Columna transversal

Ubiquémonos en el año 1993. Columna Transversal de Paolo Luers

9 junio 2019 / EL DIARIO DE HOY

Nos hicimos amigos con Raymond Bonner en diciembre del 1981, cuando salimos juntos a El Mozote para investigar la masacre. El reportaje que Bonner publicó en THE NEW YORK TIMES, más otro que escribió Alma Guillermoprieto para el WASHINGTON POST y las fotos de Susan Meisalas que corrieron por el mundo entero, confirmaron las denuncias hechas por Radio Venceremos de la muerte de unos mil civiles a manos del BatallónAtlacatl.

Constatar la masacre con los ojos de sus propios reporteros fue la única manera que los medios más influyentes iban a publicar esta noticia tan sustancial, que de hecho cambió el debate en Estados Unidos sobre la ayuda militar para El Salvador. Nunca voy a olvidar la ira que sintió Bonner al darse cuenta de la dimensión de la masacre, y de ahí surgió su valor de documentar algo que el gobierno de su país categoricamente desmentía y tildaba de propaganda comunista. Este valor le costó incluso su trabajo en el NEW YORK TIMES. Publicaron el reportaje, pero luego cedieron a la presión de Washington…

Ahora, 38 años después, Raymond Bonner vuelve a escribir en THE NEW YORK TIMES sobre El Mozote, en una columna de opinión sobre el debate que aquí en El Salvador se ha desatado sobre cómo llegar a la verdad y la justicia en este tipo de capítulos oscuros de la guerra. Y esta vez tengo que disentir con mi amigo Raymond.

Bonner escribe en el NYT: “Ahora el FMLN (con 23 diputados en la Asamblea Legislativa de 84 miembros) está apoyando un proyecto de ley sobre reconciliación nacional propuesto por ARENA  (con 37 diputados), que equivale a una amnistía de hecho para los delitos cometidos durante la guerra. Los políticos pueden tener aliados extraños, ¿pero esto?”.

Esto no es lo que está pasando. No es una ley de ARENA, la que por razones extrañas apoya la ex guerrilla. Resumamos cómo se llegó al punto de discutir hoy, 27 años después de la firma de la paz, una Ley de Reconciliación. En 1992, la Asamblea Legislativa decretó una primera Ley de Amnistía, necesaria para que los combatientes y comandantes de la guerrilla pudieran deponer sus armas, regresar a la vida legal e insertarse en el sistema político, así como acordaron en los Acuerdos de Paz. De esta amnistía quedaron exentos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que iba a investigar la Comisión de la Verdad instalada por Naciones Unidas.

El informe de esta comisión fue presentado en 1993 y documentaba una serie de crímenes, la gran mayoría cometida por fuerzas gubernamentales, y otras por la guerrilla. Según la ley de amnistía vigente del 1992, estos crímenes señalados por el informe de la Comisión de Verdad, entre ellos la masacre de El Mozote, tendrían que llevarse a los tribunales.

Ubiquémonos en el año 1993. Ya no había guerra, pero tampoco había garantía de paz

La parte esencial de los acuerdos firmados en enero 1992 todavía no estaba cumplida. Había un cese al fuego, había desmovilización y entrega de armas del FMLN, pero las estructuras guerrilleras no estaban del todo desmontadas y desarmadas; la Fuerza Armada todavía no estaba depurada; los batallones especiales (como el Atlacatl, que cometió las masacres de El Mozote y la UCA) aún no estaban desmovilizados; la nueva Policía Nacional Civil todavía no existía, sino que siguió patrullando la vieja Policía Nacional. La Corte Suprema de Justicia todavía estaba en manos de personeros como Mauricio Gutierrez Castro. Ni siquiera se había comenzado con una depuración de la Fiscalía.

La paz todavía podía colapsar de un momento a otro.

En esta situación crítica, densa y peligrosa, que muchos ya han olvidado (y otros ya no la vivieron), ¿cómo comenzar con juicios contra los jefes militares y guerrilleros? ¿Qué confianza se podía tener en la justicia, en la Fuerza Armada, en la guerrilla  y en la solidez del cese al fuego? Ninguna confianza ciega.

En 1993, la decisión de dar una amnistía general fue lógica, necesaria y justificada. Había un conflicto entre dos imperativos: la paz y la justicia, y lo único sensato, necesario e incluso justo fue priorizar la paz.

No tenemos derecho de revertir retrospectivamente lo que fue necesario y justo en 1993. Hoy, 26 años más tarde, no podemos venir y decir:  como ya no estamos ante un cese al fuego frágil y ante el peligro de una nueva guerra civil, revirtamos nuestra decisión de prioridades –hoy es hora de aplicar la justicia. La historia no se puede reescribir, tampoco las partes que a uno le causen problemas éticos.

Lo que está haciendo la Asamblea ahora es cumplir un mandato de la Sala de lo Constitucional y llenar un vacío legal

La Sala declaró nula la amnistía del 1993, pero tenía plena conciencia que esto podía causar un caos jurídico. con avalanchas de juicios contra todos los protagonistas de la guerra, que podía comenzar con intenciones justas de búsqueda de verdad pero convertirse en una cadena de venganzas. Por esto la Sala ordenó a la Asamblea aprobar una ley que priorice la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición de los crímenes.

Esto es lo que está haciendo la Asamblea. Lo hizo mal, no supo involucrar y armonizar las posiciones encontradas en la sociedad civil. No supo valorar que esta ley, para ser aceptada por la sociedad, no podía salir de una comisión integrada por ex militares y ex guerrilleros.

Como reacción a estos errores surgen nuevamente voces que piden castigo, cárcel, incluso venganza. Hablan de verdad y justicia, pero no aceptan una ley que no lleve a la cárcel a los responsables.

El periodismo, sobre todo cuando es ejercido por los que sí vivimos las angustias de la transición de la guerra a la paz, tiene que ser responsable cuando trate esta problemática.

El vacío de liderazgo es también un vacío de contenidos. Columna Transversal de Paolo Luers

19 mayo 2019 / EL DIARIO DE HOY

Así como está, ARENA no cumplirá su papel de ‘oposición responsable’, ni tampoco está generando las condiciones para garantizar que luego del 2021 quede en pie una oposición capaz de hacer contrapeso al gobierno. Así lo vemos desde fuera, con preocupación, porque por más hartos que estemos de los partidos, necesitamos que exista un contrapeso opositor.

De paso, definamos qué significa ‘oposición responsable’. Hay una controversia muy superficial sobre si significa oposición ‘constructiva’ que genera gobernabilidad, o si significa oposición consecuente al proyecto político del gobierno entrante. Es una controversia superficial, porque ve el problema en blanco y negro, como si la oposición tendría que decidirse, de una vez por todas, o por ser ‘constructiva’ o por ser ‘destructiva’. Y no es así. No es blanco o negro. No es excluyente. La responsabilidad que una oposición tiene que asumir no sólo reside en la disposición constructiva de apoyar al gobierno en las iniciativas que benefician al país – sino que reside también en la disposición ‘obstructiva’ de evitar que prosperen iniciativas del gobierno que debiliten la institucionalidad democrática y constitucional del país.

Quien sólo asume una de las dos responsabilidades de la oposición está condenado al fracaso. Las dos son indispensables y complementarias.

En ARENA se dan confrontaciones fuertes, que todo el mundo siente que tienen que ver con cómo asumir su papel opositor, pero sin que las contradicciones se articulen políticamente. La confrontación, en vez de articularse políticamente, se queda en pleitos personales y del poder. Mientras no hay un debate político que transparente las diferentes posiciones y propuestas, no habrá solución. Pueden haber arreglos, pero no habrá solución.

Muchos piensan que el actual conflicto dentro de ARENA es la prolongación de las divisiones que se generaron en las elecciones internas del año pasado para definir al candidato presidencial. Pero no es así. El pleito actual poco tiene que ver con las divisiones entre quienes apoyaron a Carlos Calleas y los que apoyaron a Javier Simán – y ya no sigue las mismas líneas divisorias. Calleja y Simán ambos eran renovadores que trascendieron la manera tradicional de hacer política en ARENA. Si en algún momento se hubieran unido para juntos renovar al partido detrás de una plataforma programática, con seguridad existiera hoy un partido opositor fuerte que no dejaría la iniciativa al presidente electo.

Hoy ya no se trata de candidaturas, que es un asunto que divide, sino de definir el ADN del partido y su rol ante el desafío de un gobierno populista – y en este debate de fondo Simán y Calleja defienden objetivos muy parecidos: superar las políticas clientelistas, pero también las mercantilistas a favor de sectores de poder detrás del partido; recuperar los principios republicanos como ejes rectores de la política; defender la independencia de las instituciones, no sólo cuando esto favorezca a intereses propios, sino por vocación constitucionalista y democrática.

Algunos que en la contienda por la candidatura apoyaron a Calleja, hoy se consumen con propias ambiciones – o se dedican a consolidar sus feudos para sobrevivir aun con una ARENA sin proyección de poder y liderazgo nacional. Pero muchos otros que apoyaron a Calleja, hoy comparten con simpatizantes de Simán la angustia por ver el declive de su partido y estarían dispuestos de trabajar juntos para relanzarlo.

ARENA necesita llenar el vacío de liderazgo, pero no puede tratar de hacerlo sin llenar también el vacío de definición política. La nueva dirección que ARENA necesita a gritos, tiene que ser resultado de esta definición política.

Por supuesto que dentro de ARENA hay diferencias políticas, por ejemplo sobre asuntos de religión y estado; sobre los peligros del cambio climático; sobre la institucionalidad democrática; sobre responsabilidad empresarial; sobre cómo combatir la pobreza y la violencia. Muchos piensan que estas diferencias son el causante de las divisiones que bloquean el proceso interno en ARENA. Falso. En un partido grande, la existencia de diferencias no es mala, más bien es inevitable y hasta necesaria. Si los diferentes grupos que puyan por el poder en ARENA sometieran al debate racional sus posiciones políticas y las diferencias que tienen con otros sectores de su partido, sería mucho más fácil llegar a una concertación y una unidad basada en el respeto por el pluralismo.

Un partido grande que pretende erradicar las diferencias internas camina al borde de volverse autoritario. Lo que tienen que aprender los partidos es cómo administrar las diferencias en su interior y convertirlas en riqueza – y no buscar cómo erradicarlas ni esconderlas.

Muchos dicen que el conflicto actual en ARENA es un nuevo pleito entre Neto Muyshondt y Javier Simán por el control del partido. Bueno, lo primero que ambos (y otros que aspiran a liderar el partido) tendrían que revelar sus intenciones: ¿Qué rol quieren jugar, a qué responsabilidad o cargo aspiran? ¿A quién proponen como presidente del COENA?

Segundo: Si todos hablan de renovación, entonces que cada uno explique qué cambios propone para su partido – en su organización interna, en su plataforma programática, en su manera de asumir la oposición al gobierno de Bukele.

Consecuencia de estos dos pasos, si son bien dados, ARENA podrá definir su liderazgo y rol opositor. Sin dar estos pasos, estaría condenado a jugar un papel complementario. Suerte que obviamente a algunos caciques no molestan mucho – con tal que mantengan sus feudos.

CIRES en vez de CICIES. Columna Transversal de Paolo Luers

5 mayo 2019 / EL DIARIO DE HOY

Olvídense de la CICIES. No necesitamos una comisión internacional que ataque la corrupción por el lado de la investigación y persecución penal. Ya se ha mostrado que esta parte de la lucha contra la corrupción funciona en manos de nuestras instituciones, y con mejores presupuestos y asistencia técnica internacional lo harán aún mejor.

Pero hay otra parte de la lucha contra la corrupción que está en pañales: la consecuente e integral reforma del Estado que erradique la incapacidad e ineficiencia en la administración pública y la deficiencia de los servicio a la ciudadanía. Por que es errónea la idea de que la corrupción comienza donde un funcionario robe al Estado o acepte sobornos. Esta es la parte de la corrupción que es más fácil erradicar, y de hecho El Salvador y otros países latinoamericanos lo están haciendo con bastante éxito. La parte de la corrupción mucho más difícil es la que comienza con la contratación de un funcionario no capacitado para su cargo, y que continúa con estructuras burocráticas que en vez de solucionar problemas los complican.

La “corrupción delictiva”, para llamarla de algún modo que la distingue de la “corrupción sistémica” que tiene que ver con la forma ineficiente como se organiza el Estado, es más fácil de detectar y erradicar porque el Estado tiene instrumentos para hacerlo: instrumentos institucionales de investigación y de persecución, como la PNC, la Fiscalía, Corte de Cuentas, tribunales, la Sección de Probidad. Algunas trabajan bien, otras todavía no, pero será fácil mejorarlas con recursos adecuados y asistencia internacional, sin necesidad de una Comisión Internacional que entra en conflicto con el orden constitucional del país.

Además, la lucha contra la parte delictiva de la corrupción (los presidentes que usan partidas secretas para robar millones; ministros y alcaldes que se dejan sobornar) tiene la gran ventaja de tener la opinión pública no sólo de su lado, sino presionando a las instituciones, pidiendo resultados.

¿Pero quién denuncia, quién investiga, quién erradica la corrupción que no se deja definir como delitos perseguibles sino que requiere transformaciones estructurales en el Estado? Nadie. Leemos en los periódicos de un presidente y otros funcionarios presos por corrupción, de otro presidente prófugo por corrupción, de alcaldes procesados por corrupción, pero nunca leemos de investigaciones que nos explican que cientos de millones de dólares se pierden por ineficiencia. Lastimosamente no es cierto aquella consigna del presidente electo que dice que “el dinero alcanza cuando nadie roba”. Es una visión muy corta de la corrupción y de las reformas que necesita el Estado para erradicar la ineficiencia sistémica. Al final del día lo que perdemos por la corrupción/robo es nada en comparación con la corrupción/ineficiencia…

La crisis permanente de los hospitales públicos y de los medicamentos no se explica ni por el montón de dinero que robaron los presidentes ni tampoco por lo poquito que pueden estar robando directores o administradores del área salud. Se explican por fallas en el aparato gubernamental que impiden que los recursos existentes sean bien aprovechados y se reflejen en beneficios de los usuarios.

Lo mismo en el sistema escolar, en la manera como se administran la PNC, el agua, la política energética. Podemos armar el mejor sistema de investigación policial, la mejor fiscalía, el mejor sistema judicial, la mejor CICIG y posiblemente agarrar y meter presos a todos los ladrones metidos en salud, Educación y Seguridad, en ANDA y CEL, y con esto se aun no van a mejorar los servicios públicos que dan estas instituciones, porque siguen sin tocar las fallas sistémicas de esta administraciones públicas que evitan que trabajen con eficiencia.

Y para esta tarea no tenemos instrumentos. Así que, si queremos institucionalizar la disposición internacional de ayudarnos en la lucha contra la corrupción, no pensemos en una CICIG que duplique el trabajo de la Fiscalía General. Pensemos en una comisión que nos ayude a reformar el Estado y a hacer más eficiente el servicio público y las instituciones que brindan servicios a la ciudadanía. Para esto se necesitan leyes adecuadas, como por ejemplo la permanentemente engavetada Ley de Servicio Público; se necesita reforma profunda de la burocracia; tecnología adecuada para hacer el aparato estatal a la vez más eficiente y más transparente; sistema de evaluación de funcionarios y de incentivos…

En esta reforma del Estado se tendrá que enfrentar a resistencias muy fuertes de grupos de interés incrustados en el aparato del Estado; funcionarios privilegiados igual que sindicatos. Para esto hay que hacer investigaciones, elaborar propuestas, movilizar la opinión pública. Invito al futuro presidente de establecer y dotar de total autonomía una Comisión Internacional de Reforma del Estado –y a comprometerse a poner en práctica sus recomendaciones. CIRES en vez de CICIES. Simplemente insistir y tratar de imponer una CICIES a la guatemalteca sería demagogia.

La mentira de un “país lleno” Columna Transversal de Paolo Luers

21 abril 2019 / EL DIARIO DE HOY

El número de imbecilidades que puede decir (más bien, tuitear) un presidente demagogo es ilimitado. Trump es el ejemplo de un presidente cuya demagogia no tiene límites de racionalidad, veracidad, responsabilidad o decencia.

“Our country is FULL” (Nuestro país está LLENO), anunció Trump en Twitter, agregando su advertencia de cerrar la frontera con México, si este país no capturaba a todos los “illegals” que tratan de entrar a Estados Unidos.

No me voy a detener en esta columna con las numerosas barbaridades políticas que le cupieron a Trump en un solo tuit: hablar de personas “ilegales”; pensar que los mexicanos podrán decidir a arrestar a los miles de migrantes que diariamente cruzan su país; amenazar con cerrar una frontera de 3,175 km y 56 pasos para peatones, vehículos, trenes y mercancías. De todo esto ya se ha hablado bastante.

Pero que el presidente de un país diga: Estamos llenos, ya no cabe más gente – esto si es nuevo. Sobre todo, cuando es tan evidentemente falso.

Igual que en los demás países desarrollados e industrializados (Europa, Canadá, Australia), el desarrollo demográfico y económico de Estados Unidos depende de una permanente inmigración. Un reciente análisis del New York Times, titulado “Trump Says the U.S. Is ‘Full’,” llega a la siguiente conclusión: “Esto sugiere que la nación ya no puede acomodar mayor inmigración, porque ya está sobre estirado. Pero esto va en contra del consenso de expertos de demografía y economía. Ellos ven amplia evidencia de que el país no está ni cerca de ‘lleno’. Más bien, una población cada vez más vieja y la decreciente tasa de nacimiento entre la población nacida en Estados Unidos están creando ciudades y pueblos carentes de población, viviendas desocupadas y finanzas públicas en crisis.”

Sobre todo el mercado laboral exige que elevados números de jóvenes entren a la vida productiva – pero sin migrantes esa exigencia quedaría insatisfecha.

La misma situación absurda se generó en muchos países europeos. En Alemania, por ejemplo, la entrada de millones de refugiados de Siria, Irak, Afganistán y otras regiones en crisis causó todo un movimiento anti migración, a pesar de que los expertos en demografía y desarrollo tienen años de señalar que el país necesita más inmigración, sobre todo de jóvenes, para evitar que colapsen el mercado laboral, el sistema de aprendizaje de trabajadores calificados, y el sistema de pensiones.  

Ahora los alemanes se dieron cuenta que la migración es un fenómeno no solo inevitable, sino manejable. Y es más, es un fenómeno incluso necesario y positivo, cuando es bien administrada. Positivo para los países receptores, que necesitan mano de obra fresca y crecimiento demográfico – pero también para los países de origen, que necesitan bajar presión social, recibir ingresos por remesas y calificar su mano de obra. Los países del Sur de Europa (Italia, Serbia, Croacia, Grecia, España y Portugal) lograron despegar su desarrollo económico, social y democrático en los años 60/70 en gran parte porque Alemania, Suecia, Holanda Francia y Gran Bretaña necesitaban millones de trabajadores – y los integraron en concepto de “Gastarbeiter” (“trabajadores invitados”). Los países del Sur se beneficiaron, porque evitaron hambrunas y recibieron miles de millones de remesas; y los países del Norte se beneficiaron, porque tenían disponible mano de obra económica para el desarrollo de sus industrias claves, por ejemplo la automotriz. Buena parte de los “trabajadores invitados” regresaron luego a sus países a los 15 o 20 años, con ahorros y formación profesional – pero un alto porcentaje (unos 40%) se quedó en el Norte, integrándose plenamente a sus sociedades y culturas.

En épocas anteriores, sin la migración masiva a Estados Unidos, países como Irlanda e Italia se hubieran hundido en su pobreza – y Estados Unidos no se hubiera desarrollado tanto en el Siglo 20. Cosa parecida había pasado en el siglo 19 con la migración alemana a Estados Unidos.

Estos países europeos, en ciertos momento de sus historia, sí estaban llenos, o sea con más población que podían alimentar. Así como ahora El Salvador es un país ‘lleno’, que necesita de la migración para que la sobrepoblación no la hunda en pobreza. Solo imagínense a nuestro país con los 8 ó 9 millones de habitantes que tuviéramos sin el movimiento masivo de emigración al Norte.

Claro que hay salidas de la pobreza, y de la necesidad de la migración. Irlanda, que todavía al principio del siglo 20 tuvo hambrunas y tuvo que mandar a millones de sus hijos a Estados Unidos e Inglaterra, ahora es un país vibrante que recibe migrantes para poder continuar creciendo. Portugal, el Sur de España y buena parte de Italia comenzaron a salir del “tercer mundo” con la integración europea y su mercado laboral libre. Sin la posibilidad de migración masiva y mercados laborales libres no hay desarrollo para países como los nuestros del triángulo Norte de Centroamérica.

Ficción y política. Columna Transversal. De Paolo Luers

Volodymyr Zelenskiy

7 abril 2019 / EL DIARIO DE HOY

Todo comenzó con un chiste. Faltaban casi dos años para las elecciones presidenciales y había que hacer encuestas. Entonces, a alguien se le ocurrió medir en esta encuesta, a la par del presidente que buscaba su reelección y de los candidatos ya declarados de los diferentes partidos, también al actor que juega el papel del presidente de la República en una telenovela muy popular. Resulta que el actor ganó la encuesta. La ficción venció la realidad.

El segundo paso: Los productores de la telenovela “Servidor Público” crearon un partido político con el mismo nombre.

El tercer paso: El actor se inscribe como candidato a la presidencia.

En las elecciones presidenciales del domingo 31 de marzo el actor ganó la primera vuelta. Se llama Volodymyr Zelenskiy. Luego de ganar más del 30% de los votos en primera ronda, contra un 18% del actual presidente Petro Poroshenko, entra como favorito a la segunda ronda.

El chiste se está haciendo realidad. ¿O nunca fue un chiste, sino desde el principio hubo un plan magistral de mercadeo político, hecho en las entrañas del mayor consorcio mediático del país, el que produce la telenovela y cuyo dueño es un oligarca y adversario declarado del presidente actual?

Esta historia que pasó en Ucrania es demasiado buena para no convertirla en tema de mi Columna Transversal. Nos debe llevar a reflexiones serias sobre la incursión del showbusiness en la política – o más bien del fenómeno de candidatos populistas que surgen fuera del esquema tradicional partidario, catapultados por campañas novedosas que aprovechan al máximo las nuevas tecnologías de comunicación – pero sobre todo explotan la frustración de la gente con los partidos que los representan.

El actor de presidente tiene cero experiencia política, a menos que contemos como experiencia su papel de presidente en una telenovela. Durante su campaña no se presentó en vivo a ningún público; no dio discursos; no participó en debates y no dio entrevistas. Pero tuvo una fuerte presencia en redes sociales (adivinen con qué discurso: “los mismos de siempre” plus “la corrupción”) – y obviamente en televisión. Todavía en la recta final, cuando por ley las campañas electorales ya estaban en silencio, se transmitió su telenovela…

No presentó ningún programa de gobierno. Nadie tiene idea de cómo y con quiénes va a conformar su gobierno. Pero salió claro ganador de la primera vuelta.

Zelenskiy no sería el primer actor convertido en presidente. Tampoco el primer cómico. El ejemplo más reciente es Jimmy Morales, quien está exitosamente arruinando el proceso de democratización en Guatemala. El ejemplo más famoso: Ronald Reagan. Arnold Schwarzenegger llegó por lo menos a gobernador de California, y los expertos todavía tratan de averiguar si la gente votó por Terminator o por el bodybuilder

Pero que yo sepa, nunca nadie se volvió presidente por haber sido presidente de la República en una telenovela. Sería como si Kevin Spacey se hubiera lanzado de candidato a presidente de Estados Unidos y la gente hubiera votado por Frank Underwood.

Nosotros en El Salvador hemos elegido tres presidentes provenientes del showbusiness. Primero Toni Saca, quien construyó su popularidad como narrador de fútbol. Luego Mauricio Funes, quien se hizo popular como entrevistador, enfrentando a los poderes. Y luego de un intermedio con el profesor Sánchez Cerén, los salvadoreños eligieron a Nayib Bukele, una especie versión moderna del flautista de Hamlin. Hasta ahora no nos ha ido nada bien con los showmen en Casa Presidencial…

El actor

Regresemos a Ucrania. Es un país en permanente crisis. Su vecino Rusia mandó  sus tanques para expropiarle una provincia (Crimea) y tiene a otra región (Donetsk) sumergida en una guerra civil interminable. Es un país que quiere ser parte de la Unión Europea, pero no logra salir de la órbita rusa. Tiene enormes problemas económicos, energéticos y de corrupción. ¿Cómo pensar que un actor de comedias sin partido y sin programa político será el más indicado de dirigir este país?

A lo mejor nadie piensa esto, ni siquiera los que lo lanzaron y los que lo votaron. A lo mejor lo único que piensan es que este hombre es carta ganadora porque no es de los mismos de siempre y nadie lo puede vincular a la corrupción, porque nunca administró nada. Este truco tampoco es nada nuevo: Así llegaron al gobierno Hugo Chávez, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Jimmy Morales. Y Nayib Bukele.

El Manifiesto de Los Mismos de Siempre. Columna Transversal de Paolo Luers

24 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

[A veces hay que optar por la ficción para enfrentar la realidad. A veces hay que usar la imaginación para visualizar cómo salir de una crisis marcada precisamente por la falta de imaginación. Bueno, yo me imagino que un día de estos líderes de izquierda y derecha se sientan para analizar sus diferencias y coincidencias. Me los imagino en esta mesa a viejos a la par de jóvenes, unidos por el compromiso de promover, cada uno en su ámbito político, las discusiones y transformaciones necesarias. Me imagino que su primer acuerdo sería pronunciarse al público para romper la defensiva y recuperar la iniciativa. Así es que nacería este Manifiesto de los Mismos de Siempre…]

Nos dicen ‘Los mismos de siempre’. Han ganado una elección con este slogan, porque nos dejamos colocar a la defensiva y dejamos de defender con orgullo lo que hemos logrado en las últimas tres décadas.

Somos los mismos de siempre que hemos construido el modelo salvadoreño para salir de una dolorosa guerra: una paz sin perdedores y sin ganadores, para todos poder participar en la reconstrucción del país – sin discriminaciones y con la frente en alto.

Somos los mismos de siempre que demostramos a la comunidad internacional que supimos cumplir al pie de la letra los complicados compromisos del cese al fuego, de la separación de las fuerzas beligerantes y su posterior desmovilización  – y de los Acuerdos de Paz en General.

Somos los mismos de siempre que a pesar de las profundas diferencias ideológicas supimos consolidar el sistema pluralista, dotar de credibilidad las elecciones, y crear la confianza necesaria para la alternancia pacífica del poder.

Somos los mismos de siempre que al fin logramos una estabilidad tal de las instituciones que les permitió romper con el lastre de impunidad y comenzar a investigar y perseguir la corrupción de los más altos funcionarios. Contrario a lo que muchos quieren hacernos creer, hoy no tenemos más corrupción en El Salvador sino más lucha contra ella.

Aunque todos hemos fallado en muchas tareas, sobre todo en la lucha contra la violencia y la erradicación de la pobreza, los mismos de siempre hemos logrado que durante 27 años se respetara la libertad de expresión y de prensa y se erradicó la violencia política, o sea el uso de las armas para conquistar o defender el poder.

Nada de lo que hemos construido es perfecto. Hay que mejorarlo, no botarlo. Ahora por primera vez asumirán el gobierno personas que no se sienten comprometidos con los Acuerdos de Paz y lo construido a partir de ellos. Desprecian la República que hemos construido por eso hablan de refundarla. Nosotros vamos a defender la República.

El error que cometieron tanto ARENA como el FMLN en la campaña electoral pasada fue que con frases como “los mismos de siempre” y “devuelvan lo robado” se dejaron poner a la defensiva, en vez de defender con orgullo lo logrado, incluyendo la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Quieren ganar otra elección de la misma manera, la elección decisiva del 2021, donde se tratará de consolidar o perder el sistema de pesos y contrapesos, o sea el carácter democrático y republicano de nuestro sistema político. Esto no pasará, porque estamos creando partidos renovados (o incluso nuevos), modernos, democráticos.

En el 202l, el populismo demagógico se va a topar nuevamente con “los mismos de siempre”, pero esta vez preparados y sin complejos. Se va topar con unos contingentes con una clara definición ideológica de izquierda democrática, y con una derecha con clara definición ideológica liberal. Estas dos corrientes principales van a ofrecer a la ciudadanía un debate sobre sus proyectos políticos, sobre las diferencia fundamentales entre la izquierda democrática y la derecha democrática – pero también, sobre sus coincidencias frente a los peligros de un nuevo autoritarismo.

Por más que estemos coincidiendo en la necesidad de defender el Estado de Derecho y las libertades, los proyectos políticos de derecha e izquierda nunca serán iguales. Es otra mentira que Nuevas Ideas necesita inventar para justificar su existencia. Y al revés: Por más que vayamos a luchar cada uno por su proyecto político, no vamos a abandonar la lucha común por defender la democracia pluralista.

Volcán de San Salvador, algún día pronto

Los Mismos de Siempre

¿Historia oficial? Columna Transversal de Paolo Luers

10 marzo 2019 / EL DIARIO DE HOY

En un noticiero internacional hice un descubrimiento sorprendente: En Polonia existe una “política oficial de historia”. El término que usaron en el noticiero –“Geschichtspolitik” en alemán- y su traducción al español suenan raro. ¿Cómo puede existir una política oficial del Estado (o gobierno) en cuanto a cómo entender y escribir la historia? Con otras palabras, ¿puede existir una “historia oficial”, administrada y reglamentada por una política oficial?

Parece que sí. La noticia era sobre un incidente en Polonia: El gobierno conservador-nacionalista de Polonia removió al historiador Papel Machcewicz de la dirección del Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk. El conflicto detrás de la noticia: Machcewicz inauguró el museo con una exposición sobre el Holocausto cometido por los alemanes contra los judíos polacos durante la ocupación nazi de Polonia – y en esta exposición también documenta el antisemitismo polaco. Esto, según el ministro de cultura, “no corresponde a la ‘política de historia’ del gobierno. Machcewicz tuvo que ir y el museo cerró sus puertas, hasta que adapte la exposición a la historia oficial…

Polonia no es el único país, donde el gobierno y el partido oficial quieren escribir una ‘historia oficial’, aunque creo que no hay muchos gobiernos tan descarados como para inventar el concepto de una ‘política de la historia’, que sirve para censurar exposiciones y otras expresiones culturales o académicas, y para justificar el despido de un director de museo u otros funcionarios académicos.

En otros lados, igual que en Polonia, en este mismo contexto, se habla de la ‘cultura de memoria’ – o de ‘la memoria histórica’, por ejemplo aquí en El Salvador. No hay nada mal de hablar de ‘cultura de memoria’ o ‘memoria histórica’, siempre cuando nadie trate de uniformar y reglamentarlos. La memoria, por definición es subjetiva y depende del punto de vista y la experiencia particular de los individuos y grupos. No puede haber una memoria única o una que reclame representar ‘la verdad’ – y mucho menos puede pasar esto por decreto, desde el estado o gobierno. La memoria o es diversa y plural, o es un constructo de engaño.

La historia parece un asunto más objetivo, no tan subjetivo que la memoria. Pero  tampoco existe ‘la historia’. Para acercarse a la verdad, siempre tienen que existir y estar en comunicación varias maneras de ver la historia. Y la única a la cual no hay que hacer caso es la que viene vestida de ‘historia oficial’.

Nosotros que vivimos en la posguerra (por más que algunos quieren reclamar que esté cerrado este capítulo), nos topamos con este problema todos los días. Por ejemplo en la actual discusión sobre la amnistía. Aparecen quienes hablan a nombre de ‘las víctimas’, pero es obvio que no representan a todas las víctimas. Obviamente en una guerra entre dos partes beligerantes, hay víctimas de ambos bandos y de civiles. Hay víctimas que sufrieron violencia de ambas partes, hay víctimas organizadas que reclaman justicia, hay víctimas que nunca se organizaron y no se sienten representados por nadie y para reclamar nada a nadie. Cada grupo de victimarios tiene sus ‘memorias’ y su historia, igual que cada grupo de víctimas. Hay que escucharlas todas.

La política oficial polaca puede escribir una historia oficial, en la cual el antisemitismo polaco no existe – pero siguen existiendo las víctimas de ataques racistas cometidos por compatriotas, no solo por la fuerza invasora nazi. Y si existen las víctimas, existe su memoria y su historia, tenga espacio en la historia oficial o no.

Igual aquí. Cuando se habla de ‘las víctimas’, uno piensa en los campesinos de El Mozote masacrados por el Atlacatl, o en los padres jesuitas, masacrados por el mismo batallón 8 años más tarde. Pero también existen los familiares de los campesinos de San Vicente, masacrados no por la Fuerza Armada sino por las FPL en su paranoica fiebre de erradicar ‘desviaciones ideológicas’. Y también existen las víctimas de secuestros y atentados de a guerrilla. Hay de todos: víctimas que no quieren amnistía para nadie, y víctimas que no quieren negarle amnistía a nadie. Las historias de todos ellos son parte de la memoria histórica.

Los diputados, al legislar para llenar el vacío legal y la incertidumbre que dejó la suspensión de la amnistía del 1993 por parte de la Sala, tiene que tomar en cuenta a toda la historia y escribir una ley de Reconciliación que haga justicia a todas las víctimas. Y a los que critican con tanto absolutismo el borrador existe para esta ley, les recomiendo que lo lean entero, o por lo menos el artículo 2, donde dice que en la amnistía quedan excluidos los crímenes de lesa humanidad y de gravedad.

¿Pos-posguerra? ¿Cómo se come esto? Columna Transversal de Paolo Luers

24 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

“Este día El Salvador ha pasado la página de la posguerra, y ahora podemos empezar a ver hacia el futuro” – con estas palabras resumió Nayib Bukele, en la noche del 3 de febrero, su triunfo electoral. Palabras mayores… ¿Qué significa que haya terminada la posguerra? ¿Y qué viene luego? Bukele y Ulloa no elaboran sobre esto, lo dejan en una conveniente vaguedad. Pero sí, de repente dejan caer palabras como ‘Nueva República’ y ‘Constituyente’…

Solo 10 días después, en su editorial sobre el resultado electoral, El Faro escribe: El triunfo de Nayib Bukele ha abierto una nueva etapa en nuestro proceso histórico. Como atinadamente dijo en su discurso de victoria, el 3 de febrero puso fin a la etapa de posguerra en El Salvador.” Lastimosamente, El Faro tampoco dedica ni una sola frase a explicar qué significa poner “fin a la etapa de la posguerra”.

El presidente electo no lo va a explicar. Está demasiado ocupado con su campaña electoral para el 2021 que comenzó el 4 de febrero. Además tiene que dedicarse al traspaso de poder, a la formación de su gobierno y a negociar el apoyo de Estados Unidos.

Entonces, ¿qué significa que el presidente electo de nuestro país piense que con su llegada al poder se cierra el capítulo de la posguerra?

Básicamente está declarando que su gobierno basará sus políticas en que los problemas que nos llevaron a la guerra civil están resueltos y que los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz están cumplidos. Esto va en concordancia con otras palabras grandes (y vagas) usadas por Bukele cuando habla de su partido Nuevas Ideas: Trascendemos las ideologías, no somos ni derecha ni izquierda, somos ‘el pueblo’… 

Todas estas tesis (si se puede hablar de tesis, cuando no hay elaboración, sino nada más exclamación) son falsas. Ni están resueltos los problemas que causaron la guerra; ni cumplidos todos los compromisos adquiridos con los Acuerdos de Paz; ni son irreversibles los logros de la posguerra; ni han dejado de tener validez las ideologías; ni tampoco han muerto la izquierda ni la derecha. Pueden estar en crisis los partidos de izquierda y derecha (y ciertamente lo están) – pero la sociedad sigue necesitando fuerzas de izquierda que busquen soluciones a las injusticias sociales, y fuerzas de derecha que busquen soluciones a la falta de competitividad y crecimiento económico del país. Ver como superada la libre competencia política entre izquierda y derecha y al mismo tiempo entre diferentes intereses sectoriales y sociales, solo porque habrá un cambio de gobierno de turno, y tratar de sustituir este pluralismo con una fuerza pos-conflicto que se debe ‘al pueblo’ – esto es el viejo enfoque fascista, que con otros colores retomó vigencia en América Latina, primero con Perón y luego con Hugo Chávez. Y hoy posiblemente con López Obrador y Bukele…

La posguerra comenzó en 1992 con un nuevo pacto social que se plasmó en los Acuerdos de Chapultepec y las subsiguientes reformas constitucionales. Fue una refundación de la República – ¿y qué significa que Bukele y Ulloa hablen de que ahora les tocará refundarla de nuevo?

Terminamos a guerra poniéndonos de acuerdo sobre nuevas reglas del juego (democracia pluralista, desmilitarización, separación de poderes, irrestricta libertad de organización, expresión y prensa…) que sustituyen el uso de las armas para ganar o defender el poder. Esta es la esencia de a posguerra. ¿Si ahora declaran que está superada la posguerra, significa que estas reglas ya no tienen validez – o significa que este proceso de democratización ya concluyó exitosamente, y que por tanto ya no será obligación del gobierno defender y consolidarlas? Ambas interpretaciones serían equivocadas.

Hasta ahora, el principio de la alternancia del poder está funcionado. ARENA entregó el poder ordenadamente a la ex guerrilla; y ahora el FMLN está entregándolo a una nueva fuerza, aunque esta promete destruirlo y quedarse con sus bases y banderas. Pero como durante toda la posguerra, el principio de la alternancia en el poder sigue requiriendo del compromiso de defenderla, del estado, del gobierno, de los partidos y de toda la sociedad. Solo hay que mirar hacía Honduras, Nicaragua, y Venezuela para ver que este principio es vulnerable y reversible. ¿Qué significa en este contexto que nuestros gobernantes electos declaren finiquitados la posguerra y la democratización?

Otro de los compromisos esenciales de la posguerra es la desmilitarización. Es un proceso exitoso, pero tampoco es irreversible. Los últimos gobiernos de El Salvador han vuelto a militarizar la seguridad pública, igual que en Honduras – y en México el nuevo presidente (con discursos muy parecidos a los de Bukele) está fundando una Guardia Nacional dirigida por militares. ¿Qué significa en este contexto que los gobernantes electos de El Salvador quieren declarar finiquitadas la posguerra y la desmilitarización?

En transiciones como la actual hay que analizar con lupa las palabras grandilocuentes que vociferan los nuevos gobernantes. No solo las de la pos-posguerra, también las del “fin del bipartidismo”, cuando nunca hemos tenido un sistema bipartidista, y cuando el nuevo partido de gobierno solo está queriendo ocupar el lugar del FMLN, luego de desplazarlo. ¿Y como interpretar términos como ‘Nueva República’, ‘unidad del pueblo’ y otros igualmente vacíos?

Lea también sobre el tema:
¿Qué es la posguerra? De Rubén Zamora

Déjà vu. Columna Transversal de Paolo Luers

10 febrero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Toda la vida he sido un hombre de cafés. Disfruto sentarme en ellos, sobre todo cuando sirven buenos cafés, postres y desayunos, para leer los periódicos, para escribir, para ver amigos, para conversar.

Por tanto, con frecuencia me van a ver sentado en mis cafés preferidos, a veces solo, a veces con amigos. Son lugares de encuentro. Son parte de mi tejido social: el Starbucks en El Paseo, el Shaws en Basilea, el Viva Espresso Hipódromo, el Coffee Cup Plaza Madera…

En este último lugar estuve el pasado viernes sentado con mis amigos Salvador Samayoa y Mario Vega. Solemos a vernos en este lugar para ponernos al tanto, para intercambiar dudas e inquietudes, para ver si encontramos respuestas. Obviamente alguien piensa que para conspirar contra el futuro gobierno…

Nos habíamos citado para las 11am. Pero como todos somos puntuales, ya estábamos sentados unos minutos antes. Mejor dicho, a las 10.54 de la mañana. ¿Cómo sé esto, y qué relevancia tiene? Bueno, a las 10.54am ya salió publicado un tuit de Neto Sanabria, el asesor de comunicaciones del presiente electo Nayib Bukele, diciendo así:

Quiere decir que alguien nos vio al solo sentarnos, nos reconoció como personas de interés de El Brozo – e inmediatamente reportó su sensacional hallazgo.

Horas más tarde, cuando alguien me avisó que nuestra tertulia había atraído el interés del arquitecto de la guerra sucia de presidente electo, mi reacción en Twitter fue esta:

Este incidente y otros me provocan un ‘déjà vu’ – esta extraña sensación que escenas claves de la historia se están repitiendo. ¿Estaremos condenado a volver a vivir la pesadilla de los años de Mauricio Funes, quien usaba el poder y los recursos de la presidencia de la República para atacar a las personas que se atrevieron a criticarlo?

Tanto Salvador Samayoa, como otros amigos míos (por ejemplo Billy Sol Bang, Jorge Simán y Tom Hawk) y este servidor, fuimos frecuentemente blancos de la ira del presidente Funes, quien usaba sus programas de radio para insultar y amenazarnos con nombre y apellido. Luego, por suerte, nos tocó un presidente, a quien critiqué igual de duro que a Funes, pero quien nunca les dedicó a sus críticos crítico insultos ni amenazas.

¿Y ahora estaremos por regresar en el tiempo y nuevamente tendremos que cuidarnos de la ira de un presidente y de sus soplones y perros de ataque? Espero que no. Espero que Nayib Bukele tenga la sensatez de desmarcarse de figuras como El Brozo/Neto Sanabria, y Walter Araujo, antes de que ensuciaran la institución de la presidencia.

No queremos más adelante hacernos preguntas aun más inquietantes, como: ¿Estaremos condenados a volver a cuidarnos con quiénes mejor no nos dejemos ver en público, porque a alguien relacionado con el poder le puede parecer sospechoso? ¿Estaremos condenado a retomar este viejo hábito de siempre estar viendo por la espalda, pendiente de quien nos vea, quien nos siga, quien nos observe – aunque solo estemos tomándonos un café con amigos? Bueno, incluso si estuviéramos hablando mal del presidente electo, ¿cuál sería el pecado?

Espero que el presidente electo haga lo pertinente para que no regresemos a tiempos supuestamente superados del uso del poder para intimidar al ciudadano. Imagínense que ya tengamos que cuidarnos la espalda – y ni siquiera han tomado el control de la OIE…

Venezuela y nuestras elecciones. Columna Transversal de Paolo Luers

27 enero 2019 / EL DIARIO DE HOY

Los periodistas, los políticos, y todos los que generamos opinión pública tenemos que cuidar bien los términos que usamos para describir eventos, porque muchas veces con solo utilizar palabras equivocadas, cambiamos el significado de los eventos.

En los noticieros y en las notas de prensa sobre la actual crisis constitucional venezolana están hablando de que el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó “se autoproclamó presidente interino”. También escuché que de repente hay dos presidentes, porque “el rival político y opositor Guaidó se autoproclamó presidente interino”.

Seamos más precisos en las palabras que escojamos. Juan Guaidó no se “autoproclamó” presidente. Lo que hizo es asumir la responsabilidad que la Constitución dicta al presidente de la Asamblea en caso de ausencia de un presidente legítimamente electo. En este caso, la Constitución venezolana dicta que el presidente del Órgano Legislativo tiene que encargarse del Poder Ejecutivo y convocar elecciones libres dentro de un mes para restablecer el orden constitucional. Y no es Juan Guaidó como persona —y mucho menos en su calidad de “rival de Maduro” o de “opositor al régimen chavista”— quien determinó que Maduro no es presidente legítimamente electo para otro período presidencial, sino la Asamblea Nacional, el único órgano constitucional legítimamente establecido en Venezuela.

Tampoco ha sido Juan Guaidó quien para asumir el Poder Ejecutivo de forma interina invocó los artículos de la Constitución respectivos, sino que ha sido la Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades constitucionales.

En este contexto, hablar de que un “rival opositor” se autoproclamó presidente de Venezuela, trivializa el serio problema que enfrenta ese país. Y pinta una imagen equivocada. Juan Guaidó, aunque es miembro de uno de los partidos opositores que en su conjunto en las elecciones de 2015 ganaron la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, no es “rival de Nicolás Maduro”. Es un diputado a cuyo partido Voluntad Popular, gracias al acuerdo entre los partidos opositores sobre la rotación en la presidencia de la Asamblea, le tocó asumirla para el último año de la legislatura. Y le tocó a Guaidó porque el régimen de Maduro ha logrado sacar de circulación toda las plana mayor de este partido: su presidente, Leopoldo López, está cumpliendo una condena por haber convocado las manifestaciones nacionales de 2014; y los que asumieron el liderazgo, Carlos Vecchio y Freddy Guevara, tuvieron que exiliarse en 2015 y 2017, respectivamente, para no compartir la misma suerte. Los tres, igual que los líderes de otros partidos opositores (Henrique Capriles, Julio Borges, Henry Falcón, Henry Ramos Allup, María Corina Machado…) son “rivales de Maduro” y serían posibles candidatos a la presidencia, si se lograra convocar elecciones libres. Juan Guaidó no tiene ningunas pretensiones de convertirse en presidente. Simplemente, y a pesar del visible miedo a las consecuencias, asumió la responsabilidad que la Constitución y su cargo como presidente de la Asamblea Nacional le impone.

Siendo las cosas así, y no como sugieren los términos que tan ligeramente se usan, hay que interpretar bien las decisiones que han tomado los diferentes gobiernos del Hemisferio (y más allá de las Américas) frente a la crisis constitucional venezolana. Los gobiernos no han tenido que escoger entre dos presidentes, reconocer al gobernante “de facto” Nicolás Maduro o al “autoproclamado” Juan Guaidó. No, los gobiernos han tenido que escoger entre dos opciones: reconocer y apoyar un régimen dictatorial ilegítimo, o apoyar el restablecimiento de la democracia vía elecciones libres. Esta es la disyuntiva que enfrentaron los presidentes de todo el mundo. La gran mayoría de los países, reconociendo que fue legitimo que el presidente de la Asamblea Nacional asumiera el poder interino, apostó por el restablecimiento de la democracia en Venezuela mediante elecciones libres. Una minoría, a la cual lamentablemente se inscribió el gobierno salvadoreño, optando por reconocer y apoyar al gobierno de facto de Maduro, bloquea la única salida posible y legítima: elecciones libres.

Habiendo dicho todo esto, queda claro que la crisis constitucional de Venezuela no la podemos discutir como un problema más de la política exterior de nuestro país. Nos plantea un desafío mucho más de fondo, y exige a los dirigentes políticos (y potenciales presidentes) posiciones y decisiones que tienen que ver directamente con la visión que cada uno tenga del país, de la democracia y del compromiso con los Derechos Humanos, el orden constitucional y el respeto a los poderes del Estado. Quienes dudan en reconocer el derecho y el deber del parlamento de aplicar la Constitución en caso que los demás poderes del Estado hayan perdido su legitimidad, en Venezuela como en El Salvador, no deben gobernar nuestro país. Por esto estamos exigiendo posiciones claras e inequívocas a todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. No solo por solidaridad con los venezolanos, sino también para curarnos en salud aquí en El Salvador.

La pregunta es: ¿Cómo actuaría aquí un presidente a quien le tocaría gobernar con una Asamblea donde sus adversarios no solo tienen mayoría absoluta, sino mayoría calificada que les permitirá neutralizar cualquier veto presidencial?