Carta a Paolo Luers: Gracias pero no. De Karla Hernández

Hace poco, publicamos una carta del columnista Paolo Luers titulada «Carta a Patty Valdivieso y Karla Hernández: Dejen que la justicia opere y la ciudadanía presione.» Ahora, la diputada Karla Hernéandez le responde y explica las razones de su aviso a la Fiscalía General.

Segunda Vuelta

Karla Hernández, diputada de ARENA

Karla Hernández, 1 marzo 2016 / EDH

Leí con mucha pena la carta dirigida a Patty Valdivieso y mi persona, y digo con mucha pena porque nunca hubiera esperado que nuestra acción de poner un aviso en la Fiscalía General de la República para que se investigue el posible cometimiento de delitos por parte del asesor del expresidente Funes, pudiera ser comparado con el comportamiento de aquellos funcionarios que acudieron a la FGR a protagonizar un mitin.

Nuestra presencia en la FGR fue totalmente acorde a lo que permite la ley, tal como indica el artículo 264 del Código Procesal Penal: “Cualquier persona que tuviere noticia de haberse cometido un delito perseguible de oficio, podrá dar aviso a la Fiscalía General de la República o a la policía Nacional Civil”.

El caso del señor Santana obviamente se justifica, para alertar sobre posible cometimiento de delito por parte de una persona cuyo paso por nuestro país generó muchas dudas, no solo sobre la cantidad de dinero que se llevó, sino además –y más grave aún- porque ya se encuentra preso en su país natal, Brasil, donde se le acusa de ser el intermediario que pagaba sobornos en distintos países, entre los que se menciona El Salvador, a favor de la empresa Oderbretch.

El mismo expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula, está siendo investigado por su posible participación a favor de Oderbretch en el extranjero, para conceder contratos inflados. La fiscalía de ese país investiga la supuesta desviación de dineros de esas empresas hacia el Partido de los Trabajadores, uno de cuyos fundadores es el expresidente Lula, amigo personal de la exesposa de Funes, quien también aparece como una de las fundadoras de ese partido político en Brasil.

Los salvadoreños no podemos perder de vista el caso de la presa El Chaparral y los $108 millones (si no es que más) que se pagaron de las arcas del Estado en una obra que tuvo muchísimas irregularidades desde el principio y de la que nunca hemos recibido la información que esclarezca los hechos.

Adicionalmente, el nombre del señor Joao Santana está ligado a la agencia de publicidad Polistepeque, que abrió luego de que arribara Funes a la presidencia, con un capital de 2 mil dólares y pico, pero que en apenas 19 meses ya había facturado $8.5 millones de dólares, aunque estamos conscientes de que pudo ser mucho más, ya que fueron contratos sin licitación ni transparencia.

Desafortunadamente, aquí esas cifras y datos los hemos conocido a través de investigaciones periodísticas, porque por más que se insistió, durante el período del fiscal Luis Martínez, no se logró investigación alguna al respecto, a pesar de que se pusieron avisos.

Si algo tengo muy claro es mi responsabilidad de representar al pueblo y actuar en estricto respeto a la Constitución de la República. Desde el día en que juramenté como diputada, he sido leal al orientar mis funciones hacia el bien común.

Por lo que, si está en mis manos colaborar en el ejercicio de proteger el bien común y la búsqueda de la verdad, que es parte de lo que demandan quienes me eligieron, no tengan la menor duda de que ese seguirá siendo mi camino.

De propósitos y compromisos para el Año Nuevo. De Karla Hernández

Karla Hernández, diputada de ARENA

Karla Hernández, 17 enero 2016 / EDH

Fue a mediados del año pasado que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que se tradujo en la creación de una comisión ad-hoc en la cual los diputados incluidos en la misma, debíamos estudiar y resolver sobre las inconstitucionalidades de algunos artículos de la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento.

Para diciembre ya teníamos dictamen sobre el caso, el cual debía ser aprobado por el Pleno en la última sesión plenaria, sin embargo, dando un giro totalmente inesperado a lo acordado en la comisión, retiraron la propuesta, obligando a incumplir con la sentencia de la CSJ que daba de plazo hasta el 31 de diciembre para resolverlo.

En síntesis, la sentencia pedía regular mecanismos alternos a la subasta, para la selección y adjudicación de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso regulado y que la renovación de las concesiones no se hiciera de forma automática, mandato que se recogió en el proyecto de dictamen firmado.

Lo más preocupante en este caso, además de lo grave que es incumplir en tiempo una sentencia de la CSJ, es que el FMLN ha dado iniciativa a una propuesta que no solo retrasaría más la discusión en la comisión ad-hoc sino que por su contenido, estaría cometiendo varias inconstitucionalidades, además de que es a todas luces, un proyecto que promueve privilegios para algunos sectores e incluye disposiciones que podrían coartar la libertad de expresión y el derecho a los salvadoreños a estar informados, campo que no se nos ha pedido legislar.

Es evidente que el FMLN sigue en esa tendencia de copiar modelos de gobiernos a los que con el tiempo se está demostrando que no son sólidos, como es el caso de Venezuela y Ecuador, donde se han aplicado muchas cuestionadas leyes para restringir contenidos y cobertura del espectro radioeléctrico.

En la actualidad, El Salvador ha sido catalogado por la Unesco como modelo en lo que se refiere a la democratización del espectro y recomienda no copiar modelos como esos a los que nos hemos referido.

El dictamen que presentamos al Pleno en la última sesión de 2015, no solo consideró la modernización de la ley sino que además tomó en cuenta la opinión de funcionarios, de representantes de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder), así como de miembros de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), entre otros, por lo que pudimos incluir distintos puntos de vista y consideraciones producto de quienes tienen experiencia sólida en el tema.

Debo decir que a la par del hecho de haber incumplido la fecha determinada por la CSJ, a pesar de haber realizado el trabajo en la comisión, me preocupa el que de manera recurrente la Asamblea Legislativa esté realizando mal algunos de sus trabajos más importantes, tal como ha sucedido con la elección de algunos funcionarios de segundo grado.

Yo estaba convencida de que esta nueva legislatura sería la encargada de cambiar algunas malas costumbres que se han venido arrastrando en los últimos años, entre ellas la de irrespetar en primer lugar el Reglamento Interior, que por ley es el que regula cada una de nuestras acciones como diputados, pero que además dejáramos de ver episodios de irrespeto a la Constitución de la República, como sucedió en el caso de la aprobación de la Ley de Probidad sin los votos de nuestra fracción.

Creo que es prudente y necesario ahora que comenzamos con un año, reflexionar sobre la necesidad de realizar esos compromisos que juramos defender el día en que fuimos instalados. Hoy es el tema de la Ley de Telecomunicaciones, ayer fueron otros, esta semana habrá más; lo importante en este punto es estar claros que de seguir con las mismas prácticas, el país continuará estancado, o lo que es peor, estaremos obligando a los ciudadanos a seguir ese camino tan empinado por el que viene transitando.

Yo espero que los diputados que retiraron el dictamen y pretenden apoyar ese proyecto que no responde a lo solicitado por la Corte Suprema de Justicia, reflexionen y piensen que nuestro trabajo no es hacer una ley que se ajuste a nuestros deseos sino aquella que beneficie a más ciudadanos.

Nubes negras sobre la libertad de prensa. De Karla Hernández

Karla Hernández, diputada del deparatmaneto La Libertad por ARENA

Karla Hernández, 7 diciembre 2015 / EDH

En los últimos meses hemos visto dos intentos desde la Asamblea Legislativa, el primero de GANA y luego otro del FMLN, para tratar de poner frenos a la libertad de prensa, a través de propuestas de ley.

Dichos intentos parecen estar relacionados a las últimas publicaciones sobre casos  de funcionarios públicos que se encuentran bajo investigación por sospechas de enriquecimiento ilícito y otros similares y que, como es de esperarse, los medios de comunicación han dado amplia cobertura e investigación.

Dada la misma naturaleza que poseen los medios, es difícil que sean manipulados por partidos políticos, funcionarios o personas. Por supuesto que aquí, como sucede en otros países, el gobierno de turno tiene sus propias vías para comunicar su discurso, medios que por la naturaleza del trabajo que realizan, no cumplen con los requisitos para que sean confiables y verídicos en su información.

A la par de los medios con que contamos, en El Salvador al igual que sucedió en la mayoría de países, las redes sociales dinamizaron la forma en que los ciudadanos con acceso a tecnología, podían expresarse, manifestarse, hacerse escuchar, ejercer su derecho a la libertad de expresión, de cara, y dando la cara con respeto.

Pero si bien las redes sociales permiten que los ciudadanos comunes y corrientes nos expresemos, debemos de tener claro que la fuente de la noticia, con sus investigaciones, testimonios, verificaciones, etcétera, proviene de los medios informativos  serios, y esa es para mí suficiente razón para protegerlos de caer en lo mismo que ha sucedido en países con gobiernos socialistas como el de Venezuela y Ecuador, donde las mordazas llegaron acompañadas de una represión tremenda.

Las leyes relacionadas con la libertad de prensa que salgan de la Asamblea Legislativa, no pueden buscar amarrar o tener por objetivo cercar a los medios, porque al hacerlo, que es el planteamiento del FMLN, estaríamos limitando el derecho ciudadano a estar informados.

En el “Documento sobre la formación económico-social de El Salvador” emitido en su congreso y en el cual se emula el documento final del pasado Foro de Sao Paulo, el FMLN escribió: “La oligarquía está bien organizada y además de su instrumento político fundamental, el partido ARENA, tiene un peso importante en el Estado y los gremios empresariales, y dispone de fundaciones, universidades, intelectuales, medios de comunicación…”, cargando nuevamente contra estos.

El partido de gobierno insiste en limitar el ejercicio de la prensa, llegando incluso a culparlos por situaciones como la inseguridad que vivimos actualmente, tal y como lo hemos escuchado del mismo presidente de la República y dirigentes del FMLN en varias oportunidades.

¿Cómo vamos a generar el debate público que la democracia demanda si amordazan a los medios? ¿Cómo va el ciudadano a pedir cuentas a sus funcionarios, a su gobierno si no cuentan con medios libres, pluralistas, independientes y profesionales?.

A muchos funcionarios no les gusta la fiscalización de ningún tipo, olvidando que la rendición de cuentas es parte de la demanda ciudadana. Ignorando que cada día, hay más ciudadanos rechazando la corrupción y la impunidad.

Los diputados debemos cumplir, antes de que termine este año, el mandato de la Sala de lo Constitucional referente a la “Ley de Indemnización por Daños de Carácter Moral”.

Nuestra propuesta no busca intimidar a los periodistas, lejos de eso, se busca fortalecer a quienes funcionan como un vigilante que proporciona a la población, herramientas de empoderamiento.

El partido de gobierno insiste en copiar modelos socialistas con los que se trata de anular el trabajo de los medios informativos, cerrando los ojos ante una realidad que parece imparable: esos modelos que tanto admiran y a los que rinden culto están cayendo en Suramérica, abriendo nuevamente a los ciudadanos la participación que lleva a la democracia.

Transparencia con poca claridad. De Karla Hernández

Si el Sr. Rodríguez comprendiera la naturaleza del cargo que ostenta e hiciera su trabajo como es debido, seguramente estaría contribuyendo al funcionamiento de las instituciones.

Karla Hernández, diputado arenera por La Libertad

Karla Hernandez, 30 octubre 2015 / EDH

En junio de este año, diputados de ARENA presentamos una solicitud para que se creara una comisión especial que investigara la supuesta existencia de estructuras de persecución política, en las que estaría involucrado el secretario de Transparencia desde la anterior administración del FMLN, señor Marcos Rodríguez.

Fueron varias denuncias las que motivaron nuestra iniciativa, la que, por supuesto,  no tuvo apoyo del bloque oficialista. Sin embargo, sí nos sirvió para llamar la atención sobre un tema que se viene arrastrando por meses y es la idoneidad del señor Rodríguez en un puesto que obliga a generarle confianza a la población, porque en teoría, la oficina que él maneja debe garantizar el acceso de cualquier ciudadano a toda información que sea elaborada con presupuesto público.

Su cuenta promociona a la oficina de Transparencia como: un medio público que busca transparentar la información gubernamental y nacional, de interés social en El Salvador; pero muy poco o casi nada hemos visto de eso, lo que sí hemos visto es cómo ha convertido esa oficina en su despacho particular, de propaganda a sus intereses partidarios y, sobre todo, desde donde tiene completo apoyo para atacar y privilegiar sus posiciones personales.

En julio de este año, un periódico digital de innegable credibilidad, reveló que la Secretaría de Transparencia que dirige, creó una dependencia que se encarga de acosar y presionar a empleados gubernamentales y que incluso llegaron a poner a uno de sus agentes en entrevistas que el medio hizo a funcionarios.

A pesar de que se le ha cuestionado muchas veces sobre estos trabajos no acordes a la naturaleza de la oficina que dirige, obviamente los ha negado y,  como Pilatos, se ha limitado a lavarse las manos.

Para el caso, el director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, le hizo el cuestionamiento directo sobre ataques dirigidos a través de Internet, a una de sus hijas, además de que muchas personas usuarias de redes plantean que, al verse atacadas por los llamados troles y revisar esas cuentas falsas, llama la atención que en muchísimas de ellas, usted es seguidor.

Pero el caso del señor Rubio no es aislado. En ARENA conocimos de algunos ataques y acusaciones sin fundamento que dañan el honor, hacia personas como los diputados Ana Vilma de Escobar y Ernesto Muyshondt, familiares de ellos incluidos, en que al igual que el caso denunciado por tuiteros, sorpresivamente el secretario resulta ser seguidor de dichas cuentas, a lo que hay que agregar que cada espacio que le ceden en medios de comunicación, lo utiliza para despotricar contra alguien y sembrar dudas.

Últimamente ha recibido muchas críticas debido a que, por casualidad, nos enteramos que su esposa e hija también trabajan para el Estado; sus respuestas fueron muchas, menos una: a mí me hubiese gustado que su respuesta fuese, tal como lo hizo en entrevista con don Nacho Castillo, en abril de este año, al ser cuestionado sobre los negocios del expresidente de la Asamblea Legislativa: que si bien un funcionario público puede hacer negocios con el Estado, sin embargo; aclaró que desde el punto de vista ético no se puede hacer.

Ética, esa es la palabra clave no solo en los temas en cuestión sino, sobre todo, al ejercer el cargo que ocupa el Sr. Rodríguez. Si esa ética existiera, su página de propaganda también expondría casos con indicios de corrupción como es el de CEPA, la tregua con las maras, el oscuro negocio con Polistepeque, es decir, todos aquellos que involucran a sus compañeros del FMLN.

Si el Sr. Rodríguez comprendiera la naturaleza del cargo que ostenta e hiciera su trabajo como es debido, seguramente estaría contribuyendo al funcionamiento de las instituciones que están relacionadas con la lucha contra la corrupción. Desafortunadamente lo que vemos está muy lejos de eso y peor aún, me resulta preocupante su insistencia en acosar, a través de respuestas desde su cuenta personal y la de la institución que dirige, a mujeres que le cuestionan por su proceder como funcionario.

Luego de más de seis años en el cargo, dudamos mucho de que él y su secretaría cumplan con las funciones para las que pensamos que fue creada; quisiera decir que finalmente mostrará un poco de ética y enderezará el camino, pero eso sería tanto como esperar que, por ética, el Sr. Rodríguez reduzca su cuota familiar en las plazas del Estado.

El Chaparral: Más preguntas que respuestas. De Karla Hernández

Llama mucho la atención las condiciones perjudiciales para el país, con que CEL favoreció los reclamos de la empresa italiana Astaldi, a pesar de que todo apunta a que fueron ellos quienes incumplieron el contrato para construir la represa El Chaparral.

Karla Hernández, diputada por La Libertad (ARENA)

Karla Hernández, 9 octubre 2015 / EDH

¿Por qué no hicieron cumplir a Astaldi con las garantías del trabajo que debían realizar? Ceder de manera tan fácil millones de los fondos públicos no debe suceder, por lo que, se debe mostrar a los salvadoreños el camino recorrido para pagar $108 millones por un trabajo ejecutado en menos del 30 %.

Los salvadoreños merecemos conocer en detalle, si lo pagado por CEL corresponde a lo acordado en el contrato con la mencionada empresa. También nos deben informar cuál fue el verdadero estado en que Astaldi entregó lo que a todas luces solo parece un enorme hoyo, pues suponemos que debe existir un informe de esa recepción, porque nadie en su sano juicio entrega $ 108 millones de dólares por un trabajo que no corresponde a lo acordado según lo contratado.

Entendemos que esa empresa se destacó por los atrasos en el calendario de construcción de la represa, por lo que además merecemos una explicación sobre las acciones ejecutadas por CEL ante ese hecho, como solicitar aumento del personal en la obra, porque es de suponer que la estatal haya incluido todas las medidas de prevención en un contrato de esta envergadura.

Pienso que a estas alturas la Fiscalía General de la República ya tendría que haber dado por lo menos indicios de lo que allí ha sucedido, sobre todo cuando entre sus objetivos está: promover las acciones legales necesarias para mejorar la gestión económica y patrimonial del Estado.

¿Por qué siguen dilatando ese informe señor fiscal?, si todos sabemos que para cerrar el contrato con Astaldi la CEL recurrió al arreglo directo, dejando de lado el derecho y potestad para hacer reclamos por la no entrega de la obra. Los salvadoreños merecemos las explicaciones del caso por parte de la FGR antes de que el Fiscal General termine su mandato; la verdad es que resulta sorprendente que con deudas como estas, el señor fiscal quiera reelegirse.

Los legisladores deberemos meditar y evaluar con mucho cuidado, a fin de llevar a la FGR a un funcionario que sí muestre capacidad para no dilatar procesos que, a todas luces dan indicios de corrupción.

Quienes solicitan la creación de una CICIES se amparan entre otros, en casos como el de El Chaparral y con justa razón, porque ya se conoce que existen empresas relacionadas a la construcción de la misma, involucradas en lo que la fiscalía brasileña ha llamado “la mayor confabulación de corrupción descubierta hasta ahora en Brasil”, en referencia a la empresa Odebrecht, una de las preseleccionadas en el gobierno salvadoreño anterior para continuar la construcción de la represa.

Caso por el que se está investigando al expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula, por supuesta participación a favor de Oderbrecht en el extranjero, para conceder contratos inflados. La fiscalía de ese país investiga supuesta desviación de dineros de esas empresas hacia el Partido de los Trabajadores, uno de cuyos fundadores es el expresidente Lula.

Asimismo debemos recordar el caso de la también brasileña Intertechne, investigada por el caso de corrupción de Petrobras y contratada por CEL para realizar dos diseños de la represa El Chaparral. Lo anterior sin mencionar el arresto del presidente de la constructora brasileña Queiroz Galvao (una de las empresas responsables de la ampliación de la presa 5 de noviembre) cuyo presidente ha sido arrestado implicado también en la corrupción de Petrobras.

Como es evidente, los salvadoreños tenemos motivos de sobra para exigir transparencia en el caso El Chaparral, no solo de CEL y la Corte de Cuentas de la República, que curiosamente cambió el informe que dejaba clara la ruta que siguió CEL para terminar el contrato con Astaldi, sino además al señor Fiscal General de la República, quien debe procurar una fiscalía “fuerte y justa” no solo para el Estado, sino especialmente para los ciudadanos.

De las promesas a la realidad: Investiguemos El Chaparral. De Karla Hernández

Han pasado más de diez años desde que inició el proceso de construcción de la presa El Chaparral, un proyecto viciado desde el principio y que a pesar de existir indicios de posible corrupción, el gobierno no parece estar interesado en investigar e insiste en contratar a las mismas empresas que han sido señaladas en este y otros países, por su incapacidad para cumplir con el fin para el que fueron contratadas y por sospechas de estar ligadas a casos de corrupción.

Karla Hernández es diputada por La Libertad

Karla Hernández, 15 agosto 2015 / EDH

Mientras los salvadoreños expresan su deseo para que se creen las instancias donde se prevenga e investigue los delitos de corrupción, llámese CICIES o Probidad, en la Asamblea Legislativa se desestimó la propuesta de ARENA para crear una comisión especial que investigara las irregularidades en la construcción de esta obra.

Según estándares internacionales, desde un principio se sobrevaloró el proyecto, ya que para una presa de 66 MW la inversión debería rondar los $ 2 millones por megavatio, para un total de 132 millones de dólares, sin embargo, en el 2008 la empresa Astaldi ganó el proceso con una oferta de $ 219 millones ($3.3 millones por megavatio).

En el 2004,  un estudio de factibilidad realizado por la empresa japonesa JPower, recomendó a CEL realizar más estudios, mapeo geológico y perforaciones, a fin de evaluar la estabilidad del suelo; estudio que fue ignorado y al que siguió la contratación de la empresa brasileña Intertechne, a la que se le pagó cerca de $ 6 millones de dólares por un diseño básico de la presa.

La cronología en el desarrollo del proyecto El Chaparral, uno de los más caros en la historia de nuestro país, ha tenido como punto común la aprobación y visto bueno de funcionario tras funcionario, con una investigación que no arroja resultados por parte de la Fiscalía General de la República y una serie de irregularidades que en países donde se cuida el dinero de los contribuyentes, ni siquiera cabe la posibilidad.

Lo anterior puede comprobarse con nuestros vecinos guatemaltecos, donde hace apenas un par de meses, el Instituto Nacional de Electrificación despidió a la brasileña Intertechne por no cumplir con las expectativas: al igual que en El Salvador, allá se le contrató para hacer un estudio de factibilidad del proyecto Xalalá, pero con garantías suficientes a favor del gobierno, lo cual permitió que a pesar de haber llevado el caso a los tribunales guatemaltecos, los brasileños perdieran.

Por haber sido pactada “de dedo” y luego de que la Contraloría General de la República detallara anomalías en el contrato con Intertechne, el ministro de Energía  no solo está siendo investigado, sino también debió renunciar a su cargo.

En el 2008 se adjudica el contrato de construcción de El Chaparral a la empresa Astaldi, pero el siguiente año, el entonces superintendente de la SIGET, Tomás Campos, pidió suspender la obra debido a que se detectaron anomalías en el proceso de concesión que SIGET otorgó a CEL; así como en el proceso de licitación, sin embargo, lejos de ser escuchado, fue separado de su puesto.

En el 2010, Astaldi paralizó las obras alegando “fallas geológicas no previstas”.

La respuesta de CEL fue un arreglo nada transparente, confidencial, a pesar de tratarse de dineros públicos, que finalizó con un astronómico pago de $ 108.5 millones de dólares (50% del costo total) a pesar de no haber avanzado ni al 30 % de la obra y que incluía $28.7 millones solicitados para evitar el arbitraje, lo cual también debe ser investigado por posible violación a la ley LACAP (pago no relacionado al contrato original).

Este tipo de hechos son los que obligan a realizar una investigación seria y responsable sobre este asunto que, al involucrar tantos millones de los salvadoreños, merecen respuestas transparentes y reales.

Sin profundizar en el caso, se puede concluir que el gobierno de El Salvador contaba con muchos elementos que hacen pensar que, de irse a un litigio internacional, que es lo que según el expresidente Mauricio Funes se quiso evitar al pagar el 50 % de un proyecto ejecutado en menos del 30 %, lo más probable es que se hubiese ganado.

¿Por qué el expresidente Funes y sus funcionarios asumieron que se perdería un arbitraje, cuando las pruebas no lo aseguraban?

No lo sabemos, lo cierto es que luego de pagar esos millones, el gobierno de ese entonces decide y determina, con anuencia del presidente del BCIE, Guillermo Funes, hermano del expresidente, contratar una vez más a la empresa encargada del fallido diseño básico, Intertechne de Brasil, a pesar de que presentó una de las ofertas más altas en la licitación.

La preocupación sobre el caso volvió luego de que en junio pasado, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunciara un nuevo presupuesto de   $ 290 millones para la misma obra, lo que representa un 32 % más que el costo original.

Y aunque esta semana la CEL anunció que el proyecto se finalizará con empresas nacionales, lo cual es una buena noticia, igual se necesita una investigación que aclare las anomalías que se han dado hasta la fecha.

Tanto el expresidente Mauricio Funes como el actual presidente de la República hicieron claros compromisos relacionados al combate de la corrupción en sus respectivos discursos de toma de posesión:

“Combate a la corrupción y a todas las formas de despilfarro y desvío del dinero público serán cosas sagradas en nuestro gobierno”, dijo Mauricio Funes en su discurso toma de posesión.

Mientras que el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén expresó:  “Lo he dicho muchas veces y debo dejarlo claro: Los recursos del pueblo son sagrados y sólo se utilizarán para favorecer el desarrollo y el bienestar del mismo.  Tal como se hizo en este gobierno, continuaremos el compromiso de NO MÁS CORRUPCIÓN”.

La ciudadanía pide a gritos instituciones que combatan la impunidad y el crimen organizado, entidades que hagan investigaciones serias y le pongan rostro a la corrupción, sin importar el origen de la misma.

Pienso que nosotros como legisladores tendríamos que dar el ejemplo y respaldar acciones como las que intentamos llevar a cabo en julio pasado, al proponer la creación de una comisión que investigue las irregularidades en el proyecto El Chaparral.

Como bien dijo el presidente Thomas Jefferson: “Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública” y yo le agrego: Y rendir cuentas…

¿Cuánto perdemos los salvadoreños por caso CEL-ENEL? De Karla Hernández

Conflictos como el de CEL-ENEL perjudican las inversiones, ahuyentan socios estratégicos y, lo que es peor, minimizan las oportunidades para el desarrollo del país y su población, poniéndonos en situación de franca desventaja frente al resto de países centroamericanos.

Karla Hernández, 23 junio 2015 / EDH

Los salvadoreños que hemos seguido con interés el desarrollo del caso CEL-ENEL, en litigio desde hace varios años y que finalmente pareció ver la luz con una salida negociada y en buenos términos, estamos sorprendidos con los últimos acontecimientos, ya que al incumplir parte del acuerdo marco conseguido el año pasado, prácticamente estamos dando el mal mensaje de que el gobierno no cumple su palabra.

Pero, más allá de lo anterior, que es un tema que tendrá que ser dirimido en las instancias correspondientes, la pregunta que todos nos debemos hacer es: ¿Cuánto perdemos los salvadoreños por este caso?

Muchos quizás hayan olvidado la época de racionamiento de energía que vivió el pueblo salvadoreño en períodos previos y durante el conflicto armado, lo cual se agravó a partir de la enorme destrucción en la red del sistema eléctrico, a nivel nacional, a causa del conflicto.

A partir del 2002, ENEL se convierte en el socio estratégico que permite realizar proyectos que llevan a ampliar la generación de energía geotérmica, lo cual se tradujo en producción de energía a partir de los propios recursos, pero además, al haber logrado esta producción sin productos derivados del petróleo, se logró estabilizar los precios en las facturas a los consumidores salvadoreños.

Además de los beneficios económicos antes mencionados y la captación de más impuestos, el acuerdo CEL-ENEL trajo muchas fuentes de empleo directas e indirectas, lo que fue un beneficio para miles de familias salvadoreñas.

Poner fin a ese asocio público-privado no solo implicó un freno a un mejor desarrollo geotérmico en el país, sino que debido a la forma en que desde un principio –en el gobierno pasado– se desarrollaron los hechos, se ha enviado una serie de mensajes negativos, que en nada abonan a la atracción de inversiones extranjeras.

La pregunta directa al gobierno actual es: ¿Por qué se empeñan en politizar un proyecto que fue de tanto beneficio para la familia salvadoreña? ¿Por qué no dan cabal cumplimiento al acuerdo marco firmado a finales del año pasado?

Representantes de países cooperantes, que son quienes verdaderamente nos han auxiliado en situaciones difíciles y lo siguen haciendo en la actualidad, se han referido al caso CEL-ENEL manifestando la esperanza de que el gobierno cumpla con su parte y se finalice no solo en los términos del Acuerdo firmado, sino que se haga de forma absolutamente transparente.

No podemos olvidar que el país ha sido beneficiado nuevamente con el FOMILENIO II por parte de los Estados Unidos, y que organismos como el banco alemán KFW concede préstamos que básicamente son donaciones.

El Salvador necesita un compromiso mayor en el tema de inversión extranjera. Hay que recordar que el más reciente informe de la CEPAL ubica al país en el último lugar en la atracción de inversiones de la región centroamericana, con apenas un 3 %, mientras que en gran contraste se encuentran países como Panamá, con un 32.2 %.

Conflictos como el de CEL-ENEL perjudican las inversiones, ahuyentan socios estratégicos y, lo que es peor, minimizan las oportunidades para el desarrollo del país y su población, poniéndonos en situación de franca desventaja frente al resto de países centroamericanos.

Creemos que es nuestro deber señalar estos puntos, tanto a la ciudadanía como al Estado y hacer un llamado a revisar las políticas que se tienen en materia de atracción de inversiones, si verdaderamente queremos ver prosperar a El Salvador y su gente, sacando el mejor provecho de este tipo de asocios con países hermanos.

Recordemos que sin inversión no hay empleo, no hay educación, ni programas sociales; sin inversión no hay progreso.

Karla H. es diputada del departamento La Libertad por ARENA