía incorporar, buscando realizar su concepto de transformaciones sociales mediante el uso de la política, del derecho a la organización y de la libertad de expresión.

Todo esto (y la desmilitarización) se cumplió con la reforma del sistema político e institucional producida por los Acuerdos de Chapultepec. El hecho la izquierda, luego de incorporarse al sistema plural e incluso llegar al Ejecutivo, no produjo ninguna transformación social es un problema o de su incapacidad, o de su falta de voluntad, o del enredo ideológico de este partido – pero de ninguna manera es falacia de los Acuerdos de Paz.

El hecho que tampoco ARENA ha tenido éxito en poner en páctica su concepto que con suficiente crecimiento económico y con libertad empresarial se generarían los recursos para erradicar la probreza y marginación, tampoco es culpa de los Acuerdos de Paz, sino de las políticas de ARENA – y de su deslice al populismo con la llegada de Saca. Pero Saca del lado de ARENA y Funes del lado del FMLN no son consecuencias tardías de los Acuerdos de Paz, sino de errores y desviaciones de sus respectivos partidos.

No necesitamos completar los Acuerdos de Paz, ni mucho menos refundar la República o reescribir la Constitución. Necesitamos renovación de la política y de los partidos para prevenir al siguiente Saca o Funes. Necesitamos desarrollar políticas públicas y formas de gobernar adecuadas para enfrentar los retor del siglo 21, con su revolución tecnológica y una globalización indetenible. Necesitamos analizar el presente y el futuro para definir estas políticas pública, en vez de seguir analizando los conflictos del siglo XX.

Bueno, dirán muchos: Pero por lo menos tiene que salir de esta coyuntura de diálogo y los buenos oficios de Naciones Unidas un ‘Pacto de País’ que rompa la paralización causada por la polarización. Un pacto que defina el rumbo, para que todos podamos trabajar unidos con los mismos propósitos…

Esto o es una trampa o es una ingenuidad. La polarización no tiene nada de malo, sino es inherente a la democracia pluralista. Nuestro problema no es que los dos partidos tengan propuestas incompatibles, sino que no tienen propuestas, o por lo menos no las quieren exponer con transparencia. La paralización y la falta de acuerdos no se rompen con pactos, sino cambiando la correlación de fuerzas mediante elecciones. Y para que las elecciones produzcan una clara definición de rumbo, primero necesitamos que los partidos definan y expliquen con claridad la diferencia entre sus respectivos rumbos, programas y propuestas.

¿Con esto estoy diciendo que el diálogo no tiene sentido? Por lo contrario, el diálogo siempre tiene razón, en el sentido muy pragmático de mantener al país al flote mientras no se termine construyendo la nueva mayoría necesaria para redefinir el rumbo. Este proceso va a durar por lo menos hasta el 2019 (y posiblemente más) – y mientras tanto hay que mantener funcionando al país, su economía y su Estado.

Si el diálogo promovido por Naciones Unidas lograra permitir al gobierno flexibilizar sus posiciones, abrazar al pragmatismo, salirse de los callejones sin salida donde se ha atrincherado, ya sería un enorme aporte. Aunque no defina el rumbo, no lleve a un pacto nacional, no refunda la República, este diálogo sería útil. Si mediante el diálogo se lograra establecer un marco, dentro del cual el FMLN y su gobierno no pierdan la cara cambiando la políticas que necesitan cambiar para mantener el país a flote, vale la pena que todos aportemos a este esfuerzo. Lo más probable es que con esta idea el presidente, al no ver otras alternativas de cómo salir de la crisis, haya invitado a Naciones Unidas como facilitador.

Ya no más pantomimas en Capres. Columna transversal de Paolo Luers

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Alecus: Bla Bla Bla Land

Mientras en esta mesa no se sienten y tomen protagonismo los expertos idóneos  (nacionales o importados, o de los organismos financieros internacionales), no habrá resultado que valga la pena.

paolo3Paolo Luers, 24 febrero 2017 / EDH

Todos hemos visto en los periódicos y en televisión las imágenes de la tal “mesa fiscal” en Capres: 10 señores con cara de “yo no fui”, cinco del gobierno de un lado, cinco dirigentes de los partidos del otro. Y cero resultados.

Solo viendo estas imágenes y conociendo a los 10 señores queda claro que de ahí no va a salir la solución a los problemas que entrampan al desarrollo del país: desorden fiscal del gobierno, déficit fiscal, falta de crecimiento e inversión. A estos 10 caballeros los podríamos encerrar en esta sala por dos semanas –así como lo hacen en el Vaticano con los cardenales para elegir Papa– y jamás saldrá humo blanco. Jamás saldría el grito: ¡Habemus presupuesto completo y equilibrado! ¡Habemus pacto fiscal! ¡Habemus lista de prioridades! ¡Habemus plan de ajuste!

diario hoyY no solo es por la polarización partidaria. Es que entre estos 10 caballeros de la mesa redonda, sumando las capacidades de todos, no existe el análisis, la creatividad intelectual ni el conocimiento técnico que son indispensables para superar las trabas ideológicas y llegar a soluciones prácticas.

Es tiempo de olvidarse de esta pantomima y crear una “mesa fiscal” de verdad, que se vaya nutriendo del conocimiento técnico y la experiencia sobre las materias a discutir y los problemas a resolver. Hay dos formas de hacer esto: una sería perder el pudor, bajarse los pantalones y pedir al FMI o al Banco Mundial que armen una mesa de expertos, en la cual los dirigentes políticos estarían escuchando, procesando y al final formalizando las soluciones elaboradas. Tal vez esto sería el mecanismo más fácil, aunque un poco vergonzoso para el país. Significaría que pongan orden los tíos que van a poner la plata.

La otra opción es un poco más complicada, pero sería mucho mejor para la ya lastimada autoestima del país: sentar en la mesa y dar protagonismo a los expertos nacionales, los que independientemente de sus preferencias políticas no representan partidos sino el conocimiento acumulado en el país. El ejemplo a seguir lo hemos conocido en estos días: la Reforma de Pensiones que fue propuesta por un consorcio de expertos, junto con la empresa privada y los trabajadores. Luego de que el gobierno y los partidos pasaron más de un año incapaces de salir del esquema ideologizado de discutir las pensiones, de repente hay una propuesta técnica que resuelve el futuro de las pensiones y de paso da alivio al problema fiscal del Estado.

El problema de la mesa como está instalada es que del lado del gobierno están sentados tres señores (el Presidente, su Secretario Privado y su Secretario de Gobernabilidad), quienes a todas luces no entienden los problemas y las consecuencias de cualquier opción de solución que se proponga. A la par de ellos están sentados dos señores (el Ministro de Hacienda y el Secretario Técnico), quienes son los culpables de buena parte del desastre. Del otro lado están sentados los cinco secretarios generales de los partidos, medianamente preparados por sus respectivos asesores, por cierto de muy poco criterio de independencia y análisis técnico.

Los 10 caballeros de la mesa redonda

Los 10 caballeros de la mesa redonda

Se bombardean mutuamente con cifras, modelos y argumentos, los cuales en esta mesa no encuentran quién los pueda desarmar, corregir y rearmar. Luego cada bando regresa a su círculo de correligionarios para analizar lo que se habló y lo que van a llevar a la mesa la próxima vez. Esta es la pantomima que hay que romper.

Si no hay en mesa expertos que pueden pasar los argumentos y las diferentes propuestas de los políticos por el filtro del análisis técnico, de la factibilidad y del pronóstico de costos y consecuencias, esta mesa no va a dar resultados más allá de acuerdos o pactos políticos mediocres e insostenibles. No hay más tiempo para estos jueguitos.

Mientras en esta mesa no se sienten y tomen protagonismo los expertos idóneos (nacionales o importados, o de los organismos financieros internacionales), no habrá resultado que valga la pena. El problema es técnico y lo político solo entra para contaminar y entrampar. Entonces, que los dirigentes políticos se dediquen a desentrampar, para esto sí tienen que estar en la mesa, para que entre todos pueden remover los obstáculos ideológicos y partidarios y al final asumir las soluciones técnicas elaboradas por los expertos.

Es bien simple, pero parece que es demasiado pedir a la clase de dirigentes que tenemos.

Columna transversal: Mejor prevenir que lamentar. De Paolo Luers

Los caudillos populistas no caen del cielo, crecen en el caldo de cultivo que muchos generadores de opinión y políticos han preparado durante años, y que la clase “ilustrada” no ha tomado en serio.

paolo3Paolo Luers, 10 febrero 2017 / EDH

La culpa no es de Trump. Es de los 50 millones de estadounidenses que votaron por él. Trump subió al poder porque 50 millones que creen que construyendo un muro van a parar la inmigración no autorizada a Estados Unidos – y que al cerrar la frontera habrá más jobs y menos violaciones en Estados Unidos. Trump llegó a la Casa Blanca, porque la cultura política en Estados Unidos es tan baja que 50 millones de ciudadanos creen que un presidente puede retroceder el reloj y hacer al país regresar al tiempo de antes de la globalización y de la revolución digital. Si en un país hay tanta gente que cree que un presidente puede devolverles los millones de puestos de trabajo en las industrias tradicionales, aparece alguien como Trump que les promete precisamente esto. Si las encuestas hubieran indicado que existen 50 millones de votantes que aceptarían censura de la prensa, Trump se hubiera puesto a la cabeza de este movimiento. Bueno, no está muy lejos de esto…

diario hoyEl hecho que hubo otro candidato, para variar con discurso de izquierda, que logró movilizar a otros millones de votantes prometiendo la felicidad si el país parara la globalización y la revolución digital y regresara a la era industrial, demuestra que Estados Unidos tiene serios problemas, independiente de quién de los dos populistas ganaba. Juntos, Trump y Bernie, comandaron una mayoría tan ruidosa que ni la esposa de Bill Clinton se atrevió a defender los tratados de Libre Comercio.

Existe la tentación de burlarnos de los “gringos tontos” y decir: You got what you asked for – consiguieron lo que pidieron. Pero cuidado, veamos nuestra propia realidad: No es por arte de magia que los últimos tres presidentes de El Salvador hayan sido hombres como Tony Saca, ahora preso; Mauricio Funes, ahora evadiendo la justicia; y el profesor Salvador Sánchez, quien nos tiene a la orilla del abismo. Han sido electos por gente que querían escuchar sus mensajes simplistas de Súper Mano Dura (Saca), Fábrica de Empleos (Funes), Buen Vivir y Guerra a la Pandillas (Sánchez Cerén). Consiguieron lo que pidieron – y en cada uno de los tres casos, luego se asustaron.

Los caudillos populistas no caen del cielo, crecen en el caldo de cultivo que muchos generadores de opinión y políticos han preparado durante años, y que la clase “ilustrada” no ha tomado en serio.

Mientras que en las redes sociales, los medios y en los cafetines sobran las voces que siembran entusiasmo con la idea de que hay que eliminar a todos los delincuentes, el FMLN sigue estando en la jugada. ARENA hizo propaganda con Mano Dura, pero el FMLN tiene el estómago de ponerla en práctica, presuntamente ejecutando a pandilleros y persiguiendo sin piedad a los jóvenes sospechosos, aunque en su Consejo de Seguridad Ciudadana siga sermoneando de prevención.

El FMLN bien sabe que esto es el único campo donde todavía puede recoger apoyo electoral. Por eso actúa de manera más represiva y militarista de lo que se podría atrever la derecha con su pasado oscuro de represión. Aunque parece que a muchos areneros de la vieja escuela no les faltan las ganas de también comer de este pastel de apoyo popular de las masas frustradas y asustadas que piden sangre…

Mientras la parte de nuestra clase política que no es partidaria (la que trabaja en medios, universidades, iglesias, organizaciones civiles y gremiales) no se decide y coordina para secar los caldos de cultivo del populismo, no podremos evitar que nos sigan gobernando caudillos que sepan instrumentalizar los resentimientos, miedos y agresiones de los frustrados e ignorantes que piden soluciones simplistas como la pena de muerte, la lucha contra la oligarquía, mano dura, solidaridad con Maduro y Castro (unos) o con Trump (los otros). Ojo: Este tipo de consignas vienen empaquetados en discurso de izquierda y de derecha.

Propongo una reflexión: Qué bueno que al sólo asumir el poder Trump millones de personas salieron a las calles y prometieron resistencia. ¿Pero dónde estaba toda esta energía democrática antes y durante las elecciones? Trump no está haciendo nada que no haya anunciado de manera clara y pelada durante su campaña. ¿No le creyeron? ¿No creyeron que podía ganar? ¿O propagaron mejor no votar, porque tampoco les gustaba la otra candidata? Sea como sea, hubiera sido mejor activarse a tiempo para prevenir, y no ahora, para llorar y resistir.

¿Qué significa esta última reflexión para nuestra situación en El Salvador? Significa que todos los sectores que prefieren una sociedad abierta y no autoritaria tienen que activarse a tiempo para contrarrestar el populismo (sea de izquierda o de derecha), que sólo espera al caudillo que sepa cosechar los resentimientos y las exigencias falsas que nacen en el caldo de cultivo del miedo, de la frustración y la ignorancia.

No quiero tener que salir a protestar el 2 de junio de 2019, el día después de la toma de poder del siguiente presidente autoritario en El Salvador.

Columna transversal: Robo es robo. De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 16 diciembre 2016 / EDH

Todo el mundo habla de corrupción. Detrás de la palabra corrupción se esconden todos los delitos donde un funcionario público consigue beneficios personales, aprovechándose de su cargo. La gama de actos de corrupción va de robar dinero del Estado hasta recibir sobornos para favorecer a terceros, o cobrar comisiones sobre contratos del Estado.

Cuando un funcionario se apropia de fondos públicos, los juristas hablan de malversación de fondos o de peculado. Pero estos son términos técnicos y jurídicos para un hecho simple que hay que llamar por su nombre: robo. Si las acusaciones contra Tony Saca y su secretario privado Elmer Charlaix se comprueban, nos seguirán hablando de malversación o peculado, pero de hecho habrán cometido un robo al Estado. O sea, a nosotros. Y así hay que llamarlo.

diario hoyLa otra forma de corrupción que un funcionario puede cometer es apropiarse de fondos de terceros, normalmente de empresas. El funcionario lo puede hacer cobrando comisión sobre un proyecto público. Ahí nos van a hablar de negociación ilícita: Yo te consigo el contrato (para diseñar,  ejecutar o supervisar) un proyecto de construcción, o yo te consigo la concesión de un servicio – y tú me vas a dar a mí un porcentaje del monto que cobrás al Estado. Los juristas van a pelear si este delito es cohecho, tráfico de influencia, negociación ilícita, o la combinación de todos, pero en el fondo siempre es un vil soborno: alguien compra la voluntad del presidente, ministro o funcionario con poder, para beneficiarse del Estado y sus fondos.

Igual es soborno cuando alguien paga al funcionario para que no le sancione, no le investigue, o para que tome ciertas decisiones que le favorecen económicamente. Lean las noticias sobre el caso del exfiscal Luis Martínez, y entenderán qué es soborno… Está acusado de cobrar soborno a Enrique Rais y a Mauricio Funes para manipular la justicia. Y a saber a quiénes más…

En todos estos casos de soborno, el funcionario se enriquece de fondos privados (a menos que el que compra la voluntad del funcionario corrupto es otro funcionario, como en el caso del pago mensual que los presidentes Funes y Sánchez Cerén hicieron llegar al exfiscal Luis Martínez según dijo). Pero aunque el soborno salga del bolsillo privado, siempre hay un daño directo al Estado. Para pagarle a un ministro de Obras Públicas 10 o 15 % de comisión sobre proyectos de construcción, antes tienen que inflar los costos. O cuando sobornan a un funcionario para que no investigue delitos económicos, o para no sancionar empresas que cometieron faltas, el Estado deja de percibir ingresos.

Usualmente el costo colateral de la corrupción es mucho más alto que el costo directo del soborno: El presidente Funes habrá usado tal vez 1 millón de fondos públicos para sobornar al fiscal Luis Martínez para que inicie una persecución jurídica contra la empresa italiana ENEL y contra un grupo de exfuncionarios de ARENA – pero el daño que esto hizo a las finanzas de la CEL, de la GEO y del Estado es mil veces más grande que la suma que Funes ilegalmente y presuntamente pagó a Luis Martínez.

Llegamos al tema de los sobresueldos. Lo que Funes y Sánchez Cerén presuntamente pagaron a Luis Martínez no es sobresueldo. Es un vil soborno. Casa Presidencial no tiene nada que ver con el sueldo de un fiscal (o magistrado, o diputado, o cualquier otro funcionario de un órgano del Estado que por Constitución debe ser independiente del Ejecutivo). Se trata de soborno la compra de voluntad de un funcionario cuyo deber es controlar al gobierno, es un acto anticonstitucional. Igual será si en algún momento se comprobaría que desde los maletines negros de la presidencia se han comprado diputados, con el fin de que abandonen la oposición y voten en favor del gobierno.

El término de sobresueldo solo aplica cuando el que paga el salario de un funcionario paga algo extra. Puede ser una forma de atraer a profesionales que fuera del gobierno ganan más que el salario asignado en el servicio público. Pero puede ser también una forma de comprar silencio y complicidad de un funcionario. En este caso también es soborno.

¿En qué categoría cae la práctica de la Asamblea de otorgar donaciones a fundaciones o asociaciones, de las cuales se benefician ciertos diputados o sus familiares (como en el caso de Guillermo Gallegos), o sus partidos? Puede ser que hubo negociación ilícita, puede ser que hubo financiamiento ilícito de partidos, puede ser que hubo malversación de fondos. Depende de lo que arrojen las investigaciones que deberían hacerse en todos estos casos. Pero no nos dejemos enredar en terminología jurídica: es otra forma de robo y de soborno.

La palabra que más suena en el contexto de la corrupción es enriquecimiento ilícito, por una simple razón: la actual lucha contra la corrupción no nace en la fiscalía, sino en la Sección Probidad de la Corte Suprema. Y su vehículo jurídico es la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito. Pero ya sabemos que detrás de este término jurídico siempre hay un robo o un soborno. Repito: Hay que llamar las cosas por su nombre.

Columna transversal: ¿Hasta dónde queremos llegar? De Paolo Luers

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

paolo_luers-obsPaolo Luers, 2 diciembre 2016 / EDH

La lucha contra la corrupción, durante años una exigencia de la sociedad civil sin respuesta en las instituciones del Estado, al fin se está materializando. El Estado ha comenzado a romper con la inercia y la cultura de la impunidad. Apareció, más por accidente que por diseño, una Sala de lo Constitucional independiente. Se comenzó a abrir la Caja de Pandora. Cuando desde las esferas del poder querían callar o desmontar la Sala, desde la sociedad civil no lo permitimos, la defendimos. Se desencadenó una dinámica que empoderó ambos: la Sala y la sociedad civil.

diario hoyCon una fiscalía y una Corte de Cuentas corruptas, con un gobierno en defensiva, con una oposición tibia y enredada en su pasado, surgió el impulso fuerte de exigir una CICIES como palanca independiente para romper la inacción de las instituciones. Los gobiernos del FMLN vetaron determinantemente esta idea, pero cobró fuerza en la opinión pública, la oposición, la academia, el sector privado, y en la comunidad internacional. Comenzó a cambiar la correlación de fuerza en la Corte Suprema, donde antes estaban aislados los esfuerzos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se reactivó la Sección Probidad – y comenzaron las investigaciones contra los expresidentes Funes y Saca por enriquecimiento ilícito.

Al mismo tiempo, la sociedad civil logró obligar a los partidos a desistir de su idea de reelegir al fiscal general Luis Martínez, y se eligió a un nuevo fiscal, con el claro mandato a investigar la corrupción y romper la impunidad. Miles de ciudadanos comenzaron a hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. La transparencia, concebida por el gobierno de Funes como una válvula de escape, cobró vida propia y el destape de mucha información antes reservada comenzó a dinamizar las investigaciones de la Sección Probidad y de la Fiscalía General. La embajada de Estados Unidos, que antes había apoyado la idea de una CICIES, aprovechó la elección de un fiscal general nuevo, quien necesitaba apoyo contra las presiones de todos lados, para apadrinar la fiscalía e instalar ahí una especie de CICIES. Sólo que sin la independencia y transparencia de una Comisión Internacional, sino casi de manera conspirativa.

El resultado: Una ola de investigaciones y juicios. Ahora tenemos ya los últimos tres expresidentes acusados de corrupción, uno de ellos preso junto a sus más cercanos colaboradores, el otro exilado en Nicaragua evadiendo la justicia, y el tercero fallecido. En la agenda está investigar a los dos anteriores presidentes, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol – así que estarían cuestionados todos los presidentes de la postguerra. El último fiscal general es acusado de corrupción y otros delitos, y ya se está hablando de investigar a sus antecesores, así como a exmagistrados de la Corte Suprema. Los casos de varios diputados y exdiputados están al punto de pasar de la Sección Probidad a la fiscalía y a los tribunales civiles y penales. Un magistrado de la Sala de lo Constitucional propone investigar a todos los funcionarios de las distintas administraciones que han recibido sobresueldos. Todo el mundo sabe el sobresueldo para ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo, pagado en efectivo, fue una práctica común de todos los gobiernos. Nadie quería pagar el costo político de poner a los funcionarios salarios de mercado, todos prefirieron resolver el problema con sobresueldos.

Y muchos de los voceros de la Sociedad Civil reaccionan como perros de caza: cuando huelen sangre quieren buscar más.

En esta situación hay que preguntar: ¿Hasta dónde queremos llegar?

No tengo respuesta a esta pregunta, pero tampoco podemos dejar de formularla. Política y éticamente es imposible decretar una amnistía. Pero tampoco podemos enjuiciar cientos de funcionarios y exfuncionarios. Muchos de ellos han actuado en una zona gris que durante décadas fue considerada normal. Repito: ¿Hasta dónde queremos llegar?

El resultado de todo esto no puede ser la erradicación de toda confianza en el servicio público y en el sistema político. La meta prioritaria tiene que ser establecer con claridad las reglas y reforzar los mecanismos del control, para que en el presente y futuro no existe impunidad para la corrupción.

¿Cómo se hace esto? Con más transparencia, eliminando las zonas grises de fondos reservados y discrecionales, de sobresueldos, de presupuestos manipulados; establecer mecanismos de control parlamentario y judicial más eficientes; reforzar la independencia de las instituciones que vigilan al poder…

¿Hasta dónde queremos llegar? Tenemos que comenzar a discutirlo y buscar una respuesta que concilia la necesidad de justicia y la necesidad de estabilidad.